Los derechos de las trabajadoras del hogar no están garantizados plenamente en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras normativas federales en la materia, por lo que el goce de prestaciones mínimas y salarios justos para ellas depende de la “buena voluntad” de los empleadores.
Para ayudar a subsanar los vacios legislativos y mientras el Estado mexicano finalmente se digna a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que otorga derechos laborales y prestaciones sociales a las trabajadoras del hogar–, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) puso en marcha la campaña de sensibilización “Ellas cumplen con sus tareas, ahora te toca a ti”.
Presentada ayer, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la acción complementa los esfuerzos de la campaña “Por un trabajo digno, ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar”, que fue igualmente impulsada por el CACEH para exigir la ratificación del Convenio 189.
En entrevista con esta agencia, Marcelina Bautista, fundadora y directora de la organización civil, explicó que a través de la difusión de materiales impresos y redes sociales se busca que quien contrate a una trabajadora del hogar sepa y conozca que tiene la obligación de otorgarle garantías mínimas como aguinaldo o indemnización.
Durante el foro conmemorativo realizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Mary Goldsmith Connelly, doctora en Antropología e investigadora de la UAM, respaldó la propuesta del CACEH al exponer la serie de vacíos legales que existen en México para proteger a las empleadas del hogar, labor en la que se ocupa el 15.1 por ciento de las trabajadoras en México.
Destacó que históricamente, tanto en las leyes como en la práctica cotidiana, las trabajadoras del hogar han sido ignoradas en la agenda política y pese a que la OIT en 2011 destacó que quienes prestan servicios de cuidado y realizan labores domésticas deben de gozar de los mismos derechos laborales que el resto de las y los trabajadores, la reforma a la LFT de noviembre de 2012 “reafirma la discriminación”, dijo Goldsmith Connelly.
En este marco normativo –abundó– se les reconoce en el capítulo XIII de la LFT los derechos a ser tratadas sin discriminación, el pago de un salario mínimo (una parte en efectivo y una parte en especie), descanso nocturno y descanso de tres horas en medio de la jornada laboral, pero estas garantías son únicamente para las trabajadoras que residen en los hogares donde prestan su servicio.
Por lo que la “la inmensa mayoría es ignorada por la reforma laboral”, pues sólo una de cada 20 empleadas duerme en el lugar donde presta su servicio.
Además de que en la reforma “hay dos grandes ausencias”, ya que no está estipulado estrictamente el derecho a una jornada de ocho horas y por ende el pago de horas extras para estas trabajadoras, y tampoco se les reconoce el derecho a seguridad social que incluye derecho a la salud, protección ante riesgos de trabajo, acceso a guarderías, entre otras prestaciones.
La experta también señaló que las escasas iniciativas federales y estatales a favor de las trabajadoras del hogar “no responden a sus necesidades”, toda vez que se basan en capacitaciones que no les ayudan a acceder a mejores salarios, y “parten de la premisa de que el problema es la falta de conocimiento de estas mujeres y no ven como problema central las desigualdades que enfrentan”.
Cuestionada al respecto, Marcelina Bautista advirtió que las trabajadoras del hogar no son ciudadanas de segunda categoría y que merecen el pleno reconocimiento a sus derechos laborales, y subrayó que han sido ellas mismas, a través de la organización y la protesta social, quienes han logrado que el gobierno las nombre y reconozca plenamente su aportación a la economía y la sociedad.
Precisamente ese activismo incansable por lograr la valoración de las empleadas del hogar, que encabeza Bautista desde 1985, fue reconocido hoy por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) al otorgarle el Premio Internacional por la Igualdad y No Discriminación 2013.
Bautista es originaria de Nochtixtlán, Oaxaca. Llegó a la Ciudad de México con apenas 14 años de edad, con la primaria terminada y sin hablar español. Tras trabajar más de 20 años como empleada del hogar y experimentar en carne propia los abusos y malos tratos de los empleadores, fundó el CACEH.
Su labor de defensa de los derechos laborales de sus compañeras la llevó a formar parte del grupo de trabajo que en 2011, en Ginebra Suiza, elaboró el contenido del Convenio 189 de la OIT y hasta ahora no ha cesado en su lucha e insistencia de que el Estado mexicano lo ratifique, y posteriormente modifique y homologue la legislación laboral.
El galardón otorgado por la Conapred la tomó por sorpresa, pues no esperaba ser reconocida de esta manera, aunque para ella “cada trabajadora del hogar que he podido ayudar, capacitar o apoyar en su camino al reconocimiento de sus derechos laborales es un premio para mí”.
14/AZM/RMB
marzo 2014
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el Ejecutivo contraviene la Constitución porque mantiene los privilegios de los actuales concesionarios de radio y televisión, discrimina a los medios comunitarios e indígenas, e ignora a los medios públicos, afirmó la experta Aleida Calleja.
La coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia explicó que las leyes reglamentarias contravienen la reforma constitucional expedida en junio de 2013, que crea un sistema público de radio y TV con autonomía operativa y de gestión, lo que significa que no tendría que estar sectorizado a ninguna institución del Ejecutivo.
Sin embargo la propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto sectoriza este sistema a la Secretaría de Gobernación (Segob), con lo cual le quita la posibilidad de tener autonomía e independencia editorial, como lo estableció la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión en uno de sus artículos transitorios.
Calleja recordó que según el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional, los medios públicos deberían contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
“Todo eso, obviamente no se cumple en la legislación, y además genera condiciones para que dependan exclusivamente del presupuesto federal. Las vías alternativas que les ponen de financiamiento no son las suficientes. Además no hay ningún sólo artículo de la iniciativa que presente esas garantías de participación, reglas claras de rendición de cuentas, etcétera”, recalcó.
En cuanto a los medios comunitarios e indígenas, la especialista señaló que la iniciativa contraviene varios preceptos, como el que plantea el artículo 28 constitucional que señala que las concesiones de uso público y social se darán por asignación directa, es decir que se otorgarán a petición de parte.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo indica que los medios de uso social podrán acceder a las condiciones de uso hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) emita una convocatoria que contendrá requisitos, entre los que destaca que la Comisión Nacional de Inversión Extranjera deberá dar una opinión favorable.
“La ley está llena de esos criterios, conceptos discrecionales, que dan lugar a una incertidumbre jurídica. En este caso poner los mismos requisitos para los medios públicos y los medios de uso social es tanto como querer ignorar que los medios públicos, que son instituciones del Estado, tienen mucho mejores condiciones para acceder a las frecuencias en términos económicos y técnicos”, explicó.
Calleja criticó que los medios de comunidades indígenas o campesinas reciban un trato igual cuando compiten con entidades que tienen mayores recursos, lo cual es contrario al principio jurídico de igualdad ante la ley.
Otro ejemplo de la discriminación es que el órgano regulador otorgará concesiones únicas de 30 años, para medios comerciales de 20, y para los sociales, que no son lucrativos, sólo por 15 años.
Indicó que como sucedía con la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones ahora podrían repetirse las facultades discrecionales para que cada vez que se solicite un permiso de transmisión la autoridad no dé una respuesta en un plazo perentorio, como se ha visto cuando las radios comunitarias pasan años en procesos judiciales solicitando la autorización.
En este tema mencionó que en el capítulo de sanciones la iniciativa establece que quien transmita sin autorización tendrá multas de 80 a 8 millones de salarios mínimos lo cual calificó como un exceso.
“Es una brutalidad porque por un lado no genera las condiciones equitativas para el acceso a las frecuencias, y por otro quien lo haga tendrá un castigo realmente fuerte, entonces es peor porque endurece los castigos”.
Es por ello que la ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que la iniciativa que se analiza en el Senado mantiene los privilegios de las actuales concesiones en TV y radio, “es omisa y violatoria de todos los derechos relacionados con la información, no fomenta el pluralismo y la diversidad, y contraviene diversos artículos constitucionales”.
Sobre los contenidos, la especialista indicó que la Constitución es clara al mencionar que el Ifetel es el encargado de vigilar los derechos de las audiencias, pero la propuesta del Ejecutivo dejó esta facultad a los concesionarios al señalar que deberán contar con códigos de ética y defensores de audiencias, lo cual significa que no hay obligatoriedad ni sanciones para quien viole esos derechos.
Por si fuera poco, destacó Aleida Calleja, se deja a la Segob la regulación de los contenidos, lo que implica que cualquier concesionario de radio o TV podrá ampararse ante las decisiones de la dependencia y podrá obtener la suspensión de la resolución y con ello evadir la ley.
Esto no sucedería si el Ifetel tuviera esta facultad de regulación porque en esta institución no opera el amparo directo ni la suspensión de la sanción, es decir, todo lo que sea resolución del Ifetel es una determinación que por ley constitucional no se podrá suspender.
La tarde de este lunes las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos se instalarán en sesión permanente para iniciar el análisis de la iniciativa.
Del 2 al 4 de abril próximo se realizarán audiencias públicas para escuchar las opiniones de especialistas, y del 7 al 11 de abril se discutirá la propuesta entre los grupos parlamentarios.
14/AGM/RMB
Evalúan efectividad de despenalización del aborto en Uruguay
Si bien desde diciembre de 2012 en Uruguay las mujeres tienen garantizado el derecho al aborto en cualquiera de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, el ejercicio del mismo no siempre es sencillo y las vías para realizarlo son muy diferentes según la instancia a la que se acuda.
En una nota publicada en La República de las Mujeres el 26 de mayo de 2013 se reprodujeron testimonios de mujeres que habían accedido al aborto de forma legal y explicaban las peripecias administrativas para hacer efectivo el derecho. En el ámbito público y en el privado los recorridos diferían y también los abordajes.
