La reforma al Código de Justicia Militar (CJM) para que los soldados que cometan violaciones a Derechos Humanos (DH) de civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios, es el logro de víctimas de abusos militares y de mujeres como Valentina Rosendo, Inés Fernández, Tita Radilla, Reynalda Morales, y las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, y su madre, Delia Pérez.
Hoy, tras cinco años de que la comunidad internacional, activistas y víctimas denunciaran que los soldados que cometían agravios contra la población civil eran juzgados en tribunales militares sin imparcialidad, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 57 del CJM para restringir el fuero castrense y sentar las bases para erradicar la impunidad en estos casos.
En un plazo de ocho días se aprobó esta reforma que estuvo parada por años. El pasado 24 de abril las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda del Senado –con opinión de la de Marina– avalaron el dictamen en materia de justicia militar que fue aprobado horas después por el pleno.
En el mismo tenor, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja aprobó hoy la minuta que luego el pleno avaló sin cambios y la cual ahora espera ser expedida por el Ejecutivo federal para entrar en vigor.
El proceso fue producto de una larga lucha de mujeres y hombres víctimas de violaciones a DH por parte de las fuerzas armadas.
MUJERES EN RESISTENCIA
Previo a la aprobación de la Cámara baja, organizaciones como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y de la Montaña Tlachinollan, así como Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseguraron que esta reforma era una deuda del Estado con las víctimas.
Las violaciones sexuales por militares quedaron constatadas luego de que el 4 de junio de 1994 en un retén militar en Chiapas fueron detenidas las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre, Delia Pérez, para ser interrogadas. Los soldados las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas.
Las indígenas tzeltales fueron retenidas, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia ante el Ministerio Público Federal, pero como los presuntos culpables eran soldados el caso se envió a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre del mismo año. Ningún militar fue detenido.
Fue relevante que la autoridad castrense archivara el caso con el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”, luego de que las jóvenes se negaron a comparecer ante militares y someterse a exámenes ginecológicos por parte de personal castrense.
Tras este caso hubo mujeres que pidieron una reforma al fuero militar, como Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas tlapanecas del estado de Guerrero que en hechos diferentes fueron violadas sexualmente por militares en 2002, y que aún hoy siguen esperando que se juzgue y castigue a sus agresores.
Los expedientes de ambas mujeres se investigaron en instancias castrenses donde se argumentó que no existían pruebas de la violación sexual, así que los casos no se resolvieron y fue nueve años después, en agosto de 2011, que la PGJM se declaró incompetente para investigar y remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
La decisión castrense se dio luego de que en agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenara al Estado mexicano por su responsabilidad en los agravios contra Inés y Valentina, y ordenara investigar los hechos e identificar y juzgar a los culpables, además de hacer un llamado para reformar el CJM que obstaculizó el acceso a la justicia.
Pero antes de los casos de Inés y Valentina, la CoIDH se manifestó en el mismo sentido de acotar el fuero castrense al sentenciar al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 a manos del Ejército.
En este caso, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, fue la principal impulsora de la denuncia a nivel internacional, ya que señaló que en México el caso de su padre se investigó en instancias castrenses donde no hubo resultados ni pistas para localizarlo, ni para investigar o sancionar a los soldados responsables.
El impulso de esta mujer junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización que litigó el caso, hizo que la CoIDH se pronunciara sobre el fuero militar en 2009 cuando por primera vez exhortó al Estado mexicano a promover las reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar.
Otra mujer que alzó su voz contra el Ejército fue Reynalda Morales, quien denunció que su esposo fue privado ilegalmente de la libertad y asesinado por militares en Sinaloa en mayo de 2008. En 2009 ella impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el fuero militar investigara el caso.
Aunque el asunto dividió al pleno de la Corte y se determinó el sobreseimiento del amparo en revisión, la denuncia de Reynalda Morales puso en el debate la necesidad de contar con un recurso jurídico para impugnar la extensión del fuero militar en aquellos delitos que agravian a civiles y constituyen violaciones graves a los DH.
LO QUE SIGUE
Desde 2009, cuando la CoIDH dictó su primera sentencia condenatoria contra México, pasaron cinco años para concretar una reforma elaborada a partir de ocho iniciativas legislativas. Incluso el 19 de octubre de 2010 Felipe Calderón presentó al Senado una iniciativa al respecto.
Sobre este proceso, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Santiago Aguirre, afirmó en entrevista que si bien la aprobación fue rápida, tuvieron que pasar años de discusiones, análisis, de llamados de grupos civiles y denuncias de víctimas que en todo momento hicieron ver la inconsistencia del fuero castrense.
El abogado explicó que las organizaciones que participaron en los debates en el Senado reconocen que la reforma es un avance, pero aseguró que quedó pendiente que los delitos que constituyan violaciones a DH cometidos por militares en contra de sus propios pares también deberían ser juzgados en los tribunales civiles.
A decir del defensor, este tema forma parte de una agenda amplia para establecer mejores garantías para los DH dentro de las fuerzas armadas, y en la cual quedaron temas como la creación de un ombudsman militar y las reglas sobre la detención en centros de reclusión, que podrían plantearse en una reforma más integral pero lo cual no resta importancia a lo que ya se logró.
