A 20 años de que se implementara la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, ha existido un progreso para las mujeres “pero muy lento”, afirmó Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres.
Al inaugurar ayer la Campaña de conmemoración del 20 aniversario de la Conferencia “Beijing+20” Mlambo-Ngcuka reiteró que Naciones Unidas considera que hay “una pandemia de violencia” contra las mujeres y las niñas, especialmente a manos de extremistas y terroristas.
En su discurso sostuvo que a 20 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer la situación ofrece una “imagen contradictoria”, pues si bien en algunos puntos (como la participación política) las naciones han logrado avances, aunque en algunos casos “muy lentos”, en otras materias ha habido retrocesos.
Hace 20 años –dijo– el 11 por ciento de los puestos parlamentarios eran ocupados por mujeres, ahora la cifra es de cerca del 22 por ciento, lo que implica un “progreso, pero necesitamos ir más rápido”.
“Progreso sí pero muy lento y muy poco”, expresó la sudafricana al señalar que hace 20 años el 40 por ciento de las mujeres tenían empleos remunerados y asalariados, y para 2014 apenas 48 por ciento de ellas los tienen.
Mlambo-Ngcuka agregó que si bien dos décadas atrás morían el doble de mujeres que las que hoy perecen durante el parto, aún 800 mujeres pierden la vida a diario, aunque la mayoría de estos decesos podrían ser prevenibles.
A lo que se suma que 30 millones de niñas continúan en riesgo de sufrir mutilación genital en la próxima década y una de cada tres mujeres en el mundo vive violencia física y sexual.
La titular de ONU-Mujeres señaló que la violencia contra la población femenina no ha logrado erradicarse y por el contrario ha alcanzado proporciones epidémicas, lo que representa un “retroceso”.
En ese sentido, denunció los recientes atentados terroristas y extremistas en los que “las mujeres han llevado la peor parte”, pues estos grupos atacan sus derechos reproductivos y a la educación, a lo que se agrega que la impunidad en estos casos va en aumento.
Phumzile Mlambo-Ngcuka llamó tanto a las naciones como a toda la población a unir esfuerzos, para eliminar las brechas y obstáculos que aún enfrentan las mujeres en el mundo.
“No tengo duda de que esto (la igualdad para las mujeres) es una ardua tarea, pero no es una misión imposible y es la misión de nuestra era”, finalizó.
14/AZM /RMB
junio 2014
España: 2 millones de personas justifican violencia de género
Miguel Lorente hizo una “resonancia magnética” a la violencia de género para evidenciar “tejidos blandos” que no se ven, y “zonas oscuras” que no se advierten suficientemente.
Lo planteó al participar en una jornada organizada por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con motivo del décimo aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género y que se celebró ayer en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española.
La situación no es halagüeña. Los datos muestran que la violencia de género ha aumentado. Mientras en 2006 había 400 mil mujeres que vivían bajo la violencia, en 2011 llegaron hasta 600 mil. Es decir, en los años en los que se contó con más recursos y medios para abordar la violencia machista, ésta creció en un 50 por ciento.
“No es porque la ley no sirva”, advirtió Lorente. Sino por el “postmachismo”, una reacción a los cambios sociales que están impulsando las mujeres.
“Ellas lideran unas transformaciones que rompen con ese corsé de roles y espacios que les impedía incorporarse en igualdad a la sociedad y disfrutar de libertad e independencia. En cambio, los hombres no cambian y permanecen en esa idea de que su mujer debe hacer lo que se espera de ella, es decir, ser ante todo una buena esposa, madre y ama de casa.
“Y cuando intentan imponer ese criterio y la mujer no lo acepta, recurren a un mayor grado de violencia, y cuando este aumento de la violencia también fracasa y la mujer decide no continuar con la relación, se entra en la zona de riesgo del homicidio”.
Lorente señaló que no debemos limitarnos sólo a las denuncias. Según la macroencuesta de 2011, de las casi 600 mil mujeres sometidas a violencia de género, sólo el 22 por ciento denunció, es decir, “la inmensa mayoría no denuncia, algo que choca con el mito de que se denuncia falsamente”. Es una de las “zonas oscuras”.
Estas mujeres que no denuncian aun sufriendo violencia, o siguen aguantando, o se separan. Y cuando lo hacen, las y los hijos, que han estado viviendo la violencia por parte del padre, no quieren verlo.
Surge entonces una perversa interpretación: la madre manipula, lo que se ha estipulado incluso en el falso síndrome llamado SAP. “Todo esto es consecuencia de una violencia previa que no se investiga”, explicó Lorente. Nueva “zona oscura”.
En el análisis de la violencia contra las mujeres que dio el experto destacó la llamada de atención sobre la “tolerancia” y la “normalización” de la misma.
