La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un resolutivo que ampara a las y los sobrecargos de Mexicana de Aviación contra la modificación de su contrato colectivo, lo que asegura un monto mayor para su liquidación.
Según informó hoy la SCJN, se concedió por mayoría de ocho votos un amparo a favor de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA).
Con esta sentencia, la SCJN confirmó que la quiebra de la aerolínea (dictaminada en abril de 2014) derivó exclusivamente de la falta de inversión por parte del dueño, Gastón Azcárraga, –por un monto equivalente a 200 millones de dólares– ya que el costo de la mano de obra (uno por ciento del gasto) no era significativo ni suficiente para el buen funcionamiento de la empresa.
Con el fallo, la SCJN obligó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) modificar la sentencia que emitió en 2007 para cambiar el contrato colectivo y reducir las prestaciones de las y los sobrecargos.
Se trata de mil 500 sobrecargos a quienes en 2010 Mexicana les propuso una liquidación que fue rechazada por “ilegal”; de este total, el 70 por ciento son mujeres.
La Corte señaló que la JFCyA no justificó la validez de los cambios que hizo al contrato colectivo de trabajo, ni acreditó que con las modificaciones a este laudo se mantuviera la solvencia de la empresa.
Según argumentó la SCJN, las empresas sí pueden hacer modificaciones a los contratos colectivos de trabajo –como disminución de prestaciones y salarios–, pero sólo si acreditan que esta medida es necesaria para garantizar la subsistencia de la empresa.
Y señaló que el concurso mercantil que declaró a Mexicana de Aviación en quiebra (luego de que dejó de operar en 2010) no es impedimento para amparar a las y los trabajadores, ya que esta declaratoria se encuentra suspendida por un amparo interpuesto por los sindicatos de las y los trabajadores afectados.
El resolutivo de la Corte se dio seis años después de que ASSA interpusiera la denuncia en contra de la JFCyA, es decir, desde antes de que Mexicana dejara de operar.
15/AJSE/RMB
enero 2015
Integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales, Terapeutas y Rehabilitadores Físicos (AIGETT) –que participan en las mesas de negociación con la Secretaría de Salud (Ss) para mejorar sus condiciones laborales– denunciaron que el gobierno federal incumplió su acuerdo de no reprimir el movimiento.
De acuerdo con un comunicado de la AIGETT, el gobierno federal “incumplió su palabra” de respetar el derecho de petición, manifestación y participación de la movilización que busca solucionar la problemática laboral y profesional de las enfermeras y del conjunto del personal de salud, uno de los únicos dos acuerdos firmados hasta ahora por mandos de la Ss.
Y es que –según se denunció– trabajadoras de la salud que participaron en las marchas del 6 y 16 de enero pasados en esta capital (con las que se consiguió la mesa de negociación con la secretaría) y en las comisiones de trabajo de la AIGETT, han sido llamadas por las autoridades de sus centros de trabajo para que “expliquen los fines del movimiento”.
Como botón de muestra –dijo la Asamblea– autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puerto Vallarta, Jalisco, levantaron actas administrativas y citaron a audiencias en la Comisión Disciplinaria a 27 enfermeras que participaron en la movilización del pasado 6 de enero.
Según explicó en entrevista José Antonio Vital Galicia, integrante del movimiento, en los documentos de la Unidad de Medicina Familiar –donde se llevan a cabo las audiencias– consta que la falta por las que se acusa a las trabajadoras es haberse ausentado al trabajo durante tres días, lo que supuestamente habría paralizado el servicio médico.
No obstante, Vital afirmó que las enfermeras dieron aviso de que se ausentarían y asumieron desde antes de venir al DF que se les descontarían los días no laborados.
Del mismo modo, trabajadoras de algunos hospitales de la Ss y de las unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron ante la Asamblea que están siendo “cuestionadas” sobre las acciones del movimiento.
