Para defender los derechos de los animales necesitamos más ciencia y menos rabia. ¿Cómo argumentamos la necesidad de mejores leyes frente a los que aman la tauromaquia y las peleas de gallos?
Tal vez lo principal es lograr diferenciar en qué se basa el debate público cuando se trata de evitar que haya animales en los circos, que se pesque por diversión o que se torturen toros para el goce público.
Los que defienden estas prácticas lo hacen desde el falso derecho al goce que los humanos tienen sobre las otras especies animales, considerándolas objetos y no sujetos que sufren y se conmueven.
Quienes han logrado que se legisle para evitar la crueldad contra los animales saben que gracias a la reciente decodificación del genoma de algunas especies, incluyendo la humana, se ha demostrado la gran cantidad de genes que compartimos las diferentes especies que habitamos el planeta.
Beatriz Vanda es doctora en Bioética por la UNAM, investigadora y docente de esa universidad, y una de las grandes especialistas en ética ambiental y de los animales en México.
Ella nos explica que los estudios de anatomía y fisiología comparada entre el humano y los demás vertebrados han revelado que en los mecanismos neurales y bioquímicos de percepción, integración y respuestas al dolor hay más semejanzas que diferencias.
Los estudios científicos presentados en el Programa de Bioética de la UNAM nos muestran las evidencia de cómo los vertebrados no humanos experimentan el dolor en forma sensible y consciente.
En el organismo de animales como perros, gatos, leones, jaguares, caballos, elefantes y demás vertebrados, encontramos los mismos mediadores químicos que intervienen al percibir y sentir el dolor.
Hay una gran similitud en las reacciones bioquímicas y fisiológicas frente al dolor físico, al encierro y otras formas de sufrimiento causado con desprecio, sentimiento de dominación e intención cruel.
Cuando sienten dolor y miedo, dice la doctora Vanda, los mamíferos muestran cambios en sus expresiones faciales y emiten vocalizaciones para expresarlo.
Antes se creía que los animales no tenían sentimientos, dice la experta en Bioética; hoy sabemos que todos los vertebrados experimentan estados mentales (emociones y sentimientos), es decir, tienen experiencias subjetivas a las que nadie más que el propio sujeto (sea perro, gato o simio) tiene acceso.
Los animales poseen las estructuras anatómicas y los mecanismos necesarios para generar recuerdos, pensamientos, emociones y sentimientos.
A pesar de lo que quieran creer los defensores de la tauromaquia y otras formas de maltrato animal, la ciencia ha demostrado que las emociones y sentimientos se generan en el sistema límbico, que permite a un humano y a un perro distinguir entre lo agradable y lo desagradable.
Pueden sentir miedo, pánico, afecto, alegría y tristeza; el hecho de que los seres humanos lo demostremos de formas más complejas que los otros vertebrados, significa muy poco.
Ya la mayoría de etólogos y neurofisiólogos han demostrado que los mamíferos y las aves tienen conciencia; es decir, que tienen experiencias de las cuales se dan cuenta.
La filosofía contemporánea nos dice que hay dos estatus para los seres vivientes: los agentes, que tienen derechos morales y jurídicos dado que pueden responder a sus actos, tienen deberes y obligaciones hacia los demás, y los pasivos morales, quienes no pueden responder por sus actos, no tienen deberes pero son susceptibles a sufrir.
La doctora Beatriz Vanda nos ayuda a entender que los animales son pasivos morales, merecen nuestra consideración y ésta puede ser definida como éticamente correcta o incorrecta.
Son las emociones las que nos mueven inicialmente a indignarnos frente a la violencia contra los animales, sin embargo tenemos que utilizar los argumentos de la bioética para lograr defender las causas del buen trato hacia todos los seres vivos. Así podemos deconstruir la cultura que justifica la violencia.
Twitter: @lydiacachosi
* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
14/LCR/RMB
abril 2014
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se negó a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso de Ossiel Gómez Torres, una madre que no ha visto a su hija desde hace dos años por negligencia de una agente del Ministerio Público (MP).
Ante esta situación, Ossiel Gómez Torres interpuso el pasado 24 de abril ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un recurso de impugnación, no sólo por la respuesta de la PGJE, sino por la negligencia que tuvo en el caso la CEDH.
La denunciante señaló que desde el pasado 20 de marzo la PGJE notificó a la CEDH que no aceptaba la recomendación y fue hasta el pasado jueves que el organismo humanitario hizo saber el resolutivo a Ossiel.
“Por más de un mes tuvo detenida la respuesta y para mí ese es tiempo sin poder ver a mi hija. Yo estuve pendiente, iba a la CEDH y ellos me decían que aún no llegaba, que la respuesta no era clara y hasta ahora es que me dicen que no había sido aceptada cuando desde el 20 de marzo ellos sabían el resolutivo”, dijo la mujer.