Según el Eurobarómetro de 2010, en Europa hay un 3 por ciento de personas que considera “aceptable” la violencia de género en determinadas circunstancias y un 1 por ciento en todas.
Eso se traduce que en España, de entrada, hay dos millones de personas que piensan que esta violencia es justificable en algunas circunstancias.
MALTRATADORES Y ASESINOS
También criticó que, al analizar la violencia machista, se desvíe la mirada y se deje al responsable en segundo plano. Desde que se contabilizan las víctimas de esta lacra, ha habido 700 mujeres asesinadas, lo cual quiere decir que hay 700 hombres asesinos.
Por cierto que “no son borrachos, ni actúan como consecuencia de las drogas”, aclaró Lorente, quien analiza las sentencias de los 346 homicidios perpetrados entre 2001 y 2010.
Los agresores saben lo que hacen y “aceptan las consecuencias de sus actos”, actúan más cuando la mujer se separa –ven en peligro su dominio–, y en los crímenes se advierte la expresión de una violencia acumulada y también indicadores de odio y ensañamiento.
En cuanto al aspecto institucional, analizando los estudios de condenas que ofrece el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Lorente advirtió que “hay circunstancias relacionadas con la investigación y la instrucción que afectan al resultado y se traduce en menos sentencias condenatorias”.
Es claro que el riesgo de asesinato es mayor para aquellas mujeres que no denuncian. Pero no podemos obviar que de las 295 mujeres ultimadas en los últimos cinco años –sin contar las de 2014–, 72 habían denunciado.
“Donde tenemos más margen para actuar es tras la denuncia”, dijo Lorente, “y cuando los juzgados conceden medidas de protección, el riesgo baja”. Pero observó que la campaña machista de las “denuncias falsas” se traduce en la percepción de la propia víctima, en los juzgados, en el entorno, en todo.
Para el que fuera delegado del gobierno para la Violencia de Género, el avance en la protección de las mujeres tiene que ver con la valoración del riesgo y con adoptar los mecanismos adecuados, como las pulseras que permiten detectar la proximidad del agresor.
El especialista insistió en no ir sólo a lo evidente. Una de las claves está en el personal de la salud. “Las mujeres que sufren violencia van más a los centros de salud, por distintos motivos, a veces no demasiado evidentes, y no están siendo tratadas como tales, a veces por falta de formación del personal médico”.
“POSTMACHISMO” GUBERNAMENTAL
Lorente denunció que el “postmachismo” social “está pasando a ser un ‘postmachismo’ institucional”, que se expresa en los cambios planteados a la Ley Integral –buscando esconder la violencia que sufren las mujeres en el contexto doméstico o familiar–; la supresión de educación para la ciudadanía; los recortes en materia de salud; los indultos a guardias civiles que se burlan de agresiones sexuales, o la reforma de la actual ley del aborto.
Este “‘postmachismo’ utiliza la confusión como aliada para que todo siga igual bajo la desigualdad”. Bajo el juego de que “toda la violencia es importante”, insisten en destacar que las mujeres también hacen el mal.
Intentar mezclar todas las violencias, sus diferentes circunstancias y los distintos objetivos que persiguen, es no querer solucionar ninguna de ellas y dejar que todo transcurra como hasta ahora.
Pero como Miguel Lorente explicó, “estas reacciones y argumentos demuestran de manera directa que la desigualdad no es casual y que la violencia de género no es un accidente, sino todo lo contrario. La realidad es resultado de algo que se hace”.
En la jornada “Décimo aniversario de la Ley Integral: evaluación y propuestas de mejor” se analizó y debatió sobre los avances alcanzados y medidas contempladas en la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como la realización de propuestas en esta materia.
14/GL/RMB
Hace más de seis meses, Mariana, migrante sin documentos en Estados Unidos desde 2005, fue detenida en su departamento frente a sus tres hijas menores de edad.
Ella pasó tres meses en la cárcel y luego fue deportada a México, su país de origen. Desde entonces no ha vuelto a ver a sus hijas ni sabe si algún día lo podrá hacer.
Las leyes norteamericanas establecen que en los casos de deportación de mujeres con hijas e hijos, una Corte de lo Familiar de EU y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México deben analizar si es conveniente que la madre tenga la custodia de las y los menores de edad.
Cuando Mariana llegó a Tijuana, Baja California, tenía sólo 15 dólares en la bolsa (apenas 200 pesos mexicanos); no conocía a nadie y no sabía dónde se quedaría. Le costó casi dos meses encontrar un trabajo como obrera en una fábrica de textiles donde gana 300 pesos semanales, luego consiguió un departamento que renta por mil pesos al mes.
