El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declararon desierta la convocatoria para conformar el Grupo de Trabajo que investigará la violencia feminicida en el estado de Morelos, pero aún así nombraron a investigadores para hacer esta tarea.
Pese a la declaración de convocatoria desierta (es decir, sin postulaciones), ambas dependencias conformaron el Grupo de Trabajo del que dependerá la declaración de una eventual Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, ello sin explicar cómo fueron seleccionadas las y los académicos locales que lo integran.
En los portales virtuales de ambas dependencias se puede consultar la integración del Grupo de Trabajo, y el anuncio de que se declaró desierta la convocatoria pública emitida el pasado 7 de junio.
Cabe recordar que tras muchas exigencias de grupos civiles que señalaban la inoperancia de la AVG –mecanismo de emergencia contra la violencia feminicida creado en 2007–, finalmente se reformó en noviembre pasado el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y se determinó que la decisión sobre las solicitudes de alerta estaría en manos de un Grupo de Trabajo.
Así, el grupo para investigar la situación en Morelos se conformará por dos personas de la academia a nivel nacional, una persona representante del Inmujeres y una de la Conavim, así como una representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A esos cinco integrantes se sumarán dos representantes de una institución académica o de investigación especializada en violencia contra las mujeres del estado donde se solicite la AVG, y una representación del Instituto de la Mujer estatal.
El reglamento define que está en manos del Inmujeres crear el Grupo de Trabajo. Ante la solicitud de declaratoria de AVG en Morelos en mayo pasado, se publicó una convocatoria para integrantes de la academia de Morelos.
En ella se llamó a miembros de una institución académica o de investigación especializada en violencia de género de Morelos a integrar el Grupo de Trabajo, pero la convocatoria fue declarada como “desierta”, luego de que el pasado 21 de junio no se emitió el fallo de integración del grupo.
De acuerdo con la base décima del documento, “en caso de no existir postulaciones se declarará desierta la convocatoria y se emitirá una nueva dentro del término de cinco días hábiles siguientes a dicha declaración”, supuesto que no ocurrió, pues no se emitió un nuevo llamado.
No obstante, sin abundar en cómo determinaron su integración, Inmujeres y Conavim publicaron hoy los nombres de las y los miembros del Grupo de Trabajo para el estado de Morelos.
Se informó que el grupo será encabezado por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, quien funge como representante de esta institución, mientras que la Conavim será representada por Gretha Jimena Vilchis Cordero, subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del Daño.
Por parte del Instituto de la Mujer de Morelos (IMEM) se seleccionó a su directora, Aurora Ivonne Velasco Rotunno. Según los resultados hechos públicos, se está a la espera de la designación del representante de la CNDH.
OPACIDAD
De manera inesperada, las autoridades federales dieron a conocer hoy que como integrantes de las instituciones académicas nacionales, formarán parte del Grupo de Trabajo para Morelos la maestra en Derecho internacional y ex asesora del Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Isabel Montoya Ramos, y el doctor en Sociología, Nelson Arteaga Botello, ambos representantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Y es que en abril pasado Inmujeres y Conavim dieron a conocer los resultados de una convocatoria nacional para integrar el Grupo de Trabajo de la que resultaron seleccionados los académicos de El Colegio de México, Javier Echarrí Canovas y Cynthia Galicia Mendoza.
De acuerdo con la base segunda de esa convocatoria, el “nombramiento tendrá una duración de dos años”, pero –sin explicación oficial alguna– ambos especialistas quedaron excluidos del Grupo de Trabajo para Morelos.
La información divulgada hoy sostiene que como institución académica de Morelos se designó –pese a que se declaró como desierta la convocatoria estatal– a dos representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Uno de ellos es Roberto Castro Pérez, doctor en Sociología Médica y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Según la síntesis curricular disponible en el portal del Inmujeres, Castro ha investigado los determinantes sociales de la experiencia subjetiva de la salud, violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, y sobre la génesis social de la violación de los derechos reproductivos.