Con todo, Vital Galicia informó que sí se llevará a cabo la mesa de trabajo del próximo 3 de febrero en la Ss, pero aclaró que ésta deberá instalarse después de cancelar todas las medidas “represivas y de hostigamiento” contra el personal de las instituciones de salud.
Además dijo que la discusión deberá iniciar y centrarse en la profesionalización y la creación de plazas de licenciatura y especialistas de posgrado, y la basificación del personal de enfermería, que es la principal demanda de su pliego petitorio.
La AIGETT señaló que es indispensable la basificación y regularización de más de 100 mil trabajadoras del sector salud; cubrir el déficit de plazas (que rebaza los 50 mil puestos de trabajo “congelados”); y revisar la asignación de plazas y el funcionamiento del escalafón para el personal.
El movimiento recordó que los otros puntos de la negociación que siguen pendientes son la cobertura de la plantilla, para que el 80 por ciento en las unidades hospitalarias esté integrado por personal profesional; la creación de plazas de licenciatura; y la revisión de los tabuladores salariales.
Según datos de la Ss, el 30 por ciento de las enfermeras en el país tiene licenciatura o estudios de posgrado, pero desde 2006 a la fecha el Programa de Profesionalización de Enfermería, Trabajo Social, Terapistas Físicos y Rehabilitadores sólo ha beneficiado a 18 mil trabajadoras, sin informar cuántas de ellas pertenecen al IMSS e ISSTE.
De acuerdo con estimaciones de la AIGETT se necesitarán más de 15 años para profesionalizar a más de 32 mil enfermeras.
15/AJSE/RMB
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) a partir de hoy investigará la violencia feminicida en el estado de Nuevo León (NL), demanda social que data de 2012 y que podría derivar en una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
Por mandato judicial, el Sistema –encabezado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)– tuvo que sesionar hoy para declarar el inicio de una investigación por violencia feminicida en NL.
Ello luego de que un Tribunal Colegiado Auxiliar resolviera un amparo presentado por organizaciones civiles del estado, y emitiera una sentencia que ordena al Sistema empezar una indagación.
En enero de 2012, grupos ciudadanos de la entidad presentaron ante el Inmujeres –en su papel de secretaría ejecutiva del SNPASEVM– una solicitud de investigación por violencia feminicida debido al alto número de asesinatos de mujeres en NL.
En la solicitud se denunció que entre 2000 y 2011 se registró un total de 548 asesinatos en la entidad, y un elevado índice de desapariciones de mujeres y niñas.
En febrero de 2012, el Sistema sesionó y negó la procedencia de la investigación, ante lo cual la sociedad civil de NL se amparó. Luego de casi tres años de proceso, en noviembre de 2014 el Tribunal Colegiado Auxiliar resolvió el amparo y emitió una sentencia, que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) califica de “histórica”.
La resolución mandata al Sistema a llevar a cabo una sesión para iniciar la investigación de asesinatos violentos de mujeres en NL, y además garantizar el derecho de audiencia a las organizaciones peticionarias de la investigación.
Dentro de la sentencia –de acuerdo con la información difundida por el OCNF– los magistrados “reconocen que el Sistema cometió una violación constitucional en materia de Derechos Humanos al negar la Declaratoria de Alerta de Género en 2012”.
La negativa también fue calificada por los magistrados como una forma de discriminación contra las mujeres, a quienes se les restringieron sus derechos.
En entrevista, Sandra Fosado, coordinadora del área de Comunicación Social de Católicas por el Derecho a Decidir (organización que integra al OCNF), relató que la sesión se realizó hoy con algunas “irregularidades”.
Pese a que la sentencia mandata que se permitiera a las organizaciones peticionarias el derecho de audiencia, las integrantes del SNPASEVM sólo concedieron a las agrupaciones entrar a exponer sus argumentos por algunos momentos.
En un principio, las representantes de los institutos estatales de las Mujeres (que forman parte del Sistema) querían someter a votación el inicio de la investigación, pero finalmente se acogieron a la sentencia y declararon el inicio de la indagación.
