El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2015 prevé disminuir los montos para programas de atención a personas migrantes y sus familias, y en contraste prevé más recursos para reforzar la seguridad en la frontera sur de México.
De acuerdo con un análisis que realizó el presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodolfo Córdova, el presupuesto de cada año para atender asuntos vinculados a la migración representa sólo el 0.000001 por ciento del total del gasto federal con un monto de 3 mil 799 millones de pesos (mdp) previsto para 2015, apenas 3 mdp más que en 2014.
Según un desglose que el experto –también integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación– explicó a Cimacnoticias, el presupuesto destinado a migración para el próximo año contempla una disminución en todos los programas de atención directa a migrantes y sus familias en los Ramos de Gobernación, Desarrollo Social, y Provisiones Salariales y Económicas.
Esos Ramos consideran el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el de la Unidad de Política Migratoria (UPM), y el INM –estos tres dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob)–; el Programa 3X1 para Migrantes, y el de Atención a Jornaleros Agrícolas (los dos de la Secretaría de Desarrollo Social), y el Fondo de Apoyo a Migrantes que corresponde al Ramo de Provisiones Salariales y Económicas.
Como botón de muestra, el presupuesto para la Protección y Asistencia Consular de Mexicanos en el Exterior (al que recurren cientos de mujeres repatriadas de Estados Unidos en busca de la reunificación familiar) podría disminuir 6 millones 825 mil 233 pesos, pasando de 250 millones 602 mil 993 pesos en 2014 a 244 millones 269 mil 667 pesos.
El especialista criticó que en cambio se destinarán 44 mdp a instancias globales, como la Organización Internacional para las Migraciones y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y advirtió que si ese monto se destinara directamente al Programa de Repatriación Humana y al del Fondo de Apoyo al Migrante, se podría beneficiar a 14 mil y 3 mil 600 personas migrantes más, respectivamente.
El único aspecto positivo que Córdova observó en el PPEF 2015 con respecto al de 2014 es el posible aumento del presupuesto al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ya que pasa de 34 a 82 mdp, pero advirtió que hay que estar al pendiente de que los montos se ejerzan de manera eficiente.
En términos generales el PPEF 2015, de acuerdo con el especialista, no responde a lo que el gobierno federal se comprometió con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Migración (PEM).
A decir del experto, es necesario incorporar en el PPEF 2015 un anexo presupuestario para migrantes (que fue propuesto por las organizaciones civiles durante la planeación del PEM), que permita identificar los montos específicos de los programas que están dirigidos a la comunidad migrante.
PEM NO ES PRIORIDAD
Este 2014 la UPM de la Segob generó dos programas en materia migratoria que impactan directamente la vida de las mujeres migrantes.
El PEM es uno de ellos; se trabajó durante un año con grupos civiles, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de abril, y tiene un enfoque de género y de Derechos Humanos.
El otro es el Programa Integral Frontera Sur, para el que no se consultó la opinión ciudadana y fue publicado el pasado 7 de julio en el DOF ante “la emergencia humanitaria por la ola de niños migrantes no acompañados”.
Ese programa, según han criticado especialistas del tema, refuerza la estrategia de seguridad nacional que ha implementado desde hace varios años el gobierno, para impedir que población migrante cruce el país para llegar a Estados Unidos.
Días antes de que el proyecto del PEF 2015 fuera presentado, Rodolfo Córdova y otros especialistas en migración, advirtieron que el Programa Frontera Sur podría restar importancia y visibilidad al PEM, hecho que se demostró cuando se dio a conocer el proyecto presupuestal.
Si bien durante la planeación del PEM, la UPM y activistas que trabajaron en la materia acordaron que este programa sería el primero que contaría con un anexo presupuestal definido (calculado por las organizaciones civiles en 10 mil mdp para 40 programas) para la atención directa de la población migrante, la Cámara de Diputados no consideró este anexo presupuestal en la revisión del PPEF 2015.
Rodolfo Córdova dijo que existe la posibilidad de que el anexo presupuestal no sea publicado, ya que legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han señalado en los debates que el PEM “no es prioridad” para el país.
En contraste, el pasado 13 de septiembre el gobierno federal creó una Unidad Responsable de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), dentro del Ramo de Gobernación, que contará con un presupuesto anual de 102 mil mdp, según el PPEF 2015.
Si bien el PEM debió entrar en vigor tras su publicación en el DOF, ninguna institución responsable ha informado sobre cómo están implementando las estrategias que mandata el programa.
En cambio, la estrategia que contempla el Programa Frontera Sur para prohibir que migrantes crucen la frontera norte del país a través del tren de carga conocido como “La Bestia”, ya registró en los dos últimos meses varios operativos.
Mientras el PEM no ha sido presentado de manera protocolaria por el Ejecutivo, el Programa Frontera Sur se dio a conocer el mismo mes de su creación y contó con la presencia de mandatarios de países centroamericanos, como Honduras.
Córdova señaló que si el gobierno tiene recursos para generar más cargos públicos –en particular para reforzar el control fronterizo–, esto significa que hay montos suficientes para garantizar derechos a la población migrante.
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octubre 2014
Con ejecución de Reyhaneh Jabbari, Irán violó los DH: AI
Irán.- Amnistía Internacional (AI) denunció que la ejecución de la joven iraní Reyhaneh Jabbari, el pasado 25 de octubre, es una burla para la justicia.
Reyhaneh tenía 26 años y fue condenada en 2009 a la horca por la Corte de Teherán, tras asesinar a un hombre que había tratado de abusar de ella.
La directora del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Hassiba Hadj, aseguró que la ejecución de la joven sólo muestra la falta de respeto a los Derechos Humanos en Irán, y precisó que para AI la pena de muerte es una forma de castigo “abominable” que no debe ser utilizada bajo ninguna circunstancia.