El pasado 27 de febrero la CEDH emitió una recomendación a la PGJE, la primera que emite el organismo a una dependencia en la actual gestión del gobernador Manuel Velasco Coello.
En la recomendación, la CEDH le pide a la PGJE garantizar el regreso de la niña con su madre; emitir una disculpa pública; iniciar una averiguación previa en contra de las personas involucradas en su caso; así como tratamiento psicológico para Ossiel y Valentina y una indemnización.
CASO OSSIEL
Desde el 16 de marzo de 2012, Ossiel Gómez Torres no ve a su hija Valentina. Su esposo Luis Roberto García Palacios la acusó de maltrato infantil. Debido al proceso que se seguía le pidieron presentar a su hija a la PGJE para hacerle diferentes exámenes.
“Cuando recibí el citatorio me presenté a declarar sola, pero me dijeron que tenía que ir con la niña; regresé con Valentina y me dijeron que tenía ella que declarar sola y que le harían unos exámenes para determinar si sufría de violencia.
“Se la entregué a la agente del MP María de los Ángeles Roque Cruz y cuando regresé me dijo que se la había entregado a su papá y desde ese entonces no he vuelto a ver a mi hija”, narró la madre.
La MP fue sancionada y el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales determinó que no existían pruebas para determinar que Ossiel Gómez Torres haya incurrido en el delito de violencia familiar en contra de su hija.
En el papel Ossiel recuperó la custodia de su hija, pero hasta ahora no ha podido verla porque el padre se lo impide y la autoridad no ha hecho algo para obligarlo a entregarle a la niña.
14/SS/RMB
Las mujeres indígenas que emigran a los campos agrícolas del noroeste de México en Sinaloa, Baja California (BC) y Sonora –al huir de la violencia, hacinamiento, pobreza, marginación y ausencia del ejercicio de sus Derechos Humanos en sus comunidades– padecen explotación laboral y no encuentran cambios significativos en su estilo de vida.
Según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, se considera explotación laboral cuando alguien obtiene beneficio mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad como condiciones peligrosas o insalubres, sin protecciones necesarias o bien por la desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado.
Tal situación se presenta en los campos agrícolas de Hermosillo (Sonora), así como en San Quintín (BC), explica la profesora investigadora del departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Dolores París Pombo, al detallar que estas indígenas laboran en condiciones de “mucha pobreza” y violación radical de derechos laborales.
En su investigación “Migrantes, desplazados, braceros y deportados”, París Pombo detalla que Hermosillo, San Quintín y Tijuana (también en BC), conforman la región agroexportadora en el noroeste de México, un punto de destino para miles de mujeres y hombres migrantes que buscan un empleo, y quienes en estas zonas establecen asentamientos permanentes marcados por la miseria.
Lo mismo pasa en los campos agrícolas de Sinaloa, donde Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, denuncia las condiciones en que viven y laboran las mujeres jornaleras, quienes son llevadas a través de “enganchadores” que les prometen trabajo, vivienda y el traslado desde sus comunidades junto con sus familias.
Sin embargo, a su llegada son llevadas a las “cuarterías”, que Lópes describe como pequeños terrenos divididos hasta en 60 espacios en los que habitan las familias entre el hacinamiento, falta de ventilación y sin posibilidad de que ingresen servicios médicos o de emergencia en caso necesario, ya que está restringida la entrada, y se ha sabido de asesinatos al interior, según la activista.
En su jornada laboral en el campo (que inicia a las cuatro de la mañana) las condiciones son de un riesgo latente para estas mujeres, ya que viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos y la mayoría no tiene acceso a servicios de salud, ya que hay casos en los que ellas tuvieron que parir en medio de los surcos.
Apenas tienen 15 minutos para comer algo a mediodía y continuar laborando, pero además tienen que llevar sus propios alimentos, bebidas y protecciones para el sol o plagas que hay entre los matorrales, ya que los empleadores no les brindan ninguno de estos recursos.
En materia de salarios, Amalia Lópes informa que ellas no ganan más de 75 pesos por día, y que incluso prefieren no descansar si hay oportunidad ya que “viven al día”.
ALEJADAS DE SU TIERRA
En su estudio, París Pombo señala que al término de la temporada agrícola en Sinaloa, en los meses de abril o mayo, contratistas y las mismas migrantes se trasladan a otros campos en Hermosillo, el Valle de San Quintín o al sur de Ensenada, BC, en el pueblo de Maneadero, por lo que no regresan a sus comunidades por algunos años, como sucede con las mujeres triquis de la región de Copala, en Oaxaca.