En opinión del general disidente José Francisco Gallardo Rodríguez –quien además de haber estado en el Ejército es estudioso del fuero militar y uno de los principales críticos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina–, esta reforma implica también un argumento para acotar las funciones de los militares en tareas de seguridad y un llamado para vigilar la actuación interna de las fuerzas armadas.
Abundó que con esta reforma se exhibe la incapacidad del Ejército y su falta de adiestramiento para hacer tareas de seguridad y respetar los DH, y se hace notar que el personal militar debe realizar las tareas para las que fue creado, que son tareas de seguridad nacional.
Si bien acotó que debe haber ciertas reservas en cuanto a la justicia civil, ya que también hay corrupción e impunidad, el general sostuvo que en el fuero ordinario no hay la cerrazón que existe en los tribunales militares, donde las víctimas no pueden aportar pruebas, los defensores de oficio ni siquiera pueden entrar a las instalaciones, y se violan procedimientos al ser “una sola mesa de acusación” dirigida por altos mandos militares.
En ese sentido acotó que además de que las mujeres víctimas se sienten intimidadas al estar frente a militares que las violaron, las fuerzas armadas son una estructura “misógina” y por ello se debe tener en claro que la disciplina militar nunca debe estar por encima de la Constitución ni de los DH.
14/AGM/RMB
abril 2014
Ante la creciente represión del Estado mexicano a la protesta ciudadana, dirigida con mayor encono contra quienes defienden el derecho a la tierra y los recursos naturales, organizaciones campesinas, sociales y de defensa de los Derechos Humanos (DH) lanzaron hoy la “Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia”.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), activistas y grupos civiles denunciaron las faltas al debido proceso, la persecución y encarcelamiento del cual han sido víctimas dirigentes sociales y que se traducen en severas violaciones al derecho a la protesta, al grado que cobraron la vida de luchadoras sociales como Bety Cariño y Rocío Mesino, crímenes que siguen impunes.
De acuerdo con la campaña, “la criminalización y judicialización del movimiento social sigue aumentando en una especie de guerra de baja intensidad del Estado mexicano contra el pueblo que se viene organizando”, para defender sus derechos, su territorio y recursos naturales.
Mediante la campaña –que consistirá en diversas manifestaciones sociales, foros y encuentros en varias entidades del país– se exigirá la libertad de activistas que han sido acusados de delitos graves en un “claro intento por reprender su liderazgo”, entre quienes se encuentra la indígena María Luisa Ruiz Ruíz, Sara Altamirano Ramos y la representante comunal morelense Enedina Rosas Flores.
También se exigirá a las autoridades correspondientes justicia por los asesinatos de la defensora de DH Bety Cariño (ocurrido en 2010), y la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, perpetrado en octubre de 2013.
Provenientes de diversos estados del país, las y los activistas que pusieron en marcha la campaña coincidieron en que cuando el abandono de las autoridades a los pueblos deriva en hartazgo social, son las mujeres y hombres quienes exigen sus derechos, situación que vulnera aún más su situación, pues se enfrentan al riesgo latente de ser reprimidos.
Tal es el caso de las mujeres de Aquila, Michoacán, que desde el año pasado exigen la liberación de sus compañeros que decidieron conformar la guardia comunitaria de la comunidad.
En entrevista, Octavio Villanueva Magaña, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, relató que en el municipio aún se vive un ambiente de inseguridad total, y que los procesos iniciados contra los 40 integrantes de la guardia comunitaria que fueron detenidos y encarcelados en junio pasado siguen abiertos, sin que las autoridades judiciales investiguen los delitos por los que la comunidad decidió armarse.
Recordó que “la gota que derramó el vaso, fue que los malandras (como llaman a los integrantes del crimen organizado) violaban a las mujeres y niñas”, y que previamente los habitantes habían acudido a denunciar diversos delitos, pero nadie los escuchó.
Por su parte, Leonel Rivero Rodríguez, abogado que litiga el caso de los integrantes de la guardia, sostuvo que sí se presentaron denuncias por los casos de violencia sexual, pero que hasta la fecha se ignora si se llevan a cabo las investigaciones correspondientes o si hay un seguimiento a los delitos.
Al mismo tiempo denunció que en el proceso de diálogo entre el gobierno federal y las autodefensas de Michoacán la situación de Aquila no ha sido tomada en cuenta, pues en la comunidad lo que también se busca es defender los recursos naturales y no sólo luchar contra el crimen organizado.
En ese mismo tenor está la comunidad de Amilcingo, Morelos, que pelea contra la construcción del “Mega Proyecto Integral” en el estado, mediante el cual se pretende construir un gasoducto que no sólo destruiría campos agrícolas sino que pondría en riesgo a la población ante posibles explosiones de gas.
Miriam Vargas, integrante de la comunidad, relató que la oposición del pueblo al proyecto derivó en aprehensiones arbitrarias de luchadoras sociales como la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas, a quien se le acusa, entre otros delitos, del robo de dos celulares.
