Desde hace más de 10 años el Estado mexicano sabía que no podría reducir la Razón de Muerte Materna (RMM) a 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, pero no hizo nada al respecto.
Durante la presentación del informe “Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México” –publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)–, especialistas manifestaron su preocupación de que la reducción de la MM en México sea el único ODM que nuestro país incumpla.
En contraste, Gabriel Rivera Conde, presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM), de la Oficina de la Presidencia de la República, justificó que México no es el único país rezagado en esa meta y que incluso los logros del país son mayores que los alcanzados por otras naciones de la región.
Erika Strand, jefa de Políticas Públicas de Unicef-México, señaló que el organismo internacional “tiene una especial preocupación” por la incidencia de MM en mujeres menores de 17 años, ya que esta problemática “evidencia las barreras de acceso a los servicios de salud (por parte de las niñas y adolescentes), y la violación de sus derechos sexuales y reproductivos”.
De acuerdo con los datos del informe, si bien el número de muertes prevenibles durante el embarazo es mayor a medida que se incrementa la edad de las mujeres, especialmente a partir de los 35 años, la MM también es elevada entre las adolescentes.
La RMM en el grupo de 10 a 14 años de edad es de 66.6 por cada 100 mil nacidos vivos, y de 34.4 en el rango de 15 a 19 años.
En estados como Sinaloa, Aguascalientes y Morelos se presentan porcentajes muy altos de MM entre las adolescentes en comparación con otros grupos etarios. Así, en Sinaloa los decesos entre adolescentes representan el 50 por ciento, y 40 por ciento en cada uno de los otros dos estados.
Al respecto, Miguel Székely Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sostuvo que desde hace más de una década –al presentarse un informe similar sobre el cumplimiento de los ODM– se advirtió a México del retraso en el cumplimiento de esta meta, por lo que “es alarmante que más de 10 años después sigamos viendo la misma información y el mismo retraso”.
En declaraciones a Cimacnoticias, el también doctor en Derecho agregó que hace 10 años, cuando se alertó del rezago, México tenía la obligación de revisar la forma en que estaba trabajando para alcanzar la meta y rediseñar las políticas públicas, pues “ése es el objetivo de los informes: señalar los avances y los rezagos, cuestionar las políticas para que el Estado las revise y rediseñe, no se trata sólo de decir ‘no vamos a alcanzarlas’ y no hacer nada al respecto”.
Enfatizó que el promedio nacional (44.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos) no refleja la situación de todo el país, pues existen municipios donde las cifras son sumamente elevadas y se han mantenido así históricamente.
A decir del experto, estas desigualdades se dan porque ha faltado una política de salud dirigida a esos municipios. “Hay una política de salud a nivel nacional, pero una cosa es ver el promedio y otra trabajar a nivel municipal, considerando las características específicas”, criticó.
Durante su participación en la presentación del documento, Gabriel Rivera Conde reconoció que el objetivo de reducir la MM es “el talón de Aquiles” en el cumplimiento de los ODM.
No obstante defendió que es el único objetivo que no se logrará alcanzar, “ni en México ni en otros países”, y presumió que aquí “la cifra (registrada en 1990) se ha reducido para 2012 en 52 por ciento”, mientras que en todo el mundo la reducción fue de 45 por ciento y en América Latina del 42 por ciento.
“Los datos tardan en llegar, pero las cifras que conoceremos en breve también reflejarán el avance en el cumplimiento de la meta”, confió.
Tras su participación, dijo a Cimacnoticias que se está preparando una respuesta “muy concreta sobre los obstáculos que han impedido avanzar más rápidamente en la reducción de la MM”, que será entregada a la Cámara de Diputados a finales de noviembre próximo, luego de que desde la Cámara baja se hiciera un exhorto al Ejecutivo federal –mediante un punto de acuerdo– para informar sobre la materia.
Rivera Conde adelantó que han identificado que la no reducción de la MM tiene que “ver con la falta de accesibilidad de las comunidades a las unidades médicas, con poca disponibilidad de personal médico, y con la saturación del segundo nivel de atención”.
Sostuvo que la meta de la actual administración es alcanzar la cifra de 30 decesos por cada 100 mil nacidos vivos en 2018.
