En tan sólo 20 minutos es posible conocer tu estado serológico o si tienes alguna infección de transmisión sexual (ITS), como sífilis, clamidia, gonorrea o herpes; lo único que se necesita es acudir al Wellness Center de Aids Healthcare Foundation (AHF) en esta capital y solicitar este servicio gratuito.
Una vez que la persona interesada solicita atención, recibe preconsejería para explicarle cuál es el procedimiento a seguir. Luego, mediante un ligero piquete en un dedo de la mano se le extraen algunas gotas de sangre para colocarlas en unas tiras que determinarán si su estado es VIH positivo o negativo, o si tiene alguna otra ITS.
Si el resultado es negativo, la o el visitante acude al servicio de postconsejería para recibir algunas recomendaciones que le permitan mantener un estado de salud sexual óptimo y una tira de condones.
En caso de tener alguna ITS se brinda atención médica para erradicar la infección, incluso los medicamentos son proporcionados en el lugar. Si el reactivo fue positivo, la persona recibe servicio de postconsejería para explicarle cuál es su situación y se le canaliza a la Clínica Especializada Condesa (CEC).
Estos servicios, junto con la posibilidad de obtener información sobre el virus, el uso del condón u obtener asesoría para acceder a cualquier servicio referente al VIH en alguna institución pública o estatal, son parte de las labores que la AHF realizará en nuestro país para ayudar a reducir las cifras que mantienen a México como el tercer país con mayor prevalencia de VIH en el continente, sólo detrás de Estados Unidos y Brasil.
AÑOS DE EXPERIENCIA
Durante la inauguración del Wellness Center, llevada a cabo el pasado 1 de diciembre con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, Michael Kahane, responsable de operaciones para el sur de EU y América Latina (AL) de la AHF, comentó que en los últimos tres años de operación en México se atendieron 4 mil 500 personas usuarias en la capital mexicana, de las cuales 250 fueron detectadas con VIH o con alguna otra ITS, y 90 por ciento acudió a los servicios médicos.
Agregó que en el trascurso de 2013, en el centro de servicio que la AHF tiene en el DF se han aplicado 400 pruebas, de las cuales 10 por ciento (40) resultaron positivas y todas las personas implicadas fueron canalizadas a la CEC.
Por su parte, Patricia Campos, jefa de la Oficina de la AHF para AL y el Caribe, explicó que la apertura de este centro, primero en su tipo en la región, es reflejo de la experiencia exitosa de la fundación y agregó que las acciones no sólo son en la Ciudad de México, pues en Oaxaca trabajará la Unidad Médica Móvil de la organización.
En tanto, las unidades móviles de pruebas rápidas recorrerán los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, y también se firmó un convenio de colaboración con Coatzacoalcos, Veracruz.
Añadió que las actividades de la AHF también se incrementarán en países como Guatemala, Perú, Argentina, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Jamaica, Perú y Puerto Rico.
La ex funcionaria explicó que la labor de la fundación en la región no se concentra únicamente en la implementación de pruebas de detección, sino que también trabaja en prevención, acceso a medicamentos y a pruebas rápidas, atención médica de calidad y de vanguardia sin importar la capacidad de pago, y defensa legal ante casos de discriminación, homofobia y estigmatización.
Asimismo, comentó que este centro de atención es un espacio amigable, donde hay atención de calidad y las personas puedan sentir que reciben la mejor atención posible para que se acerquen al tema del VIH, y mantengan un estado de salud óptimo.
Jessica Vector, coordinadora nacional de prevención, pruebas rápidas y abogacía de la AHF-México, resaltó la importancia del tratamiento antirretroviral como una herramienta efectiva para reducir de manera exitosa las probabilidades de transmisión por vía sexual del virus, pues la evidencia científica ha mostrado que las probabilidades se reducen en 96 por ciento.
Por esta razón, Vector Vázquez explicó que uno de los objetivos de la AHF es impulsar modificaciones a las Guías Nacionales para el Tratamiento de VIH, para que se sujeten a los nuevos parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y abrir la posibilidad de que las personas inicien el tratamiento antirretroviral a partir de que se registran 500 CD4 en la sangre, y no hasta que tienen un mayor deterioro en su organismo.
El Wellness Center de la AHF está en la calle de Florencia número 41, a una cuadra del monumento al Ángel de la Independencia, entre Londres y Hamburgo, en la Zona Rosa. El horario de atención es de lunes a viernes de las 13:00 a las 21:00 horas. Todos los servicios son gratuitos.