También por parte del Centro Regional de la UNAM, integra el grupo Irene Casique Rodríguez, doctora en Sociología e integrante desde 2001 del Sistema Nacional de Investigadores, y quien ha investigado el empoderamiento de las mexicanas.
Hasta el cierre de esta edición, Cimacnoticias no obtuvo respuesta a su solicitud de entrevista con el Inmujeres, para saber cómo se procedió en la selección tanto de las y los académicos nacionales como para el estado de Morelos.
El Grupo de Trabajo deberá investigar los hechos denunciados por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), que solicitó el pasado 27 de mayo la activación de la AVG por considerar que el clima de impunidad y de discriminación que viven las morelenses deriva en feminicidio. La organización civil sostiene que entre 2000 y 2013 murieron 530 mujeres por la violencia de género.
Esta es la segunda ocasión que el denominado “nuevo Reglamento” de la LGAMVLV se pone a prueba, ya que el pasado 28 de abril quedó conformado el Grupo de Trabajo para el estado de Guanajuato, que en un plazo de 30 días debió realizar una indagación sobre la violencia feminicida denunciada por el Centro Las Libres.
Cabe señalar que la presidenta de la Conavim, Alejandra Negrete Montoya, anunció a inicios de junio que el informe estaría listo en una semana, pero aún se desconocen los resultados de la investigación.
14/AZM/RMB
junio 2014
Grupos civiles pidieron al Consejo de la Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, expulse a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) porque obstaculizan el derecho a decidir de las mujeres y los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual es incongruente con los principios progresistas de la IS.
Con motivo de la Conferencia del Consejo de la IS, que se lleva a cabo del 30 de junio al 1 de julio en esta capital, organizaciones civiles de varios estados del país –como Guerrero, Nuevo León y Oaxaca– acusaron que diversos actores del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) “legislan para criminalizar a las mujeres por ejercer sus derechos”.
Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), señaló en breve entrevista que el documento que se entregó al Consejo de la IS tiene como fin que tanto PRI y PRD –únicos integrantes en México del mecanismo– sean congruentes y asuman los principios progresistas y de izquierda, ya que a la hora de legislar parecen “partidos de derecha”.
La defensora explicó que se informó a la IS que el PRI asumió públicamente que –en alianza con los legisladores del PAN– votará a favor de la iniciativa que busca “proteger la vida desde la fecundación”, la cual se discute en el Congreso de Nuevo León (NL) y atenta contra el derecho a decidir de las mujeres y las penaliza por interrumpir su embarazo.
Respecto del PRD, la dirigente de Ddeser señaló que informaron al Consejo de la IS que las comisiones unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género del Congreso de Guerrero –estas dos últimas presididas por el PRD– desecharon este mes la iniciativa que establece la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, tal y como ocurre actualmente en el DF.
También las activistas informaron que el PRD en diversos estados –entre ellos Oaxaca– está desacatando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Además Adriana Jiménez acusó que la actuación de la senadora priista Diva Gastélum, como representante del Consejo de la IS de las Mujeres, ha sido “débil” y se excusa bajo el argumento de la soberanía de las legislaturas, mismo que usó la ex representante Beatriz Paredes quien, a decir de la activista, perdió reconocimiento dentro del movimiento feminista por esa actitud.
Señaló que no sirve de nada que PRI y PRD formen parte de este Consejo si en la práctica legislan bajo principios contrarios a la agenda socialdemócrata.
También recordó que las organizaciones civiles llevan más de un año debatiendo por el derecho a decidir en Guerrero sin que logren resultados, mientras que en NL los legisladores sesionaron en una noche y echaron a andar toda una maquinaria en contra de los derechos de las mujeres.
En declaraciones por separado, Antonio Nevarez Torres, dirigente de la Red Ciudadana de Diversidad Sexual, dijo que a Mcallen, Texas –donde se permite la interrupción del embarazo–, la mayoría de las mujeres que se atienden son del municipio neoleonés de San Pedro Garza García; sin embargo advirtió que no toda la población femenina del estado tiene la posibilidad de trasladarse hasta la frontera para abortar.
Respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, representantes de la Alianza por la Diversidad Sexual de Oaxaca indicaron que las autoridades locales no apoyan a las personas con preferencias sexuales diversas.
Entre las organizaciones firmantes del documento entregado al Consejo de la IS están Ddeser, Red Ciudadana de Diversidad Sexual, Redefine México y DESyDe Nacional.
14/AJSE/RMB
AI pide anular sentencia contra defensora de DH
Egipto.- Amnistía Internacional (AI) llamó a que se anule la condena impuesta el pasado 28 de junio a la abogada y activista Mahinour El-Masry, acusada de participar en una manifestación pacífica en diciembre de 2013 en Egipto.
Mahinour El-Masry es reconocida por su trabajo en el ámbito de los Derechos Humanos (DH), sin embargo fue sentenciada a dos años de prisión porque a decir de la policía participó en hechos violentos durante la protesta. Sin embargo, AI analizó los videos y no encontró indicio de culpabilidad de la defensora.
Analizarán feminicidio en Museo de la Mujer
México.- El Museo de la Mujer convocó al curso “Violencia contra las mujeres: Feminicidio”, que se impartirá todos los jueves de julio de las 16 a las 18 horas, a fin de examinar y discutir sobre los impactos del feminicidio en ámbitos como el legal, social, cultural y de Derechos Humanos en México.
La primera sesión del curso con el tema “¿Qué es el feminicidio?” se realizará el próximo 3 de julio en la sede del museo, en calle Bolivia número 17, colonia Centro, en la Ciudad de México.
Avala Perú aborto terapéutico, pero de manera limitada
Perú.- El Ministerio de Salud de Perú publicó el pasado 28 de junio la Guía Técnica del Aborto Terapéutico (en casos en los que corre riesgo la salud de la mujer), con el objetivo de determinar las circunstancias en las cuales se puede acceder a esta intervención.
La viceministra de Salud, María Paulina Giusti, aseguró que no todas las mujeres tendrán acceso al aborto terapéutico, ya que este sólo se realiza cuando los médicos determinan que existen riesgos en la salud o en la vida de la mujer embarazada.
Los casos serán evaluados por especialistas ginecólogos y las candidatas a esta intervención tendrán que contar con menos de 22 semanas de gestación.
Notimex divulgará derechos de la infancia
México.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la agencia mexicana de noticias Notimex firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto por los derechos de las niñas y niños.
Con el convenio, la agencia divulgará los eventos relacionados con el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, la campaña por los derechos de la infancia “Hazlo real”, y la iniciativa nacional de registro universal de nacimiento.
14/GGG/RMB
El estado de Colima debería contar con un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, pero hasta la fecha no cuenta con este registro, lo que a decir de legisladores locales no permite conocer la realidad que enfrenta la población femenina.
El Periódico Oficial del Estado de Colima publicó el 11 de mayo de 2013 el Protocolo de Feminicidio, que obliga a la Procuraduría de Justicia estatal crear un registro confiable sobre los asesinatos de mujeres, investigar sin criminalizar a la víctima, y definir las zonas de riesgo para las colimenses.
Además, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en febrero de 2007 se establece la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres, que hasta la fecha no existe.
Sin embargo ninguno de estos dos procedimientos existen en el estado de Colima, entidad con altos índices de violencia de género.
Ante esta situación, el coordinador de los diputados locales del PRD, Francisco Rodríguez García, afirmó que en la reunión que sostuvieron hace 15 días legisladores con funcionarios estatales que atienden el problema de la violencia, éstos reconocieron la falta de un banco de datos que les permita conocer el problema.
Lo anterior a pesar de que la ONU reveló en 2013 que desde 2007 en Colima hubo un incremento de 62 por ciento en los asesinatos de mujeres.
Además la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2012 señaló que Colima ocupa el primer lugar en violencia sexual, y el tercero en violencia física a escala nacional.
Recientemente la Procuraduría General de Justicia del estado señaló que en los últimos tres años 66 mujeres han sido asesinadas, sin embargo la dependencia sólo consideró a 28 casos como feminicidio.
