La familia de la ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, estado de Guerrero, Nestora Salgado García, pidió al Gobierno del Distrito Federal (GDF) que permita la comunicación con la activista una vez que llegue al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan, al sur de esta ciudad, procedente del Centro Federal Femenil del Noroeste en Tepic, Nayarit.
Hasta el cierre de esta edición, Cleotilde Salgado realizaba gestiones en una oficina del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la delegación Cuauhtémoc en esta capital, para que se le permitiera hablar con su hermana Nestora.
Desde las siete de la mañana Cleotilde y su familia –junto con una veintena de simpatizantes– colocaron en las afueras de esa oficina mantas y cartulinas para exigir la libertad de Nestora y otros policías comunitarios.
Lo anterior luego de conocer que esta madrugada el Juzgado Décimo Segundo en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal ordenó el inmediato traslado de la ex comandanta desde el penal de Tepic a Tepepan.
Las y los manifestantes aseguraron que permanecerán en el lugar hasta que tengan noticias de que Nestora llegó a la torre médica de Tepepan, donde será recluida mientras continúa su proceso legal acusada de secuestro.
Al respecto, Omar Javier Santillán Cervantes, secretario particular del director de la Dirección General de Reclusorios del DF, atendió a las y los inconformes y dijo a Cletotilde que el avión que trasladaba a Nestora aterrizó en Cuernavaca, Morelos, debido a las condiciones climatológicas en la capital del país.
Asimismo, explicó que el traslado de la activista continuaría por carretera, y que ella era acompañada por un médico que vigilaba su estado de salud. Cabe decir que hasta hoy Nestora cumplió 25 días en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, y las irregularidades del proceso en el que se le acusó de secuestro.
A su vez, Israel de Rosas Gazano, director general de Concertación Política del GDF, tuvo una comunicación telefónica con Cleotilde, quien le pidió que le ayudara a gestionar una llamada con su hermana, lo cual estaba en trámite de realizarse.
Ahora lo que más preocupa a la familia de Nestora es la vida de la ex comandanta y por ello analiza la posibilidad de trasladarse a Tepepan para poder verla, porque, dijeron los familiares, no confían en las autoridades al no mantenerlos informados del traslado.
Esta madrugada, el Juzgado Décimo Segundo en Materia de Amparo Penal en el DF ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación el traslado inmediato de Nestora Salgado.
La resolución judicial fue en respuesta a un amparo presentado por la defensa de la ex comandanta de la PC, para pedir que se diera atención médica y se preservara la vida e integridad de Nestora, quien ya estaba muy deteriorada de salud debido a la huelga de hambre, y por una neuropatía en las cervicales que le adormece las extremidades.
15/AGM/RMB
mayo 2015
Pese a las campañas y llamados internacionales que piden al gobierno salvadoreño garantizar la vida y salud de la población femenina con la legalización de las causales de aborto, en el país centroamericano las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de forma involuntaria– siguen siendo criminalizadas, e incluso condenadas a 30 años de prisión.
Ante esa realidad, que se agrava con la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la alta tasa de embarazos en adolescentes y la poca denuncia de los delitos de violación sexual, el movimiento feminista en El Salvador ha asumido un compromiso con las mujeres en medio de un contexto adverso contra quienes defienden los Derechos Humanos (DH).
Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, conversó con Cimacnoticias sobre el difícil proceso que han emprendido las activistas para defender los DH de las mujeres, en una nación que desde 1998 penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra hospitalarios o problemas obstétricos, y no contaron con la asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas por el delito de homicidio agravado.
Rivas Monge contó que antes de que fuera modificado el Código Penal en 1997 (reforma que entró en vigor al año siguiente) se permitía que las mujeres interrumpieran su embarazo en caso de violación sexual, peligro para la vida de la mujer, o en caso de que el producto presentara malformaciones incompatibles con la vida.
Sin embargo, no existía un procedimiento claro para acceder a esas causales. “Por ejemplo en el caso de violación, se exigía que el agresor ya estuviera en prisión, (pero) para cuando eso pasaba, el embarazo ya estaba muy avanzado”, dijo la activista.
Por ello, durante el proceso de reforma al Código Penal nacional, el movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados para acceder a las causales.
“Fuimos amenazadas con ser denunciadas del delito de ‘instigación y ayuda al aborto’, que se penaliza hasta con cinco años de prisión, y finalmente perdimos la batalla ante la jerarquía católica y conservadora que buscaba la prohibición total del aborto”, recordó Angélica María Rivas.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la defensora–, se agudizó el contexto de criminalización contra las mujeres que interrumpen su embarazo.