Como ejemplo, dice la investigadora, está el caso de Josefina, quien creció en los campamentos de Sinaloa y más tarde en San Quintín. Sus padres salieron con ella de Copala antes de que tuviera un año de edad y desde entonces nunca ha regresado a su pueblo natal.
Margarita Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –asentado en el estado de Guerrero–, explica que según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, esta entidad (seguida de Oaxaca y Chiapas) es la que más población expulsa de su territorio debido a la pobreza, hambre y marginación de sus habitantes.
En un recorrido, Cimacnoticias constató que el municipio guerrerense de Tlapa de Comonfort es la principal localidad expulsora de migrantes, ya que en siete años (de 2006 a 2012) la zona de la Montaña (con población tlapaneca, mixteca y nahua) expulsó a 33 mil mujeres, quienes emigraron en busca de mejores horizontes.
En su informe “La Montaña de Guerrero: tierra de mujeres migrantes” –publicado en diciembre de 2013– Tlachinollan detalla que las mujeres originarias de estas localidades crecen en contextos de desnutrición, violencia, ausencia de salud, vivienda y educación, sin acceso a la justicia, y además son obligadas a contraer matrimonio a los 11 o 12 años de edad para ser madres casi de inmediato.
RECLAMOS
En su informe, Tlachinollan considera una serie de obligaciones que tienen que cumplir los empleadores con la población jornalera migrante, tales como el suministro gratuito de habitaciones adecuadas e higiénicas, así como su mantenimiento; brindar agua potable y servicios sanitarios en las horas de trabajo; dar asistencia médica; fomentar la alfabetización y utilizar intérpretes cuando no hablen español.
Igualmente, al final de la temporada agrícola se deba dar el pago proporcional por concepto de vacaciones, aguinaldo y cualquier otra prestación; así como un seguro de vida en los traslados desde las comunidades indígenas al norte del país e instalación de guarderías.
Tlachinollan advierte que las visitas de las autoridades federales para verificar las condiciones de seguridad e higiene en los campos agrícolas son “laxas”, ya que no desembocan en multas cuyos montos inhiban la repetición de las violaciones a los derechos laborales.
En un informe del 8 de diciembre de 2006, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU recomendó al Estado mexicano que tome medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas de temporada, y solicitó que todas las denuncias de abusos y malos tratos sean investigados y se sancione a los responsables.
Por ello, Tlachinollan afirma que las violaciones a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras ocurren por negligencia u omisión del Estado, y acusa que las autoridades han sido omisas en implementar medidas administrativas, legislativas, así como políticas públicas que eviten estos abusos.
14/LOA/RMB
A dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz –que fue encontrada sin vida el 28 de abril de 2012 en su domicilio en la ciudad de Xalapa–, el caso no se ha resuelto porque entre las irregularidades destaca que no se investigó la línea periodística y sólo hubo un detenido que dijo haber sido torturado para confesar el crimen.
La investigación del asesinato de Regina resultó con un detenido y si bien el caso llegó hasta los tribunales, las pesquisas se caracterizaron por estereotipos de género, irregularidades y omisiones que derivaron en la falta de justicia, ya que aún hoy no hay una sentencia firme ni certeza de quiénes fueron los homicidas.
Destacada por sus coberturas periodísticas en temas sociales, políticos, de corrupción y violencia, entre las que resaltó el seguimiento del presunto asesinato y violación sexual de la indígena Ernestina Ascencio, cometido en 2007 por militares, Regina se sumó a la lista de periodistas asesinados en el actual gobierno del priista Javier Duarte.
Aunque el semanario Proceso presentó elementos para que se investigara la posibilidad de que el crimen se debiera a la labor periodística de Regina (toda vez que ella recibió amenazas previas, fue víctima de robo y en ocasiones la revista fue comprada masivamente cuando la reportera publicaba temas de escándalo político y social), han pasado dos años y no hay certeza de quién y por qué la asesinó.
Lejos de que el gobierno estatal, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –de la PGR– investigaran y esclarecieran los hechos como un ataque al periodismo, se empeñaron en afirmar que se trató de un robo con “tintes pasionales”.
De acuerdo con un informe sobre la impunidad en los casos de violencia contra mujeres periodistas que en breve publicará Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), sobre ellas recae el estigma de que siempre mienten y exageran, o que provocaron las agresiones de las que son víctimas, por lo que se les suele negar la justicia.
El caso de Regina no fue la excepción: en él prevalecieron los estereotipos sexistas y discriminatorios, ya que la investigación de la PGJV concluyó el 30 de octubre de 2012 cuando determinó que la reportera fue asesinada como resultado de “un conflicto pasional”, lo que a decir de sus colegas y organizaciones por la libertad de expresión buscó restar importancia al crimen.