Perú sigue sin indemnizar a mujer a quien se le negó aborto legal
Perú.- El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) denunció que las autoridades de Perú no han reparado el daño a una mujer (identificada como L.C.), quien tras ser víctima de violación sexual quedó totalmente discapacitada por negársele el acceso al aborto terapéutico.
Durante cuatro años L.C. sufrió violencia sexual por parte de dos hombres. Al saber que estaba embarazada intentó suicidarse al lanzarse desde el techo de una casa. Sufrió lesiones en la columna y debía ser operada de inmediato, pero los médicos se negaron por considerar que se pondría en riesgo su embarazo.
Honduras no registra los casos de feminicidio
Honduras.- El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) informó que la Secretaría de Seguridad de Honduras no registró el total de muertes violentas de mujeres entre enero y junio de 2014.
El CDM reveló que el 17 por ciento de los casos no son registrados, por lo que calificó el hecho como “alarmante”, ya que hasta septiembre pasado hubo 289 asesinatos de mujeres que siguen impunes.
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El grave contexto social que atraviesa México, que entre otras cosas se ve reflejado en el alarmante incremento del feminicidio y la desaparición, violencia obstétrica y criminalización de las mujeres, hace indispensable un viraje en la forma de actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que ésta realmente cumpla con su función de velar por las garantías fundamentales de la población.
Ayer, en audiencia con las y los senadores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado –responsables de elegir al titular de la dependencia–, 13 organizaciones civiles aseguraron que la CNDH “no está a la altura” de la situación que atraviesa el país, pues ha sido “ineficiente, cara y omisa” para defender a las víctimas; por lo que urgieron a que desde la Cámara alta se impulsen y garanticen los cambios que requiere el órgano autónomo.
Organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH) coincidieron en que la CNDH ha perdido credibilidad, legitimidad y representación social, especialmente en las últimas dos administraciones, encabezadas por José Luis Soberanes y Raúl Plascencia Villanueva.
Ximena Andión, integrante de la CMDPDH, sostuvo que la dependencia tiene una “grave ineficiencia operativa, pues es muy bajo el número de quejas que se transforman en recomendaciones”.
Señaló que del total de quejas que se presentan ante la CNDH, apenas el uno por ciento se transforman en recomendaciones, de las cuales 13 por ciento son rechazadas por las instituciones.
Se estima que cada recomendación ha tenido un costo de 16 millones de pesos, lo que de acuerdo con las y los activistas “va más allá de lo absurdo”.
En entrevista, Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), apuntó que se debe garantizar un proceso abierto y democrático, y una consulta pública para la designación del o la futura titular de la CNDH.
De acuerdo con Cortez, el Senado fue omiso ante su obligación de armonizar el proceso de elección con la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos (DH).
A lo que se sumó que no existió una pluralidad entre las organizaciones invitadas a la audiencia en el Senado, pues por un lado todas se ubican en el Distrito Federal y no son un gran número de ellas.
Contó que ayer se hizo del conocimiento de las y los senadores, que uno de los principales retos que enfrenta la CNDH es garantizar su autonomía e independencia, por lo que se requiere que se designe a una persona que no provenga de ninguna área del gobierno federal o gobiernos locales, así como de ningún partido político.
Abundó que aunque existen muchas críticas para el organismo, no se debe pensar en su debilitamiento o desaparición, sino por el contrario trabajar para que la CNDH asuma y haga uso real de todas sus facultades.
Edgar Cortez explicó que además de la facultad de emitir recomendaciones, la dependencia tiene la capacidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante legislaciones que contravengan los DH de las personas, así como la facultad de dar seguimiento a procesos administrativos y penales.
A lo que se suma que los recursos económicos y humanos con los que cuenta le permiten elaborar informes sobre una serie de problemáticas que aquejan a la sociedad, y a partir de los cuales se pueden definir políticas y programas públicos, así como registrar y analizar todas las quejas que se presenten para identificar los temas más recurrentes.
Cortez enfatizó que todas las acciones de la CNDH deben realizarse desde la perspectiva de género, y que en sus labores de investigación tiene que diferenciar las diversas problemáticas que afectan a mujeres y hombres, lo que hasta la fecha no se ha realizado con claridad.
Explicó que una de las propuestas del IMDHD es que desde el Senado se cree un mecanismo de seguimiento efectivo al quehacer de la CNDH, que permita una evaluación continua de sus acciones.
Aclaró que desde su organización no se apoya a alguna o alguno de los 21 aspirantes a encabezar la CNDH, pero se pugna porque sea una persona realmente comprometida con los DH y no sólo con conocimiento o estudios en la materia.
En ese contexto, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos –integrado por diversas organizaciones como Incide Social– dio a conocer 10 criterios básicos que el Senado debe tomar en cuenta para definir al o la nueva titular de la Comisión.
De acuerdo con el documento, debe tener un entendimiento de los DH, afinidad con la gente, ser un dialogante probado (evidencia de disposición para el diálogo permanente), tener fortaleza ante la presión, un compromiso social, así como un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y la capacidad para proponer planes y políticas públicas que promuevan los DH.
Hoy se celebraron las primeras 10 comparecencias públicas de las y los aspirantes a presidir la CNDH, quienes expusieron sus propuestas de planes de trabajo. Entre las y los candidatos estuvieron la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi, y Sara Irene Herrerías Guerra, ex titular de Províctima.
Tras la serie de comparecencias, las comisiones de DH y Justicia elaborarán un dictamen antes del próximo 13 de noviembre con el nombre de la o el candidato que se pondrá a votación del pleno para su aprobación.
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Con voz de galán en sus mejores 40 dice: “Me gustan las mujeres que aún quieren ser princesas y que se niegan a convertirse en sapos”. Y yo, no es que tenga ganas de discutir, pero ¿ésa es la alternativa? ¿princesas o sapos?
