En México persiste un alto nivel de impunidad, simulación al interior de los estados, carencias legislativas y ausencia de centros especializados de atención a víctimas de trata de personas, lo que impide terminar con este delito, dijo Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
En entrevista a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró por primera vez este 30 de julio, Ulloa dijo que México tiene grandes deudas en el combate a este flagelo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con datos de la Procuraduría General de la República, refirió que de 2009 a 2013 en México hubo más de 7 mil víctimas de trata de personas –de las que 83 por ciento son mujeres–, pero sólo se dictaron dos sentencias condenatorias a nivel federal y 123 en los estados.
Ante esta situación Ulloa detalló que no se está cumpliendo con las medidas que se plantearon en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito, ya que no se han creado fiscalías especializadas en cada estado, ni se están realizando capacitaciones a ministerios públicos (MP), jueces y funcionarios encargados de realizar las investigaciones.
Además, en el procedimiento actual, cuando se presenta alguna denuncia por desaparición bajo sospecha de trata de personas se impide la pronta localización, ya que el MP primero realiza trámites burocráticos y luego procede a la búsqueda. “No las buscan vivas, sino muertas”, advirtió la experta.
Para combatir esta problemática que pone en riesgo la vida de miles de mexicanas y de otros países, pero que son explotadas aquí, se requiere una intervención integral que garantice la interlocución entre el sistema de justicia y el de salud, para que los protocolos de protección y asistencia se lleven a cabo.
Esta estrategia, enfatizó Ulloa, debe integrar medidas de prevención, protección y asistencia, “procesos de reconstrucción” (persecución y detención del tratante), y participación de la sociedad en su conjunto.
No obstante, ninguno de estos elementos están cubiertos en México a cabalidad, dijo la activista, ya que en el tema de prevención no existen “polos de desarrollo” en estados donde la problemática es mayor (como Tlaxcala y Puebla).
En el caso de la protección y asistencia, tampoco hay suficientes alberges para las mujeres rescatadas y que no tienen dónde ir; además, en las instituciones de salud aún no tienen claro que los servicios sanitarios deben ser gratuitos para las víctimas.
Del mismo modo, en el caso de los “procesos de reconstrucción” no existen mecanismos de persecución efectivos, lo que deriva en que prevalezca 70 por ciento de impunidad en el país.
A esto se suma que los datos sobre el número de víctimas y de delincuentes no son confiables porque no hay sistemas que los contabilicen, las evaluaciones sobre el servicio no son pertinentes, y las víctimas extranjeras son repatriadas antes de que presenten la denuncia.
Teresa Ulloa criticó también que no se han impulsado programas que impulsen el involucramiento de todos los actores sociales desde la sensibilización, ya que, por ejemplo, las empresas nacionales no han querido poner la imagen de las personas desaparecidas en las portadas de sus productos.
Además, las normas y programas actuales en la materia carecen de perspectiva de género, lo que sesga los procesos de investigación, acusó.
Insistió en la urgencia de otra reforma legislativa, pero señaló que la propuesta que hizo el Senado en octubre de 2013 –la cual está en la “congeladora”– es “incorrecta”, puesto que sí se deben modificar los delitos para que los delincuentes no sean sentenciados con la pena mínima, pero no se deben reducir derechos a las víctimas ni quitar fondos económicos a los programas.
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julio 2014
Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, países de Centroamérica (CA), no sólo comparten características geográficas, climatológicas y de economía, también comparten similitudes en las luchas que las mujeres de cada nación han emprendido por conquistar sus derechos.
Invitada por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe –ambos de la UNAM–, la doctora en Historia María Eugenia Rodríguez Sáenz, integrante de la Universidad de Costa Rica, impartió hoy la conferencia “Derechos de las mujeres en Centroamérica”.
La académica hizo un recorrido histórico por los movimientos de mujeres y feministas en esos países con el objetivo de lograr su reconocimiento como ciudadanas, modificar las leyes del matrimonio, y conquistar el voto femenino en Estados que se han caracterizado como represores o que han sido convulsionados por dictaduras y guerras internas.
Rodríguez Sáenz señaló que es de suma importancia “recobrar la historia de la participación activa de las mujeres en la construcción de los Estados democráticos en los que hoy vivimos, pues de no hacerlo nos estamos perdiendo una parte de la memoria histórica”. Por ello llamó a incluir la perspectiva de género en las investigaciones históricas que se realicen.
Resaltó que aunque no hay muchas investigaciones al respecto, se sabe que las mujeres tuvieron un papel activo en el desarrollo de movimientos de liberación o derrocamiento de dictaduras, al mismo tiempo que buscaban las reivindicaciones de género, su autonomía y la conquista de sus derechos. “Sus luchas no sólo las beneficiaban a ellas, sino también al resto de la sociedad”, acotó.
De manera característica, las mujeres centroamericanas, aunque en diferentes años, además de empujar el movimiento feminista y consolidar a la sociedad civil, participaban en otras causas, explicó la experta.
