El subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, y autoridades laborales del estado de Baja California (BC) se comprometieron con las y los jornaleros del Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, a impedir despidos masivos por parte de los empresarios agrícolas.
De acuerdo con Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social en San Quintín, desde hace un mes las empresas agrícolas Berrymex y Los Pinos (de las más grandes en la región) iniciaron despidos masivos bajo el argumento de que la producción había disminuido.
Por ejemplo, el activista reveló que la empresa Berrymex –que produce fresas y mora– hace 20 días despidió a más de 500 personas jornaleras que llevaban trabajando hasta 10 años en estos campos agrícolas, y se quedó con personal nuevo que no tiene experiencia mayor a dos meses.
Del total de estas personas se calcula que la mitad son mujeres, quienes participaron activamente en el paro laboral del pasado 17 de marzo en San Quintín, en demanda de mejores condiciones laborales, ya que además de bajos salarios, violencia y jornadas de más de ocho horas, las trabajadoras no cuentan con prestaciones sociales ni seguro médico.
Por su parte, la empresa Los Pinos –que produce tomate y al año emplea a más de tres mil personas– también realizó un recorte masivo hace un mes por la supuesta baja en la producción agrícola.
No obstante, en días pasados –aseguró Fidel Sánchez– la empresa llevó a San Quintín 11 camiones de transporte de personal con cientos de personas provenientes de La Montaña de Guerrero, quienes supuestamente remplazarían a las y los jornaleros despedidos.
Sánchez Gabriel declaró que estos despidos son represalias contra las y los trabajadores del campo por haber participado en el movimiento jornalero con el que lograron en junio pasado un aumento salarial.
A propósito, representantes del movimiento jornalero solicitaron desde hace un mes al procurador del Trabajo en la región, Gabriel Soria, que revisara el recorte del personal; sin embargo hasta ahora sigue omiso a ese llamado, criticó el activista.
Las y los jornaleros vinieron a la Ciudad de México el pasado 23 de julio para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, quien les aseguró que estará al pendiente de estos despidos, y solicitó a las autoridades laborales de BC atender la problemática.
En respuesta, hace dos días las y los jornaleros se reunieron con la secretaria del Trabajo en BC, Juana Laura Pérez Floriano, y con la delegada del Trabajo en Ensenada, Minerva Torres, quienes también se comprometieron a dar una respuesta en breve.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
Además de esa exigencia, las y los jornaleros recriminaron a Miranda Nava porque no se realizó la primera semana de este mes de julio –como se había establecido– una reunión para evaluar los avances de los 13 acuerdos alcanzados el pasado 24 de mayo con legisladoras y legisladores, y autoridades federales.
También cuestionaron sobre las acciones para el cumplimiento de cada punto, entre los que están la inscripción de todo el personal de los campos agrícolas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y un fideicomiso para la creación de guarderías y un hospital de especialidades.
Al respecto, el funcionario precisó que en breve se realizará otra reunión para evaluar el cumplimiento de esos acuerdos, y adelantó que el próximo martes se iniciarán las inspecciones en los centros de trabajo.
Dijo además que el gobierno federal está en disposición de contribuir a la generación del fideicomiso para las guarderías, pero que debía tratarlo con el gobernador de BC, Francisco Vega de Lamadrid, con quien se intentó comunicar frente a las y los jornaleros, pero supuestamente se encontraba en Asia.
15/AJSE/RMB
julio 2015
El Gobierno del Estado de México (GEM) debe implementar de manera urgente las acciones que se desprendan de la Alerta de Violencia de Género (AVG) –cuya procedencia fue admitida ayer–, y comenzar con un reconocimiento público de que en la entidad el feminicidio es una realidad que no ha sido debidamente atendida, demandaron organizaciones civiles.
Ello luego de que se evidenciara –mediante un informe elaborado por autoridades federales– que en el Edomex los casos de violencia contra las mujeres no se reducen al ámbito familiar, las autoridades locales carecen de un registro adecuado de casos de violencia, y la mayoría de los casos están impunes.
En conferencia de prensa hoy, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), agrupaciones que pidieron la alerta desde diciembre de 2010 y han librado una larga batalla legal para que sea decretada, reconocieron el paso histórico que ayer dio el Estado mexicano en la garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, al aceptar declarar la AVG.
Informaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) –que estaría decretando oficialmente la AVG este viernes 31 de julio– se comprometió a retomar en 99 por ciento las acciones inmediatas y urgentes propuestas por las organizaciones dentro del plan de acción de la AVG, que será entregado para su cumplimiento al GEM.
Ayer, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó la procedencia de la AVG para 11 municipios mexiquenses: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La decisión del Sistema se desprendió de la investigación por violencia feminicida que se vio obligado a realizar por mandato judicial en la entidad, y que corrió a cargo de un Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, conformado por representantes de la Procuraduría General de la República, las secretarías federales de Desarrollo Social y Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, y las comisiones nacionales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y para Prevenir la Discriminación.
María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo que aunque la investigación oficial no indagó de manera profunda en el contexto que se vive en el Edomex y que da pie a la violencia contra las mexiquenses, sí reconoce muchas de las violaciones a DH y omisiones en las que incurren las autoridades al averiguar y sancionar los casos.