En 2009 la prensa estadounidense retomó el caso de Karina, quien había sido procesada en un inicio por aborto y fue condenada por homicidio agravado. La Agrupación Ciudadana decidió buscar a esta salvadoreña y representarla legalmente hasta que recobrara su libertad.
Rivas Monge contó que la Agrupación Ciudadana tuvo un acercamiento con el Centro Las Libres –organización guanajuatense con sede en el estado de Guanajuato–, que ya había logrado el excarcelamiento de mexicanas que también habían sido criminalizadas por abortar. “Pudimos reunirnos con ellas y empaparnos de su experiencia”, destacó.
A raíz de una investigación realizada por la organización salvadoreña se detectó que de 2000 a 2011, un total de 129 mujeres habían sido procesadas por aborto, y más de 20 estaban privadas de su libertad.
Tras revisar los casos, se decidió presentar en abril de 2014 una solicitud de indulto para 17 mujeres a la Asamblea Legislativa de El Salvador, basada en la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
De acuerdo con la especialista, no se debe confundir con “perdón”, ya que a nivel jurídico dicho recurso se concede por razones de justicia y equidad.
En ese sentido, la organización argumentó la solicitud con base en la inocencia de las mujeres, “pues ellas fueron víctimas de un sistema de criminalización y debían ser indultadas por razones de justicia, equidad y Derechos Humanos”.
A más de un año de iniciada la campaña “Libertad para las 17”, (acogida por organizaciones internacionales), 15 de ellas siguen en prisión luego de que una cumpliera su condena de 12 años de cárcel y fuera puesta en libertad, y en enero de este año se otorgara el indulto a Guadalupe.
Aunque no han sido notificadas oficialmente, se sabe que la Asamblea Legislativa negó el indulto a las otras 15 mujeres, pero aún se desconocen las razones de la negativa.
En tanto, la criminalización no ha cesado y de 2011 a la fecha la organización ha identificado 10 casos más de mujeres procesadas inicialmente por aborto, pero condenadas por delitos más graves, el caso más reciente se dio hace un mes.
De ese total, la Agrupación representa legalmente a seis mujeres, además de las 15 que aún están en reclusión.
“Nuestra campaña por la libertad de estas mujeres continúa, estamos buscando otras estrategias para demostrar su inocencia y obtener su libertad; tenemos un compromiso con ellas y con sus familias que seguiremos honrando”, refrendó Rivas Monge.
La también abogada sostuvo que a raíz de la campaña se ha presionado al Estado salvadoreño para sostener un diálogo al respecto (incluso Naciones Unidas ha ofrecido ayuda para orientar al gobierno en el proceso), pero no ha accedido a ello.
“No estamos hablando únicamente de aborto, sino de otras garantías a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, dijo. Puso como ejemplo que aproximadamente el 33 por ciento de los partos a nivel nacional corresponden a adolescentes, y aunque no hay cifras exactas, un alto número de esos embarazos fueron producto de violación.
A lo que se suma que el Ministerio de Salud salvadoreño no genera bases de datos y estadísticas sobre interrupciones del embarazo o muertes maternas por abortos inseguros. “Es como si en El Salvador el aborto no existiera, pero sabemos que no es así y que muchas mujeres continúan arriesgando su vida para interrumpir su embarazo”, alertó la feminista.
Angélica Rivas llamó a las organizaciones civiles de América a voltear la vista a El Salvador, y evidenciar la necesidad de que el gobierno dialogue con todos los sectores de la población a fin de que se respeten los derechos de todas las mujeres.
15/AZM/RMB
Reportaje – PGJ de Chiapas niega anomalías en acusaciones contra migrantes
El gobierno de Chiapas no ha realizado ninguna operación que impacte en las redes internacionales de trata de personas, reconoció Rafael Martínez Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).
En entrevista, el funcionario explicó que los operativos realizados se originan por denuncias de taxistas inscritos en el programa gubernamental “Taxista vigilante”, por policías municipales y en su mayoría derivadas de denuncias ciudadanas anónimas.
“¿Labores de investigación de alto impacto? Sólo si la policía científica federal las realiza, porque la Fiscalía no tiene suficiente personal”, justificó Martínez Ruiz.
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso en sus juicios, el fiscal especial respondió que ni en los operativos, ni en los procesos “hay error”. Para él estos planteamientos sólo son “argucias de los abogados de la defensa. Son argumentos ficticios”.
Y cuando las presuntas víctimas se retractan “es porque tienen el ‘síndrome de Estocolmo’, porque no se dan cuenta que están siendo explotadas”, sostuvo.