14/AZM/RMB
octubre 2014
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por los agravios contra la periodista Brenda Nava Mancilla, editora del diario La Noticia en La Montaña, en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a quien sujetos desconocidos incendiaron su camioneta la madrugada del pasado domingo.
De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, a las 5 de la mañana del domingo 19 de octubre fue incendiada la camioneta propiedad de la comunicadora, también delegada del Club de Periodistas de Guerrero A.C., en la región de La Montaña.
Según las notas periodísticas, los hechos sucedieron en la Avenida del Puente, en la colonia San Francisco, en Tlapa de Comonfort, en Guerrero.
De acuerdo con un boletín de la CNDH, se afirma que la comunicadora fue amenazada con anterioridad por publicar diferentes noticias sobre supuesta corrupción en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense.
Los medios locales reportaron que la agraviada quiso interponer una denuncia por los hechos ante la Agencia del Ministerio Público de Tlapa, pero le fue imposible debido al clima de polarización que se vive en Guerrero.
Las oficinas de gobierno en aquella región han sido cerradas por quienes apoyan el movimiento para exigir la aparición de 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala.
Un grupo de visitadores adjuntos de la oficina regional de la CNDH en Acapulco se dio a la tarea de recabar evidencias, así como el testimonio de la agraviada, además de verificar las actuaciones ministeriales que se integran con motivo de los hechos.
La CNDH lamentó las amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones en menoscabo del libre ejercicio periodístico, y se comprometió a dar seguimiento puntual al caso.
14/AGM/RMB
Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) “encapsularon” a activistas por los derechos sexuales y reproductivos y representantes de víctimas de feminicidio y desaparición en el Estado de México, que protestaban afuera del Senado contra la probable reelección de Raúl Plascencia Villanueva, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Un grupo de granaderos llegó corriendo para “encapsular” (rodear) a las activistas en el momento en que Martha Juárez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, leía el pronunciamiento del Comité de la “Campaña por la Dignificación de la CNDH”, en contra de la reelección de Plascencia Villanueva y para llamar a las y los senadores a que elijan a una persona que fortalezca al organismo y actúe en congruencia con sus mandatos.
Ante la sorpresa y la intimidación de los cuerpos de seguridad, las mujeres dijeron que no iban a detener su protesta, pues su única intención era recordar que la CNDH puede salvar vidas en muchos casos, pero que “sus omisiones y falta de acciones oportunas pueden ser un factor que generen contextos institucionales y sociales” que perpetúen las violaciones a los Derechos Humanos (DH).
Al cerco contra las activistas se sumaron más granaderos, quienes en poco tiempo superaron en número a las manifestantes.
Al cuestionar las razones del hostigamiento, mandos policiales respondieron que estaban ahí para “proteger a las manifestantes”, ya que en ese momento había otras protestas en las inmediaciones del Senado que “podían ponerlas en riesgo” –según dijeron–, aunque sólo había personas que estaban por ingresar a la sede del Senado.
En paralelo, personal de seguridad de la Cámara alta impidió la entrada al salón de plenos a integrantes de grupos civiles en el momento en que Raúl Plascencia comparecía ante las y los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia. El personal de seguridad pidió callar los reclamos que se hacían en contra del ombudsman nacional.
INCONFORMIDAD
Hoy, en el último día de comparecencias de las y los aspirantes a encabezar la CNDH, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), Consorcio y la Alianza por los Derechos de las Mujeres del Estado de México se dieron cita frente al Senado, para denunciar que la Comisión ha sido “omisa” en la defensa y promoción de los derechos femeninos.
Con un acto de “teatro guiñol”, las activistas enjuiciaron a Plascencia Villanueva por su “falta de interés” para proteger los derechos de las mujeres. Argumentaron que durante su periodo al frente de la CNDH nunca se pronunció en contra de los delitos que más aquejan a las mexicanas.
David Mancera, representante de la Alianza y quien habló a nombre de madres de víctimas de feminicidio y desaparición, recordó que durante cinco años el actual ombudsman nacional nunca emitió un pronunciamiento en contra del feminicidio o a favor de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
“La actuación de Plascencia es lamentable aun cuando constantemente hemos denunciado la grave situación que enfrentamos en el Edomex; donde en cualquier municipio las mujeres corren el riesgo de salir a la escuela o el trabajo y no volver a sus casas”, sostuvo.