13/LBA/RMB
diciembre 2013
La pobreza que lacera a las comunidades indígenas del estado de Guerrero ha obligado a que familias completas salgan de sus comunidades en busca de trabajo, y por ello entre 2012 y 2013 se registraron 8 mil 400 personas que emigraron a los campos agrícolas, de las cuales el 47 por ciento son mujeres.
En su mayoría indígenas, hablantes de lenguas originarias y analfabetas de entre 16 y 60 años de edad, salen de sus hogares ubicados en zonas marginadas y con pobreza extrema para emplear su fuerza de trabajo en actividades agrícolas, es decir, se dedican a escarbar, deshierbar, plantar y pizcar frutos.
Esta es una realidad que se refleja en el informe “La Montaña de Guerrero, tierra de mujeres migrantes”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el cual se presentó recientemente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Durante la presentación, Abel Barrera, director de Tlachinollan, explicó que en las comunidades de esta región de Guerrero existen las condiciones propias para expulsar a sus habitantes. Por ejemplo dijo que 38 de los 81 municipios de la entidad están en condiciones de alta marginación, es decir casi el 50 por ciento.
Mencionó además que la población indígena enfrenta graves violaciones a sus Derechos Humanos, prevalece la desnutrición, la ausencia de servicios básicos de salud, vivienda y educación, y además la militarización y el desempleo agravan el trabajo en el campo y fomentan la violencia doméstica.
El activista destacó que la migración va en aumento pese a que las personas que abandonan su hogar enfrentan escenarios adversos y hasta formas modernas de esclavitud, que se manifiestan en precarias condiciones de trabajo, alojamiento, transporte y educación.
Barrera agregó que las cifras recogidas por este Centro de Derechos Humanos y por el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña muestran la alta movilidad de las mujeres, que pueden ir con sus esposos, en compañía de sus hijos, o que las niñas acompañen a sus hermanos, abuelos o tíos.
Según este informe, la migración no sólo involucra a las personas adultas, sino que incorpora a niñas, niños, jóvenes y mujeres embarazadas que se desplazan a los campos agrícolas sin que haya programas de gobierno para atender sus necesidades ni sus condiciones específicas.
En el caso de las mujeres, destaca que ellas empiezan a trabajar desde los siete y hasta los 50 años de edad sin oportunidades de empleo formal en sus zonas de origen, sin propiedad de la tierra para cosechar, sin acceso a los créditos para el campo, y con magros apoyos del Estado, lo que las hace vulnerables y acrecienta el número de jornaleras.
Ante la importancia que han cobrado las mujeres migrantes, Tlachinollan propuso a los legisladores que fortalezcan el componente social de los programas de atención para las personas jornaleras, porque dijo que la política social no puede limitarse a la trasferencia de recursos, sino que además se asesore a estas mujeres sobre sus derechos laborales.
Asimismo pidió que se promueva un marco jurídico para que los albergues de los campos agrícolas, donde se hospedan las jornaleras, contengan estándares mínimos, que se supervisen estos lugares, y que se diseñen cláusulas que obliguen a las empresas o contratadores a respetar los derechos de estas personas a cambio de subsidios.
Otra recomendación fue que las autoridades competentes incrementen las inspecciones laborales en los campos agrícolas, y así asegurar sanciones para quienes violan los derechos de las y los jornaleros, por lo que el defensor señaló que muchas de estas acciones se pueden implementar de manera inmediata.
Al respecto, Mario Bronfman, representante de la oficina de México y Centroamérica de la Fundación Ford y quien financió el informe, destacó que la migración es un tema central del desarrollo humano y por ello los gobiernos deben hacer de esto una opción y no un destino.
Afirmó que es necesario hablar de este tema porque pasa invisible, pese a que las mujeres siempre han estado en los procesos migratorios, razón por la cual se debe hablar de las condiciones y las agresiones que ellas enfrentan.
Bronfman dijo que según datos de la Pastoral de la Movilidad, el 75 por ciento de las migrantes en trayecto sufren una agresión sexual y por ello hay que hablar de las jornaleras que son migrantes internas en México, y que deben ser base para que los legisladores tomen decisiones.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la priista Miriam Cárdenas, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la perredista Amalia García, coincidieron en que la migración femenina es una forma de buscar mejores oportunidades de desarrollo, y México debe ser congruente con lo que exige a Estados Unidos.
13/AGM/RMB
La violencia contra las niñas y jóvenes perpetúa las desigualdades de género presentes en edades más avanzadas de la vida, ante lo que se vuelve indispensable detener este flagelo desde etapas tempranas y lograr que a partir de la infancia y la juventud las mujeres conozcan y exijan sus derechos.