Del informe –elaborado con datos brindados por el GEM, activistas y familiares de las víctimas– se desprende que entre 2005 y 2010, en más de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por ciento) no se ha formulado imputación alguna.
Mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidio ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40 por ciento se encuentra en la misma situación de impunidad.
De 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.
A lo que se suma que en 57.67 por ciento de los casos la víctima no conocía al agresor o bien, el GEM desconoce la identidad del victimario, dato que, según María de la Luz Estrada, refleja que las agresiones a las mexiquenses no se reducen al ámbito familiar, como el gobierno estatal se ha empeñado en señalar, y por el contrario la violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.
“Estamos hablando de presencia de delincuencia organizada y común que puede estar relacionada con desapariciones y feminicidio; es necesario que sepamos cómo está operando esta delincuencia”, advirtió Estrada tras considerar que una de las primeras acciones como parte de la Alerta debería ser también la elaboración de un diagnóstico sobre la violencia comunitaria y la delincuencia.
Dentro del informe oficial se incluyen nueve recomendaciones generales para el Edomex, las cuales deberá implementar Segob en acciones concretas en los 11 municipios.
Para el OCNF las primeras cuatro recomendaciones contenidas en el documento, deben ser aplicadas por el gobierno estatal de manera inmediata como parte de la AVG; la primera recomendación ordena procurar justicia a todos los casos de asesinatos de mujeres y violencia que siguen impunes, e instar a las autoridades ministeriales a evitar los procesos de mediación entre víctimas de violencia familiar y sus agresores.
La segunda consiste en implementar mecanismos de rendición de cuentas para evaluar, supervisar y revisar el desempeño y productividad del personal judicial que investiga delitos de género.
La tercera recomendación señala que se deben implementar y renovar los mecanismos de localización de personas desaparecidas, especialmente en el municipio de Ecatepec, donde se ha registrado un alza en este delito; y en cuarto lugar se deben iniciar capacitaciones adecuadas al personal que atiende, investiga o sanciona la violencia contra las mujeres.
Para el OCNF, además de aplicar de manera inmediata estas cuatro recomendaciones en los 11 municipios, en la entidad debe hacerse un reconocimiento público sobre la existencia del feminicidio, ya que hasta ahora las autoridades mexiquenses han negado la problemática.
Los indicadores de cumplimiento de estas recomendaciones serán, dijo la activista, la investigación y resolución de los casos de feminicidio y desaparición que fueron presentados al SNPASEVM, entre los que destaca el de Mariana Lima Buendía, asesinada en diciembre de 2010, y que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó resolver las anomalías en la investigación de este crimen.
En la conferencia, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDPDH, pidió no perder de vista que la declaratoria de AVG es resultado de un largo proceso de incidencia de las organizaciones civiles, y no se desprende de una solicitud del GEM.
Al mismo tiempo destacó que se debe incidir en una reforma al Sistema Nacional, toda vez que la dilación en la activación de la AVG demuestra que esa instancia, al estar conformada por representantes de los gobiernos local y federal, actúa con base en “intereses y momentos políticos”.
15/AZM/RMB
Plan Frontera Sur detona violencia sexual contra las migrantes
Más operativos y detenciones cada vez más agresivas a causa del Plan Frontera Sur amenazan los Derechos Humanos (DH) de mujeres migrantes centroamericanas en tránsito irregular por México, alertó la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).
En conferencia de prensa hoy en esta capital, más de 15 organizaciones civiles que integran la Redodem presentaron su informe anual “Migrantes invisibles, violencia intangible”, en el que registraron un aumento de los operativos contra personas migrantes, y más de 40 mil casos de violaciones a DH, 20 por ciento cometidos por agentes del Estado.
Alonso Hernández, coordinador de esta Red, detalló que de enero a diciembre de 2014 se registraron 758 inspecciones de inmigración a nivel nacional solamente por elementos federales (sin considerar operativos locales); mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó al menos 153 redadas en el tren de carga conocido como “La Bestia” –que sale de la frontera sur en dirección a los límites con Estados Unidos–, y se deportaron a 107 mil 199 personas centroamericanas, 47 por ciento más respecto a 2013.
Los datos que reunieron las y los activistas señalan 40 mil incidencias de violaciones a DH durante 2014; entre las más frecuentes: el robo, la extorsión, las lesiones y el secuestro. Estos delitos fueron cometidos principalmente por el crimen organizado, seguido por particulares, y luego por agentes del Estado, entre ellos policías de los tres niveles de gobierno, el INM y el Ejército.
La mayoría de las violaciones a DH se perpetraron en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con el informe, las principales víctimas son las personas migrantes mayores de 15 años de edad, la mayoría provenientes de Honduras.
En el reporte se precisa que cada casa y refugio que integra la Redodem en todo el país contribuyó a construir una base de datos de 31 mil 894 personas que fueron atendidas en 2014, de las que sólo 8.5 por ciento eran mujeres.
Al respecto, Rita Robles, del Servicio Jesuita a Migrantes México e integrante de la Redodem, explicó que ha sido “muy complicado” determinar los delitos particulares contra la población femenina, porque “les cuesta más trabajo hablar sobre eso”; no obstante, es muy probable –aclaró– que ellas sean las principales víctimas de abuso y violencia sexual, que en la base de datos tuvieron 4 por ciento de incidencia.