A lo que se suma –dijeron las activistas– que muchas de las familias de víctimas de violencia obstétrica que la CNDH asegura haber atendido han declarado que no han sido escuchadas sus demandas.
En su comparecencia, el actual ombudsman respondió a las críticas que se han dado en su contra argumentando que “él hace su trabajo conforme a sus lineamientos”.
Hoy terminaron las comparecencias de las y los 21 candidatos a presidir la CNDH. Ahora se espera que las comisiones del Senado elaboren el dictamen correspondiente que será votado por el pleno para la designación del nuevo titular que ejercerá su cargo por cinco años.
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14/AZM/RMB
Consejeras tendrán más peso en proceso de elección en Inmujeres
Las integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) dijeron que esperan que el Gobierno capitalino priorice los temas relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
En un boletín de prensa, las consejeras manifestaron su beneplácito por la elección de Teresa Incháustegui Romero como nueva presidenta del Inmujeres-DF (designada el pasado 15 de octubre), e informaron que también se aprobó el acuerdo SEJG/2014/4 en el que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) se compromete a institucionalizar el procedimiento de renovación de la titular del instituto.
Según el acuerdo, en los próximos ejercicios de elección del Inmujeres-DF serán las integrantes del Consejo Consultivo quienes aporten perfiles y precandidatas idóneas al cargo de presidenta, garantizando así un proceso democrático e incluyente para elegir a la titular.
“La reacción favorable de representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones a la forma en que el Consejo Consultivo incidió en este proceso, es un estímulo para que este órgano ciudadano se conduzca siempre con responsabilidad”, dijeron.
Así lo dijeron las 13 integrantes del Consejo: Ximena Andión Ibáñez; Aidé García Hernández; Elsa Patria Jiménez Flores; Medley Aimée Vega Montiel; Alma Patricia Piñones; Magdalena Guadalupe Huerta García; Eugenia Correa Vázquez; Nayeli Yoval Segura; Gloria Ramírez Hernández; Adriana María Luna Parra; Daptnhe Cuevas Ortiz; Celia Lorena Sosa Hernández, y María Guadalupe de la Luz Chapela, quienes presentaron el perfil y la propuesta de candidatas en tiempo y forma.
También informaron que el pasado 23 de septiembre tomó protesta el nuevo Consejo Consultivo del instituto, en medio del proceso de elección de la nueva titular del Inmujeres-DF.
Las consejeras afirmaron que atendiendo las demandas y propuestas del movimiento feminista, el Consejo Consultivo logró acordar con el GDF ser la instancia que definiera tanto el perfil de la titular, como la presentación de las candidatas que –apegadas al perfil– fueran tomadas en cuenta en la definición de la terna por parte de la Junta de Gobierno del instituto.
Relataron que ellas presentaron el perfil y la propuesta de candidatas “en tiempo y forma” y el GDF, en apego a los acuerdos, presentó para aprobación de la Junta de Gobierno una terna emanada de las propuestas, e integrada por feministas de reconocida trayectoria.
Recalcaron que el Consejo Consultivo tuvo la oportunidad de refrendar a la doctora Incháustegui su compromiso de trabajar de la mano con el Inmujeres-DF en la defensa y promoción de la igualdad sustantiva y los Derechos Humanos de las capitalinas.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Inmujeres-DF, la Junta de Gobierno tiene entre sus atribuciones integrar por consenso, o en su defecto, por acuerdo de sus dos terceras partes, una terna que someterá a la consideración del Jefe de Gobierno para la designación de la titular del instituto.
El artículo 10 de la misma norma establece que la Junta de Gobierno está conformada por las secretarías de Gobierno del GDF –que además preside la Junta–; de Finanzas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Salud, y Seguridad Pública; además de la Procuraduría General de Justicia capitalina; la Consejería Jurídica; el DIF local, y cinco integrantes del Consejo Consultivo.
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Ley de Infancia violenta tratados internacionales: Ririki
No reconocer derechos sexuales y reproductivos a las niñas, niños y adolescentes en una Ley General que asienta garantías para esta población contradice tratados internacionales en derechos de las mujeres y la infancia, advirtió Nashieli Ramírez, directora de la organización civil Ririki Intervención Social.