No obstante, el caso no se ha cerrado porque pese a la conclusión de la PGJV, que ubicó al presunto culpable y logró que lo condenaran a 38 años de prisión, el juicio continúa luego de que el sentenciado apeló la resolución al argumentar que fue torturado para confesar.
ESTIGMAS
El reportero Jorge Carrasco, quien dio seguimiento a la investigación, señaló en sus reportajes para Proceso que cuando este medio de comunicación pidió que se investigara la línea periodística, la autoridad citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y a algunos les tomó también las impresiones de su arcada dental porque el cuerpo de Regina tenía una mordida.
Aunque el semanario solicitó indagar posibles relaciones del homicidio con el trabajo de la reportera, la PGJV interrogó a los periodistas sobre su relación con ella pero como no hubo muchas respuestas sobre el crimen, la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” de Regina.
Este peritaje, enfocado a demostrar la supuesta vulnerabilidad de la informadora que la hizo blanco fácil del homicidio, destacó que se trataba de una mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un “cambio de ánimo” hacia el final de su vida. Este cambio lo atribuyeron a que si bien era reservada, tenía un novio.
La PGJV concluyó que aquel viernes 28 de abril a la medianoche Regina invitó a su “novio” a su casa, quien llegó acompañado. Ella dejó pasar a los dos sujetos; salió a comprar cervezas, regresó y se pusieron a bailar, según la versión oficial.
Regina le reclamó al supuesto novio que la tenía abandonaba, pelearon, forcejearon y ella intentó asesinarlo con un cuchillo que tomó de la cocina. Él la golpeó primero y luego el amigo se acercó a golpearla. Entonces le preguntaron dónde guardaba el dinero, ella les respondió, lo tomaron y se fueron.
Carrasco publicó que había dudas sobre la versión del “crimen pasional” y la responsabilidad de José Adrián Rodríguez Domínguez, “El Jarocho”, y Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, quienes fueron presentados como los asesinos.
LOS DETENIDOS
En octubre de 2012 la PGJV informó a los medios que tenía elementos para señalar a dos responsables. El primero era “El Jarocho” y supuesto novio de la reportera, y el segundo “El Silva”, quien confesó haber participado en el robo y homicidio.
La Procuraduría dijo que detuvo a “El Silva”, pero acotó que no había ubicado a “El Jarocho”.
En su momento, Diana Coq Toscanini, quien fuera designada coadyuvante del caso por la revista Proceso, criticó que la Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara a “El Jarocho” en Mérida y luego soltara el rumor de que estaba muerto, y que “El Silva”, asesino confeso, estuviera aislado del resto de los reclusos, sin recibir visitas y sin tratamiento médico pese a tener VIH.
El 2 de noviembre de 2012 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de la PGJV dictó formal prisión a “El Silva”. Posteriormente una juez de primera instancia lo condenó a 38 años y dos meses de prisión, pero el presunto responsable dijo que lo torturaron y lo obligaron a incriminarse y narrar la versión del homicidio pasional.
“El Silva” apeló la sentencia y logró que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocara la condena.
En este contexto Proceso destacó que en la investigación, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, no hubo nada sobre el robo en su domicilio, ni la posible participación de la delincuencia organizada en un estado donde se le acusa de asesinatos contra la prensa.
Otro dato al que no se le dio seguimiento fue que el 9 de mayo de 2012, 11 días después del crimen, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, “El Chilango”, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato estaban involucrados supuestos narcomenudistas.
El pasado 19 de abril el semanario publicó sus dudas sobre el juicio, ya que la última decisión sería del magistrado Agustín Romero Montalvo. La revista señaló que el gobernador logró que el Congreso estatal designara a la esposa del juzgador, María Dolores Silva Obando, como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
14/AGM/RMB
Para proteger los derechos de las niñas es necesario aumentar la edad permitida para la unión civil, combatir la pobreza y ofrecerles oportunidades de desarrollo.
El Estado tiene la responsabilidad de evitar uniones y matrimonios a edades tempranas y para ello, dicen especialistas, puede valerse de diversas estrategias que van desde reformas legislativas y políticas públicas hasta incidir en la cultura.
El primer paso, asegura la diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara baja, Verónica Juárez Piña, es homologar los códigos penales y civiles de los estados para establecer una edad mínima para el matrimonio.
Actualmente el artículo 148 del Código Civil Federal (CCF) establece que la edad para contraer unión civil es 14 años para las mujeres y 16 para los hombres.
