En 15 años y con 90 acciones que deberán realizar dependencias federales, el gobierno de la República pretende reducir a la mitad el número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad, y al mismo tiempo erradicar las gestaciones en niñas menores de 15 años.
La semana pasada se anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENPEA), que mediante cinco objetivos y 19 líneas de acción define las tareas a realizar por instancias federales para frenar la alta incidencia de embarazos tempranos, que organismos internacionales identifican como un problema de salud pública.
La estrategia estará a cargo de un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), que establecerá los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan su implementación.
Según el documento, el Grupo estará integrado –a invitación del secretario de Gobernación– por una coordinadora, que será la secretaria del Consejo Nacional de Población (Conapo) y una secretaria técnica, que será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Así como por vocales, los cuales serán funcionarios de alto nivel de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol); de Salud (Ss), y de Educación Pública (SEP), además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estadio (ISSSTE).
Igualmente habrá representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Las y los vocales pueden ser invitados de la sociedad civil organizada, académicos o expertos internacionales.
METAS AMBICIOSAS
Mediante la estrategia se plantea disminuir a cero la “tasa específica de fecundidad” de las niñas de 10 a 14 años, es decir, eliminar los embarazos en este grupo de edad.
Al mismo tiempo se busca reducir la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años en un 50 por ciento para el año 2030.
Se informó que entre las adolescentes de 10 a 14 años ocurrieron en promedio 7 mil 868 nacimientos por año durante 2005 y 2012, lo que equivale a una tasa de 1.4 hijas o hijos por cada mil mujeres en ese rango de edad.
“Esta meta implica también la prevención de la violencia sexual con un enfoque integral, es decir, que se tenga en cuenta a la víctima, al victimario, a la escuela y a la familia; así como eliminar el abuso sexual, las relaciones sexuales forzadas y la explotación sexual para 2030, ya que la mayoría de los embarazos en este grupo de edad están relacionados directamente con esto”, se publicó.
El objetivo general es “reducir el embarazo en la adolescencia en el marco de respeto a los Derechos Humanos, incluidos los sexuales y reproductivos”. Se definen cinco metas específicas que se desglosan en 19 líneas de acción y 90 acciones.
En el objetivo de “asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria” se establecen acciones como ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes hasta el nivel medio superior del Programa Nacional de Becas de la SEP y de Prospera Programa de Inclusión Social de la Sedesol.
Del objetivo específico de “propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo” se desprenden acciones como impulsar iniciativas de reforma legislativa en los congresos estatales para homologar los códigos penales y eliminar la violencia, abuso sexual y matrimonios forzados en la población adolescente.
Asimismo, se promueve la persecución de oficio y sanción de delitos de violencia, abuso sexual y matrimonio forzado cometido contra niñas, niños y adolescentes, acciones que correrán a cargo del Inmujeres.
Acciones como asegurar la asignación de un presupuesto específico para anticonceptivos –a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR)– forma parte del objetivo “asegurar la oferta de la gama completa de métodos reversibles, incluyendo los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad”.
Como tercer objetivo se establece “incrementar la demanda y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva con calidad para adolescentes”, y dentro de él se establece la acción de “elaborar y asegurar la distribución de manuales de consejería individual y de educación sexual grupal, así como algoritmos de atención de adolescentes basados en evidencia y apropiados para los prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva en diferentes unidades de atención; clínicas y centros de salud, farmacias y hospitales”, que es obligación de la Ss.
El último objetivo es “garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral de la sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada”, en donde la SEP deberá “implementar acciones educativas en el ámbito comunitario con padres, madres y adolescentes para alcanzar a los adolescentes no escolarizados”.
De acuerdo con el documento de 188 páginas, el embarazo prematuro cobra cada vez mayor importancia “por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 45 por ciento de las adolescentes sexualmente activas usó uno en la última relación, principalmente métodos con poca efectividad), y por el aumento continuo en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa.
En 2013, del total de 2 millones 195 mil 74 nacimientos registrados en el país, 386 mil 583 (17.6 por ciento del total) correspondieron a madres adolescentes, incluyendo 8 mil 347 de madres menores de 15 años.
En parte –según la ENPEA–, el hecho de que haya disminuido menos la fecundidad adolescente con respecto a otros grupos de edad “se explica por el hecho de que no han crecido las oportunidades para acceder a mayores grados de escolaridad ni el acceso a trabajos apropiados que les permitan seguir estudiando; además de un aumento en la actividad sexual en adolescentes y la falta de uso de métodos anticonceptivos en forma regular”.
De acuerdo con la información disponible, la ENPEA basará sus intervenciones en la evidencia internacional y se asegurará que el impacto de sus intervenciones “sea probado a pequeña escala y evaluado con rigor en el contexto de diseños experimentales antes de expandir su uso a nivel nacional”.
15/AZM/RMB
enero 2015
Mujeres mexicanas pidieron al relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, que promueva estándares de protección con perspectiva de género para personas activistas en riesgo.
A propósito de la consulta regional sobre la situación de las personas defensoras que realizó la ONU en Guatemala este 26 y 27 de enero, activistas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador expusieron que entre 2012 y 2013 se registraron mil 294 agresiones contra activistas de estos países.
Las participantes señalaron que en el país y en Mesoamérica continúan las agresiones contra las mujeres que trabajan por la justicia y la igualdad, por ello pidieron que la ONU haga sugerencias a los Estados para que funcionen los mecanismos de protección y los marcos legales que ya existen en algunos países, como México.
Por nuestro país participaron integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, Asociadas por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
En entrevista desde Guatemala, Yéssica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, explicó que se presentaron ante el relator datos para que vea que las defensoras en riesgo deben cuidar especialmente a sus familias e hijos.
Señaló que muchas veces las activistas son víctimas de extorsión telefónica, de desplazamiento forzado al huir de amenazas, y de ejecuciones extrajudiciales, en particular quienes defienden la tierra y el territorio; además se mencionó que hay riesgos para aquellas que defienden el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Las activistas también denunciaron que sus organizaciones padecen diversos ataques como difamación, leyes que las criminalizan, excesivos controles fiscales por parte del gobierno, críticas de grupos eclesiales, y acusaciones de todo tipo por salirse del rol tradicional de madre-esposa.