El fiscal reiteró que aunque las “migrantes víctimas” sean repatriadas a las pocas horas o días de ser “rescatadas”, y no ratifiquen lo que el Ministerio Público presenta como declaraciones contra presuntas tratantes, el proceso penal contra las detenidas continúa con la Fiscalía como acusador, “porque es un delito grave que se persigue de oficio”.
La Fiscalía contra la Trata, abundó, es constantemente capacitada por personal de la embajada de Estados Unidos y agencias de la ONU.
INTERVIENE NACIONES UNIDAS
En entrevista al respecto, Antonio L. Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México –organismo asesor en el plan antitrata del gobierno de Chiapas–, se comprometió a que la instancia a su cargo revisará los casos que han llegado ante un juez, “para entender si nuestra evaluación del proceso y compromiso del gobierno chiapaneco es real y sustentable”.
También sostuvo que “una política migratoria menos penalizante para el migrante irregular tendría un impacto positivo en la ruptura de determinados mecanismos relacionados con la trata”.
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso en sus juicios, Mazzitelli reconoció que la UNODC no ha analizado de fondo los expedientes de los casos que se han judicializado. Sin embargo, aclaró, no se puede menospreciar lo que el gobierno de Chiapas ha hecho para combatir el delito de trata.
Desde hace dos años, la UNODC asesora los protocolos de atención a víctimas y el abordaje para la persecución y la investigación sobre el delito de trata de personas en Chiapas.
De entonces a la fecha, consideró Mazzitelli, el desempeño que Chiapas y sus autoridades han tenido en el combate a la trata de personas se pude medir en la cantidad de personas acusadas que se han llevado a juicio, la asistencia a las víctimas, y la persecución de los presuntos traficantes.
“No lo digo sólo yo; nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la asistencia a las víctimas, y siempre nos han hablado bien de lo que se está haciendo en Chiapas, comparado con otros estados de la Federación. Esto no quiere descartar que haya otras realidades que hay que investigar y perseguir”.
REPARACIÓN DEL DAÑO
Al cierre de este reportaje, la PGJ de Chiapas anunció que en una operación conjunta en la que participaron policías estatales, federales y municipales, se “rescató” a 39 víctimas de trata, que se encontraban en bares y cantinas del municipio de Motozintla, en la región de la sierra colindante con la frontera guatemalteca.
La PGJ presentó a seis personas detenidas, entre ellas cuatro mujeres migrantes originarias de Honduras, quienes, dijo, “fungían como encargados de los establecimientos, por lo que serán consignados para que enfrenten el proceso penal en su contra por el delito de trata de personas”.
El pasado 17 de mayo las mujeres acusadas de trata, Karen Vallecillo Castro, Denia Elizabeth Santos y Santa María Rosales, iniciaron en el penal femenil de la fronteriza ciudad de Tapachula, un ayuno indefinido para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión de sus casos.
Una semana después fueron liberadas. Tras cuatro, tres y dos años en prisión, el juez les concedió la “libertad absolutoria”. Las tres mujeres exigen ahora al Estado mexicano la reparación del daño moral, físico y psicológico, incluyendo el reconocimiento público de que fueron injustamente encarceladas.
Demandan la implementación de garantías de no repetición por parte del Estado para que se respeten los Derechos Humanos de las personas migrantes en México sin importar su condición migratoria.
Más de 30 mujeres migrantes centroamericanas siguen presas acusadas del delito de trata de personas.
*Este trabajo forma parte del proyecto “En el Camino”, realizado por la Red de Periodistas de a Pie, con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.
15/AM/RMB
Confían se logren acuerdos a favor de movimiento jornalero
El gobernador de Baja California (BC), Francisco Vega de Lamadrid, esperó hasta el último día del plazo acordado para reunirse con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, con quienes tratará demandas de infraestructura que tienen más de 10 años de rezago, así como la construcción del hospital de especialidades y guarderías para las jornaleras.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza, dijo vía telefónica a Cimacnoticias que el subsecretario de Gobierno de BC, Pablo Alejo López Núñez, se comunicó el pasado 27 de mayo con él para informarle sobre el cumplimiento del último punto de los 13 acuerdos que firmaron conjuntamente (en presencia de legisladores y autoridades federales) el pasado 14 de mayo.
En este último acuerdo se especifica que el gobernador deberá reunirse con las y los jornaleros antes de que concluya este mes de mayo para tratar problemáticas locales.
Lo que Sánchez Gabriel escuchó por teléfono fue que este sábado 30 de mayo, a las 11 de la mañana (tiempo del Pacífico, 1 de la tarde en la Ciudad de México) Vega de Lamadrid se trasladará hasta el Centro de Gobierno de San Quintín, al sur del municipio de Ensenada, para tratar problemáticas de la región del Valle que tienen hasta 10 años de rezago.