El pasado 23 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el dictamen, la Comisión de los Derechos de la Niñez presentó reservas a los artículos 50, 57 y 58 (referentes a sexualidad y reproducción) de la norma.
Tales modificaciones fueron promovidas por la diputada Carmen Lucía Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), y con ello se omitió en la redacción final de la minuta el reconocimiento de los “derechos a la sexualidad y reproducción” de la infancia y adolescencia, así como su ejercicio, y se condicionó la educación sexual al consentimiento o intervención de los padres de familia.
La legisladora argumentó que los derechos sexuales y reproductivos no son garantías reconocidas en la Constitución mexicana.
Nashieli Ramírez, directora de Ririki –organización civil que protege y defiende los derechos de la infancia en México–, alertó en entrevista que las modificaciones aprobadas muestran que el aparato legislativo mexicano aún tiene desafíos en términos de una visión progresista sobre derechos sexuales y reproductivos, que garanticen la igualdad de género.
Criticó que durante la discusión de las reservas en el pleno, apoyadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y rechazadas por el de la Revolución Democrática (PRD), hubo una “andanada de desinformación, ignorancia y una evidente presión por parte de la Iglesia”.
La defensora afirmó que los argumentos de la diputada panista y de grupos civiles conservadores que intervinieron en la discusión en comisiones son “falaces”, ya que sí existen tratados internacionales que reconocen como prioridad la atención y la educación de las niñas y adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Esos tratados, precisó la experta, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución deben ser acatados por México como Estado parte de los organismos internacionales que los promovieron.
Los instrumentos que fundamentan normativamente los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes están reconocidos –explicó Ramírez– en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Belém do Pará, el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además acusó que las y los legisladores ignoran que es una obligación del Estado mexicano asegurar la salud sexual y reproductiva de todas y todos, al igual que garantizar una educación integral que permita a la infancia, de acuerdo con su edad y desarrollo, tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.
La activista recordó que además de la salud y la educación, también son derechos de las niñas, niños y adolescentes participar, conocer y ejercer decisiones sobre su propio cuerpo, que se respete su integridad física y dignidad, y se reconozca su integralidad como seres humanos.
“No reconocer esos derechos no es sólo hacer omisiones a la salud, sino también hacer omisiones en cuanto a su sano desarrollo, bienestar y su vida libre”, concluyó Nashieli Ramírez.
14/AJSE/RMB
Confían en que CIDH ordene reapertura de caso Digna Ochoa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya avanzó en el análisis del caso de la defensora mexicana Digna Ochoa, por lo que el organismo podría emitir durante su actual periodo de sesiones una recomendación a favor de la familia, para que el Estado mexicano reabra las investigaciones por el presunto asesinato de la activista el 19 de octubre de 2001.
Este 2014 se cumplen 13 años desde que la abogada veracruzana de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa y Plácido, fue presuntamente asesinada en esta capital por defender causas indígenas y ecologistas, hecho que hoy fue recordado durante una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Familiares, abogadas y activistas acusaron que en las investigaciones del caso a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se cometieron violaciones e irregularidades, lo que deja en duda la hipótesis de que la abogada se suicidó de tres balazos, tal y como concluyeron las indagaciones y por tanto se cerró el caso.
La comprobación de estas faltas por parte de la defensoría de la familia derivó en que el 5 de agosto de 2013 el caso fuera admitido ante la CIDH, para que el sistema interamericano revisara las supuestas irregularidades y en su caso emitiera recomendaciones al Estado mexicano.
El abogado de la familia Ochoa e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), David Peña, explicó que en la CIDH el expediente se encuentra en un análisis profundo, por lo que se espera que en este 153 periodo de sesiones que el organismo lleva a cabo del 27 de octubre al 7 de noviembre en Washington, se emita una recomendación para que México “realice en tres meses las actuaciones pertinentes” para reparar las fallas al debido proceso.
La recomendación podría derivar, según Peña, en la obligación del Estado de reabrir el expediente de Ochoa –cerrado por la PGJDF en 2010 luego de que Juan Antonio Mirón Reyes, entonces subprocurador Jurídico capitalino, sostuviera que se agotaron las líneas de investigación–, y reanudar las pesquisas que señalan a Rogaciano Alba Álvarez, ex líder de la Unión Ganadera Regional actualmente preso por otros delitos, como el principal sospechoso del asesinato de Digna.