Sánchez Maya aseguró que son importantes estos diálogos porque después Naciones Unidas podría hacer sugerencias o recomendaciones a los Estados, para generar estándares de protección con perspectiva de género.
“El Estado no tiene interés, no tiene capacidad o no le importa realmente garantizar y cumplir las recomendaciones internacionales de proteger y garantizar la labor de las defensoras de Derechos Humanos; entonces nos parece que esta consulta le está permitiendo (al relator) tener una radiografía mundial”, declaró.
Es por ello que las defensoras pusieron a consideración del relator ocho propuestas respecto a temas como registros confiables, ampliación de la protección institucional, seguridad, investigación, difusión y reconocimiento del trabajo de defensoras, nuevos indicadores para el registro, y recursos financieros para la defensa y protección de defensoras en Mesoamérica.
En opinión de Sánchez Maya, durante la consulta el relator especial se mostró atento a las preocupaciones de las activistas y es la primera vez que se organizó una sesión especial con mujeres defensoras, lo que indica que hay una apertura para incorporar la visión de género en el trabajo futuro.
Otro objetivo de la reunión fue brindar información que contribuya al cumplimento del inciso e) de la resolución 7/8 que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio al relator especial para “integrar una perspectiva de género en toda la labor relativa a su mandato, prestando especial atención a la situación de las defensoras de los Derechos Humanos”.
Entre otras participantes al diálogo con el relator estuvieron Claudia Samayoa, de UDEFEGUA en Guatemala; Daniela Fonkatz de AWID en El Salvador; Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Concertación Feminista Prudencia Ayala, también de El Salvador; y Consuelo Castillo Correa, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán en Honduras.
Las consultas regionales iniciaron en 2014 y concluirán en 2015 y servirán para que la ONU y las organizaciones de personas defensoras conozcan y compartan información sobre la situación en este tema en América, África, Asia y Europa.
15/AGM/RMB
Los Estados de América Latina y el Caribe mantienen incumplidas las recomendaciones emitidas en 2012 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), en materia de feminicidio, y salud sexual y reproductiva.
Ello se desprende del “Segundo Informe de Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mesecvi” –publicado ayer–, y que da cuenta de que “todavía queda mucho camino por recorrer para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Cabe recordar que el Mesecvi tiene como propósito promover la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil, en 1994.
En 2012, al encontrar que los objetivos de la convención “no se estaban cumpliendo”, el Comité de Expertas emitió 42 recomendaciones a los Estados firmantes del tratado hemisférico, agrupadas en seis ámbitos: legislación; planes nacionales; acceso a la justicia; servicios especializados; presupuesto; e información y estadísticas.
Al medir los avances de las naciones en el cumplimiento de tales recomendaciones, el Comité reconoce que si bien los Estados “tienen un alto grado de compromiso para reconocer formalmente la violencia contra las mujeres como hechos sancionables en la legislación penal y otro tipo de normativas”, algunos de ellos aún no reconocen legalmente todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.
De acuerdo con el análisis, todos los países sancionan la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres en su marco legislativo, aunque algunos sólo la castigan en el ámbito privado.
La gran mayoría (25 Estados) sanciona la violencia patrimonial o económica, con excepción de siete países (Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía).
El 75 por ciento de las naciones no cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, que abarquen todos los tipos y ámbitos de violencia (sólo ocho de los 32 países del continente americano cuentan con una ley integral).
A ello se añade que la prohibición de la “mediación” entre víctimas de violencia y sus agresores aún no está contenida en los códigos penales y de procedimientos penales de cada nación, y únicamente 18 países penalizan la violación sexual en el matrimonio.
Un punto de preocupación para el Comité es que sólo siete Estados han tipificado el feminicidio en sus códigos penales o legislaciones, aunque cada uno define el delito de forma diferente.
En el informe, el Mesecvi reitera que el control de los derechos reproductivos de las mujeres “es un medio por el cual se mantiene la dominación masculina y la subordinación de las mujeres, y constituye una forma de discriminación y violencia institucional contra ellas”.
Postura a partir de la cual se elaboraron siete recomendaciones para que los Estados protejan el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral de las mujeres, así como el derecho a no ser sometidas a tortura.
En esas recomendaciones se encuentra legalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos y en casos de violación, tipificar la violencia obstétrica, la inseminación y esterilización forzadas, y realizar la distribución gratuita de anticoncepción y tratamientos de profilaxis de emergencia.
El Comité anota que de los 32 Estados Partes de Convención Belém do Pará, 27 han despenalizado el aborto por diversas causales, pero le “preocupa” que El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana prohíben el aborto de manera absoluta, y “continúan penalizando a las mujeres que interrumpen su embarazo sin tomar en cuenta las circunstancias”.
También crítica que la mayoría de los Estados continúan sin contar con protocolos o guías de atención para la aplicación efectiva de las causales de aborto en los centros de salud, y sólo ocho reportaron contar con normas para realizar el reparto gratuito de la anticoncepción oral de emergencia.
Mientras que sólo Argentina, Surinam y Venezuela tipifican la violencia obstétrica, pero no se recibió información de estos países sobre el número de sentencias judiciales o dictámenes por este delito.
15/AZM/RMB
A partir de 1978, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realiza un reporte anual titulado “El estado de la población mundial”, enfocado en un tema de interés actual.
En 2006, UNFPA presentó su informe “Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional”, que exhorta a gobernantes mundiales a realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes.
Desde ese año, los contextos para las mujeres en la migración se han complejizado. El documento del UNFPA reveló que la mitad de todos los migrantes internacionales –95 millones a 2005– son mujeres y niñas.
Sin embargo, a pesar de las contribuciones sustanciales, tanto sus familias en el país como las comunidades en el extranjero, las necesidades de las mujeres migrantes se siguen pasando por alto.
Los procesos de migración tradicionales se han modificado, muchos desplazamientos son forzados por la pobreza o la violencia en México y Centroamérica.