Federica Turban, integrante de Mujeres en el Horno, contó cómo se formó la organización, por qué consideran necesaria la Línea Aborto-Información Segura, y cuáles son sus expectativas respecto a ella.
Mujeres en el Horno se define como una colectiva, organización de carácter abierto, que tiene sus antecedentes en el encuentro de diversas jóvenes en el marco de la Coordinadora por el Aborto Legal, y el proceso que llevó a la aprobación de la hoy vigente Ley 18,987.
Por ello, a la organización la conforman mujeres con inserción en distintos grupos civiles, como el Comité Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres (Cladem), Ovejas Negras, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Cotidiano Mujer, Proderechos, así como otras que participan de manera individual.
El proyecto de la línea telefónica surgió a partir del acercamiento a experiencias similares de asesoramiento en países de la región, que sin embargo funcionan en un marco de ilegalidad para la práctica del aborto, y se dedican fundamentalmente a brindar información sobre el uso del fármaco Misoprostol.
APROPIARSE DEL DERECHO
La experiencia uruguaya tendrá características específicas por el contexto en el que se instala, y pretende ser un medio para que las mujeres “se apropien” de un derecho que tienen de modo relativamente reciente.
Por ejemplo, explicó una de las integrantes de Mujeres en el Horno, “con la ley también las menores de edad tienen derecho” a la interrupción del embarazo. Asesorarlas en ese momento difícil es parte de lo que se propone la línea, financiada por la organización internacional Médicos del Mundo.
Asimismo, la intención es “cuanti y cualificar a las usuarias” que se comuniquen con la línea telefónica, lo que permitirá ir haciendo un “seguimiento” no sólo de quienes consultan en el 0800, sino también del propio funcionamiento de la ley.
Entre otros aspectos, asesorarán a quienes llamen sobre los procedimientos específicos en su centro de salud para acceder al servicio de salud sexual y reproductiva, los tiempos de espera y posibles alternativas.
A su vez, la idea es cubrir aspectos que no sólo están vinculados al recorrido administrativo para el uso del derecho o lo que puede esperarse del medicamento, sino además acompañar afectivamente a las mujeres que deciden abortar.
CUBRIR UN HUECO
La nota testimonial de 2013 precisamente colocaba como un deber el hecho de que nadie parece relatar a las usuarias algunas de las posibles consecuencias del uso de Misoprostol, omitiéndose por parte de los equipos consejos prácticos que podrían colaborar a hacer más llevadero el proceso.
La interrupción del embarazo con Misoprostol se realiza en general fuera de las instituciones de salud, y con el acompañamiento elegido –u obtenido– por la mujer.
Usado en la dosis establecida por la reglamentación de la ley –cuatro comprimidos–, tiene precisamente la función de activar un proceso de contracciones en el útero, lo que se asemeja al proceso de trabajo de parto y puede implicar dolores intensos, espasmos, vómitos, descompostura, entre otros efectos.
Algunos de estos relatos serán recogidos por la línea, que pretende conversar con las mujeres posteriormente para saber “cómo les fue y cómo fueron tratadas” en el servicio de salud en el que se atienden.
Los días y horarios de atención de la línea serán alternados, y se concentran fundamentalmente en los viernes de noche y sábados de mañana, explica Federica Turban, integrante de Mujeres en el Horno.
Para comunicarte con la Línea Aborto-Información Segura 0800
8843, los días y horarios son: lunes de 9 a 13 horas, miércoles de 13 a 17, viernes de 19 a 23, y sábados entre las 10 y las 18 horas (tiempo local).
14/IP/RMB
Marina llegó a las 10 de la mañana al consulado costarricense en esta capital nicaragüense, luego de viajar seis horas desde una comunidad rural del norteño departamento de Jinotega, con su pasaporte en mano y las esperanzas de viajar a la vecina Costa Rica (CR) a trabajar para suplir las necesidades de sus dos hijos de siete y cinco años, quienes quedaron bajo el cuidado de su madre.
Marina es madre soltera y proviene de una familia campesina de Jinotega, donde todos los años dependían de los trabajos en las plantaciones de café, pero este 2014 una plaga en el aromático disminuyó las oportunidades de trabajo de unas 130 mil personas en toda la zona cafetalera del norte de este país centroamericano, según economistas.
De acuerdo con la organización Acción Contra el Hambre en Centroamérica, la plaga llamada “de la roya” pone en riesgo la seguridad alimentaria de unas 90 mil personas en Nicaragua, cuyos ingresos este año se redujeron hasta en un 30 por ciento, obligándolas a pasar de la pobreza a la extrema pobreza.
El consulado costarricense normalmente en los primeros dos meses del año recibe un promedio de mil solicitudes diarias y este año han llegado hasta las 3 mil.