Sin embargo, María Eugenia Rodríguez apuntó que incluso en frentes liberales hubo resistencia a que las mujeres se integraran a los movimientos o en las fuerzas partidarias, pues generalmente eran consideradas una amenaza y “les atemorizaba (a los hombres) que llegaran al poder y conquistaran puestos de representación”.
Afirmó que pese a los avances en la conquista de derechos, reformas de leyes y creación de normas, “aún tenemos (en CA) una cultura patriarcal que impide la ciudadanía política de las mujeres y una participación real en los puestos de elección popular”.
Aun con los obstáculos, CA es la región del continente pionera en tener mujeres presidentas. Violeta Barrios Torres, mejor conocida como Violeta Chamorro, fue presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997; posteriormente Mireya Elisa Moscoso Rodríguez encabezó el Ejecutivo en Panamá (1999-2004), y recientemente Laura Chinchilla estuvo al frente de Costa Rica.
A decir de Rodríguez Sáenz, no basta con que las mujeres lleguen al poder, pues hay que ampliar la capacitación para que ellas puedan promover los cambios que las mujeres requieren. “Con la conquista del voto femenino en la región sólo comenzó una nueva etapa llena de desafíos para conquistar la ciudadanía plena, a la que aún y desgraciadamente no hemos llegado”.
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Mujeres integrantes de las Cocinas Populares de la Ciudad de México realizaron hoy la “marcha de las cacerolas”, en rechazo a la decisión del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de retirar las despensas que ellas recibían a cambio de su labor.
Acompañadas de niñas, niños y varios adultos mayores que acuden a esos espacios a desayunar, las mujeres caminaron del Hemiciclo a Juárez a la sede del GDF para exigir que no desaparezcan las Cocinas Populares.
A su paso hacían sonar sus utensilios de cocina –que dijeron están desgastados por el abandono en el que el GDF tiene a estos comedores– para exigir se garantice a ellas y a la población de escasos recursos su derecho a la alimentación.
También llevaban pancartas y letreros con un llamado a Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, para que cumpla con su obligación de coordinar las actividades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “¿Gaviota dónde estás? la #prole también come”, decía una de las frases.
Entre las manifestantes estaba Rosa Sánchez, de 52 años, y quien por más de 19 años ha trabajado en la Cocina Popular de la secundaria 37 de Villa Milpa Alta.
Relató a esta agencia que su día empieza 15 minutos antes de las 5 de la mañana, pues debe trabajar a marchas forzadas junto con sus compañeras para que el desayuno esté listo a las 10:45 horas, cuando las y los estudiantes toman el receso.
Por los desayunos cobran 10 pesos por persona, pero debido a que no todos pueden pagarlo “se los damos más barato o se los regalamos, pues ni modo de dejarlos sin desayuno que es el alimento principal del día”.
Para ella una cosa es clara: los programas de gobierno sólo son discursos. “Sacan comerciales y anuncios de que trabajan por un México sin hambre, pero yo no los veo dándoles de comer a las personas de barrios pobres y encima nos dejan a nosotras sin despensas. Yo trabajo porque me enseñaron a no quedarme con los brazos cruzados viendo como las personas mueren de hambre”.
Junto a ella, Rosa Juárez Luna, con 24 años de experiencia en las cocinas, asiente cada vez que oye a su compañera denunciar las medidas del GDF. Ella está en una Cocina Popular de Iztapalapa.
En esas instalaciones no sólo atienden a estudiantes, sino también a personas en situación de calle e incluso migrantes: “Si alguien viene y nos dice que no tiene para pagarnos, pero tiene hambre pues le damos; sabemos lo que es sentirse discriminado y con hambre”.
Ambas mujeres compartieron que las despensas son escasas, pues sólo incluyen arroz, frijoles, atole, aceite y lentejas. “Lo que antes nos daba (el GDF) de azúcar ahora no los pone de avena y aunque con eso no se puede hacer mucho, sí nos ayuda”.
Teresa Alvarado, de 55 años, compartió que las cocinas se han mantenido por la organización de las mujeres que responden a las necesidades de los suyos: “Nos organizamos y compramos trastes, porque la única vez que el DIF nos dio utensilios fue cuando inauguró las cocinas; también compramos el jabón, el gas y cuando se descompone algo lo pagamos nosotras”.
A paso lento y ayudada por una de las cocineras, avanzó Imelda Cruz Hernández, de 82 años, quien acude frecuentemente a desayunar a las Cocinas Populares y gritaba que tiene derecho a alimentarse al igual que todas y todos los diputados, “que tienen para gastar más de 10 pesos en un desayuno”.
A la manifestación también asistieron niñas y niños de primaria.
Carmen Retana, una de las voceras, explicó que tomaron la decisión de hacer la “marcha de las cacerolas” ante la negativa del DIF-DF, e incluso de algunos diputados federales (de quienes no dio nombres) de entablar un diálogo y encontrar una solución al conflicto.