Me llega por internet un mensaje en el que a lo largo de cinco minutos el señor de galana voz aboga por el modelo “princesas” para las mujeres.
El modelo incluye: “Guardar modales de doncella”, no confundir “nuestra identidad de mujeres”, no competir con los hombres, saber que ellos son nuestro complemento, de preferencia no usar pantalones ni fumar ni beber ni, por supuesto, maldecir en público, entre otras.
Veamos: ¿Modales de doncella? Corro a ver mi diccionario: “Doncella: Mujer que no ha conocido varón (léase: virgen). Criada que se ocupa en los menesteres domésticos”. Como se dice en el póker: ¡Paso!
Luego, eso de no competir con los hombres, lo tomo con recelo. Verá, eso les dijeron a las mujeres cuando quisieron aprender a leer y escribir. Se los volvieron a decir cuando quisieron entrar a la Universidad. Se los volvieron a decir cuando exigieron su derecho a votar. Total, nos lo dicen cada vez que exigimos algún derecho del que los hombres ya gozan.
Y eso de que los hombres son nuestro complemento me genera cierta confusión, porque pareciera que las mujeres no estamos completas a menos que un señor nos complete.
Respecto a mi “identidad de mujer”, ¿cuál es? ¿la de doncella? Porque entonces, ¿me podrían explicar cómo es la del sapo?
Con música de fondo (piano, violines) el señor dice “que las generaciones de madres abnegadas, reprimidas y violentas (querrá decir violentadas), enseñaron a sus hijas que la mejor manera de acabar con el yugo masculino era convertirse en el enemigo (¿quién es el enemigo? ¿los sapos?), y así crecieron con la intención de seguir nuestros pasos (¿los de quienes? ¿de los hombres? ¿andaban en malos pasos? ¿o habla de los sapos?), muchos de los cuales nos han convertido en seres torcidos” (¿a los sapos? ¡Pobres sapos!).
Y ya encarrerado afirma: “Las niñas de la nueva generación decidieron que el sueño de ser princesas era muy aburrido y esclavizante, así que cambiaron la corona por un pasamontañas y son ahora delincuentes de alto impacto, servidores públicos podridos, conductoras irresponsables, reinas de belleza involucradas con el narco, y hasta líderes sindicales vendidas con algún partido”.
¡Y ahí sí protesto! Si no me ajusto al modelo “princesa”, ¿soy una delincuente, podrida, irresponsable, involucrada con el narco o vendida?
¡Miente! ¡La disyuntiva entre ser princesa o sapo es falsa! Abandonar el modelo “princesas” permite a las mujeres convertirse en seres libres. Libres para elegir. Libres para decidir.
En el camino muchas mujeres tomarán decisiones que les perjudiquen. Sí. Igual que los hombres. Esa posibilidad viene con la libertad. Pero, en todo caso, voto por mujeres y hombres libres capaces de cuidar y respetar su persona, a otras personas y a todo lo que nos rodea.
Así que de princesas ¡nada! Mejor mujeres libres con sus derechos garantizados para que gocen de ellos como quieran y cuando quieran.
Y si por esa libertad algunos “caballeros” me llaman sapo, pues ni modo. Puesta a elegir, mejor sapo que doncella.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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El pasado 5 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2015, el cual contiene el Decreto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2015.
Al revisar el detalle de los presupuestos en salud y los mecanismos de control, hay situaciones alarmantes.
En primer lugar, el presupuesto total que recibe la Secretaría de Salud federal (Ss) presenta un aumento insignificante de sólo 0.17 por ciento, en relación al asignado en 2014.
Ante este panorama surgen una serie de interrogantes y dudas de cómo se sostendrá el propósito de otorgar salud a prácticamente la mitad de la población del país. ¿Cómo afectará a áreas y actividades sustantivas de la provisión de atención en salud en el país? ¿Por qué la Ss y la SHCP tomaron esta decisión?
Comenzando por funciones propias de la rectoría del nivel federal. Por ejemplo, para labores de gestión de suma importancia de las direcciones y centros nacionales, los cuales coordinan la política pública en salud en el país, vigilan su cumplimiento, fiscalizan su aplicación, evalúan su impacto y hacen recomendaciones.
De igual manera, ¿cómo se verá afectada la serie de insumos en salud que se distribuyen a los servicios estales? Por ejemplo, las pruebas de VIH para mujeres embarazadas. La misma interrogante se presenta para los recursos financieros transferidos a las 32 entidades federativas.
Incertidumbre que se acrecienta con la tasa de crecimiento en cero del Seguro Popular (SP). Al aplicar el efecto de la inflación, a los pesos se les denomina reales o constantes, teniendo en el SP para 2014 la cantidad de 74 mil 789.25 millones de pesos (mdp) constantes, y contando para 2015 con 74 mil 789.23 mdp constantes. ¡Prácticamente la misma cantidad!
Si el SP es la principal fuente de financiamiento para los estados, ¿cuáles serán las consecuencias del estancamiento? Si la afiliación al SP es un eje de la política pública en salud en México, ¿por qué no se le aumentó el presupuesto para atender con calidad a las nuevas personas afiliadas?
Para recibir estos nuevos ingresos, ¿con cuáles recursos se sustentarán los establecimientos de salud? Con el mismo dinero del año anterior ¿cómo se atenderá la meta de aumentar la afiliación en 2015 a 57.3 millones de personas?
Si la mayoría de la atención hospitalaria cubierta con recursos del SP es para salud sexual y reproductiva y concentrada en mujeres, para ellas ¿qué implicará? ¿Cómo afectará a la provisión de servicios en salud sexual y reproductiva?
Con base en el Informe de Resultados 2013 (Ss/Comisión Nacional de Protección Social en Salud), la atención hospitalaria provista por el SP se concentró en la atención gineco-obstetra con 52.54 por ciento de la atención.
Es de dominio público la nueva modalidad de compra de anticonceptivos por parte de la Federación, y su distribución a las entidades federativas.
