La participación de las mujeres al frente de los medios de comunicación y como líderes de esta industria es mínima, lo que convierte el tema en uno de los mayores pendientes de la Plataforma de Acción de Beijing.
Así se consideró al inicio del segundo día del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y que concluye hoy en el Centro Cultural España en esta ciudad.
Al participar en la mesa “Acceso y participación de las mujeres en la industria de la comunicación”, la estadounidense Janet Wasko, investigadora de la Universidad de Oregon, observó que esta industria es la segunda en el mundo que más utilidades genera.
Sin embargo, a pesar de que las mujeres participan en ella como mano de obra, no se benefician de estas ganancias que en 2012 ascendieron a 2.3 trillones de dólares, detalló la también presidenta de la Asociación Internacional para la Investigación en Medios y Comunicación (IAMCR, por sus siglas en inglés).
Por el contrario –agregó– son principalmente varones quienes concentran los grandes monopolios de la comunicación. A la par, también son ellos quienes ocupan mayoritariamente la dirección de los medios más importantes y sus altos salarios se incrementan constantemente.
El vínculo entre el género y la concentración de los medios de comunicación en un puñado de empresarios es que los grandes monopolios consumen a las pequeñas compañías de medios, que se ven orilladas a despidos masivos que impactan sobre todo entre la población femenina.
La también estadounidense Carolyn Byerly, investigadora de la Universidad de Howard, agregó que a pesar de esta desventaja que enfrentan las comunicadoras en esta industria, las políticas económicas en los países en desarrollo favorecen principalmente a la inversión privada.
Esto –sumado a otros factores– ha generado que cada vez menos mujeres se empleen en el periodismo, a pesar de que el número de estudiantes matriculadas en esta carrera es superior al de los varones.
Además son pocas las mujeres propietarias de compañías de medios de comunicación, pero incluso ellas siguen produciendo contenidos sexistas. Aseguró que son los dueños de estas cadenas quienes se oponen a que las mujeres escalen al interior de los medios, ya que esto ayudaría a que más mujeres suban.
A decir de la experta en género e industrias mediáticas, los varones se oponen al crecimiento laboral de las mujeres porque no quieren compartir la riqueza que producen los medios de comunicación. Asimismo, son las propias mujeres quienes desestiman el poder político que ofrece esta industria, apuntó Byerly.
La también coordinadora del Global Report Women in News Media explicó que es necesario impulsar más leyes que protejan los bienes colectivos a través del impulso a medios independientes y comunitarios. Y que las compañías para las que trabajan las mujeres y los medios independientes que ellas dirigen cuenten con más financiamiento público.
En este punto coincidió la oaxaqueña Guadalupe Blanco Méndez, que opera Radio Nahndia, ya que –según dijo– en el caso de México se prohíbe que las radios comunitarias e indígenas reciban financiamiento público o privado, pero sin que exista una estrategia de gobierno que haga posible su sustentabilidad.
Enfatizó que estos medios de bajo costo propician la participación política de las mujeres al interior y fuera de sus comunidades, ya que de acuerdo con la agenda de varias radios comunitarias del país éstas incluyen barras programáticas sobre libertad de expresión, género y violencia, literatura, salud, desarrollo de las mujeres, proyectos productivos, migración, y derechos sexuales y reproductivos.
Y en el caso de las radios indígenas, a estas temáticas se agrega la defensa de la tierra y el territorio, la lengua originaria, los derechos políticos y la medicina tradicional, y la transparencia y rendición de cuentas municipales.
La también integrante de la Red de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) señaló que las dificultades económicas y políticas que han enfrentado los medios independientes en este país para obtener una concesión del espectro radioeléctrico, se traducen en que la mayoría de las radios comunitarias sean “de antena libre”.
Las mujeres que dirigen estos medios constantemente enfrentan censura, violencia machista, discriminación e incluso órdenes de aprehensión, multas costosas y persecución policiaca, dijo Guadalupe Blanco.
La comunicadora exhortó a las informadoras indígenas y de contextos rurales a participar más activamente en política, donde su presencia es prácticamente nula.
Por su parte Dafne Plou, integrante de la Association for Progressive Communication, añadió que en el mundo hay 200 millones menos mujeres que hombres usando las telecomunicaciones para informarse, entretenerse, educarse o divertirse.
No obstante, si no se desarrollan urgentemente políticas públicas que cierren esta brecha de género desde la infancia, la inclusión de las mujeres a la industria de la comunicación (y el poderío que esto implica) tardará muchos años.
El encuentro es auspiciado por la UNAM, UNESCO, la Red Nacional de Periodistas, ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros organismos.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AJSE/RMB
mayo 2015
Las coordinadoras y candidatas de los organismos de mujeres de los partidos políticos firmaron un documento, impulsado por la Red Mujeres en Plural, en el que se comprometen a respetar la paridad de género en las postulaciones y a no permitir la violencia política de género.
Al participar hoy en el séptimo foro que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar el contenido de las plataformas electorales de los partidos, las mujeres expusieron sus propuestas de género y presentaron la carta compromiso firmada por sus dirigentes nacionales, quienes no estuvieron presentes.
Cabe recordar que en marzo pasado las integrantes de la Red enviaron una carta a los líderes partidistas para pedirles condiciones a fin de que las militantes participaran en los comicios a celebrarse el próximo 7 de junio, y establecieran mecanismos de denuncia y atención para las víctimas de violencia política.
Al participar en el foro, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís, condenó la violencia política contra las candidatas y señaló que no hay mecanismos claros para denunciar estas agresiones.
Asimismo acotó que muchas veces las mujeres no participan en la construcción de las plataformas electorales, pero dijo que, de acuerdo con las exposiciones, las mujeres tenían claro cuáles son las asignaturas pendientes y por eso confió en que se llevarán a la agenda legislativa.
La consejera del INE Adriana Margarita Favela condenó la violencia política, y aseguró que la institución tiene un compromiso con el tema, por lo que verificó que se cumpliera la paridad en candidaturas a diputaciones federales, y que las abanderadas no fueran postuladas en distritos con la menor votación.
