La zambiana Martha Nalishupe se debate entre incluir una píldora más a su tratamiento diario de antirretrovirales o correr el riesgo de perder su embarazo.
Además de cumplir con su terapia antirretroviral contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ahora tiene que agregar una pastilla para prevenir la malaria o el paludismo.
Sólo debe tomar los fármacos contra la malaria tres veces cada cuatro semanas, hasta que dé a luz, pero Nalishupe tiene sus prevenciones. “Ya trato de tomar mis antirretrovirales, ahora estas píldoras… No me gusta tomar pastillas, dejan un mal sabor en mi boca, pero la enfermera dijo que si contraigo paludismo puedo perder mi embarazo”, explicó.
Ruth Malikaso está embarazada de cinco meses y es VIH negativa. Realiza tratamiento de profilaxis contra la malaria con el fármaco Fansidar. “Me produce náuseas”, pero, por otro lado, “no quiero enfermarme cerca del parto”, dijo.
La partera de ambas, Keren Zulu, es categórica con las mujeres de la clínica de Chawama, en las afueras de Lusaka. “Si creo que no toman su medicación, las hago tomarla frente a mí. Eso no siempre me convierte en la partera preferida, pero no participo en un concurso de popularidad”, señaló a IPS/Cimacnoticias.
Zulu sigue el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS): todas las embarazadas de áreas con alta prevalencia de malaria reciben tratamiento preventivo en el segundo trimestre de gestación, y deben dormir protegidas con mosquiteros tratados con insecticida.
Para las embarazadas que son VIH positivas, la OMS recomienda un tratamiento con el antibiótico Septrin, y para las demás, las tres pastillas de Fansidar.
ENFERMEDAD FATAL
La malaria es particularmente peligrosa para las mujeres embarazadas porque baja su inmunidad. La OMS la califica como un problema sanitario importante, con efectos adversos como anemia, bajo peso al nacer, prematuridad, muerte materna, muerte del feto y aborto espontáneo.
Zulu dijo que vale la pena soportar los efectos secundarios de la medicación durante un par de días. “He visto a demasiadas madres y bebés morir o sufrir por no haber cumplido este simple tratamiento”, señaló.
Para mujeres VIH positivas como Nalishupe la situación es especialmente precaria. En un sistema inmunológico comprometido como el suyo, la malaria severa aumenta la carga viral y acelera el avance hacia el Sida.
La investigación sugiere que la infección con malaria durante el embarazo puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH de madre a hijo en el útero, durante el parto y al amamantar.
Valentina Buj, especialista en salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), enfatizó la necesidad de los cuidados prenatales y de la prevención de la malaria.
“Las infecciones con malaria son a menudo asintomáticas cuando el parásito se instala en la placenta”, explicó. Es vital que las mujeres sean diagnosticadas adecuadamente porque los síntomas del paludismo son similares a los de un embarazo y a los de infecciones relacionadas con el VIH, como fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
DOBLE AMENAZA
La superposición geográfica de las epidemias de VIH y malaria plantea problemas especiales. Según un estudio de UNICEF, la mayor carga de coinfecciones se registra en África, el continente con más carga de paludismo y donde viven más de tres cuartas partes de todas las mujeres con VIH.
Los más afectados por las coinfecciones de VIH y malaria son República Centroafricana, Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabwe, donde 90 por ciento de la población adulta está expuesta al paludismo y la prevalencia promedio del VIH supera 10 por ciento.
La OMS describe una interacción negativa: el VIH aumenta el riesgo de contraer malaria, así como el desarrollo de malaria clínica. A la inversa, la malaria aumenta la replicación del VIH, y un tratamiento antipalúdico puede fallar en adultos con VIH y baja inmunidad.
Las embarazadas que viven con VIH son dos veces más susceptibles a la malaria clínica, según UNICEF, mientras que las y los niños corren riesgos especiales.
La malaria en mujeres con VIH puede restringir el crecimiento fetal, causar bajo peso en bebés y reducir la transferencia de inmunidad madre-hijo a enfermedades infecciosas como la neumonía causada por estreptococo, el tétanos y el sarampión.
TABÚES
Kebby Musokotwane, médico del Ministerio de Desarrollo Comunitario, Salud Materna e Infantil, dijo a IPS/Cimacnoticias que en Zambia una de cada seis embarazadas es VIH positiva. “Eso es bastante alto”, alertó.
Zambia realiza análisis de VIH a las embarazadas en la primera consulta prenatal. Aquellas a quienes el resultado da positivo son inmediatamente sometidas a tratamiento antirretroviral y contra la malaria.
El problema, dijo Musokotwane, es que muchas mujeres empiezan tarde los cuidados prenatales. “Hay algunos mitos en torno a anunciar los embarazos antes de tiempo, así que las mujeres esperan hasta que estos están avanzados antes de ir a la clínica”, añadió.
Valentina Buj confirmó que la concurrencia a los servicios prenatales es muy baja en la mayoría de los países africanos.
Malikaso fue a la clínica sólo para obtener su tarjeta prenatal en su último trimestre de gestación, lo que le asegurará una cama, un certificado de nacimiento y cuidados posnatales.