“Con esas acusaciones se busca mantenerla en la cárcel y que ya no continúe organizando al pueblo”, dijo Vargas.
Como parte de la campaña, Omar Esparza, pareja de Bety Cariño, inició el pasado domingo una huelga de hambre en demanda de que la PGR aprehenda a los presuntos asesinos de la activista.
Asimismo, el próximo 13 de mayo se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el foro “Criminalización de la lucha social” y posteriormente una marcha.
14/AZM/RMB
Maternidad y tareas del hogar impiden a niñas continuar estudios
El trabajo del hogar y la maternidad adolescente son los principales obstáculos para que las niñas continúen sus estudios, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con su estudio “Adolescentes. Derecho a la educación y al bienestar futuro”, el mecanismo de la ONU indica que el rezago social es uno de los principales desafíos para la región en el tema educativo, lo cual implica que la mitad de las y los jóvenes en la región no logren insertarse al mercado laboral o trunquen su acceso a la educación superior.
Las autoras María Nieves Rico y Daniela Truco, oficiales de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Cepal, apuntan que estos obstáculos deben observarse con perspectiva de género, ya que las principales razones que impulsan a las mujeres a dejar sus estudios se concentran en motivos económicos (26 por ciento); desinterés (16 por ciento); quehaceres domésticos y/o maternidad (13 por ciento); trabajo (9 por ciento), y enfermedad (4 por ciento).
Estos porcentajes son casi contrarios a los de los hombres, quienes dejan de asistir a la escuela por motivos económicos y desinterés (24 por ciento, respectivamente); trabajo (20 por ciento), enfermedad (4 por ciento), y responsabilidades domésticas (0.5 por ciento).
Como se observa, entre las razones más importantes por las que las mujeres jóvenes de la región no van a la escuela están los quehaceres domésticos y la maternidad, como indicó el 16 por ciento de las adolescentes entre 16 y 18 años que no va al colegio.
Según el análisis, la relación entre maternidad adolescente y logros educacionales en la región revela que las mujeres que fueron madres en su adolescencia obtienen menores logros educativos que el resto, por lo que no se han beneficiado de los avances en los niveles de escolaridad que muchos países han alcanzado.
A esto se suma que en América Latina (AL) una de cada tres mujeres son madres antes de cumplir 20 años; además, casi todos los países de la región se encuentran dentro de las 50 naciones con las tasas de fertilidad en adolescentes más altas del mundo, disminuyendo sólo 1.25 por ciento anualmente durante los últimos 13 años, según información del Banco Mundial.
El estudio señala que al menos en Bolivia, Colombia, República Dominicana, Honduras, Haití y Perú –países de AL donde se tuvo información–, los años promedios de educación de una mujer de 20 años o más que no ha sido madre son 11, mientras que para las madres jóvenes son siete.
El análisis también identificó que la brecha educacional entre madres y no madres parece estar en aumento, debido a que en las generaciones de mujeres más jóvenes la escolaridad promedio es mayor desde hace dos décadas, pero este efecto ha ido a la inversa entre las mujeres que tuvieron hijos antes de los 20 años de edad.
Por esto, el estudio advierte que si la maternidad adolescente reduce la escolaridad y la oportunidad laboral de la madre y si esta realidad es más común en los hogares más pobres, entonces se da uno de los más reconocidos ciclos de “reproducción intergeneracional de la pobreza”.
Con respecto al trabajo del hogar, el estudio revela que las mujeres adolescentes que no estudian y tampoco laboran por un ingreso dedican 18 horas semanales a tareas domésticas, mientras que los varones adolescentes dedican menos de seis horas a la semana.
Las autoras observan que aunque para su análisis los quehaceres domésticos y el trabajo se estudiaron por separado, saben que si las tareas del hogar formaran parte de la definición de trabajo infantil el efecto negativo en la escolaridad sería más marcado para las niñas que para los niños, debido a la incidencia e intensidad que estas actividades representan por el número de horas que se les dedica.
Las horas de trabajo total de las mujeres insertas en el mercado laboral y que también realizan trabajo doméstico son de tres a ocho por semana más que las de los hombres.
Como se observó, el desinterés es otro de los factores que motivan a las niñas a abandonar la escuela. Según el estudio, este factor está relacionado con la falta de beneficios y recompensas, reales o percibidas, que las mujeres con mayor escolaridad obtendrán en el mercado de trabajo, toda vez que 67 por ciento de las jóvenes más preparadas tienen empleos precarios.
Para hacer frente a la problemática, la Cepal enfatiza en la importancia de que los gobiernos de AL impulsen programas de educación sexual y derechos reproductivos en los sistemas de educación pública.
De manera complementaria, la Comisión propone la creación de políticas públicas de prevención de embarazos no deseados, y de no discriminación hacia jóvenes embarazadas o madres adolescentes.
14/AJSE/RMB
Por omisión del Estado, se agudiza violencia contra la niñez
Los riesgos de violencia en la infancia y adolescencia van en aumento, ya que el Estado no asume sus responsabilidades en el cuidado y crianza de las personas, las familias experimentan mayor pobreza, y las niñas son obligadas a ocupar la mayor parte de su tiempo en tareas del hogar, alertaron especialistas.