Ella sabía que debía cumplir con todos los requisitos marcados por el protocolo estadounidense si quería volver a ver a sus hijas; uno de ellos es tomar cursos dirigidos a padres de familia, así que después de recibir la segunda quincena de sueldo se inscribió a una capacitación para prevenir violencia intrafamiliar y otra para prevención de adicciones, cada una con costo de 50 pesos por sesión en el DIF.
Además, regularmente una trabajadora social inspecciona su vida, realiza exámenes socioeconómicos y evalúa sus avances para determinar si sus hijas podrán volver a vivir con ella.
Cuando se cumplieron los primeros seis meses desde su deportación, Mariana tuvo su primera audiencia en la Corte de lo Familiar, la cual se realizó vía telefónica.
En esa audiencia ella debía comprobar que cumplía con los requisitos para tener a sus hijas, entre ellos un ingreso fijo, un hogar acondicionado para vivir con ellas, acreditar que no consumía drogas ni alcohol, y aprobar los cursos y capacitaciones para padres, entre otros.
Aunque hizo todo lo posible para quedarse con la custodia de sus hijas, en esa audiencia le dijeron que no cumplía con los requisitos económicos para mantenerlas –a pesar de que ella comprobó que los primeros tres meses los pasó en prisión y los siguientes buscando hogar y trabajo–.
Las autoridades de EU le concedieron una prórroga de seis meses más, pero si en este tiempo no pasa el examen socioeconómico se le concederán los últimos seis meses adicionales.
Si Mariana tampoco logra pasar las pruebas, la custodia de sus hijas –ahora bajo el cuidado de los Servicios de Protección a la Infancia (CPI, por sus siglas en inglés)– pasará a otra familia de aquel país.
Como Mariana, son miles las madres que actualmente están a la espera de que la Corte de lo Familiar les conceda la oportunidad de reunificarse con sus hijas e hijos que se quedaron en EU luego de que ellas fueron deportadas.
“TRAMITOLOGÍA”
De 2010 a junio de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó al no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) que ha recibido 9 mil 780 solicitudes de asistencia consular por asuntos de custodia.
Durante la espera que puede durar de seis a 18 meses, las mujeres tienen que probar que cumplen con los requisitos que imponen las autoridades estadounidenses para recuperar a sus hijos, para lo cual en muchos de los casos tienen que buscar hasta dos empleos.
Al respecto, Daniel Bribiescas, quien brinda acompañamiento jurídico en el Centro Madre Assunta para mujeres y niñas y niños migrantes, en Tijuana, detalló en entrevista que en todos los casos que conocen las mujeres llegan a México muy desorientadas sobre qué harán y cómo recuperarán a su familia.
Lo más grave es que en la mayoría de los casos durante la detención las madres no tuvieron oportunidad de saber con quién se quedaron sus hijas e hijos.
El abogado relató que cada caso presenta una complicación diferente, pero en su experiencia le ha tocado dar acompañamiento a mujeres que desde el mismo día que parieron no pudieron ver al recién nacido porque fueron deportadas, lo que complica el proceso de custodia, pues además deben comprobar que el bebé es su hijo.
También señaló que estas madres enfrentan problemas económicos o de salud, y una gran preocupación por no saber quién cuidará de su descendencia. El Centro Madre Assunta recibe en promedio a 120 mujeres al mes; todas enfrentan la separación familiar.
Las estadísticas del albergue indican que al año suman 24 casos en los que las y los niños quedaron bajo la custodia de algún agente de protección infantil en EU; de éstos, sólo nueve logran reunificarse en el primer año, los otros 12 lo hacen a lo largo del segundo año, y tres no lo logran nunca.
Cuando sucede esto, afirmó Bribiescas, muchas madres se arriesgan de nuevo a cruzar la frontera y a ser deportadas, y muchas son detenidas y caen en depresión; otras, ante la desesperación hasta piensan en el suicidio.
ABANDONO INSTITUCIONAL
El abogado criticó que durante los procesos de reunificación las mujeres enfrenten diversos obstáculos legales debido a que las autoridades de EU complican los trámites, y a que sus pares en México no brindan apoyo alguno a las madres.
Explicó que durante el trámite las mujeres pierden contacto con sus hijas e hijos y con las trabajadoras sociales que les asignan; su representación legal en EU es débil y el consulado sólo emite recomendaciones, pero nunca exigencias.
Luego, cuando llegan a México, se enfrentan a la desinformación, padecen carencias económicas, falta de vivienda y problemas de comunicación con sus familiares que radican en el país vecino.
Para colmo, observó Bribiescas, cuando las madres logran reunir todos los requisitos se enfrentan a que un familiar o conocido también pelea la custodia, ya que quiere la retribución económica que se da a las personas que se quedan al cuidado de las o los menores de edad.
Las autoridades contemplan una pensión mensual de 600 dólares (7 mil 800 pesos mexicanos) en promedio, apoyo para vivienda y para actividades recreativas, entre otros beneficios, para quien obtenga la custodia.