Los tabúes sobre hablar del embarazo retrasaron la primera visita de Malikaso a la clínica. “Nos enseñan a no avisar al principio de la gestación porque se está llamando a la mala suerte”, explicó.
“Culturalmente, se supone que una no debe anunciar a sus parientes políticos u otras personas de su entorno que ha estado manteniendo relaciones sexuales; ellos simplemente lo verán”, aseguró.
En Zambia, la malaria es la causa del 20 por ciento de las muertes maternas y, el Sida, del 30 por ciento, según estimaciones de la ONU. Zambia distribuirá 5.6 millones de mallas mosquiteras tratadas con insecticida en 2014.
Esto es bueno, dijo Zulu, pero este año cumple su edad de retiro. “Esperaba ver eliminada la malaria de las embarazadas en el transcurso de mi vida”, se lamentó.
“La desesperanza que se apodera de mí sólo es comparable a la indignación de saber que es una enfermedad prevenible, cuya solución radica en un pequeño cambio en la percepción que tienen las mujeres sobre su salud”, enfatizó.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
14/ZG/RMB
abril 2014
A dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz –que fue encontrada sin vida el 28 de abril de 2012 en su domicilio en la ciudad de Xalapa–, el caso no se ha resuelto porque entre las irregularidades destaca que no se investigó la línea periodística y sólo hubo un detenido que dijo haber sido torturado para confesar el crimen.
La investigación del asesinato de Regina resultó con un detenido y si bien el caso llegó hasta los tribunales, las pesquisas se caracterizaron por estereotipos de género, irregularidades y omisiones que derivaron en la falta de justicia, ya que aún hoy no hay una sentencia firme ni certeza de quiénes fueron los homicidas.
Destacada por sus coberturas periodísticas en temas sociales, políticos, de corrupción y violencia, entre las que resaltó el seguimiento del presunto asesinato y violación sexual de la indígena Ernestina Ascencio, cometido en 2007 por militares, Regina se sumó a la lista de periodistas asesinados en el actual gobierno del priista Javier Duarte.
Aunque el semanario Proceso presentó elementos para que se investigara la posibilidad de que el crimen se debiera a la labor periodística de Regina (toda vez que ella recibió amenazas previas, fue víctima de robo y en ocasiones la revista fue comprada masivamente cuando la reportera publicaba temas de escándalo político y social), han pasado dos años y no hay certeza de quién y por qué la asesinó.
Lejos de que el gobierno estatal, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –de la PGR– investigaran y esclarecieran los hechos como un ataque al periodismo, se empeñaron en afirmar que se trató de un robo con “tintes pasionales”.
De acuerdo con un informe sobre la impunidad en los casos de violencia contra mujeres periodistas que en breve publicará Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), sobre ellas recae el estigma de que siempre mienten y exageran, o que provocaron las agresiones de las que son víctimas, por lo que se les suele negar la justicia.
El caso de Regina no fue la excepción: en él prevalecieron los estereotipos sexistas y discriminatorios, ya que la investigación de la PGJV concluyó el 30 de octubre de 2012 cuando determinó que la reportera fue asesinada como resultado de “un conflicto pasional”, lo que a decir de sus colegas y organizaciones por la libertad de expresión buscó restar importancia al crimen.
No obstante, el caso no se ha cerrado porque pese a la conclusión de la PGJV, que ubicó al presunto culpable y logró que lo condenaran a 38 años de prisión, el juicio continúa luego de que el sentenciado apeló la resolución al argumentar que fue torturado para confesar.
ESTIGMAS
El reportero Jorge Carrasco, quien dio seguimiento a la investigación, señaló en sus reportajes para Proceso que cuando este medio de comunicación pidió que se investigara la línea periodística, la autoridad citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y a algunos les tomó también las impresiones de su arcada dental porque el cuerpo de Regina tenía una mordida.
Aunque el semanario solicitó indagar posibles relaciones del homicidio con el trabajo de la reportera, la PGJV interrogó a los periodistas sobre su relación con ella pero como no hubo muchas respuestas sobre el crimen, la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” de Regina.
Este peritaje, enfocado a demostrar la supuesta vulnerabilidad de la informadora que la hizo blanco fácil del homicidio, destacó que se trataba de una mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un “cambio de ánimo” hacia el final de su vida. Este cambio lo atribuyeron a que si bien era reservada, tenía un novio.
La PGJV concluyó que aquel viernes 28 de abril a la medianoche Regina invitó a su “novio” a su casa, quien llegó acompañado. Ella dejó pasar a los dos sujetos; salió a comprar cervezas, regresó y se pusieron a bailar, según la versión oficial.
Regina le reclamó al supuesto novio que la tenía abandonaba, pelearon, forcejearon y ella intentó asesinarlo con un cuchillo que tomó de la cocina. Él la golpeó primero y luego el amigo se acercó a golpearla. Entonces le preguntaron dónde guardaba el dinero, ella les respondió, lo tomaron y se fueron.
Carrasco publicó que había dudas sobre la versión del “crimen pasional” y la responsabilidad de José Adrián Rodríguez Domínguez, “El Jarocho”, y Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, quienes fueron presentados como los asesinos.