Para 2014 al SP le significó una erogación de mil 2.52 mdp; si no se plantea un aumento de su presupuesto para 2015 ¿esto afectará la provisión de dicho insumo? La Ss plantea la meta a 2015 de proveer de anticonceptivos a 4 millones 227 mil 506 mujeres en edad fértil. ¿Con cuánto presupuesto se cumplirá la meta?
Las mismas preguntas son válidas para los presupuestos específicos en los siete programas en salud sexual y reproductiva, a través de asignaciones en los llamados programas presupuestarios (PP) establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Es así que mediante el PP “Reducción de Mortalidad Materna” se canalizan recursos a los estados para el Programa de Salud Materna y Perinatal, básicamente para algunos requerimientos en atención de las mujeres durante el embarazo, el parto, el posparto y para los recién nacidos.
De nueva cuenta el crecimiento está en cero, pues en 2015 se le están asignando exactamente los mismos 537.68 mdp constantes determinados en 2014.
Una situación más preocupante es el decrecimiento de 23.93 por ciento para el PP “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género”, mecanismo por el cual se traspasan recursos para programas como Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Planificación Familiar y Anticoncepción, y Atención a la Violencia de Género. La presentación en el PPEF 2015 no permite identificar los programas afectados por el recorte.
Es válido señalar que estos comportamientos de asignación en el PEF 2015 atentan contra el principio de progresividad del presupuesto, determinados en diferentes documentos internacionales, obligatorios para México por su señalamiento en el artículo primero constitucional, y por la obligación de garantizar el derecho a la salud (artículo cuarto de la Constitución).
Estas fuentes de financiamiento, llámese PP o SP, se han ido plasmando en un convenio que desde 2009 se firma entre la Ss federal y las 32 secretarías estatales, los llamados Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
Se plasma en el AFASPE prácticamente todo el presupuesto de los programas presupuestarios relativos a salud sexual y reproductiva, y que como se explicó, se dirigen a siete programas de política pública, vinculándolo a indicadores, metas y a un número de población a cubrir.
Es más, para 2014 también se incorporaron al detalle de cada tipo de anticonceptivo, su costo unitario y el total, adquiridos mediante la compra con recursos del SP.
Así las cosas, el AFASPE es un mecanismo de asignación sustantivo que permite fortalecer la política pública y marca una ruta para su desarrollo. No sólo identificando las fuentes de financiamiento, sino también visibiliza los compromisos de los dos niveles de gobierno en materia de salud (sobre todo en cuanto a estrategias y acciones en promoción y prevención).
A la par de que año con año se ha fortalecido como herramienta de gestión de los recursos financieros y en insumos, como se observa con la compra de anticonceptivos, permite orientar presupuesto para estrategias enmarcadas en los Derechos Humanos de las mujeres.
Por ejemplo permite el pago salarial de parteras profesionales, traductoras, madrinas obstétricas o fijar recursos para el traslado de las mujeres para atención en salud materna o de VIH.
Asimismo, permitiría asignar presupuesto para garantizar la identificación de la violencia doméstica en los servicios de salud, y la canalización a los servicios que respondan a ella de manera eficiente abordando el vínculo entre violencia de género y VIH.
Del mismo modo, es un mecanismo que permitiría concretar acciones para la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes.
Tras la argumentación constante y sólida de la sociedad civil, el AFASPE se explicitó en el Decreto del PEF 2012, en el artículo relativo al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
Pese a su importancia y ventajas, el AFASPE se eliminó del PPEF 2015. Es prioritario que la Cámara de Diputados lo reestablezca.
Pero no sólo en términos de regular su fecha de firma, sino y sobre todo, en especificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas públicas, reportar el ejercicio del gasto es esencial para asegurar su uso correcto, y responde a la obligación constitucional de publicar la información.
La Ss federal solamente publica el documento firmado; aunque se elaboran informes trimestrales e históricos, éstos no se dan a conocer.
En contraparte, la población tiene la facultad de ejercer el derecho constitucional del libre acceso a la información plural y oportuna (Artículo sexto constitucional).
En resumen, en manos del Poder Legislativo está el corregir las deficiencias en las asignaciones del presupuesto para salud en general y para salud reproductiva en particular, y avanzar de manera sólida en el cumplimiento de un principio fundamental para cualquier país que se diga democrático: la rendición de cuentas de lo que se hace con los recursos públicos.
Tarea compartida por el Ejecutivo federal, en consecuencia la Ss también tiene la facultad y la obligación de transparentar y reportar la aplicación del presupuesto del año en curso y del próximo. Las plataformas normativas y técnicas lo permiten.
*Responsable del Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Pobreza y baja escolaridad disparan VIH en jóvenes dominicanas
La feminización del Sida es una realidad en República Dominicana, donde la enfermedad impacta sobre todo a las mujeres más jóvenes y con bajo nivel educativo.
Así lo informó Alejandrina Germán, ministra de la Mujer del país caribeño, al inaugurar el Octavo Seminario Políticas Públicas, Género, Mujer y VIH-Sida, que durante los días 23 y 24 de octubre tuvo lugar en esta capital dominicana.
Coordinado por la Dirección de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Ministerio de la Mujer, el evento contó con intervenciones del personal técnico de esa área; autoridades nacionales y organismos internacionales vinculados al tema, así como de organizaciones civiles y mujeres políticas.
El encuentro estuvo encabezado por Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), y Bethania Betances, representante del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).
La violencia contra las mujeres, basada en su condición de género ha incrementado su vulnerabilidad para adquirir VIH, al tiempo que esta realidad las discrimina aún más, dijo Bethania Betances durante su exposición titulada “Vínculo de la violencia basada en género y VIH”.
En conversación con SEMlac, la representante de Onusida precisó que las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas tienen más riesgo de adquirir el VIH. “Están más propensas a sufrir discriminaciones y también se consideran culpables”, explicó.