Los voceros del movimiento y Lucila Hernández García, representante de las mujeres jornaleras, ya tienen preparado el orden del día para la reunión, en la que plantearán algunas exigencias que presentaron al gobernador desde años anteriores.
Las y los jornaleros pedirán que se actualice un estudio de factibilidad para la construcción de una presa en la cuenca del arroyo de Santo Domingo, que beneficiaría de agua potable principalmente a la comunidad indígena triqui que se asienta en San Quintín.
Sánchez Gabriel precisó que el primer estudio para construir la presa se hizo en 1977, pero el gobierno local de entonces pospuso el proyecto y hasta ahora no se ha construido.
Otro tema sobre la mesa es la planeación de un programa de regularización predial para las miles de personas que habitan los asentamientos irregulares de las comunidades de jornaleros, y que no son beneficiarias de recursos federales.
La falta de infraestructura hidráulica obliga a las mujeres de San Quintín a trasladarse con dos cubetas de 20 litros hasta las vías principales de las comunidades, para esperar las pipas de agua y comprar el líquido a 23 pesos por un tambo de 200 litros.
Por familia se requiere de tres a cinco tambos por semana para el uso diario, pero para la preparación de alimentos se hace un gasto extra de 11 pesos por garrafón.
Mañana también se discutirá la construcción de un plantel en San Quintín de la Universidad Tecnológica de Tijuana, que estaba previsto desde hace dos años pero, sin previo aviso, el proyecto empezó a planearse para otra comunidad.
Igualmente se discutirá la expropiación de un pozo ubicado en el Ejido Díaz Ordaz, el cual fue construido con financiamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hace 11 años.
No obstante, cuando el pozo estuvo listo para la toma de agua gratuita (un año después) llegó un supuesto dueño que se apropió del pozo, dejando sin agua a una comunidad de más de 600 habitantes.
A estas añejas demandas, el movimiento agregará las que surgieron este 2015; entre ellas, la construcción de un hospital de tercer nivel para el cual –aseguró Sánchez Gabriel– el movimiento ya dio una contribución económica simbólica (de 20 a 50 pesos por 10 integrantes de la Alianza) al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ricardo Medina Fierro, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y quien es oriundo de BC.
Cabe detallar que desde el año pasado se abandonaron los cimientos para la construcción de una unidad de servicios de salud en la delegación Camalú, la cual se pensaba sería el hospital de tercer nivel.
No obstante, las y los jornaleros supieron que ahí se habría construido la Clínica 69 (del programa federal Prospera) que finalmente se asentó en la colonia 13 de San Quintín, y no atiende especialidades ni urgencias que no sean básicas.
Las y los jornaleros cuestionarán al gobernador Francisco Vega sobre el cumplimiento del resto de los acuerdos, ya que aunque no niegan que ya se hayan realizado las inspecciones a los que se comprometió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el movimiento desconoce exactamente en qué centros de trabajo se están llevando a cabo.
También pedirán informes sobre el número de personas que se lograron afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que de ese registro dependerá el número de guarderías que habrán de construirse.
Fidel Sánchez señaló que sigue en pie la reunión del próximo 4 de junio con el gobierno federal para detallar el posible aumento salarial a 200 pesos mínimo por día, y agregó que no está en sus planes impedir las elecciones del próximo 7 de junio, a fin de que no se vincule al movimiento jornalero con algún partido político.
15/AJSE/RMB
A Conferencia de OIT, acusación por desacato de Convenio 189
Durante la 104 Conferencia Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) discutirá la implementación de los Convenios sobre igualdad y maternidad en los países más atrasados en la materia.
Del 1 al 13 de junio se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, la Conferencia anual de la OIT a la que asistirán delegaciones de trabajadoras y trabajadores, de empleadores y gobiernos de los 85 Estados miembros.
En esta edición, la OIT discutirá sobre el futuro del trabajo, la economía informal, la creación de trabajo decente, la protección total y la aplicación de las normas internacionales del trabajo.
Además, se revisará el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que incluye los tratados sobre igualdad de oportunidades y de trato, y protección a la maternidad (C100, C111, C156).
En el rubro sobre igualdad de oportunidades y de trato, son 50 países –la mayoría de Asia– en los que hay observaciones. Casi el total fue señalado por discriminación contra las mujeres, registrar grandes brechas salariales, y no erradicar obstáculos para el acceso de las trabajadoras al mercado laboral.
Por ejemplo, en el caso de España, la Comisión de Expertos de la OIT recibió en agosto de 2014 señalamientos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) porque “las medidas adoptadas por el gobierno (de la nación ibérica) para frenar la crisis se tradujeron en aumento del desempleo, del empleo a tiempo parcial y de la concentración de las mujeres en los empleos con salarios más bajos”, en especial en sectores como la hotelería.