Cuando hay una persona que pelea la custodia, las mujeres se enfrentan a que la Corte Familiar falle a favor de los ciudadanos estadounidenses por considerar que una familia de ese país ofrecerá mejores condiciones de vida que en México, esto a pesar de que las madres hayan cumplido todos los requisitos para estar con sus hijas e hijos.
INJUSTICIAS
Laura vive esa situación. En unos meses podrían separarla de sus hijas para que ellas vivan con un ciudadano estadounidense, que a decir de la Corte de lo Familiar, les ofrece mejores condiciones de vida que su madre.
A diferencia de Mariana, Laura llegó a Tijuana sin dinero pero con mucho talento para tejer, lo que contribuyó a que consiguiera trabajo rápidamente y un ingreso de mil 500 pesos al mes.
Actualmente le faltan dos sesiones para concluir una de las capacitaciones que le fueron requeridas; pagó costosos análisis médicos que le pidieron para comprobar que no consume drogas ni alcohol, y ahora ha empezado a comprar algunos muebles para recibir a sus tres hijas.
Según relata, luego de su deportación los jueces estadounidenses determinaron que sus hijas debían ir a vivir con un familiar, en este caso con su tía, pese a que las niñas ni Laura estaban de acuerdo porque no confiaban en ella.
Laura insistió a la trabajadora social que su hermana no cuidaría debidamente a las niñas, pero ésta la ignoró y hasta en algunos momentos dejó de buscarla.
La custodia le fue retirada a la tía hasta que las autoridades se percataron de que una de las menores, que padece diabetes, varias veces fue hospitalizada por falta de insulina.
El cuidado de las niñas pasó a manos de una ex pareja de Laura, que no es el padre biológico pero, según argumentaron las autoridades, durante una etapa estuvo en contacto directo con la familia y además era ciudadano estadounidense.
En días recientes, la trabajadora social le dijo a Laura que en la próxima audiencia (en agosto y a la cual no podrá asistir por su estatus migratorio), votará a favor de su ex pareja porque a su juicio las niñas mantienen una estabilidad emocional con él y tendrán mejores oportunidades de vida.
Tras saber la noticia, ella se sintió deprimida y desesperada, incluso pensó en ir a buscar a sus hijas y en desistir del juicio; sin embargo, está consciente de que si viola la leyes migratorias estadounidenses entonces sí perdería toda oportunidad de volver a verlas y alegar, en un futuro juicio, que se le concedan al menos unos días para estar con ellas.
Todos los días, Mariana y Laura llaman a sus hijas. Ambas madres llegaron a EU después de un largo viaje y con el sueño de tener una mejor vida que la que les ofrece México.
Las mujeres recuerdan con frustración que si en algún momento decidieron emigrar fue para que la pobreza no las separara de sus familias y no les quitaran el derecho de ser madres, un derecho que ahora les niegan los funcionarios de otro país.
14/AJSE/RMB
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe sobre las medidas y acciones que realiza, para evitar que se violen los derechos de las y los niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos y son detenidos.
El llamado de las y los legisladores se dio luego de que grupos civiles estadounidenses y mexicanos alertaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los abusos de los que son víctimas los más de 40 mil menores de edad que cada año son detenidos y repatriados de EU –de los cuales cerca de 18 mil viajan solos–.
La Comisión Permanente analizó la situación de los miles de niñas y niños que emigran a EU, por lo que resolvió solicitar a la SRE que informe detalladamente sobre su trabajo al respecto.
Previo al exhorto, organizaciones como Women’s Refugee Commission (WRC) denunciaron que las niñas y las adolescentes, ya sea durante el tránsito o su detención, están expuestas a agresiones sexuales y violencia de género, incluso por parte de agentes fronterizos, por lo que urgen acciones específicas para ellas.
La WRC también alertó que se estima que en EU hay cerca de 40 refugios privados con financiamiento federal para albergar a las y los niños indocumentados que viajan sin compañía, lugares donde los menores de edad están expuestos a secuestros, trata de personas y otras formas de violencia física, verbal y psicológica.
En el punto de acuerdo aprobado se precisó que las y los niños migrantes buscan a sus familias y un trabajo, pero también escapan de la violencia en su lugar de origen, por lo que se debe trabajar coordinadamente con las autoridades de EU para que en algunos casos no sean repatriados y se les concedan visas especiales.
En este contexto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó ayer en un boletín que en lo que va del año rescató a 10 mil 505 menores de edad, lo que representa un aumento de 7.4 por ciento con relación al total de 2013, pero no desagregó la cifra por sexo.
No obstante, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Sin Fronteras señalaron que el flujo migratorio de niñas y niños ha crecido en promedio 50 por ciento cada año de 2011 a 2014, al igual que las detenciones en EU.