La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Julia del Carmen Chávez Carapia afirmó que hablar de género es hablar de las relaciones entre mujeres y hombres, así como de problemas sociales, familiares e institucionales, no de políticas “rosas o azules” que no resuelven nada.
En el evento participaron la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinadora del Organismo Nacional de Mueres Priistas (Onmpri), Diva Hadamira Gastélum; y las también senadoras Blanca Judith Díaz, por el Partido Acción Nacional (PAN); y Thelma Guajardo, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En representación del Partido Nueva Alianza (Panal) estuvo Patricia Olamendi, candidata por este partido a una diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y también asistió la diputada federal Ruth Zavaleta, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Al exponer sus plataformas, las mujeres políticas coincidieron en varios temas, que dijeron, promueven sus partidos, como erradicar la violencia contra las mujeres, proveer servicios de salud, combatir el acoso laboral, y homologar leyes para que las mexicanas accedan a candidaturas locales y puestos de decisión.
Algunas hablaron de los logros de las reformas electorales, otras del impulso a presupuestos de género, por lo que María del Carmen Alanís y Adriana Margarita Favela llamaron a que después de los comicios esas propuestas lleguen al Congreso.
Como parte de la Red Mujeres en Plural estuvieron Martha Tagle, la diputada por el PRD y ex gobernadora de Zacatecas Amalia García, y la consultora y ex candidata presidencial Cecilia Soto, entre otras personalidades.
15/AGM/RMB
Al contrario de las y los candidatos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) –que se pronunciaron a favor de los derechos sexuales y reproductivos–, aspirantes a diputaciones locales y federales, así como a alcaldías en el estado de Morelos, se comprometieron a no legalizar el aborto en la entidad.
Tal compromiso, además de violentar el Estado laico y carecer de argumentos científicos, agudizaría las problemáticas de salud sexual que enfrentan las morelenses, como el limitado acceso a anticonceptivos y la alta incidencia de embarazos tempranos, alertó Andrea Acevedo García, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos (Ddeser).
Esta semana, a petición de grupos Provida, 104 de las y los 194 aspirantes por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), y Humanista (PH), signaron una “Carta Compromiso por la Vida y la Familia”.
El pacto fue promovido por el Consejo Coordinador de Movimientos por la Vida y la Familia en Morelos, y tiene como objetivo que en caso de ganar los comicios las y los abanderados legislen para generar reglamentos, ordenamientos y políticas públicas a favor “del derecho a la vida, la protección y el desarrollo pleno de la familia”.
Las y los candidatos se comprometieron a velar porque en la entidad “se garantice el respeto, la protección, defensa y promoción de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural”.
Morelos es una de las 16 entidades que desde 2008 hicieron reformas constitucionales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, como una respuesta de la ultraderecha ante la despenalización del aborto en el Distrito Federal aprobada en abril de 2007.
Entre otros compromisos también está crear políticas públicas que ayuden “incondicional y eficazmente” a las mujeres embarazadas; dar apoyos a madres solteras y jefas de familia; promover la adopción como alternativa en casos de “embarazo inesperado y para los niños por nacer”, así como promover que todas las organizaciones civiles trabajen “a favor de la vida”.
Al mismo tiempo, se comprometieron a “defender los derechos de la familia”, y elevar a rango constitucional el respeto, protección, defensa y promoción de la familia.
En entrevista con Cimacnoticias, Andrea Acevedo observó que el compromiso de las y los candidatos en Morelos es una posición “moral y religiosa” que atenta contra el Estado laico, al mismo tiempo que carece de argumentos científicos, datos y estadísticas.
Explicó que aunque no hay datos específicos sobre el número de abortos inseguros en la entidad, y cuántas mujeres han perdido la vida por esta práctica de alto riesgo, existe información que demuestra las necesidades de salud sexual y reproductiva que enfrentan las morelenses, y que no fueron contempladas en el compromiso.
Recordó que Morelos se ubica en los primeros lugares de embarazos en adolescentes, pues tan sólo en 2014 se registraron 5 mil 513 nacimientos correspondientes a madres menores de 20 años de edad.
A lo que se suma que recientemente el Consejo Estatal de Salud informó que en la entidad la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años es casi el doble de la registrada a nivel nacional.
Cifras de las organizaciones Redefine Morelos y el Colectivo Pactos Violeta señalan que la cobertura anticonceptiva en México apenas alcanza al 58 por ciento de las mujeres indígenas, y el 44 por ciento en adolescentes.
Aseguraron que el aborto inseguro pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y que según datos de la organización civil Ipas-México, en 2010 causó el 9.3 por ciento de las muertes en el país.
Cifras sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de México señalan que de abril de 2007 a abril de este año, 456 mujeres se trasladaron desde Morelos a esta capital para interrumpir su embarazo, lo que coloca a la entidad como uno de los principales estados de origen de las mujeres que se practican un aborto legal.
Acevedo García informó que en contraste 14 candidatas y candidatos, en su mayoría del PRD y PT, firmaron hoy con organizaciones civiles una “agenda por la vida y la salud de las mujeres”, por la que se comprometieron a impulsar la educación sexual en todos los niveles educativos, la tipificación de la violencia obstétrica, crear protocolos para acceder a las cinco causales de aborto, contempladas en el Código Penal local, e impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
15/AZM/RMB
Las mujeres tomaron por asalto los medios de comunicación y hoy por hoy cada vez hay más reporteras y comunicadoras en las redacciones, más ciudadanas que se convirtieron en protagonistas de las noticias, y más líderes y blogueras que usan internet y las redes sociales para expresar sus ideas y opiniones, afirmaron expertas en comunicación.
Al participar ayer en el Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, que concluye hoy en el Centro Cultural España en esta ciudad, activistas, académicas y periodistas analizaron la forma en que los medios, impresos y digitales, representan a las mujeres.
La directora del Programa Justicia en Medios y Género de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés), Sara Machaira, dijo que aunque hay temas donde ya hay más mujeres, todavía es lento porque a este paso se necesitaría medio siglo para llegar a la paridad en los contenidos mediáticos.