En respuesta, el gobierno español explicó a la OIT que la brecha salarial por hora de trabajo aumentó 1.5 por ciento de 2010 a 2012, y que el examen efectuado en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 arrojó que 73 por ciento de las y los trabajadores ocupados a tiempo parciales son mujeres.
En el rubro de protección a la maternidad, 10 países fueron señalados por la OIT por la reducción de prestaciones sociales y la ausencia de licencias por maternidad y paternidad.
CASO MÉXICO
Si bien en el caso de México el informe de los expertos de la OIT no incluye observaciones en ningún convenio sobre igualdad ni paternidad, sí se revisarán los Convenios 87, 155, 161 y 167, sobre libertad sindical, seguridad y salud de las y los trabajadores, servicios de salud en el trabajo, y la salud y la seguridad en la construcción.
Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dijo en entrevista con Cimacnoticias que además de discutir estos Convenios, la representación de trabajadoras y trabajadores llevará a Ginebra la denuncia de que el gobierno mexicano no ha querido ratificar el Convenio 189 sobre empleo decente para las trabajadoras del hogar.
Este Convenio –que reconocería derechos laborales para más de 2 millones de trabajadoras del hogar en el país– fue firmado por México en 2011, pero desde entonces se ha postergado su ratificación y las autoridades federales no han informado puntualmente sobre este proceso.
15/AJSE/RMB
Pasada la medianoche de hoy el periodista y activista maya Pedro Canché salió de prisión, luego de que este jueves un juez le otorgó un amparo y ordenó su liberación inmediata.
El comunicador estuvo preso durante nueve meses en la cárcel del municipio de Felipe Carrillo Puerto, acusado de “sabotaje” por el gobierno del estado de Quintana Roo (QR).
La víspera, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito otorgó el amparo a favor de Pedro Canché. “El Tribunal resolvió que Canché es completamente inocente. Que es reconocida su completa inocencia, porque el delito que se le imputaba no existió, era falso”, indicó en entrevista Aracely Andrade, abogada del periodista independiente.
“Era tan evidente que todo estaba armado. Ninguna autoridad podía acreditar un delito contra Pedro, porque simplemente no existía, pero él seguía preso. Ahora me siento satisfecha”, resaltó.
El 30 de agosto de 2014 Pedro Canché fue detenido y encarcelado. El gobierno de QR, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), lo acusó de haber cometido sabotaje en perjuicio de sus instalaciones en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Pero Canché en ese momento cubría periodísticamente las protestas de la comunidad maya, ante el incremento de las tarifas por servicio de agua potable, derivadas de un nuevo programa de instalación de medidores, impuesto por el gobierno estatal.
Antes de ser detenido, pese a que contaba con un amparo, el periodista publicó en YouTube un video en que el que retaba al gobernador Roberto Borge, para hablar sobre los graves rezagos que padece el municipio maya.
Una vez preso, la noche del 30 de agosto, el comunicador fue golpeado dentro de la cárcel. La agresión se repitió la noche siguiente, sin que ninguna autoridad frenara el ataque, lo que derivó en lesiones y afectó la salud del periodista.
TEMOR A REPRESALIAS
Tras el fallo del juzgado que ordenó la inmediata liberación de Canché, la abogada Aracely Andrade destacó que la resolución es un revés para el gobierno de QR que acusó falsamente al periodista, y que se sumó a la recomendación 13/2015 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Borge.
No obstante, Andrade dijo tener miedo. “La vida de Pedro Canché y la mía están en peligro. Por supuesto esperamos represalias del gobierno del estado, porque deben estar muy enojados con esta resolución del Tribunal. Nos sentimos vulnerables”, subrayó.
El caso de Canché fue retomado por organizaciones como Artículo 19, Freedom House, el Committee to Protect Journalist (CPJ), Global Voices, Periodistas de a Pie y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que se pronunciaron por su liberación ante las diversas violaciones a sus Derechos Humanos.
15/AF/RMB
Alianzas de periodistas, punta de lanza para reforzar derechos
Los objetivos del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, sobre mujer y medios de comunicación, deben estar al centro de la política y la economía global, lo que se va a conseguir con la investigación y empuje de activistas, académicas y periodistas.
Así concluyó ayer en el Centro Cultural España, en esta capital, el Foro Internacional Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, al que convocaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Para cerrar una jornada de dos días en la que se hizo un balance a propósito de los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, expertas en género y medios de comunicación concretaron el compromiso de generar información estadística para alimentar políticas públicas, y reformar las normas que rigen actualmente los medios de comunicación.