La víspera, el titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de EU, Jeh Johnson, declaró que el pasado año fiscal se detuvieron a más de 24 mil menores de edad que cruzaron la frontera sin acompañamiento y sin documentos de estancia legal, pero que a mediados de este mes de junio la cifra se incrementó a 52 mil.
El funcionario señaló que, bajo los valores que han imperado en las leyes estadounidenses, se está reforzando la seguridad en la frontera, y aunque está conmovido por la situación de estas niñas y niños, dijo que es responsabilidad de los padres recordar que al enviarlos a EU ellos serán detenidos y enfrentarán procesos de deportación frente a los jueces migratorios.
14/AJSE/RMB
Marisol y Walter, ambos de 25 años de edad, originarios del municipio de La Paz Centro, en el occidental departamento nicaragüense de León, discutieron porque ella le dijo que terminaran su relación.
Walter, al no convencerla de lo contrario, decidió matarla, asesinato que se sumó a los 47 casos de feminicidio perpetrados hasta ahora en el país centroamericano.
Los asesinatos de mujeres se han vuelto una pandemia ante los ojos de las autoridades, denunció Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), quien lamentó que el Estado no declare una emergencia ante estos crímenes.
Se requieren acciones inmediatas para frenar esta pandemia que tiene a las mujeres atadas en una sociedad machista y patriarcal, donde los hombres se creen dueños de la vida de las mujeres, denunció la activista.
Desde la semana pasada, todos los miércoles o jueves, el movimiento amplio de mujeres realiza protestas contra el feminicidio, para llamar la atención al Estado y a la sociedad en general sobre este problema social, que está acabando con la vida de mujeres y dejando a centenares de niñas y niños huérfanos.
En la reciente jornada se realizó un plantón en la carretera norte en Managua, frente al aeropuerto internacional, en la principal vía de comunicación del país, para exigir la intervención de los funcionarios y de la población en general ante esta problemática.
Este jueves en Masaya, a media hora al oriente de Managua, el movimiento de mujeres Axayacalt, en coordinación con otras organizaciones, realizó una protesta frente a la sede policial.
Según denuncia la RMCV, en Masaya se han registrado dos casos de feminicidio este año y los agresores no han sido capturados, por lo que demandaron una respuesta ágil de la Policía Nacional y la Fiscalía.
La RMCV, alarmada ante el incremento del feminicidio, denunció que a dos años de aprobada la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (mejor conocida como Ley 779), las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de feminicidio no acceden y no encuentran justicia por falta de políticas, presupuestos y voluntades del personal judicial.
El inadecuado y retardado tratamiento del Estado a la violencia de género, al extremo de minimizar las situaciones sufridas por las víctimas, así como la falta de acceso a la justicia y de medidas de prevención, generan un clima de desprotección y desconfianza por parte de las víctimas, quienes perciben la inoperancia de las instituciones en la prevención y sanción de la violencia, destacó la RMCV en un comunicado.
De los 47 casos de feminicidio registrados hasta ahora están los de cuatro adolescentes que han sido asesinadas. En 2013 fueron ultimadas 11 niñas, entre ellas dos de tres y seis años de edad.
Managua encabeza la lista de casos este año con 10 mujeres asesinadas, seguido de los norteños departamentos de Matagalpa con ocho, y Jinotega con cinco. El hogar es el escenario principal de la violencia, y las parejas y conocidos, los principales agresores.
Del total de feminicidas, 15 están prófugos de la justicia, 22 en proceso judicial y sólo seis han sido condenados, por lo que la RMCV exige un juicio ágil para castigar a los agresores.
Este año 36 niñas y niños menores de 15 años están huérfanos debido a los asesinatos de mujeres, lo que representa otra preocupación para las organizaciones civiles.
14/NR/RMB
Convocan a Diplomado Comunicación y Género en la UNAM
México.- La UNAM, junto con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), convocan a periodistas y estudiantes a inscribirse al Diplomado Comunicación y Género, que se impartirá de agosto próximo a abril de 2015 en modalidad presencial y en línea.
El diplomado se lanza con el objetivo de promover el periodismo con perspectiva de género, la especialización de las y los reporteros, así como incluir el enfoque de Derechos Humanos de las mujeres en las carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
El registro se puede hacer en la página http://decyvpoliticas-unam.org/pag/index.php/pre-inscripcion, y las dudas y aclaraciones se pueden consultar en el correo [email protected]
Celebra ONU nueva ley de protección a víctimas en Colombia
Colombia.- Zainab Bangura, representante de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, celebró que el pasado 18 de junio Colombia promulgara la nueva ley que promueve la justicia para las víctimas de violaciones sexuales.