Para colaborar con este objetivo, ONU-Mujeres –en colaboración con la Asociación Mundial de Niñas Guías y Niñas Scouts– publicó el manual “Voces contra la violencia”, que contiene una serie de actividades que pueden realizarse con grupos de niñas y niños de todas las edades, para que aprendan acerca de las causas y efectos de la violencia de género.
El manual, que destina sus actividades a cuatro grupos de edades, también busca ayudar a que las y los menores de edad entiendan sus derechos y desarrollen habilidades para hablar y tomar acción en contra de la violencia en sus propias vidas o comunidades.
Explica que las mujeres pueden experimentar diversas formas de violencia desde la concepción hasta su vida adulta, que a la vez enmarcan y aumentan las desigualdades de género, y propone una serie de actividades grupales para explicar y dar a conocer estos tipos de violencia a niñas y jóvenes.
Dentro de las acciones se proponen discusiones abiertas y comprensivas sobre los diversos tipos de violencia que enfrentan las mujeres en las distintas etapas de su vida, así como colaborar en formas de prevenir, evitar e incluso denunciar todos los tipos de agresiones.
Por ejemplo, durante la concepción o embarazo temprano la preferencia que tienen algunas madres o padres de familia por el sexo masculino de los hijos puede derivar en la interrupción de la gestación en caso de ser un feto femenino, o en que las niñas sean rechazadas durante sus primeros meses de vida, ya que a algunas de ellas “les dan menos alimento que a los varones y se enfrentan a un acceso restringido a medicamentos”.
En la infancia, las niñas pueden estar expuestas a la violencia doméstica. “Voces contra la violencia” expone que en algunos países más del 70 por ciento de las mujeres enfrentan violencia física o sexual a manos de su pareja o esposo, por lo que las y los menores de edad pueden ser testigos de este flagelo.
Se estima que en el Reino Unido al menos 750 mil menores de edad son testigos de violencia doméstica al año.
En el manual se enfatiza que en la infancia y adolescencia las niñas pueden ser víctimas de acoso sexual, y pone de ejemplo que en Estados Unidos el 83 por ciento de las niñas entre los 12 y 16 años han experimentado alguna forma de acoso en escuelas públicas.
Subraya además que en la niñez y adolescencia, las niñas son más propensas a experimentar violencia sexual, toda vez que se estima que 150 millones de niñas menores de 18 años han sido víctimas de este tipo de agresiones.
También propone trabajar para detener las prácticas culturales agresivas contra las menores de edad, como los matrimonios forzados, ya que actualmente a nivel global más de 60 millones de niñas fueron forzadas a casarse antes de cumplir los 18 años.
La guía propone, a través de sus actividades, identificar los riesgos a los que pueden enfrentarse las niñas y las jóvenes, cambiar las formas de lenguaje y respetar las diferencias y preferencias culturales y religiosas.
13/AZM/RMB
Mujeres se deslumbran ante el brillo de “la Perla del Pacífico”
Tras emigrar, algunas mujeres encuentran un punto de retorno en este puerto sinaloense, siendo este destino turístico el que se perfila como una fuente de empleo también para las indígenas de otras entidades, quienes buscan una mejor calidad de vida; no obstante a su llegada enfrentan violencia y falta de oportunidades.
Según datos del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), en esta entidad durante 2011 hubo 110 homicidios contra mujeres, hasta entonces la cifra más alta en este estado, de los cuales 18 fueron cometidos en Mazatlán, y en lo que va de 2013 se registraron 59 asesinatos, de los cuales 27 se perpetraron en Culiacán.
A casi tres horas de la capital de Sinaloa, Mazatlán se ubica frente al océano Pacífico con una docena de playas que tienen una temperatura promedio anual de 26 grados centígrados, lo que atrae a visitantes de todo México y el mundo, quienes buscan conocer su malecón, el cual tiene una longitud de más de 20 kilómetros y en el que se observan mujeres indígenas migrantes que viven de la venta de sus mercancías.
En este punto, Cimacnoticias conversó con una indígena guerrerense mientras vendía sus productos, y quien pidió guardar su identidad. La mujer explicó que los 200 pesos que gana en “un buen día” le han hecho vivir de forma diferente, porque antes –dijo– no tenía esa oportunidad.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero, en 2013 más del 60 por ciento de la población de estado padece pobreza alimentaria, por lo que familias completas, sobre todo de las regiones Montaña y Costa Chica, han tenido que emigrar a otras entidades.
La comerciante indígena dijo que aunque por algún tiempo intentó laborar en el puerto de Acapulco, tomó la decisión de emigrar a Mazatlán para reunir a su familia, luego de que su pareja llegara a este lugar para obtener mayores recursos, y fue desde entonces que logró acceder a una vivienda y alimentación, lo que en Guerrero nunca pudo obtener.