De no esclarecerse los hechos, reparar el daño a la familia y responder a las violaciones que el Estado mexicano cometió durante las investigaciones, el abogado advirtió que el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Peña destacó que fueron tres los elementos que se presentaron ante la CIDH para que admitiera el caso de Digna, entre ellos la comprobación de omisiones intencionales por parte de las autoridades para investigar las líneas que presumían un asesinato; que el Estado era responsable de la vida de la defensora, ya que previamente había denunciado amenazas, agresiones y hasta secuestros en su contra; y que ninguna de las investigaciones contó con enfoque de género, y por el contrario se desprestigió a Ochoa e incluso se investigó sobre su vida sexual.
Como ejemplo de esas irregularidades, aunque en años pasados se señaló a Alba Álvarez como principal sospechoso, las autoridades se limitaron a visitarlo en la prisión y mostrarle información periodística que lo vinculaba con el caso. El ganadero negó las imputaciones y la PGJDF dio por terminada esa línea de investigación.
El abogado concluyó que señalar a los autores materiales e intelectuales del homicidio podría reparar en una parte 13 años de impunidad en el caso de Digna Ochoa.
Defensoras de DH señalaron que la situación de violencia e impunidad que enmarcó el asesinato de Digna es un contexto que permea aún la realidad de las activistas, especialmente por la complicidad de criminales con autoridades, y la criminalización y desprestigio que padecen por parte de los medios de comunicación.
Leticia Gutiérrez, directora de la congregación Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, advirtió que su organización registró en lo que va del año 40 casos de amenazas, intimidación, persecución y denuncias en contra de defensoras de migrantes.
Marusia López, coordinadora de Asociadas por los Justo (JASS, por sus siglas en inglés), indicó que las defensoras son desprestigiadas por los medios de comunicación; además de que, de acuerdo a lo que ha registrado, a diferencia de sus pares varones ellas reciben amenazan en contra de la vida de sus hijas o hijos, o las vinculan sexualmente con otros activistas.
Resaltó que la Red Nacional de Defensoras de DH en México registró en 2012 mil 353 agresiones en contra de activistas en la región mesoamericana.
14/AJSE/RMB
Las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales no se vieron beneficiadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, pues siguen en la pobreza, padecen desnutrición, carecen de educación o servicios de salud, y son violentados sus derechos sexuales y reproductivos.
Así lo revela el informe “Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad: una mirada desde la infancia y la adolescencia en México”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que da cuenta de la situación de esta población.
Según el informe presentado hoy en esta capital, las niñas, niños y adolescentes padecen inequidad debido a su género, el ingreso de sus hogares, su origen étnico y su lugar de residencia, ello pese a que México asegura que ya cumplió con el 80 por ciento de los ODM.
Durante la presentación del documento, Erika Strand, directora de Políticas Públicas de Unicef, sostuvo que si bien México alcanzará casi todos los indicadores de los ODM –basados en promedios nacionales– “al ver la radiografía a detalle se observa que hay sectores que se están quedando muy atrás”, especialmente las áreas rurales donde habita el 27 por ciento de las y los niños y adolescentes mexicanos.
De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay 39.4 millones de habitantes de 0 a 17 años de edad, que representan el 33.6 por ciento de la población total. De ellos, 19.2 millones son mujeres.
Strand sostuvo que en las zonas rurales, sobre todo del sureste del país, los ODM están lejos de alcanzarse y aunque existe una gran diversidad de programas sociales, éstos no están logrando la cobertura total. Puso como ejemplo que el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) excluye a 3 millones de menores de edad.
La especialista explicó que además de considerar las disparidades por lugar de residencia, se deben contemplar las desigualdades de género en el logro de los ODM.
Señaló que si bien México ahora se considera como un país de ingreso medio-alto, hay entidades donde las y los niños son extremadamente pobres, ya que para 2012, según cifras oficiales retomadas por Unicef, 21.2 millones de personas menores de 18 años estaban en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema.
Según datos de 2012, el 54.1 por ciento de las mujeres de 0 a 17 años de edad se encontraban en pobreza, al mismo tiempo que el 12.1 por ciento vivía en pobreza extrema.