LOS DETENIDOS
En octubre de 2012 la PGJV informó a los medios que tenía elementos para señalar a dos responsables. El primero era “El Jarocho” y supuesto novio de la reportera, y el segundo “El Silva”, quien confesó haber participado en el robo y homicidio.
La Procuraduría dijo que detuvo a “El Silva”, pero acotó que no había ubicado a “El Jarocho”.
En su momento, Diana Coq Toscanini, quien fuera designada coadyuvante del caso por la revista Proceso, criticó que la Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara a “El Jarocho” en Mérida y luego soltara el rumor de que estaba muerto, y que “El Silva”, asesino confeso, estuviera aislado del resto de los reclusos, sin recibir visitas y sin tratamiento médico pese a tener VIH.
El 2 de noviembre de 2012 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de la PGJV dictó formal prisión a “El Silva”. Posteriormente una juez de primera instancia lo condenó a 38 años y dos meses de prisión, pero el presunto responsable dijo que lo torturaron y lo obligaron a incriminarse y narrar la versión del homicidio pasional.
“El Silva” apeló la sentencia y logró que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocara la condena.
En este contexto Proceso destacó que en la investigación, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, no hubo nada sobre el robo en su domicilio, ni la posible participación de la delincuencia organizada en un estado donde se le acusa de asesinatos contra la prensa.
Otro dato al que no se le dio seguimiento fue que el 9 de mayo de 2012, 11 días después del crimen, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, “El Chilango”, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato estaban involucrados supuestos narcomenudistas.
El pasado 19 de abril el semanario publicó sus dudas sobre el juicio, ya que la última decisión sería del magistrado Agustín Romero Montalvo. La revista señaló que el gobernador logró que el Congreso estatal designara a la esposa del juzgador, María Dolores Silva Obando, como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
14/AGM/RMB
“¿Qué querías ser cuando eras niña?”, me pregunta una sobrina mientras busca en su tableta electrónica un juego que me quiere enseñar.
Viajo, entonces, varias décadas atrás y recuerdo. A su edad yo jugaba a ser maestra.
Recuerdo que sentaba, a los pies de mi cama, a mis muñecas y a cuanta fauna de peluche poesía. Colocaba al frente un pequeño pizarrón que mi abuela me había regalado y, desde la altura que me proporcionaban unas zapatillas de plástico rojo, daba mi clase a mis imperturbables estudiantes.
Sí, yo quería ser maestra. También quería ser grande.
Me parecía que las personas grandes tenían una libertad que a mí me parecía fantástica. Podían ir y venir a su antojo. Podían decidir. Podían…
Y ahora que lo recuerdo, la primera vez que me sentí “grande” fue el día que puse un pie en la Universidad. Cierro los ojos y puedo mirarme, en pantalón de mezclilla, tenis, con un par de libretas en la mano, parada frente a la explanada universitaria, sintiéndome absolutamente libre.
Detengo mis recuerdos. De pronto caigo en la cuenta que ya soy mi anhelo. Soy grande. “Muy grande”, según mi sobrina. Soy libre. Todo lo libre que pueden ser las mujeres en mi país en este instante. Y mi pasión por la docencia se resuelve cuando doy talleres, cursos, conferencias.
Soy una mujer privilegiada, sin duda. Y eso no deja de tener cierto sabor amargo.
Porque, en realidad, soñar y tener las posibilidades para hacer realidad tus sueños no debería significar un privilegio, sino un derecho que puedes ejercer a plenitud porque todo el escenario te favorece.
Hoy veo a muchas niñas en serios problemas. Algunas sobreviviendo en medio de una guerra. Algunas sobreviviendo mientras defienden su derecho a estudiar. Algunas sobreviviendo mientras escapan de un matrimonio pactado. Algunas sobreviviendo a distintas violencias.
Hay algunas otras niñas a quienes ser felices les será muy complicado, porque les han hecho creer que así como son, son inadecuadas, inaceptables.
Algunas que a su corta edad hablan de cirugías estéticas. Algunas que van tras un ideal de belleza rígido y siempre inalcanzable. Algunas que anhelan ganar concursos de belleza. Algunas que quieren estar en pasarelas con cuerpos esqueléticos. Algunas que son entrenadas para ser objetos decorativos.
Mi sobrina quita de su tableta el dedo que movía con la maestría de una directora de orquesta, y fija la mirada en mis ojos esperando mi respuesta.
Le digo que quería ser maestra. Y entonces me lleva a su cuarto y me enseña su pizarrón. Le digo que también quería ser grande. “¿De este tamaño?”, me pregunta y estira sus brazos como queriendo alcanzar el techo.
Le digo que quería aprender a leer. Y me enseña uno de sus cuentos.
Le digo que quería ser libre. Entonces se detiene frente a mí y me mira a los ojos. “¿Qué es eso?”, pregunta. Es hacer lo que deseas –contesto–, hacer lo que te parezca valioso.
Mira un momento a su derredor y me dice: “Entonces yo ya soy”.
La abrazo y pienso en lo mucho que tenemos que trabajar aún para que todas las niñas del mundo puedan decir eso.
