El Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida denunciada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), finalmente emitió hoy 15 recomendaciones al gobierno del estado, encabezado por el perredista Graco Ramírez Garrido, a fin de detener la violencia contra las mujeres.
Hoy fue publicado en el portal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el informe final del Grupo de Trabajo de Morelos, que contiene las recomendaciones que tendrían que ser aceptadas por Graco Ramírez en un plazo de 15 días, de lo contrario se declararía la Alerta de Violencia de Género (AVG), según estipula el nuevo Reglamento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
El informe es resultado de la solicitud de declaratoria de AVG presentada por la CIDHM el pasado 27 de mayo.
El Grupo de Trabajo –conformado por personas de la academia a nivel nacional y estatal, representantes de gobierno y organismos autónomos– advirtió un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en Morelos, sobre todo en la capital, Cuernavaca.
Y observó que en algunos de estos casos “se describen condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida”, además de que los principales victimarios son las parejas sentimentales de las mujeres.
El grupo manifestó su preocupación sobre la discrepancia de cifras existente, no sólo entre los datos aportados por el CIDHM, sino por dependencias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que “muestra la necesidad de homologar las metodologías para la sistematización de la información y los criterios de organización de la misma, en especial para distinguir entre homicidios de mujeres y feminicidios”.
Mientras la CIDHM denunció –en su solicitud de AVG– que entre el año 2000 y junio de 2013 hubo 530 casos de feminicidio en el estado, el gobierno local, en ese mismo periodo, reportó 273 casos de los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011.
Respecto al estado procesal de los casos, el gobierno informó que 95 están “judicializados” y 67 “concluidos”. Asimismo, manifestó que 106 casos están en reserva o archivo temporal, y 72 en investigación.
Es decir sólo el 24.54 por ciento están concluidos, lo que para el Grupo de Trabajo hace notoria la falta de efectividad del sistema judicial en el estado para atender la violencia feminicida. Asimismo, alarma que en un 63.5 por ciento de los casos no se haya identificado al agresor.
En ese sentido, como primera conclusión del informe de 76 hojas se propone adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan todos los casos “con la debida diligencia y en un plazo razonable”.
En segundo lugar el grupo –que además de recibir información oficial se reunió con familiares de víctimas y activistas– pide al gobierno morelense crear programas de capacitación y profesionalización permanentes dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012
Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto adecuado y suficiente para combatir la violencia de género.
Este es el segundo informe que se emite a raíz de la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, realizada en noviembre de 2013 con la intención de hacer operativa la AVG.
Se debe recordar que la conformación del Grupo de Trabajo (en junio pasado) se dio en medio de fuertes señalamientos de grupos civiles y académicas que investigaron la violencia feminicida en Guanajuato (primer informe), quienes cuestionaron la “poca transparencia” con la que se seleccionó a los integrantes del grupo.
Para la integración del Grupo de Trabajo en Morelos, como no se recibieron candidaturas durante el proceso de inscripción de la convocatoria, el Inmujeres realizó la designación directa de Irene Regina Casique Rodríguez y Roberto Castro Pérez, representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Por su parte, las personas representantes de las instituciones académicas de carácter nacional –de acuerdo con lo contenido en el informe– fueron seleccionadas a partir de la convocatoria pública nacional publicada el pasado 28 de marzo.
14/AZM/RMB
agosto 2014
Además de que las jóvenes enfrentan obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos y “servicios amigables” de salud, no reciben información suficiente, adecuada y sin prejuicios sobre la posibilidad de interrumpir legalmente su embarazo en esta capital, lo que limita su derecho a decidir sobre su cuerpo y la maternidad.
Como parte de su campaña “Maternidad Adolescente y Juvenil 2014”, Espolea –organización civil especializada en juventudes– señaló la necesidad de difundir entre las jóvenes que tienen derecho a interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, pues tanto las cifras como testimonios de jóvenes madres evidencian que las adolescentes no están accediendo a ese derecho.
En entrevista, Cecilia García Ruíz, directora del Programa de Género de Espolea, dijo que mediante un sondeo entre madres adolescentes que realizó su organización –para conocer las necesidades específicas de estas jóvenes– fue posible saber que no tienen suficiente información sobre la interrupción legal del embarazo (ILE).
Una encuesta reciente realizada por el Gobierno del DF (GDF), en el marco de la campaña “Va, pero con condón”, indica que sólo un tercio de la población juvenil sabe que en el DF es posible la ILE, y sólo 5 por ciento dijo conocer que es un derecho en esta ciudad.