Ante la necesidad de intensificar los programas de protección contra la violencia sexual y el acceso a servicios universales integrales, la especialista propuso “acciones traducidas en inversiones financieras programáticas, capaces de transformar normas de género perjudiciales y visibilizar más la voluntad política en su ejecución”.
Para Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, “la única manera de crear un cambio social es a través de la no violencia”.
Aunque preocupa en el país la situación de los costos y distribución de medicamentos y antirretrovirales, el director ejecutivo del Conavihsida, Víctor Terrero, aseguró que actualmente el Estado dominicano ayuda a satisfacer esta demanda y los garantizará totalmente en 2015.
Recordó que trabajan en el anteproyecto de la Ley Antiestigma y Discriminación en la República Dominicana, pieza legislativa enfocada a que las personas con VIH no sean excluidas por ser portadores del virus o por su preferencia sexual.
Si bien las dominicanas han logrado importantes conquistas en múltiples sectores de la vida nacional, la ministra Alejandrina Germán insistió en las afectaciones que se mantienen por razones de inequidad y desigualdad, que las hace más vulnerables ante condiciones que afectan su salud y desarrollo individual, como es el caso del contagio con VIH.
Se refirió la titular a la interrelación mostrada por estudios internacionales y nacionales acerca de la violencia contra las mujeres y el VIH/Sida, “por lo que este vínculo es uno de los ejes contenidos en los trabajos que estamos realizando desde el Ministerio de la Mujer con el apoyo del Conavihsida”, precisó Germán a SEMlac.
Ese ministerio ha integrado planes estratégicos y operativos en el abordaje del VIH como tema prioritario en el proyecto “Hacia Políticas Públicas Integrales e Integradas: Por el Derecho de las Mujeres a la No Discriminación, Prevención y Atención en Materia de VIH y Sida”, cuyo propósito es lograr que “la respuesta nacional a la epidemia tenga enfoque centrado en los Derechos Humanos y con perspectiva de género”, apuntó.
EDUCACIÓN: VACUNA SOCIAL
Bajo el lema “Trabajando por la igualdad y la equidad”, en el encuentro intervinieron voces como las del titular de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (Digescitss), Luis Ernesto Feliz Báez, quien expuso detalles que distinguen la infección para uno y otro sexo.
Aunque los hombres resultan más vulnerables al VIH, según el orden cromosómico, la carga viral de ellas suele ser mayor por ser las receptoras del semen. “Sin embargo, es la vulnerabilidad social la que más afecta a las mujeres”, observó Feliz Báez.
“Sobre todo las de escasa o ninguna educación y menor remuneración salarial. Todo esto limita su capacidad de negociación en la pareja y aumenta los riesgos. La educación es la única vacuna social con que cuenta el mundo para combatir el VIH”, sentenció el director de Digescitss.
Las consultora Alina Ramírez indicó que de las más de 45 mil personas con el virus en Dominicana, 51 por ciento son mujeres, y la epidemia se denomina “concentrada”, no generalizada, pues su prevalencia se observa muy alta en algunos sitios; pero baja en otros.
Carmen Doñé, encargada de la oficina provincial de la Mujer en San Cristóbal, a 26 kilómetros de la capital, conversó con SEMlac sobre la gran preocupación que impera en ese territorio debido al alto número de personas con VIH, sobre todo jóvenes y adolescentes.
“Pese a que reciben los medicamentos gratuitos y los antirretrovirales en el hospital regional Juan Pablo Pina, son más susceptibles a complicaciones debido a su condición de extrema pobreza, que limita su recuperación y expande los contagios”, explicó.
“Se necesitan programas más fuertes y continuos que den seguimiento a estos pacientes; sobre todo debemos efectuar más encuentros con la población joven para que aprenda cómo cuidarse en sus relaciones sexuales, que sepa utilizar condones y tenga conciencia de la enfermedad”.
Doñé mencionó la limitación de recursos como factor principal que impide llegar a cada rincón de la provincia: “Necesitamos sensibilizar a las adolescentes, sobre todo, y por eso preparamos charlas de educación sexual y reproductiva para menores de 19 años; pero no podemos abarcar a la mayoría de los centros educativos, iglesias e instituciones. A veces les atendemos en nuestras propias casas, pero no es suficiente. Ni siquiera se conoce bien el número exacto de casos”.
OBSTÁCULOS
Carmen Pérez, del Ministerio de la Mujer, dialogó con SEMlac sobre los principales obstáculos que enfrenta la sociedad dominicana para el abordaje de la problemática:
“Faltan compromisos y voluntad política. No son suficientes los recursos, ni existe la sensibilización sobre género. Tampoco contamos con un personal de recursos humanos capacitado y ni hablar del clientelismo, ése por el cual los políticos prefieren acciones puntuales que cosechan votos y lo demás queda como perspectiva para ser cumplido a largo plazo”, subrayó.
A lo anterior se suman los vacíos legales y reglamentarios que debilitan la protección de víctimas de violaciones sexuales, trata y tráfico de personas; lo que incrementa las manifestaciones de violencia contra las dominicanas y su propensión a adquirir el VIH o padecer Sida.
La ministra Alejandrina Germán concluyó: “Podemos hacer todos los esfuerzos posibles; pero no vamos a superar este problema si no educamos y pasamos del discurso a la acción”.
14/MA/RMB
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa revivió la situación dramática en México en cuestión de impunidad y desaparición forzada y no voluntaria de personas, así como del estrepitoso fracaso del Estado mexicano, su corrupción y vinculación con la delincuencia organizada y la criminalización de la juventud y de la protesta social.
Con base en la experiencia de la CATWLAC, en los últimos cinco años hubo un incremento drástico en las desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de los cuales, aproximadamente 60 por ciento son menores de edad.