Durante el “Foro internacional sobre la prevención, protección y atención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en la familia”, funcionarios, académicos y grupos civiles de México y Estados Unidos discutieron sobre los factores de riesgo que originan la violencia en la familia y la niñez.
El epidemiólogo Arturo Cervantes Trejo, profesor de la Universidad Anáhuac, advirtió que en los últimos años la violencia ha impactado la vida de las y los niños al grado de convertir el homicidio y el suicidio en la tercera y quinta razón de muerte en menores de edad en México.
Además, los costos de la violencia infantil son muy altos en cuanto la atención, pero también por las enfermedades que desatan en las y los niños que la padecen. Según las estimaciones del académico, esta violencia representa en costos el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Cervantes Trejo explicó que la violencia social es una epidemia y, por tanto, un problema de salud pública que debe prevenirse desde el trabajo integrado de las instituciones, pero que la desarticulación entre los diferentes sectores de gobierno y la corrupción han impedido que se realice un trabajo efectivo en la materia, observó.
Agregó que la violencia en las zonas fronterizas del país a causa del narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia, es un panorama que impacta la vida y las aspiraciones de niñas, niños y adolescentes, por lo que mientras este problema no se atienda con políticas públicas y políticas internacionales coordinadas, habrá más muertes de menores de edad y mayor desunión familiar.
Al respecto, Elsa Herrera Bautiza, integrante de Juconi México, dijo que se deben restaurar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconocer a la infancia como sujetos de derechos con autonomía de decisión.
Guadalupe Ordaz Beltrand, integrante de Incide Social, observó que aunque las tareas de cuidado y crianza en el hogar deberían ser una tarea del sector público y estar acompañadas de políticas públicas, el Estado genera una sobrecarga de trabajo a las familias y principalmente a las mujeres y las niñas.
La pobreza de las familias, cada vez más aguda, también agrava los riesgos de la infancia respecto de la violencia, ya que padres y madres destinan más horas al trabajo y las y los niños son más proclives a ser víctimas o integrar redes criminales.
Nasheli Ramírez Hernández, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, insistió en la importancia de trabajar directamente con las niñas y niños para fortalecer sus capacidades de autocuidado y brindarles herramientas de protección.
Recordó que la violencia al interior de las familias forma parte de una cultura milenaria de maltrato infantil que se ha justificado como parte de la atención y los cuidados de la niñez; sin embargo, “somos capaces como humanidad de romper las conductas que naturalizan la violencia y formar nuevas dinámicas en las relaciones”.
14/AJSE/RMB
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Migración para armonizarla con tratados internacionales en la materia, investigar y castigar los delitos cometidos contra las personas migrantes, y proteger los Derechos Humanos (DH), principalmente de mujeres, niñas y adolescentes.
Luego de que organizaciones civiles y personas migrantes organizadas provenientes de Centroamérica visibilizaran a través de caravanas los riesgos y violaciones a DH que enfrentan durante su tránsito por México, la Cámara baja aprobó una iniciativa para reformar y adicionar los artículos segundo y 28 de la Ley de Migración.
El cambio al artículo segundo establece la protección de los DH de las y los migrantes con interés superior de la mujer y la niña, niño o adolescentes.
El señalamiento forma parte de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que obliga a las naciones a reforzar medidas para eliminar los factores de vulnerabilidad y riesgos a los que se ven expuestas las migrantes en su tránsito o estancia por México.
Según información del Inegi, en 2010 la población extranjera en el país era de 961 mil 121 personas, de las cuales la mitad son mujeres, el 48 por ciento tiene entre 10 y 29 años de edad, y son personas con capacidad de trabajar, pero con poca formación académica.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la Ley de Migración y la política migratoria del Estado mexicano deberán alinearse a los preceptos de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para promover, respetar, proteger y garantizar los DH.
Además, la ley y las políticas migratorias se deberán adecuar a la Carta Magna y los convenios y tratados internacionales firmados por México.
Con la reforma aprobada, el artículo 28 de la Ley de Migración establece que corresponde a la Procuraduría General de la República realizar las acciones necesarias, para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas las y los migrantes.
Al respecto, la diputada por Movimiento Ciudadano Nelly del Carmen Vargas Pérez señaló que es “preocupante” la cantidad de niñas adolescentes que son explotadas sexualmente, y recordó que aún no hay respuesta por parte de funcionarios en cuanto a las quejas por una presunta red de trata de personas que opera en la región suroeste del país.
De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, 24 por ciento de las mujeres migrantes que se trasladaron por territorio mexicano fueron víctimas de violación sexual.
En 2013, durante la conmemoración por el Día Internacional del Migrante, el Instituto de la Mujer Migrante denunció que aunque se reconoce que la migración tiene aspectos que afectan de manera distinta a mujeres y hombres, “la mayoría de las disposiciones y políticas migratorias aún carecen de un enfoque de género”.
Y es que desde 2011 organizaciones civiles nacionales e internacionales se han pronunciado porque la política migratoria del país no criminalice a las personas migrantes, sino por el contrario, respete sus DH, proteja su vida y erradique las redes criminales de las que son víctimas, con especial afectación a las mujeres.