A nivel nacional la prevalencia de anemia entre las adolescentes de 12 a 19 años es mayor en comparación de la observada entre los varones (7.7 contra 3.6 por ciento).
Erika Strand, en declaraciones a Cimacnoticias, abundó que la pobreza “tiene un impacto irreversible” en la vida de las y los menores de edad, ya que no les permite desarrollarse en un momento clave de su historia, y recordó que esto está altamente relacionado con la desnutrición crónica (baja talla) que tiene además de un impacto físico, un efecto mental que no les permite alcanzar su potencial.
Agregó que si bien se logró que la presencia de las mujeres en las escuelas sea mayor que la de los varones (“ODM número 2, Lograr la enseñanza primaria universal”), es preocupante que más de 60 por ciento de la población entre 12 y 18 años de edad que no estudia y no trabaja sean mujeres, “lo que nos evidencia que se requieren políticas específicas para cada grupo de edad”.
Miguel Székely Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, señaló que un foco de preocupación que debe considerar el Estado mexicano es la violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, pues si bien se ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil, la tasa de homicidios en este grupo de edad va en incremento.
Aunque los hombres conforman el 78 por ciento del total de defunciones por homicidio entre la población de 0 a 17 años de edad, el número de homicidios en mujeres aumentó. Mientras en el año 2000 se registraron 228 homicidios de niñas y adolescentes, en 2011 la cifra llegó a 337.
A ello se suma que siete de cada 10 jóvenes en el país viven violencia en su relación de pareja, y las mujeres son mayormente afectadas por la violencia física en comparación con los hombres, (61.4 y 46 por ciento, respectivamente).
El doctor en Economía destacó que México sigue siendo un país sumamente desigual aunque se haya cumplido con los ODM, al tiempo que existen 125 municipios a nivel nacional que históricamente han estado rezagados y excluidos de las mejoras sociales.
Székely Pardo dijo a Cimacnoticias que el supuesto cumplimiento del 80 por ciento de los ODM se basa en promedios nacionales que “para nada reflejan la realidad del país”.
En su publicación, Unicef recomendó al Estado mexicano integrar un padrón único de beneficiarios para conocer si realmente los programas sociales están beneficiando a las niñas, niños y adolescentes más desfavorecidos en el país, así como definir con claridad la población objetivo de tales programas, ya que actualmente existe una grave segmentación que impide darles seguimiento.
14/AZM/RMB
Uruguay: pese a Ley de Cuotas, pocas mujeres llegan a Congreso
Defensores de los derechos de las mujeres expresaron hoy su insatisfacción por la limitada participación femenina en las elecciones del pasado domingo, pese a la aplicación de la llamada Ley de Cuotas.
Con base en los resultados primarios de la Corte Electoral (CE), algunos grupos demandaron una nueva ley “de paridad o alternancia de sexo” en las listas de candidatos al Parlamento que garantice un 50 por ciento de representación femenina.
Lo que está claro es que para tener un impacto numérico se necesita apostar a una ley de alternancia, mujer-hombre, 50-50, y que esa alternancia se vea a nivel de titulares y suplentes, precisó Lilián Celibert, coordinadora de Cotidiano Mujer.
Tenemos que pelear por eso porque no tiene sentido volver a sacar una ley que tenga impacto solamente en el Senado y no en la Cámara de Diputados, subrayó.
Actualmente, las uruguayas ocupan el 14.2 por ciento de las curules en el Parlamento, mientras que el promedio regional es de 23 por ciento.
En los comicios del pasado domingo se aplicó por primera y única vez la Ley de Cuotas, aprobada en 2009 para promover la presencia de las mujeres, que exige que en las listas de candidaturas haya una mujer cada tres espacios.
Politólogos locales atribuyen a esa normativa el incremento de dos a nueve senadoras, de un total de 30 integrantes, pero no así entre las diputadas, que apenas aumentaron de 13 a 16, en una Cámara de 99 miembros.
De confirmarse los datos del escrutinio primario de la CE, el próximo 15 de febrero deben asumir 15 senadores del gobernante Frente Amplio (FA), incluyendo a cinco mujeres.
Asimismo, 10 del Partido Nacional (PN), con tres mujeres, y tres del Partido Colorado (PC), con una. En total, las mujeres serían el 30 por ciento del Senado.