La abrazo y pienso en las muchas niñas que hoy tienen las condiciones para sentirse libres. La abrazo y me siento una niña feliz. Y eso no deja de tener un cierto sabor triste, por las muchas que hoy no lo son.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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Las mujeres indígenas que emigran a los campos agrícolas del noroeste de México en Sinaloa, Baja California (BC) y Sonora –al huir de la violencia, hacinamiento, pobreza, marginación y ausencia del ejercicio de sus Derechos Humanos en sus comunidades– padecen explotación laboral y no encuentran cambios significativos en su estilo de vida.
Según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, se considera explotación laboral cuando alguien obtiene beneficio mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad como condiciones peligrosas o insalubres, sin protecciones necesarias o bien por la desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado.
Tal situación se presenta en los campos agrícolas de Hermosillo (Sonora), así como en San Quintín (BC), explica la profesora investigadora del departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Dolores París Pombo, al detallar que estas indígenas laboran en condiciones de “mucha pobreza” y violación radical de derechos laborales.
En su investigación “Migrantes, desplazados, braceros y deportados”, París Pombo detalla que Hermosillo, San Quintín y Tijuana (también en BC), conforman la región agroexportadora en el noroeste de México, un punto de destino para miles de mujeres y hombres migrantes que buscan un empleo, y quienes en estas zonas establecen asentamientos permanentes marcados por la miseria.
Lo mismo pasa en los campos agrícolas de Sinaloa, donde Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez, denuncia las condiciones en que viven y laboran las mujeres jornaleras, quienes son llevadas a través de “enganchadores” que les prometen trabajo, vivienda y el traslado desde sus comunidades junto con sus familias.
Sin embargo, a su llegada son llevadas a las “cuarterías”, que Lópes describe como pequeños terrenos divididos hasta en 60 espacios en los que habitan las familias entre el hacinamiento, falta de ventilación y sin posibilidad de que ingresen servicios médicos o de emergencia en caso necesario, ya que está restringida la entrada, y se ha sabido de asesinatos al interior, según la activista.
En su jornada laboral en el campo (que inicia a las cuatro de la mañana) las condiciones son de un riesgo latente para estas mujeres, ya que viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos y la mayoría no tiene acceso a servicios de salud, ya que hay casos en los que ellas tuvieron que parir en medio de los surcos.
Apenas tienen 15 minutos para comer algo a mediodía y continuar laborando, pero además tienen que llevar sus propios alimentos, bebidas y protecciones para el sol o plagas que hay entre los matorrales, ya que los empleadores no les brindan ninguno de estos recursos.
En materia de salarios, Amalia Lópes informa que ellas no ganan más de 75 pesos por día, y que incluso prefieren no descansar si hay oportunidad ya que “viven al día”.
ALEJADAS DE SU TIERRA
En su estudio, París Pombo señala que al término de la temporada agrícola en Sinaloa, en los meses de abril o mayo, contratistas y las mismas migrantes se trasladan a otros campos en Hermosillo, el Valle de San Quintín o al sur de Ensenada, BC, en el pueblo de Maneadero, por lo que no regresan a sus comunidades por algunos años, como sucede con las mujeres triquis de la región de Copala, en Oaxaca.
Como ejemplo, dice la investigadora, está el caso de Josefina, quien creció en los campamentos de Sinaloa y más tarde en San Quintín. Sus padres salieron con ella de Copala antes de que tuviera un año de edad y desde entonces nunca ha regresado a su pueblo natal.
Margarita Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –asentado en el estado de Guerrero–, explica que según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, esta entidad (seguida de Oaxaca y Chiapas) es la que más población expulsa de su territorio debido a la pobreza, hambre y marginación de sus habitantes.
En un recorrido, Cimacnoticias constató que el municipio guerrerense de Tlapa de Comonfort es la principal localidad expulsora de migrantes, ya que en siete años (de 2006 a 2012) la zona de la Montaña (con población tlapaneca, mixteca y nahua) expulsó a 33 mil mujeres, quienes emigraron en busca de mejores horizontes.
En su informe “La Montaña de Guerrero: tierra de mujeres migrantes” –publicado en diciembre de 2013– Tlachinollan detalla que las mujeres originarias de estas localidades crecen en contextos de desnutrición, violencia, ausencia de salud, vivienda y educación, sin acceso a la justicia, y además son obligadas a contraer matrimonio a los 11 o 12 años de edad para ser madres casi de inmediato.
RECLAMOS
En su informe, Tlachinollan considera una serie de obligaciones que tienen que cumplir los empleadores con la población jornalera migrante, tales como el suministro gratuito de habitaciones adecuadas e higiénicas, así como su mantenimiento; brindar agua potable y servicios sanitarios en las horas de trabajo; dar asistencia médica; fomentar la alfabetización y utilizar intérpretes cuando no hablen español.
Igualmente, al final de la temporada agrícola se deba dar el pago proporcional por concepto de vacaciones, aguinaldo y cualquier otra prestación; así como un seguro de vida en los traslados desde las comunidades indígenas al norte del país e instalación de guarderías.
Tlachinollan advierte que las visitas de las autoridades federales para verificar las condiciones de seguridad e higiene en los campos agrícolas son “laxas”, ya que no desembocan en multas cuyos montos inhiban la repetición de las violaciones a los derechos laborales.