Resaltó que al retirar las despensas y buscar el cierre de estas cocinas, el GDF está violentando el derecho a la alimentación, que no es una concesión, sino resultado de una lucha que está consagrada en la Constitución, además de que la negativa de escuchar las demandas habla mal de las y los funcionarios.
Al llegar a la sede del GDF (a un costado del Zócalo), las manifestantes hicieron más fuertes sus reclamos y pidieron ser recibidas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, o Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Social de la capital.
Al no ser recibidas, firmaron una minuta con el subsecretario de Participación Social, Adolfo Alberto Savin Cravioto, para acordar una reunión de trabajo el próximo lunes 4 de agosto con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, y proponerle que las Cocinas Populares pasen a ser desayunadores comunitarios, se cree un programa para protegerlos y se les asigne el presupuesto correspondiente, además de que las despensas para las trabajadoras sean reactivadas
De acuerdo con un análisis realizado por estas mujeres, de desaparecer el subprograma se afecta el derecho a la alimentación de mil 313 niñas, niños y adolescentes, así como a 691 mujeres y hombres de mediana edad, 470 personas adultos mayores, y mil 597 mujeres integrantes de los Comités de las Cocinas Populares.
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Abuso de poder de funcionario para anular acta de una niña
El 23 de septiembre de 2013, en el municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, nació una niña que nueve meses más tarde quedó en medio de la disputa entre su padre, Remigio Ortiz Olivares, de 59 años, y su madre, Anali Pelayo Oliveros, de 24.
Un mes después, el 23 de octubre, la niña fue registrada. Su nombre quedó asentado en el Libro 04, en el acta 00989. Sin embargo, cinco días más después comenzó la disputa familiar porque Remigio, que es casado, le dijo a Anali que su relación “fue descubierta”.
El hecho fue más allá de develar una relación extramarital, porque él –entonces titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) de Veracruz– usó todo su poder e influencias para desaparecer el nombre de su hija, según relata Anali, ex custodia en un penal de la entidad.
Con sólo nueve meses de edad, una niña veracruzana que fue registrada por sus padres y obtuvo una identidad jurídica ahora corre el riesgo de perder sus derechos por la separación de sus progenitores, pero sobre todo por el tráfico de influencias de quien hasta el pasado martes era funcionario estatal.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el registro del nacimiento significa tener un nombre, una identidad y una nacionalidad, lo que garantiza conocer el nombre de los padres, tener una filiación y en el futuro hacer exigibles otros derechos.
De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las y los menores de edad tienen el derecho a un nombre, y en la medida de lo posible a conocer a sus progenitores y ser cuidados por ellos; los Estados, por su parte, deben respetar esta norma.
AMENAZAS
En entrevista con Cimacnoticias en esta capital, Anali –quien vive en el municipio veracruzano de Catemaco– cuenta que su ex pareja quiere desaparecer o anular el acta de nacimiento de su hija a cualquier precio, aunque públicamente ya se sabe que él es el padre y que tuvo una relación fuera del matrimonio.
“De alguna u otra forma me quiere acorralar para que yo acepte el dinero o las cosas que él me está ofreciendo y le quite el apellido a la niña”, narra.
Según el testimonio de la joven, ambos planearon tener una hija. Nació en septiembre de 2013 y un mes después la registraron, pero a los cinco días él la llamó por teléfono y le dijo que su familia “lo descubrió”. Además, le hizo saber que terminarían su relación.
Sin embargo, en esa llamada le aclaró que no abandonaría a su hija, así que le pidió el acta de nacimiento de la recién nacida para afiliarla a un seguro y no tuviera carencias.
El problema empezó tres días después de la llamada, cuando el subdirector de Seguridad y Custodia de la DGPRS, José Juan Rodríguez Chacón, fue a la casa de Anali a donde le llevó un recado del jefe y le dijo que ante la situación ahora el atendería todo el asunto de la pareja.
El también funcionario se llevó los documentos de Anali y la niña para tramitar el seguro. Días más tarde ante la falta de comunicación, ella llamó a Rodríguez Chacón y le pidió los documentos. El día que se reunieron él le puso una grabación en la que su entonces jefe le decía que “ya no quería saber nada de ella”.
Tras escuchar el mensaje, el servidor público le entregó a Anali un sobre con los papeles, pero cuando ella lo abrió se dio cuenta de que no estaba el acta de nacimiento de la niña. Rodríguez Chacón le dijo que no sabía nada, pero le recomendó que anulara ese registro.
‘El jefe la va mandar a desaparecer a usted y a toda su familia si no anula el acta de la niña’, le amenazó.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Ese mismo día, antes de la cita, Anali fue al Registro Civil a solicitar un acta de nacimiento certificada pero, sin mayor explicación, le dijeron que en el sistema estaba el nombre de la niña pero no los nombres de los padres.
Ella preguntó al personal por qué fueron borrados los nombres y una secretaria le respondió que no lo sabían, pero que podía preguntarle al encargado del Registro Civil de Catemaco, Juan Pérez Leal, quien en ese momento no estaba en la oficina.