De acuerdo con los datos, en 2011 se registraron 16 asesinatos, de los cuales seis fueron catalogados como feminicidio; en 2012 fueron 24 muertes, 14 clasificadas como feminicidio; en 2013, 17, pero sólo tres fueron consideradas como asesinatos de género, y en lo que va de 2014 la PGJE reconoce nueve asesinatos, de los cuales cinco fueron tipificados como feminicidio.
En agosto de 2011 el Congreso de Colima tipificó el delito de feminicidio y estableció que lo comete “quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer”.
Además, enumeró “razones de género”, entre ellas que exista o haya existido entre el feminicida y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
Además se estipula como “razones de género” que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, o que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida.
También que haya antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, y que el cuerpo de ella sea expuesto o arrojado en un lugar público, o que la víctima haya sido incomunicada.
14/HLG/RMB
En octubre o noviembre próximos podría estar concluida la investigación ciudadana que preparan grupos civiles, para solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) ante los asesinatos de mujeres en Colima.
Así lo informó la integrante de la asociación civil Radar 4, Adriana Ruíz Visfocri, quien dijo que las organizaciones civiles están en su etapa de investigación para integrar el documento que sustente la petición para que se emita la AVG.
Esto luego de que en diciembre de 2013, el Congreso local solicitara al gobierno de Mario Anguiano Moreno decretar la alerta, petición que fue rechazada con el argumento de que el Legislativo no tenía facultad para ello.
Ante ello y debido a la falta de información oficial sobre la violencia de género y los asesinatos de mujeres, agrupaciones como Radar 4 están haciendo una investigación que en próximos meses presentarán.
“Son trámites burocráticos y engorrosos que exigen estadísticas y números, y en eso estamos trabajando varias organizaciones, además de las reuniones semanales que hemos tenido con funcionarios de gobierno”, dijo Ruíz Visfocri.
La abogada explicó que los encuentros tienen como finalidad recabar los datos que tienen las dependencias sobre la violencia en el estado, “y eso irlo anexando al expediente que estamos preparando”.
La activista dejó claro que las organizaciones civiles no están analizando si solicitan la AVG, “eso ya lo definimos y es una decisión tomada, pero tiene que estar sustentada”.
“Hemos analizado que este problema (el feminicidio) se da en siete municipios; únicamente Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán no tienen (reportado estos casos)”.
También, dijo, que han tenido que documentar los diferentes tipos de violencia como la intrafamiliar, sexual, económica, psicológica y física, “y ya sabemos que el extremo de este tipo de violencia es el feminicidio”.
Ruíz Visfocri recordó que Colima está entre los primeros siete lugares en violencia de género; tiene el primer lugar en violencia sexual y el quinto en violencia física a nivel nacional.
“Además tenemos la violencia institucional que sufrimos las mujeres por parte de la Procuraduría o de las secretarías de la administración pública, ya que las mujeres maltratadas no reciben una atención adecuada”.
La abogada expresó que todos estos puntos se deben documentar en el expediente de solicitud de la AVG. “Es un trámite burocrático que pide números, y las mujeres que han sido asesinadas no son números, son esposas, madres, abuelas”.
Adriana Ruíz Visfocri manifestó que los grupos civiles se han puesto como meta tener toda la documentación en septiembre, “para empezarla a analizar y a más tardar en noviembre solicitar la AVG”.
La abogada explicó que las activistas carecían de información oficial, además, las dependencias no están coordinadas, “así es que la PGJE nos da unos números, en Seguridad nos dan otros, en Salud tienen otra información, así es que toda esta documentación ha sido laboriosa”.
14/HLG/RMB
Un niño hondureño de una ciudad perdida mira la televisión de una peluquería, el anuncio advierte que el turismo atrae recursos para la mejora del país, pero el pequeño no cree ser ciudadano de esa patria. Una pequeña de ocho años, proveniente de El salvador a quien entrevisté, piensa que la patria no existe, el hogar está sólo en su imaginación. Esos millones de niños y niñas expulsados del mundo, no hablan de sus países con ese masoquismo entusiasta de los adultos. Han madurado a golpes de realidad.