Las y los activistas aseguraron que estos operativos y las detenciones se han vuelto más agresivas contra la población migrante a partir de la puesta en acción del Plan Frontera Sur, que presentó el Ejecutivo federal en julio de 2014.
Detallaron que para el segundo semestre del año pasado el número de personas que llegaron a los refugios tuvo una disminución de 10 por ciento, en comparación con el primer semestre de 2014.
No obstante, las y los integrantes de la Redodem observaron que esta disminución no quiere decir necesariamente que el fenómeno migratorio se está disuadiendo, sino que las y los migrantes están buscando otras rutas de tránsito que las somete a mayor vulnerabilidad, porque pone en riesgo su integridad física y mental.
La Red señaló que si bien el objetivo del Plan Frontera Sur es la protección de las personas migrantes, en realidad se están implementando acciones con una “fuerte carga” para criminalizarlas y que tienen el propósito de erradicar la migración.
Las organizaciones civiles criticaron también que el Programa Especial de Migración (PEM) –en el que participaron activistas en su elaboración y contiene líneas de acción específicas para proteger a las mujeres migrantes– no operó durante todo 2014.
Además, observaron que el Plan Frontera Sur revictimiza a la población migrante, la cual huye de su país de origen por la violencia y por la persecución del crimen organizado.
Las y los activistas llamaron al gobierno mexicano a detener la “cacería humana de población migrante”, ya que está convirtiendo al país en una “gran muralla de contención de migrantes” a fin de impedir que crucen la frontera hacia EU.
15/AJSE/RMB
Los roles desiguales entre mujeres y hombres también repercuten en que ellas estén más expuestas a los riesgos ambientales para la salud derivados de actividades mineras e industriales, incluso aunque no laboren en estos proyectos, al mismo tiempo que su participación social en la solución de daños ecológicos es muy limitada.
Así lo señala la investigación “Inequidad de género en salud en contextos de riesgos ambientales por actividades mineras e industriales en México”, elaborada por Minerva Catalán Vázquez y Horacio Riojas Rodríguez, y publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para el estudio –incluido en la Revista Panamericana de Salud Pública– se analizó la forma en que el distrito minero de Molango de Escamilla, municipio del estado de Hidalgo; un corredor industrial en Puebla –del que no se especifica su ubicación–, y un relleno sanitario en Cuautla, Morelos, afectan la salud de las mujeres.
El objetivo fue documentar cómo se manifiesta la inequidad de género en contextos de pobreza y en diferentes escenarios de riesgo ambiental.
Según los tres estudios, las mujeres viven en condiciones de pobreza y marginación, por lo que tienen bajos ingresos, bajos niveles de educación y acceso limitado a servicios de salud, la seguridad social y servicios básicos.
Por esta condición de género –dicen los autores– desde que empezó la actividad minera, hace más de 60 años, las mujeres han estado más expuestas a los elementos químicos que se desprenden de la actividad que los hombres (a menos que éstos sean mineros).
Explican que la exposición se da cuando realizan las labores de limpieza de la vivienda, van al campo a traer la leña que utilizan como combustible en las cocinas, y lavan la ropa de la familia y de los mineros, que puede pertenecer a sus familiares o a otros hombres de la comunidad.
Las mujeres también sufren otros efectos de la contaminación por estos elementos (principalmente manganeso), como la desaparición de frutos y hortalizas de sus patios o parcelas.
Por este motivo, ahora ellas tienen que comprar lo que antes obtenían de la tierra, lo cual supone un costo monetario y una mayor dependencia económica respecto a los varones.
El impacto de estos elementos en la salud femenina se traduce en efectos respiratorios, neuro-cognitivos (como problemas de aprendizaje en las niñas), dermatológicos, trastornos gastrointestinales, y aumento de la violencia en las mujeres que tienen compañeros mineros.
Los daños en la salud de las mujeres del corredor industrial en el estado de Puebla (en el que igualmente se exponen a riesgos tóxicos) se traducen en efectos respiratorios, cáncer, malformaciones congénitas, partos prematuros y lesiones cutáneas.
“Las mujeres refieren que vivieron sus embarazos con constante temor e incertidumbre por los antecedentes de partos prematuros y malformaciones congénitas que hay en la comunidad (aunque el estudio no precisa cuál)”, asienta la publicación.
Para los tres casos de estudio se concluye que la inequidad de género incide en niveles más altos de exposición al riesgo ambiental, en daños para la salud generados por esta exposición, y en una baja participación social de las mujeres en la solución de los problemas ambientales.
A lo que se suma que en la actividad minera, al considerarse una labor masculina, las leyes que regulan las condiciones de trabajo, la salud y los derechos sociales de las y los mineros no protegen el embarazo ni previenen riesgos ginecológicos.
Igualmente, aunque las trabajadoras tienen grandes riesgos para la salud derivados de la actividad minera, tienen pocas posibilidades de participar en la llamada “gestión de riesgo” de estas empresas.