Sin embargo, en la Cámara baja, de 50 legisladores del FA, sólo 10 son mujeres; de los 32 del PN, hay dos, y de los 13 del PC, cuatro.
La reelecta senadora Constanza Moreira, del FA, en declaraciones a Prensa Latina lamentó la baja participación femenina en los comicios nacionales del pasado domingo.
Sobre el impacto de la Ley de Cuotas subrayó la necesidad de estar vigilante sobre su correcta aplicación, puesto que en otros países, con una ley similar, algunas mujeres han sido obligadas a renunciar luego de ganar su curul. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento de ese tipo, insistió Moreira.
La agrupación civil Cotidiano Mujer alegó que, de 540 listas de candidaturas a la Cámara de Diputados sólo 42 fueron encabezadas por mujeres.
Expertos consideran que una de las limitantes de la ley es que la gran mayoría de los 19 departamentos (estados) de Uruguay tienen muy pocas curules a diputados, por lo que las mujeres en terceros puestos no llegan a ser electas.
Por ejemplo, a 10 departamentos sólo les corresponden dos bancas; cuatro cuentan con sólo tres curules cada una; dos tienen cuatro y uno tiene cinco. Montevideo y Canelones, los de mayor población, tienen 40 y 14 espacios, respectivamente.
En Uruguay, país pionero en legislación en defensa de las mujeres, como su temprano derecho al voto, ellas constituyen la mayoría de la población, pero eso no se refleja en la toma de decisiones.
Diversas fuentes aseguran que las uruguayas ocupan el 63 por ciento de los cargos en el Poder Judicial, pero no hay ninguna en la Suprema Corte de Justicia.
Pese a los avances en defensa de los derechos femeninos, el gabinete del presidente José Mujica, de 13 ministros, apenas cuenta con dos mujeres y la historia de los gabinetes ministeriales arroja un promedio de 4 por ciento.
Sólo 16 altos cargos son ejercidos por mujeres en 69 entes autónomos, dos en las 23 empresas públicas, y cuatro en los 15 servicios descentralizados.
El tema seguirá a debate tras la segunda vuelta electoral el próximo 30 de noviembre entre el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), del FA y favorito en las encuestas, y Luis Lacalle Pou, del opositor PN y sus aliados.
14/JL/RMB
Piden que presupuesto para mujeres incluya a las migrantes
Grupos civiles, académicas y expertas en migración femenina exigieron a la Cámara de Diputados y al Senado reformar el marco normativo en la materia, para garantizar el derecho a la salud, la educación y al trabajo de las mujeres migrantes.
Al término del Segundo Simposio Internacional “Feminización de las migraciones”, realizado en esta capital los días 22, 23 y 24 de octubre, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Incide Social y Sin Fronteras pidieron en un comunicado enviado a las y los legisladores iniciar un plan de trabajo que atienda las problemáticas prioritarias de las migrantes.
Las activistas plantearon al Poder Legislativo, en especial a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada del PRD Amalia García, que promueva la creación de un Anexo para el tema migratorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF) y apoyar así una adecuada implementación y seguimiento del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 y otras políticas al respecto.
También solicitaron que en el Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF 2015 se desagreguen los indicadores de cada programa presupuestario, para identificar a la población migrante impactada; además de promover el monitoreo, transparencia y rendición de cuentas en la implementación del PEM, el Proigualdad y otras políticas públicas en beneficio de las mujeres migrantes.
Otra exigencia fue homologar la Ley de Migración con los estándares del derecho internacional y la realidad migratoria mexicana; además de implementar la Recomendación General Número 26 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sobre las trabajadoras migrantes.
Igualmente, las activistas demandaron acciones afirmativas que garanticen el acceso al trabajo a las mujeres migrantes, en particular de las trabajadoras del hogar, agrícolas o que desempeñen actividades de manera independiente.
Otras peticiones fueron las de armonizar el marco normativo a fin de que los Registros Civiles estatales cumplan con lo establecido en el artículo cuarto constitucional sobre garantizar la identidad y actos civiles a cualquier persona independientemente de su nacionalidad.
Las expertas demandaron facilitar la incorporación, revalidación y acreditación de la educación para la población migrante o mexicana que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana, y generar acciones con actores nacionales e internacionales para que los agentes migratorios en México actúen conforme al interés superior de la niñez, tomando en cuenta el principio de unidad familiar y las dinámicas de las “familias trasnacionales”.