Al presentar los resultados preliminares del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios que cada cinco años desde 1995 hace la WACC, explicó que en comparación con el año 2000, para 2015 en 149 países ya aparecen más ciudadanas en la información de temas sobre economía y política, aunque el avance todavía es lento.
Abundó que también hay más voces femeninas que hablan sobre sus experiencias personales o que son consultadas para que den su opinión, pero a la par se encontró que en redes sociales, como Twitter, hay baja representación femenina en la información que circula en ese espacio virtual.
VIOLENCIA EN INTERNET
La coordinadora regional del Programa de Mujeres de la Association for Progressive Communications (APC), Dafne Plou, expuso que con la incursión de la población femenina en las nuevas tecnologías ahora la violencia se ha vuelto parte de sus interacciones en línea, y las informadoras no son ajenas a ello.
La también cofundadora del Grupo de Trabajo de Género y TIC para el Plan de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe mencionó que el hombre que busca “castigar a la mujer” usará cualquier medio electrónico para continuar con la violencia que ejerce en la vida real, desde un mensaje de texto por celular con contenido misógino o amenazas, hasta vigilancia y micrófonos escondidos.
La periodista señaló que la violencia en internet se traduce en acoso sexual, hostigamiento, publicación y distribución de fotos y videos íntimos, chantaje, vigilancia o distribución viral de violencia sexual, lo que en caso de periodistas, líderes sociales, feministas o blogueras tiene el fin de ahuyentarlas de espacios considerados masculinos.
A decir de la consultora, la violencia en la web, como los mensajes que incitan al odio, no pueden defenderse bajo la bandera de la libertad de expresión porque no son un “chiste”, sino delitos que se deben sancionar, por lo que ya hay grupos trabajando con las empresas de servicios y con los congresos para hacer frente a este problema.
Como ejemplo de las agresiones en internet, está el caso de Luisa Velázquez Herrera, una activista y bloguera que usó las redes sociales para expresar sus opiniones y críticas, lo que le valió ser hostigada, señalada y víctima de amenazas de muerte por parte de hombres que disienten de su visión del mundo y del feminismo.
Velázquez Herrera, conocida en redes sociales como “Menstruadora”, expuso que el patriarcado ha negado a las mujeres el derecho a aparecer, a ser mencionadas y reconocidas en la historia, y por eso ahora que incursionan en internet y además asumen posturas consideradas “radicales”, son agredidas por “hablar desde la piel” y no desde la teoría.
IMÁGENES Y ESTEREOTIPOS
A su vez, la estadounidense Lisa McLaughlin, académica de la Universidad de Miami, hizo un recorrido histórico sobre los enfoques de las investigaciones para saber cómo aparecen las mujeres en los medios, estudios que también sirvieron para conjuntar a periodistas, académicas y feministas.
La investigadora especializada en feminismo, género y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) explicó que existe la corriente que se centra en diferenciar quiénes aparecen en las noticias (mujeres u hombres), la que califica en positivas o negativas las imágenes femeninas, y la que busca estereotipos.
Según dijo, cada uno de estos enfoques puede ayudar a comprender qué papel ocupa la población femenina en los medios.
Las discusiones sobre estos temas continúan hoy en el foro organizado a propósito del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas (RNP) y de la Plataforma de Acción de Beijing, una agenda internacional firmada por los países de la ONU, que entre sus metas está el fomentar la participación femenina y no estereotipada en los medios de comunicación.
El encuentro es auspiciado por la UNAM, UNESCO, la RNP, ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros organismos.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AGM/RMB
Con el propósito de promover la igualdad de género en y a través de los medios, y eliminar la discriminación y violencia contra las periodistas latinoamericanas, se lanzó el Capítulo América Latina (AL) y el Caribe de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género (GAMAG, por sus siglas en inglés).
El Capítulo regional de la Alianza Global, que nació en diciembre de 2013 durante el Foro Mundial de Género y Medios en Bangkok, Tailandia, fue presentado ayer al finalizar el primer día de trabajo del Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo.
Dafne Plou, coordinadora regional del Programa de Mujeres de la Association for Progressive Communications (APC), sostuvo que la información y experiencias compartidas durante el Foro Internacional evidencian la necesidad de incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de los medios de comunicación, desde una visión alejada de estereotipos sexistas.
Ayer expertas internacionales de las cinco regiones del mundo coincidieron en que a nivel global no se ha logrado alcanzar la equidad en los medios de comunicación, y en que han surgido nuevos retos que violentan y ponen en riesgo a las mujeres que trabajan o hacen uso de estos espacios.
Plou celebró que las instituciones de información y comunicación de AL sean las primeras en congregarse en un capítulo regional.
Aimeé Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinadora del capítulo latinoamericano de la GAMAG, explicó que el fin de estas instancias regionales es reunir a especialistas y personas interesadas en los temas que planteen trabajos, “que nos permitan accionar de manera conjunta, porque solas no vamos para ningún lado”.
Agregó que en AL hay temas urgentes por atender, como la incorporación de las mujeres a los medios de comunicación y asuntos emergentes como la creciente violencia contra las periodistas y comunicadoras.
Entre las principales metas del Capítulo regional están el diálogo sobre temas significativos para diseñar una agenda de acción, realizar investigación sobre medios, género y nuevas tecnologías, movilizar a los medios y a los gobiernos para que implementen políticas de comunicación con perspectiva de género, y mantener el diálogo permanente con diversos sectores de la comunicación.
Asimismo, impulsar acciones al interior y exterior de las industrias de los medios que permitan la incorporación de las mujeres, incluyendo el acceso a los puestos de toma de decisión. También se tiene como objetivo promover la seguridad de las mujeres que trabajan en los medios tradicionales y medios digitales.
Hasta la fecha, al menos 10 asociaciones y organizaciones se han incorporado al Capítulo regional, por lo que durante el lanzamiento se convocó a quienes estén interesados en integrarse a la iniciativa.