La semana pasada arribó a esta capital, procedente de Honduras, la “Caravana Vía Crucis de Migrantes”. El gobierno mexicano acordó un diálogo legislativo al respecto y se espera que el próximo 8 de mayo inicien unas mesas de trabajo.
El proyecto de decreto aprobado fue turnado al Senado para su ratificación.
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Viven en la pobreza, 26 millones de niñas y niños en México
Casi 26 millones de niñas y niños en México experimentan pobreza y pobreza extrema, ya que sufren precariedad en el acceso a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social, reveló el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Esta cifra representa el 53 por ciento de la población del país entre 0 y 17 años de edad, de acuerdo con el informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2010-2012”, que realizaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Coneval y que fue presentado hoy en esta ciudad.
Cabe señalar que la población infantil en México es de 39.2 millones, de la cual más de la mitad son niñas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en los datos del informe, se estima que específicamente 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en pobreza, y 4.7 millones en pobreza extrema, es decir, sin posibilidades de acceso a los servicios básicos para la subsistencia.
Estas cifras son mayores de acuerdo al índice de pobreza a nivel nacional que es del 45.5 por ciento; pero menores apenas 2 por ciento en comparación a las obtenidas en 2010, ya que la pobreza extrema en menores de 17 años pasó de 11.3 por ciento a 12.1 por ciento en 2012.
Isabel Crowly, representante de UNICEF en México, señaló que estas cifras son más agudas en contextos rurales e indígenas, por lo que la pobreza afecta al 78.5 por ciento de la infancia en estos contextos.
Además, 33.4 por ciento de las y los niños indígenas están en pobreza extrema; 93.5 por ciento tiene una o más carencias sociales, y 48.5 por ciento vive en hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Con esto, el estudio estableció que las características o condiciones de la población infantil que profundizan la pobreza son ser indígena, vivir en contextos rurales, tener un hogar ampliado, la condición laboral y escolaridad.
La pobreza en la infancia, explicó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, se mide de acuerdo con indicadores que no están relacionados únicamente al ingreso, por lo que para este estudio se valoró el índice de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, y acceso a la alimentación.
De éstos, la carencia de seguridad social es la más grande; en el resto, la población infantil indígena es la más afectada. Por otro lado, la población de cero a un año de edad es la que enfrenta más carencias por acceso a los servicios de salud.
Liena dijo que la pobreza infantil es consecuente a la de las familias, ya que en términos generales existe una reducción sistemática de la cobertura de seguridad social y de salud entre la población adulta, con lo que se deja sin servicios a la primera infancia.
Así, los factores que profundizan la pobreza infantil son la disminución de la cobertura de seguridad social y del ingreso familiar.
En 2012, 61.3 por ciento de la población de 0 a 17 años era parte de hogares con un ingreso inferior a la línea de bienestar y 28.2 por ciento enfrentaba inseguridad alimentaria moderada.
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Las mujeres sirias que huyeron de la guerra civil por la que atraviesa su país desde 2011 para refugiarse en Irak, viven en condiciones de hacinamiento, inseguridad, sin acceso a servicios de salud, educación o empleo, y están altamente expuestas a ser víctimas de violencia de género, violación sexual o matrimonios forzados.
Recientemente ONU-Mujeres publicó el informe “Nosotras sólo guardamos silencio. Violencia de género contra refugiadas sirias en la región Kurdistán iraquí”, que da cuenta de la realidad que enfrentan las mujeres desplazadas del país árabe y que buscaron asilo en el vecino Irak.
El texto destaca que a la par que el conflicto en Siria entra en su cuarto año, se puede visibilizar con mayor fuerza el devastador impacto que los enfrentamientos han tenido en la población, pues además de las pérdidas humanas se pueden contabilizar por millones a las y los refugiados.
Hasta febrero pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados registró 2 millones 450 mil 513 refugiados sirios; de ellos, 224 mil 356 se encontraban en Irak, el 97 por ciento viviendo en tres provincias de la Región de Kurdistán (entidad federal autónoma de Irak).
De acuerdo con los reportes, el 47.5 por ciento de las personas refugiadas en Irak son mujeres, quienes se exponen a violencia de género por el inadecuado acceso a viviendas seguras, a lo que se suma el hacinamiento y la falta de oportunidades para empleo y educación, así como el estrés provocado por el desplazamiento.
A partir de entrevistas e informantes, la investigación encontró que por ejemplo la mayoría de las sirias refugiadas (44 por ciento) no tiene educación o cuenta con educación informal y cerca del 55 por ciento no puede leer o lee con dificultad.
En ese contexto, uno de los graves riesgos que enfrentan estas mujeres es la violencia sexual. El 54 por ciento reportó que percibía un alto riesgo de ser abusada sexualmente en lugares públicos o privados.
Mientras que una de cada cinco mujeres dijo que le había sido ofrecido dinero por sostener relaciones sexuales, y una de cada 10 indicó que había sido presionada por oficiales gubernamentales, personal de seguridad o policías para tener sexo contra su voluntad.