Recordemos que en junio de 2012 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que los restos de más de 25 mil personas asesinadas y ejecutadas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron enviadas a fosas comunes por no haber sido identificadas por las autoridades, ni reclamadas por algún familiar, lo cual es un problema, porque en nuestra experiencia, varias de las jóvenes que buscamos se han encontrado mucho tiempo después de su desaparición en fosas comunes.
¿Y cuántas NO vamos a encontrar porque están en fosas clandestinas que el Estado mexicano oculta?
Cuánto dolor y cuántas lágrimas han derramado las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, sus familias y compañeros, comprendemos su dolor e indignación y lo compartimos, así como los de miles de familias de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos que tampoco han recibido una respuesta del Estado mexicano y más específicamente de la PGR, que no actúa con la debida diligencia, ni garantiza la no repetición, aun cuando exista delincuencia organizada.
¿En qué estadística están las víctimas de desaparición forzada y no voluntaria? ¿Dónde están contabilizadas las miles de personas que fueron enviadas a fosas comunes sin la debida identificación? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Por qué hay miles de víctimas ejecutadas que se encuentran en fosas clandestinas?
¿En qué estadística están las víctimas de trata y todas las formas y modalidades de esclavitud, explotación y servidumbre? ¿Dónde están?
También recordemos que en un vaivén de cifras, la última que dio Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, fue de 22 mil 322 personas no localizadas. De las cuales, 12 mil 532 desaparecidos corresponden al sexenio anterior (2006-2012) y 9 mil 790 a la administración de Enrique Peña Nieto.
Lo que pasa en Guerrero con las fosas clandestinas que se han encontrado es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en el país. El pasado viernes la PGR informó oficialmente que se han encontrado 11 fosas clandestinas y en 10 de ellas se han localizado 38 cuerpos.
Y en las fosas comunes ¿cuál es el pretexto? Podríamos darle el beneficio de la duda al gobierno y aceptar que toda esta cuestión de las fosas clandestinas, justo por esta característica, es una situación desconocida. Sin embargo, ¿qué pasa con las fosas comunes?
En el recorrer de ocho años del Sistema Alerta Roja de la CATWLAC, nos hemos enfrentado a que varias de las mujeres y niñas que estamos buscando, después de mucho tiempo, son encontradas en la fosa común.
Hablemos del Estado de México. A partir de que Guillermina Cabrera Figueroa, fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con la Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tomó el cargo, han sido varios los casos de mujeres jóvenes desaparecidas que han sido encontradas en fosas comunes.
Por ejemplo, el caso de Bianca Edith Barrón Cedillo, quien salió de su casa en los Héroes Tecámac el 8 de mayo de 2012 y no se volvió a saber de ella hasta aproximadamente un año después.
En la nota “‘A lo mejor luego regresa’ fue hallada en la fosa común” de Lydiette Carrión, publicada por El Universal, relata que “había sido hallada el 9 de mayo (un día después de su desaparición) en Los Reyes Acozac, Tecámac, a 20 minutos de su hogar y a unas cuadras de la agencia de Ministerio Público donde la familia interpuso la denuncia originalmente.
“En el Servicio Médico Forense (Semefo) fue clasificada como una joven de aproximadamente 25 años. El cuerpo, sin reclamar, había sido enviado a la fosa común desde el 22 de mayo”.
O el caso de Eva Cecilia Pérez Vargas, víctima de “El Coqueto”, o el de Evelin Jaqueline Torres Hernández, o el de Abril Selena Caldiño Rodríguez, o Elizabeth Martínez Cruz, o Georgina Ivonne Ramírez Mora, o Diana Angélica Castañeda Fuentes, y tantas, tantas más, desaparecidas y localizadas en las mismas condiciones que Bianca Edith.
Y así como estos casos, hemos encontrado muchos que demuestran la ineficacia de las autoridades competentes. De entrada las personas no deberían desaparecer y si sucede, el Estado mexicano es el único responsable por fallar en garantizar la seguridad de la ciudadanía y no actuar con la debida diligencia.
Por eso nos preguntamos, ¿dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Así como ¿dónde están las miles de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas? ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivas se las llevaron y vivas las queremos!
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
14/TUZ/RMB
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Se cumplen 32 días del ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, sin que se tenga una respuesta clara por parte de las autoridades locales ni federales sobre el paradero de estos jóvenes.
El desenlace marcará la historia de nuestro país y del gobierno federal para restablecer la confianza en la democracia o para confirmar que el terror ha vuelto.
Han pasado 768 horas, desde el pasado 26 de septiembre, en el que un hecho común, una rutina estudiantil dejó de serlo para convertirse en el vórtice de la tormenta contra los Derechos Humanos en México.
Han transcurrido 46 mil 80 minutos en los que los equipos de inteligencia mexicanos –reconocidos por su “capacidad” para descifrar los más complejos planes de los capos y bandas delictivas para ocultarse y evadir a la autoridad– se encuentran nulificados ante el secuestro y desaparición de 43 normalistas.
Por el contrario, lo que ha salido a la luz es la declaración fácil que intenta ocultar la inoperancia, la burocracia y el tortuguismo de las estructuras del Estado y de los niveles de gobierno.
Se han sumado 2 millones 764 mil 800 segundos en que las familias viven la dolorosa angustia de no saber sobre sus hijos, hermanos, primos, etcétera; dolor y angustia que se extiende a una sociedad a la que se añade la inseguridad y el temor.
Inseguridad y temor que vulnera la esencia del sistema democrático tanto en la credibilidad del Estado, como en las garantías que éste brinda para quienes disientan de él, para oponérsele y para participar activamente en la toma de decisiones.
Por este efecto en la sociedad es que la desaparición forzada es un atentado contra la humanidad.
Han pasado 32 días y se han sumado 56 detenidos entre policías municipales de Iguala y Cocula, “halcones” y miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, pero las autoridades no tienen una respuesta clara de dónde están los estudiantes ni dónde están el presidente municipal y sus secuaces.