Relató que aunque hay días en los que no gana dinero porque nadie compra sus productos, afirmó que el permiso que le otorgó el municipio para vender en este punto del malecón, le aporta la posibilidad de que con base en su trabajo y constancia en los días siguientes se recupere y pueda continuar con su vida cotidiana.
Al cuestionar a Elizabeth Ávila, directora del ISM, sobre la afluencia de mujeres que emigran de otras entidades a este sitio, reconoció que su institución carece de estadísticas, pero dijo que hay un flujo considerable que llega a trabajar en el sector turístico y que vienen principalmente de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.
En 2010, según datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres representaron el 48 por ciento de los 174 mil hablantes de lengua indígena migrantes nacionales.
Sin embargo, la migración en Mazatlán tiene diversas caras, ya que a pesar de la oferta laboral y educativa que atrae a algunas mujeres de otros lugares, algunas mazatlecas que lograron concluir su preparación profesional deciden emigrar a Estados Unidos en aras de mejores oportunidades.
Ávila señaló que la Universidad Autónoma de Sinaloa es de las pocas ofertas educativas en el país que brinda al alumnado vivienda y alimentación, lo que permite a las y los estudiantes permanecer el tiempo necesario en el estado para concluir sus estudios, aumentando así el interés por trasladarse a este sitio.
POCAS OPCIONES DE DESARROLLO
Lizeth, de 41 años, y Silvia, de 36, son dos mujeres mazatlecas que a pesar de haber concluido una preparación académica profesional en Sinaloa, decidieron emigrar a EU y aunque por algún tiempo se colocaron como empleadas de sector servicios en Los Ángeles, California, regresaron a Mazatlán y ninguna quiere retomar la experiencia.
Lizeth, quien retornó a este puerto conocido como “la Perla del Pacífico”, dijo que aunque fue hace 20 años que emigró, recordó que “ya era muy peligroso” para las mujeres, porque llegan sin el dominio del inglés y “siempre hay alguien al acecho” que busca aprovechar alguna situación para hacerles daño.
Detalló que viven abuso sexual y hay un “shock cultural” por el desamparo que se vive. Todo esto a Lizeth la hizo regresar a México y ahora que se convirtió en terapeuta dijo que volvería a esa zona para apoyar a las mujeres que atraviesan por esta experiencia.
Silvia Vega, con una carrera profesional concluida, comentó que decidió ir a EU para acceder a un empleo bien remunerado y aprender el inglés, por lo que pudo colocarse por dos años en una empresa que se dedicaba al envío de dinero, pero también regresó y no piensa en volver a pasar por esa experiencia.
13/LOA/RMB
“Me encerraron con otras 60 mujeres y me detuvieron contra mi voluntad. Allí me violaron por primera vez. Tenía 15 años de edad”.
Ese es el testimonio de Leila, una joven bosnia que como miles de otras mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales durante la guerra en la antigua Yugoslavia. Agresiones que funcionaban como una estrategia de guerra. Como ellas, miles de mujeres sufren todavía estos abusos.
Para honrarlas, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, Documentos TV estrenó el documental “La guerra contra las mujeres”. La película dirigida por Hernán Zin aborda la violencia contra las mujeres, usada como arma de guerra.
El filme, con una duración de 57 minutos, fue grabada durante tres años en tres continentes y presenta la vida de 11 mujeres, todas protagonistas de historias de mucho sufrimiento por los abusos a que fueron sometidas.
Desde los Balcanes a la República del Congo, los abusos sexuales contra las mujeres, según la ex directora del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la Mujer (Unifem), Joanne Sandler, “ha sido (el abuso sexual) una estrategia de guerra muy eficaz”.
El documental muestra la vida de 11 mujeres, víctimas de violación en medio de conflictos bélicos en 10 países de África, Europa y América.
Según la psicóloga Celine Kamwanya, que trabaja con mujeres víctimas de agresión sexual en los conflictos armados entre el Congo y Ruanda, “cuando una niña o una mujer es víctima de violación, piensa que su vida está acabada y lamenta no haber muerto en el acto”.
Más de 200 mil mujeres y niñas fueron violadas en el Congo, que ahora es el país con la tasa más alta de este crimen. Las mujeres de ese país africano padecen unas 48 violaciones cada hora.
De acuerdo con la Asociación de Mujeres Víctimas de Guerra, la impunidad de los culpables de estos crímenes es aún enorme. Por otra parte, cuando llegan a ser castigados la pena es demasiado indulgente.
“La guerra contra las mujeres” es una denuncia de la pasividad de todo el mundo ante el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, terrorismo, y como un campo de batalla. También es un homenaje a aquellas que luchan por poner fin a esta atrocidad.