La afluencia de personas nicaragüenses solicitando visa en la embajada costarricense en Managua y la ciudad de Chinandega continúa siendo alta, lo cual indica que la gente sigue buscando mejores oportunidades de vida, dijo Martha Cranshow, de la Red Nicasmigrantes.
Según datos del consulado costarricense, en la primera semana de enero pasado se emitieron más de 64 mil visas, lo cual es visto en Nicaragua como algo normal si se toma en cuenta que las y los nicaragüenses regresan a sus trabajos luego de pasar las vacaciones en su tierra con sus familiares, pero llama la atención que en este mes de marzo la demanda sigue siendo alta.
De acuerdo con algunas organizaciones nicaragüenses que trabajan por los derechos de las personas migrantes, en las mujeres es mayor la necesidad de regular su situación migratoria en comparación con los hombres, ya que ellas buscan más estabilidad laboral para enviar con mayor seguridad las remesas a sus familias en Nicaragua.
Mónica Segnini, presidenta de la Cámara de Exportadores de CR, quien participó recientemente en un foro en Managua, explicó que la mano de obra de las mujeres nicaragüenses en su país ha sido determinante para la economía.
“Yo no sé qué hubiese hecho yo sin una colaboradora nicaragüense en mi casa”, señaló a Cimacnoticias la dirigente empresarial, quien destacó la importancia de que cualquier ingreso de migrantes nicaragüenses a CR se realice en condición regular.
La mayoría de las mujeres nicaragüenses en el país vecino se emplean en el hogar, en el comercio y en cargos intermedios en algunas empresas, mientras que la mayoría de hombres trabaja como guardias de seguridad, o en los sectores agrícolas y de la construcción.
La cámara empresarial que Segnini dirige realizó una campaña para que las personas nicaragüenses regularicen su condición. A fines del año pasado en sólo un fin de semana lograron regularizar a unas 500 personas, de las cuales casi la mitad eran mujeres, en un trabajo conjunto con la Dirección de Migración costarricense, los empresarios y el consulado nicaragüense en CR.
Es importante que la migración se realice de forma regular, de esta manera tendrán mejores oportunidades de trabajo, con seguro social y condiciones dignas, recordó Segnini.
Las personas que entran o se mantienen de forma irregular en Costa Rica se exponen a los abusos laborales y para evitarlo es recomendable que regularicen su condición, “aunque sabemos que hay múltiples factores, es por eso que la Cámara de Exportadores de Costa Rica este año pretende realizar nuevamente la campaña para regularizar a más nicaragüenses”, adelantó Segnini.
Los bajos salarios en Nicaragua, las pocas oportunidades laborales y las alzas constantes de los productos de la canasta básica, afectan especialmente a las familias campesinas y obreras urbanas, dijo el economista Cirilo Otero.
Con el salario mínimo de Nicaragua una trabajadora de la industria textilera devenga un salario mensual de 156 dólares (poco más de 2 mil pesos mexicanos), con lo que apenas logra comprar la tercera parte de los 53 productos de la canasta básica, cuyo valor es de unos 450 dólares (cerca de 5 mil 900 pesos mexicanos), según el reporte del Banco Central.
Los bajos salarios, pero además las pocas oportunidades laborales en Nicaragua, provocan que muchas personas encuentren como único chance la migración hacia CR, por la cercanía y los lazos que se han construido a lo largo de los años, dijo Martha Cranshow, de la organización Nicasmigrantes.
14/NR/RMB
Por la no ratificación del Convenio 189 de la OIT, miles de mujeres siguen sin acceso a servicios de salud y sus condiciones se agravan ante el envejecimiento poblacional.
Sin seguridad social y sin acceso a servicios de salud, cientos de miles de trabajadoras del hogar afrontan un agravamiento en sus condiciones de vida, las cuales empeorarán con el envejecimiento de la población.
Enfermas por las condiciones de explotación laboral que padecen en los hogares mexicanos, muchas de ellas posiblemente no verán el momento en el que el Estado se digne a ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ordenan a los gobiernos garantizar los derechos laborales de estas trabajadoras.
Por 37 años, “Cati” durmió en pequeños cuartos de casas ajenas. Su rutina empezaba antes de las 6 de la mañana, pues tenía la obligación de despertar a las y los integrantes de la familia, prepararles el desayuno y llevar a los menores de edad a la escuela.
Aunque trabajó en seis casas distintas, las condiciones no variaban de una a otra: tenía jornadas de más de 12 horas diarias en las que limpiaba, cocinaba, lavaba y planchaba la ropa de personas que decían “considerarla un miembro más de la familia”.
No obstante, sus “seres queridos” nunca le proporcionaron un seguro de salud para que “Cati” pudiera prevenir y atender la diabetes que le generó el exceso de trabajo.
Como casi la totalidad de los 2 millones 315 mil de trabajadores del hogar (96 por ciento mujeres) que hay en México, “Cati” trabajó sin un contrato que le garantizara seguridad social, aguinaldo, fondo de pensiones, vacaciones, descansos fijos o servicios médicos para ella y su familia.