Además, acordaron valerse de esos medios para colocar al centro de las más amplias discusiones sobre política y economía global el derecho de las mujeres a informar y estar informadas, a fin de evitar que éste siga siendo un tema exclusivo del análisis de género.
Margaret Gallagher, promotora de la Global Aliance on Media and Gender, de la UNESCO, planteó el desafío de alcanzar transformaciones de mayor escala ya que –aseguró– no basta con tener más mujeres en los contenidos de los medios de comunicación y al interior de la industria, sino que el objetivo central es lograr en el mundo un modelo económico más democrático.
La investigadora especializada en género y medios de comunicación apuntó que las alianzas globales de mujeres periodistas e investigadoras son la punta de lanza para que el derecho de las mujeres a la información esté en las cumbres y foros mundiales políticos y económicos, a pesar de que los gobiernos lo eviten.
Llamó a fortalecer la lucha feminista con otros movimientos de la sociedad civil en materia de libertad de expresión, economías democráticas y gobernanza, para visibilizar que el derecho de las mujeres a formar parte de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías beneficia todos los ámbitos de la vida humana.
Gallagher pidió apoyar a las jóvenes, quienes con planteamientos “radicales” están ocupando puestos gubernamentales para transformar las estructuras tradicionales del poder, ya que su incidencia política abrirá paso para convertir en argumentos los aportes que ya hicieron las feministas.
“El objetivo total es estar al centro de la construcción de políticas en cinco años”, aseguró la experta.
Aimée Vega Montiel, vicepresidenta de la International Association for Media and Communication Research, agregó que la investigación en materia de género y medios de comunicación funciona como una herramienta política fundamental para informar a las personas tomadoras de decisiones.
A esto sumó la necesidad de generar nuevos conceptos y marcos teóricos que aborden la realidad de las mujeres en un ambiente comunicativo cada vez más complejo.
En este tenor, una alianza académica mundial también es imprescindible para comparar datos por país y priorizar temas comunes, organizar grupos de trabajo y desarrollar estudios de género en las políticas globales de comunicación, las estructuras de poder, libertad de expresión, las redes sociales y el activismo feminista.
A fin de rescatar la trayectoria de los movimientos sociales y las luchas feministas del pasado, Carolyn Byerly, experta en género e industrias mediáticas, propuso rastrear, organizar en patrones y teorizar sobre historias de éxito de acción ciudadana en materia de libertad de expresión y democracia.
Ya que –añadió– se necesita una acción fuerte, una ciudadanía femenina que demande sus derechos y que exija información a los gobiernos.
En tanto, Lucía Lagunes Huerta, periodista y directora de CIMAC, fue enfática al observar que las mujeres no pueden ser sólo sujetas de la investigación, sino que necesitan ser parte activa de la agenda política, ya que ellas necesitan financiamiento para capacitarse, organizarse e investigar.
Hasta ahora las periodistas no son prioridad en la agenda política, no se reconoce su especialización y en los medios de comunicación no cuentan con condiciones laborales que les permitan seguir informando, resaltó Lagunes.
“Queremos seguir siendo periodistas pero también queremos tener una voz propia en los espacios donde se toman las decisiones”, dijo, y exigió que se agreguen metas específicas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre género y medios de comunicación que, además, hagan visibles las demandas de las comunicadoras indígenas.
Al cierre, Anita Gurumurthy, directora ejecutiva de IT for Change en la India, destacó la urgencia de agregar a esta discusión una agenda digital bien nutrida, ya que los medios digitales “no son un apéndice de los medios de comunicación”.
También observó la necesidad de discutir temas polémicos como los derechos de autor en internet, la regulación de las páginas web, usos de internet diferenciados por clases sociales, y la vigilancia de los Estados por estas vías.
El reto –remató la activista– es que el movimiento feminista salga de su “zona de confort” y construya teorías sobre la agenda digital, que muestren cómo en este plano se sigue reproduciendo la “geografía de la desigualdad”.
El foro fue auspiciado por la UNESCO, la Red Nacional de Periodistas (RNP), ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AJSE/RMB
En cualquier país las periodistas se enfrentan a la violencia, a los insultos, amenazas, agresiones físicas, al encarcelamiento o el asesinato por ejercer el derecho a informar, advirtieron comunicadoras de México, Irlanda, Estados Unidos y Holanda.
La periodista holandesa especializada en Derechos Humanos (DH), Mindy Ran, señaló que ante este contexto las mujeres tienen que levantar la voz porque puede llegar alguien a “borrarlas del pizarrón”, y esto no se debe permitir.