En un informe del 8 de diciembre de 2006, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU recomendó al Estado mexicano que tome medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas de temporada, y solicitó que todas las denuncias de abusos y malos tratos sean investigados y se sancione a los responsables.
Por ello, Tlachinollan afirma que las violaciones a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras ocurren por negligencia u omisión del Estado, y acusa que las autoridades han sido omisas en implementar medidas administrativas, legislativas, así como políticas públicas que eviten estos abusos.
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Para proteger los derechos de las niñas es necesario aumentar la edad permitida para la unión civil, combatir la pobreza y ofrecerles oportunidades de desarrollo.
El Estado tiene la responsabilidad de evitar uniones y matrimonios a edades tempranas y para ello, dicen especialistas, puede valerse de diversas estrategias que van desde reformas legislativas y políticas públicas hasta incidir en la cultura.
El primer paso, asegura la diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara baja, Verónica Juárez Piña, es homologar los códigos penales y civiles de los estados para establecer una edad mínima para el matrimonio.
Actualmente el artículo 148 del Código Civil Federal (CCF) establece que la edad para contraer unión civil es 14 años para las mujeres y 16 para los hombres.
Esta regla es distinta dependiendo de cada entidad. En ocho estados se replica la norma federal, en seis la edad mínima es 16 años para mujeres y hombres. En Baja California Sur es de 18 años para hombres y 16 para mujeres.
En otras 17 entidades la edad mínima es de 18 años para hombres y mujeres. Sin embargo, en las legislaciones locales existe la excepción de hacer caso omiso a la edad si los padres están de acuerdo en la unión.
Por ello la legisladora dice que hay que modificar las leyes estatales para que la edad mínima sea de 18 años para ambos sexos, y se elimine la excepción del consentimiento parental, ya que la decisión debe ser sólo de los contrayentes.
El pasado 21 de abril las senadoras Angélica de la Peña y Alejandra Barrales (ambas del PRD), Diva Hadamira Gastélum (PRI) y Martha Elena García (PAN) propusieron reformar el CCF y aumentar a 18 años la edad mínima para el matrimonio a nivel federal.
EVASIÓN DE LA JUSTICIA
Pero la diputada Juárez Piña asegura que otro problema a atender es que muchas uniones infantiles son producto de violaciones sexuales, porque en muchas comunidades rurales se acostumbra que el agresor de una niña se case con ella para evitar ser acusado de algún delito.
Es por ello que en enero pasado la legisladora presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal (CPF) y equipar el delito de estupro con el de violación sexual, y que ambas conductas se castiguen con penas de ocho a 30 años de prisión.
Actualmente el estupro se define en el CPF como la relación sexual consentida entre un adulto y una persona mayor de 15 años y menor de 18, y se sanciona con tres meses y hasta cuatro años de cárcel.
Sin embargo la persona puede ser eximida si se casa con su víctima, por lo que Juárez Piña afirmó que esta tipificación no corresponde a la realidad porque pese al consentimiento y la promesa de matrimonio se trata de un abuso a la niñez y la adolescencia.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que otra estrategia para que las niñas no tengan que casarse o unirse son los programas de educación sexual, que se deben difundir desde las instituciones de salud y de educación pública.
En su opinión se deben instaurar mecanismos que permitan la educación sexual desde la infancia y garanticen la accesibilidad a los servicios de anticoncepción para las y los menores de edad, lo que evitaría embarazos tempranos y uniones civiles.
En casos de las niñas que ya presentan embarazos, dice, las instituciones de salud deberían crear un registro federal de niñas embarazadas para incorporarlas a programas especiales que las ayuden en su desarrollo sin tener que recurrir al matrimonio.
PROGRAMA FALLIDO
El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) tuvo el espíritu de abrir posibilidades de desarrollo a las niñas y adolescentes embarazadas y en riesgo de casarse.
Pero a partir de este año, este programa que daba una beca de 850 pesos al mes durante 10 meses a estudiantes embarazadas de entre 12 y 18 años, desapareció para integrarse al Programa Nacional de Becas.
El activista señala que el Estado necesita desarrollar campañas de concientización para desnaturalizar como algo “normal” los matrimonios infantiles, y visibilizar sus graves consecuencias para la niñez.
Apunta que una estrategia más es cumplir con los acuerdos internacionales que México ha firmado y que exista un órgano regulador o rector de la política pública en materia de derechos de la infancia, y que se ocupe de temas como las uniones tempranas.
Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la Fundación chiapaneca Melel Xojobal, añade que es necesaria una mayor articulación entre instituciones, información de calidad para jóvenes y adolescentes, más inversión pública en la niñez y acceso efectivo a los servicios de salud.
La doctora en Antropología por la UNAM Jahel López Guerrero enfatiza que se debe empezar a trabajar en los contextos precarios poniendo atención en los indicadores de desarrollo de salud, y de empleo para poner fin a este flagelo.
Abundó que deben dirigirse investigaciones y acciones enfocadas a todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres y no sólo a la edad reproductiva, toda vez que la niñez y adolescencia son etapas de aprendizaje, experiencia y preparación para la toma de decisiones.
