El alto nivel educativo que logran alcanzar muchas jóvenes mexicanas no se traduce en mejores condiciones laborales para ellas cuando encuentran un empleo.
México no ha logrado garantizar que aquellas jóvenes que terminan sus estudios universitarios o de posgrado, pese a obstáculos sociales y económicos, se integren al mercado laboral y tengan una mejor calidad de vida.
En generaciones anteriores un nivel superior de estudios garantizaba un trabajo formal y mayores recursos para asegurar el bienestar, pero ahora cuando las jóvenes egresan de las universidades se enfrentan a un mercado laboral con salarios mínimos, sin prestaciones ni seguridad social, y profundamente desigual para las mujeres, así lo aseguran organismos internacionales y lo confirman los datos oficiales.
Ello pese a que las jóvenes ahora tienen mayor presencia en la educación superior que sus pares varones. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la matriculación femenina es predominante.
En posgrados, la matriculación de las mujeres es de 50.4 por ciento, y en especialidades de 51 por ciento, mientras que en maestrías la cifra llega a 51.2 por ciento. Sólo en las licenciaturas –a nivel nacional– los hombres superan a las mujeres con 52 por ciento.
De acuerdo con el informe “Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía”, elaborado por el Programa Universitario de Estudios de Género de la máxima casa de estudios, del total de la matrícula en esa institución durante el semestre 2013-1, el 50.2 por ciento (142 mil 958) eran mujeres.
SIN ESPERANZAS
“Alma”, de 26 años, siempre destacó como alumna de excelencia; sus altas notas en primaria y secundaria la llevaron a participar en concursos de conocimientos y le garantizaron una beca en el Liceo Franco-Mexicano para cursar la preparatoria.
Egresada en 2011 de la Facultad de Economía de la UNAM, titulada con honores y con el dominio de tres idiomas, ahora trabaja para una dependencia federal como “empleada de confianza”, es decir no genera antigüedad, no tiene prestaciones y no puede solicitar un crédito de vivienda, además de sentir el riesgo constante de perder su empleo ante los cambios administrativos.
“Me gustaría encontrar algo mejor en donde pudiera utilizar realmente lo que sé, (pero) me siento bien de tener un empleo a diferencia de algunas compañeras de generación que no lo tienen”, dice.
“Siempre pensé que al salir de la universidad el esfuerzo valdría la pena y todo sería más fácil, pero mi situación y la de mis compañeras derrumba poco a poco nuestras esperanzas”, agrega.
Otro caso es el de “Berta”, quien egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación hace dos años y hasta a la fecha sólo ha podido emplearse como becaria en algunos medios de comunicación.
A ella se suma “Irma” quien después de un año de buscar un empleo que se adaptara a su perfil de licenciada en Ciencia Política por la UNAM, decidió no esperar más y estudiar una maestría en Antropología Social, pues al hacerlo recibe una beca mensual mayor que los sueldos que alguna vez le ofrecieron.
“A veces me parece que México no quiere mujeres preparadas, y algunas otras veces creo que no se preparó para nosotras; pensó que siempre íbamos estar en casa y no demandaríamos escuela y trabajo”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce que un mayor nivel educativo debería garantizar a las mujeres mayores ingresos y mejor calidad de empleos.
Pero acota que en América Latina para lograr la incorporación al mercado laboral y asegurar un nivel de vida con condiciones mínimas de bienestar, es necesario concluir 11 o 12 años de estudio, aunque esto tampoco garantiza una vida con autonomía y en condiciones de más derechos.
En México –donde el promedio de años de educación que alcanzan las mujeres es de 8.1 años–, aquellas jóvenes que logran extender sus estudios hasta 12 años no ven traducido su esfuerzo en mejoras económicas o buenos sueldos.
En su informe “Adolescentes. Derecho a la educación y al bienestar futuro”, Cepal señala que las jóvenes con 12 a 15 años de educación reciben el 47 por ciento del salario que perciben los varones con el mismo nivel de estudios. Las mujeres más educadas (con 16 años en la academia) reciben 84 por ciento del salario de los hombres.
BONO DEMOGRÁFICO DESAPROVECHADO
Leonor Calderón Artieda, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, ve como preocupante que el país no aproveche la oportunidad de desarrollo y crecimiento nacional que representa el llamado bono demográfico de la juventud.
Actualmente “la educación ya no es un elemento automático para la movilidad social”, lo que se vuelve más evidente en las jóvenes, ya que aunque estén preparadas nos “estamos enfrentando a sociedades donde las mujeres ven mucho más limitadas sus posibilidades de inserción igualitaria en el mercado laboral”.
A decir de Calderón, son necesarias políticas públicas integrales en beneficio de las jóvenes y que modifiquen la creencia cultural de que a las mujeres les corresponden las tareas de cuidado y domésticas.
Si el Estado “ya invirtió en nueve años o más años de educación de las jóvenes y de repente se tiene un proyecto truncado o no acceden al mercado laboral estamos desperdiciando esa inversión”, advierte.