Espolea detectó que algunas jóvenes madres dijeron desconocer que tenían ese derecho y que podían acudir a clínicas públicas para exigirlo. Pero también observó que hay muchas jóvenes que aunque sí sabían de esta posibilidad, no la consideraron como una opción debido a una visión negativa del procedimiento, así como “creencias mal infundidas”.
Y es que las adolescentes consideraron al aborto legal como un “pecado”, que se convertirían en “asesinas”, o que ya no podrían volver a embarazarse cuando ellas lo quisieran.
“Tenían una serie de ideas infundidas por ciertos grupos religiosos o de derecha que ejercen contra las jóvenes una especie de terrorismo psicológico”, dijo Cecilia García.
Las cifras confirman lo detectado por Espolea sobre el poco acceso de jóvenes y adolescentes al servicio de ILE, pues de las 118 mil 500 interrupciones realizadas de 2007 a julio de 2014, apenas el 5.5 por ciento (6 mil 632) se realizaron en menores de 18 años.
En contraste, las mujeres que han accedido en mayor medida al servicio son mujeres con estudios superiores o medio superiores.
García Ruíz consideró que de ninguna manera se debe recurrir a la ILE como método anticonceptivo, pero sí debería representar una opción para aquellas jóvenes que no desean ser madres a temprana edad y que por alguna razón, muchas veces como consecuencia de su nula capacidad de decidir, presentan un embarazo.
En ese sentido, la activista dijo que es necesario acercar la información a las jóvenes en los servicios de salud, y en los lugares donde ellas están presentes y tiene lugar su vida diaria (escuelas, centros deportivos y de esparcimiento, o el transporte público).
Enfatizó que es responsabilidad del GDF frenar y regular la acción de los grupos conservadores “que como sabemos están en cualquier lado y dan a las jóvenes una cantidad impresionante de información mal intencionada y sin ningún argumento científico, y nadie los está combatiendo”.
Finalmente llamó tanto al gobierno federal, a la sociedad civil y a la población en general a trabajar en conjunto para garantizar que las jóvenes puedan acceder plenamente a todos sus derechos.
El “Informe de Mujeres 2013”, de la Comisión de Derechos Humanos del DF, señala que en 2012 el 17.5 por ciento del total de los 160 mil 852 nacimientos registrados se dieron en el grupo de edad de 10 a 19 años de edad, es decir 29 mil 142 nacimientos correspondieron a niñas y adolescentes.
14/AZM/RMB
El estigma y la discriminación que aún prevalecen en torno a la diversidad sexual dificultan la comercialización de los medios dirigidos al colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBT), dijeron comunicadores durante la mesa redonda “Representación LGBT en medios de comunicación”.
Reunidos en el Club de Periodistas en esta capital ante lo que consideraron “un fortalecimiento de la derecha en el país”, 14 informadores –11 varones gays, dos mujeres transgénero y una lesbiana– subrayaron la necesidad de responder de manera organizada, a través de los medios de comunicación, a embates como el encabezado por Richard Cohen, conferencista estadounidense de reciente visita en México, quien aseveró que “la homosexualidad tiene cura”.
Durante el encuentro se impulsó la creación de una Red de Periodistas LGBT, la cual tendría por objetivo armar una agenda para profesionalizar a los comunicadores y capacitarlos en nuevas tecnologías, además de tener una representatividad ante casos de discriminación.
Los asistentes analizaron el papel que como profesionales de la comunicación han desempeñado desde sus puestos de trabajo. Mencionaron la necesidad de trascender de los espacios alternativos alojados principalmente en internet, a espacios públicos y comerciales de mayor impacto social.
No obstante los avances obtenidos, recordaron que la salida del aire de programas como “Triple G”, “Nocturninos” y “Código Diverso”, que se emitían por W Radio, Canal 52 MX y Código DF, respectivamente, significan retrocesos que no deben olvidarse.
Caso contrario, dijeron, el programa “Guau”, conducido por Alex Kaffie y transmitido por el canal de paga Telehit, es una emisión “horrible y homofóbica”.
En ese sentido, mencionaron que buena parte de los contenidos de los medios LGBT no responde a las expectativas del público en general, por lo que se vuelven de “autoconsumo”, además de que en algunos casos reproducen estereotipos negativos y discursos “homonormativos” sobre esta población.
Recordaron que si bien institucionalmente no siempre se tiene el apoyo de los grandes medios, sí contribuye a la visibilidad de la población LGBT el hecho de que distintos personajes de este sector tengan incidencia en diarios de circulación nacional, televisoras y estaciones de radio.