Al día siguiente fue al Registro Civil pero de Xalapa –capital del estado– y pidió el documento; cuando lo buscaron encontraron el folio pero no el nombre de la niña; como no estaba el director, Rafael Valverde Elías, le pidieron que regresara una semana después.
El día que Anali regresó la hicieron pasar y como si el personal trabajara para Remigio Ortiz Olivares –su ex pareja–, le informaron que él ya la esperaba. En una oficina el sujeto le repitió que no quería nada con ella, y le dijo que el acta “estaba mal” y que fue enviada a la Ciudad de México para las correcciones.
En la misma plática, en presencia del director del Registro Civil, Remigio le exigió que anulara el documento, lo que ella rechazó. Ante la negativa, le ofreció 500 mil pesos para volver a registrar a la niña, ahora como madre soltera, a lo que también se negó.
Días después, el subdirector de la DGPRS, José Juan Rodríguez Chacón, le ofreció dinero, un carro, un taxi, pero Anali se mantuvo firme en su postura.
Para entonces ella ya había terminado su permiso de maternidad y regresó a trabajar al Centro de Readaptación Social de San Andrés Tuxtla.
DEMANDA
En enero pasado Anali recibió en su domicilio una notificación de “consignación voluntaria de pensión alimenticia”, en la que su ex pareja le ofrecía tres mil pesos al mes como pensión para su hija. Ella dudó pero aceptó el ofrecimiento.
Días después, un licenciado de nombre “Camilo” –en representación de Remigio– fue a su casa y le reiteró de nuevo la oferta monetaria a cambio de que anule el acta de nacimiento de su hija.
El presunto abogado le dijo a Anali que la pensión que ella recibía hasta ese momento era “mínima”, y que, en cambio, la oferta –que ya había ascendido hasta el millón de pesos– sería “el negocio de su vida”.
Ella no aceptó y siguió trabajando, pero en junio pasado fue a cobrar su salario y se dio cuenta que no le depositaron. Reclamó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, y el personal le dijo que se revisaría el asunto.
Pasaron dos quincenas en las que la joven no recibió su sueldo, por lo que supuso que había sido despedida por orden de su ex pareja, entonces jefe de todos los directores de los penales del estado. Así, ella decidió no pedir más explicaciones y dejó de ir a trabajar.
El pasado 1 de julio le llegó a su casa otra notificación: Ortiz Olivares había iniciado el juicio civil ordinario 700/2014-IV en contra de Anali. El funcionario dijo desconocer la paternidad de la niña y cualquier otra prestación legal, como la pensión alimenticia.
En su demanda, Remigio argumenta que tuvo una relación sentimental con Anali, pero como ella sabía que no era permanente “se embarazó”. También dice que un día ella le exigió más pensión y enojada le reclamó que la niña no era su hija, pero le advirtió que como ya estaba registrada no podía desconocerla.
Según el documento, la joven quiso pedirle más pensión y para ello se valió de “falsedades y testigos muertos”, como la madre de Anali (presente en la entrevista con esta agencia).
También asegura que si ella se niega a la prueba de ADN se dará por sentado que él no es el padre, a lo que Anali afirma que está de acuerdo con la prueba, pero aclara que ya fue al Palacio de Gobierno de Veracruz para pedir que la canalicen a un Hospital que pueda hacerla.
Según sabe, la prueba la tienen que pagar los interesados y ella no tiene dinero. Sabe que en caso de que el titular de la DGPRS la pague la prueba será negativa, porque tiene la influencia y los recursos para pagar el resultado.
“A final de cuentas como mamá sé que voy a sacar adelante a mi hija, (pero) se trata de los derechos de mi hija. ¿Qué más le falta? Si ya quería desaparecer el acta de la niña qué más me puedo esperar de él; que también me mande a desaparecer a mí y a la niña como tantas veces me ha mandado amenazar”, alerta Anali en la entrevista.
Así, el pasado 18 de julio la joven acudió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja, pero al tratarse de un tema de competencia local el organismo la remitió al Instituto Veracruzano de Defensoría Pública en Xalapa.
La demanda civil que interpuso Ortiz Olivares ahora está en manos de la juez Estela Vásquez Lara, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial.
Además, apenas este martes 29 de julio Remigio Ortiz Olivares habría renunciado a su cargo. Según versiones de medios locales, el cese ocurrió luego de que Anali presentó a principios de este mes una denuncia contra su ex pareja ante la Fiscalía Especial de Delitos contra Funcionarios Públicos (212/2014V), por el delito de amenazas y por intentar desaparecer el acta de nacimiento de una niña.
14/RED
Nicaragua ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes en Centroamérica (CA), según el estudio sobre “Violencia y Salud”, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio indica que el 28 por ciento de mujeres entre 20 a 24 años de edad reportaron haber tenido un parto antes de los 18 años. Actualmente dos de cada 10 alumbramientos en los hospitales públicos corresponden a adolescentes y jóvenes menores de 18 años, según datos oficiales.