El temor hacia alguna forma de conflicto que amenaza de forma inmediata las vidas de las personas, las obliga a dejar su país de origen y aventurarse en travesías que las exponen a la violencia, extorsión o hasta a la muerte.
Ser mujer y migrante son características que se tornan en condiciones de vulnerabilidad. Otras características, como ser indígena, joven o transexual, también son motivo de salida por la discriminación por pertenencia étnica, por edad, por identidad de género o por orientación sexual, respectivamente.
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enuncia un objetivo específico en materia migratoria: “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, la realidad rebasa esta política migratoria.
Desde la academia, el Instituto Nacional de Salud Pública documentó en 2004 las pocas o nulas posibilidades de negociación de las mujeres migrantes en cuanto al uso del condón, frente a un panorama de abuso sexual, violencia y explotación.
En lo que respecta a la sociedad civil, Amnistía Internacional (AI) reportó en 2010 que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes son víctimas de violencia sexual durante el trayecto.
Por su parte Médicos sin Fronteras (MSF), en sus registros de atención médica, reportó que de enero a junio de 2014 “la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en tránsito se ha convertido en una de las prácticas más habituales en el marco del fenómeno migratorio en México”.
Respecto a la salud sexual, los mecanismos interinstitucionales de atención son deficientes. No se brinda atención a la violencia sexual ocurrida en el tránsito migratorio; no existen lineamientos que consideren la administración inmediata de profilaxis post exposición al VIH, anticoncepción de emergencia o antirretrovirales; además, las migrantes embarazadas enfrentan riesgos para su salud.
Es evidente la falta de capacidad técnica, logística y normativa para atender a la población infantil migrante no acompañada, como lo evidenció la crisis humanitaria agudizada en 2014.
Desde Salud Integral para la Mujer (Sipam) hemos realizado una intensa actividad para favorecer la convergencia de diálogos, esfuerzos y recursos multisectoriales, para responder a la grave crisis humanitaria en materia de migración en México que viven de manera particular las centroamericanas que transitan por nuestro país.
Graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas la falta de seguridad sanitaria, incluyendo la salud sexual, crisis que es consecuencia directa de la falta de implementación de políticas públicas transversales con perspectiva de género, que favorezcan la inclusión social por parte del Estado mexicano.
Nuestro acompañamiento para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos en el albergue “Hermanos en el camino”, en Ixtepec, Oaxaca, nos permitió acercarnos a la población transmigrante y conocer de primera mano la situación de las adolescentes y adultas en tránsito migratorio.
En lo que respecta a la salud sexual, impulsamos estrategias de prevención y de atención a la violencia sexual y al VIH, que incluyen la impartición de talleres y pláticas, metodología anticonceptiva, y uso de métodos de prevención (uso correcto de los condones femeninos y masculinos, y anticoncepción de emergencia, principalmente), entrega de condones y aplicación de pruebas rápidas voluntarias.
De manera articulada con MSF, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar-Ixtaltepec (Mexfam); Gunaxhíi Guendanabani, y la Red Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (Jinaco), además de participar en pláticas y aplicación de pruebas rápidas voluntarias para la detección del VIH, Sipam se suma a un proceso de incidencia política con distintos alcances.
Ejemplo de ello es la coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), en la cual los servicios de salud estatales y locales se comprometieron a generar rutas de atención a la violencia sexual y al VIH, y a garantizar la atención integral a migrantes trasnacionales en el Hospital General, el Centro de Salud de Ciudad Ixtepec, y el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e ITS (CAPASITS) del Puerto de Salina Cruz, y en el centro de Oaxaca.
Tales compromisos constituyen un avance significativo. Antes no había en los servicios de salud en Ixtepec antirretrovirales para la profilaxis post exposición al VIH, insumos indispensables para implementar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
Tal es el caso de muchas mujeres transmigrantes, quienes a partir de la implementación del Programa Frontera Sur (anunciado por Enrique Peña Nieto el 7 de julio de 2014), han visto agudizadas sus condiciones de seguridad y salud, ya que al prohibir el viaje en el tren de carga conocido como “La Bestia”, han modificado las rutas de tránsito exponiéndose a extorsiones, asaltos, secuestros y violaciones sexuales por parte del crimen organizado, e incluso de personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, situación documentada por AI.
La estrategia descrita es un ejemplo de lo que contemplan políticas públicas como el Programa Espacial de Migración (PEM) 2014-2018 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014), que enuncia la política migratoria nacional en la que se reconoce la función de la sociedad civil como proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Es así que desde la sociedad civil seguimos en el compromiso de coadyuvar en la generación de estrategias comunitarias y de incidencia política, que apunten a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes.
*Libertad Enríquez Abad es coordinadora del Programa de Jóvenes, Salud Sexual y Derechos de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam).
**Sipam es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
15/LEA/RMB
Retumban 8 horas gritos de justicia de madres de Ayotzinapa
María caminó desde las 10 de la mañana hasta las seis de la tarde –un recorrido de 43 kilómetros de protesta–, para exigir a Enrique Peña Nieto que le devuelva a su hijo normalista, agredido y desaparecido por policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” hace cuatro meses.
María Concepción Tlatempa Colchero, madre de Jesús Jovani Rodríguez Tlatempa, normalista desaparecido en Iguala, Guerrero, se levantó este lunes 26 de enero a las seis de la mañana –como lo ha hecho desde hace 122 días– con la convicción de “encontrar” a su hijo.
Ayer despertó en un lugar distinto a su casa en el municipio guerrerense de Tixtla, a la que no ha vuelto desde el 27 de septiembre de 2014 cuando un vecino le avisó de un enfrentamiento entre policías municipales de Iguala y estudiantes de recién ingreso de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, y del cual el hermano de su vecino y Jesús Jovani ya no regresaron.
La víspera (exactamente cuatro meses después de esos hechos), María se levantó, se bañó y tomó un desayuno en compañía de otras 42 familias (madres, padres, hermanas, tías y abuelas) que también están buscando a sus hijos desaparecidos.