De acuerdo con cifras del Inegi de 2011, el 79 por ciento de este personal femenino percibe un ingreso de apenas dos salarios mínimos (120 pesos al día); sólo 6 por ciento cuenta con seguridad social; 6.8 recibe aguinaldo; 5.2 tiene vacaciones; 2.1 por ciento tiene acceso a servicio médico privado, y sólo 1.2 por ciento cuenta con un crédito de vivienda.
La OIT refiere que en el país estas trabajadoras apenas ganan 51.7 por ciento de lo que percibe el resto de personas asalariadas ocupadas en otras actividades económicas.
PAUPERIZACIÓN
Aunque “Cati” tiene 54 años aparenta mucho más edad. La mujer con las manos severamente maltratadas por el uso de productos de limpieza contó que hace 20 años se “enteró por casualidad que era diabética”.
Un día de 1994 se desmayó y sus “patrones” la llevaron al hospital. Aunque un mes antes había bajado precipitadamente de peso, no fue al doctor. Una consulta médica implicaba un gasto y dejar de recibir el sueldo de un día entero.
Trabajó durante 15 años más con el padecimiento, pero sin los cuidados necesarios. Comer de manera saludable era imposible, “pues comía de lo que le dejaban los patrones y cuando tenía tiempo de echarse un bocado”, relató.
Llegó el momento en que “Cati” dejó de “ser útil” y la familia con la que vivía sólo le dio las gracias. Como no tuvo hijos y “no quiso ser una molestia para sus hermanos” se refugió en un asilo en el Estado de México.
En el informe de 2011 “Trabajadores domésticos en el mundo: Estadísticas mundiales y regionales y la extensión de la protección legal”, la OIT sostiene que una de las principales razones por las que las y los empleados del hogar reciben bajos salarios y carecen de prestaciones es porque “negocian” sus condiciones laborales de forma individual, lo que las expone a quedarse sin trabajo de un momento a otro o a que ante cualquier imprevisto sus empleadores no se hagan responsables.
En el asilo, “Cati” conoció a Magdalena, quien también fue trabajadora del hogar pero “de entrada por salida”.
“Doña Magda”, de 62 años, padece artritis reumatoide debido a sus largas jornadas laborales. Su mayor temor no es morir en malas condiciones, sino que su hija y su nieta (también empleadas del hogar) se enfermen al igual que ella y tampoco cuenten con el dinero necesario para atenderse a tiempo.
SERIO PENDIENTE
En junio de 2011 la OIT adoptó el Convenio 189 y la Recomendación 201 para establecer derechos y principios básicos a favor de las trabajadoras del hogar. Los Estados miembro del mecanismo están obligados a acatarlas.
No obstante, hasta ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado al Senado para su aprobación el dictamen de ratificación.
Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, dijo que la ratificación obligaría a México a reformar la Ley Federal de Trabajo para que las empleadas gocen de un salario mínimo, jornadas máximas de ocho horas y pago de tiempo extra, entre otras garantías.
La activista criticó que sólo hay promesas del gobierno federal de que se ratificará el Convenio de la OIT, pero no hay una fecha para ello.
Bautista sostuvo que las trabajadoras del hogar afrontan jornadas extensas y no gozan de ninguna protección médica, por lo que en años venideros la salud de miles de ellas se vería afectada sobre todo porque ya no serán jóvenes.
Con el cambio demográfico en México y la no ratificación del Convenio 189, está latente el riesgo de que las empleadas del hogar que trabajan sin seguridad social padezcan en un mediano plazo las malas condiciones de salud que hoy enfrentan “Cati” y “Doña Magda”.
De acuerdo con el Conapo, en el año 2000 la proporción de adultos mayores fue alrededor de 7 por ciento del total de la población. Se estima que el porcentaje aumente a 12.5 en 2020 y 28 por ciento para 2050, es decir vivirán 166.5 adultos mayores por cada 100 niñas y niños.
A lo anterior se suma que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los varones, aunque no en las mejores condiciones.
14/AZM/RMB
El sexo, en la mayoría de los medios de comunicación se concibe como un negocio de entretenimiento para adultos y no como una herramienta para informar y educar sobre temas de sexualidad, dijo la periodista Verónica Maza Bustamante ante estudiantes de periodismo de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Al impartir la conferencia “La sexualidad en los medios de comunicación. El nacimiento de una fuente periodística para el siglo XXI”, Maza Bustamante indicó que el sexo es un negocio para los medios masivos y no para los periodistas, pues aunque muchos han escrito libros sobre el tema ninguno se ha vuelto millonario.
La autora de la columna “El sexódromo” reiteró que el tema del sexo sí reditúa ganancias a diversas empresas como la farmacéutica, la cual, explicó, ha ganado millones de dólares al vender medicamentos contra la disfunción eréctil.