Calderón enfatiza que si las jóvenes no tienen empleos de calidad en los cuales puedan cotizar para el sistema de pensiones, no están abonando para tener una vejez segura y digna.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que más de la mitad del desempleo femenino (57.5 por ciento) lo constituyen las jóvenes de 14 a 29 años.
A lo que se suma que 6.9 millones de mujeres jóvenes sobrevivían en la informalidad para 2012 y los salarios eran sumamente bajos. Igualmente, siete de cada 10 jóvenes tenían un ingreso de uno a tres salarios mínimos, unos 5 mil 675 pesos al mes.
Calderón recuerda el llamado que el UNFPA –con motivo del Día Internacional de la Juventud celebrado el pasado 12 de agosto– hizo a las naciones: “Invertir en la juventud”.
“Esa inversión no puede esperar, este es el momento, no mañana; la transición demográfica es algo que ocurre a diario y tenemos que prepararnos para llegar a una edad en la que todas las personas puedan tener una vida modesta pero digna”, finaliza.
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agosto 2014
El Congreso Internacional Femenino por una Cultura de Paz –a realizarse del 27 de octubre al 2 de noviembre próximo en Argelia– buscará posicionar la importancia de incluir a las mujeres musulmanas en la vida pública de sus naciones.
Con el nombre “Equidad de Género para Musulmanes. Una necesidad vital”, el Congreso es organizado por la Asociación Internacional Soufie Alâwiyya (AISA) –que busca la inclusión de la población musulmana a la sociedad actual–, y la Fundación Mediterránea de Desarrollo Sustentable (Djanatu Al Arif).
A decir de ambas organizaciones, para construir sociedades en donde las mujeres sean iguales y tengan los mismos derechos es necesario escuchar sus voces, para así conocer sus opiniones, necesidades y expectativas.
Dentro de ese señalamiento es de destacar que éste sería el primer evento a nivel internacional en el que se pone como tema de análisis la relación entre mujeres y hombres musulmanes, y que buscará plantear alternativas para que las mujeres practicantes de esta religión sean consideradas como iguales ante los varones.
Durante los días de trabajo, las 50 personalidades expertas junto con quienes asistan al evento analizarán los roles que se les han asignado a las mujeres dentro de la cultura musulmana, y que las han reducido a “simples objetos” sin opinión y decisión propia.
Al mismo tiempo se buscarán alternativas para lograr su inclusión en la educación, así como la forma en que los tabús y tradiciones religiosas han logrado mermar la participación femenina en la toma de decisiones, con lo que se espera iniciar el proceso en el que las mujeres construyan y desarrollen su propia historia.
Para el Congreso también es de vital importancia propiciar la participación de las mujeres en los procesos de paz, que no tiene que ver sólo con el término de los conflictos armados sino con la reconciliación de ellas con el resto de la sociedad o incluso con ellas mismas.
AISA es una organización espiritual que promueve y consolida la vida armónica entre civilizaciones y religiones, y trabaja por facilitar el entendimiento de los principios de equidad de género, no discriminación, y progreso social y cultural de la humanidad.
14/AZM/RMB
En lugar de “amor”, Chalco ejerce violencia contra las mujeres
“Chalco, municipio mexiquense, se inunda de amor”, dice su alcalde de extracción priista, Francisco Osorno Soberón, en cada ocasión que tiene oportunidad de hablar de su mandato y es el eslogan de su gestión.
Al mismo tiempo, el edil asegura que no hay violencia contra las mujeres en esta localidad del oriente mexiquense.
Sin embargo, los cuerpos de mujeres descuartizados y arrojados en terrenos baldíos dentro de bolsas, costales y maletas, y las violaciones sexuales contra jóvenes desmienten el panorama “amoroso” que describe Osorno Soberón.
Como parte de la “Alerta Ciudadana de Violencia de Género”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) recorrió hoy este municipio, acompañado por familiares de víctimas, activistas y habitantes de la localidad, para dejar una cruz rosa en los lugares donde se han encontrado cuerpos de mujeres.
Este es el cuarto recorrido que realiza el OCNF en municipios del Edomex, luego de que en mayo pasado ante la reiterada negativa del gobierno federal por declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, se pusiera en marcha la “Alerta Ciudadana” que cada día 25 de mes recorre lugares del estado donde las agresiones contra las mujeres son una constante.
Tras reunirse en el centro de Chalco, activistas se trasladaron a la entrada del Rancho San Miguel, ubicado sobre la carretera Santa María Ayotzingo-Tezompo. Rodeado de casas con techo de lámina y sembradíos, ese terreno baldío “es el lugar perfecto” para arrojar cuerpos y que nadie encuentre a los responsables, dijeron habitantes del pueblo de Ayotzingo.
Por el lugar con escaso alumbrado público deben transitar todos los días mujeres para llegar a los paraderos de transporte público, por lo que allí se colocó una cruz rosa para indicar a la población que ese lugar es un “foco rojo” para las mujeres.