A las siete de la mañana María se reunió con algunas organizaciones civiles que apoyan la búsqueda, para decidir cómo avanzarían los contingentes que saldrían desde cuatro puntos del Distrito Federal (avenida Taxqueña, Indios Verdes, Calzada Zaragoza y Auditorio Nacional), a fin de “paralizar la ciudad”.
SOLIDARIDAD
A las 10 de la mañana, María estaba de pie afuera del Auditorio Nacional –donde no había estado antes– con el retrato de su hijo en lona blanca y una playera roja con el número 43.
Una señora le llevó una torta y una botella de agua. Luego del almuerzo que tomó de pie, María empezó a caminar hacia el Zócalo capitalino donde, confiaba, la esperaba la “solidaridad nacional”.
Bajo el calor de las dos de la tarde, María contó a Cimacnoticias que su hijo había estudiado dos años de la carrera de Medicina en una escuela que no estaba reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que decidió en agosto de 2014 hacer su examen de ingreso a la Normal de Ayotzinapa.
“Es la escuela que él eligió y la educación que nosotros, como sus padres (ella ama de casa y él herrero), le podíamos dar”, dijo la mamá de Jesús.
María siguió marchando y durante el trayecto de ocho horas paró sólo cuatro veces –cuando se hacían los mítines– en la Estela de Luz, la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, y en el Senado de la República.
Frente al recinto legislativo, donde una valla de policías del Distrito Federal bloqueó la entrada de las calles contiguas, Omar García Velázquez, vocero del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, acusó que algunos medios de comunicación estaban “difamando” al movimiento de padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Luego de que Omar mostrara la portada de un periódico, María decidió no hablar con ningún medio de comunicación; se sentó en una banqueta –sin decir que estaba cansada–, y esta mujer de más de 40 años de edad tomó un respiro con la boca seca.
Comió un plátano y un jugo que le acercaron dos jóvenes y, tras insistirle, aseguró: “Somos gente humilde sin nada que esconder”. No pasaron ni 10 minutos cuando María se reincorporó a la marcha y retomó el paso.
A su lado marcharon Nestora Carrillo Ruíz, quien encabezó el pasado 12 de noviembre en Guerrero la Caravana de la Brigada Nacional por la aparición con vida de los estudiantes; e Hilda Hernández Rivero, quien platicó con Estela De Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuando vino a México a fines de noviembre para apoyar a las familias de Ayotzinapa.
A su lado estaba también Berta Nava Martínez, madre de uno de los tres estudiantes torturados y masacrados el 26 de septiembre; y María Inés Abrajam Gaspar, quien el pasado 12 de enero permaneció media hora adentro del cuartel militar del Batallón 27, en Iguala, para increpar a un militar que golpeó con una piedra a su cuñado, padre de un normalista desaparecido.
BOICOT ELECTORAL
Como observó María, esta octava protesta fue diferente a las marchas multitudinarias que caracterizan a las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, en primer lugar porque se dividió en cuatro contingentes (con más de cinco mil personas cada uno), que llegaron casi en paralelo a las seis de la tarde a la plancha del Zócalo.
También llamó la atención que el mensaje final de este primer mitin del año por Ayotzinapa no estuvo dirigido al gobierno federal ni a la sociedad civil, sino a los estudiantes desaparecidos, a quienes una voz potenciada por la furia y replicada en un eco por la potencia del micrófono dijo: “Te amo, hijo, no pienses que tu madre no te está buscando porque aquí estaré hasta las últimas consecuencias”.
Delante de una multitud de 15 mil personas (según las autoridades capitalinas), las madres y padres advirtieron que no habrá elecciones en Guerrero en junio próximo, que tienen información de que los militares participaron en la desaparición de sus hijos, y que no desistirán en su exigencia de justicia.
Al filo de las ocho de la noche, las familias regresaron a sus autobuses (donde pasarían la noche) para dirigirse a la Normal de Ayotzinapa, que –como dijeron los normalistas antes de irse– “es cuna de la conciencia social, e incansable aguarda a sus estudiantes”.
Visita nuestra galería fotográfica "Madres de los normalistas desaparecidos encabezan la Octava Acción Global por Ayotzinapa"
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Visita el reportaje audiovisual: "Justicia. Madres Ayotzinapa"
Consulta nuestra cobertura informativa Caravana de madres de Ayotzinapa
“Si consigo impedir que un corazón se rompa, no habré vivido en vano”
Emily Dickinson (1830-1886)
“Queridas amigas, quiero que sepan que tengo un problema en el corazón y me operan a principios de febrero, es algo que ya tenía desde hace algunos años, sin embargo, se ha recrudecido y la única forma de arreglarlo es haciéndome una cirugía a corazón abierto…”
Palabras más, palabras menos, en eso consistió el mensaje de una de mis amigas con quien estudié la carrera de Psicología y que compartió con nuestro grupo de amigas con quienes me reúno a desayunar cada mes desde hace más de 25 años.
Después de la noticia, un gran silencio inundó el ambiente, después empezaron las preguntas y comentarios de todas nosotras: ¿Por qué si eres muy sana?, además haces mucho ejercicio desde hace años, y cuidas mucho tu alimentación, eres la más joven del grupo…
Realmente no entendíamos, estábamos impactadas con la noticia y lo único que atinamos a hacer fue reiterarle lo importante que es para nosotras y lo mucho que la queremos.
Han pasado ya tres semanas desde la noticia y hasta el día de hoy sigo en proceso de asimilación, creo que una buena manera de hacerlo ha sido no quedándome paralizada con la inquietud que despertó en mi tan impactante noticia.
Llegaron a mí preguntas como: ¿Qué pasa con el corazón de las mujeres? ¿No se supone que son los hombres quienes se enferman más del corazón?
Empecé a investigar sobre el tema y algo de lo que encontré aquí lo comparto para que tengamos las mujeres un foco de alerta en cuanto al cuidado de nuestra salud integral.
Resulta que aunque las enfermedades del corazón las puede padecer cualquiera, la realidad es que hasta hace algunos años eran más los hombres quienes las padecían.