En el tema de cultura indicó que es importante que la formación durante la adolescencia esté llena de contenidos relacionados con el ejercicio de derechos, autonomía y poder propio, y no sólo valores vinculados con el matrimonio y la maternidad.
Otra estrategia para incidir en la cultura, en opinión del sociólogo Claudio Stern, ex director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, es usar los medios de comunicación para difundir programas, series y hasta novelas con contenidos menos conservadores y más educativos.
14/AGM/AJSE/RMB
Exigen detención de asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
México.- Al cumplirse ayer cuatro años del asesinato de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca y Amnistía Internacional exigieron a las autoridades la pronta detención de los culpables, así como la investigación de la inacción judicial en la ejecución de las órdenes de aprehensión existentes.
En un comunicado, las organizaciones pidieron establecer y garantizar condiciones de seguridad para las mujeres defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca, a fin de que trabajen sin temor a represalias. En 2014 van 25 ataques contra 15 defensoras y cinco organizaciones en la entidad.
El 27 de abril de 2010 Bety Cariño y Jyri Jaakkola iban en una caravana humanitaria a la comunidad autónoma triqui de San Juan Copala, en Oaxaca, la cual fue emboscada por un grupo armado.
Ofrecen atención telefónica a mujeres víctimas de violencia en SLP
México.- A fin de brindar ayuda a mujeres víctimas de violencia de género en el estado de San Luis Potosí (SLP), se puso en operación la línea telefónica TELMUJER 075 en la capital potosina, y el número 01800 6721433 para el interior de la entidad.
Las mujeres podrán solicitar a personal calificado atención psicológica y jurídica, así como información de servicios, trámites y costos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes.
Nombran a ex legisladora directora de Niñez en Buenos Aires
Argentina.- La ex legisladora y especialista en infancia y género María Elena Naddeo fue designada directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
En un comunicado, Naddeo informó que desde ese nuevo espacio trabajará en la prevención de todas las formas de violencia de género y abusos contra las y los menores de edad y adolescentes. Además buscará garantizar para las mujeres el acceso a la justicia y ampliar los Centros Integrales de la Mujer.
Más acciones a favor de mujeres rurales, pide la FAO
Nuevas York.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llamó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que promuevan políticas públicas que ayuden a las mujeres que viven en zonas rurales.
La FAO refirió que el trabajo de cerca de 58 millones de mujeres que habitan en áreas rurales en la región es clave en la lucha contra el hambre, por lo que deben tener mayor acceso a créditos, asistencia técnica, al empleo y a la titularidad de la tierra.
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La senadora por el PRD Angélica de la Peña aseguró que los operadores de justicia no han entendido el objetivo de las órdenes de protección, ni cómo hacer efectivo este mecanismo jurídico para que una autoridad obligue al agresor a alejarse de la víctima de violencia de género o que abandone el hogar.
Al presentar una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, la legisladora aseguró que uno de los primeros problemas que presenta este recurso es la competencia de las autoridades para solicitar su implementación.
De acuerdo con la iniciativa que se turnó a las comisiones para Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, actualmente no hay autoridades administrativas que puedan emitir órdenes de protección, por lo que sugiere que además de jueces y ministerios públicos (MP) otros funcionarios puedan decretarlas.
La propuesta apunta que las leyes locales de varias entidades, así como los códigos de Procedimientos Penales, facultan a las agencias del MP a implementar medidas cautelares o precautorias que tienen la misma finalidad que las órdenes de protección de la Ley General y a veces con una temporalidad superior.
Sin embargo, De la Peña señaló que estos recursos aún no son eficaces, por lo que propuso modificar el artículo 27 de la Ley General a fin de que la solicitud de órdenes de protección pueda realizarse en forma verbal o escrita por la víctima, o por cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de riesgo o peligro.
En el “Informe de órdenes de protección en México: Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia”, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se destaca que de enero de 2011 a junio de 2012 en 21 entidades existe una grave deficiencia en la implementación de las órdenes de protección.
Según los datos de esa agrupación, de 58 mil hechos de violencia contra las mujeres en 16 estados, sólo se emitieron 4 mil 15 acciones de protección, es decir, únicamente el 7 por ciento.
En tanto, los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012 no emitieron ninguna orden de protección.
Aunado a esto, la legisladora perredista consideró que no se puede afirmar que todas las acciones respondan al espíritu de las órdenes de protección contempladas en la Ley General, lo que indica la existencia de un patrón de impunidad y omisión debido a que las entidades no están garantizando a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, las autoridades justifican su omisión al señalar que no hay un marco normativo que regule la implementación de las órdenes. En este contexto y considerando que el pasado 5 de marzo se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, se presentó esta propuesta de reforma.
La iniciativa propone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus homólogos estatales; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos públicos autónomos de protección de los Derechos Humanos; así como las autoridades del Sistema Educativo Nacional puedan solicitar órdenes de protección para mujeres víctimas.
También se pretende que en la ley quede establecido que en ningún supuesto la víctima sea quien lleve a cabo la notificación de órdenes de protección a la persona agresora, ya que las organizaciones civiles han documentado que las mujeres son quienes tienen que avisar a sus agresores de que deben alejarse o abandonar la casa, lo que las pone en mayor riesgo.