Allí fueron cometidas dos violaciones sexuales y también fueron encontrados varios cuerpos de mujeres que no eran habitantes del municipio y que su lugar de destino fue la fosa común, aseguró Yuritzi Hernández de la Rosa, integrante del Frente Amplio Social mexiquense (FAS), quien ha recopilado información sobre casos ocurridos en la zona.
AUTORIDADES NIEGAN INFORMACIÓN
En el trayecto, la activista contó que en constantes ocasiones ha ido al Ministerio Público municipal y a la Fiscalía de Feminicidio en Ayotla (localidad mexiquense colindante con Chalco), en busca de más datos para identificar a las víctimas y saber el número total de casos, pero las autoridades le niegan la información.
Según los datos recolectados por la activista, entre 2013 y 2014 el número de asesinatos en el municipio asciende a 11.
La caravana continuó su ruta por la carretera Chalco-Mixquic, donde se encuentra el Internado “Hermanas de María, Villa de las Niñas”, que hace siete años fue ampliamente señalado en medios de comunicación como un lugar donde las menores de edad eran recluidas y explotadas, y que recientemente fue visitado por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas.
“Frente al internado se han encontrado cuerpos de mujeres, guardados en costales o bolsas de plástico, como es la característica del municipio. Durante su visita, Eruviel no hizo ninguna mención del tema”, contó Hernández de la Rosa a Cimacnoticias.
Posteriormente, las y los manifestantes llegaron a la calle que divide a las colonias Zapata y Agraristas, ambas identificadas por la comunidad como de “extrema violencia”. En esa esquina también se colocó una cruz rosa.
Como último punto, el OCNF (representado en esta ocasión por sus asesores legales, Yuridia Rodríguez y Rodolfo Domínguez) colocó una cruz rosa frente a la casa –a unas cuadras del Palacio Municipal– de Xóchitl Vázquez Cabrera, joven de 18 años asesinada en febrero pasado en su recámara supuestamente por personas desconocidas, aunque su familia asegura que su pareja sentimental (con quien ella vivía) estuvo involucrada.
En el lugar, su hermano Lenin Vázquez Cabrera contó que hasta el momento no existe una carpeta de investigación por el asesinato, y las autoridades no han llamado a declarar a ningún sospechoso, además de que les han dicho que las pesquisas se realizarán en el municipio de Nezahualcóyotl, “pero cuando vamos a Neza nos mandan para Chalco y así nos traen”.
“Para las autoridades es un número más u ‘otra mujer asesinada’, por ello exigir justicia al presidente municipal, al gobernador y hasta a Enrique Peña Nieto es como gritar a la pared, pero no importa el tiempo que me tarde, yo voy a tirar esa pared y seguir exigiendo justicia”, sentenció.
El joven criticó al alcalde de Chalco por gastar los recursos municipales en acciones que no benefician a las múltiples víctimas. “Yo le digo al licenciado Osorno que no nos hacen falta fuentes o quioscos para que el municipio se vea bonito; muchos preferiríamos caminar entre el lodo, pero tener a nuestras familias completas. Le exijo que invierta en seguridad y deje de asegurar que en Chalco no pasa nada”.
Finalmente, las y los manifestantes, a quienes se les sumaron varios pobladores, recorrieron las tres calles que separaban la casa de Xóchitl del Palacio Municipal.
Con consignas como “¡Ni una más!” y “¡Justicia para las víctimas de feminicidio!”, mujeres y hombres entraron al Palacio Municipal y subieron hasta la oficina del edil para exigir que les diera la cara y una solución real a la problemática.
Después de varios minutos, una secretaria atinó a decir que podía agendar una reunión, pero no sabía la hora pues Francisco Osorno Soberón “estaba ocupado”, por lo que el OCNF decidió continuar con su plan inicial y dar una conferencia de prensa.
En ella reiteró la exigencia de detener la violencia contra las mujeres en el municipio, así como en los alrededores y se insistió en la urgencia de que sea declarada la AVG en la entidad, pues las cifras y hechos conocidos hoy demuestran que Chalco “no se inunda de amor, si no de injusticia”.
Cabe recordar que actualmente un grupo interdisciplinario (conformado por representantes del gobierno federal) realiza una investigación sobre violencia feminicida en el Edomex, luego de una larga batalla legal que el OCNF emprendió en contra de la negativa dada en febrero de 2011 para declarar la AVG.
14/AZM/RMB
Reprueba México en integración social de población migrante
México está reprobado en el desarrollo de políticas de integración para la población emigrante, inmigrante, refugiada y repatriada que se asienta en el país –de la que las mujeres conforman hasta el 54 por ciento–, según un análisis de la organización civil Sin Fronteras.
El “Estudio regional sobre Políticas Públicas de Integración de Migrantes en Centroamérica y México”, elaborado por la organización Sin Fronteras, arroja que el gobierno mexicano no atiende al 100 por ciento las necesidades de la población migrante, y en la mayoría de los rubros analizados la atención está por debajo del 60 por ciento.