Esta regla es distinta dependiendo de cada entidad. En ocho estados se replica la norma federal, en seis la edad mínima es 16 años para mujeres y hombres. En Baja California Sur es de 18 años para hombres y 16 para mujeres.
En otras 17 entidades la edad mínima es de 18 años para hombres y mujeres. Sin embargo, en las legislaciones locales existe la excepción de hacer caso omiso a la edad si los padres están de acuerdo en la unión.
Por ello la legisladora dice que hay que modificar las leyes estatales para que la edad mínima sea de 18 años para ambos sexos, y se elimine la excepción del consentimiento parental, ya que la decisión debe ser sólo de los contrayentes.
El pasado 21 de abril las senadoras Angélica de la Peña y Alejandra Barrales (ambas del PRD), Diva Hadamira Gastélum (PRI) y Martha Elena García (PAN) propusieron reformar el CCF y aumentar a 18 años la edad mínima para el matrimonio a nivel federal.
EVASIÓN DE LA JUSTICIA
Pero la diputada Juárez Piña asegura que otro problema a atender es que muchas uniones infantiles son producto de violaciones sexuales, porque en muchas comunidades rurales se acostumbra que el agresor de una niña se case con ella para evitar ser acusado de algún delito.
Es por ello que en enero pasado la legisladora presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal (CPF) y equipar el delito de estupro con el de violación sexual, y que ambas conductas se castiguen con penas de ocho a 30 años de prisión.
Actualmente el estupro se define en el CPF como la relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18, y se sanciona con tres meses y hasta cuatro años de cárcel.
Sin embargo la persona puede ser eximida si se casa con su víctima, por lo que Juárez Piña afirmó que esta tipificación no corresponde a la realidad porque pese al consentimiento y la promesa de matrimonio se trata de un abuso a la niñez y la adolescencia.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que otra estrategia para que las niñas no tengan que casarse o unirse son los programas de educación sexual, que se deben difundir desde las instituciones de salud y de educación pública.
En su opinión se deben instaurar mecanismos que permitan la educación sexual desde la infancia y garanticen la accesibilidad a los servicios de anticoncepción para las y los menores de edad, lo que evitaría embarazos tempranos y uniones civiles.
En casos de las niñas que ya presentan embarazos, dice, las instituciones de salud deberían crear un registro federal de niñas embarazadas para incorporarlas a programas especiales que las ayuden en su desarrollo sin tener que recurrir al matrimonio.
PROGRAMA FALLIDO
El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) tuvo el espíritu de abrir posibilidades de desarrollo a las niñas y adolescentes embarazadas y en riesgo de casarse.
Pero a partir de este año, este programa que daba una beca de 850 pesos al mes durante 10 meses a estudiantes embarazadas de entre 12 y 18 años, desapareció para integrarse al Programa Nacional de Becas.
El activista señala que el Estado necesita desarrollar campañas de concientización para desnaturalizar como algo “normal” los matrimonios infantiles, y visibilizar sus graves consecuencias para la niñez.
Apunta que una estrategia más es cumplir con los acuerdos internacionales que México ha firmado y que exista un órgano regulador o rector de la política pública en materia de derechos de la infancia, y que se ocupe de temas como las uniones tempranas.
Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la Fundación chiapaneca Melel Xojobal, añade que es necesaria una mayor articulación entre instituciones, información de calidad para jóvenes y adolescentes, más inversión pública en la niñez y acceso efectivo a los servicios de salud.
La doctora en Antropología por la UNAM Jahel López Guerrero enfatiza que se debe empezar a trabajar en los contextos precarios poniendo atención en los indicadores de desarrollo de salud, y de empleo para poner fin a este flagelo.
Abundó que deben dirigirse investigaciones y acciones enfocadas a todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres y no sólo a la edad reproductiva, toda vez que la niñez y adolescencia son etapas de aprendizaje, experiencia y preparación para la toma de decisiones.
En el tema de cultura indicó que es importante que la formación durante la adolescencia esté llena de contenidos relacionados con el ejercicio de derechos, autonomía y poder propio, y no sólo valores vinculados con el matrimonio y la maternidad.
Otra estrategia para incidir en la cultura, en opinión del sociólogo Claudio Stern, ex director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, es usar los medios de comunicación para difundir programas, series y hasta novelas con contenidos menos conservadores y más educativos.
14/AGM/AJSE/RMB
OEA reconoce sesgo de género en agresiones a las periodistas
Por primera vez, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que la violencia contra las mujeres periodistas tiene particularidades debido a las construcciones sociales de género, y la discriminación a la que tradicionalmente han estado sujetas las mujeres.