De 2009 a 2012 más de seis mil niñas y adolescentes egresaron de los hospitales públicos de Nicaragua con una niña o niño en brazos, lo que indica que al año más de mil 600 niñas están dando a luz, lo cual es una epidemia que el Estado y la sociedad no quieren ver, dijo Martha María Blandón, de la organización civil Ipas-Centroamérica.
Pero además la problemática se vuelve más grave cuando estos embarazos son reportados en los departamentos (provincias) del país con la mayor cantidad de violencia sexual contra niñas y adolescentes, advirtió Blandón.
Sólo en 2013, el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reportó que 21 niñas denunciaron ante la policía haber presentado embarazos por violación sexual, pero la cantidad podría ser mayor si se toma en cuenta que no todas denuncian.
Los datos son alarmantes cuando el mismo Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Corte Suprema de Justicia, da cuenta que del total de peritajes de violencia sexual por año, ocho de cada 10 corresponden a niñas y adolescentes, explicó Blandón.
El embarazo por violación es grave, pero el Estado y la sociedad nicaragüenses caracterizados por ser conservadores pretenden ocultar esta realidad en vez de buscar alternativas y prevenirla, dijo Leonel Argüello, presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General.
El Estado, a través de los ministerios de Salud (Minsa) y de Educación (Medc), realiza eventualmente acciones para revertir esta problemática, pero carece de una estrategia permanente para hacerle frente, observó Argüello.
Se requiere de una campaña permanente de salud de parte del Minsa y de educación del Medc para evitar este flagelo, dijo el médico.
El Estado ha sido poco beligerante, lo que hace el Minsa es ampliar las Casas Maternas en los municipios alejados de Managua, donde se da refugio a las adolescentes mientras dura su embarazo, pero una vez que salen con su bebé en brazos no hay seguimiento y no hay políticas públicas para atenderlas, criticó Martha María Blandón.
El embarazo de niñas y adolescentes afecta a las familias más pobres del país, como le ocurrió a Magaly, de 12 años, quien vende tortillas y fue violada por un hombre de 62 años en una comunidad del departamento de Carazo. Durante su embarazo ella fue discriminada por su comunidad y padeció dificultades económicas para su cuidado.
Aunque los padres de Magaly acusaron al violador en un largo proceso judicial, al final el agresor fue sentenciado a prisión domiciliaria tras aducir razones de salud y nunca se hizo responsable del hijo, según denunció Ernesto, padre de la niña.
Muchos casos parecidos al de Magaly fueron recopilados en la publicación “La maternidad impuesta por violación tiene rostro de niña en Nicaragua. 2014”, elaborado por Ipas-Centroamérica y el cual recoge evidencias sobre esta problemática, e invita a la acción tanto a las instituciones del Estado como a las organizaciones civiles y la población en general.
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Para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario en el mundo –integrado principalmente por mujeres–, las organizaciones Internacional del Trabajo (OIT) y Mundial de la Salud (OMS) desarrollaron un programa para prevenir riesgos a su salud y mejorar la asistencia médica que ofrece.
Ayer miércoles 30 de julio, la OIT y la OMS presentaron conjuntamente en Ginebra, Suiza, el programa “HealthWISE- Work Improvement in Health Services” (Mejoras laborales en los servicios sanitarios).
En el documento se reconoce que garantizar condiciones laborales dignas al personal sanitario, que tome en cuenta su salud y bienestar, impactará positivamente en la calidad de la asistencia médica que brinda.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la población ocupada que presta servicios de enfermería profesional, técnicos y auxiliares asciende a 302 mil personas, y alrededor de nueve de cada 10 son mujeres.
El programa propuesto por la OIT y la OMS prevé garantizar la disponibilidad de mejores equipos e instalaciones, y el acercamiento de las y los directivos de los centros de salud con el personal sanitario.
El programa está integrado por un manual operativo y por una Guía de Formación, y las organizaciones prevén establecer una red de formadores y profesionales locales en el marco de este programa.
La OMS reconoció que las y los profesionales de la salud que no cuentan con medidas de seguridad y salud adecuadas están más expuestos a accidentes o enfermedades derivadas de contagios o desgaste físico.
Estimó que en todo el mundo se producen cada año tres millones de accidentes con heridas por objetos punzantes, lo que provoca más de un tercio de las infecciones de hepatitis B y C entre las y los trabajadores sanitarios.
Y a largo plazo, las jornadas extenuantes y cargar cuerpos pesados provoca al personal de enfermería problemas con la columna y las rodillas.
Esta problemática ha provocado diversos pronunciamientos tanto de la OIT como de la OMS, para que los Estados parte desarrollen políticas públicas enfocadas en mejorar las condiciones laborales y garantizar servicios suficientes y de calidad a las y los usuarios.
En 2006 la OMS planteó que existía una escasez de personal de enfermería debido a que los ambientes de trabajo son peligrosos y arriesgados, como la exposición a heridas por agujas epidérmicas.