*Texto retomado del portal internacional de noticias Adital.
13/RED/RMB
La síndica electa de Tlacolula de Matamoros, Elizabeth Sánchez González, denunció el intento del regidor electo de este mismo municipio, Heliodoro Morales, de quitarle la segunda posición dentro del Cabildo que tomará protesta el próximo 1 de enero de 2014.
“Yo nunca formé parte de un acuerdo político para ir en la segunda posición y después renunciar para ir a la quinta posición. Yo defenderé mi sindicatura porque es un espacio que le corresponde a las mujeres por cuota de género”, indicó Sánchez González.
La síndica electa llamó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para que haga respetar los espacios políticos ganados por las mujeres.
Advirtió que en caso contrario iniciará un juicio de protección de derechos políticos con base en el artículo 25 de la Constitución local, que garantiza que las mujeres ejerzan el cargo para el que fueron electas.
Recordó que durante el proceso de precampañas participó como precandidata a la presidencia municipal bajo las siglas del PRD. Sin embargo, por un acuerdo político la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano convino que la posición fuera para Pedro Ruiz González, de Acción Nacional.
Perdida esa posición, Elizabeth Sánchez buscó integrarse a la planilla de concejales y síndicos del candidato, pero al no pertenecer a ninguna corriente interna del PRD no fue considerada.
Debido a que la planilla incumplía con la cuota de género, el IEEPCO rechazó el registro.
Para acatar lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Políticos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), el PRD decidió registrar a Elizabeth Sánchez González en la segunda posición.
Por otro acuerdo político, este espacio le correspondía al Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), pero para mantener a su candidato Heliodoro Morales aceptó dejar el segundo espacio por el quinto en la planilla.
Morales integró hace seis años la planilla de Concepción Robles –quien participó por primera vez como candidata pero no ganó–, y es la actual presidenta municipal priísta.
Iniciada la campaña, se presentó ante el órgano electoral local un documento con una firma falsa de Elizabeth Sánchez en el que ella renunciaba a su integración en la planilla. Y es que la única forma de hacer cambios era que ella desistiera de aspirar al cargo.
Por la falsificación de su firma, Sánchez interpuso una denuncia penal, querella que hasta el momento no ha sido resuelta.
“Si al FALP le correspondía la segunda posición y le dijeron que tenía que asumirla con la cuota de género, lo hubiera hecho pero no fue así porque querían garantizar que Heliodoro quedara en la planilla”, explicó la síndica electa.
13/CL/RMB
Los ríos, presas, mares y campos con los que cuenta Sinaloa hacen de este estado una región fértil, al cual se le considera como el productor agrícola nacional por excelencia y generador de fuentes de empleo, lo que atrae cada año a miles de mujeres migrantes, quienes buscan una mejor calidad de vida.
No obstante, ellas se instalan sin conocer la situación de violencia, hacinamiento, maltratos y abusos que en este lugar se han denunciado.
Esta entidad, ubicada al noroeste del país y frente al Golfo de California, tiene varias comunidades agrícolas que no detienen sus labores durante casi todo el año, y una de ellas es Villa Juárez, que pertenece al municipio de Navolato, a unos 30 minutos de Culiacán, capital del estado.
Al llegar a este lugar se pueden observar de forma inmediata los campos donde se siembra todo tipo de tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos en todo el territorio nacional, incluso la producción ha crecido hasta la importación de estos enseres.
Sin embargo, en un recorrido que realizó Cimacnoticias por la zona se observan los interminables surcos que son trabajados por cientos de mujeres migrantes jornaleras, quienes viven una situación de violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas laborales sin descanso, denuncia Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez.
Por separado, la directora del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISM), Elizabeth Ávila, informó que personas de ocho municipios o 490 localidades de zonas serranas del estado se trasladan a Guasave o Navolato, para trabajar en estos campos, pero también llegan mujeres provenientes de Guerrero (47 por ciento), Oaxaca (25 por ciento), y Veracruz (16 por ciento).
Explicó que las oaxaqueñas viajan sin acompañantes, y del total de las jornaleras la mitad no sabe leer ni escribir y sólo el 3 por ciento terminó la secundaria. Su edad oscila entre los 8 y 34 años.
Amalia, quien dirige esta asociación promotora de los Derechos Humanos (DH), y ha alzado la voz para evidenciar la situación que vive esta población migrante en estos campos, informó que estas mujeres provenientes de 20 estados del país son llevadas a Villa Juárez por “enganchadores”, quienes van a sus comunidades de origen y en su lengua materna les prometen trabajo bien remunerado, vivienda y transporte, así como un contrato laboral.