La también copresidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas y del Consejo de Igualdad de la National Union of Journalists dijo que las informadoras tienen una perspectiva sobre las mujeres que no puede quedarse aislada en “secciones de mujeres” de los medios.
Además explicó que todas las mujeres viven un “techo de cristal”, es decir un límite de hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, cuando se embarazan, “pierden todo” y además en la cotidianidad las periodistas tienen cargas de trabajo extenuantes y viven acoso laboral y sexual.
A su vez, la periodista mexicana y directora de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta, aseguró que la violencia limita el trabajo de las periodistas, como lo han advertido Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
La también integrante del Grupo Asesor de ONU-Mujeres dijo que cuando ocurre un crimen que amenaza la libertad de expresión, las autoridades encargadas de investigar tienden a indicar que se trató de un “robo o un asunto personal”.
Al citar reportes de organizaciones y de mecanismos de seguimiento de tratados internacionales, señaló que las comunicadoras violentadas viven intimidación, amenazas o abuso y daños a su reputación, lo que puede venir por parte de sus jefes o funcionarios.
Sin embargo, aseguró que no existe documentación con perspectiva de género sobre estas agresiones, lo que es preocupante si se considera que cuando no existen datos no hay visibilidad y sin visibilidad no hay prioridad, es decir no hay acciones para hacer frente a esta problemática.
Carolyn Bierly, una de las fundadoras del Howard Media Group, de la Universidad de Howard, señalo que si bien es cierto que las periodistas son marginadas y violentadas no se pueden desalentar.
Así citó el caso de EU, cuando en 2013 inició un movimiento amplio en materia de derechos comunicativos, que entre sus objetivos estaba defender a las y los jóvenes que hacían estaciones de radio locales y el derecho de las mujeres a tener pequeños medios.
Explicó que la gente protestó porque hubo intentos de que los grandes medios se asociaran, lo que generaría monopolios, o bien, de que se hicieran políticas para que quienes pagaran más recibieran mejores servicios de telecomunicaciones.
En general, las participantes del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, que concluyó ayer en el Centro Cultural España en esta ciudad, dijeron que no se pueden permitir los ataques a la libertad de expresión y la violencia de género, que muchas veces van unidos.
El foro fue auspiciado por la UNESCO, la Red Nacional de Periodistas (RNP), ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AGM/RMB
Luego de 25 días en huelga de hambre, esta mañana la Secretaría de Gobernación (Segob) trasladó a Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, del penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, al reclusorio de Tepepan, en esta capital.
De este modo se cumplió el compromiso que asumieron el pasado 18 de mayo el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, y el gobierno de Guerrero con la familia de Nestora, para reubicar a la activista en un penal del fuero común con la infraestructura adecuada para atender su estado de salud, que se agravó tras el ayuno iniciado el 5 de mayo.
Leonel Rivero, abogado de la activista, dijo esta mañana a Cimacnoticias que ayer jueves 28 de mayo, presentó un amparo para pedir que se diera atención médica y se preservara la vida e integridad de Nestora; el recurso fue radicado en el Juzgado décimo segundo en materia de amparo penal en el Distrito Federal, quien en la madrugada ordenó el traslado.
Por medio de una comunicación telegráfica el Juzgado requirió al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Segob para que de inmediato reubicara a Nestora.
El abogado dijo que cerca de las nueve de la mañana Nestora salió de Nayarit rumbo al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepen, al sur de la Ciudad de México, y por tanto tendría que llegar entre una y dos de la tarde para recibir atención médica y reunirse con sus abogados para que verifiquen su estado de salud.
Nestora Salgado llevaba 22 meses en prisión en Tepic acusada de secuestro cuando en realidad ella dice que hacía labores de seguridad en su comunidad, donde la PC está permitida por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y aunque ya fue reubicada, continúa el proceso penal en su contra.
La activista comenzó su ayuno en protesta por lo que se considera un injusto encarcelamiento, y porque permanecía en prisión sin sentencia y sin avances en su proceso judicial. El pasado fin de semana Nestora dejó de ingerir líquidos.
No obstante su magro estado de salud, las autoridades judiciales y penitenciarias dejaron que la huelga avanzara. Y es que la ex comandanta padece gastritis y una neuropatía en las cervicales que le adormece las extremidades como resultado de un accidente automovilístico años atrás, a lo que se sumó el cansancio y la debilidad por la falta de alimento.
A pesar de que su salud empeoraba cada día, hubo una dilación en el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de Nestora, dictadas el pasado 28 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llamó al Estado mexicano a atender la salud de la mujer, que para ese entonces ya estaba deteriorada.