Es de recordar que la GAMAG nació en el marco de las dos décadas de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y en su declaración.
La Alianza –integrada por medios de comunicación e instituciones académicas, sociales, de profesionales de medios, de Derechos Humanos (DH) y agencias de cooperación internacional– reconoce el papel trascendental de los medios de comunicación en la promoción de la participación femenina en la sociedad.
La propuesta se enmarca en la defensa de los DH y la libertad de expresión, así como en los cuatro informes de los relatores de libertad de expresión, en los que se reconoce que históricamente existe una desventaja para que las voces de las mujeres sean escuchadas, así como la dificultad para acceder a información que les concierne.
El Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, que concluye hoy en el Centro Cultural España en esta ciudad, es auspiciado por la UNAM, UNESCO, la Red Nacional de Periodistas, ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros organismos.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AZM/RMB
A nivel global no se ha logrado equidad de género en medios
Expertas en género y medios de comunicación de cinco regiones del mundo coincidieron en que ningún gobierno ha generado normas para impulsar contenidos con perspectiva de género, ni mejorar las condiciones laborales de las mujeres periodistas.
Durante la presentación de los diagnósticos regionales realizada en el Foro Internacional Género, Medios, TICS y Periodismo, a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, al que convocó la UNAM, en coordinación con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Aimée Vega Montiel, investigadora especializada en comunicación y género, dijo que pese a que algunos países de América Latina (AL) –entre ellos México– cuentan con leyes para democratizar los medios, se ha ignorado la equidad de género.
Al dar el panorama de las mujeres periodistas en la región latinoamericana, la también Vice-Presidenta de la International Association for Media and Communication Research, señaló que a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing persisten contenidos en los que se reproducen estereotipos sexistas, y hay poca presencia de mujeres en lo que producen los medios de comunicación.
El mercado de trabajo en AL muestra que sólo 39 por ciento de las comunicadoras tienen empleos de tiempo completo, pero sólo una cuarta parte ocupa puestos de decisión.
A ello se suma que los sindicatos de periodistas no incluyen políticas de igualdad que revisen las condiciones laborales de las mujeres e incrementen su participación.
Vega Montiel alertó que en los últimos años AL se ha caracterizado por un incremento de casi 300 por ciento en la violencia contra las comunicadoras.
Y aunque el internet ha contribuido a la diversificación de contenidos y medios de comunicación, también se ha potencializado por este medio el tráfico de pornografía y la trata de mujeres y niñas sin que exista una prohibición al respecto.
En conclusión, en AL no hay cifras oficiales ni estadísticas desagregadas por sexo que revelen la situación real de las periodistas.
En este sentido, la directora de la ONG IT for Change, Anita Gurumurthy, señaló que en Asia el empuje de las feministas ha sido crucial en el desarrollo de contenidos con perspectiva de género.
Sin embargo, ese avance se ve amenazado constantemente por las políticas represivas de los Estados que a fin de acallar contenidos “sensibles” sobre política y derechos de las mujeres, bloquearon más de 100 sitios de internet.
La consultora hindú señaló que en Asia se repiten los bajos salarios y falta de prestaciones en las que sobreviven las periodistas latinoamericanas; además, la participación femenina en puestos de decisión en los medios de comunicación está por debajo del 30 por ciento.
Gurumurthy coincidió en la falta de un marco legal en materia de telecomunicaciones, que beneficie a los medios independientes y que cuente con un enfoque de género.
En el caso de Europa, del que informó la periodista editora y fundadora de Feministiskt Perspektiv (periódico independiente semanal en línea con perspectiva de género) y también coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), Jenny Rönngren, la situación para las comunicadoras no es diferente.
Destacó que la mayor lucha del movimiento feminista y de las periodistas en este ámbito, ha sido el de conseguir que ellas ocupen puestos de dirección, para que construyan contenidos en los que las mujeres sean consideradas fuentes serias y especializadas.
En el caso de Norteamérica, la investigadora especializada en género e industrias mediáticas, Carolyn Byerly, de la Howard University de Estados Unidos, dijo en su participación que los gobiernos oponen mucha resistencia para que las mujeres estén al frente de la industria de las comunicaciones, lo que ha impedido un cambio verdadero en los contenidos.
Agregó que es tarea del movimiento feminista y de las comunicadoras presentar estrategias concretas de contenidos que desarrollen ellas mismas y no dejen esa tarea a los gobiernos.
El caso de África es exactamente el mismo que en el resto de los continentes, pero a él se agrega la desigualdad de riqueza en la población y un grave retroceso en el número de mujeres que ingresan a los medios, especialmente en los grupos que toman decisiones, y ejemplificó que mientras en 1999 alrededor de 8 por ciento de las comunicadoras formaba parte de los grupos de dirección para 2014 la proporción disminuyó a tan sólo 6 por ciento.
El encuentro es auspiciado por la UNAM, UNESCO, la Red Nacional de Periodistas, ONU-Mujeres, la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros organismos.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”.
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AJSE/RMB
Derechos femeninos en medios, lo más incumplido de Plataforma de Beijing
Los Estados, diferentes agencias de Naciones Unidas e incluso la sociedad civil han ignorado que tienen la obligación de cumplir el Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, que insta a las naciones a aumentar el acceso de las mujeres a los medios, y a fomentar una imagen no estereotipada de ellas en los programas informativos.
Con el objetivo de analizar los logros y obstáculos que aún enfrentan las mujeres para lograr su plena incorporación a los medios de comunicación, hoy arrancó el Foro Internacional sobre Género, Medios, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Periodismo, en el Centro Cultural España en esta ciudad.
El Foro, auspiciado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la UNAM, la Red Nacional de Periodistas (RNP) y ONU-Mujeres, entre otras organizaciones aliadas, inició con la conferencia magistral de Margaret Gallager, promotora de la Global Alliance on Media and Gender, de la UNESCO, quien hizo un balance de los avances y retos en el acceso de las mujeres a los medios, a 20 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.