Ante ello, el OCNF exigió que la investigación sea realizada por personas que cuenten con reconocida experiencia en materia de violencia contra las mujeres, y que este grupo trace el tipo de acciones que tiene que implementar la autoridad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Fosado subrayó que la violencia feminicida en NL se ha incrementado desde 2012, por lo que la investigación no debe demorar más de dos meses en concluir, como ha ocurrido en el Estado de México, entidad en la que desde abril de 2014 siguen pendientes los resultados de una indagación.
En el “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013”, publicado por el OCNF, se informa que las organizaciones civiles documentaron de manera hemerográfica 92 asesinatos de mujeres en NL en 2013, de los cuales 43 por ciento fueron con brutalidad; y en 57 por ciento de casos fueron ultimadas con arma de fuego.
Es de mencionar que la Procuraduría de Justicia de NL se negó a brindar información para la elaboración de dicho estudio, reportó el OCNF.
15/AZM/RMB
Partidos intentarán negar la paridad de género, advierte experta
Las leyes sobre paridad de género modifican positivamente las condiciones de la competencia electoral para las mujeres, y ello puede impulsar cambios importantes dentro de los partidos políticos, dijo la académica Rosario Varela Zúñiga.
En entrevista, la académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila advirtió que es posible que los institutos políticos continúen con estrategias de simulación para evitar la postulación de mujeres candidatas, pero consideró que será en menor medida.
Varela Zúñiga explicó que los partidos no podrán incumplir la obligación de postular a 50 por ciento de mujeres candidatas, no obstante alertó que podrán incidir en el perfil de las mujeres que participan en los procesos de selección.
La paridad quedó establecida en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, la cuales entraron en vigor este año y se aplicarán por primera vez en el actual proceso electoral.
Por ello, la también integrante de la Red Regional de Mujeres de La Laguna detalló que es necesario vigilar que haya más candidatas que, en caso de obtener un cargo público, tengan el perfil para desempeñar sus funciones públicas de “manera profesional”.
Como ejemplo, destacó que en las elecciones de 2014 en el estado de Coahuila –cuyo Código Electoral estatal prevé la paridad– las postulaciones femeninas fueron un “fenómeno fresco” porque la gente vio más mujeres candidatas y generó expectativas sobre su desempeño legislativo.
Recordó que el pasado 1 de enero se instaló la LX Legislatura estatal y el Congreso coahuilense se convirtió en la entidad con el mayor número de diputadas, al tener 48 por ciento de curules femeninas.
En el estado hay 25 diputaciones; de ellas, 12 corresponden a mujeres: ocho del Partido Revolucionario Institucional (PRI); dos de Acción Nacional (PAN); una de Nueva Alianza (Panal), y una más del Partido Social Demócrata (PSD).
La experta en participación política femenina consideró que esta nueva Legislatura local genera “mucha expectativa” porque se espera que incorpore la perspectiva de género en la agenda, y que las leyes que se aprueben mejoren la condición de vida de las mujeres.
“Hay que ver qué están haciendo las legisladoras; la sociedad debe aumentar su capacidad de pedir rendición de cuentas y vigilar el trabajo de las y los diputados”, destacó. Lo mismo debe suceder en el actual proceso electoral en 17 entidades federativas (donde se renovarán ayuntamientos, congresos y gubernaturas en algunos casos), subrayó Rosario Varela.
14/AGM/RMB
La Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable del delito de “difamación” a Gladys Lanza, pionera en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en el país centroamericano.
En entrevista vía telefónica con Cimacnoticias, Gladys Lanza, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, consideró que la sentencia más allá de representar un golpe para ella, es un intento de callar y frenar a las feministas de la región, e impedir que sigan demandando una mejor calidad de vida para las hondureñas.
Este miércoles 28 de enero, el Tribunal de Sentencia resolvió la querella (demanda) que en 2011 interpuso Juan Carlos Reyes ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (Fundevi), contra la defensora acusándola de “difamación”.