ONU-Mujeres destaca que en Siria los niveles de violencia contra la población femenina eran altos incluso antes del conflicto, ya que previamente se había detectado que 13 por ciento de los esposos cometían violencia y que 67 por ciento de las mujeres habían reportado ser castigadas por un miembro de su familia, “lo que de cierta forma permitió que se diera un contexto de normalización y cultivo de la violencia durante y después del conflicto”.
Por ejemplo, a cuatro años de enfrentamientos, se ha dado un aumento en los casos de “muertes de honor”, que en los primeros seis meses de 2013 cobraron la vida de 40 mujeres refugiadas.
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Las mexicanas Lydia Cacho, Anabel Hernández y Verónica Basurto, junto con la peruana Mabel Cáceres, la hondureña Itsmania Pineda, la guatemalteca Ileana Alamilla, la hondureña Dina Meza, la estadounidense Laura Poitras, y la israelí Amira Hass, entre otras periodistas, son parte de las 100 personalidades de la información a nivel global.
A propósito del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo la lista “100 héroes de la información” para reconocer a periodistas que con su lucha o su trabajo promueven la libertad de expresión, y el derecho a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones.
En esta lista en la que RSF reconoció a 100 mujeres y hombres que han arriesgado su vida o han realizado un trabajo relevante se explica que es necesario reconocer el valor de las y los periodistas, reporteros ciudadanos o blogueros que, por su vocación informativa, cada día ponen en riesgo su seguridad y en ocasiones su vida.
Para esta agrupación internacional, los nombres expuestos son una fuente de inspiración para todas las personas que aspiran a la libertad, y es además un reconocimiento y homenaje a todos los periodistas –profesionistas o no– que día a día contribuyen a “iluminar el mundo y dar cuenta de la realidad”.
En el listado aparecen tres periodistas mexicanas. Lydia Cacho es reconocida por sus coberturas sobre la violencia y el abuso sexual contra las mujeres y la niñez, y por las agresiones que ha vivido desde 1999 por denunciar tales delitos. En su caso destaca que fue detenida en 2005 después de publicar el libro “Los Demonios del Edén”, en el que dejó al descubierto una red de pedofilia.
De acuerdo con la síntesis de su trabajo, en 2013 publicó el libro “Esclavas del Poder”, donde hizo una radiografía de la esclavitud sexual mundial, lo que le valió múltiples amenazas por sus denuncias periodísticas, razón por la cual se le incluyó como parte de las heroínas de la libertad de expresión.
Otra mexicana es Anabel Hernández, quien a través de una investigación desató el escándalo conocido como el “Toallagate” (la compra de toallas importadas por 400 mil dólares por el entonces presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, en 2001), y por el cual ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2002.
Asimismo, derivado de sus investigaciones escribió el libro “Los Señores del Narco”, en el que narra la complicidad entre políticos, militares y narcotraficantes, lo que generó amenazas en su contra y que tuviera que pedir seguridad policiaca para resguardar su integridad.
A decir de RSF, la actual colaboradora de la revista Proceso aún está en riesgo, ya que la protección ha sido insuficiente y su familia y algunas de sus fuentes han sido amenazadas por el trabajo informativo que ella realiza.
En la lista de héroes y heroínas aparece también la reportera independiente Verónica Basurto y quien ha trabajado sobre casos de corrupción e impunidad. La informadora ha colaborado junto con el periodista francés Laurence Cuvillier en el canal France 24.
La comunicadora dio seguimiento al secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005 y el encarcelamiento de la francesa Florence Cassez. En repetidas ocasiones fue amenazada por presuntos miembros de la delincuencia organizada y tuvo que cambiar de casa constantemente hasta que decidió exiliarse por un año en España.
Para la organización internacional, el caso de Verónica Basurto es un claro ejemplo de las fallas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que implementó México desde 2012 para proteger a comunicadores, y que no ha dado resultados eficientes.
Entre las periodistas nombradas está la estadounidense Laura Poitras, quien reveló las operaciones de vigilancia masiva de los servicios de inteligencia de su país y de Gran Bretaña; o bien, la periodista judía Amira Hass, quien vivió entre los palestinos en Gaza y Ramala desde 1993 para reportar el conflicto.
También están activistas como la chilena María Pía Matta, quien desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) defendió cerca de 10 años la libertad de expresión de las radios comunitarias de América Latina y el Caribe.
14/AGM/RMB
Los avances del DF en materia de salud sexual y reproductiva no han llegado a las madres adolescentes que habitan en las zonas capitalinas de más alta marginación, ya que los servicios de salud no visibilizan sus necesidades, no hay un seguimiento a sus casos, ni herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida.
Cecilia García Ruiz, directora del Programa de Género de la organización especializada en juventudes Espolea, detectó a través de entrevistas y grupos focales con madres jóvenes capitalinas la invisibilidad en la que se encuentran sus necesidades específicas.
A decir de la experta, después de un embarazo o un parto las capitalinas de incluso 15 años de edad entran a la categoría de “madres”, y todo aquello que los servicios de salud deberían proporcionarles como mujeres jóvenes ya no existe.