Sobre la perspectiva de ver a los medios de comunicación LGBT como un negocio, los asistentes rechazaron que sea la censura el motivo que lo impida, sino que es la falta de capacidad para comercializarlos lo que origina su extinción, y agregaron que el discurso de la “victimización” del colectivo LGBT no contribuye a ese objetivo.
Añadieron que en México la existencia del “mercado rosa” es una falacia, sin embargo recordaron que en cadenas como Radio Fórmula, espacios encabezados por Alfredo Palacios y Maxine Woodside –conductores abiertamente gays o que tienen varios colaboradores no heterosexuales–, comercialmente son los más exitosos de ese grupo mediático.
Durante el encuentro, moderado por el periodista y académico de la UACM, Antonio Medina, algunos llamaron a no menospreciar el alcance del internet como herramienta de comunicación y garante de la libertad de expresión, pues si bien se dificulta comercializarlo, “esto se puede resolver con contenidos inteligentes”.
El encuentro concluyó con un llamado a investigar e incidir en temas que afectan al colectivo LGBT, como son los crímenes de odio “pues recordarlos con una foto en un obituario LGBTI no es suficiente”.
La Red de Periodistas LGBT está impulsada por la Red Ciudadana por la Diversidad Sexual, conformada por los activistas Charlie Dos Veces López, Alberto Rocha, Enrique Martínez Rayas, Mario Arteaga y Antonio Medina, quienes no descartaron la posibilidad de que en la coyuntura que se avecina con la apertura del espectro radioeléctrico a medios comerciales y de gobierno, se consigan espacios de televisión o radiofónicos a nivel nacional.
*Twitter: @mariobetorey
14/MAR/RMB
ETN resta credibilidad a trabajadora víctima de acoso sexual
Luego de que Laura, víctima de acoso sexual en el trabajo, denunciara que directivos de la línea de autobuses Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) omitieron acciones en contra de su agresor, Gonzalo Mendoza Ríos, la empresa emitió un comunicado que confirma los hechos pero pone duda la credibilidad de la mujer.
El pasado 22 de agosto Cimacnoticias publicó el caso de Laura, una taquillera de la línea de autobuses de pasajeros ETN, quien durante varios meses padeció un supuesto acoso sexual y hostigamiento de parte de su jefe directo, Gonzalo Mendoza Ríos, quien se desempeñaba como gerente de área.
Laura relató que las autoridades de la empresa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no la atendieron.
En respuesta a esa información, este lunes 25 de agosto ETN publicó un comunicado en el que ratificó que Francisco Javier Barrón, directivo general de ETN, recibió el pasado 9 de julio un informe que Laura le entregó para denunciar el presunto acoso sexual que padeció durante 18 meses.
En el documento, Barrón acepta que tuvo una reunión con Laura y afirma que el 11 de junio la encaró frente a Gonzalo Mendoza Ríos para “confrontar ambas opiniones”, esto a pesar de con ello se expuso a la víctima frente a su presunto agresor y se puso en duda su declaración.
ETN confirmó que hubo reuniones a solas entre Laura y Gonzalo al interior de su oficina. En la primera entrevista con esta agencia, Laura explicó que aceptó tales encuentros porque su agresor le dijo que quería apoyarla, y que una vez que el acoso sexual fue evidente continuó las reuniones porque fue “presionada” y tuvo “miedo a perder su trabajo”.
No obstante, una vez que Mendoza Ríos intentó besarla y la tocó, Laura hizo explícito su rechazo y días después envió a Gustavo Asencio Origel, gerente operativo de Ventas de ETN, un reporte por escrito de la agresión sin obtener respuesta.
Por ello, Laura se vio obligada a acudir con el director general de la empresa y entregar nuevamente el informe.
En su documento, ETN asienta que en su confrontación cara a cara con su jefe Gonzalo Mendoza, Laura dijo que en las pláticas entre ellos “también había besos y abrazos”.
En declaraciones a Cimacnoticias tras saber la respuesta de ETN, Laura negó haber dicho lo anterior, ya que desde el inicio –explicó– denunció por escrito que su entonces jefe intentó besarla y tocarla contra su voluntad, lo cual puede constatarse en el primer oficio que envió al gerente de Ventas.
No obstante las claras acusaciones de Laura contra Mendoza Ríos, el comunicado de ETN concluye que “durante un cierto periodo de tiempo, la oficina de la empresa y el tiempo destinado a las labores fue utilizado para realizar actos inmorales, faltando a los principios de propiedad y honradez”, por lo que el director decidió suspender a ambos de sus labores.