La investigadora irlandesa señaló que si bien se observa que los diferentes actores involucrados (medios de comunicación, industrias y gobiernos) han realizado acciones para cumplir el Capítulo J, “la implementación no cumple con nuestras expectativas; muchos proyectos individuales e iniciativas han surgido, pero la mayor parte del trabajo ha sido iniciado por feministas”.
Gallager recordó que la incorporación de un Capítulo sobre género y medios fue una lucha que las mujeres dieron incluso antes de que se realizara la Conferencia de Beijing, China.
Explicó que durante la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, en México en 1975, se puso sobre la mesa la necesidad de empoderar la voz de las mujeres, pero “el mundo no estaba listo para aceptar una idea tan radical, y no estaba listo para escuchar la voz de las mujeres”.
Fue 20 años después, hasta 1995, que se estipuló que el acceso de las mujeres a los medios es un derecho, sin embargo en las dos décadas que han pasado se dieron retrocesos en la conquista de los derechos femeninos.
De acuerdo con Margaret Gallager, al mismo tiempo que la intervención de la sociedad civil en la revisión de acuerdos se ha reducido gradualmente, los exámenes sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y específicamente de su Capítulo J, “no han sido productivos”.
“Este apartado del acuerdo ha sido en el que menos información han dado las naciones y en el que, incluso Naciones Unidas y algunas organizaciones civiles han prestado menos atención”, reprochó.
A esto se suma que la sociedad ha enfrentado nuevos retos en el avance de su desarrollo, ya que el militarismo, el conservadurismo, la pobreza y la violencia se han agudizado, y “no es un momento muy cómodo para ser defensora de los Derechos Humanos”.
Para la especialista, es primordial que se visibilice la importancia de cumplir el Capítulo J y que durante las revisiones no sólo se reafirmen los compromisos, sino que se vaya más allá de ellos, toda vez que los objetivos de Beijing “ahora parecen inadecuados”, y las nuevas tecnologías (de internet e informática) han abierto nuevas preguntas.
“Al mismo tiempo que no hemos logrado que se dé el cumplimiento de esos objetivos, ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos que hace 20 años ni siquiera podíamos imaginar”, advirtió.
Puso como ejemplo el hecho de que las mujeres aún están rezagadas en el acceso a internet y medios digitales, a la par que algunas que usan las redes como forma de hacerse escuchar, ahora se están alejando de ellas debido a las “amenazas y acciones misóginas que atacan a la mujeres que se atreven a exponer sus opiniones”.
Finalmente, la especialista urgió a que se considere a los medios como un área crítica para el desarrollo de las mujeres, ya que la comunicación es un derecho y la población femenina tiene el derecho a ser escuchada a través de los medios.
Durante la inauguración del Foro estuvieron presentes Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC; la académica mexicana Aimeé Vega Montiel; y Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, quienes coincidieron en que la participación femenina en los medios, la representación mediática libre de sexismo, y el acceso igualitario a las industrias de la comunicación, así como políticas públicas en materia de medios y género son los grandes pendientes a nivel mundial.
El Foro Internacional, también organizado por la International Association for Media and Communication Research, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realiza como parte de la conmemoración por los 20 años de la RNP.
*Con motivo del 20 aniversario de la Red Nacional de Periodistas, CIMAC realizó el informe “Condiciones laborales de las y los periodistas en México”. http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69536
15/AZM/RMB
En el patio del penal femenil de esta ciudad fronteriza con Guatemala hay un grupo de mujeres sentadas bajo un techo de lámina, el único escudo contra el inclemente sol.
Las convoca un ministro de culto que reza, pero sus raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, también las reúnen.
Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, están acusadas del delito de trata de personas. Algunas fueron condenadas a 23 años de prisión, otras llevan más de un año detenidas y no han recibido sentencia.
Sólo en esta prisión, en la frontera sur de México, hay 20 mujeres detenidas acusadas de explotar sexualmente a sus compañeras. Otras tres que fueron encerradas durante cuatro años obtuvieron su libertad mediante un método extremo: por varios días emprendieron una huelga de hambre para presionar la revisión de sus casos.
Este martes 26 de mayo, Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión. Su caso, dicen grupos civiles, “demuestra la violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano, “que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata”.
Algo que se refuerza con los testimonios de nueve mujeres presas, entre ellas las recién liberadas, otra más que antes abandonó la cárcel, la revisión de sus expedientes, y la experiencia de personas defensoras de los Derechos Humanos (DH).
En el fondo lo que prevalece son patrones que dejan dudas sobre la efectividad del programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, que en 2009 lanzó el gobierno del estado de Chiapas en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Primero, una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y, al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin acceso a defensa consular.
Segundo, en casi todos los casos se trata de acusaciones que el
Ministerio Público (MP) fincó a partir de testigos o víctimas, también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, incluso señalaron haber sido presionadas para testificar en contra de la detenida.
Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, considera que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJ) no ha presentado resultados que confirmen el combate al crimen organizado y a la corrupción dentro de las instituciones que permite la explotación sexual.
Por el contrario, acusa, se criminaliza a las migrantes. “Su interés es sólo dar cifras. Se les hace más fácil criminalizar a las mujeres, a las más vulnerables. Ponen a las migrantes como delincuentes, como un peligro social”, sostiene.
DEYRA: OBLIGARON A SUS COMPAÑERAS A ACUSARLA
Las hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
Deyra, presa desde 2011, fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde 2010, a 29. La historia de Deyra se hizo pública cuando la PGJ de Chiapas la exhibió ante los medios de comunicación como un “logro” en el combate a ese delito.
Así, según organizaciones defensoras de las y los migrantes, la PGJ inició con una estrategia para aprehender y acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad.
En el expediente 154/2011, la primera declaración de Nancy Carolina Núñez Palma y su hermana Osiris, quienes trabajaban con Deyra en el bar “Paso del Norte” de Frontera Comalapa, fue para acusarla por explotarlas. En la segunda, Nancy y Osiris se desistieron y acusaron haber sido obligadas para inculparla.