Y es que con el objetivo de generar recomendaciones de política pública, Espolea realiza una indagación para conocer cómo viven y reconocen sus derechos sexuales y reproductivos las madres jóvenes de las cinco delegaciones más marginadas de la capital del país: Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.
De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la última tasa de maternidad adolescente de la que se tiene registro asciende a 44.3 madres jóvenes por cada 100 mil mujeres de 15 a 17 años de edad.
Además de ser consideradas como las delegaciones con menores ingresos per cápita en la Ciudad de México, estas cinco demarcaciones registran los índices más altos de embarazos tempranos.
Por ejemplo, la Secretaría de Salud del DF estima que durante 2013 de 472 mil 105 mujeres adolescentes de 15 a 17 años que habitan en Iztapalapa, un 8 por ciento era madre o se encontraba en periodo de gestación en marzo pasado, es decir 37 mil 769 jóvenes.
Para García Ruiz una de las grandes carencias de los servicios de salud que atienden a las jóvenes cuando se convierten en madres es el seguimiento que debería hacérseles, pues se encuentran ante la falta de información para evitar segundos embarazos y generalmente su conocimiento en métodos anticonceptivos se reduce al uso del condón.
Esa invisibilidad también se traduce en falta de acciones que ayuden a las madres adolescentes a prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), y en la ausencia de protección integral a su salud y la de sus hijos.
FALTA DE INFORMACIÓN
Como muestra de lo anterior, en la delegación Xochimilco –donde habitan más de 108 mil mujeres entre 15 y 29 años de edad, según el Inegi– vive “Vera”. Aunque ella y su pareja utilizaban el condón durante sus relaciones sexuales, su método anticonceptivo falló “probablemente porque no revisaron que no estuviera roto”.
Al desconocer la existencia de las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE), a los 16 años ella se convirtió en madre por primera vez y abandonó la preparatoria.
Cuando acudió al Centro de Salud, ningún prestador de servicios le dijo que tenía la posibilidad de interrumpir su embarazo de forma segura y legal.
“En el Centro de Salud lo único que vi fueron carteles con dibujos sobre cómo amamantar o cómo será el parto, nunca vi un anuncio que hablara del aborto legal, si me hubieran hablado de él a lo mejor lo hubiera considerado”, explica.
Al nacer su primer hijo ella pidió que “la operaran” o le pusieran un método más efectivo, pero los médicos le respondieron que era muy joven y que aún podría tener más hijos. “Así que seguí usando el condón y nuevamente nos falló”, recuerda.
Un año después de dar a luz, “Vera” volvió a presentar un embarazo. “Cuando era niña deseaba ser mamá, pero tener dos hijos antes de los 18 años es muy complicado; me queda poco tiempo para trabajar y por ahora no puedo volver a la escuela”.
De acuerdo con García Ruiz, el programa de interrupción legal del embarazo (ILE) no ha logrado difundirse entre toda la población, especialmente para aquella que vive en zonas marginadas, y en caso de que las jóvenes conozcan el programa, se les condiciona a ir acompañadas de sus padres o tutores para acceder al servicio.
ALCANCES LIMITADOS
Recientemente (al conmemorar el séptimo aniversario de la ILE en el DF), el secretario de salud capitalino, Armando Ahued, informó que de abril de 2007 a la fecha accedieron a la ILE 6 mil 700 mujeres menores de edad, de las cuales el 98 por ciento acudió acompañada por su madre.
Cabe destacar que el protocolo de atención de ILE no establece como una obligación para las menores de edad que acudan a este servicio acompañadas de sus padres o tutores. No obstante, se ha detectado que en algunas clínicas se exige a las adolescentes este acompañamiento para acceder al servicio.
También se ha constatado, según García Ruiz, que a las madres adolescentes tampoco se les hace un seguimiento, ni se les brindan las opciones que les permitan prevenir un segundo o tercer embarazo no planeado.
“Cuando dan a luz por primera vez les dan información general sobre métodos anticonceptivos y algunas de ellas acceden a ellos, pero no hay un seguimiento real de su situación aunque un segundo embarazo con un periodo corto de espaciamiento implique un grave riesgo para su salud”, acota la activista.
Cuando se trata de jóvenes –sostuvo– se debe partir de la realidad de que estas mujeres son y serán sexualmente activas y tal vez no con la misma pareja.
Agrega que en los servicios de salud no se considera la sexualidad como un ámbito de goce y disfrute de la vida de las mujeres, y por el contrario muchas veces se parte de la creencia de que las madres viven en pareja y no tienen relaciones sexuales disfrutables. “Es como si en el momento de convertirse en madres, dejaran de ser jóvenes”, apunta la especialista.
“Andrea”, también habitante de Xochimilco, dice a Cimacnoticias que “cuando eres mamá a los 18 años, dejas de ser joven, dejas de vivir muchas cosas y otras ya no te las explican, ahora debes de vivir para tus hijos y ya no para tu juventud”.
A decir de la joven, se requieren más que carteles o difusión escolar sobre el uso de métodos anticonceptivos, porque “sabemos que existen, sabemos cómo usarlos, pero cuando eres joven simplemente te enamoras y no piensas que te puede pasar algo, que lo que te dicen en los comerciales te va a pasar a ti, tampoco piensas que esa persona en la que depositaste tu confianza te va a lastimar, si te embarazas y estás en un noviazgo violento, nadie toma en cuenta eso”.