La legislación se considera histórica porque reconoce y brinda protección médica-psicosocial a las víctimas de este delito y según Bangura, permitirá al país sudamericano abatir la impunidad en los casos de violencia sexual, al configurar crímenes como la esterilización y la desnudez forzada.
Aprovechan Mundial y lanzan campaña para legalizar aborto
Argentina.- Con motivo de la Copa Mundial de Futbol en Brasil, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad de Buenos Aires difundió en redes sociales la “Campaña#ParemosLaPelota”, a fin de concientizar a la audiencia y a los gobiernos sobre la importancia de despenalizar el aborto.
La campaña difunde imágenes que promueven los derechos a decidir, el aborto libre, legal, seguro y gratuito.
Proyectan película con motivo de Día contra la Tortura
México.- A propósito del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura –instaurado por la ONU y que se conmemora hoy 26 de junio–, Amnistía Internacional invitó a la proyección de la película “Red Wedding”, filme que retrata la historia de Sochan Pen, una mujer de Camboya que durante los años 70 fue obligada a casarse con un soldado del Khemer Rojo, como parte de la campaña del gobernante Pol Pot para incrementar la población.
Durante mucho tiempo Sochan Pen fue golpeada y violada por su esposo hasta que logró escapar y llevar su caso a instancias internacionales. La proyección se llevará a cabo hoy a las 19:00 horas en el Centro Cultural España, en la calle de Guatemala número 18, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
14/GGG/RMB
Ser víctima de violencia de género, incluso en contextos de conflicto armado o narcotráfico, no es razón suficiente para que los países otorguen a las mujeres la calidad de refugiadas, pese a que ello podría prevenir la pérdida de cientos de vidas.
Margarita Guillé Tamayo, coordinadora ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para Mujeres (Rire), lamentó que no existan acuerdos internacionales para proteger a la población femenina ante la violencia, especialmente para mujeres migrantes, defensoras de Derechos Humanos (DH) en riesgo, desplazadas por conflictos armados o víctimas de violencia familiar extrema.
Así lo expuso durante el foro “Nuevas formas de violencia contra las niñas y mujeres jóvenes en contextos de conflicto, crimen organizado trasnacional y migración”, realizado hoy en el Senado.
En su participación, la experta explicó que la situación de exacerbada violencia, narcotráfico, crimen organizado y pobreza que viven los países de América Latina tiene un alto impacto en las mujeres, pues violenta sus DH y genera desplazamiento forzado, migración y violencia física.
Lo anterior también repercute en las defensoras de DH, pues realizan su labor en situaciones de alto riesgo, todo ello sin que existan políticas integrales y trasnacionales para atender el problema.
Relató que desde su experiencia en la Rire, si bien se ha avanzado en algunos puntos, como la construcción de protocolos para la atención de estas mujeres, aún hay severos obstáculos para lograr su protección integral, ya que las autoridades nacionales e internacionales tienen una visión distinta de lo que sucede.
Guillé Tamayo también dijo que hay casos de mujeres defensoras y víctimas de violencia que requieren ser trasladadas a otros países por su situación de alto riesgo, pero no fue posible debido a que ser víctima de violencia no es razón suficiente para que los Estados otorguen la condición de refugiada.
“El tema de violencia es muy grande y de dimensiones estratosféricas, pero no existen los fondos necesarios y nos enfrentamos a políticas restrictivas que impiden a una víctima acogerse como refugiada política”, abundó.
Agregó que deberían existir medidas trasnacionales que permitan el cambio de identidad y reconocimiento de un cambio de plan de vida y estrategias de cooperación internacional, que reconozcan todos los DH de las mujeres.
En su turno, Flor María Chalarca, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, llamó a los Estados a que reconozcan la prevención y atención de violencia como una prioridad, y que instauren medidas de protección no sólo contra las agresiones que se cometan durante un conflicto, sino para la superación del flagelo de la violencia.
14/AZM/RMB
El abogado y defensor de Derechos Humanos de las mujeres, David Peña Rodríguez, renunció a su cargo de secretario de vinculación estratégica en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), luego de que su labor y trayectoria humanitaria fuera cuestionada.
Y es que el abogado reconocido por litigar casos de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada padeció una campaña de desprestigio y linchamiento mediático, por lo que la tarde de ayer el litigante anunció su retiro en un comunicado también signado por Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF.
La semana pasada, en diferentes medios de comunicación, se acusó a Peña de apoyar y defender a jóvenes anarquistas y de cobrar elevadas sumas por su asesoría jurídica, ante lo cual sobrevivientes de violaciones a DH, familiares de víctimas de feminicidio e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), lo respaldaron y exigieron el cese de la campaña de linchamiento, desprestigio, difamación y amenazas contra el defensor.