En entrevista telefónica, Osiris explica cómo fueron obligadas a acusar a su compañera de trabajo: “Nosotras teníamos sólo 12 días trabajando en el mismo bar que Deyra, pero cuando nos detienen, nos golpean y nos amenazaron con deportarnos y quitarnos a mi sobrina. Nosotras no vamos a dejar sola a Deyra porque sabemos que es una injusticia que esté en prisión”.
En el caso de Karen Julisa, el expediente 1114/2010 de Motozintla señala que fue detenida en el bar “El Titanic” de Frontera Comalapa, junto a Katia Elizabeth Hernández y Griselda Judith Vásquez Rodríguez, todas originarias de Honduras.
En una primera declaración, Katia y Griselda aparecen como víctimas de trata y Karen como su victimaria. En las siguientes declaraciones, las dos presuntas víctimas se desistieron y deslindaron de toda responsabilidad a Karen, además sostuvieron que trabajaban por “libre elección”, y que en el bar su labor se limitaba a servir mesas y acompañar a los clientes a beber.
A pesar de que Katia declaró a favor de Karen, la sentenciaron a 29 años de prisión.
“A nosotras nos acusan sólo por ser extranjeras, porque a los verdaderos tratantes, a los dueños de los bares, no les hacen nada y cuando alguno llega a caer, paga porque lo liberen.
“Con el tiempo también hemos visto que esto que empezó con el que fue gobernador antes (Juan Sabines Guerrero) se hizo más fuerte y ahora les pagan hasta 30 mil pesos a los policías que detienen a una de nosotras y logran que otras la acusen de trata”, acusa Karen.
Deyra sostiene que algunos policías y agentes del MP les han dicho a las detenidas que reciben “una compensación de un fondo” por detener a migrantes en bares y cantinas. “Lo siento chaparrita vas a ver que con el tiempo vas a salir de prisión”, son las palabras que ellas mencionan.
Deyra y Karen apelaron tres veces su sentencia, sin éxito. El 18 de mayo, junto con Santa María Rosales, iniciaron una huelga de hambre que consiguió lo que cientos de fojas de expedientes burocráticos no pudieron: que los jueces se dieran cuenta de su inocencia.
MIGRANTES SIN PAPELES, MÁS VULNERABLES
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un “polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación sexual, por las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres sin documentos de estancia legal, están lejos de sus casas, y desconocen sus derechos o no los pueden exigir. Además por la xenofobia y discriminación social que naturaliza el hecho.
Por la clandestinidad del delito, se desconoce el número de víctimas de trata, pero se calcula que por cada víctima identificada hay 20 ocultas. En todo caso, la mayoría de las víctimas son extranjeras que provienen del triángulo norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador.
En el “Diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México, 2014”, la UNODC reconoce que además de la falta de capacitación especializada del personal que aplica las leyes contra la trata –agentes del MP, jueces y policías investigadores–, no se han desarrollado aún las herramientas para la persecución y sanción del delito, y no se protege ni atiende a víctimas, sus familias y testigos.
SANTA: SU FAMILIA, SUS “VÍCTIMAS”
Santa María Rosales, alta, muy delgada, cabello largo, ondulado, 35 años, hondureña. Cuando tenía 23 años de edad cruzó la frontera con México; desde hace seis años radica en Huixtla, Chiapas.
De acuerdo con su relato, el 19 de junio de 2013 policías armados y encapuchados tocaron a su puerta. Una denuncia “anónima” los llevó a su casa. Ella estaba con su hermano menor Luis y su prima Berty Larissa, quienes acababan de cruzar a México para intentar llegar a Estados Unidos.
No hubo orden de aprehensión, acusa Santa. Los policías entraron, golpearon y se llevaron a todos. A su hermano y a su prima los deportaron casi de inmediato.
El expediente 134/2013 del Juzgado de Huixtla asienta que Santa María se dedicaba a la trata de personas, y que fue detenida con dos de sus víctimas. También, que dos mujeres declararon en su contra.
Santa afirma que logró investigar y supo que se trataba de dos jóvenes a quienes tuvieron encerradas en un “albergue para víctimas”, quienes habrían huido de ahí porque las violaron. Por eso nunca comparecieron en las audiencias, reconoce la PGJ de Chiapas.
Santa fue sentenciada a seis años de prisión por el delito de trata de personas. Su prima Berty fue deportada a Honduras, de donde regresó en una ocasión para declarar a favor de Santa y explicar el motivo por el que se encontraba en su casa. Su hermano Luis también declaró a favor de ella antes de continuar su viaje a EU.
Hoy la hondureña, más delgada que hace unas semanas por la huelga de hambre, está libre.
RESPALDO DE LA ONU
Deyra, Karen y Santa no lo saben, pero en 2009 el entonces gobernador Juan Sabines hizo un acuerdo con la ONU para apoyar el Programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”.
Promulgó la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Chiapas. Cuatro años después el gobierno estatal la reformó para crear el “Fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas del estado de Chiapas”, al que organismos internacionales, civiles y del propio gobierno depositan recursos, cuyo manejo es libre, discrecional y no está sujeto a fiscalización.
En 2013 el acuerdo fue ampliado por el procurador de Justicia estatal, Raciel López, y el representante de la ONUDC, Antonio Luigi Mazittelli. Según el diplomático, el actual gobernador, Manuel Velasco, ha permitido “buenos resultados”.
GUADALUPE, SIN ABOGADO NI APOYO CONSULAR
Guadalupe Pérez tiene 50 años de edad; es una mujer indígena originaria de la aldea de San Pedro Tacana, en el departamento (estado) guatemalteco de San Marcos.
En su expediente penal, el 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, se dice que fue detenida en enero de 2014 en Frontera Comalapa. Está acusada de explotar sexualmente a un grupo de mujeres.
Ella lo niega. Guadalupe relata que trabajaba afuera de un bar, una construcción de lámina y bajareque. Por 80 pesos diarios, su trabajo consistía en invitar a los transeúntes a entrar y consumir cerveza.