La empresa confirma que al siguiente día de los hechos, Mendoza Ríos y el director de ETN “acordaron su despido inmediato”, por lo que el pasado 15 de julio el jefe de Laura firmó su renuncia, la cual puede constatarse en la baja ante el IMSS el día 4 de julio.
ETN también detalla que los derechos laborales, así como la cuota obrero-patronal que corresponde a Laura siguen cubiertas hasta que se presente a trabajar, ya que fue ella quien dejó de ir a laborar y no se comunicó con la empresa.
Como Laura lo dijo en su momento a esta agencia, ella dejó de ir a trabajar luego de que se le ofreciera un monto de 20 mil pesos para desistir de las denuncias y se le advirtiera que sería despedida por “faltas a la moral”, hechos que no fueron desmentidos en el comunicado de ETN dirigido a los medios de comunicación.
Tras la respuesta de ETN, Laura detalló que con esta información se busca restar credibilidad a sus declaraciones a pesar de que para ella fue muy difícil romper el silencio, y ahora siente temor de más agresiones y amenazas luego de que recibió ataques en redes sociales.
Hasta el cierre de esta edición, directivos de la línea de autobuses no respondieron a las llamadas de esta agencia para abundar la información de los hechos.
Al final del comunicado, ETN asegura que actúa con políticas de equidad de género, ya que el 40 por ciento de su personal son mujeres y ocupan distintos puestos dentro de la estructura interna; sin embargo, en redes sociales otras dos mujeres señalaron que ellas también padecieron acoso sexual por parte de Mendoza Ríos u otros trabajadores de la empresa, de quienes omitieron sus nombres.
14/AJSE/RMB
Realizan Cumbre de Mujeres en Chile
Chile.- Mujeres chilenas se reunirán este 29 y 30 de agosto para debatir, reflexionar, intercambiar conocimientos y revisar la inserción de la población femenina en ámbitos como educación, trabajo, liderazgo, deporte, cultura, y la promoción de la salud física, mental y social.
La Primera Cumbre de Mujeres en la comuna de Cerrillos, en Santiago –capital del país sudamericano– se organiza para abordar la situación de las 33 mil chilenas que viven en ese lugar, de las cuales más de 250 participan en actividades sociales a favor de sus derechos y en la promoción de la equidad de género.
Cigarro electrónico podría afectar salud de niñas y niños: OMS
México.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que se prohíba el uso de cigarros electrónicos en interiores, debido a que el vapor que expide podría afectar la salud de niñas, niños y los fetos en mujeres embarazadas.
En el mundo mueren seis millones de personas por el consumo de tabaco, 600 mil por la exposición continua del humo (fumadores pasivos). Se considera que el cigarro electrónico causa menos daño que el tabaco convencional, pero la OMS pidió restringir su consumo hasta que no se compruebe lo contrario.
Llaman a respetar derechos de mujeres adultas mayores
México.- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pidió la creación de un enfoque de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres adultas mayores, a fin de mejorar los servicios de atención e infraestructura en seguridad social y salud que atienden a esta población.
El Inmujeres adelantó que firmará con el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam) un convenio que permita acciones afirmativas para la protección, promoción, estudio y difusión de los derechos de las personas adultas mayores. De igual manera relazará actividades con el Instituto Nacional de Geriatría en materia de salud con un enfoque de igualdad entre los sexos.
Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género
México.- A fin de promover una vida sexual satisfactoria y segura, la libertad de decidir, y el derecho a la información en materia de anticonceptivos y acceso a servicios de salud adecuados, del 9 de septiembre al 9 de noviembre próximos se realizará la Tercera Edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género “Derechos Sexuales y Reproductivos”.
Las proyecciones tendrán lugar en sedes como la Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Clínica Condesa y Museo de la Mujer, entre otras. Para más información visita http://www.micgenero.com/.
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Al gobierno de Enrique Peña Nieto “le interesa más reducir la cifra de personas desaparecidas que encontrar a las víctimas”, aseguraron madres de personas desaparecidas y organizaciones civiles como Fundar Centro de Análisis e Investigación y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
Con motivo del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas –a celebrarse este 30 de agosto–, representantes de organizaciones y familiares de víctimas exigieron al gobierno federal frenar su campaña mediática de desinformación, “en la que brinda cifras incorrectas y confunde a la sociedad”, y tener una política que realmente ayude a encontrar a las personas.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron que existe una falta de voluntad política en la materia que se manifiesta en la falta de búsqueda de las personas desaparecidas, la no identificación de los responsables de los hechos, y una impunidad persistente.
“Constituye nuevas violaciones a Derechos Humanos, como el derecho a la verdad”, acusaron.