Lo del contrato es cierto, pero las condiciones de vida distan mucho de ser lo que les prometieron porque son llevadas a unas “cuarterías”, es decir bodegas en las que son alojadas durante las noches para luego ser trasladadas a las 4 de la mañana a los campos, los cuales están incluso hasta a dos horas de camino.
Tal actividad la realizan los siete días de la semana para percibir un sueldo diario no mayor a 75 pesos.
Estas mujeres que decidieron emigrar a esta zona ante la falta de oportunidades en sus comunidades, llegan en las camionetas de los “enganchadores” y son instaladas junto con hombres, niños y familias completas en estas cuarterías, que tienen entre 24, 36 o hasta 60 divisiones que los albergan en hacinamiento, sin ventilación y con láminas que ocultan lo que sucede al interior.
Las condiciones de vida en estas “cuarterías”, describió la activista, son de un riesgo latente ya que se viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos e incluso dijo que ha habido mujeres que han parido en el piso de esos lugares, ya que los dueños impiden el ingreso de las autoridades.
Al recorrer las calles de Ignacio Altamirano y Ricardo Tamayo, en la colonia López Portillo, en Villa Juárez, se observan “cuarterías” consecutivas, en las que sus propietarios tienen acuerdos con los dueños de los campos agrícolas para que les lleven personal, por lo que a cambio del trabajo no les cobran renta pero “son como prisiones”, acusa Amalia Lópes.
La presidenta de la Comisión de DH señaló a un hombre conocido como “El Togo”, quien es uno de los dueños de estos espacios.
La mujer de 65 años, quien trabajó durante 20 en los campos, relató que emigró de Cosalá, un pueblo a 164 kilómetros de Culiacán, para llegar a Villa Juárez cuando tenía 11 años.
Explicó que hay otro esquema de vivienda en el que los campos albergan a las personas mientras trabajan para ellos, y aunque tienen mayor seguridad se vive bajo medidas estrictas de vigilancia.
Esto sucede, precisó, en los campos Victoria, El Chaparral, Santa Teresa, El Serrucho y Nogalitos, de la empresa Melones Internacionales, siendo éste último el único que les permite tener visitas una vez a la semana, pero de manera general no les dan oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de enfermedad las despiden sin ningún amparo legal.
Amalia afirmó que la gran mayoría de la población de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos del ISM.
Esa población llega hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que ha generado dificultades para ejercer su derecho a la salud y a la justicia debido a la falta de intérpretes.
Estas mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas, huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias, que trabajan en los campos –que contratan hasta 500 trabajadores por día– “viven mal”, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas sexualmente, viven violencia sexual y física, y además no cuentan con seguridad social pese al esfuerzo físico del trabajo en el campo.
Ellas presentan enfermedades en la piel, que las atribuyen a la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos, explicó Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a los baldes que tienen que cargar en su espalda durante su jornada laboral.
TESTIMONIO
Margarita, mujer jornalera de 46 años y originaria de Oaxaca, relató que llegó a Villa Juárez a los siete años de edad junto con toda su familia, y desde ese momento tuvo que entrar a trabajar en las labores del campo, con la mitad de un sueldo debido a su edad, pero debía cubrir el horario completo.
Esta mujer, quien logró construir una casa en la que actualmente viven sus seis hijos con los integrantes de sus respectivas familias, recordó que cuando llegaron a este lugar vivían en una casa de lámina, y ante la falta de servicios utilizaban agua de un canal para beber y asearse, lo que enfermó y cobró la vida de muchas personas en la comunidad.
Aunque desde niña trabajó en los campos de Villa Juárez y conoce el oficio, hace un tiempo ya no le permitieron continuar debido a su edad, por lo que se vio en la necesidad de dejar a su familia, su casa y emigrar nuevamente para emplearse en los campos de Hermosillo, Sonora, donde encontró mejores condiciones de vida.
Margarita dijo que el trabajo en el campo “es muy duro” porque les piden hacer más de lo pueden, ya que por 150 pesos al día les exigen trabajar 20 surcos de 200 metros en jornadas de más de 12 horas bajo el rayo del sol, lo que les produce mareos constantes.
Amalia Lópes afirmó que se requiere de un trabajo integral multidisciplinario para erradicar estas violaciones a los DH y no sólo talleres de capacitación que imparten a mujeres algunos institutos gubernamentales, que les interesa aumentar las cifras que presentan sobre población atendida y no cambiar esta realidad.
13/LOA/RMB
A nivel global, la mayoría de los abortos legales practicados corresponden a mujeres entre los 20 y 30 años de edad; en países del continente americano las mujeres jóvenes representan más del 50 por ciento de la población que interrumpió su embarazo.