En 2010 el Consejo Internacional de Enfermeras señaló que al menos uno de cada ocho trabajadores del sector salud sufre lesiones causadas por agujas.
En Estados Unidos la cifra fue equivalente a que las y los trabajadores sanitarios padecieron de 800 mil a un millón de heridas por año, esto sin contabilizar las que no fueron notificadas.
En materia laboral, cabe recordar que en semanas pasadas las y los profesionales del sector salud en México, quienes fueron fuertemente señalados por organizaciones civiles y usuarios por negligencia médica y violencia institucional, demandaron al Estado les brinde las herramientas (material, personal e instalaciones) adecuadas para ofrecer un mejor servicio.
De esta forma, las mujeres que han padecido violencia obstétrica e institucional por parte del personal sanitario, serían las principales beneficiarias al mejorar los medios materiales relacionados con los cuidados a su salud sexual y reproductiva.
Mientras que en EU laboran 78 enfermeras profesionales por cada 10 mil habitantes, en México la cifra apenas alcanza las cinco enfermeras por cada 10 mil habitantes.
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Entra en vigor convenio europeo contra violencia de género
El convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, conocido como Convenio de Estambul –por ser en esta ciudad turca donde se aprobó en 2011–, entra este viernes 1 de agosto en vigor en 11 de los 13 países que lo han ratificado, entre ellos España.
Con el tratado se busca prevenir y luchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, desde el maltrato a manos de sus parejas o ex parejas hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación, y compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas y sanciones, así como informar y sensibilizar contra estos delitos y proteger a las víctimas.
También pretende la eliminación de toda forma de discriminación y promover la igualdad real entre los sexos, mediante la autonomía de las mujeres, para lo cual apoya a grupos civiles y cuerpos de seguridad a fin de que cooperen de manera eficaz en un enfoque integral.
El Convenio de Estambul define y criminaliza varias formas de violencia de género. Sobresalen, entre ellas, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y la violencia física y psicológica contra las mujeres.
A la par, establece un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados comprometidos, así como la creación de un grupo de especialistas independientes para examinar si las naciones cumplen o no sus compromisos.
De algún modo, el Convenio se propone atacar las causas que originan la violencia contra las mujeres y aboga por cambiar estereotipos y perseguir a los culpables. Pero, sobre todo, impulsa que los Estados criminalicen de forma jurídica, con duras penas, todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres.
El artículo 17 del Convenio de Estambul es específico sobre el papel del sector privado y los medios de comunicación, así como su participación en el desarrollo de políticas y directrices a fin de modificar los actuales modelos que promueven la violencia contra las mujeres con contenidos degradantes sobre violencia sexual.
“¡Actúa contra las violaciones! ¡Utiliza la Convención de Estambul!” fue el lema de la campaña en 33 países de Europa, celebrada en diciembre de 2013, para divulgar el Convenio del Consejo de Europa, con el cual el continente abrió el camino para establecer un marco jurídico propicio que proteja a las mujeres contra todas las formas de violencia.
España, que ratificó el convenio en abril pasado, se compromete, entre otras medidas, a perseguir internacionalmente la mutilación genital femenina cuando la haya cometido un español o residente habitual en el país ibérico sobre una víctima que cumpla una de estas características, sin que restricciones de la justicia universal puedan impedirlo.
Asimismo, contrae obligaciones como adoptar las medidas necesarias para que la persecución por razón de género se tome en cuenta para obtener asilo. España, en toda su historia, sólo ha concedido protección por motivo de género en un caso de trata.
El Convenio recuerda a los Estados el principio internacional de no devolución, de manera que les compromete a adoptar las medidas necesarias para respetarlo a fin de garantizar que “las víctimas de violencia contra las mujeres necesitadas de protección, con independencia de su condición o de su lugar de residencia, no puedan ser devueltas en circunstancia alguna a un país en el que su vida pudiera estar en peligro o en el que pudieran ser víctimas de tortura o de tratos o daños inhumanos o degradantes”.
Otros compromisos recogidos son la obligación de adoptar una legislación específica contra la violencia de género, que incluya órdenes y medidas de protección urgente para las víctimas, prohíba los sistemas de mediación o conciliación en estos casos, y tome como agravante el parentesco.
También plantea la posibilidad de que las y los jueces dicten “la pérdida de la patria potestad (del maltratador) si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma”, o que se arbitren mecanismos de seguimiento y vigilancia de los condenados por estos delitos de violencia sobre las mujeres.
Para el seguimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación, el Convenio prevé la creación del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Grevio), que estará integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros de países diferentes, y con una participación equilibrada por sexo y en especialidades, que tendrá un mandato de cuatro años.
El Grevio visitará los Estados, recibirá información de organizaciones sociales y organismos oficiales y elaborará un informe con sugerencias que serán enviadas al país afectado y al Comité en el que tendrán presencia todos los que hayan ratificado el Convenio.
Del Comité saldrán las recomendaciones al país en cuestión en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y las cuales serán públicas.