En 2011, Lesbia Pacheco, jefa de Recursos Humanos de Fundevi, se acercó al Movimiento de Mujeres por la Paz en busca de respaldo, pues luego de años de acoso sexual y laboral por parte del entonces gerente de la empresa, Juan Carlos Reyes, había sido despedida.
“Las Chonas” (como se conoce a las integrantes de la organización) retomaron el caso y se enfocaron en la defensa de Lesbia. Entre sus movilizaciones hubo un plantón frente a la empresa, en el que se denunció públicamente a Juan Carlos Reyes como “acosador sexual”.
Fue entonces que el presunto agresor interpuso la querella contra la defensora por ser la directora de la organización.
JUSTICIA EN CONTRA
Lanza Ochoa recordó que durante la realización de las audiencias Lesbia presentó su declaración, pero ésta no fue considerada por las juezas que resolvieron el caso. “Ella demostró que había sido objeto de acoso sexual (por parte de Juan Carlos Reyes), pero las juezas consideraron que no era suficiente prueba el que ella lo haya dicho”, relató la activista.
En ese sentido, el Tribunal consideró que las declaraciones que el Movimiento “Visitación Padilla” realizó señalando a Reyes como “acosador sexual” fueron infundadas, y no parten de una defensa de los DH.
A decir de la defensora, con la sentencia también se criminalizan las manifestaciones a favor de los DH. “Lo que quieren (con esta sentencia) es sentar un precedente para callarnos, porque al leerla dijeron que no podemos seguir haciendo plantones, eso significa que están criminalizando la acción que realizamos”, sostuvo.
“Me siento un poco preocupada, pero más que por mí, me siento preocupada por el movimiento feminista en general, porque durante las audiencias el abogado denunciante dijo que éste es un caso emblemático para que las organizaciones aprendamos a manejar estos casos y a ser prudentes”, alertó Gladys Lanza.
De acuerdo con el procedimiento de las demandas en el sistema judicial hondureño, si bien Lanza ya fue declarada culpable será hasta el próximo 25 de febrero cuando se “individualice la pena”, es decir cuando se establezca la penalidad.
Si bien la pena podría ser de un año cuatro meses de prisión, los abogados de Reyes están pidiendo que se le sancione con dos años ocho meses de cárcel. Cabe mencionar que ante la edad de la activista (mayor de 65 años), ella purgaría la pena con arresto domiciliario.
Además –dijo Gladys Lanza– solicitan que la organización deje de operar durante el tiempo de la condena, y que ella pague los honorarios de los abogados de Reyes, quienes forman parte de uno de los bufetes más caros en Honduras.
Después de que se “individualice la pena”, Lanza cuenta con 20 días para ampararse ante la condena, lo que la activista adelantó que realizará.
Actualmente la defensora se encuentra en libertad, pero cuenta con medidas sustitutivas, es decir acude a la Corte Suprema de Justicia cada semana a demostrar que está dispuesta a continuar con el juicio.
15/AZM/RMB
Víctimas de las guerras, 230 millones de niñas y niños: UNICEF
Nueva York.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que los conflictos armados, las epidemias y los desastres naturales violentan más que nunca a niñas y niños en el mundo.
Por ello, lanzó una campaña para recaudar 3 mil 100 millones de dólares y apoyar a 62 millones de niñas y niños en riesgo de crisis humanitarias. UNICEF dijo que pondrá mayor atención en países como Siria, Irak, Nigeria, Ucrania y Afganistán, donde 230 millones de menores de edad padecen conflictos armados.
Chile: crean Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Chile.- A 10 meses de que se anunció su creación, la Cámara de Diputados chilena instituyó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuyo objetivo es proponer políticas, normas, planes y programas orientados a lograr la igualdad entre los sexos.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, dijo que la creación de este ministerio permitirá que las mujeres chilenas tengan más derechos, más autonomía y puedan vivir en libertad en el país sudamericano.