De ello da cuenta la investigación “Niveles y tendencias del aborto legal por edad de la mujer al momento de la terminación del embarazo”, realizada por Gilda Sedgh, Akinrinola Bankole, Susheela Singh y Micheññe Eilers, y publicada por el estadounidense Instituto Guttmacher, especializado en salud sexual y reproductiva.
Realizado a partir de datos oficiales de 45 países de diversas regiones que cuentan con leyes de aborto liberales, es decir, normas que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) de manera libre, bajo determinadas causales o en diversas etapas de la gestación, el estudio da cuenta de las tendencias y características del aborto para así monitorear las tendencias del embarazo no planeado por edad.
En ese sentido, las investigadoras aclararon que existen más países con leyes de aborto liberales, pero no todas las naciones cuentan con bases de datos y estadísticas que permitan conocer las tendencias de la interrupción del embarazo en sus territorios.
De manera general –indica la publicación– la menor proporción del total de abortos legales ocurrió en ambos extremos del rango de edad reproductiva, es decir la menor cantidad de abortos registrados a nivel global ocurrió en mujeres menores de 20 años y en las de 35 o más.
Para 18 de los países, entre ellos Bélgica, República Checa, Dinamarca o Inglaterra, la mayor proporción de abortos ocurrió en mujeres entre los 20 y 24 años de edad.
Al analizar los datos de manera regional, las expertas identificaron que las mujeres de 20 a 29 años representaron el 57 por ciento del total de los abortos en América del Norte y el 47 por ciento en Europa.
Con respecto a los abortos registrados en adolescentes de entre 15 y 19 años, la indagación identificó que no en todos los países se cuenta con información disponible, pero en 11 países este grupo de edad representó una mayor parte de las interrupciones del embarazo.
Por ejemplo, en Cuba y Escocia las adolescentes constituyen el 15 por ciento de la población femenina en edades de 15 a 44 años, pero contribuyen el 29 y 24 por ciento, respectivamente, en todos los abortos realizados.
A nivel regional, la proporción del total de abortos que corresponde a las adolescentes es mayor en América del Norte, donde 18 por ciento del total de abortos se registra en adolescentes; en Europa ellas registran el 11 por ciento del total de interrupciones.
La investigación sostiene que estas diferencias tal vez se deban a las dificultades que aún enfrentan las jóvenes de diversas regiones para acceder a métodos anticonceptivos.
Finalmente las especialistas señalan la importancia de identificar que la incidencia en el aborto legal puede variar considerablemente con respecto a los países donde la ILE no es permitida y la incidencia en los datos de aborto inseguro se concentra principalmente en mujeres menores de 19 años.
13/AZM/RMB
Tras 2 años, migrante hondureña logra recuperar a sus hijas
María es una migrante hondureña que detuvo en el estado de Veracruz su tránsito hacia Estados Unidos. Por azares del destino, encontró el amor y se instaló en la capital de la entidad.
Aquí hizo una familia, tuvo dos hijas mexicanas, pero el sueño que pensaba había alcanzado fue destruido cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvo.
Ser pobre, mujer y migrante no la ayudaron: le quitaron a sus hijas, la declararon débil mental y la devolvieron a Honduras.
María tocó todas las puertas pero ninguna se abrió; no tenía cómo demostrar el parentesco con sus hijas, pues el registro civil le había negado las actas de nacimiento.
Una luz se abrió en su camino cuando un abogado gratuito tomó su caso. Después de dos años de ir y venir entre la burocracia logró recuperar a las niñas que fueron enviadas al albergue Conecalli en calidad de huérfanas.
El abogado Benjamín Rubio Chávez la ayudó en el largo proceso y explica: “(María) fue retenida y llevada a una estación migratoria; ahí les hicieron un procedimiento ‘fast track’ de tres días. De un solo jalón se decidieron varias cosas, a la madre le dan pase de salida para Honduras, retienen a las menores de edad y las envían a Conecalli, y ahí empieza el vía crucis”.
El ahora juez decimocuarto de distrito con residencia en el Estado de México y experto en temas migratorios, cuestiona que la ley migratoria es incongruente y trata a las personas migrantes como delincuentes.
A María en dos ocasiones le habían negado registrar a sus hijas en su calidad de migrante en situación irregular, además el padre se negó a registrarlas como suyas.
“Enfrentaba un pase de salida, la retención de sus hijas, y no podía acreditar que eran sus hijas porque no tenía actas de nacimiento, sumado al miedo de estar en otro país donde nadie te hace caso y la prepotencia de las autoridades”, dice Rubio Chávez.