La inocencia de la que hablamos al referimos a la infancia se ha diluido. Después de entrevistar durante una década a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia aprendí más sobre el mundo. Es en la voz de esa generación menor de dieciséis años donde encontramos las respuestas sobre la crisis que han generado la violencia patrimonial y económica provocada por las políticas económicas que profundizan la brecha entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada. No se puede hablar de migración sin hablar de economía y del Estado Policíaco.
Las últimas investigaciones del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C nos dice que miles de niñas, niños y adolescentes de Centroamérica y México huyen de sus países debido a que su integridad y seguridad están en riesgo. En sólo nueve meses la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a 51 mil pequeños migrantes y 12 mil 146 eran de México; la respuesta de Washington ha sido incrementar el número de espacios con características carcelarias para encerrarles. De este lado de la frontera las autoridades mexicanas registraron la expulsión de mil 600 niñas, niños y adolescentes de Centroamérica y de 3 mil 724 mexicanos.
La niñez no acompañada es puesta bajo custodia de Protección de Aduanas Fronteriza (CBP) mientras se les envía a Reasentamientos de Refugiados, donde después se investiga si tienen familiares en E.U.A, a quienes se les entregan en custodia mientras llegan a juicio que posiblemente les deportará. El 65 por ciento serán devueltos al lugar del que huyeron. El 40 por ciento elegibles para alguna visa de protección de la niñez o como víctimas de delitos.
Las autoridades mexicanas dedicadas a la cacería de niñas, niños y adolescentes que quieren cruzar la frontera, les entregan a albergues y asociaciones con acuerdos con el DIF; pero si tienen más de 12 años, les envían a estaciones migratorias donde reciben trato inadecuado como adultas. En ninguno de los dos países se da rápido acceso a asistencia jurídica y psicológica que les permita impugnar la ilegalidad de su detención. Los estudios demuestran que esa migración masiva de la infancia es provocada por el miedo a perder la vida en manos de los cárteles, de pandillas, por violencia intrafamiliar y violencia institucional. No van atrás de un sueño, sólo huyen de la pesadilla.
El tratado de Libre Comercio ha dejado desde 1994 a Centroamérica y México sin posibilidades de crecimiento. El subdesarrollo económico y social de la mano de la incapacidad de los gobiernos para mejorar la Seguridad Humana, ha tocado a la infancia; la esclavitud en la región ha incrementado, lo mismo que la violencia sexual y las y los pequeños lo saben; está documentado.
Estados Unidos y México tiene la obligación de asegurar su integridad desde la perspectiva del interés superior de la niñez. No se les puede refugiar en condiciones carcelarias; deben recibir atención multidisciplinaria especializada de la mano de ACNUR. Esta crisis humanitaria no será solucionada si se niegan a discutir la venta de armas desde los Estados Unidos así como la demanda de drogas de ese país; las reglas del TLC, las políticas migratorias restrictivas y a seguir negando la importancia de atajar la violencia de género y familiar en cada país y región.
Si usted quiere hacer algo para ayudar contacte a www.imumi.org
Twitter: @lydiacachosi
* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
14/LCR/AGM
La Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer generó leyes, pero no incidió en políticas públicas a favor de la población femenina.
La políticas de prevención y atención de la violencia carecen de mirada de género, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), afirman expertas.
De acuerdo con Circe López, directora de la organización civil Humanas sin Violencia, asentada en Michoacán, el tratado continental es histórico y uno de los pocos instrumentos exigible que marca pautas claras para prevenir, atender y castigar las agresiones contra las mujeres.
Sin embargo, advierte que Belém do Pará no se toma en cuenta a la hora de implementar estrategias de seguridad. Por ejemplo, explica que no fue considerada en Michoacán, entidad marcada por un alto flujo migratorio y una presencia importante del narcotráfico que deriva en graves violaciones a los Derechos Humanos (DH).
López dice que el hecho de que en la entidad la estrategia de seguridad no contemple los derechos femeninos es una forma de violentar a las mujeres, pues según los postulados de Belém do Para la violencia también ocurre por omisión, “lo que implica no prevenir que las michoacanas estén en medio del fuego cruzado”.