De hecho se cree que las mujeres no desarrollamos tan pronto alguna enfermedad cardiaca gracias a los estrógenos, y es cuando baja nuestro nivel estrogénico con la menopausia que el riesgo de padecer alguna afección del corazón se eleva.
Otro factor que juega un papel determinante en la posibilidad de que una enfermedad del corazón se desarrolle en una mujer es el estrés, que muchas veces contribuye a que se desarrolle una enfermedad llamada Cardiomiopatía Takotsubo o el “Síndrome del corazón roto”.
Este trastorno se caracteriza por un alargamiento y debilitamiento del músculo cardiaco, que a menudo se desencadena por estrés físico o emocional extremo. Por ejemplo: ante una situación de angustia por la economía familiar, haber estado en un accidente, o la pérdida de una hija, un hijo o la pareja.
Durante un estudio realizado en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, a 534 pacientes con alguna enfermedad cardiaca coronaria estable, que consistió en realizarles una prueba de estrés mental, que además incluía recordar algún acontecimiento vital estresante y hablar sobre el mismo.
La prueba de imagenología nuclear mostró que las mujeres de 55 años y menores sufrían una reducción del flujo sanguíneo en el corazón que era tres veces mayor que en los hombres de la misma edad, y las mujeres de 56 a 64 años experimentaban una reducción del flujo sanguíneo coronario que era el doble que la de los hombres de la misma edad.
De lo que se deduce que el estrés emocional afecta más a las mujeres jóvenes y de mediana edad que a los hombres incluso con enfermedades cardiacas.
Según la doctora Viola Vaccarino, presidenta de Investigación Cardiovascular y Epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Emory: “Las mujeres que desarrollan una enfermedad cardiaca a una edad más joven son un grupo especial de alto riesgo porque son vulnerables al estrés emocional de forma desproporcionada”.
Es éste, un riesgo más que enfrentamos las mujeres por el mandato social que hace que muchas mujeres jóvenes y de mediana edad enfrenten niveles considerables de estrés en su vida diaria cuando se encargan casi al mismo tiempo del cuidado de las hijas e hijos, de su matrimonio, del trabajo dentro y fuera de casa, sumado en muchas ocasiones al cuidado de sus padres cuando empiezan a envejecer.
Es por todo esto que el personal médico debe ser consciente de que las mujeres jóvenes y de mediana edad son especialmente vulnerables al estrés, y tomar en cuenta para la historia clínica realizar preguntas sobre el nivel de estrés psicológico de cada mujer porque generalmente tiende a obviarse, y por tanto a no tomarlo como elemento importante que contribuye a generar diferentes padecimientos, que ya abordaré en otros artículos.
Como sugerencia, me parece de suma importancia, por un lado, que la o el especialista en cardiología esté al pendiente de si su paciente sufre un estrés psicológico o está deprimida, y aconsejarle para que obtenga la ayuda o el respaldo necesario por parte de profesionales de la salud mental y emocional.
Y por otro, es vital que las mujeres tomemos conciencia de los efectos en nuestra salud física por causa del estrés y busquemos iniciar procesos de terapia para que contemos con eso a lo que he llamado una “válvula de escape emocional”, para evitar convertirnos en una especie de “olla de presión” y enfermarnos del “Síndrome del corazón roto” y no necesariamente por una decepción amorosa.
*Psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género y directora del Centro de Salud Mental y Género.
15/ABL/RMB
“Detrás de todo derecho hay un Estado que lo garantiza. Y detrás de todo derecho trunco hay un Estado que no llega a tornarlo efectivo”
Este año es electoral, así nada más, electoral. En México la democracia es incipiente, vivimos una constante búsqueda de algunos actores y actoras sociales de la construcción de esa democracia para alcanzar una movilización que garantice la participación democrática por alguna de sus vías, pero esto no es posible por el largo puente que muchos sectores de la sociedad aún tienen que recorrer para acercarse a ejercer la ciudadanía plena, entre ellos por supuesto las mujeres.
Quizá ahí está la respuesta a la pregunta con la que titulo este artículo. Quizá es precisamente ese estado de “infancia” o “inmadurez” política que prevalece en el electorado mexicano, pero también en la imposibilidad del ejercicio de la ciudadanía en al menos el 50 por ciento de la población (mujeres), pero también en otros sectores que dadas las condiciones sociales de México, no es posible hablar de democracia de ciudadanía, simplemente no hay un ejercicio de la ciudadanía plena.
No solamente hablamos de las mujeres por el largo camino hacia el acceso a la justicia, a la participación política a través del voto y como sujetas elegibles, tenemos que reconocer y mirar hacia los grupos de migrantes, personas con discapacidad, desplazadas, y en general una sociedad integrada por personas, pero que ejercen apenas el 10 o 15 por ciento de sus posibilidades de ciudadanía, porque sus prioridades y capacidades están centradas en la subsistencia.
Si a eso le sumamos un gobierno federal ocupado en utilizar y destinar recursos para la distribución de televisores, en vez de implementar estrategias de participación y organización ciudadana que realmente posibiliten la intervención en la creación de una democracia de y desde la ciudadanía, encontramos la respuesta de por qué surten efectos todos los millones de pesos que derrochan los partidos políticos en comerciales con costos estratosféricos, que van a una sola bolsa de las grandes cadenas de televisión comercial.
Cuando en su campaña electoral Vicente Fox dijo que resolvería el problema de Chiapas en 15 minutos, la población mexicana eligió creer eso y también que representaba una opción para algunas personas.
Así hoy día, a unos meses de que se realicen las elecciones para el relevo de alcaldías, diputaciones locales, juntas municipales, diputaciones federales y algunas gubernaturas, como la del estado de Campeche, la expectativa de algunos sectores poco interesados en generar participación democrática ciudadana es mantener una gran masa alienada.
Habrá por supuesto personas que acudan a votar con la consciencia de lo que representa ese ejercicio ciudadano, pero en su mayoría, y precisamente por esa “inmadurez” ciudadana que persiste en México, una gran masa acudirá sugestionada y movida por las millonarias campañas que son prácticamente basura electoral.