Entre quienes manifestaron su apoyo a David Peña están Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa; José Luis Castillo, integrante del movimiento de familiares de desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez; Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, y Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En el comunicado, Peña Rodríguez expresó que asumió un compromiso institucional al incorporarse al equipo de Perla Gómez, y como parte de ese compromiso decidió separarse del organismo “para que no se me use como un medio para atacar o deslegitimar el trabajo comprometido que cientos de personas realizan diariamente en este organismo”.
Al mismo tiempo anunció que seguirá pugnando por que la CDHDF se fortalezca. “Si mi presencia en ella es utilizada para atacar la defensa de los Derechos Humanos, es preferible que le apostemos al trabajo desde la sociedad civil para poder seguir trabajando en pro de la defensa de los Derechos Humanos de las personas que habitan y transitan por esta ciudad”.
Peña, quien ha llevado casos emblemáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como el de “Campo Algodonero”, y recibió en 2010 el Premio Europeo de Derechos Humanos por parte del Consejo de la Abogacía Europea, anunció que regresará a su labor humanitaria desde la sociedad civil.
Perla Gómez dijo: “Es una gran pérdida para nuestra institución (CDHDF)” el no contar con un defensor de Derechos Humanos con la amplia trayectoria y reconocimiento de David Peña.
El trabajo del abogado ha destacado por visibilizar la violencia contra las mexicanas, y litigar –junto con la defensora Karla Micheel Salas– el acceso a la justicia por el asesinato de la activista Digna Ochoa en 2001.
También ha acompañado las luchas de las mujeres de la comunidad de Cherán, en Michoacán, y de las triquis de San Juan Copala, Oaxaca.
14/AZM/RMB
Sonora tiene el primer lugar nacional en número de mujeres que ocupan sindicaturas y regidurías en los municipios, dijo Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.
Esto podría cambiar, advirtió la ex senadora por Sonora, ante la redacción de la propuesta de reforma constitucional local para garantizar la paridad en la participación política femenina.
Burgos Ochoa advirtió que la iniciativa es un retroceso, pues ahora se expresa una condicionante que antes no existía. Esto, porque el texto de la reforma no garantiza la paridad si la candidata o candidato es electo en una elección interna partidista.
Por lo tanto, observó, sólo avanza en la obligatoriedad de la paridad en las 21 candidaturas para las curules de mayoría relativa del Congreso local. No así para las plurinominales o de representación proporcional, que suman 12.
Para dar garantía plena en los procesos de elección municipal es necesario que se quiten los “candados” y que se obligue a respetar el 50 y 50 para cada sexo. El espíritu de las propuestas de las mujeres sonorenses tiene que ver con eliminar todos los “candados”, explicó Leticia Burgos.
“Que no nos bailen en las diputaciones de representación proporcional”, expresó, refiriéndose a que nunca se ha cumplido que las 12 diputaciones “pluris” sean ocupadas por seis hombres y seis mujeres como debería de ser.
PRESENCIA INDÍGENA
A la reunión de la Red Feminista Sonorense con la Comisión de Gobernación también asistieron representantes de mujeres de la etnia yaqui, quienes reiteraron que no está en sus usos y costumbres que la mujer no participe políticamente.
Casilda Flores consideró que tienen aliados entre las y los diputados, y que esperan que al votar la reforma constitucional local en materia electoral, antes del límite del próximo 30 de junio, sea a favor de sus propuestas.
Agregó que lo que las mujeres yaquis desean es ser reconocidas como lo son en la Constitución, y que las condiciones permitan que lo hagan en una posición de equidad, pues lo que quieren es participar en igualdad con sus compañeros varones.
Ayer miércoles 25 de junio se votó en lo general el dictamen de la Comisión de Gobernación, y lo que estaría a discusión es el dictamen en lo particular.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reservó los artículos relacionados con la asignación de las diputaciones “pluris”, en las cuales las mujeres de la sociedad civil han hecho propuestas para garantizar la paridad y alternancia de géneros.
Integrantes de la Red Feminista Sonorense afirman que en cabildeo con los diversos partidos políticos se ha aceptado reformar la ley, para establecer la paridad y la alternancia de género en la asignación de las diputaciones plurinominales.
El dictamen que podría ser aprobado establece: “El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos políticos, deberá respetar el principio de paridad de género”.
El artículo 206 dice que las candidaturas a presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas. Los candidatos a regidores propietarios deberán ser del mismo sexo que los suplentes.
El artículo 207 habla de que la totalidad de solicitudes de registro para candidatos a diputados de mayoría relativa respete el principio de paridad.
14/SNE/RMB
Siete años después de haber sido detenida y torturada sexualmente por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) en Torreón, Coahuila, Belinda Anabel Garza Melo se sumó a la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, a fin de exigir a las autoridades reconozcan que sigue encarcelada de manera injusta.
A propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instaurado por la ONU y que se conmemora cada 26 de junio, Belinda decidió hacer pública su historia y denunciar que además de ser víctima de tortura sexual, permanece en prisión acusada de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro.
En entrevista con esta agencia, Irma Ramírez, tía de Belinda, de 43 años, y quien ha acompañado todo el proceso, narra que la mujer decidió alzar la voz porque desde hace cuatro años se le practicó el Protocolo de Estambul, una prueba para determinar tortura y la cual salió positiva, pero no influyó para su liberación.
Actualmente, esta mujer que previamente había sido extorsionada por desconocidos que le exigieron pagar o de lo contrario dañarían a sus sobrinas, está en espera de sentencia en el penal de máxima seguridad número 4 en Tepic, Nayarit, acusada de delincuencia organizada por ser supuestamente integrante del cártel del Golfo.
DETENCIÓN
Belinda fue detenida el 15 de julio de 2007 por policías federales que irrumpieron en su negocio, el restaurante bar La Carreta, en Torreón, para catear, amenazar y registrar a las personas que allí se encontraban, tomaron el dinero de la caja registradora y la detuvieron sin orden de aprehensión bajo el pretexto de una “revisión de rutina”.
Los policías encapuchados y acompañados por dos civiles preguntaron por un hombre apodado “El Chaparro” y luego por la dueña del lugar. Cuando Belinda se identificó, la subieron a una camioneta, la amenazaron, la insultaron y le advirtieron que habían encontrado armas y drogas en su casa.
De acuerdo con el relato de Irma, su sobrina fue llevada a un lugar desconocido donde continuaron los insultos y la golpearon, le dieron toques eléctricos y la obligaron a disparar un arma, después los policías le dijeron que con esa pistola se habían hecho “muchas cosas”, y que sus huellas ya habían quedado ahí.
Según contó Belinda a su tía, ella siempre tuvo una venda en los ojos pero hubo un momento en que un policía se la quitó y le dijo que si cooperaba la harían “testigo protegido”, pero ella explicó que no sabía nada, así que la obligaron a ver fotos de personas y casas y reconocer a un sujeto que nunca antes había visto.
Ese mismo día fue trasladada a la Ciudad de México y llevada a las instalaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, donde unos agentes la amenazaron diciéndole que se si hablaba de la tortura su familia pagaría las consecuencias, y sus sobrinas serían violadas sexualmente.
Cabe mencionar que de acuerdo con la Policía Federal, Belinda fue detenida en la calle cuando ella circulaba en carro. Sin embargo, Irma asegura que no fue así y agrega que ella no es una delincuente. “En lo de secuestro nadie la señala, sin embargo no se hizo nada. Todo fue bajo tortura. En la SIEDO la hicieron firmar su declaración, que nunca leyó”, detalla su tía.
ARRAIGO
Desde la detención, la familia de Belinda tuvo que esperar 10 días para verla. Fue su tía Irma, quien vive en el DF, quien tuvo contacto con ella. La primera impresión fue el temor a represalias. Así lo explica Irma: “Estaba con miedo y con temor a que le hicieran algo a su familia. Cuando yo la fui a ver me dijo que a toda su familia la tenían localizada”.
Después de tres meses de arraigo, una madrugada Belinda fue llevada al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin que ella, su familia o su abogado fueran avisados del traslado.
Aunque a la familia no se le avisó en octubre de 2007, los medios de comunicación informaron que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Edomex, con sede en Toluca, dictó formal prisión a 10 presuntos integrantes del cártel del Golfo y de la banda criminal Los Zetas, entre ellos Belinda.
La familia se enteraría más tarde –por medio de una llamada telefónica hecha por Belinda desde el penal– que había sido trasladada a un penal.
En abril de 2011, sin aviso previo, Belinda fue llevada ahora al penal de máxima seguridad número 4, El Rincón, en Tepic, Nayarit. Cinco días después del traslado, la familia se enteró que la mujer estaba en otro reclusorio.
El proceso judicial lleva siete años sin que hasta ahora haya sentencia por las dos causas penales contra la mujer. La primera por delincuencia organizada y delitos contra la salud “en modalidad de fomento para cometer otros delitos y modalidad de posesión con fines de comercio”, y la segunda por delincuencia organizada y secuestro.
La situación ha sido trágica para Belinda, ya que su padre murió el año pasado y su madre padece cáncer, por lo que su tía ha asumido la responsabilidad de llevar el caso, así fue como llegó con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCT) y con otras organizaciones civiles que luchan contra este delito.
Los juicios en su contra los llevan el Juzgado Primero y Tercero de Distrito, ambos en materia de Procesos Penales Federales del Edomex.
Aunque el caso de Belinda lo lleva un abogado particular, ahora la acompañan organizaciones como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Asociadas por lo Justo.
14/AGM/RMB