El día de su detención, recuerda, llegó un convoy de policías federales y estatales. Llevaban los rostros cubiertos, portaban armas largas. Ella asegura que la detuvieron junto con otras mujeres, que las llevaron a unas oficinas, las maltrataron, y las obligaron a firmar declaraciones cuyo contenido nunca supieron.
Guadalupe señala que por ser analfabeta, imprimió su firma. Con el tiempo supo que la acusaban de prostituir a sus compañeras de la cantina: trata de personas con fines de explotación sexual, señala su expediente.
No tuvo asistencia consular, tampoco traductor, pues su español es muy elemental. Guadalupe dice desconocer a su abogado, y no entender lo que se explica en las pocas audiencias que ha tenido.
De acuerdo con el informe “Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas”, de la PGJ de Chiapas, de 2010 a 2014 se ha detenido a 286 personas acusadas de este delito, 123 de ellas son mujeres (43 por ciento), 37 de las detenidas son migrantes centroamericanas actualmente recluidas en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Comitán y Tapachula.
Un análisis realizado por Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, encontró que el 90 por ciento de las mujeres fueron detenidas en operativos que se concentran en locales de bajo presupuesto, donde trabajan las mujeres más vulnerables, las que no tienen estancia legal en el país. La mayoría de las veces ellas trabajan como encargadas de atender, “meserear” o lavar trastes.
Villagrán señala que se debe investigar a los dueños de los negocios. Para abrir un bar, cantina o centro de bebidas alcohólicas los ayuntamientos expiden los permisos.
Villagrán acusa que las compañías cerveceras acaparan los permisos para luego rentar a particulares. Este es el caso de la mayoría de bares y cantinas en la zona. También advirtió la falta de revisión de bares de mayor plusvalía que actúan en impunidad.
“En Tapachula este sector de bares de alta categoría formó un sindicato y actúan en la impunidad. La procuraduría no se mete con ellos, con los giros ‘negros’ o ‘rojos’”.
LILIAN, ACUSADA POR SU SOBRINA
Lilian Elizabeth Aguilar tiene 46 años de edad. Originaria de Guatemala, cuenta que vendía comida en la garita aduanal de Tecún Uman, frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas.
En agosto de 2010, recuerda, su sobrina Paola, de 17 años, fue a comprar insumos para la comida y no regresó. Ella era como su hija, pues desde su nacimiento la cuidó.
“Fui a las autoridades y pedí que la buscaran, me dijeron que me iban a llamar si la encontraban. A los pocos días me dijeron que la habían encontrado y que estaba golpeada, que fuera a buscarla. Fui y entonces me dijeron que yo la había vendido. Ella sólo lloraba”.
Lilian fue encarcelada y después Paola la visitó. Según relata Lilian, su sobrina le contó que se había ido con su novio y cuando la encontraron la obligaron a firmar un papel. Después supo que era para acusarla.
“Ella viene a verme (al penal) y me dice: ‘Mamita, perdóname, yo ya les dije lo que pasó, pero no quieren agarrar mi declaración’”.
Lilian fue condenada a 13 años y seis meses de prisión por el delito de trata. Osman Otoniel López, su esposo desde hace 24 años, la visita cada dos semanas. Él trabaja como jornalero agrícola para mantener a sus tres hijos y para llevarle algo de dinero a ella.
CONSULADOS: “SE VIOLAN DERECHOS”
Las mujeres detenidas denuncian el abandono de sus consulados y éstos reprochan al gobierno mexicano no permitirles la defensa de sus compatriotas.
Héctor Sipac, cónsul de Guatemala en Tapachula, apunta que la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas actúa con negligencia y dolo contra las migrantes.
La Fiscalía, abunda el cónsul, no les notifica cuando hay guatemaltecas detenidas, violando así la Convención de Viena; además de que las han obligado a firmar documentos en blanco o declaraciones que no les permiten leer.
“Tenemos casos muy documentados donde guatemaltecas están detenidas acusadas de trata y donde tras varios años de cárcel ni siquiera han recibido una sentencia porque las presuntas víctimas ya no aparecen. En otros casos, quienes son presentadas como víctimas terminan declarando a favor de las detenidas, pero sus testimonios no son tomados en cuenta”, refiere.
La cónsul de Nicaragua en Tapachula, Namibia Fuentes González, también denuncia irregularidades en el actuar de la Fiscalía, pues se les niega atención consular a sus connacionales acusadas del delito.
En abril pasado, durante un operativo en el bar “El Trópico”, en Arriaga, se detuvo a una nicaragüense que no fue remitida a las autoridades. Para tratar de ubicarla, la cónsul acudió a la Fiscalía para la Atención a Migrantes de la PGJ de Chiapas, donde se le dijo que habría sido deportada sin que se le notificara al consulado.
La diplomática nicaragüense dijo que no se está aplicando la Convención de Viena ni el Protocolo de Palermo para atender a las migrantes de su país detenidas en operativos contra la trata de personas.
Marco Tulio Buesco Guerra, cónsul de Honduras en Tapachula, sostiene que el mayor número de mujeres migrantes detenidas por el delito de trata son de su país.
“Hay pruebas de que en la mayoría de los casos han violado los derechos de nuestras connacionales. Es una situación que ha ido en crecimiento de manera alarmante, por ello ya realizamos un informe a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, y esperamos que en breve se haga llegar al gobierno mexicano una nota diplomática pidiendo se revisen los casos de las ya detenidas, y se respeten los protocolos internacionales”.
OPERATIVOS ARMADOS
La organización Brigada Callejera Elisa Martínez labora con trabajadoras sexuales y meseras de bares y cantinas, para hacerles conocer sus derechos.
La fundadora Elvira Madrid dice que a las migrantes detenidas les fabrican expedientes irregulares en los que a unas las ponen como víctimas y a otras como victimarias. En octubre de 2014 atestiguó un operativo en el bar “Dragón Chino”, a donde habían acudido para dar una plática a las mujeres.