También hay y desde ahora una intención de voto nulo, voto que indique y hable, ése será sin duda el más consciente, porque ejerce el derecho a votar y lo hace desde la protesta, la inconformidad, la reflexión y la búsqueda.
Otra porción elegirá el abstencionismo. Esa también es una forma de decir, pero es la más pasiva y la que ha acompañado las victorias hegemónicas históricas de algunos partidos, algunos personajes de los partidos.
Y en medio de todas estas opciones queda la pregunta de ¿por qué elegimos creer? Por qué si los resultados de los personajes en los cargos de elección popular no han logrado transformar, ni modificar, ni muestran interés en escuchar a la ciudadanía, por qué si los diarios están llenos de notas de corrupción, enriquecimiento ilícito, millonarias mansiones, contratos fraudulentos, autos costosísimos, ¿por qué hay población que elige creer?
Por qué si la realidad económica, política, social y las desigualdades siguen aumentando, si es el Estado quien ha cometido a través de sus instituciones –Ejército, Policía, Marina, Hospitales– las más graves violaciones a los Derechos Humanos, por qué los mexicanos eligen volver a votar por la misma clase política que no muestra interés en cambiar sus formas, sus prácticas y sus vicios.
Entre los temas de interés para los estudios, el del abstencionismo y el voto nulo representan temas fundamentales, pero a mí me parece aún más sorprendente que con el contexto social que tiene México, aún haya personas que elijan creer; eso es lo verdaderamente sorprendente.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio del Feminicidio en Campeche.
15/AC/RMB
Anoche en “la noche temática” de La 2 pasaron un documental llamado “Guarderías nazis”. Ni qué decir tiene que este programa de Himmler fue una barbaridad más de las que se le ocurrieron a este siniestro personaje.
Dicho programa fue denominado LEBENSBORN (en alemán “fuente de vida”) y surgió en 1935 con el objetivo de expandir la raza aria por toda Europa.
Se abrieron guarderías en las que se atendía a mujeres consideradas “racialmente puras” y se animó a los oficiales de la siniestra SS a tener todos los hijos que pudieran tanto dentro como fuera del matrimonio. Había que repoblar Europa y había que hacerlo con criaturas perfectas que cumplieran la estricta política racial nazi.
Como consecuencia del visionado de dichas barbaridades que no se descubrieron hasta la entrada del ejército aliado, repensé el tema de las maternidades como elemento político y de sumisión, una vez más, de las mujeres a una función meramente reproductora.
Desde que tengo memoria escuché que el objetivo último de una mujer era la maternidad para sentirse y ser completa. No hace mucho, el ex ministro de Justicia español Alberto Ruiz-Gallardón tampoco tuvo empacho en volver a recordárnoslo.
Afortunadamente las cosas van cambiando y en algunos lugares del mundo y algunas afortunadas podemos elegir entre ser o no madres, y ello nos lleva a valorar esa libertad de elección como un derecho intocable, y por el que nos hemos movilizado para parar la retrógrada reforma del aborto que pretendía impulsar Gallardón y que le costó el puesto de ministro.
Pero no podemos olvidar lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como Palestina o Israel, donde las maternidades forman parte de las estrategias políticas.
En el caso de Israel, esas maternidades subvencionadas forman parte de la estrategia de aumentar el número de población y justificar los asentamientos ilegales y sus políticas de anexión territorial ilegal, y para ello no dudan en fomentar las familias numerosas a toda costa.
En el caso de las mujeres palestinas, tienen integrado en su construcción subjetiva que ese tipo de maternidades numerosas forma parte de la lucha contra Israel que, al conocerlo, no duda en atacar y asesinar a criaturas en cada una de sus criminales ofensivas.
Para las mujeres palestinas mantener la distancia demográfica con Israel es esencial, del mismo modo que lo es dar hombres para mantener la capacidad de lucha. Por ello y para ellas, la lucha contra el Estado ocupante llega hasta sus propios vientres y su propia salud sexual y reproductiva. Es, en definitiva, un deber patriótico.
El capitalismo feroz necesita brazos y más brazos, pese a las nuevas tecnologías, para aumentar los beneficios de quienes gobiernan el mundo. Y eso significa maternidades organizadas para tener mano de obra de repuesto.
Si al capitalismo les sumamos los dogmas religiosos en los que “los hijos los manda Dios”, y por tanto no podemos elegir si queremos o no ser madres, nos encontraremos con todo un sistema simbólico creado a la perfección por el patriarcado para arrebatarnos a las mujeres nuestra condición de seres completos y, de este modo, convertirnos es meros seres destinados a la reproducción.
Pero vamos a otras partes del mundo donde además modifican a través de mutilaciones genitales el cuerpo de las mujeres con el objetivo último de negarles placer y provocarles más dolor y sufrimiento en los momentos de los partos que se ven abocadas a sufrir.
Estas mujeres siguen siendo culturalmente depósitos en donde engendrar y parir nuevas criaturas para unos hombres que imponen unas condiciones de vida terribles y unos dogmas religiosos sangrientos sin ningún tipo de freno para con quienes son consideradas como inferiores, destinadas a trabajar infatigablemente de sol a sol y a parir para dar más hijos a esos hombres terribles.
Y seguimos con el tema en los conflictos armados en los que la violación es considerada como un arma de guerra y las mujeres embarazadas son obligadas a llevar a término la gestación resultante de las violaciones, para humillar al enemigo, a quien han robado y violado a sus mujeres que parirán hijas e hijos del violador.
El futuro, tanto de esas mujeres como de su descendencia, seguramente será terrible, puesto que se verán rechazadas por todo el mundo sin haber sido culpables de nada. De nuevo aparece la maternidad como arma de guerra, como estrategia política de dominación. De nuevo el cuerpo de las mujeres utilizado como receptáculo donde gestar sólo para dominar.
Cuando tomas consciencia política de este tema y percibes que en demasiadas ocasiones, en las que no necesariamente hay que salir de Europa para comprobar lo que digo, puesto que las grandes religiones no han cambiado un ápice sus dogmas en este sentido, creo que el mayor favor que podemos hacernos las mujeres es, a través de la apropiación de nuestros cuerpos, ser conscientes de que la opción de la maternidad es eso: una opción personal o un proyecto de pareja, pero nada más que eso.