Indicó que avances tecnológicos como internet y las redes sociales, por su accesibilidad en la búsqueda de contenidos, mermaron el mercado de diversas revistas que hace algunos años editaban los llamados “libros negros” –publicaciones sobre sexualidad envueltas en bolsas de plástico de color negro y que se vendían en grandes cantidades–, al grado de desaparecerlas.
“En ese momento esas historias sí vendían porque no se sabía tanto de esos temas, no había auge en las redes sociales, ni acceso al internet como lo hay ahora, además de que se pueden ver y leer de manera gratuita. Esas publicaciones eran más una forma de negocio que una herramienta para educar a la población”.
Maza Bustamante, colaboradora también en el programa de radio “El Weso”, subrayó la importancia de que periodistas interesados en la sexualidad –a la que describió como una “nueva fuente periodística”– se especialicen en ella y así evitar un tratamiento noticioso desde perspectivas “frívolas y ligeras”, pues las y los lectores muchas veces asumen como válidos los textos.
En el plantel Cuautepec de la UACM, la comunicadora se pronunció porque se imparta educación sexual desde los primeros años de escuela, en aras de disminuir problemas sociales como los embarazos en adolescentes y fomentar entre los jóvenes la cultura del placer, ya que “la sexualidad no es solamente un acto de penetración”.
Destacó que para presentar la información sobre sexualidad las y los periodistas deben ser creativos, sobre todo si trabajan en radio o televisión, para no frivolizarla.
“En lo particular he encontrado el humor como una herramienta para educar. En mi columna narro las cosas con un lenguaje cotidiano, como si se lo estuviera platicando a un amigo. Es mi estilo comentar todo como una amiga”.
Verónica Maza recordó que “El sexódromo” surgió hace 12 años cuando una revista convocó a varias periodistas a participar en un concurso para publicar una columna sobre sexualidad.
Cuando se enteró que no ganó, se la propuso a Fernando Rivera Calderón, editor del periódico Milenio, quien de inmediato la aceptó y desde entonces aparece cada sábado en las páginas del diario.
“El tema me apasiona porque me he percatado de que la sexualidad es inherente al ser humano. La sexualidad integra muchas cosas de quien soy y de cómo me gustaría que fuera la humanidad. Me ha dado la oportunidad de entender al otro. La diversidad sexual me ha hecho entender a las demás personas y no discriminar”.
Exhortó a los estudiantes a ser rigurosos con el manejo de la información mediante el contacto con federaciones y asociaciones de expertos, grupos civiles, funcionarios, académicos y activistas, así como a adaptarse a redes sociales como Twitter y Facebook, a la vez que recordó el trabajo de Anabel Ochoa y Patricia Kelly, a quienes definió como “precursoras” en la difusión de la sexualidad en los medios de comunicación.
Verónica Maza, quien adelantó que pronto dará una “sorpresa editorial”, llamó a las y los jóvenes a prepararse para ser reporteros “todoterreno”, ya que la mayoría de los periódicos tienen su canal de TV, estación de radio o canal en YouTube.
“Tienes que ser no sólo periodista, sino saber utilizar los lenguajes de cada medio para que a tu público le llegue la información de la mejor manera”.
14/MAR/RMB
Grupos civiles aseguraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio (juicios orales) en México –que busca garantizar los Derechos Humanos (DH), el debido proceso y el acceso a la justicia–, ha sido un proceso lento, con obstáculos y hasta retrocesos.
Las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Instituto de Justicia Procesal Penal, presentaron ante la CIDH la situación del sistema judicial mexicano y denunciaron el abuso excesivo de la prisión preventiva y el arraigo.
Ante la exposición de las agrupaciones, el comisionado James Cavallaro explicó que el uso frecuente del arraigo y la prisión preventiva son temas que preocupan al organismo, por lo que pidió al Estado mexicano revisar si hay posibilidades de restringir estas figuras, sin embargo la delegación mexicana afirmó que son medidas limitadas.
En la audiencia ayer en la sede de la CIDH en Washington, José Luis Gutiérrez Román, director de Asilegal, señaló que antes del decreto de junio 2008 para implementar el nuevo sistema de justicia las personas debían demostrar su inocencia y las instituciones estaban marcadas por la corrupción y la desigualdad.
Por ello la idea de la reforma era adoptar un sistema que garantizara los DH, el debido proceso y el acceso a la justicia, sin embargo activistas aseguraron que a cinco años de iniciado el proceso el cambio ha sido lento, con obstáculos y hasta con retrocesos porque persisten prácticas como el arraigo.
Gutiérrez Román explicó que hasta ahora sólo tres entidades federativas han implementado el nuevo sistema (Chihuahua, Morelos y Estado de México), 10 están en operación parcial, seis en entrada en vigor, y 13 en etapa de planeación, lo que significa que se usan el viejo y el nuevo sistema a la par.