Minerva Catalán y Horacio Riojas proponen que durante la evaluación de los riesgos sanitarios para la instalación de plantas u otras actividades industriales se consideren estas diferencias de género, así como propiciar la equidad entre los sexos en la participación social, lo que implica una amplia convocatoria por parte de las autoridades de todos los niveles, así como un trabajo continuo con las mujeres y hombres de las comunidades.
15/AZM/RMB
La presidenta municipal de Catazajá, en el estado de Chiapas, Marcela Avendaño Gallegos, denunció que no tiene noticias sobre los avances de su denuncia penal por el intento de linchamiento que sufrió por parte de simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el pasado 27 de junio.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la alcaldesa –que en 2012 llegó al cargo abanderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– dijo que ese día fue emboscada por simpatizantes del entonces candidato a la presidencia municipal de Catazajá, José Luis Damas Ortiz, quien al final dejó la contienda para ceder la postulación a su esposa, María Fernanda Dorantes Núñez.
Y es que previo a la elección estatal del pasado 19 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos cumplir con la paridad de género en candidaturas (50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones aspirantes), por lo que la coalición PVEM-Partido Nueva Alianza postuló a Dorantes Núñez como candidata a la alcaldía, y a Damas Ortiz como aspirante a segundo regidor.
La alcaldesa saliente informó que el pasado 27 de junio ella y su equipo realizaron recorridos por los pueblos del municipio, y que el último lugar que visitó fue El Serranal para verificar obras; luego se dispuso a regresar a la cabecera municipal pero en el camino una camioneta impactó el vehículo en el que ella viajaba.
Entre la comitiva que acompañaba a la alcaldesa había policías, quienes detuvieron al sujeto que se estrelló con su automóvil. Sin más, el equipo siguió el camino pero más adelante, en la comunidad de El Cuyo, otras personas en varios vehículos le cerraron el paso, golpearon el auto y le exigieron bajara del auto.
A decir de Avendaño Gallegos, la consigna era “lincharla” pero en medio del escándalo logró escapar. Apuntó que los agresores eran simpatizantes del entonces candidato del PVEM, quien cerca de ahí realizaba un acto de campaña de cara a los comicios locales.
“Querían desestabilizar al municipio, de alguna manera lo lograron; hubo un intento de quemar el Palacio Municipal y la casa de una servidora”, relató. Otro hecho relacionado y del cual no dio más información fue la amenaza a una candidata del PRI para que renunciara a la postulación.
Después de este atentado, la alcaldesa hizo la denuncia penal en el municipio de Palenque debido a que por el riesgo que vivía decidió refugiarse fuera de Catazajá; sin embargo, dos semanas después de la agresión vivió otro incidente de seguridad cuando de nuevo pobladores intentaron golpearla.
Marcela Avendaño contó que en la comunidad de Loma Bonita acudió a una comida, pero en el domicilio donde estaba empezó a llegar gente que gritaba que iban a quemar la casa, que querían que saliera; entonces ella pidió auxilio a la policía ministerial, pero sólo llegó, revisó y se fue, mientras que la gente que lanzó las supuestas amenazas siguió ahí hasta la cuatro de la mañana cuando empezó a retirarse.
Este segundo incidente será parte de la ampliación de la primera denuncia, resaltó la presidenta municipal.
A decir de la edil, las agresiones que padeció se derivaron del proceso electoral que en aquel momento estaba en puerta. “Tengo todavía la amenaza y eso nos impide ejercer nuestras actividades como normalmente lo había hecho durante dos años y medio”, declaró.
A este caso se suma el de Yesenia Alamilla Vicente, ex candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía del municipio de Reforma, también en Chiapas, y quien el pasado 11 de julio fue golpeada por participar en la contienda electoral. Se suma que el 27 de julio recibió amenazas de muerte por haber denunciado.
Asimismo está el caso de otra candidata del PAN a regidora, quien decidió omitir su nombre por razones de seguridad y que fue víctima de violación sexual la madrugada del pasado 27 de junio en su casa, en el mismo municipio de Reforma.
En 2013 la senadora por el PRI Lucero Saldaña presentó una iniciativa para incluir la violencia política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
La iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su ratificación, pero nunca ocurrió. Tras la reforma político-electoral de 2014, senadoras del PAN presentaron su propia propuesta en la materia y este año de nuevo PRI, PAN y PRD presentaron otra iniciativa similar ante la Cámara alta. Ninguna ha sido aprobada.
15/AGM/RMB
El pasado viernes 24 de julio venció el plazo para que el Grupo de Trabajo para el estudio y análisis de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, entregara los resultados de su investigación realizada para ese fin.
El Grupo fue conformado por dos académicas de centros de investigación de Sonora, en este caso del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), y El Colegio de Sonora; dos académicos del ámbito nacional (UNAM y Tecnológico de Monterrey); un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y otro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También participaron la directora del Instituto Sonorense de la Mujer; una representante del Instituto Nacional de las Mujeres, y la coordinadora del Grupo de Trabajo, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Visitas no anunciadas a las instituciones encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Sonora se realizaron para recabar datos estadísticos y de índole operativa; sin aviso previo para conocer cómo se trabaja en un día cualquiera en forma cotidiana.