14/AGM/RMB
Convenio contra Violencia Doméstica, en vigor el 1 de agosto
El Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) será vinculante a partir del próximo 1 de agosto, luego de que finalmente 11 países lo ratificaron.
Firmado en Estambul, Turquía, el 11 de mayo de 2011, el Convenio que contiene lineamientos necesarios para combatir y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y es, además, el primer instrumento que vincula internacionalmente a los países de la Unión Europea (UE) para combatir este flagelo, finalmente fue ratificado por Dinamarca y Andorra, con lo que alcanzó las aprobaciones necesarias para su entrada en vigor.
El documento reconoce que las mujeres y niñas se exponen a formas graves de violencia, además de lo registrado en la vida privada, al acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes de “honor” y las mutilaciones genitales, y define que los países que lo ratifiquen están obligados a proteger y asistir a las víctimas de violencia.
También se plantea que estas formas de violencia constituyen una violación grave de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, y un “obstáculo para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres”.
De esta manera se establece que las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para promover y proteger el derecho de todas y todos a vivir libres de violencia, por lo que deberán indicar en sus constituciones nacionales el principio de la igualdad, así como su aplicación efectiva.
Las modificaciones constitucionales que se realicen también deben ir enfocadas a prohibir la discriminación –incluso sancionarla–, y a la derogación de todas las leyes y prácticas que discriminan a las mujeres.
Dentro de las acciones internacionales que se proponen está brindar asilo a víctimas de violencia doméstica que lo soliciten en otros países, y se propone la creación del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres (Grevio), que vigilará la aplicación del tratado.
Aquellos países que lo ratifiquen, además deberán establecer servicios como líneas de asistencia telefónica, centros de acogida, servicios médicos, orientación y asistencia legal.
De cara a la próxima entrada en vigor del Convenio, Gauri van Gulik, defensora global de los Derechos de la Mujer de Human Rights Watch (HRW), indicó que “se trata de un momento decisivo para las mujeres de Europa que encuentran en su hogar un lugar de riesgo”.
A decir de HRW, la violencia y “el fracaso de los gobiernos para evitar y prevenir el abuso es una realidad cruel y cotidiana que viven numerosas mujeres y niñas”.
Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, una de cada tres mujeres en la región ha sufrido algún tipo de agresión física y/o sexual desde los 15 años de edad.
Más de la mitad (25 de 47) de los países que son miembros del Consejo de Europa –que se propone establecer los principios democráticos y jurídicos comunes basados en el Convenio Europeo de DH– han suscrito el Convenio.
Hasta el momento lo han ratificado 11 países: Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Andorra, Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, España, Turquía y Dinamarca.
14/AZM/RMB
México, el país con más solicitudes de protección ante la CIDH
México continúa como el país de América con más solicitudes de protección por violaciones humanitarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que en 2013 el organismo regional acumulara 660 peticiones por presuntos agravios, de las cuales aceptó sólo 10.
De las 650 solicitudes restantes, 128 fueron rechazadas y las demás están pendientes de análisis, según el informe anual 2013 de la CIDH.
La Comisión reveló que México suma 85 peticiones de personas que dicen estar en riesgo y de las cuales se aceptaron tres. Las restantes solicitudes de protección están en análisis de si proceden o no.
En comparación con los países de la región, México ocupa el cuarto lugar en casos de violaciones a Derechos Humanos aceptados por la CIDH, sólo superado por Colombia, Perú y Chile.
Durante 2013 la CIDH recibió y registró más de 2 mil peticiones de casos por parte de países de la región –la cifra más elevada en la última década y de la cual el 17 por ciento fue aceptado–, mientras que en cuanto a medidas cautelares recibió 400 peticiones de las que se otorgaron 26.
El 16 de abril de 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares para que México implementara acciones urgentes de búsqueda a fin de localizar a ocho personas presuntamente desaparecidas, por lo que el organismo solicitó al Estado mexicano adoptar, de forma inmediata, las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de estas personas.
Por otra parte, el 19 de abril de 2013 brindó medidas cautelares a favor de fray Tomás González Castillo, el personal del hogar-refugio para personas migrantes “La 72”, y las personas migrantes en riesgo debido a la situación de inseguridad.
En el marco de un conflicto social y agrario en Santiago Amoltepec, Oaxaca, el 8 de noviembre de 2013 la CIDH otorgó medidas de protección a un hombre y su familia por considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia.
Ante los casos de medidas de protección para activistas o personas en riesgo, en el apartado de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos se menciona que en 2012 México se convirtió en el segundo país de la región que adoptó un mecanismo especializado de protección a periodistas y personas defensoras en riesgo.
La creación de este tipo de instancias fue una de las principales recomendaciones de los relatores especiales de la CIDH y de la ONU tras su visita a México en agosto de 2010, lo que sentó las bases para crear el actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo la CIDH señaló entre los retos del mecanismo la obtención de recursos económicos, una adecuada estructura interna y contar con funcionarios especializados. Asimismo, tener las herramientas para elaborar informes de riesgo de acuerdo con una metodología acordada con la sociedad civil.