En el tema de movilidad en el mercado laboral, el gobierno mexicano cumple sólo 40 por ciento de las necesidades. Su principal carencia está en impulsar el acceso y otorgar ayudas específicas encaminadas a generar oportunidades de formación para el empleo.
En cuanto a la reagrupación familiar, la aprobación de políticas públicas es del 84 por ciento; no obstante, según personal de instancias públicas –consultado para el informe–, las y los migrantes enfrentan muchos obstáculos provocados por los tiempos de espera, alto margen de discrecionalidad en la distribución de visas, y las complicaciones para comprobar solvencia económica.
En el tema de educación, las políticas califican con cero por ciento en atención de necesidades específicas y otro cero por ciento en brindar nuevas oportunidades de estudio. La organización explica que el bajo puntaje obtenido es consecuencia de la alta complejidad en el acceso a los servicios educativos.
Las políticas para promover la participación política cubren sólo 6 por ciento, y además hay escasos esfuerzos del Estado por desarrollar órganos consultivos para conocer las necesidades específicas de esta población.
En el caso de las políticas de residencia permanente o de larga duración, el gobierno mexicano calificó con el 85 por ciento debido al principio de preservación familiar; sin embargo, fuentes consultadas observaron que existe alta discrecionalidad para la regularización.
En contraste, en el caso del acceso a la nacionalidad migrante las políticas cubren sólo el 55 por ciento. La mayor vulnerabilidad está en la seguridad de conservar el estatus migratorio.
Finalmente, las políticas antidiscriminación cubren 53 por ciento de las necesidades, ya que la actual Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (que incluye artículos para proteger a la población migrante) tiene un débil poder de implementación, a decir de la consultora encargada.
Según el estudio, 26 por ciento de los programas gubernamentales para la migración (que refuerzan las políticas) están enfocados en la educación, 19 por ciento en el empleo, 16 por ciento en salud; 6 por ciento en generar remesas y vivienda, otro 6 por ciento para proporcionar asistencia legal, 5 por ciento para el deporte, y otro 5 por ciento para brindar orientación.
No obstante, el 51 por ciento de estos programas están dirigidos a las y los mexicanos en el exterior, y el otro 49 por ciento está repartido entre la población migrante y la de retorno en el país.
Además, en el presupuesto 2013 los 13 programas federales de apoyo al migrante retornado (que equivalen a la cuarte parte de los programas) obtuvieron 53 por ciento menos fondos que el año anterior, según reveló el análisis.
A decir de Lorena Guzmán Elizalde, consultora que realizó el estudio, lo anterior es así porque en México la política migratoria actual está enfocada en el control, seguridad nacional y desarrollo económico de unos cuantos, en lugar de generar oportunidades para todas y todos y construir un nuevo sentido de identidad comunitario y regional más allá de las nacionalidades.
Por todo esto, Sin Fronteras propuso favorecer la seguridad humana de forma trasnacional; lograr la inclusión de la población migrante a la seguridad social; homologar las leyes y reglamentos a nivel federal, estatal y municipal, y desarrollar medidas que faciliten y promuevan la inclusión de las personas migrantes al sistema laboral y educativo.
Así como facilitar los procesos de documentación migratoria; fortalecer la capacidad de respuesta, coordinación intersectorial y adaptación de las institucionales públicas; construir programas públicos basados en las necesidades reales de la población; generar mecanismos de evaluación, acceso a la información y rendición de cuentas, y abrir los procesos de participación política de la población migrante.
Cabe señalar que del total de población emigrante en México 54 por ciento son mujeres, al igual que el 49 por ciento de la población inmigrante, 42 por ciento de la refugiada o solicitante de asilo, y 10 por ciento de la de retorno, quienes tienen necesidades específicas de integración social para incorporarse al mercado laboral, educación, y la dinámica social y cultural de las localidades que las reciben.
Los principales obstáculos que enfrentan son falta de documentación mexicana para acceder a servicios básicos, ausencia de servicios legales e información de sus derechos, desempleo y pobreza, así como problemas de salud física y mental consecuencia de las experiencias vividas.
REPATRIACIÓN
El estudio indica que debido al reforzamiento de la seguridad migratoria en Estados Unidos, cada vez más mujeres y hombres son deportados a sus países de origen; sin embargo, una vez en ellos, en este caso en México, enfrentan obstáculos para asentarse e iniciar una nueva vida.
A esto se suma que la repatriación es un fenómeno migratorio de poca visibilidad, lo que impide que se tenga información al respecto, indica el informe. Del total de personas mexicanas repatriadas de EU a México en 2013, 22 mil 589 eran mujeres y mil 732, niñas menores de 18 años.
Un alto número de personas repatriadas a México no llegan a sus lugares de origen, sino que llegan a entidades de la República con mayor desarrollo o permanecen en los estados fronterizos en espera de volver a cruzar.
14/AJSE/RMB
Presenta ONU protocolo para investigar feminicidio
México.- La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Regional de ONU-Mujeres para las Américas y el Caribe presentaron el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, que tiene como objetivo brindar herramientas con enfoque de género para la investigación de esos casos.