La consecuencia, añade, es que el conflicto entre narcotráfico, gobierno y autodefensas ha dejado más de 300 mujeres desplazadas por la violencia.
“Lo que representa –apunta– una creciente ola de nuevas jefas de familia, además de jornaleras agrícolas que ya venían desplazadas en su mayoría de la sierra de Guerrero, y ahora forman un cinturón de pobreza extrema”.
Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, coincide en lo anterior al resaltar que ahora las mujeres están vulnerables ante formas más brutales de violencia.
Para Cruz Sánchez, dos décadas de Belém do Pará sólo sirvieron para que el Estado pusiera en la ley el derecho a una vida libre de violencia. El máximo logro –advierte– es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007.
LEYES QUE NO SE APLICAN
La activista considera que el gobierno mexicano pensó que la estrategia era armonizar legislativamente, “pero ya en la práctica ni siquiera aplica la ley y no hemos logrado que entienda que no se trata de realizar acciones aisladas o sexenales, sino que es una política pública de Estado”.
El más claro ejemplo del incumplimiento de la Convención –indica Cruz– es la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues pese a las reiteradas solicitudes para que se declare este mecanismo de emergencia, lleva siete años sin ser activada.
A decir de la defensora, al no prevenir las muertes de mujeres mediante la AVG, México incumple gravemente su compromiso con Belém do Pará.
La activista asegura que el Estado signó esa y otras convenciones sin tener la voluntad política para ejecutarlas, ya que “le apostó a que éramos una ciudadanía que no iba a exigir nada y que las mujeres somos seres inferiores, pues piensan que si no invierten en educarnos en derechos, no los conoceremos y por tanto no los exigiremos. Pero las feministas y defensoras hemos demostrado que no es así”.
La abogada Andrea Medina Rosas –quien litigó el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, el cual derivó en una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)–, recuerda que durante el desahogo de ese juicio México demostró que tiene “una forma muy sofisticada de incumplimiento de sus obligaciones y una política bastante efectiva de simulación, porque no es que mienta completamente, el hecho es que hace o crea cosas, pero no las usa para transformar la realidad”.
“Por ejemplo, –relata– como argumento para decir que estaba haciendo algo presumió sus constantes capacitaciones a funcionarios y ministerios públicos, pero cuando ellos fueron consultados sólo supieron prácticamente recitar las convenciones, pero no supieron decir en que se traducían y como las aplicaban”.
Medina Rosas destaca que la sentencia de Campo Algodonero –por el asesinato de mujeres en la urbe fronteriza– es un parteaguas para Belém do Pará, ya que fue la primera vez que la CoIDH la retomó para emitir un fallo y definió que su cumplimiento es obligatorio para las naciones.
“Eso ocurrió porque México se atrevió a decir que sí la había ratificado, pero que no lo obligaba”, narra la abogada.
En ese contexto –abunda la defensora– es que la Convención debería ser retomada, no sólo para crear las políticas públicas necesarias, sino en los casos de acceso a la justicia para las mujeres.
PERSONAL DESCONOCE CONVENCIÓN
Encuestas e investigaciones realizadas por instancias como la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM han detectado que tanto impartidores de justicia como personal de las comisiones de Derechos Humanos, desconocen la Convención de Belém do Pará.
Andrea Medina aclara que una Convención o una ley “no transforman mágicamente la realidad, pues son acuerdos políticos que se consolidan formalmente para establecer nuevas formas de relaciones sociales”
En tanto la ley “no transforma mágicamente la realidad, los Estados tienen que hacer las acciones que permitan que la sociedad entienda esas nuevas concepciones y las integre de tal forma que se traduzcan en nuevas actitudes cotidianas; en eso es en lo que ha fallado el gobierno y en esa exigencia de cumplimiento ahora más que nunca debemos ser más puntuales”, subraya la abogada feminista.