En un rápido proceso, el INM realizó un dictamen para señalar que María padecía de sus facultades mentales, y así justificar la retención de las niñas.
El primer paso fue realizar un juicio de amparo para evitar la deportación de la madre y con ello iniciar la lucha legal por sus hijas. El segundo paso fue lograr su registro mediante otro amparo.
“Cuando todo esto se logró, luego de ocho meses de lucha, el INM no restituyó a las menores porque había un dictamen de que la madre estaba perturbada, y se realizó un juicio contencioso administrativo para lograr la devolución”, explica.
Luego de dos años de lucha, amparos y juicios, María logró lo imposible: que le devolvieran a sus hijas de 5 y 6 años de edad, quienes pasaron dos años en un albergue.
El caso de María no es aislado. Según datos del abogado, en los límites de estados fronterizos y tránsito de migrantes hay niñas y niños sin registro de nacimiento, por lo que quedan sin acceso a servicios de salud y educación.
Señala que a pesar de que la Ley General de Población ya no exige a las madres y padres acreditar la legal estancia para acceder al registro de sus hijas e hijos, los reglamentos locales continúan con la exigencia y además ordenan dar vista a la Secretaría de Gobierno, lo cual intimida a las y los migrantes.
“Cuando las madres migrantes acuden a las oficinas del Registro Civil, les piden este requisito, lo cual ha traído como consecuencia que a lo largo del cruce migratorio y la línea fronteriza haya cientos de niñas, niños y adolescentes que no tienen registro de nacimiento”, abunda.
VACÍOS LEGALES
Rubio Chávez cuestiona que la nueva Ley de Migración tiene graves vacios e incongruencias que vulneran los derechos de las y los migrantes, por ejemplo da derecho a la defensa pero no tiene defensores gratuitos ni permite la promoción de amparos de defensa; da derecho a la libertad pero la condiciona a garantizar libertad económica.
Advierte también que la ley da en el papel los primeros pasos para proteger a las y los migrantes en situación irregular, pero en la práctica vulnera tratados internacionales y trata a esta población como criminales, por lo que es necesario hacer varias reformas.
Puso como ejemplo que cuando las y los migrantes centroamericanos son retenidos en la estación migratoria, se transgrede su derecho a la defensa legal pues no hay abogados de oficio que den seguimiento a los casos.
“Este simple hecho vulnera el derecho de la población migrante a una libre defensa; la defensoría gratuita debería ser una obligación del Estado, no basta que se ponga en la norma”, critica.
Otro problema de la Ley de Migración es su falta de armonización con los reglamentos locales, lo cual aunado al desconocimiento de la misma por parte de funcionarios, hace casi imposible su aplicación en los municipios que son puntos de tránsito de migrantes.
El ahora juez comenta que ante estas incongruencias, la ley migratoria tiene que ser modificada, establecer mejores mecanismos, pero también se tienen que difundir sus beneficios, para que las normas oficiales se cumplan y sean un beneficio real para las y los migrantes.
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“Crudeza” de Mariano Rajoy contra derechos de las españolas
El gobernante Partido Popular (PP) de España ratificó hoy que llevará adelante una ley de aborto altamente restrictiva, pese al rechazo de asociaciones de mujeres, la oposición y al menos cinco gobiernos regionales.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, precisó que espera que la tramitación parlamentaria comience el próximo verano, luego de recibir informes sobre el anteproyecto de ministerios y otras instituciones relacionadas con el tema.
La iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada limita el aborto únicamente a casos de violación o peligro para la vida de la mujer, sólo en las primeras semanas y con el aval de dos médicos, y no incluye otras causas como malformaciones de los fetos.
Para los grupos de mujeres representa un retraso de 30 años, mientras el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, cambió la libertad de las mujeres por un puñado de votos.
También Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida –la tercera fuerza política del país–, indicó que la modificación legal responde a la demanda de los sectores más conservadores, especialmente vinculados, dijo, a la jerarquía de la Iglesia católica.
Los gobiernos de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazaron la iniciativa, mientras que la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, no descartó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En opinión de Díaz, el gobierno de Rajoy demostró crudeza e insensibilidad al promover un anteproyecto contrario a los derechos y libertades de las mujeres.
En sus declaraciones a esRadio, Moneo negó que la reforma generara tensiones en el PP, como expresan algunas fuentes, y afirmó que se trata de un compromiso recogido en el programa electoral de su partido.
Pese al amplio rechazo social que provocó manifestaciones en varias ciudades españolas y al menos tres detenidos, el PP cuenta con mayoría parlamentaria para imponer la aprobación de la reforma, aunque toda la oposición vote en contra.
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