La relatoría destacó que –como lo señala el “Informe diagnóstico. Violencia contra mujeres periodistas. México 2010-201”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)– la violencia contra las periodistas abarca asesinatos, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género.
En su informe anual 2013 presentado este 23 de abril en Washington, el organismo dijo que las mujeres periodistas corren peligros adicionales, como ya lo afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.
Según Naciones Unidas, las periodistas corren riesgos como la agresión sexual, la violencia sexual de multitudes contra periodistas que cubren acontecimientos públicos, o el abuso cuando se encuentran en detención o cautiverio, ello debido a la existencia de “poderosos estigmas culturales y profesionales”.
La relatoría de la OEA coincidió con el informe de la ONU en el sentido de que las agresiones diferenciadas contra las mujeres periodistas no se dan a conocer porque se consideran normales, y por tanto consideró que al implementar medidas para hacer frente a la violencia contra el gremio periodístico hay que tener en cuenta las cuestiones de género.
Según la relatoría, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce que la violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, la cual impide y anula de forma severa el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres, entre ellos el derecho a la vida y la integridad personal.
La relatoría señaló que poco se ha documentado sobre la situación de las mujeres periodistas y la violencia a la que se enfrentan por el ejercicio de su profesión en América, ya que no existen estudios regionales o locales exhaustivos y los datos existentes no reflejan la amplitud del problema.
Para el organismo, la falta de estudios es consecuencia de la precariedad y la ausencia de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, lo que es un obstáculo relevante para examinar causas y tendencias del fenómeno.
En ese sentido, dijo que entre los desafíos en el acceso a la justicia para las periodistas están la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de la violencia, el alto subregistro y la falta de denuncia de incidentes debido a la estigmatización asociada a estos actos y acciones de represalia de los agresores.
La relatoría destacó que resultados preliminares de la primera encuesta mundial sobre la materia, realizada en 2013 por organizaciones civiles en colaboración con la UNESCO, revelan que las periodistas son víctimas de intimidación y amenazas, violencia y acoso sexual, y “cyber-bullying”, entre otros ilícitos.
En este contexto destacó que en México desde hace unos años organizaciones como CIMAC han emprendido esfuerzos importantes para documentar la situación de las periodistas, pero criticó que esta violencia permanezca “invisible e inaudible para muchos” o reciba un “trato negligente, poco uniforme y equitativo”.
14/AGM/RMB
Seguridad social y servicios de salud para mujeres sin empleo
Miles de mujeres que están en el desempleo y la informalidad deben contar con seguridad social y servicios de salud gratuitos, ya que estos son un Derecho Humano más que laboral, reclamaron organizaciones civiles en el Senado de la República.
En representación de distintas organizaciones sindicales, la economista especializada en género Carmen Ponce Meléndez propuso lo anterior durante el foro “Reforma de salud en México: su impacto en los principios de la seguridad social”.
Ponce, quien participó en la mesa “Sistema Nacional de Salud Universal y otros enfoques para la transformación del sector salud”, señaló la necesidad de construir un sistema de “Seguridad Social Universal” inclusivo e igualitario para toda la población, en especial para las mujeres.
En su ponencia “La Seguridad Social Universal que queremos desde la mirada de las y los trabajadores”, la experta indicó que el aumento del desempleo y la informalidad laboral provoca que la mayoría carezca de acceso a servicios públicos de salud, guarderías, pensiones y prestaciones para la vivienda.
No obstante señaló que esta carencia es peor para las mujeres, ya que 5.01 por ciento de la población femenina económicamente activa no cuenta con una fuente de ingreso; 59.68 por ciento está en la informalidad, y 55.1 por ciento percibe ingresos menores a dos salarios mínimos.
Para lograr la “universalidad” del acceso a la salud es necesario que las instituciones públicas se “homologuen hacia arriba”, en cuanto al número de afiliados y la calidad de los servicios de salud. Es decir, la experta puso como ejemplo, el Seguro Popular debería de ampliar su cobertura y su modelo de atención al nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello no tendría que haber un solo sistema sanitario como plantea Enrique Peña Nieto.
Cabe recordar que el Ejecutivo anunció que presentará una iniciativa de reforma para crear un solo Sistema Nacional de Salud Universal, así como un fondo único que reciba impuestos generales de la población para financiarlo.
Además, abundó, se deben atender elementos complementarios a la salud como el empleo, salario y vivienda digna, ya que esto condiciona la salud pública y personal.
La economista propuso que para hacer frente a la problemática, la población desocupada o en la informalidad podría acceder a la seguridad social y a los servicios de salud gratuitos con una aportación mínima o sin costo para quienes reciben menos de dos salarios mínimos.