Ximena Antillón Najilis, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, señaló que hasta ahora las acciones y los planes de gobierno “son insuficientes e inadecuados”.
Recriminó que en su campaña mediática para frenar la presión social, el gobierno federal ha divulgado “cifras confusas” y sin explicar cuál es la metodología de depuración de los datos.
“Pareciera que los esfuerzos se orientan a reducir las cifras para tener menor presión mediática e internacional, y no en encontrar a las personas, lo que realmente nos preocupa”, observó la especialista.
Recientemente el gobierno federal dio a conocer la cifra oficial de 22 mil 322 personas desaparecidas en México. Sin embargo, estas cifras no están desagregadas por sexo, edad, ocupación y contexto de desaparición de las personas.
Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo –desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila–, denunció la forma en la que la actual administración revictimiza a las familias y sobre todo a las madres, quienes en muchos casos asumen la búsqueda de justicia tras la desaparición.
Relató que en meses pasados recibió una llamada por parte del personal de gobierno para preguntarle si ya había encontrado a su hijo.
De acuerdo con la también integrante de Fundem, aunque en la Procuraduría General de la República (PGR) hay 15 tomos del expediente de su hijo, quienes le llamaron desconocían la fecha de desaparición de José Antonio.
“Me dijeron que como no había sido localizado, iban a poner su nombre nuevamente en la lista de personas desaparecidas, lo que demuestra que bajan los nombres antes de corroborar si continúan desaparecidos”, contó.
Finalmente, exigió al gobierno federal dejar de “engañar” a la ciudadanía con cifras “confusas”, pues en los casos de desapariciones “no se trata de un animalito o de un perrito que se extravió, se trata de una persona que tiene un rostro, un nombre, una familia que lo busca día y noche, y yo no veo la supuesta coordinación entre dependencias para localizar a nuestros familiares”.
Las organizaciones coincidieron en que la desaparición de personas sucede “porque México lo permite”, ya sea porque no garantiza la seguridad o porque directamente participa en las desapariciones.
Este sábado 30 de agosto organizaciones civiles y familiares de víctimas, como parte de las acciones que se realizarán en diversos estados, marcharán de la Estela de Luz al Senado para exigir al gobierno federal la creación de un mecanismo de búsqueda trasnacional y uno que investigue a las personas responsables de las desapariciones, así como la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
Asimismo, que se acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que reciba quejas de estos hechos en México.
14/AZM/RMB
Limitada presencia femenina en la industria informática: Cepal
Las mujeres tienen una baja presencia en las carreras relacionadas con la informática, y por tanto un limitado protagonismo en los puestos de decisión en las corporaciones, entre los emprendedores y en los órganos de formulación e implementación de políticas sobre software y servicios informáticos.
Según el documento “La industria del software y los servicios informáticos. Un sector de oportunidad para la autonomía económica de las mujeres latinoamericanas”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en esta área hay demasiada brecha de género.
De acuerdo con la investigación, en América Latina (AL) las indagaciones sobre la participación femenina en el rubro comenzaron a desarrollarse a fines de los años 90 y principios del 2000, y luego se ampliaron a temas que van más allá del acceso a la tecnología.
Por ejemplo, ahora se sabe que hay brechas de género relacionadas no sólo con el acceso al equipamiento y conectividad de calidad a redes de internet, sino también inequidad en las modalidades de usos, participación de las mujeres en las carreras informáticas, creación de contenidos y herramientas, y en su representación en la industria.
De acuerdo con la Cepal, estudios realizados en AL sobre la participación de las mujeres en la industria informática, el software y la sociedad de la información, muestran un panorama poco alentador porque indican que hay una baja presencia femenina en las carreras y en la industria informática.
En el estudio se señala que, además de tener un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en el sector, es necesario indagar cuál ha sido la experiencia de las mujeres que, pese los obstáculos, se han integrado a los ámbitos de producción, ocupan posiciones jerárquicas en grandes corporaciones o son líderes emprendedoras.
La Cepal hizo una indagación al respecto en Argentina, Costa Rica y Colombia, donde entrevistó a mujeres involucradas en el sector; la mayoría de ellas cuestionó la pertinencia de diferenciar por género y estimaron que esto no es relevante para el desarrollo de la industria.
En general, estas mujeres parten de la creencia de que las tecnologías de la información y la comunicación son un territorio neutral en términos de género, lo que las lleva a sostener una actitud de extrañamiento respecto de la posibilidad de que existan políticas orientadas a la población femenina.