El protocolo forma parte de la Campaña del Secretario General de la ONU “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, y se basa en las normas internacionales y regionales de Derechos Humanos y busca que las investigaciones, así como los procesos penales, brinden una respuesta apropiada a cada uno de los casos por muerte violenta de mujeres.
Para conocer el protocolo ir a http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2014/Modelo%20de%20protocolo.pdf
Marchan en demanda de justicia para joven que fue violentada
México.- Cerca de 300 personas marcharon ayer, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para exigir justicia para Laura Guerra, una joven que fue golpeada y abandonada en un parque por su novio, Fernando Vargas Molina, y quien fuera puesto en libertad horas más tarde del ataque.
Las organizadoras de la protesta aseguraron que además de solidarizarse con Laura –quien se encuentra hospitalizada– busca que la ciudadanía tome conciencia y apoye a las mujeres violentadas.
A la manifestación se unieron activistas y organizaciones como la Red Mesa de Mujeres, que informaron que en lo que va del año se han registrado 2 mil 500 denuncias por violencia intrafamiliar.
CMDPDH pide protección para defensora Silvia Pérez Yescas
México.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la protección de la activista indígena Silvia Pérez Yescas, quien ha sido hostigada y amenazada de muerte por su trabajo en la defensa de los Derechos Humanos de mujeres, niñas, niños y pueblos indígenas de Oaxaca.
En 2013 un grupo de hombres armados rodearon la casa de Silvia e intentaron entrar a la fuerza; con ayuda de sus vecinos logró escapar, y ante esto se vio obligada a abandonar su comunidad y vivir desplazada.
Actualmente forma parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y su caso fue presentado ante el Parlamento Europeo.
Crean comités para defender derechos femeninos en Venezuela
Venezuela.- Para promover la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, se conformaron más de 100 comités de igualdad de género en los 12 municipios del estado venezolano de Barinas, integrados por madres solteras, estudiantes, campesinas, artesanas, cocineras, deportistas y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó la Agencia Venezolana de Noticias.
Los comités diseñarán proyectos socio-productivos y diagnosticarán las causas de la violencia familiar, para prevenirla y erradicarla porque a decir de la directora estatal del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, María Valero, en Barinas aún hay hombres que ejercen violencia psicológica contra las mujeres.
14/GGG/RMB
Impulsan iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo
A fin de discutir la relevancia del matrimonio entre personas del mismo sexo para la construcción de una sociedad democrática, plural y respetuosa de los Derechos Humanos (DH), legisladoras, académicos y activistas del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual se reunirán en Cuernavaca, Morelos, este 28 y 29 de agosto en el II Encuentro de Activistas LGBTI “Más allá del Matrimonio Igualitario”.
En un comunicado, David Galaviz, coordinador de Morelos Sin Discriminación, organización encargada del evento, indicó que este año pretenden destacar en el encuentro la discusión en el Congreso del estado sobre la aprobación de la iniciativa de reforma al Código Civil que contempla la unión civil entre personas del mismo sexo.
La iniciativa, dijo el activista, se retomará en septiembre próximo para someterla a votación en el inicio del periodo de sesiones del Congreso morelense.
Galaviz señaló que dicha discusión motivó a la comunidad a contribuir a “la construcción de diálogos y posibilidades de acción articulada que nos acerquen más rápido y de mejor manera a lograr nuestros objetivos compartidos”.
El encuentro que forma parte del “Mes Cultural de la Diversidad Sexual en Morelos” tendrá como sede el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC), donde habrá conferencias y mesas de debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo desde la perspectiva de la incidencia política y los retos de organización en la sociedad civil.
Participarán la diputada local por el PRD y presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso estatal, María Teresa Domínguez Rivera; fray Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir; Polo Gómez, educador comunitario en diversidad sexual y VIH/Sida, y coordinador del proyecto Condomóvil, entre otros invitados.
La cita es en avenida Morelos número 265, esquina Callejón Borda, en el Centro de Cuernavaca, Morelos.
14/GMV/RMB
Estados carecen de datos sobre realidad de mujeres indígenas
Las mujeres indígenas de América Latina (AL) son invisibles en las estadísticas y en las políticas demográficas de sus respectivos países, lo que obstaculiza el ejercicio de sus derechos, evidenció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ésa fue una de las conclusiones del documento “Mujeres indígenas. Nuevas protagonistas para nuevas políticas”, que publicó la Cepal con la contribución del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU-Mujeres y otros organismos internacionales.
Según la Cepal, el principal desafío que aún tienen que enfrentar los Estados para terminar con las desigualdades de etnia y género entre las mujeres indígenas, lo cual inhibe su participación ciudadana, es el vacío y la disponibilidad de datos sobre las condiciones de vida de las mujeres indígenas, en específico en cuatro dimensiones: reconocimiento de la identidad, el origen común, la territorialidad y el lenguaje.