La iniciativa de crear una “Seguridad Social Universal”, como llamó la economista a la propuesta de reforma con enfoque de género al sistema de seguridad social, nació de la Red de Mujeres Sindicalistas, la Unión Nacional de Trabajadores y el Centro de Reflexión y Acción Laboral.
Fernando E. Mayans Canabal, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, señaló que todas las propuestas del foro serán consideradas y analizadas por la Cámara alta para su eventual legislación.
14/AJSE/RMB
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) debe acatar lo ordenado por el Poder Judicial, y realizar de manera inmediata una investigación por violencia feminicida en el Estado de México, consideró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, adelantó a Cimacnoticias que la próxima semana se publicará un desplegado en medios nacionales, para recordarle a Enrique Peña Nieto que la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Edomex es una exigencia incumplida desde que era gobernador de la entidad.
La especialista sostuvo que con el documento se denunciará la manera en que los integrantes del SNPASEVM, en especial la Secretaría de Gobernación (Segob), se han negado a dar cumplimiento a la sentencia de amparo que los obliga a realizar una investigación por violencia feminicida en el Edomex, que permita negar o aprobar una declaratoria de AVG de manera fundamentada.
En diciembre de 2010 el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron ante el Sistema una solicitud de AVG para la entidad ante los 922 asesinatos cometidos durante la gestión estatal de Peña Nieto, los cuales en su mayoría siguen impunes.
En febrero de 2011 el SNPASEVM sesionó y negó la procedencia de la investigación, ante lo cual las organizaciones civiles presentaron un amparo que fue concedido por el Juez Noveno de Distrito en 2012. En la resolución se ordenó al Sistema –integrado por dependencias federales y los institutos estatales de la Mujer– volver a sesionar para “motivar y fundamentar su voto”.
El Sistema sesionó dos veces: una para invalidar la negativa y posteriormente el 19 de julio de 2013 para negar otra vez la AVG bajo el argumento de que las activistas “no habían acreditado la existencia de la violencia feminicida”, y que al haberse tipificado el delito hasta 2011 en el Edomex los asesinatos denunciados no podían ser considerados feminicidio.
Con la resolución el Sistema pretendió dar por cumplida la sentencia, pero el Juez Noveno de Distrito determinó que no se acató cabalmente pues no se hizo una investigación de los hechos denunciados por las organizaciones civiles que sirviera de base para votar contra la declaratoria de AVG.
La sentencia del Juez Noveno de Distrito (cuya copia tiene Cimacnoticias) dice expresamente: “Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al momento de presentar la solicitud únicamente se debe afirmar en la misma que existe violencia sistemática contra las mujeres, no se debe comprobar que existen esas circunstancias, pues será hasta la etapa de investigación en donde se analizará si se cumple con los requisitos (para declarar la AVG)”.
Al no investigarse los hechos denunciados en 2010, el juez determinó que el Sistema no había acatado la sentencia. Ante ello, Segob interpuso una queja cuestionando las facultades y alcances de la sentencia del Poder Judicial.
María de la Luz Estrada informó que la queja interpuesta por Segob fue rechazada recientemente por ser improcedente, ante lo que nuevamente el Sistema está obligado a sesionar en un plazo de 30 días –a partir de que los integrantes sean notificados–, para determinar la procedencia de la AVG en el Edomex.
En ese sentido –acotó la experta–, exhortamos al titular del Ejecutivo y exigimos al Sistema a que “dentro del término de 30 días ordenado por el Poder Judicial, se analice la solicitud de AVG, resolviendo iniciar de manera inmediata la investigación, y con ello se ordene la conformación del grupo multidisciplinario, interinstitucional y autónomo, que garantice la imparcialidad de la investigación de los hechos denunciados, preponderando en todo momento la vida, libertad, integridad, seguridad y dignidad de las mujeres en el Estado de México”.
De acuerdo con el OCNF, a los más de 900 casos de feminicidio registrados hasta 2010 se sumaron los asesinatos de 563 mujeres entre marzo de 2011 y diciembre de 2012. En 2013 y lo que va de 2014 la cifra aumentó, pero debido a que no todos los casos de feminicidio se clasifican como tal, no es posible determinar el número exacto, aclaró el Observatorio.
Cabe acotar que la nueva sesión del Sistema podría llevarse a efecto en los próximos meses, toda vez que no existe un plazo legal para que el Inmujeres –como secretaría ejecutiva del SNPAEVM– notifique a todas las instancias integrantes de la resolución del Poder Judicial para votar la procedencia de la AVG.