Sin embargo, el organismo internacional indica que hay espacios donde las mujeres no tienen una presencia significativa, por ejemplo, en la producción de software libre o de código abierto, que a diferencia del propietario, se distribuye bajo condiciones de libre disponibilidad (gratuidad o distribución a costo nominal), y brinda la posibilidad de modificar el código fuente de los programas y sistemas, y adaptarlos a las necesidades e intereses de diferentes grupos.
Según el documento, la producción del software libre se basa en el aprendizaje colectivo, la apropiación comunitaria del conocimiento y la promoción de una filosofía de inclusión, diversidad y solidaridad entre las y los usuarios, generando una “cultura” o “comunidad” alternativa con esta modalidad.
Estas características generales podrían llevar a pensar que se trata de un ámbito más abierto a la participación femenina. Sin embargo, los estudios y encuestas muestran una tendencia contraria: en Europa sólo un 1.5 por ciento de los miembros de la comunidad del software libre son mujeres, comparado con 28 por ciento en el software propietario.
La mayoría son graduadas de carreras universitarias (algunas de estudios especializados) vinculadas a la informática, la computación y los sistemas; muchas de las que han creado una pequeña empresa realizaron cursos de posgrado o maestrías en el área de negocios o gestión de empresas.
Es por ello que la Cepal asegura que las mujeres en la informática, como sucede en la esfera de las finanzas, no encuentran desigualdades a primera vista porque ocupan altos puestos, forman parte de un sector moderno y de un grupo de élite, obtienen buenos salarios, incluso en algunos casos acceden a más beneficios que los establecidos en las legislaciones laborales de sus países.
Sin embargo, muchos de los testimonios de la investigación dan cuenta de situaciones de desigualdad, o “micro-desigualdades”, que en general no se atribuyen a factores propios de las condiciones de trabajo, porque son parte de las culturas organizacionales.
En este contexto, la Cepal indica que además de que faltan más indagaciones con perspectiva de género en esta área, también son necesarios instrumentos normativos y de regulación de la actividad que fomenten la participación femenina en las carreras y las empresas.
14/AGM/RMB
Presentan centro de documentación sobre explotación sexual
Debido a que los estudios en México sobre trata de personas y explotación sexual con enfoque de género son prácticamente nulos, expertas feministas presentaron el Centro de Documentación e Investigación sobre mujeres en situación de prostitución “Josephine Butler”.
Las impulsoras del proyecto son Fabiola Bailón, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Verónica Caporal, perita antropóloga de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República.
Ambas son coautoras del libro “Diagnóstico del ciclo vital de mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, el cual fue publicado recientemente y deriva de una investigación cualitativa y entrevistas a mujeres en situación de prostitución en diferentes lugares de México.
La importancia del proyecto de documentación, comentaron las especialistas durante la presentación, es que las feministas intervengan en las discusiones sobre las medidas que los gobiernos toman de manera coyuntural para “supuestamente” erradicar la trata de personas.
Bailón Vázquez recordó que así se hizo en el pasado y en otros países; puso como ejemplo que en Inglaterra 124 mujeres firmaron en 1970 un manifiesto en el que solicitaron al Parlamento británico abolir el reglamento que obligaba a las mujeres a registrarse, realizarse chequeos médicos, pagar un impuesto, y que las perseguía y criminalizaba si no contaban con documentos legales.
Es importante que las feministas se involucren en México en estas discusiones que están derivando en marcos normativos, designación de presupuestos y otras medidas coyunturales, pero primero es necesario que tengan como base la investigación de campo, la documentación histórica y los análisis de otros temas que intervengan en la materia, remarcaron.
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien celebró el proyecto y los esfuerzos de las investigadoras, enfatizó la importancia de que todas las acciones y propuestas para prevenir y combatir la trata en México consideren que las mujeres no son mercancías, sino personas con una subjetividad muy específica que debe ser visibilizada.
La abogada Andrea Medina Rosas, quien participó en la investigación del caso “Campo Algodonero” (sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez), indicó que es importante que los gobiernos no sólo castiguen la trata de personas, sino que construyan condiciones para que las mujeres no caigan en estas redes delincuenciales.
Es necesario, observó, que más feministas coloquen en el centro de la discusión las situaciones y las vulnerabilidades que envuelven a las mujeres en estos contextos de violencia.
EXPLOTACIÓN SEXUAL NO ES VOLUNTARIA
Las expertas se pronunciaron en contra de considerar que la explotación sexual puede ser “voluntaria”, sobre todo cuando el Estado no ofrece a las mujeres alternativas de desarrollo y empoderamiento.
Como parte del diagnóstico, Verónica Caporal comentó que durante el trabajo de campo encontró casos en los que las mujeres aceptaron que estaban involucradas en una dinámica de explotación sexual “por gusto”.