Educan a jugadores de futbol americano contra violencia doméstica
EU.- La organización civil estadounidense No-More (No-Más) mostrará durante la 49 edición del Súper Tazón un video en contra de las agresiones sexuales y contra la violencia intrafamiliar.
No-More se unió a la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) para crear el anuncio y aumentar la conciencia pública, luego de que en 2014 algunos jugadores fueron acusados de ejercer violencia en el hogar.
Rechazan proyecto de ley que da ventajas a hombres violentos
España.- Organizaciones de mujeres pidieron al Ministerio de Justicia español que retire el anteproyecto de ley que autorizaría a
los jueces imponer la custodia compartida de las y los hijos, incluso cuando no haya acuerdo entre la madre y el padre y ninguna de las partes lo haya solicitado.
Activistas aseguraron que se violentan los derechos de mujeres agredidas por sus parejas al otorgar custodias compartidas, o permitir a varones condenados por “violencia machista” el derecho de visita a las y los hijos.
15/GGG/RMB
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró el Centro de Documentación Eli Bartra/Ángeles Sánchez Bringas que contará con una vasta colección de publicaciones especializadas en estudios de las mujeres.
Las instalaciones están ubicadas en la Unidad Xochimilco de la UAM, que también es sede de la Maestría en Estudios de la Mujer que imparte la institución y estará abierta al público en general.
Dentro del acervo se encuentran libros que han sido editados en México y en el extranjero y abordan problemáticas de género.
Entre las colecciones más desatacadas se encuentra el archivo completo de las revistas Fem y Debate Feminista, además de las tesis que han realizado alumnas y alumnos de maestría y doctorado.
Los antecedentes de este centro se remontan a la fundación del Área de Investigación Mujer, Identidad y Poder, de la UAM, momento en el que se hizo hincapié en la importancia de disponer de material bibliográfico de apoyo a los trabajos de investigación, dijeron durante la inauguración las doctoras Guadalupe Huacuz y Elsa Muñoz.
Desde los años 80 hasta el inicio de la Maestría en Estudios de la Mujer, en 1994, el área tuvo un rústico centro de documentación, alimentado por donativos y atendido por ayudantes de investigación que dio servicio a profesores y alumnos de la comunidad universitaria.
Pese a la falta de infraestructura y recursos humanos, paulatinamente el acervo y su sistematización crecieron.
En 2003 se integró a la red de centros de documentación de Estudios de la Mujer. Gracias a un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre 2009 y 2010 se contó con los recursos para incrementar “notablemente” el acervo, explicaron las académicas.
El Centro de Documentación se ubica en el tercer piso del Edificio “I” de la Unidad Xochimilco y lleva los nombres de las doctoras Ángeles Sánchez Bringas y Eli Bartra, fundadoras –hace 30 años– del Área de Investigación Mujer, Identidad y Poder, de esta casa de estudios.
15/AZM/RMB
Obligan jubiladas a autoridades a negociar el pago de sus pensiones
Jubiladas y jubilados de Mexicana de Aviación obligaron a las autoridades laborales a que expliquen en una mesa de negociación cómo y cuándo se reanudará el pago de las pensiones que se les adeudan desde 2010, cuando la aerolínea dejó de operar.
Cientos de ex trabajadoras de Mexicana –quienes llevan más de cuatro años exigiendo que la empresa (declarada en quiebra en 2014) reanude el pago de sus pensiones– protestaron hoy desde las seis de la mañana en sendas movilizaciones afuera de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), para exigir el pago de sus pensiones.
Patricia Coaxiloa Barreto, secretaria de Relaciones de la Asociación de Jubiladas, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), explicó que el objetivo de la movilización es obligar a las instancias a que digan si ordenaran a la empresa el pago de las pensiones, cuyo monto asciende a un millón de pesos por persona.
Debido a las manifestaciones, las dependencias cerraron sus puertas y retiraron a su personal, por lo que dejaron de brindar atención al público.
