Iniciativa Provida institucionaliza violencia contra las mujeres

Académicas feministas, investigadoras y universitarias de todo el país se sumaron a la exigencia ciudadana para que el Congreso de Nuevo León (NL) rechace, en segunda instancia, la iniciativa de reforma constitucional para proteger la vida “desde la fecundación hasta la muerte natural”, al considerar que institucionaliza la violencia contra las mujeres. 
 
El Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior; Caminos para la Equidad; la Federación de Mujeres Universitarias, y el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, externaron en un comunicado su preocupación ante la iniciativa que –aseguraron– atenta contra los Derechos Humanos (DH) de la población femenina.
 
De acuerdo con las académicas, la propuesta de reforma (promovida por el diputado local del Partido Acción Nacional Francisco Treviño y aprobada en primera ronda el pasado 28 de mayo) representa un grave retroceso legislativo, pues contraviene el Estado laico y el derecho constitucional de las mujeres a decidir libremente sobre el número de hijas e hijos que desean tener.
 
A decir de las universitarias, de aprobarse la protección a la vida desde la fecundación “se agudizarán las diversas formas de violencia institucional y social que viven las mexicanas”, pues en otras entidades este tipo de reformas generó un clima de persecución contra quienes enfrentan un aborto, incluso si es espontáneo, por parte de instancias de salud y de justicia.
 
Agregaron que penalizar el aborto aumenta los riesgos a la salud y a la vida de las mujeres, “sobre todo de las más pobres, quienes no tendrán más remedio que acudir a abortos inseguros”.
 
En NL, el Código Penal del estado en su artículo 331 sólo prevé tres excluyentes de responsabilidad por aborto: grave daño a la salud o peligro de muerte de la mujer embarazada, y cuando el embarazo es producto de violación sexual.
 
En su comunicado, las expertas afirmaron que la iniciativa “significa arrancar a las mujeres su derecho a decidir libremente acerca de la posibilidad de ser o no madres”, derecho asentado en el artículo cuarto de la Constitución mexicana. Aseguraron que la propuesta legislativa es “incompatible con el marco jurídico de la una República Laica”.
 
También recordaron que en 2011 siete de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –después de que en 16 estados se aprobaron reformas para “proteger la vida desde la concepción y/o fecundación”– sostuvieron la inconstitucionalidad de este tipo de iniciativas, al reconocer que “la protección de la vida prenatal no puede ser absoluta o incondicionada”.
 
En el ámbito jurídico internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el “embrión no es persona”, un supuesto básico necesario para hablar de la titularidad de los DH.
 
Las académicas demandaron que el Congreso de NL rechace la iniciativa que atenta contra los derechos femeninos, no protege la vida y, por el contrario, “institucionaliza la violencia contra las mujeres”.
 
En tanto, como lo habían anunciado, grupos civiles y diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) viajaron hoy a esa entidad. Se reunieron con legisladores locales para manifestarles su preocupación respecto a la iniciativa.
 
En la comitiva participaron las diputadas Marta Lucía Mícher Camarena y Socorro Ceseñas, así como Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), y Daptnhe Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
 
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