No obstante, luego de presentarles tarjetas con distintas profesiones como médica, antropóloga o abogadas, y una más que decía “prostituta”, las víctimas reconocieron que sus decisiones no eran totalmente libres.
Al respecto, las especialistas criticaron que el Distrito Federal haya entregado en meses pasados tarjetas o permisos para “regular” a mujeres en situación de prostitución –esto a pesar de que Patricia Mercado, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, trabajó con mujeres feministas durante mucho tiempo, señalaron–, ya que esta es una medida “paliativa” que no busca erradicar la explotación sexual ni la trata, además de que no visibiliza que la explotación sexual tiene que ver con la desigualdad de género que impide el desarrollo de las mujeres, advirtieron.
Agregaron que incluso para asumir una postura política en esta discusión es necesario analizar el concepto de explotación y el de trabajo, de esto nace la urgencia de generar investigaciones desde la experiencia feminista y con enfoque de género.
147AJSE/RMB
Organizaciones civiles feministas y especializadas en juventud, como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e Ipas México, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reinstalaron el Comité Promotor de la Campaña “Hagamos un hecho nuestro derecho”.
Con ello se busca una actualización jurídica y conceptual a la Cartilla por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes –publicada por la CNDH en 2001–, con lo que además de brindar información a la juventud se trata de eliminar las barreras culturales y sociales que limitan a esta población el acceso a sus derechos.
La cartilla fue publicada por la CNDH en 2001, año en que la ONU reconoció a los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos (DH).
En ella se enuncian 13 derechos de las y los jóvenes mexicanos, entre los que destaca el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y la sexualidad, a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual y el derecho a manifestar públicamente los afectos, entre otros.
En conferencia de prensa hoy se dio a conocer que se integró un nuevo Comité Promotor de la Campaña, que adecuará los contenidos de la cartilla a las recientes reformas en materia de DH, y a las nuevas concepciones sobre homosexualidad y salud sexual y reproductiva. Entre las organizaciones que integran el comité también están Elige y Kinal Antzetik.
María Goretty Moreno Martínez, integrante de CDD, expresó que a casi 15 años de que se reconocieran los derechos sexuales y reproductivos, las y los jóvenes mexicanos aún enfrentan severas barreras para acceder a servicios de salud, anticonceptivos y formas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente en las jóvenes.
Apuntó que aunque hay avances en la materia, persisten retrocesos muy claros en la política pública, por ejemplo la decisión tomada en 2012 de que cada entidad federativa sería responsable del presupuesto destinados a métodos de control natal, lo que derivó en que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero tengan un desabasto de anticonceptivos de entre 15 y 22 por ciento, lo que trae como consecuencia embarazos en adolescentes.
Es de recordar que, según cifras oficiales, las adolescentes unidas de 15 a 19 años de edad muestran la mayor proporción de necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) con 26.4 por ciento.
Del total de nacimientos registrados entre 2008 y 2011, el 19.6 por ciento correspondieron a adolescentes de 10 a 19 años. La mayoría de las hijas o hijos de estas madres tienen como padre a un adulto por lo menos seis y hasta 10 y 15 años mayor.
Nayeli Yoval Segura, coordinadora de Elige, sostuvo que durante 15 años no ha habido un pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como DH de la juventud, y no se han erradicado los “grandes prejuicios” que rodean a los temas de las y los jóvenes.
“Se les piensa como delincuentes o como personas sin decisión propia y como consecuencia ellas y ellos no se perciben como sujetos de derechos y no asumen los DH como propios; debido a esos prejuicios muchas y muchos se consideran como un conflicto para la sociedad”, explicó la activista.
También hizo eco de que durante los dos sexenios panistas (2000 a 2012), la política fue sumamente “conservadora”, no permitió el avance de una agenda innovadora en la materia, y tampoco se dio el pleno reconocimiento de la juventud como seres sexualmente activos.
Yoval Segura señaló que hasta la fecha no existen políticas públicas integrales, por lo que llamó al gobierno federal a “pasar de la retórica a la acción”.
La actuaria Yolanda Varela, quien acudió en representación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva –dependiente de la Secretaría de Salud–, aseguró que durante esta administración el gobierno federal activará diversas acciones para ampliar el acceso a servicios amigables de la juventud.
Reconoció dos factores por los cuales las acciones emprendidas no se han traducido en el acceso de las y los jóvenes a sus derechos. El primero es que no se ha logrado la participación interinstitucional y la existencia de una estrategia integral.