¿Qué detiene a la inteligencia policial que en dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto ha capturado 69 capos de 112 que integraban la lista de los más buscados? Es decir, más de la mitad han sido detenidos, según lo dicho por la propia PGR.
Esta es la gota que derrama el vaso en la crisis de Derechos Humanos que vive nuestro país; el desenlace marcará nuestra historia. Hoy está en tela de juicio la palabra del Estado y sus investigaciones, con efectos negativos en la confianza del Estado como garante de nuestra seguridad y de nuestros Derechos Humanos.
Las mujeres conocemos en carne viva los efectos de la inacción del Estado para garantizar nuestros derechos a la vida y la integridad; durante años hemos llenado las estadísticas de asesinatos y desapariciones sin respuestas efectivas ni eficaces de las autoridades.
Tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Todos los poderes y todos los niveles de gobierno están llamados a actuar para dar con la verdad de lo que sucedió con 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, y garantizar la no repetición de semejantes hechos.
Están llamados a explicar de quiénes son los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas y quienes perpetraron los crímenes, están llamados a explicar por qué se han tardado tanto para dar con los estudiantes.
Es tan urgente la contundencia de las respuestas como el actuar de las comisiones de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Comisión Estatal, dónde la Nacional, por qué tan desdibujados cuando tendrían que ser los garantes de un debido proceso?
Por ello es tan importante el proceso para renovar la dirección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre las 21 personas inscritas como candidatas hay cinco mujeres, y se encuentra el actual ombudsman, Raúl Plascencia, quien es severamente cuestionado por la inacción antes hechos tan terribles como los de Ayotzinapa.
Si se da su reelección el mensaje será claro: se mantendrá al más dócil para acomodar la función de la CNDH a favor de los poderosos y no de los Derechos Humanos. Si hay cambio podría abrirse la esperanza de un mejor camino para los Derechos Humanos en nuestro país.
A los Derechos Humanos en nuestro país les urgen autoridades a la altura de lo que la sociedad ha construido para protegerlos, promoverlos y garantizarlos, como lo señala nuestra Constitución.
Ayotzinapa es ya una marca en nuestra historia que lastima a la sociedad mexicana, y que exige acción del Estado a la altura de la ofensa.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
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Carece Ejecutivo de acciones concretas a favor de las migrantes
Ante el reconocimiento del Ejecutivo federal de que las políticas públicas no respetan los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes, académicas y defensoras de esta población reclamaron acciones concretas más allá del discurso oficial.
La semana pasada al participar en el Segundo Simposio Internacional “Feminización de las migraciones”, realizado en la UNAM y convocado por grupos civiles y académicas, el director adjunto de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, Salvador Berumen Sandoval, dijo que la política de atención para las mujeres migrantes carece de enfoque de género.
Explicó que si bien se sabe que ellas conforman al menos 45 por ciento de la población migrante, sus aportes y su situación sigue “invisibilizada” en las políticas públicas.
El funcionario afirmó que las mujeres se “empoderan” al emigrar más, pues ya no están supeditadas a la determinación de su pareja o sus familias para decidir si dejan sus localidades de origen en busca de oportunidades de desarrollo.
En respuesta, expertas en migración refutaron que el ingreso de las migrantes al mercado laboral, tanto en México como en Estados Unidos, signifique su “empoderamiento”, ya que las condiciones a las que ellas se enfrentan denigran su “bienestar, salud y libertad”.
Diana Damián Palencia, fundadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, aclaró que los países de destino están solicitando trabajadores más jóvenes, lo que podría explicar que en meses recientes un gran número de niñas y adolescentes en México y Centroamérica estén cruzando las fronteras.
Criticó que si bien las mujeres están incluidas en los programas que permiten que trabajadores migrantes ingresen a México y EU de manera regular y temporal, éstos carecen de enfoque de género y de DH laborales con base en la recomendación 26 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
En el mismo tono, Allison Petrozziello, representante de ONU-Mujeres, abundó que los países desarrollados están demandando mayor mano de obra para la agricultura y servicios de cuidado y limpieza del hogar.
Detalló que es frecuente que las migrantes irregulares acepten ese tipo de empleos, debido a que viajan sin documentos de estancia legal, son indígenas o de escasos recursos.
Petrozziello agregó que ellas enfrentan, además de explotación laboral, aislamiento y estigmatización por haber “abandonado a sus familias” al tomar la decisión de emigrar.
Las académicas y activistas participantes en el evento urgieron a crear políticas de gobierno bilaterales (entre México y EU), para proteger a las migrantes trabajadoras.
También pidieron reconocer la diversidad de estas migrantes, ya que las indígenas, las empleadas del hogar y las jóvenes, por mencionar algunos ejemplos, tienen problemáticas particulares.
PROMESAS
Ante las críticas, el director de la UPM –principal órgano del gobierno federal encargado de las políticas para proteger a la población migrante– sólo alcanzó a decir que “es un desafío” incluir un enfoque de género en las acciones en la materia y la Ley de Migración.
Berumen Sandoval sostuvo, no obstante, que el Programa Especial de Migración (PEM) –publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril– sienta las bases para que la política pública dirigida a las y los migrantes cuente en breve con un enfoque de género.
Prometió que a fines de año se informará sobre las acciones específicas para cada institución involucrada en la atención a esa población.
Mientras, especialistas en el tema han advertido que aún no está claro cómo se está ejecutando el PEM, programa que el pasado 1 de septiembre –durante el Segundo Informe de Gobierno– fue calificado por Enrique Peña Nieto como uno de los “principales logros” en materia migratoria en lo que va de su gestión.
En contraste, Salvador Berumen aceptó que las Estaciones Migratorias –centros de detención del Instituto Nacional de Migración– alojan a mujeres embarazadas y población vulnerable sin atención adecuada y suficiente.