De igual manera se entrevistó a grupos civiles e informantes considerados clave en el municipio de Cajeme y otros puntos de Sonora, así como a víctimas de violencia de género, y familiares de víctimas de feminicidio, para conocer la parte ciudadana desde el enfoque de las víctimas afectadas y contrastar ambos puntos de vista.
También se aplicaron instrumentos de levantamiento de información para las organizaciones de la sociedad civil.
Con todos los datos recabados, el Grupo de Trabajo habría de elaborar un informe sustentando las conclusiones a las que llegaron, y que en el futuro podría ser la base para la declaratoria de AVG en el municipio de Cajeme, si es que el Ejecutivo estatal no acepta las recomendaciones.
En años recientes, Cajeme –ubicado al sur del estado de Sonora– ha estado afectado por una ola de violencia social generalizada destacando los eventos relacionados con el crimen organizado, por lo que las ejecuciones, secuestros, e incluso desapariciones de mujeres, han estado presentes.
En ese contexto de violencia, el feminicidio ha sido uno de los delitos que ha permanecido en forma regular destacando como uno de los municipios con mayor incidencia, al igual que Hermosillo, Nogales y ahora San Luis Río Colorado.
No obstante, 2014 fue un año particularmente violento contra las mujeres de Cajeme, pues 34 por ciento de los asesinatos de mujeres y niñas se presentaron en ese municipio.
Ese porcentaje es el más alto que ha alcanzado desde 2010, cuando se presentaron cuatro casos; 2011 tuvo ocho; 2012, siete casos; 2013 presentó nueve; y 2014 destacó por aumentar en 56 por ciento al presentar 16 de los 46 casos registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
A su vez, la solicitud de AVG se da en un contexto nacional en el que hay varias solicitudes esperando respuesta; otras tantas recibieron negativa a su petición, y otra, la de Tijuana, Baja California (BC), que siguió el mismo procedimiento que la de Cajeme, generó una serie de conclusiones.
La figura de “recomendación” no existe ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), ni en su Reglamento, por lo cual lo que se genera es un documento que plasma el análisis de la información recabada y algunas conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo.
En el caso del documento de 109 páginas referente a BC se advierte que la AVG debería haber sido decretada de manera urgente, pues en todas las conclusiones se enuncian fallas sistémicas.
Muy probablemente en la solicitud de Cajeme suceda lo mismo. A pesar de que ambas se pidieron para un solo municipio, las conclusiones son para todo el estado, pues es imposible desligarlo en esa forma.
No obstante, la AVG sigue siendo un mecanismo incomprendido, pues de lo que se trata no es de emitir “recomendaciones”, sino parar de inmediato la violencia feminicida.
De acuerdo con lo que se entiende por AVG desde el Reglamento reformado en 2013, quienes elaboran los diagnósticos hacen un trabajo exhaustivo para brindar elementos y proceda el decreto de alerta.
Sin embargo, al ser una solicitud para un fragmento del territorio estatal en el que se extiende el feminicidio por todas sus latitudes, el informe no puede sujetarse a un solo municipio; el informe de BC lo demuestra.
La petición fue para Tijuana, pero el documento se refiere a toda la entidad. Y es que es ilógico que se decrete una AVG para un solo municipio o para algunos, tal y como lo solicitó hace unos días el gobernador del Estado de México.
Si lo que se pretende son cambios estructurales, éstos beneficiarán a la prevención de la violencia de género en toda la entidad, pues las instancias de prevención, atención, sanción y erradicación son estatales, y están obligadas a salvaguardar la seguridad de todas las mujeres y niñas bajo su jurisdicción.
Los plazos de investigación son cortos, no así los plazos para los cambios que habrá de hacer el Ejecutivo del estado, pues tiene largos seis meses para realizarlos, eso en caso de que acepte la “recomendación”.
Esto nos demuestra que las reformas al Reglamento de la LGAMVLV no son las adecuadas, pues si se siguen interpretando las conclusiones como un documento relajado en el que se tiene medio año para cumplirlas, sin la obligatoriedad de hacerlo, la AVG pierde su espíritu de parar de inmediato la violencia y proteger a las mujeres en las zonas de riesgo, como está ocurriendo no sólo en Cajeme, sino en varios municipios de Sonora.
La AVG es inoperante tal y como está descrita y respaldada en la Ley General de Acceso y su Reglamento. No deberíamos esperar a que el camino a una nueva reforma legislativa se pavimente con más cuerpos inertes de mujeres.
La AVG “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, que no se nos olvide y que no dejemos de repetirlo.
La AVG no es para echar a andar programas gubernamentales, es para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres. El espíritu es de emergencia, no de planeación a largo plazo.
Twitter: @mujersonora
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
15/SNE/RMB
Por fin se aprobó la Alerta de Violencia de Género (AVG). Costó ocho años para que el instrumento preventivo para salvar la vida de las mujeres fuera puesto en marcha, y este martes vio la luz en una de las entidades más simbólicas por la violencia feminicida de los últimos años: el Estado de México.
El triunfo es para las madres, las hermanas y las familias completas que no se dieron por vencidas, y pese a todos los reveses políticos y legaloides continuaron con su exigencia porque saben que tienen la razón y porque no quieren ni una mujer más asesinada, ni una hija más desaparecida.