En 30 minutos, recuerda, policías encapuchados y armados, acompañados de un agente del MP, montaron el operativo. Hicieron pasar a una joven como menor de edad; a otra que tenía una bebé la hicieron firmar una declaración en la que decía que era víctima de trata, la amenazaron con que si no firmaba la acusación iba a ir a la cárcel y le quitarían a su hija.
La experiencia que tiene Brigada Callejera con el trabajo en la frontera sur le permite al equipo asegurar que las acciones que se han emprendido en Chiapas contra la trata dejan impune a la delincuencia organizada. “Hay lugares donde tienen a las mujeres obligadas, donde hay armas, donde hay droga. A esos no los tocan, con ellos no se meten”, critica Elvira Madrid.
Nora Suyapa Rodríguez, representante de la Comunidad de Centroamericanos en Chiapas, explica que sus paisanas encuentran en el trabajo en bares y cantinas una opción para obtener recursos suficientes, que les permiten subsistir y enviar remesas a sus países de origen, pues el trabajo en tiendas o casas –la otra opción laboral– se paga en 60 u 80 pesos por jornadas de 12 horas.
Una alternativa de alto riesgo, dice Nora: “Cuando entran al país el primer trabajo que les ofrecen es el de los bares y las cantinas. La necesidad las va orillando a los bares, a las cantinas, a los ‘table dance’, a exponer su vida, a ser explotadas y maltratadas; y ahora, hasta a ser encarceladas”.
*Este trabajo forma parte del proyecto “En el Camino”, realizado por la Red de Periodistas de a Pie, con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.
15/AM/RMB
Carecen partidos de agenda por los derechos reproductivos
México.- A escasos días de las elecciones en el estado de Oaxaca para diputaciones federales, los partidos políticos no contemplan en sus agendas los derechos sexuales y reproductivos, denunció la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
Mayra Morales Aldaz, coordinadora de Ddeser-Oaxaca, señaló que es necesario contar con una legislación que responda a las necesidades de las mujeres y la juventud, así como de una asignación presupuestal suficiente, transparencia y rendición de cuentas. (Con información de Página3)
Patricia Ledesma, nueva directora del Museo del Templo Mayor
México.- La arqueóloga Patricia Ledesma Bouchan fue nombrada directora del Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México, adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Bouchan es licenciada y maestra en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), su trabajo ha consistido en la investigación y análisis en temas relacionados con la gestión del patrimonio arqueológico.
Invitan a taller sobre política feminista internacional
México.- A fin de analizar la situación de los Derechos Humanos de las mujeres y la incidencia del movimiento feminista en la Agenda Global de Desarrollo post 2015, la Red de Género y Economía y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM realizarán este sábado 30 de mayo el taller “Mecanismos y desafíos de la política feminista internacional”.
La cita es a las 16:00 horas en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en Avenida Universidad 779, en la Ciudad de México. Para mayores informes, llamar al 56229457 extensión 68.
15/GMV/RMB
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014, 80 por ciento de las y los feligreses apoya que se informe sobre el aborto legal a niñas y adolescentes, y que los libros de educación pública en primarias y secundarias aborden los derechos sexuales y reproductivos de esta población.
De cara al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora cada 28 de mayo, la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014, que recoge la postura de la feligresía sobre los derechos sexuales y reproductivos, el Estado laico, las identidades católicas y otros temas.
María Consuelo Mejía, directora de CDD, detalló en breve entrevista que el principal hallazgo en la tercera edición de esta encuesta es la consolidación de posiciones “liberales y abiertas” respecto a temas de moral sexual, y la conformación de nuevas identidades de una amplia población que no quiere dejar la Iglesia, pero que considera que ésta debería reformarse.
No obstante, la jerarquía católica y el gobierno siguen mostrando un rechazo total al reconocimiento de estos derechos a fin de mantener el control de la población mexicana, señaló Mejía.
Como evidencia, los principales resultados de la encuesta muestran que ocho de cada 100 personas católicas están de acuerdo con que los libros de quinto y sexto grado de primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como el contenido del programa oficial de estudios de secundaria, expliquen que el aborto es legal en casos de violación sexual de niñas y adolescentes.
Además, 80 por ciento de la feligresía avala que una mujer puede practicarse un aborto cuando su vida está en peligro, y siete de cada 10 están de acuerdo en que se interrumpa el embarazo si la gestación es resultado de una violación.
A esto se suma que más de la mitad de las y los católicos opina que la decisión final de un aborto le corresponde a la mujer; 90 por ciento piensa que las leyes que permiten el aborto no obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo, y 60 por ciento considera que no es necesario que una mujer que aborte se confíese con un sacerdote.
A la par, 90 por ciento de la población apoyaría que la Iglesia permita el uso de condón para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), y las y los feligreses respaldarían a la institución católica si ésta permite el aborto en algunas circunstancias.
Por su parte, la directora de Afluentes, Gabriela Rodríguez, señaló que en comparación con otras encuestas, la de 2014 reveló una mayor preocupación por informar a las y los niños sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Lo que demuestra que la decisión del Senado de eliminar este apartado de la reciente Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se debió a la “ignorancia” de la clase política.
La activista hizo un llamado enérgico para que los libros de texto de primaria se modifiquen a fin de que incluyan información sobre métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos de las y los menores de edad, ya que más del 90 por ciento de la población católica estaría de acuerdo.
Rodríguez también criticó que en estas campañas electorales ningún candidato o candidata –incluso los más progresistas– haya tocado en sus propuestas el tema del aborto, ya que “su pánico” al respecto les impide darse cuenta que gran parte de la población aprobaría estas iniciativas.
Los datos de la encuesta también revelaron que la feligresía católica está desacralizando conductas sociales como el matrimonio monogámico de por vida, y el matrimonio sólo entre parejas de sexos opuestos.
Además, la juventud mostró mayor apertura al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; por región, el Distrito Federal fue la zona más progresista, en contraste con los estados del occidente del país, como Querétaro o Guanajuato.
Estos resultados –coincidieron las expertas– comprueban la distancia “inmensa” que hay entre las enseñanzas de los obispos y las opiniones y prácticas de la población católica.
15/AJSE/RMB