14/AZM/RMB
Recamareras, las más acosadas sexualmente en sector turístico
Ante el acoso sexual y desigualdad laboral que afrontan las trabajadoras del sector turístico –que representan el 70 por ciento del personal de este rubro–, académicas exigieron mecanismos de supervisión obligatorios en los centros de trabajo, y medidas que faciliten y promuevan la denuncia.
De acuerdo con el estudio de 2013 “El acoso sexual a las trabajadoras del sector turismo”, de las académicas Carla Pederzini Villareal, de la Universidad Iberoamericana, y Arlette Covarruvias, del Colegio Mexiquense, este flagelo es cometido por clientes y empleadores y afecta directamente a las mujeres.
Según detalla la investigación, a partir de entrevistas a empleadas y empleadores en centros turísticos del DF, Tepoztlán, Morelos, Cancún, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero, se detectó que las recamareras son las más perjudicadas; sin embargo, esta problemática también se da entre las mujeres taxistas, “hostess” (recepcionistas), vendedoras de boletos y meseras.
Y es que en la actividad cotidiana del sector hay factores de vulnerabilidad que fomentan el acoso sexual, por ejemplo, la obligación de las trabajadoras a ser atentas y serviciales con los clientes y el uso de la imagen para atraer consumidores.
Otros factores que derivan en acoso sexual es el consumo de alcohol entre los clientes y el aislamiento físico que experimentan las empleadas en sus sitios de trabajo, lo que potencializa la ocurrencia de esta problemática.
Las académicas lamentaron que muchos de quienes se desempeñan en este sector, y la sociedad en general, desconocen la frecuencia y las consecuencias con que ocurre este flagelo.
Señalaron que es primordial que las trabajadoras sepan que “tienen el derecho de sentirse incómodas” ante una situación de acoso, y que los otros trabajadores del sector también conozcan que esta acción puede tomar la forma de una conducta ofensiva, como la violencia física o el chantaje sexual, o puede manifestarse de una forma “en apariencia inocua” (que no hace daño).
Por esto, las especialistas insistieron en la necesidad de mecanismos de supervisión obligatorios en hoteles y moteles, así como una línea telefónica para reportar abusos de manera anónima, entre otras medidas para contrarrestar el acoso sexual contra las trabajadoras del sector turístico en México.
Agregaron que es de suma importancia que se invierta e implementen acciones para erradicar este problema, ya que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector turismo en México genera 9 por ciento del Producto Interno Bruto anual.
DESIGUALDAD LABORAL
Cabe agregar que ésta no es la única investigación al respecto, ya que en 2011 El Colegio de México (Colmex) publicó el “Análisis económico del mercado laboral en el sector turístico: hacia una política de igualdad entre hombres y mujeres”.
En este informe el Colmex señaló que el sector turismo es el que más emplea a mujeres con nivel educativo medio superior y superior con 41 por ciento del personal femenino contratado, pero 92 por ciento de ellas tiene una posición subordinada, especialmente como “mozos de hotel, botones o similares” y no como empleadoras.
Asimismo, las ocupaciones con menos representatividad femenina son las direcciones en servicios culturales, de esparcimiento, recreativos, restaurantes, hospedaje y comercio.
Además, según el estudio, el sector turismo es el que presentaba en 2011 mayor desigualdad salarial entre los sexos, ya que mientras los varones percibían por hora un promedio de casi 30 pesos, las mujeres –por realizar las mismas actividades y en mayor vulnerabilidad a ser víctimas de violencia– recibieron 20.97 pesos.
Por esto, las y los académicos del Colmex emitieron recomendaciones urgentes para las secretarías de Turismo y de Trabajo y Previsión Social, como sancionar de manera ejemplar el hostigamiento y acoso sexual, crear tribunales y fiscalías especializadas para estos delitos, así como prevenir e informar sobre este tipo de violencia en los centros laborales.
Pese a estas y otras recomendaciones, la Secretaría de Turismo presumió en 2012 sus “logros en igualdad de género”, pero no brindó cifra alguna que demostrara la disminución de la violencia hacia las trabajadoras, sino únicamente las certificaciones del sector en el tema de igualdad y la creación de programas al respecto sin presentar resultados.