El pasado 8 de enero las jubiladas interpusieron más de 300 demandas ante la JFCyA contra la empresa Mexicana de Aviación por incumplir el convenio que firmó de manera individual con cada trabajadora desde que en 2010 –cuando cesó operaciones– dejó de pagar a las pensionadas.
A decir de Coaxiloa Barreto, María del Rosario Jiménez Mole, directora de la JFCyA Especial Tres BIS –donde se interpusieron las denuncias– informó personalmente que apoyaría las denuncias de las jubiladas, porque “desde el lado humano estaba consciente de que se les tenía que pagar”.
Sin embargo, Alfonso Asencio Truijeque, síndico y administrador de Mexicana, dijo por escrito a las manifestantes que “estaba maniatado” para reanudar el pago de las pensiones, ya que las autoridades de la Junta Federal informarían a las jubiladas que su denuncia “habría prescrito”, toda vez que tardaron cuatro años para interponer el recurso legal.
Si bien las y los jubilados esperaban desde ayer una respuesta oficial por parte de la JFCyA, durante todo el día no llegó la notificación.
Coaxiola acusó que la Junta está mandando “doble mensaje”, lo que quiere decir que “de nueva cuenta el gobierno no quiere pegarnos”.
MOVILIZACIONES
Durante las protestas de esta mañana, las jubiladas también reclamaron que el Fondo del Fideicomiso F/97 (que contenía el ahorro de más de 24 años de las trabajadoras) haya sido “saqueado” sin que Asencio Truijeque, ni los otros responsables de administrar el Fondo puedan explicar “los malos manejos”.
Criticaron que Rafael Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la STyPS, aún no haya conformado la Comisión Especial para el Comité Técnico del MRO (único activo de la empresa), en la que prometió que participaría AJTEAM para que pudiera estar al tanto de las decisiones que se tomen sobre estos bienes.
Luego de bloquear las entradas de las dependencias federales, Fausto Guerrero, presidente de AJTEAM, logró una reunión en la Secretaría del Trabajo con Diódoro José Siller Argüello, director de la JFCyA; la directora de la Junta Especial Tres BIS; el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, y funcionarios de Profedet y de la Secretaría de Gobernación.
La secretaria de Relaciones de la AJTEAM, Patricia Coaxiloa, aseguró que la reunión podría extenderse por horas; por lo que advirtió que las y los jubilados no se moverán de las entradas de las dependencias hasta no tener propuestas concretas. “Nosotros lo que queremos es que volteen a ver nuestros casos, no que se afecte a terceros”, aclaró.
15/AJSE/RMB
Organizaciones civiles nacionales e internacionales cuestionaron la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que habría pruebas suficientes para declarar que los 42 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, fueron “secuestrados y asesinados” por un grupo criminal, por lo que exigieron al gobierno federal que no detenga las investigaciones.
En respuesta al informe de la PGR el martes 27 de enero sobre el destino de los normalistas desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) y cientos de agrupaciones que conforman la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) emitieron comunicados, para exigir a Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, que continúe con las pesquisas y genere mecanismos eficaces de comunicación con las familias.
Ayer, la directora del Programa Regional para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, envió una carta a Murillo Karam en la que expresó su preocupación porque la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los estudiantes, de acuerdo con los datos presentados por la PGR, está basada en declaraciones de personas imputadas.
Además recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) declaró que fue convocado por la PGR al lugar donde presuntamente ocurrió la incineración de los normalistas “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión estaba junto a otras sobre un área de limpieza”.
Agregó que AI supo que algunas de las personas declarantes –supuestos sicarios– alegaron haber sido torturados durante su detención.
AI enfatizó que continúa firme en su compromiso de apoyar a las víctimas y organizaciones civiles de Derechos Humanos (DH) que están involucradas en el caso de –como definió la propia organización– las “desapariciones forzadas” de los 43 normalistas.
Y reiteró la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los estudiantes, fortaleciendo todos los mecanismos hasta agotar todas las líneas de investigación posibles.