El activista explicó que si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 habla de la “reinserción efectiva” (que las personas purguen condenas y no vuelvan a cometer delitos), en la realidad se sigue privilegiando la privación de la libertad, pues hasta enero pasado sólo se otorgaron 19 mil 946 sustitutos penales (una pena distinta a la prisión), y 143 mil 724 sentencias privativas de libertad.
Activistas llamaron a la CIDH a poner atención a este tema en México y darle seguimiento a fin de que se constate si se respetan principios como la presunción de inocencia en el marco del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, que realizó el organismo y que presentó en días recientes.
14/AGM/RMB
En medio de severas críticas de organizaciones civiles por su pésimo desempeño como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García se empeña en asegurar ante la comunidad internacional que el Estado mexicano “ha mejorado” la seguridad de periodistas y personas defensoras de las garantías fundamentales.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 20 de marzo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ayer jueves 27, la funcionaria fue confrontada duramente por activistas por su falta de resultados.
En un comunicado la víspera, grupos civiles reiteraron lo que dijeron en ambos foros internacionales ante Lía Limón: que pese a su discurso, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas enfrenta graves deficiencias.
Las organizaciones indicaron que las fallas del Mecanismo –creado por ley en junio de 2012– se concentran en el diseño de propuestas, la coordinación entre dependencias, la implementación de acciones y su evaluación de impacto.
Las agrupaciones criticaron que los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales en materia de Derechos Humanos (DH) coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos y altos índices de corrupción e impunidad.
Indicaron que la efectividad del Mecanismo de Protección se debe medir en función de sus resultados, ya que el número de quejas o solicitudes para obtener resguardo sólo demuestra el incremento en el miedo y peligro real en el que viven las y los defensores.
De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2013 hubo 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Igualmente, el colectivo Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ha señalado que entre 2010 y 2012 hubo un aumento de 418 por ciento en las agresiones a personas defensoras de DH.
INCONFORMIDAD LEGISLATIVA
Los reclamos de activistas llegaron hasta la Cámara de Diputados, pues en la sesión de ayer los diputados del PRD Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez presentaron un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, resuelva la problemática que enfrenta el Mecanismo.
Ambos legisladores recordaron que entre 2011 y 2012 diversas organizaciones trabajaron con periodistas y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para crear una institución especializada que atendiera a las y los defensores y periodistas en riesgo.
En 2012 se aprobó y expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con ella el Mecanismo de Protección.
No obstante, de acuerdo con agrupaciones civiles, si bien esta herramienta representó un nuevo paradigma, los secuestros, desapariciones, amenazas, asesinatos y agresiones contra esta población persisten y en su mayoría permanecen impunes.
En las sesiones de trabajo ante la ONU y la CIDH, los grupos civiles insistieron en que la implantación de la ley a favor de comunicadores y activistas ha enfrentado múltiples deficiencias, que varían según las personas y organizaciones involucradas en el uso, operación y evaluación ciudadana en esta etapa incipiente de vigencia de la norma.
Reiteraron que en el Mecanismo hay una falta de coordinación con autoridades estatales, municipales y dependencias federales, que tarda en hacer una evaluación del riesgo de las personas peticionarias y beneficiarias, y que los convenios de cooperación con los estados no se cumplen.
La renuncia, el pasado 15 de marzo, del coordinador del Mecanismo, Juan Carlos Gutiérrez, además del despido de cuatro funcionarios más, puso sobre la mesa el déficit de recursos humanos y de estructura orgánica, así como capacitación de servidores y la dificultad para acceder al fideicomiso donde se depositan los fondos para que opere el Mecanismo.
Incluso las organizaciones señalaron la carencia de una perspectiva de género para evaluar el riesgo y proyectar y ejecutar las medidas hacia las beneficiarias, además de que se contrató personal sin el perfil adecuado.
Con toda esta información, los legisladores perredistas urgieron a la Segob a nombrar a la persona responsable de coordinar al Mecanismo, quien debe contar con experiencia y conocimiento sobre el ejercicio periodístico y la defensa de los DH.
Recogiendo las demandas de activistas, los diputados también consideraron que el Ejecutivo debe investigar las presuntas irregularidades cometidas contra servidores públicos que recientemente renunciaron a sus cargos en el Mecanismo, y de ser el caso iniciar los procedimientos correspondientes.
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Confirma CJF que Succar Kuri purgará su condena en prisión
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que el amparo otorgado por un Tribunal Colegiado al pederasta Jean Succar Kuri, de ninguna manera significa que pueda quedar en libertad, luego de que fue condenado a 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
En la nota informativa DGCS/NI: 38/2014, difundida ayer, el CJF explicó que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, resolvió el amparo directo 216/2013 promovido por la defensa legal de Succar Kuri, con el cual se ordenó al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito subsanar la ausencia de la firma del secretario de acuerdos en la sentencia dictada contra el pederasta el 30 de agosto de 2011.