Sobre esta situación, en la que la familia –una parte que vive en Guerrero y otra en Estados Unidos– no tenía contacto permanente con Nestora, ni noticias sobre su reubicación, hubo poca respuesta pública de las autoridades y de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Por ejemplo, fue tras 15 días de ayuno –el 19 de mayo– que la CNDH se pronunció a favor del traslado de la ex comandanta de la PC, y solicitó al subsecretario de Derechos Humanos de Segob y al comisionado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández Mora, que le brindaran atención médica.
Este 20 de mayo activistas de México y EU, integrados en el Frente para la Liberación de Nestora Salgado, pidieron al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, su intervención en el caso para conseguir la libertad de la activista.
Una vez que se concluyó el traslado se espera que se atienda su salud, sin embargo la mujer aún continúa su defensa legal por las tres acusaciones de secuestro de tres personas que dicen que fueron privadas de su libertad, aunque en realidad estaban en “reeducación” en la Casa de Justicia de Olinalá.
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Los medios de comunicación (tradicionales y digitales) perpetúan las relaciones de género desiguales para las mujeres, tanto en sus estructuras internas como en sus contenidos, ante la carencia de políticas públicas y leyes que garanticen la equidad en este ámbito.
En el segundo y último día de trabajos del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, en el Centro Cultural España en esta ciudad, se realizó la mesa “Políticas de Género y Comunicación: una mirada global”.
La uruguaya Lilián Celiberti, coordinadora de la Articulación Feminista Marcosur, lamentó que pese al impulso de los movimientos de mujeres no se haya logrado aún la equidad de género en los medios como un asunto prioritario en las agendas nacionales.
Señaló que hay una resistencia “muy grande” a permitir la incorporación de las mujeres en los medios de comunicación. Explicó que cuando se habla de medios también se habla de empresas de comunicaciones “unidas a estrategias de poder económico y social”, es decir, se trata de industrias que obtienen ganancias económicas y políticas.
Por lo que cuando se intenta incorporar de manera igualitaria a las mujeres en estas industrias se debe considerar que se tocan los intereses de quienes “se han beneficiado de bienes públicos, como los espectros radioeléctricos, tal vez por eso el Capítulo J ha sido el capítulo más débil de toda la Plataforma de Acción de Beijing”, apuntó Celiberti.
Por ello señaló que es importante rescatar el papel del feminismo como movimiento que puede impulsar la creación de códigos de ética con visión de género al interior de los medios, pues actualmente siguen presentando a las mujeres en imágenes estereotipadas.
Puso como ejemplo que quienes han sido víctimas de violencia son colocadas como responsables de las agresiones en su contra.
En su intervención, Lisa McLaughlin, investigadora estadounidense especializada en feminismo, género y nuevas tecnologías de la información, expuso que la presencia de más mujeres en organismos como la ONU no se ha traducido en el desarrollo de medidas de equidad de género en los medios, además de que el trabajo feminista es “ignorado” en las políticas y la gobernabilidad.
De acuerdo con la especialista, el capitalismo de los medios se ha traducido en individualismo en la toma de decisiones, pues el hecho de que el sector privado (dueño de los medios) aporte financiamiento para el desarrollo de las tecnologías de comunicación le da el poder de tener un papel más activo en el desarrollo de estas políticas, y muchas veces el Estado queda en segundo plano.
McLaughlin agregó que el sector privado ha creado un sistema estructurado de medios de comunicación basados en relaciones de poder, por lo que “las mujeres tomarán lo que les den en un escenario de desarrollo poco favorecedor”.
Anita Gurumurthy, directora ejecutiva de IT for Change en la India, analizó la forma en que las redes sociales si bien han sido vitales para construir espacios de expresión para las mujeres, también han creado estructuras de poder, y no han contribuido a modificar las relaciones de género.
A decir de la experta, las naciones “han creado políticas muy torpes” para regular los contenidos en internet, que incluso han logrado traspasar las fronteras y las legislaciones nacionales. Puso como ejemplo a los creadores de videojuegos en línea que presentan a mujeres violentadas, pero se justifican diciendo que las mujeres que aparecen “no son reales”.
Por ello dijo que la base de las políticas que se desarrollen en la materia deben considerar la capacidad de las mujeres como agentes para el desarrollo de tecnologías o nuevos medios, y también se deben incorporar programas educativos que permitan a mujeres y niñas adquirir las capacidades necesarias para hacer uso de las nuevas tecnologías, como es el aprendizaje del idioma inglés y de computación desde las primeras etapas de formación.
“El gobierno tiene que ser el intermediario entre las industrias y quienes reciben los contenidos, no puede permanecer al margen”, concluyó Gurumurthy.
El encuentro es auspiciado por la UNAM, UNESCO, la Red Nacional de Periodistas, ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros organismos.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
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