Algunas, entre las que me incluyo, decidimos no ser madres hace muchos años. Y esta opción es tan legítima como las otras. Afortunadamente pudimos elegir conscientemente y desde nuestra visión política nuestra opción.
Me siento una mujer plena sin necesidad de haber sido madre. Mi opción, al igual que la opción de cualquier mujer de ser o no madre, nos hace igual de libres y completas que cualquier hombre. No puede existir una verdadera democracia sin el derecho pleno a decidir.
De ahí que los sectores más conservadores y reaccionarios necesiten cuestionar ese derecho y buscar elementos para reprimirlo.
Necesitan poder dominar el cuerpo de las mujeres políticamente para dar brazos al capitalismo, siervos y adoradores de dioses inventados, mantener conflictos armados, pero sobre todo mantener dominadas a las mujeres a través de cualquier recurso capaz de impedir su igualdad y equidad con respecto a los hombres.
Y para ello se sirven incluso hoy en día y en los tiempos en que vivimos, de instrumentos como la inexistencia de conciliación entre vida personal, familiar y laboral manteniendo la responsabilidad históricamente impuesta de los cuidados de personas mayores, menores y dependientes.
En el orden simbólico de las sociedades, de todas ellas, sigue siendo necesaria la idea de una reproducción conforme a los dictados patriarcales. Y eso lo sabemos bien las mujeres.
Por eso estoy convencida que mi mejor aportación en la lucha contra el patriarcado ha sido precisamente esa, negarme a ser madre. Negarme a dar más brazos al capitalismo y al ejército, más siervos a una Iglesia misógina que no contempla la posibilidad de considerarme un ser completo y totalmente libre y con voz propia tenga o no tenga hijos.
Negarme a dejar que mi vientre sea una máquina donde se reproduzcan las ideas de desigualdad que pregona el patriarcado. Negar mi aportación a una sociedad en la que nacer mujer sigue siendo un estigma incluso hoy en día en demasiados lugares del mundo.
En estos días en los que el embarazo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha convertido en un arma política arrojadiza, comprobamos de nuevo cómo la función reproductora de las mujeres es utilizada políticamente en función de intereses no siempre confesables, olvidando que la decisión de ser madres es una opción libremente elegida y de la que cuando existe libertad, como es el caso, es tomada conscientemente del tipo de vida que se lleva por parte de la pareja o de la madre soltera.
Nadie debe juzgar su capacidad de trabajo en función de si es o no madre, puesto que no se hace con los políticos hombres. No deja de ser un ejemplo más de que ni todas las maternidades son iguales ni estamos en una sociedad verdaderamente democrática donde elegir sin más consecuencias sociales sea una praxis aceptada a todos los niveles.
Así las cosas comprobamos, de nuevo, que incluso en sociedades autodenominadas modernas como la nuestra, el patriarcado sigue estando presente y haciendo de las decisiones de ser o no madres una de sus piedras angulares más importantes.
Quizás Lisístrata tenía razón…
[email protected]
*Corresponsal en España. Periodista de Ontiyent.
15/TMC/RMB
¿Por qué hay quienes se resisten tanto a la igualdad?, pregunté un día. Y un hombre sabio me contestó: “Porque la igualdad supone la cancelación de privilegios”. En Nuevo León hay un botón de muestra.
Este año electoral inicia en nuestro país con novedades. Una reforma constitucional (al artículo 41) que norma la paridad; leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, con mandatos sobre paridad.
Una institución encargada de organizar las elecciones (Instituto Nacional Electoral), con algunas nuevas atribuciones, entre ellas, nombrar autoridades de los órganos locales, cosa que empezó a realizar bajo el principio de paridad.
Lo que no es novedoso son las resistencias, la oposición a la igualdad entre mujeres y hombres. Esa no ha variado desde el siglo XVII, en que comenzó a hablarse de igualdad. Muchos filósofos de la Ilustración no tuvieron ningún empacho en proclamar la igualdad como valor universal y, acto seguido, excluir a las mujeres. Pues haga de cuenta.
La muestra está en Nuevo León y la encabeza el Partido Acción Nacional (PAN), que a fines del año pasado recibió sentencia contraria por su simulación de paridad (en Jalisco emitió convocatoria para diputaciones locales y, aunque reservó la mitad de sus espacios para las mujeres, las ubicó sobre todo en distritos donde no ha obtenido triunfos).
En la resistencia a la paridad en Nuevo León le acompañan los partidos Verde Ecologista y del Trabajo.
Estos tres impugnaron una decisión de la Comisión Estatal Electoral (CEE), que acordó medidas para garantizar la postulación de mujeres en distritos ganadores, la alternancia de género en las planillas para ayuntamientos, y privilegiar a mujeres en las listas por el principio de representación proporcional (un principio que puede garantizar la paridad en los hechos).
Y en el colmo de una decisión contraria a los derechos de las mujeres, el Tribunal Electoral de Nuevo León decidió proteger los privilegios de los partidos.
Emitió una sentencia (J1-015/2014 y acumulados) en la que parece decirle al CEE: ustedes no deben tomar medidas que garanticen los derechos de las mujeres. Lo que deben hacer es esperar a que los partidos atropellen esos derechos; y cuando lo hagan, pedirles que dejen de atropellarlos; y si no hacen caso, esperar a que alguien impugne para tomar cartas en el asunto.
Ya en el siglo XVII Poulain de la Barre, filósofo que abogó por la igualdad, sostenía que el prejuicio está arraigado en intereses, configura actitudes, troquela conductas y determina ofuscaciones (Cazés, Daniel, “El feminismo en la obra de François Poulain de la Barre”).
Ante tal sentencia, María Elena Chapa, destacada política mexicana cuya trayectoria la ubica en primera fila en las causas de la igualdad, encabezó las impugnaciones a este fallo, en una lista de 37 ciudadanas y ciudadanos de distintas filiaciones políticas.