Aunque no precisó un plazo para el cumplimiento del fallo, el CJF detalló que el Tribunal en cuestión debe emitir una nueva resolución que contenga los nombres y apellidos del magistrado que emita la sentencia y del secretario que la autorice y dé fe, así como las respectivas firmas de ambos.
Es decir –abundó el CJF–, el único efecto del amparo concedido al empresario es que el Tribunal Unitario emisor de la sentencia subsane la falta de la firma del secretario de acuerdos en la resolución, como lo establecen el Código Federal de Procedimientos Penales y la Constitución mexicana, “lo que –recalcó– no implica su libertad”.
Y es que en un primer momento algunos medios informativos reportaron de manera errónea que el amparo concedido a Jean Succar Kuri el pasado 7 de marzo, dejaba abierta la posibilidad de que el pederasta quedara en libertad.
Ayer, Cimacnoticias informó que a decir de Araceli Andrade, abogada de cuatro de las víctimas de Succar Kuri, el amparo directo a favor del empresario de ningún modo “anula, modifica o reduce” su sentencia de 112 años de prisión.
La resolución de amparo no implica tampoco una reposición de procedimiento de la condena, lo que resultaría en la renovación total del juicio, abundó la litigante en declaraciones a esta agencia.
Andrade enfatizó que la figura legal de reposición de procedimiento no puede efectuarse en este caso, ya que no se modificó ningún elemento referente a la valoración de pruebas y no “estamos ante ninguna situación que afecte la sentencia, pues es inapelable”, concluyó.
Jean Succar Kuri fue denunciado en 2003 por una de sus víctimas de encabezar una red de pederastia. La escritora y periodista Lydia Cacho retomó el caso en su libro “Los demonios del Edén”, por el cual fue detenida y acosada por empresarios y políticos.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República constataron que la red de pornografía infantil de Succar Kuri se extendió a España, Colombia, Brasil y Venezuela. Desde 2004 el empresario estuvo detenido en Arizona, Estados Unidos, y luego fue extraditado a México en 2007.
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) no se tradujo en mejores condiciones legislativas, económicas, sociales o de acceso a la justicia para la población femenina, especialmente para las defensoras de Derechos Humanos (DH).
Dentro de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer la audiencia “Retos y desafíos para la protección de las mujeres contra la violencia a 20 años de la Convención de Belém do Pará”.
Defensoras de DH del continente denunciaron que la negligencia de los Estados para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia pega aún más en su labor como activistas.
Liliana Tojo, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sostuvo que las agresiones en contra de las defensoras de DH tienen una dimensión específica por el tipo de actividad que ellas realizan y su condición de género.
La ineficiencia de los Estados –dijo– para proteger y atender a las mujeres que enfrentan violencia de género se trasladó a las abogadas, “pues ahora en muchos casos son ellas las que hacen frente a los vacíos en la materia”.
Consideró que visibilizar las agresiones y tipos de violencia que viven las defensoras “proyecta la condición de violencia y vulnerabilidad que enfrentan todas las mujeres del continente, pese a la supuesta protección de la Convención de Belém do Pará”.
En la audiencia celebrada en Washington se presentaron los datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales de 2010 a 2012 fueron asesinadas 38 mujeres activistas.
Tan sólo en 2012 se documentaron 400 agresiones en Guatemala, El Salvador y Honduras, de las cuales el 40 por ciento presentaron algún componente de género.
En primer lugar de agresiones recibidas están las defensoras de los recursos naturales (37.9 por ciento de casos), y seguidas por aquellas que combaten la violencia de género (14.7 por ciento). Quienes defienden la libertad de expresión y el acceso a la información registran el 11.4 por ciento del total de agresiones.
Dentro de las principales agresiones están las amenazas, advertencias y ultimátum, en las que se incluyen insultos machistas. También se han lanzado campañas de desprestigio que cuestionan la moralidad o sexualidad de las defensoras, y en algunos casos hay amenazas de violación sexual.
Marusia López, coordinadora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), sostuvo que a la ausencia de los Estados para prevenir, resolver y proteger a las mujeres que salvaguardan los DH se agrega la falta de acceso a la justicia.
Por ello destacó que dentro de los mecanismos de protección para personas defensoras que existen a nivel continental, urge la inclusión de la perspectiva de género, es decir que tanto los análisis de riesgo como las medidas de protección deben pasar por esta óptica, pues “ellas hacen su labor en un contexto en el que las mujeres siguen siendo señaladas y su participación política es puesta en duda”.
Finalmente, las activistas llamaron a la CIDH a elaborar un informe específico sobre la situación de las defensoras de DH en la región, para visibilizar así las metas pendientes de Belém do Pará, ya que esta convención no ha garantizado a las mujeres de la región, incluidas las defensoras, una vida libre de violencia.
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