En este sentido, la CIDH y su relatoría especial destacaron que entre los pendientes están las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal del mecanismo, y garantizar los estudios de riesgo e implementación de las medidas urgentes, de prevención y de protección.
También señalaron que es importante garantizar una efectiva coordinación e intercambio de información entre el mecanismo y las entidades gubernamentales y oficinas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
14/AGM/RMB
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dieron a conocer los nombres de las y los integrantes del Grupo de Trabajo, que analizará si en el estado de Guanajuato existe violencia feminicida y definir si en seis meses se declara por vez primera una Alerta de Violencia de Género (AVG).
Tras la solicitud de declaratoria de AVG presentada por el Centro Las Libres el pasado 20 de marzo, ambas dependencias finalmente dieron a conocer la integración del grupo con el que se pondrá a funcionar por primera vez el procedimiento estipulado en la reforma de noviembre pasado al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
El Centro Las Libres documentó 73 asesinatos de mujeres perpetrados en 2013 y 12 contabilizados hasta marzo pasado, pese a que se puso en marcha un plan de acción para frenar la violencia feminicida en la entidad.
A cinco meses de la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, finalmente quedó conformado el Grupo de Trabajo que en el plazo de un mes deberá indagar si en Guanajuato existe violencia sistemática contra las mujeres (como lo denunció Las Libres), definir acciones inmediatas que el gobierno local deberá cumplir en seis meses, y determinar si se declara o no la AVG en la entidad.
Como representantes de la institución académica de Guanajuato se eligió a Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rosalba Vázquez Valenzuela, en tanto que como representantes de la institución académica a nivel nacional fueron seleccionados Cynthia Galicia Mendoza y Carlos Javier Echarri Cánovas.
Cabe recordar que tras muchas exigencias de grupos civiles que señalaban la inoperancia de la AVG –mecanismo creado desde 2007–, finalmente en noviembre pasado se reformó el reglamento y se determinó que la decisión sobre las solicitudes de la alerta estaría en manos de un Grupo de Trabajo.
Según la reforma, el Grupo de Trabajo se conformará por dos personas de la academia, una persona representante del Inmujeres y una de la Conavim, así como una representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A esos cinco integrantes se sumarán dos representantes de una institución académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres, ubicadas en el estado donde se solicite la AVG, y una representación del Instituto de la Mujer estatal.
El pasado 28 de marzo se publicaron finalmente dos convocatorias que marcaban un “proceso de selección de quienes integren el Grupo de Trabajo imparcial, transparente, eficiente, incluyente y democrático”: una para expertas o expertos integrantes de instituciones académicas a nivel nacional, y otra para especialistas del estado de Guanajuato.
Los resultados preliminares de las convocatorias fueron publicados el pasado 17 de abril, aunque estos sólo daban a conocer los folios de las y los postulantes que cumplieron los requisitos.
Por la Conavim fue seleccionada Gretha Jimena Vilchis Cordero, mientras que por el Inmujeres la representante será María Guadalupe Díaz Estrada, actual directora general de Tranversalización de la Perspectiva de Género del instituto.
Alma Fabiola Flores Castillo representará al Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMG), y por la CNDH se seleccionó al actual director de Quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Carlos Villaseñor Navarro.
PERFILES
Yessica Ivet Cienfuegos Martínez es investigadora de la Universidad de Guanajuato (UG), licenciada y doctora en psicología por la UNAM, y cuenta con diplomados en Derechos Humanos (DH) y Violencia Doméstica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; también colaboró como asesora externa del Inmujeres y del Instituto Mexicano de Investigación en Familia y Población.
Rosalba Vázquez Valenzuela es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente cursa estudios de doctorado en Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro; forma parte de la UG desde 2004 y desde 2010 es coordinadora del programa institucional “Horizontes para la Equidad de Género en la UG”, y es responsable de la creación del programa institucional de transparencia.
Vázquez Valenzuela se vinculó con el IGM al coordinar el proyecto “Aplicación de los protocolos de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; tratamiento a agresores de mujeres; contención emocional a personas que atienden a mujeres víctimas de violencia en distintas entidades federativas”.
A nivel nacional se seleccionó como integrante de El Colegio de México (Colmex) a Carlos Javier Echarri Cánovas, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de la institución, y funge como coordinador el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad. También es miembro del Comité Científico Asesor del Diagnóstico Nacional sobre Violencia contra las Mujeres.
También como integrante del Colmex (que fue seleccionada como institución académica especializada a nivel nacional) se eligió a la maestra Cynthia Galicia Mendoza, quien ha sido investigadora interina de Armonización Legislativa y DH de las Mujeres del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y asesora jurídica del Inmujeres, así como consultora del Instituto de las Mujeres en la Migración e Ipas-México.
De acuerdo con lo establecido en el nuevo Reglamento de la LGAMVLV, el Grupo de Trabajo cuenta con cinco días hábiles para reunirse y 30 días naturales para investigar la situación de violencia feminicida en Guanajuato.
De las conclusiones de la indagación se definirán propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida que deberán ser puestas en acción por el Ejecutivo estatal, quien deberá entregar un informe al respecto en un plazo de seis meses; tras este reporte se definirá si se emite o no una declaratoria de AVG.
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