Como segundo factor está el temor que tienen muchos prestadores de servicios para dar atención a las y los adolescentes, pues “aún nos falta difundir más el marco normativo y jurídico acerca de DH y derechos sexuales y reproductivos, para que las y los servidores públicos estén seguros de que lo que están haciendo no es una falta o violación a las leyes”.
Con esta parte de la campaña también se busca promover el compromiso institucional para la generación de mecanismos de exigibilidad, denuncia y reparación del daño en caso de que las y los jóvenes vean violentados sus derechos en la materia.
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Ante el riesgo de que el feminicida confeso Omar Fernando Rosales Toledano quede en libertad, familiares de la joven asesinada Viridians Flores Ramírez y activistas protestarán el próximo 1 de septiembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, contra la realización de un nuevo peritaje solicitado por la defensa.
Y es que de manera inverosímil y sin notificar al Ministerio Público adscrito al caso, el juez Julio César Morales Ríos
admitió el pasado 19 de junio las pruebas ofrecidas por la defensa del feminicida confeso, y ordenó que con un cerdo se reconstruya el asesinato de Viridians Flores, cuyo cuerpo fue arrojado desde un puente en San Cristóbal en junio de 2013.
“Buscar un cerdo con el peso de mi hija, a quien le infligirán las heridas que ella sufrió y aventarán envuelto en nylon… es una ofensa a su memoria y una ofensa para nosotros como su familia”, sostuvo Juan Carlos Flores Santiago, padre de Viridians, en conferencia de prensa.
“Convocamos a la ciudadanía a evitar que otro feminicida sea liberado; urge que las autoridades judiciales en Chiapas dejen de mandar mensajes de impunidad para los asesinos de las mujeres. Queremos que se den castigos ejemplares, que se use la sentencia de 60 años”, dijeron por su parte integrantes de la organización civil feminista DEHCIDE.
Adelantaron que a las 10:30 de la mañana del próximo 1 de septiembre –fecha prevista para la realización del nuevo peritaje–, en la gasolinera “Chispita” de San Cristóbal de las Casas se reunirán familiares y activistas para dirigirse al puente y realizar una ceremonia en memoria de Viridians, quien fue asesinada con sólo 21 años de edad.
Juan Carlos Flores Santiago denunció también que los testigos del feminicidio se están retractando de su declaración de junio de 2013, cuando fue encontrado el cuerpo de su hija.
“Lo que vemos… es la intención de desvirtuar prueba por prueba los testimonios que llevan a Omar Fernando como responsable del feminicidio de mi hija”, criticó.
“Si hay problemas con el juez, que el titular del Poder Judicial (del estado), Rutilio Escandón, lo mueva, pero no hay justificante para que quede libre y menos para no darle una condena de 60 años (pena máxima estipulada en el Código Penal del estado para el delito de feminicidio)”, advirtió el padre de Viridians.
Cabe recordar que el feminicida confeso Omar Fernando Rosales Toledano, fue secretario particular del actual senador por el Partido Verde Ecologista de México Armando Melgar.
Rosales Toledano tenía una relación sentimental con la joven Viridians, con quien tuvo un hijo.
El pasado 26 de junio, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el estado de Chiapas negó un amparo a Omar Fernando y confirmó la sentencia constitucional emitida en el juicio de amparo 1018/2013. Por ello, el feminicida quedó formalmente preso en el penal de El Amate.
El amparo fue negado en virtud de que la autoridad responsable comprobó y fundamentó los actos delictivos cometidos por Rosales Toledano.
IMPUNIDAD
Ante el temor de que la justicia desahogue pruebas a favor del feminicida de Viridians, activistas recordaron que en abril pasado fueron liberados dos feminicidas confesos.
A principios de abril fue liberado el ex diputado federal Elmer Darinel Díaz Solórzano, tras permanecer cuatro años en la cárcel por el feminicidio de su compañera sentimental y madre de su hija, Tatiana Trujillo.
El segundo caso es el de Romeo Poumián Flores, detenido el 7 de julio de 2013 como probable responsable del feminicidio de Citlali de Lourdes Molina Aguilar, de 26 años, encontrada sin vida el 1 de julio de ese año en el interior de su domicilio en la delegación Terán de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.
En Chiapas, el incremento de la violencia feminicida se ha visibilizado en los últimos tres años: en 2010 se registraron 22 asesinatos; en 2012 el número ascendió a 97; en 2013 se presentaron 83 casos, y este 2014, de enero a la fecha, van 41 casos documentados de feminicidio, de acuerdo con un monitoreo del Grupo de Mujeres de San Cristóbal.
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