Es muy probable que la sentencia sea revocada en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados del Tribunal Estatal y los representantes de los partidos lo saben. ¿Por qué, entonces, afanarse en ir contra los derechos de las mujeres?
Porque están dispuestos a defender sus privilegios tanto como puedan. Porque, como sus ancestros de la Ilustración, son incluyentes en el discurso y excluyentes en la práctica.
Conviene recordarles que, en esa misma época y precisamente para exigir la inclusión de las mujeres en el principio de igualdad, nació el feminismo. Y esas son nuestras ancestras.
La meta se llama paridad. Sin simulaciones. Y no hay marcha atrás.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
15/CLU/RMB
Acusada de “secuestradora” en un proceso con supuestas motivaciones políticas, Nestora Salgado –activista contra la inseguridad en Guerrero– podría seguir en prisión.
Originaria de Olinalá, Guerrero, a los 19 años de edad Nestora Salgado emigró a Estados Unidos, donde trabajó de pastelera, mesera y en labores de limpieza; 10 años más tarde, ya con la ciudadanía norteamericana, regresó a México.
Al volver, Nestora se encontró con un municipio marcado por la pobreza y la delincuencia. El hartazgo social hizo que el 27 de octubre de 2012 cientos de pobladores se reunieran en la plaza principal de Olinalá para organizarse y tomar acciones.
Nestora acudió al llamado. Su vecino, un joven comerciante, había sido secuestrado y al parecer no era el primer caso. Según testimonios, la mujer tomó la palabra y convocó a sus vecinos a defender su seguridad. Al escucharla, el pueblo decidió crear su propia policía y nombrarla comandanta.
El 25 de marzo de 2013, inspirados por las experiencias exitosas de otros pueblos indígenas integrados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), el pueblo de Olinalá se sumó a esta organización.
La incipiente agrupación policiaca obtuvo así el respaldo legal, porque en Guerrero los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701, que garantiza los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.
Cruz Morales Reyes, comandante regional de la Policía Comunitaria, explica que el sistema que se implementó implicó la participación de toda la comunidad, ya que se organizan asambleas en las que se nombran a los consejeros.
Los consejeros son quienes dictan la sentencia o el castigo a las personas que han cometido una infracción. En caso de ser delitos menores reciben una llamada de atención, pero si son faltas más graves son llevadas a la Casa de Justicia (separos) para un proceso de reeducación.
El objetivo, abunda Morales Reyes, es que “los retenidos entiendan que han cometido una infracción, que acepten que lo que hacen no está bien; ellos reciben pláticas a diario y tienen que trabajar; allí no hay que si tienen o no dinero”.
Cuauhtémoc Ruiz, coordinador del Comité Nestora Libre, ha señalado que con la Policía Comunitaria los crímenes de alto impacto se redujeron en 90 por ciento en Olinalá.
REPRESIÓN
El 21 de agosto de 2013, elementos del Ejército, Marina y policía estatal a bordo de tanquetas, camionetas hummers y un helicóptero llegaron a la zona de La Montaña, y detuvieron a Nestora, acusada de “secuestro y delincuencia organizada”.
Los hechos ocurrieron luego de que la Policía Comunitaria detuvo al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, por presunto abigeato (robo de ganado) y por supuestamente haber encubierto el asesinato de dos ganaderos de la región.
Desde entonces, ella lleva 18 meses presa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit, sin que hasta ahora haya claridad en el proceso legal.
Su defensa la llevaba la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, EU, y el despacho Gómez Mont, pero apenas esta semana Cleotilde Salgado, hermana de la comandanta, anunció que el caso lo tomaría un nuevo abogado.
En marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada en modalidad de secuestro, que le había sido dictado a la defensora.
Sin embargo, aún es procesada por los mismos delitos –derivadas de otras denuncias– ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, bajo la causa penal 5/20145/2014-I; en el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, bajo las causas penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II; y en el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, con la causa penal 191/2013-I.
Diputados federales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, incluso el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, piden la liberación de Nestora con el argumento de que se trata de una “presa política”.
El pasado 8 de enero, el gobernador interino hizo pública la solicitud que hizo al fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, para que se desista de la acción penal contra la líder comunitaria.
DESPRESTIGIO
En contraste, Isabel Miranda de Wallace, dirigente de Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, director de México SOS, la acusan de ser una “peligrosa secuestradora” y “una narcoguerrillera” que debe estar en prisión.
Ambos activistas señalan que la mejor prueba de que Nestora es una “delincuente” son las víctimas, entre ellas Dulce Rubí Burgos Pérez y Betzabé Rubí Baltazar Sosa, quienes al parecer fueron retenidas por la Policía Comunitaria y luego denunciaron a la comandanta por “secuestro”.
Francisco Flores Jiménez, joven que estuvo en la Casa de Justicia al igual que ambas jóvenes, asegura que ellas no fueron secuestradas, porque al igual que él llegaron a ese lugar con el consentimiento de sus padres y no se pidió rescate por ellas.
“La señora Nestora siempre nos trató de una manera… que hay que valorizar las cosas, el trabajo”, aclara. Además afirma que los dejaban salir a la calle y llamar a sus familias, y sólo se les pedía hacer la limpieza y estar en las pláticas que les impartían.
Además de la campaña de desprestigio, la hija de la comandanta, Saira –la única que ha podido visitar a su madre en el penal de Tepic– fue amenazada de muerte vía telefónica en octubre de 2014, y además se le exigió dinero para evitar “la cacería” de policías comunitarios.
Este mes de enero Saira recibió otra llamada en la que un desconocido le dijo que por “su seguridad” Nestora debía seguir presa.
Sobre el proceso contra la mujer, Cleotilde Salgado asegura que es un “caso político” porque el gobernador con licencia, Ángel Aguirre, apoyó el surgimiento de la Policía Comunitaria y ahora han puesto todo en contra de Nestora.
“Ellos mismos saben que es mentira todo lo que están diciendo; incluso cuando el pueblo se levantó en armas estuvo el señor (Ángel) Aguirre en Olinalá, hizo una reunión y nombró a Nestora como responsable de la seguridad de Olinalá”, recuerda Cleotilde.
15/AGM/RMB