Debido a que muchas de las mujeres migrantes que llegan a México acceden a empleos como tareas del hogar y de cuidado remuneradas, las activistas recordaron la necesidad de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empleadas del hogar, así como la adopción de la Recomendación 201 sobre el trabajo decente.
Asimismo pidieron definir qué acciones se están llevando a cabo en todo el país para ejecutar el Programa Integral Frontera Sur y los retenes en los que se violentan los Derechos Humanos (DH) de la población migrante.
También solicitaron evitar el uso de eufemismos, como “alojamiento” en lugar de detención, sobre todo en el tema de acceso a la justicia y privación de la libertad en Estaciones Migratorias, lo que impide un efectivo goce de los DH de las personas migrantes y sus familiares.
14/AJSE/RMB
Como respuesta a las demandas de las trabajadoras del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), quienes exigen se reconozca su perfil de profesionales mediante horarios y salarios justos, autoridades capitalinas aseguraron que se les otorgará la basificación laboral y tendrán la oportunidad de conformar una sección dentro del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF).
El pasado viernes la recién nombrada titular del Inmujeres-DF, Teresa Incháustegui Romero, se reunió por primera vez con unas 200 trabajadoras que brindan asesoría psicológica o jurídica en las 16 Unidades Delegacionales del organismo, para atender la exigencia de que sean respetados sus derechos laborales.
En un comunicado, Inmujeres-DF informó que durante la reunión se explicó a las y los trabajadores que además de contar con la basificación, “tendrán la oportunidad de conformar una sección dentro del SUTGDF que las represente de forma directa, además de formar un capítulo en el contrato colectivo de trabajo, donde se especifiquen las características y la calificación del trabajo, así como los riesgos emocionales y de salud que derivan”.
Miguel Ángel Vázquez Reyes, director de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del GDF, dijo que a partir del próximo 1 de noviembre 220 trabajadoras y trabajadores del Inmujeres-DF dejarán de ser personal de confianza.
Lo que significa –según el comunicado– “que tendrán una plaza de base sindicalizada, respetando su antigüedad y nivel salarial actual, además de recibir un incremento del 30 por ciento en las prestaciones sociales”.
El funcionario “detalló que entre los beneficios de este tipo de plazas” están: contar con las prestaciones que otorga el SUTGDF, pagos quincenales y de manera puntual, un apoyo económico de 900 pesos al mes, una hora de lactancia, así como jornadas de 40 horas laborales a la semana.
Refirió que en una segunda etapa se realizará la revisión de los perfiles para la denominación de los puestos y los tabuladores de pago.
Se debe recordar que la demanda de las trabajadoras del instituto se enfocaba en que se respetaran sus derechos laborales, y en su momento denunciaron que no cuentan con una jornada laboral justa, no se les pagan los gastos de transporte que ellas deben costear en sus traslados a comunidades alejadas en las delegaciones, y en muchas ocasiones costean el material de los talleres y pláticas que imparten.
A lo que se suma que se ven obligadas a trabajar en fines de semana realizando tareas que no corresponden a su perfil profesional y apoyando eventos públicos del GDF, sin que ello derive en el pago de horas extras.
Tras una serie de reuniones y mesas de trabajo con autoridades del GDF que no rindieron frutos, la inconformes salieron a las calles para demandar una reunión con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que éste se comprometiera a responder sus demandas.
En tanto, hay un grupo de trabajadoras que pugnan por la creación del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Inmujeres-DF (SUTInmujeres), cuyo proceso de registro está detenido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En entrevista, Irma Rojas Sandi, asesora de la Unidad Xochimilco y quien sería la secretaria general del SUTInmujeres (y habló a título personal), señaló que no se abordó de manera clara si existiría un aumento de salario que corresponda al perfil profesional de las trabajadoras, y que la negociación de los horarios quedará abierta nuevamente a las decisiones del patrón.
Al destacar que la idea de crear un sindicato que sólo represente a las y los trabajadores del Inmujeres-DF no ha cesado, la trabajadora dijo que se mantendrán atentas a que “las grandes promesas que nos hicieron ese día realmente se cumplan en la práctica”.
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