Además, advirtió –pese a los altos índices de violencia y pobreza en México– que la migración nacional es un fenómeno “invisible” en la Ley de Migración y otras políticas sobre el tema, lo que impide que haya datos estadísticos al respecto.
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Hasta hace pocos años el cáncer de mama (CaMa) era entendido como una sola enfermedad, por lo que las mujeres diagnosticadas con este padecimiento recibían un tratamiento general, basado en quimioterapia, radioterapia o la mastectomía (extirpación de toda o parte de la mama), debido a que no se consideraban las particularidades de cada tumor.
Investigaciones recientes han detectado que existen al menos tres subtipos de CaMa, que se definen por medio de las células que componen al tumor, y sus índices de agresividad y supervivencia, por lo que deben de ser tratados de manera específica.
Especialistas coinciden en que en un país como México, donde una de cada ocho mujeres está en riesgo de desarrollar CaMa en algún momento de su vida, se diagnostican alrededor de 14 mil casos al año, y tan sólo en 2013 murieron 5 mil 600 mujeres por esta causa, es indispensable que ellas tengan más información sobre el padecimiento para que puedan involucrarse de manera activa en su tratamiento, ya que los “índices de supervivencia de las pacientes informadas son mayores de quienes no conocen su enfermedad”.
Fernando Mainero Ratchelous, director de Oncología del Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 4 del IMSS, explica que el CaMa “es un grupo de enfermedades que tiene como factor común un tumor que se origina en la glándula mamaria, se puede diseminar a otros órganos y puede matar a una persona”.
Abunda que los pronósticos de vida tras el diagnóstico dependen del tipo de enfermedad que se desarrolle a partir del tumor, las características de las personas, y sobre todo la calidad y acceso a servicios de salud.
El ideal –aclara el médico– es que las mujeres accedan al tratamiento en los 40 días posteriores al diagnóstico, aunque en México la atención demora hasta siete meses.
El especialista destaca que el personal que atiende la enfermedad debe estar capacitado y actualizado para dar un tratamiento adecuado, lo que implica conocer los avances sobre los tres subtipos de CaMa.
ESTUDIOS
La oncóloga Lizeth Nava Flores, gerente médico de la farmacéutica Roche México, explica que la investigación médica permitió identificar que las células malignas que conforman a los tumores también tienen cierto tipo de proteínas, que determinan el comportamiento y desarrollo de la enfermedad.
“(Los médicos) necesitamos certeza en el subtipo de cáncer que estamos atendiendo, para saber cosas básicas como si (el tumor) se alimenta o no de hormonas, y esto nos permite saber el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Hoy día ya no podemos dar un tratamiento general”, abundó.
La doctora expone que se han identificado el subtipo de CaMa “HER2 positivo”, cáncer de mama “ER+”, y CaMa “triple negativo”, cuyos nombres derivan de las células o proteínas que los componen.
El subtipo “HER2 positivo” se presenta en una de cada cuatro mujeres con CaMa. Debido a su comportamiento, este subtipo es más agresivo y aunque llegue a desarrollar tumores pequeños, éstos son más invasivos, es decir se expanden a otros órganos del cuerpo (metástasis).
La especialista detalla que el tratamiento para este subtipo podría implicar quimioterapia con un medicamento específico o una terapia biológica, que es un tratamiento para el que se usan sustancias elaboradas con organismos vivos.
El cáncer de mama “ER+” se forma en las proteínas conocidas como “receptores hormonales”, es decir estrógeno y progesterona, por lo que son sensibles a medicinas que bloquean o inhiben la producción de esas hormonas (terapia hormonal). Este subtipo de CaMa lo presenta la mayoría de mujeres (70 por ciento).
El subtipo “triple negativo” tiende a aparecer en mujeres más jóvenes, afroamericanas y latinas –aunque se desconocen las causas–, y constituye 15 por ciento del total de casos diagnosticados.
Según Lizeth Nava, es un tipo de tumor más resistente a los tratamientos y con el mayor número de reincidencia, es decir, aunque se cure las mujeres corren el riesgo de volver a presentarlo.
Los tres tipos de CaMa pueden ser tratados con la mastectomía, dependiendo de la etapa en la que hayan sido diagnosticados.
PREVENCIÓN
Nava Flores explica que hasta ahora no se han identificado factores de riesgo asociados a cada tipo de tumor, pero apunta que de manera general ser mayor de 40 años; haber tenido el primer embarazo después de los 30; consumir alcohol; fumar y ser obesa, son los factores más asociados al desarrollo del CaMa.
El procedimiento para saber qué tipo de cáncer presenta una mujer –añade la experta– comienza con la mastografía. Luego, si se identificó una tumoración se hace una biopsia para saber si el tumor es maligno y por lo tanto es cáncer.
Después se amplía la información de la biopsia para identificar el tipo de células del tumor, y definir el subtipo de CaMa y el tratamiento a seguir.
Abunda que es primordial que las mujeres, sobre todo las de mayor edad, acudan regularmente al médico “porque hay tumores que no son palpables con la autoexploración, ya que son muy pequeños, están detrás de la glándula mamaria, o no se palpan porque el seno es muy grande”.
Para Lizeth Nava –quien dice desconocer si en el sector público las mujeres acceden a los tratamientos específicos, cuyo costo al mes se estima en entre 70 mil y 200 mil pesos– es primordial que las mujeres conozcan esta información, pues al conocer el comportamiento de su enfermedad pueden exigir que su médico las atienda adecuadamente.
La Secretaría de Salud dio a conocer que cinco de cada 10 mujeres mayores de 40 años acceden a la mastografía, y aunque anunció que en 2014 se pasó de 500 a 754 mastógrafos, la cobertura recomendada por la OMS (siete de cada 10 mujeres) aún no se alcanza. Se suma que en 2013 apenas había mil 200 oncólogos.
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