El siguiente desafío es crear un marco de derechos para las políticas dirigidas exclusivamente a las mujeres indígenas, ya que la información disponible muestra en forma sistemática y sostenida que ellas experimentan mayor pobreza, reciben menos ingresos, tienen menor escolaridad, menos años de esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y materna, y menor acceso a la salud y al agua potable, de acuerdo con la Cepal.
La Cepal propone también a los Estados articular la política de género y las políticas hacia los pueblos indígenas; considerar la interculturalidad y la construcción de género de los pueblos indígenas; atacar el racismo y la discriminación, y generar más información y de mejor calidad sobre las mujeres indígenas.
El mecanismo advirtió que apenas a partir de la década del 2000, 16 países de la región incluyeron en sus censos nacionales preguntas para identificar a los pueblos y a las mujeres indígenas, pero en la mayoría de los casos la información es de “dudosa calidad”.
La Cepal reconoció que en la década más reciente se han realizado avances importantes para dar mayor visibilidad estadística a estas poblaciones, sobre todo para incluir su participación en los censos.
Sin embargo, prevalece el desafío de incluir un cambio de enfoque en los sistemas estadísticos de los países que considere a las y los usuarios de la información como sujetos de derechos, se indica en el documento.
Esto quiere decir que se deben incluir preguntas de identificación étnica en todas las fuentes de datos; diseñar instrumentos con pertinencia cultural y acordes con las necesidades de las mujeres indígenas, y crear mecanismos participativos efectivos de estos sujetos de derecho en todo el proceso de producción de información.
La información es una herramienta para la promoción de los Derechos Humanos, ya que con ella se visualizan las inequidades que afectan a las mujeres indígenas, aporta bases sólidas para la formulación y aplicación de políticas, y contribuye a que las propias organizaciones indígenas vigilen las acciones que emprende su Estado, reconoció la Cepal.
Por esto dice que en el caso de las indígenas urge examinar sus situaciones de vulnerabilidad, información que se obtienen del análisis de los datos, lo que permitirá incluirlas en las políticas públicas, concluye el documento.
14/AJSE/RMB
Cuando los estrategas de Presidencia comenzaron a organizar el programa de publicidad sobre las reformas estructurales, y en particular para promover la reforma energética, lo hicieron con la clara intención de demostrarle a la sociedad que ha sido crítica con sus reformas que su postura es inamovible y que tiene cómplices en muchos medios para demostrarlo.
Las apariciones del presidente en la televisión matutina y en el especial paradójicamente bautizado “Conversaciones a fondo” son un puñetazo en la mesa, un grito del patriarca para decir las cosas son así porque yo lo digo; son una muestra de la debilidad del presidente que se siente profundamente afectado frente a la crítica y se ve en la necesidad de crear un ambiente quirúrgicamente controlado para hacer un montaje que simule el diálogo.
Televisa organizó esta entrevista artificiosa, y de paso humilló a Ricardo Salinas Pliego (dueño de TV Azteca) invitando a Lilly Téllez a posar como maniquí del periodismo “zombie” y adulador.
Criticar esta estrategia de medios no es útil sin entender el contexto en que se está construyendo el discurso de la “estabilidad nacional”.
Podemos comprenderlo si miramos los documentos fabricados por los gobiernos falseando las cifras de delincuencia. Todo parece indicar que la estrategia peñanietista se basa en la idea metafísica del decreto: si decretas que todo va mejorando eventualmente mejorará.
Miente para afectar la percepción de la realidad, dice un libraco de autoayuda que probablemente haya leído algún asesor de Los Pinos.
Para entender a dónde va Peña Nieto necesitamos recordar que durante la alternancia panista se desmoronó el régimen priista experto en administrar la violencia y la ilegalidad. De la impunidad administrada llegamos a la impunidad masificada.
Durante la época de oro del priismo se regularizó la violencia dentro del acuerdo social, se asimiló la tolerancia hacia la corrupción, se masificó la impunidad.
Ya no era sólo para élites empresariales y políticas, de pronto la delincuencia organizada irrumpió para insertarse en el poder formal, comenzó a controlar los mercados informales y a infiltrarse en los formales por medio del “blanqueo” de capitales e invirtieron en campañas políticas.
Tantas décadas de gobiernos de simulación priista reventaron con la llegada del PAN y su gobierno desarticulado y opresor, pero con una apertura que los medios no habíamos conocido. Ahora ha vuelto el PRI y logró cooptar a la CNDH para demostrarnos que la cultura de los Derechos Humanos no se solidificó.
Hay una estrategia política detrás del silenciamiento del disenso y de la unificación de criterios editoriales en muchos medios, y esto es importante porque cualquiera que entienda los principios de los gobiernos opresores sabe que éstos hacen todo lo que está en sus manos para ocultar el caos que genera la diversidad ideológica, esa diversidad que eventualmente crea movimientos sociales cuya meta es hacer contrapeso al poder formal en la búsqueda de justicia y equidad.
El mercado ilegal ha sido una válvula de escape para la exclusión social y a la vez la delincuencia organizada es una forma de vida sostenida en un pacto de Estado. Ese pacto se rompió el sexenio pasado y se debilitó la capacidad del Estado para administrar la violencia.