Sin duda algo pasó y la pieza que trababa la declaratoria de AVG se destrabó, no sólo para el Edomex sino para el resto de las entidades que lo han solicitado, menos para Chiapas.
Pasaron más de cuatro años desde que se solicitó por primera vez la AVG para el Estado de México –entidad de origen del titular del Ejecutivo federal y de su grupo político–, tiempo suficiente para que en la entidad ocurrieran 840 asesinatos de mujeres sólo entre 2011 y 2013 y desaparecieran mil 285 mujeres, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que ha acompañado a las familias de las víctimas.
Transcurrieron mil 540 días desde que por primera vez se solicitara la AVG. Era el año 2011 y la sociedad civil la demandó. Un año complejo y difícil para cualquier propuesta que pudiera manchar la imagen del Ejecutivo local y candidato presidencial de facto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Toda la evidencia que sustenta el estado de emergencia que se vive en la entidad mexiquense por la violencia feminicida que mostraron las organizaciones fue desdeñada por los funcionarios estatales encargados de cuidar la imagen del entonces gobernador.
Pasaron cuatro años de argumentación, amparos, movilizaciones y cabildeos a la par que las cifras de la violencia contra las mujeres seguían en aumento. De las 840 mujeres asesinadas en el Edomex en estos años, 145 son casos de feminicidio reconocidos como tales hasta ahora, es decir el 17 por ciento.
Algo pasó en la balanza política y toda la argumentación en contra para declarar la AVG se quedó a un lado. Lo que ayer se negó hoy se reconoce y desde el propio Ejecutivo estatal se solicita y se atiende, no para toda la entidad sino para 11 municipios de los 125 que conforman el gran bastión priista.
Hoy se echaron abajo las argumentaciones que en 2011 se dijeron como las del entonces procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, quien aseguró “que no era necesaria la Alerta de Género, que era una cuestión política para desacreditar a un gobernador”, Enrique Peña Nieto, candidateable entonces a la Presidencia de la República.
Argumentos que en su momento enfrentaron a las autoridades estatales con la que fuera presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, quien en declaraciones a la prensa aseguró el mismo día que se negó la AVG –solicitada por las organizaciones– que hubo presión política para no decretarla.
Argumentaron –dijo Gaytán– “que eran tiempos de vacaciones y que era contra un político, (que) porque ya había empezado el proceso y que había una intención de descalificar a alguien. Por supuesto que yo defendí que el proceso es limpio. La campaña no ha empezado, no sé a qué se refieren”.
En aquel momento la entonces vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer del Estado de México y hoy presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, reconoció que existe violencia contra la mujer en la entidad, aunque, a su consideración, no había elementos jurídicos para iniciar la investigación.
Sin duda algo pasó y la pieza que trababa la declaratoria de AVG se destrabó. Hayan sido las mediciones políticas o no, lo cierto es que esta declaratoria abre la puerta para que las familias vislumbren la justicia para sus hijas y hermanas.
Y es a la vez el reconocimiento de toda la argumentación dada desde la sociedad civil, de que el Edomex vive un estado de emergencia por la violencia feminicida. El triunfo, insisto, es para las familias.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
15/LLH/RMB
Necesario contar con respaldo de OSC para acceder a Mecanismo de Protección
En México, 70 por ciento de personas que acuden al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para solicitar medidas de seguridad se enfrentan a una serie de obstáculos toda vez que no cuentan con el respaldo de una organización civil.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de libertad de expresión afirmaron que únicamente han acompañado 30 por ciento de los casos que llegaron al Mecanismo.
Al presentar el segundo informe “Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas”, en el Claustro de Sor Juana de esta ciudad, representantes de 20 organizaciones dijeron que seguirán trabajando para fortalecer el Mecanismo.
En la publicación organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Artículo 19 y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras, analizaron el funcionamiento del Mecanismo y la Ley del mismo nombre.
Según la información difundida por la Secretaría de Gobernación, instancia que opera el Mecanismo, entre octubre de 2012 y el 1 de diciembre de 2014 se recibieron 218 solicitudes de protección, pero las organizaciones civiles sólo acompañaron 59 casos a los que dieron seguimiento.
Los 59 casos documentados provienen de 21 estados, 68 por ciento (40 casos) corresponden a personas periodistas o defensoras que en lo individual buscaron la protección; el otro 32 por ciento (19 casos) corresponde a colectivos, es decir, movimientos sociales u organizaciones compuestas en su conjunto por aproximadamente 64 mujeres y 61 hombres.
La directora de Propuesta Cívica, Pilar Tavera, explicó que ocho casos fueron rechazados por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo quien argumentó cuestiones que van desde lo administrativo (falta de firma o falta de competencia), hasta la falta de reconocimiento de la labor de defensora, y uno más en que las agresiones no tuvieron lugar durante la labor periodística de la solicitante.
Por otra parte, de acuerdo con el informe, la falta de transparencia y rendición de cuentas del Mecanismo ha sido una constante desde su creación, ya que no hay informes periódicos sobre su funcionamiento ni cifras desagregadas de los casos atendidos, lo que según las organizaciones evidencia el incumplimiento de sus obligaciones básicas en materia de transparencia.