14/AJSE/RMB
Los Estados del continente americano deben tomar medidas para promover que las mujeres usen las tecnologías de la información y la comunicación, y participen en la sociedad de la información, convocó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe “Libertad de expresión e internet”, que hoy presentó la relatora Catalina Botero en Washington, se dice que las tecnologías de la información y la comunicación son cruciales para el desarrollo político, económico, social y cultural, así como un factor esencial para la reducción de la pobreza y la creación de empleos.
Por ello, el acceso universal a las tecnologías supone también, de manera prioritaria, asegurar el acceso equitativo en términos de género, es decir que mujeres y hombres usen estas herramientas, al igual que las personas con alguna discapacidad o de comunidades marginadas.
De acuerdo con el informe, le corresponde a cada Estado decidir cuáles son los medios más adecuados para no dificultar el acceso a las tecnologías, y garantizar que la conectividad se extienda a todo el territorio para promover, de manera efectiva, el acceso de las y los usuarios rurales y de comunidades marginadas.
Asimismo, en el documento se señala que las comunidades deben tener acceso a centros de tecnologías de la información y comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público, y para ello cada país debe promover la capacitación y educación en esta materia, en especial en sectores pobres, rurales y entre la población adulta mayor.
El organismo a cargo de Catalina Botero indica que es importante que las autoridades realicen esfuerzos para cerrar progresivamente la “brecha digital”, ampliamente reconocida por los Estados, ya sea en función de la riqueza, el género, las demarcaciones geográficas o grupos sociales, entre Estados y dentro de los mismos,
Según dice el informe, la “brecha digital” no sólo está relacionada con la disponibilidad del acceso a internet, sino también con la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para que el acceso a la red sea útil y provechoso para las y los usuarios.
La relatora consideró importante que los Estados adopten políticas y estrategias eficaces y concretas, elaboradas en consulta con personas y organizaciones civiles.
Cabe decir que en México se debaten las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que de acuerdo con expertas, no consideran la perspectiva de género y los anteproyectos tienen restricciones en torno a la libertad de expresión en internet.
14/AGM/RMB
Autoridad electoral garantiza paridad en comicios en Bolivia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aprobó un sistema de inscripción a candidaturas a senadurías y diputaciones, que garantizará la paridad de género en los comicios generales del próximo 12 de octubre.
La medida adoptada esta semana se materializa en un programa informático desarrollado por el TSE, que obliga a los partidos políticos a que la inscripción del 50 por ciento de las candidaturas titulares y suplentes sea de mujeres.
El programa se desarrolló con base en la Ley del Régimen Electoral, promulgada en junio de 2010, que establece que las listas de postulaciones “respetarán la paridad y la alternancia de género entre mujeres y hombres”.
Sin embargo, el criterio de paridad no aplicará a las listas de siete diputaciones especiales, pues en estos escaños específicos prevalecerán los usos y costumbres de cada región; mientras que para las candidaturas a presidente y vicepresidente la nominación es indistinta.
Esta fórmula en algunos casos permitirá más participación femenina, pues en las nominaciones para diputaciones plurinominales en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni –donde el número de curules es impar–, de acuerdo con la Ley 421 el sistema dará preferencia a las mujeres.
En tanto, organizaciones de mujeres y feministas que se agruparon en la campaña “50 y 50 ¡Paridad es ahora!” manifestaron su beneplácito con la disposición del TSE, para aplicar el principio de paridad y alternancia.
En un comunicado, recordaron que el avance “no es una concesión a las mujeres, sino el reconocimiento de su aporte a las luchas históricas por la igualdad”, a lo que agregaron que al constituir la mitad de la población ellas “tienen derecho de ocupar el 50 por ciento del poder político”.
Consideraron al nuevo sistema informático como una herramienta de control y verificación de las listas en el cumplimiento de la paridad, y llamaron a los partidos a acoger la medida con la mejor disposición y avanzar así hacia un país más igualitario.
El electorado boliviano acudirá a las urnas el próximo 12 de octubre para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como 166 integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dividida en 130 diputaciones y 36 senadurías.
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