Ahora arrasan con los mecanismos de transparencia y nos dicen que los están fortaleciendo mientras los hechos demuestran lo contrario.
Lo cierto es que las estadísticas de impunidad y corrupción han demostrado una y otra vez que el Estado no está capacitado para imponer la ley; por eso construyen un simulacro de estabilidad política y económica.
Definimos la impunidad como la ausencia de castigo de un delito, sin embargo tiene muchas caras, la impunidad se construye primero con el simulacro del Estado de Derecho. La estrategia de simulación que se está montando tendrá un costo monumental para la sociedad y para los medios.
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
14/LCR/RMB
El Distrito Federal se concibe como una de las ciudades con más avances en los derechos de las mujeres, pero académicas, feministas y ciudadanas aseguraron que estos progresos sólo están en las leyes porque en la realidad aún padecen discriminación, falta de acceso a la justicia, al empleo y carencias en materia de salud.
Así lo expusieron más de 150 mujeres que este fin de semana se reunieron en esta ciudad para analizar si el DF ha cumplido con la Plataforma de Acción de Beijing, un acuerdo internacional suscrito por los países miembros de la ONU durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en la capital china, en 1995.
Feministas, académicas y organizaciones civiles participaron en el foro “Balance del Cumplimento de la Plataforma de Acción de Beijing en la Ciudad de México”, con el objeto de recabar información y preparar un informe al respecto, mismo que entregarán a la ONU para que en marzo de 2015 revise los avances en el cumplimiento del acuerdo.
En el encuentro, las mujeres aseguraron que pese a los avances legales, las capitalinas son revictimizadas en los ministerios públicos (MP), se les obliga a conciliar con sus agresores, no hay políticas para prevenir el embarazo en adolescentes, y temas de salud como las campañas de mastografías se usan con tintes políticos, o bien, padecen la falta de agua, entre otros problemas.
Leticia Bonifaz, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que en la Ciudad de México hubo un avance legal porque existen las leyes en materia de violencia de género, igualdad, discriminación, trata de personas y víctimas, sin embargo aseguró que preocupa cuando un gobierno pierde la autocrítica y dice que “todo está bien”.
Bonifaz, quien fue consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de 2006 a 2012, durante la gestión de Marcelo Ebrard, señaló que la ley en el papel debe ser un punto de partida y en este sentido aseguró que de nada sirve una norma contra la violencia si en realidad las mujeres son violentadas e ignoradas en las agencias del MP cuando van a denunciar.
Así por ejemplo, a decir de la académica, los protocolos de actuación para las autoridades no servirán de nada sin un cambio de mentalidad en lo individual. Por ello destacó que se debe considerar que la desigualdad no es homogénea en todas las mujeres, lo que de muestra que México sigue “a media tabla” porque en algunos casos hay progresos y en otros retrasos.
Lourdes García Acevedo, integrante de Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, dijo que es necesario revisar los 16 años que llevan las políticas de igualdad en el DF, saber cómo funcionan las unidades de género, conocer si los presupuestos para la igualdad responden a las necesidades de las capitalinas, y si hace falta armonización y actualización de las leyes vigentes.
Janette Góngora Soberanes, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la organización Incluye, destacó que es necesaria la participación femenina en la toma de decisiones y por ello es importante hacer un balance sobre temas como la feminización de la pobreza y la desigualdad en ingresos.
Columba Quintero, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Marcha Mundial de las Mujeres, afirmó que falta mucho por transversalizar la perspectiva de género en el DF, ya que pese a los avances aún es fundamental reforzar el empoderamiento femenino en temas como educación y empleo.
El foro forma parte de otros 17 encuentros estatales que las organizaciones de mujeres realizarán en otras entidades del país para recopilar insumos y completar el informe alterno que se presentará en Nueva York, cuando los miembros de la ONU hagan un balance mundial sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing.
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El alto nivel educativo que logran alcanzar muchas jóvenes mexicanas no se traduce en mejores condiciones laborales para ellas cuando encuentran un empleo.
México no ha logrado garantizar que aquellas jóvenes que terminan sus estudios universitarios o de posgrado, pese a obstáculos sociales y económicos, se integren al mercado laboral y tengan una mejor calidad de vida.
En generaciones anteriores un nivel superior de estudios garantizaba un trabajo formal y mayores recursos para asegurar el bienestar, pero ahora cuando las jóvenes egresan de las universidades se enfrentan a un mercado laboral con salarios mínimos, sin prestaciones ni seguridad social, y profundamente desigual para las mujeres, así lo aseguran organismos internacionales y lo confirman los datos oficiales.
Ello pese a que las jóvenes ahora tienen mayor presencia en la educación superior que sus pares varones. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la matriculación femenina es predominante.
En posgrados, la matriculación de las mujeres es de 50.4 por ciento, y en especialidades de 51 por ciento, mientras que en maestrías la cifra llega a 51.2 por ciento. Sólo en las licenciaturas –a nivel nacional– los hombres superan a las mujeres con 52 por ciento.