A su vez Iván Báez, integrante de Artículo 19, mencionó que como lo señala el informe, el Mecanismo requiere recursos humanos, técnicos, materiales y financieros suficientes para cumplir con su mandato. En el 2014 el presupuesto que le fue asignado ascendió a 134 millones 400 mil pesos y para 2015 fue de 138 millones 963 mil 571 pesos.
En el informe se critica que pese al incremento en la cantidad de casos bajo el conocimiento del Mecanismo -que se acumulan a los ya recibidos desde que inició- no se contemple un aumento presupuestario, acorde con sus necesidades actuales.
Por otra parte, hasta el 28 de febrero de 2015 el Mecanismo contaba con 33 plazas, de las que sólo 28 están cubiertas y cinco permanecen vacantes; además las organizaciones destacaron que no se implementan medidas de prevención para evitar que informadores y activistas estén en riesgo por su labor social.
En la presentación del informe también participaron Fernando Ríos de la Red TDTT; Alberto Solís de Serapaz; Balbina Flores, relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante la presentación, a la que no asistieron funcionarios públicos, se presentaron recomendaciones para mejorar el funcionamiento, por lo que Hernández Valencia llamó a no abandonar este Mecanismo y seguir acompañando su trabajo.
15/AGM/LGL
Yesenia Alamilla Vicente, ex candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía del municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, y quien el pasado 11 de julio fue golpeada por participar en la contienda electoral, denunció que este lunes 27 de julio recibió amenazas de muerte por hacer la denuncia pública.
En entrevista telefónica desde Chiapas, Alamilla Vicente informó que la tarde de ayer decidió salir de su casa para visitar a unos familiares, pero entre las 8 y 9 de la noche recibió un mensaje en su celular en el que le decían que retirara “la demanda contra el jefe” o la matarían a ella y a su familia.
En ese mismo mensaje, proveniente de un número celular con lada local, se leía: “¿No te bastó la calentadita que te dimos?”, en referencia a la golpiza que un grupo de encapuchados le dio la mañana del pasado 11 de julio cuando se dirigía por carretera desde Chiapas al vecino Tabasco.
De acuerdo con lo que narró a Cimacnoticias, aquel sábado aprovechó la suspensión de las campañas para ir a Tabasco a hacer unas compras, pero al pasar el entronque carretero de Boca de Limón, una camioneta le cerró el paso y un grupo de unos cinco hombres bajaron y la golpearon.
Los agresores le cubrieron los ojos, le apretaron el cuello para que abriera la boca y le introdujeron la mano, además de que le dijeron que la golpiza era un mensaje del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Herminio Valdez Castillo, quien al final ganó la alcaldía de Reforma.
En la amenaza telefónica de anoche se le advirtió a Yesenia Alamilla que su vida corría peligro por “la demanda contra el jefe”, y es que cabe decir que ella denunció penalmente al ahora candidato por ser el presunto autor intelectual de la agresión.
Ayer por la noche, después de ver el mensaje escrito, la panista se dirigió al Ministerio Público de Reforma para hacer la denuncia correspondiente. “No me dan ninguna respuesta; nada más me dicen que es una nueva demanda, que van a investigar”, explicó Alamilla.
Además reclamó que no haya pasado nada después de que señaló a Valdez Castillo como el probable responsable de las lesiones que le quedaron el brazo, el seno y la espalda. “¿Por qué si tengo señalada a una persona hasta ahorita no la han detenido, no la han interrogado, o lo que se le parezca?”, cuestionó la ex aspirante.
Alamilla Vicente advirtió que hasta ahora no ha recibido apoyo del PAN estatal ni nacional, ya que aseguró que ni siquiera la han apoyado con un abogado, ni mucho menos con recursos económicos. Ahora lo que más le preocupa es la seguridad de su familia.
Ante esto, señaló que ha tratado de comunicarse con el presidente estatal del PAN, Carlos Palomeque. Precisó que lo ha buscado en la oficina y en su teléfono celular, pero no le responde las llamadas, y consideró que no obtiene respuesta porque todo el partido está en el asunto del ex candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo.
Cabe decir que desde el pasado 19 de julio Alamilla Vicente cuenta con la protección de dos agentes de seguridad que gestionó el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Pedro Villafuerte, quien pidió a la Procuraduría General de Justicia local que brindara medidas de protección a la ex candidata.
15/AGM/RMB
El Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó hoy la procedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de México, entidad que desde 2010 es señalada por activistas como un “foco rojo” de la violencia de género.
Tras cinco años de exigencia ciudadana y llamados internacionales para detener la violencia contra las mujeres en el Edomex, el SNPASEVM sesionó para conocer el informe sobre violencia feminicida que se elaboró en la entidad –ordenado por mandato judicial desde 2013–, y votar la procedencia de la AVG en 11 municipios mexiquense, tal y como lo había solicitado –presionado por las protestas ciudadanas– el gobernador Eruviel Ávila, el pasado 7 de julio .