14/RED/RMB
El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) conocerá la violencia que el Estado mexicano comete contra los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
En conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), integrantes de grupos civiles, activistas, defensoras de DH y académicas dieron a conocer que del 4 al 6 de agosto próximos se realizará la última preaudiencia del eje temático “Violencia de Género y Feminicidio” del TPP, en la capital del país.
Con ello se busca una evaluación final de los múltiples actos de violencia contra las mexicanas, para finalmente exponerlos ante el Tribunal con sede en Italia y denunciar de manera internacional como el propio Estado agrede a las mujeres, no las protege y las discrimina.
La académica Isabelle Cauzard dio a conocer que los principales hechos violatorios de DH que se presentarán durante la última preaudiencia de violencia de género (las dos primeras se realizaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas) serán la injusticia, discriminación y exclusión que cotidianamente viven las mujeres a manos de instancias de gobierno.
Así como la violencia institucional que enfrentan las mujeres a causa de la criminalización del aborto, y el encarcelamiento de mujeres por interrumpir su embarazo.
También se expondrá la ausencia de políticas de Estado que incluyan al feminicidio y la violencia de género como asuntos prioritarios y de emergencia nacional, así como la inoperatividad de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que sigue sin ser activada pese a las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), dijo que también serán expuestas las constantes resistencias (basadas en argumentos discriminatorios) de las y los legisladores para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el que se garantizarían los derechos laborales de las trabajadores del hogar.
El grupo de dictaminadores de la preaudiencia está integrado por la periodista Blanche Petrich, la maestra y abogada Andrea Medina Rosas, la doctora e investigadora en Estudios de Género Lucía Melgar, la maestra Cynthia Galicia, y el director del Programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández.
El TPP es un tribunal ético de carácter no gubernamental que examina las causas de violación de los DH de los pueblos, y (tras evaluar los hechos) denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones.
14/AZM/RMB
Presentan queja contra asesor que discriminó a trabajadoras
Ante la actitud de José Antonio Valdivia Peña, asesor de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, quien hizo comentarios ofensivos contra las empleadas del hogar, estas trabajadoras presentaron una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El pasado 24 de julio, durante un foro sobre Derechos Humanos (DH) en el Senado al que acudieron representantes de las trabajadoras del hogar y expertas, Valdivia Peña dio una serie de argumentos para no otorgar derechos laborales a esta población, como por ejemplo que su condición social es un “obstáculo” para que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce garantías para estas empleadas.
Por ello, este martes 29 de julio el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), encabezado por Marcelina Bautista –quien ha luchado desde hace 30 años porque México otorgue derechos a las empleadas del hogar–, presentó una queja ante el Conapred –de la cual Cimacnoticias tiene copia– en contra de Valdivia, por “presuntos actos discriminatorios”.
El recurso está fundamentado en que el funcionario dijo que las trabajadoras no cuentan con actas de nacimiento, no saben leer o escribir, o que son indígenas y migrantes, tal como reportó esta agencia.
En entrevista, Bautista recordó que la ratificación del convenio es un compromiso que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo con las trabajadoras del hogar en 31 de marzo pasado –hecho por el que fue ampliamente celebrado- por lo que el gobierno no puede decir ahora que no se puede ratificar.
Marcelina detalló que tras lo sucedido en ese foro, la organización evaluó que los comentarios del asesor fueron “discriminatorios”, ya que cuestionan el otorgamiento de derechos laborales y garantías a las trabajadoras del hogar.
En su opinión, los dichos de Valdivia equivalen a decir que “las trabajadoras del hogar no están en condiciones de tener una ley que las proteja”, o “¿para qué ratificar el convenio si de todos modos no se va a cumplir?”; además de que “cuando ellas exijan sus derechos serán despedidas por las patronas”.
Lo anterior demuestra una noción de que “no merecemos los derechos que la ley marca”, recriminó Marcelina. Y recordó que si estas trabajadoras están en las condiciones que el funcionario expuso es porque no se les han dado oportunidades, desempeñan un servicio poco valorado por la sociedad, y porque se desconocen sus aportes a la economía nacional y de los hogares.
La dirigente del CACEH señaló que esto es un botón de muestra de cómo las trabajadoras experimentan la discriminación por parte de las autoridades, y la falta de una legislación que haga cumplir sus derechos, lo que las deja vulnerables.
Las integrantes de la organización esperan que el asesor rectifique sus comentarios, y que se le obligue a informarse más sobre discriminación y los términos adecuados con los que debe referirse a las trabajadoras, sobre todo si habla a nombre de una comisión legislativa.
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Integrantes de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) denunciaron que enfrentan desigualdad salarial y puestos inferiores en los centros de trabajo y al interior de los sindicatos, por lo que urgieron políticas laborales que impulsen la equidad.
El Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la NCT –central de reciente creación y que integra a diversos sindicatos– celebró hoy en esta capital el Encuentro “Derechos laborales efectivos para las trabajadoras”, en el que participaron sindicalistas y expertas para analizar la situación laboral de las mexicanas.