A la falta de políticas públicas para prevenir y atender los embarazos tempranos se suma la inexistencia de un sistema de seguridad social que dé protección social a la joven madre y su descendencia.
En esa situación está “Irene”, quien está embarazada actualmente y hace uso del seguro facultativo que le da la escuela, pero éste no le brinda protección a su hijo y se acabará si ella abandona la escuela, por lo que decidió buscar el apoyo de sus padres y suegros para pagar por su atención médica.
Según estimaciones de la Redim (con base en información oficial), en el DF alrededor de 34.5 por ciento de la población de 0 a 17 años no es derechohabiente de algún sistema público de salud.
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Avanzan estudios sobre influencia de medios en cultura patriarcal
Aunque los medios de comunicación continúan reproduciendo patrones de lo femenino y masculino anclados en el ideario machista, los estudios de comunicación en Cuba poco a poco van a asumiendo una postura más crítica ante esta situación.
“En la agenda académica de la Facultad de Comunicación (Fcom) de la Universidad de La Habana, durante el último lustro, los estudios centrados en temáticas de género han adquirido mayor protagonismo”, confirmó a SEMlac la psicóloga Ileana González López, vicedirectora docente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
Resultado de una investigación aún en curso, la afirmación de González López está respaldada por datos concretos.
Si entre 1987 y 2007 apenas se realizaron una decena de tesis de licenciatura relacionadas con la teoría de género en la Fcom, entre 2008 y 2013 estas investigaciones sumaron 18, dos de ellas en opción al grado de Maestría en Ciencias de la Comunicación y una vinculada a un ejercicio de Doctorado, según detectó la sistematización de la investigadora.
La mayoría de los ejercicios analizados por González corresponden a estudios de medios de prensa escrita o agencias.
Mientras, el medio periodístico radial fue el menos explorado con sólo un acercamiento, constató la indagación presentada el pasado 16 de abril en un taller previo a la décimo primera edición del Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, que sesionará en mayo próximo en la capital cubana.
Este evento también se inserta en el proyecto “Programa nacional de capacitación en género para profesionales de los medios de comunicación”, que coordina desde hace cerca de un año la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el apoyo de la organización Mundubat y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“Llama la atención que una sola de las investigaciones consultadas fue realizada por un estudiante hombre, una alerta para seguir sensibilizando a los colegas en estos temas”, alertó González, quien proyectó la sistematización como un ejercicio académico de Maestría y aspira a hacerlo en todo el ámbito de las ciencias sociales y humanísticas de la sede universitaria capitalina.
En general, “estos estudios muestran que las investigaciones sobre género y medios de comunicación han transitado desde la centralidad en el análisis de los mensajes, en particular de la imagen de las mujeres en los medios, hasta otras aristas como el estudio de las representaciones sociales que están mediando la producción comunicativa”, reflexionó.
La evidencia de que los medios “refuerzan y reproducen las actitudes, representaciones, imágenes e informaciones discriminatorias de la sociedad a nivel discursivo y simbólico ha sido punto de partida de ese interés por analizar cómo se construye socialmente esta categoría en el discurso periodístico y también entre los profesionales de la comunicación”, agregó.
Los medios de comunicación son parte de las 12 áreas prioritarias para lograr la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, según la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995.
Sin embargo, aún resulta una asignatura pendiente la transversalización de la perspectiva de género en sus agendas. Y aunque la Fcom habanera muestra un creciente interés por investigar las causas y consecuencias de esas carencias, tampoco resulta suficiente.
Los estudios acerca de los nexos entre género y comunicación representan apenas el uno por ciento de los estudios comunicológicos del país, según el artículo “La investigación en Comunicación. Su lugar en Cuba”, de Hilda Saladrigas y Dasniel Olivera, profesores de la Fcom.
Publicado en 2012 por la Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, editada por la Universidad de Brasilia, el texto compara esta proporción con otras áreas de estudio como el “diseño de comunicación visual” y la “comunicación educativa”, que muestran un 5 por ciento de presencia.
Pero también con otros más puntuales como “comunicación y salud” o “comunicación y cultura”, con un 3 y un 2 por ciento de presencia, respectivamente, por sólo citar algunos ejemplos.
En su investigación, González López destaca como fortaleza la existencia de un referente teórico-metodológico propio para incorporar el enfoque de género en los estudios comunicológicos, asumiendo que las teorías de la comunicación y de género se constituyen en dos saberes que pretenden analizar la construcción social de sentido.
Consolidado definitivamente en tesis de Doctorado por la también profesora Isabel Moya, directora de la Editorial de Mujer, es un aporte sustantivo en un terreno que aún tiene muchos obstáculos que vencer.
Para González López resulta importante generalizar los todavía incipientes estudios de representación social del género en el discurso periodístico, pero también “abordar otros aspectos como el proceso de construcción de los mensajes, las rutinas productivas de medios diversos, los procesos de recepción y las mediaciones que intervienen en la publicación y comprensión de estos temas”.
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