Por primera vez desde su creación en 2007, el Sistema reconoció que la AVG está diseñada para detener la violencia feminicida, y no para atacar a los gobiernos locales, por lo que finalmente decretó la Alerta que tendrá medidas urgentes en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Ahora corresponde por ley a la Secretaría de Gobernación (Segob), como cabeza del SNPASEVM, elaborar –aunque aún no se sabe los montos federales a destinarse– el programa de acciones que deberán emprenderse de manera urgente en estas 11 localidades, y notificar oficialmente de ello al Gobierno del Estado de México (GEM), que tendrá la obligación de implementarlas. Se espera que mañana la Segob active formalmente la AVG.
Durante la sesión –según contó a Cimacnoticias María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)–, las representantes de las dependencias estatales y federales que integran el Sistema dijeron que por años se ha negado la procedencia de una AVG con el argumento de que era una forma de “atacar a los gobiernos locales”.
Estrada precisó que no se dio lectura íntegra al informe sobre violencia feminicida en el Edomex, pero se resaltaron algunos elementos para reconocer que en la entidad existe un contexto de impunidad, corrupción e inexistencia de personal capacitado ante los asesinatos y desapariciones de mujeres.
En dos gobiernos mexiquenses (el de Enrique Peña Nieto –ahora titular del Ejecutivo federal– y Eruviel Ávila Villegas) se ha registrado 70 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio.
“Esto tiene como consecuencia que los agresores conozcan este patrón de impunidad y sigan cometiendo estos actos, que ahora se ven agravados con una situación muy grave de desapariciones, que fueron elementos que se reconocieron durante la sesión”, abundó Estrada.
En la sesión del SNPASEVM, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, señaló que uno de los factores que ha permitido que la violencia contra las mujeres se incremente es el silencio de las autoridades por abordar estos temas.
De acuerdo con lo aprobado hoy por el Sistema, las acciones urgentes en los 11 municipios estarán enfocadas en la prevención de la violencia, la seguridad y la justicia, y se permitirá a las organizaciones civiles formar parte del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Alerta.
Al mismo tiempo se mencionó que se trabajará en una nueva reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permita que la AVG se implemente de manera urgente cuando sea solicitada.
Para el OCNF, organización que en conjunto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigió desde hace cinco años la activación de la AVG en el Edomex, las medidas que se desprendan deben estar enfocadas en combatir el feminicidio y la desaparición, sobre todo, de mujeres jóvenes.
Por lo que es fundamental que el GEM reconozca públicamente la existencia del feminicidio y se ordene la reapertura de los casos que siguen impunes, especialmente aquellos que fueron presentados ante el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que realizó la investigación sobre violencia feminicida en la entidad, entre ellos el asesinato de Mariana Lima Buendía, perpetrado en diciembre de 2010.
Otra de las medidas propuestas por el OCNF –contó Luz Estrada– es la creación de Unidades de Contexto, para analizar lo que está en el fondo de las agresiones contra mujeres, y dar instrucciones precisas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre la forma en la que debe realizarse la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
También se deberá realizar un diagnóstico sobre cuáles son las razones por las que desaparecen las mujeres de entre 15 y 17 años de edad, así como un informe exhaustivo sobre los restos de mujeres localizados en el Canal de los Remedios, en el municipio de Ecatepec, y la capacitación a funcionarias y funcionarios.
Luego de conocer la decisión del Sistema, José Manzur, secretario de Gobierno del Edomex, dijo en conferencia de prensa en Toluca, la capital del estado, que ya se ha desarrollado “un plan de acción estratégico” para asegurar los derechos de las mujeres y acatar la AVG.
En el área de prevención se cuenta con un programa de cultura, campañas de prevención en espacios educativos, recuperación de espacios públicos, y se colocarán cámaras de vigilancia en zonas de alto índice delictivo.
“Para garantizar la seguridad” de las mujeres –agregó el funcionario– se establecerán centros de justicia para las mujeres, y se integrará de manera inmediata un grupo jurídico para analizar las carpetas de investigación por casos de asesinatos de mujeres.
El funcionario no perdió la oportunidad de resaltar que en este gobierno se han realizado diversas acciones para proteger a los 8.6 millones de mujeres mexiquenses, y enlistó todos los logros que se han implementado en este sexenio.
DEMANDA AÑEJA
Se debe destacar que para que fuera decretada la AVG en el Edomex fueron necesarios cinco años de llamados internacionales, manifestaciones sociales, cambios legislativos y sentencias judiciales.
De 2005 a 2010 el OCNF tuvo conocimiento de un total de 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad, ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de AVG en diciembre de 2010.
En enero de 2011 el Sistema negó, sin justificar o argumentar su negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta resolución.
En 2012 y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones, y ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir una nueva, apegada a derecho.
Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de abril de 2014 el Sistema admitió la procedencia de la investigación y que ésta correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de personalidades de la academia, como ocurre con los Grupos de Trabajo que investigan en otros estados.
En febrero pasado se presentó un nuevo amparo ante el Poder Judicial para que éste ordenara la publicación de dicho informe.
La inoperancia de la AVG incluso derivó en que en 2012, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitiera una recomendación al Estado mexicano para que eliminara los obstáculos que impedían la declaración del mecanismo.
El 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), para “volver operable” la Alerta,
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