La diputada federal por el PRD María del Socorro Ceseñas Chapa, secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja, señaló que hablar de derechos laborales para las mujeres –los cuales deben estar en los contratos colectivos– es imposible porque, en primera instancia, la representación sindical recae siempre en los hombres.
Explicó que esto se debe a que actualmente hay más hombres en el mercado laboral –a pesar de que una de cada cinco mujeres es jefa de familia–, y a que incluso dentro de los gremios se sustentan las desigualdades de género para la elección de cargos.
Además, las recientes reformas estructurales –que permiten la flexibilidad laboral– profundizan las desigualdades de género en lugar de erradicarlas, consideró la legisladora.
Recomendó al colectivo que impulse en el consejo ejecutivo modificar el nombre de la NCT por el de Nueva Central de Trabajadoras y Trabajadores, ya que desde el lenguaje se inicia la transformación.
Rita Robles Benitez, coordinadora del Área de Incidencia del Servicio Jesuita al Migrante y experta en derechos laborales, explicó que la Ley Federal del Trabajo (LFT) –reformada en 2012– es regresiva en el respeto a las garantías humanitarias (individuales y colectivas) de las trabajadoras.
Apuntó que, por ejemplo, la actual LFT permite la flexibilidad laboral en cuanto a horarios y permisos, para que las mujeres puedan cubrir las tareas del hogar y de cuidado, aunque esto derive en menos salarios y estabilidad.
Además de que esta norma no cumple los objetivos para los que fue creada: generar empleos y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores con apego a Derechos Humanos (DH) y un enfoque de género.
Recordó que los DH ligados al trabajo –los cuales son insatisfechos en el caso de las mujeres– son el empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, seguridad social, equidad de género, libertad sindical, contratación colectiva y justicia laboral.
La activista señaló que millones de mujeres se emplean en el sector de servicios y en la industria, como en la maquila, pero que de acuerdo con lo que han registrado grupos civiles, son estos espacios donde menos se respetan los derechos de las empleadas; además de que tampoco existen posibilidades para que ellas se organicen, ya que si lo intentan son despedidas y señaladas.
Rebeca Salazar, fundadora de la organización Mujer y Medio Ambiente e investigadora de temas económicas, indicó que la incorporación de las mexicanas al trabajo remunerado pasó de 17 por ciento de las mujeres en edad productiva en 1970, a 43.1 por ciento en 2013.
Enfatizó que esto se debe al esfuerzo de las mujeres por ejercer una profesión, aumentar su poder adquisitivo y ser proveedoras del hogar.
Sin embargo –observó– ese ímpetu no está acompañado de políticas laborales que beneficien a la población femenina, ya que al menos 80 por ciento de las mujeres ocupadas no gozan de guarderías, sobre todo las que se dedican al sector primario (el campo).
Agregó que las políticas actuales que están dirigidas a las trabajadoras, como las licencias por maternidad, en realidad refuerzan los estereotipos de género y las responsabilizan de las tareas de cuidado y del hogar.
Salazar detalló que el origen de estas desigualdades está en las “restricciones intrínsecas de género” que provienen de la cultura, y limitan el acceso de las mujeres a créditos para sus negocios, a la adquisición de bienes y recursos materiales y naturales, al salario igualitario, y a que ocupen puestos de decisión.
Por lo que señaló que es necesario y urgente que el Estado y los sindicatos modifiquen la situación de las mujeres en el trabajo, y para que sus necesidades estén en el centro de la discusión.
A lo que se suma la importancia de generar políticas de conciliación, para que las y los trabajadores logren armonizar su vida familiar con la laboral.
POR MÁS LIDERAZGOS FEMENINOS
Carolina Ledesma, responsable de formación y género del Centro de Investigación Laboral y Asistencia Sindical (CILAS), dijo a Cimacnoticias que se desconoce el número de mujeres en los sindicatos.
Sin embargo, entre los ejes de trabajo del Colectivo de Género y Oportunidad está el de contabilizar a estas mujeres sindicalistas, generar perfiles y visibilizar su condición.
Destacó que desde la formación de la NCT, el pasado 23 de febrero, más mujeres participan en las coordinaciones ejecutivas de sus gremios, y en algunos casos como secretarias generales.
Como botón de muestra, explicó, en el sindicato de la Procuraduría Social del Distrito Federal, de nueve personas que conforman su consejo ejecutivo seis son mujeres; en el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda, de un equipo de siete integrantes ellas son cuatro; en el de Tranviarios hay al menos dos mujeres, y, por primera vez en 79 años, el Sindicato Mexicano de Electricistas eligió a la primera mujer dentro de su comité central.
Uno de los compromisos del encuentro es iniciar mesas de discusión con las y los trabajadores sobre los temas de empleo y salario, condiciones laborales, empoderamiento de las mujeres, violencia laboral, sistema de seguridad social y pensiones para las jubiladas, y el trabajo de las mujeres en el campo.
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