Además AI dijo a Murillo Karam que genere, en conjunto con las familias, una estrategia integral y un plan de búsqueda que tenga como sustento la investigación, y que esté apoyado por el uso de tecnología y otros medios útiles para ello.
Asimismo, la RNDDHM repudió en un comunicado que aunque han pasado cuatro meses desde la agresión de policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” contra los normalistas –que derivó en su desaparición–, el gobierno federal no ha dado respuestas eficaces, y criticaron que la PGR pretenda cerrar el caso aun cuando “hay elementos para continuar la investigación y evitar la impunidad”.
Las organizaciones enfatizaron: “Reprobamos la insistencia de la PGR en afirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados al basurero de Cocula, sin contar con las pruebas suficientes que comprueben el hecho”.
De acuerdo con su comunicado, la RNDDHM también reprobó que el gobierno federal no cumpla con los acuerdos firmados con las familias, estudiantes y representantes legales, ya que “desde septiembre de 2014 (…) hemos sido testigos de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a madres y padres, quienes sin pensarlo asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país”.
Las organizaciones sociales pidieron no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos, y hasta que todos los autores materiales e intelectuales sean sancionados.
Además –coincidieron– es imperante que se creen los mecanismos suficientes para garantizar la no repetición de los hechos; se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.
También pidieron crear mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres a fin de garantizar su derecho a la verdad.
Y que se respeten las valoraciones del EAAF y se establezcan medidas eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.
De cara a estas demandas, Naciones Unidas informó ayer que el Comité de Desaparición Forzada (compuesto por 10 especialistas independientes) visitará México por primera vez en la historia del 2 al 13 de febrero próximo.
15/AJSE/RMB
Finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dieron a conocer a las y los integrantes del Grupo de Trabajo que investigará la violencia feminicida en el estado de Colima.
A partir de hoy, en los portales electrónicos de ambas dependencias, se puede consultar la “Conformación del Grupo de Trabajo que se encargará de la investigación de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Colima”.
Ello ocurre a más de un mes de que ambas dependencias, en su carácter de representantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), publicaron las convocatorias (24 de diciembre de 2014) para seleccionar a dos personas expertas e investigadoras de instituciones académicas de Colima, y dos especialistas de nivel nacional.
Es de recordar que según el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la investigación podría derivarse una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado.
Aunque los resultados de las convocatorias se difundieron el pasado 15 de enero –sólo con los nombres de las académicas seleccionadas–, hasta hoy se conoció la integración total del Grupo de Trabajo, ya con las y los representantes de las instancias de gobierno.
Así, en el grupo participará la doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Lorella Guadalupe Castorena Davis, y la doctora en Ciencias Sociales por El Colegio Mexiquense, María del Rosario Varela Zúñiga. Ambas fungen como representantes de instituciones académicas nacionales.
En tanto que las representantes de instituciones académicas de Colima son Sara Gricelda Martínez Covarrubias, doctora en Educación y profesora de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Colima, y Nancy Elizabeth Molina Rodríguez, doctora en Psicología por la Universidad de Guadalajara.
María Guadalupe Díaz Estrada, directora de Transversalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, funge como representante de esta institución, y la subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del daño de la Conavim, Gretha Jimena Vilchis Cordero, será la representante de la dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación.
La representante del Instituto Colimense de las Mujeres será su directora, Yolanda Verduzco Guzmán.
Como ocurrió en la integración de Grupos de Trabajo que investigaron la violencia feminicida en Guanajuato y Morelos, así como el reciente Grupo para Michoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún no define quien representará a la institución.
Durante la segunda semana de diciembre pasado, el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, presentó ante el Inmujeres una solicitud de investigación por violencia feminicida en la entidad.
La petición –acompañada de 12 mil firmas ciudadanas– se basa en que en Colima el feminicidio mantiene la misma tendencia en cifras desde hace tres años, ya que de enero a julio de 2012 se registraron 12 víctimas, mientras que en el mismo lapso de 2013 fueron 11, y de enero a julio de 2014 va el mismo número de casos.
15/AZM/RMB