De acuerdo con el informe “Presencia de mujeres y hombres en la UNAM: una radiografía”, elaborado por el Programa Universitario de Estudios de Género de la máxima casa de estudios, del total de la matrícula en esa institución durante el semestre 2013-1, el 50.2 por ciento (142 mil 958) eran mujeres.
SIN ESPERANZAS
“Alma”, de 26 años, siempre destacó como alumna de excelencia; sus altas notas en primaria y secundaria la llevaron a participar en concursos de conocimientos y le garantizaron una beca en el Liceo Franco-Mexicano para cursar la preparatoria.
Egresada en 2011 de la Facultad de Economía de la UNAM, titulada con honores y con el dominio de tres idiomas, ahora trabaja para una dependencia federal como “empleada de confianza”, es decir no genera antigüedad, no tiene prestaciones y no puede solicitar un crédito de vivienda, además de sentir el riesgo constante de perder su empleo ante los cambios administrativos.
“Me gustaría encontrar algo mejor en donde pudiera utilizar realmente lo que sé, (pero) me siento bien de tener un empleo a diferencia de algunas compañeras de generación que no lo tienen”, dice.
“Siempre pensé que al salir de la universidad el esfuerzo valdría la pena y todo sería más fácil, pero mi situación y la de mis compañeras derrumba poco a poco nuestras esperanzas”, agrega.
Otro caso es el de “Berta”, quien egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación hace dos años y hasta a la fecha sólo ha podido emplearse como becaria en algunos medios de comunicación.
A ella se suma “Irma” quien después de un año de buscar un empleo que se adaptara a su perfil de licenciada en Ciencia Política por la UNAM, decidió no esperar más y estudiar una maestría en Antropología Social, pues al hacerlo recibe una beca mensual mayor que los sueldos que alguna vez le ofrecieron.
“A veces me parece que México no quiere mujeres preparadas, y algunas otras veces creo que no se preparó para nosotras; pensó que siempre íbamos estar en casa y no demandaríamos escuela y trabajo”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce que un mayor nivel educativo debería garantizar a las mujeres mayores ingresos y mejor calidad de empleos.
Pero acota que en América Latina para lograr la incorporación al mercado laboral y asegurar un nivel de vida con condiciones mínimas de bienestar, es necesario concluir 11 o 12 años de estudio, aunque esto tampoco garantiza una vida con autonomía y en condiciones de más derechos.
En México –donde el promedio de años de educación que alcanzan las mujeres es de 8.1 años–, aquellas jóvenes que logran extender sus estudios hasta 12 años no ven traducido su esfuerzo en mejoras económicas o buenos sueldos.
En su informe “Adolescentes. Derecho a la educación y al bienestar futuro”, Cepal señala que las jóvenes con 12 a 15 años de educación reciben el 47 por ciento del salario que perciben los varones con el mismo nivel de estudios. Las mujeres más educadas (con 16 años en la academia) reciben 84 por ciento del salario de los hombres.
BONO DEMOGRÁFICO DESAPROVECHADO
Leonor Calderón Artieda, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, ve como preocupante que el país no aproveche la oportunidad de desarrollo y crecimiento nacional que representa el llamado bono demográfico de la juventud.
Actualmente “la educación ya no es un elemento automático para la movilidad social”, lo que se vuelve más evidente en las jóvenes, ya que aunque estén preparadas nos “estamos enfrentando a sociedades donde las mujeres ven mucho más limitadas sus posibilidades de inserción igualitaria en el mercado laboral”.
A decir de Calderón, son necesarias políticas públicas integrales en beneficio de las jóvenes y que modifiquen la creencia cultural de que a las mujeres les corresponden las tareas de cuidado y domésticas.
Si el Estado “ya invirtió en nueve años o más años de educación de las jóvenes y de repente se tiene un proyecto truncado o no acceden al mercado laboral estamos desperdiciando esa inversión”, advierte.
Calderón enfatiza que si las jóvenes no tienen empleos de calidad en los cuales puedan cotizar para el sistema de pensiones, no están abonando para tener una vejez segura y digna.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que más de la mitad del desempleo femenino (57.5 por ciento) lo constituyen las jóvenes de 14 a 29 años.
A lo que se suma que 6.9 millones de mujeres jóvenes sobrevivían en la informalidad para 2012 y los salarios eran sumamente bajos. Igualmente, siete de cada 10 jóvenes tenían un ingreso de uno a tres salarios mínimos, unos 5 mil 675 pesos al mes.
Calderón recuerda el llamado que el UNFPA –con motivo del Día Internacional de la Juventud celebrado el pasado 12 de agosto– hizo a las naciones: “Invertir en la juventud”.
“Esa inversión no puede esperar, este es el momento, no mañana; la transición demográfica es algo que ocurre a diario y tenemos que prepararnos para llegar a una edad en la que todas las personas puedan tener una vida modesta pero digna”, finaliza.
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