14/AZM/RMB
Concluyen en San Cristóbal “Jornadas Lesbofeministas Antirracistas”
México.- La Colectiva Lésbica Feminista Autónoma, LESBrujas, reunió en San Cristóbal de las Casas a 70 mujeres provenientes de otros países y de diversos estados de la república mexicana, durante las “Jornadas Lesbofeministas Antirracistas”, a fin de
discutir y reflexionar sobre la pobreza, la lesbofobia, la represión, la violencia y el racismo.
En un pronunciamiento denunciaron las diversas formas de violencia que sufren, así como el régimen heterosexual patriarcal que se vive actualmente que convierte a las mujeres en mercancía que pueden utilizar a su antojo.
Hicieron un llamado para emprender acciones que contribuyan a disminuir la violencia hacia ellas y que los cuerpos de las mujeres sean considerados territorios libres y autónomos.
Piden cesar descalificaciones contra funcionaras guatemaltecas
Guatemala.– Integrantes de la organización “Plataforma 51” de Guatemala, exigieron el cese a las descalificaciones y amenazas contra mujeres destacadas en aquel país por parte de funcionarios públicos y de otras personas que demeritan su trabajo.
A través de una postal ciudadana titulada “Las mujeres y la justicia”, esta organización pidió respeto para Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo, quien el pasado 4 de abril recibió una sanción del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que le impide ejercer sus funciones durante un año.
Tras considerar que esta medida es injusta, “Plataforma 51” demandó un sistema de justicia acertado que garantice los derechos de las mujeres y un alto a las acusaciones contra las funcionarias que ejercen su cargo con “valentía y honestidad”.
Darán taller sobre Derechos Humanos en Puebla
México.- La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) en Puebla, convocó a su “Taller para la Formación de Monitores en Derechos Humanos” a realizarse los días 28 de abril y 1 de mayo.
El taller tendrá como objetivo promover el tema en la sociedad y brindar herramientas básicas de análisis, monitoreo, documentación y defensa de los Derechos Humanos.
La fecha de inscripción cierra el próximo 27 de abril. Se impartirá en la calle de Andador de los Álamos número 2229-2, Geovilla, los Encinos en Puebla, Puebla. Informes en [email protected], [email protected]
14/GMV/LGL
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló hoy que la violencia sexual vinculada los conflictos armados “es un abuso grave de los Derechos Humanos (DH) y tan destructivo como cualquier bomba y bala”.
Al presentar al Consejo su reporte anual sobre “Violencia sexual en conflictos armados”, Ban Ki-moon pidió la cooperación y ayuda internacional para detener este fenómeno lamentable que inflige un gran sufrimiento a quienes lo padecen, y que al mismo tiempo destruye familias y comunidades.
Exhortó a que los Estados miembro de la ONU y los líderes políticos trabajen en conjunto, para evitar este tipo de abusos a los DH de mujeres y niñas en el mundo.
Mediante el informe –presentado por la representante especial de la ONU para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Bangura, y que será público en breve– se examinó la situación de vulnerabilidad que padece la población femenina en 21 países que enfrentan (o enfrentaron) graves conflictos o situaciones de guerra.
Entre los países en los cuales se atribuyen delitos sexuales a grupos irregulares o tropas gubernamentales están Afganistán, Costa de Marfil, Mali, Myanmar, Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo, y como único país latinoamericano: Colombia.
Según declaraciones de Bangura a la prensa internacional, fueron identificadas 34 milicias y fuerzas de seguridad vinculadas a estos delitos, los que calificó como un “crimen global”.
De acuerdo con lo expuesto hoy por Ban Ki-moon y ayer por la relatora especial, las violaciones sexuales en medio de estos conflictos inciden en desplazamientos y matrimonios forzados, el tráfico humano y la esclavitud sexual.
De igual forma, están relacionadas con mayores posibilidades de que las mujeres puedan adquirir VIH u otras infecciones de transmisión sexual.
En su mayoría, los actos de violencia sexual se cometen contra mujeres y niñas de sectores marginados, alejados o donde se padece extrema pobreza, lo que incrementa las posibilidades de que los delitos no sean denunciados.
Los abusos sexuales en zonas de conflicto no son investigados y tampoco sancionados, por lo que la impunidad en ocasiones multiplica el problema.
En ese contexto se destaca la necesidad crucial de que las mujeres víctimas de estos abusos tengan pleno acceso a los servicios que les permitan reconstruir su vida.
También se asienta en el informe que en algunos países en conflicto, grupos armados utilizan la violación como un arma para ganar control de territorios con valiosos recursos naturales, incluido minerales usados para la fabricación de automóviles, teléfonos móviles y otros productos que se venden en todo el mundo.
Además del llamado a trabajar en conjunto, se convocó a que la protección de mujeres y la visibilidad de este conflicto se incluyan en las misiones políticas y de mantenimiento de paz de la ONU.
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