Las más de 800 mil niñas y adolescentes que trabajan en México lo hacen por la pobreza en sus hogares, se emplean en el mercado informal y experimentan bajos salarios y jornadas de más de 12 horas –de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, además de que padecen violencia laboral y algunas tienen que emigrar.
El Estado mexicano está obligado a abolir el trabajo infantil que enfrentan 827 mil 896 niñas y adolescentes, ya que el pasado mes de junio ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para elevar progresivamente la edad mínima para el empleo.
Ejemplo de la negligencia de las autoridades ante la explotación laboral infantil, es la situación de niñas, niños y adolescentes procedentes de los estados de Chiapas y Oaxaca que se emplean como ayudantes en cocinas económicas (fondas) o trabajadoras del hogar en el Estado de México.
Cimacnoticias recogió testimonios de estas niñas y niños explotados.
“Itzel”, de 12 años, salió hace tres semanas de Oaxaca para trabajar en una cocina económica en un mercado en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, pues en su estado natal no había las condiciones para sostener junto a su madre una familia de ocho integrantes, relató una comerciante que por 20 años ha visto llegar a decenas de niñas a laborar a este mercado.
A “Itzel” la trajo su tía “Claudia” junto con otras tres niñas de entre 12 y 16 años de edad, que por la pobreza también ya habían abandonado sus estudios.
Según el testimonio de otra comerciante, una vez que llegan las niñas y adolescentes se les emplea en algunas de las cocinas o en casas particulares donde se requiera personal. Las que se quedan en las fondas realizan diversas tareas como lavar trastes, comprar productos, limpiar los locales, servir las mesas y entregar pedidos.
Su jornada laboral es de 12 horas seis días a la semana: de 9 de la mañana a 9 de la noche. Perciben apenas 600 pesos. Para vivir, “las patronas” (dueñas de las cocinas) les rentan un cuarto en mil 500 pesos atrás del mercado, en el que viven todas las personas que se requieran para completar la paga.
OBLIGADAS A TRABAJAR
De acuerdo con el informe 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 26 millones de niñas, niños y adolescentes padecen pobreza y pobreza extrema, y muestra de ello son los más de 300 mil niñas y adolescentes que se ven obligadas a trabajar para pagar su escuela y sus gastos personales, o de plano sólo laboran pues “el hogar así lo necesita”, según otra encuesta de Inegi de 2013.
El Inegi también reporta que del total de mujeres menores de edad que trabajan, 56 mil 476 tiene entre cinco y nueve años de edad, y 265 mil niñas trabajadoras no va a la escuela. La mayoría de las niñas y adolescentes se ocupa como “trabajadoras en actividades elementales y de apoyo”, “comerciantes, empleadas en ventas y agentes de ventas”, y “trabajadoras en servicios personales y de vigilancia”.
De hecho, 7 mil 495 niñas y adolescentes son trabajadoras del hogar (algunas sin remuneración), cifra que en 10 años sólo se ha reducido 10 por ciento, y que se enmarca en una de las ocupaciones más desprotegidas por la Ley Federal del Trabajo.
Coneval informó que la mayor parte de la población infantil en pobreza vive en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. No obstante, al ingresar al mercado del trabajo, el grueso de niñas y adolescentes que labora no recibe ingresos, y más de una cuarta parte percibe apenas un salario mínimo.
MALTRATOS
Las y los comerciantes entrevistados por esta agencia coincidieron en que además de las duras jornadas laborales, las y los niños que trabajan en las fondas reciben peores tratos que las personas adultas, ya que si por accidente tiran algún utensilio son humilladas frente a todo el mercado, además de que se les regaña con insultos y deben pagar lo que rompieron.
En caso de enfermarse, se les permite faltar sólo un día al trabajo o utilizar su único día de descanso, y no se les brindan recursos económicos aparte de su sueldo para pagar las consultas médicas.
Uno de los comerciantes aseguró que es común que las adolescentes presenten embarazos meses después de que llegan a trabajar, motivo por el que son despedidas y, en el mejor de los casos, se les permite continuar hasta que ellas mismas deciden abandonar el empleo, pero sin que se les dé al menos un apoyo para el parto y los cuidados que requieran.
Ninguna de las adolescentes continúa sus estudios y la mayoría abandona en breve las cocinas económicas para buscar otro empleo en el mismo mercado o en las casas de los comerciantes.
15/AJSE/RMB
julio 2015
Aún sin cumplir Tlalpan con pagos a promotoras de la delegación
Las autoridades de la delegación Tlalpan, en esta capital, adeudan casi la mitad de “apoyos económicos” (2 millones 694 mil 522 pesos) para 128 promotores –en su mayoría mujeres– de programas de desarrollo social de la demarcación, por sus servicios hasta este mes de julio.
En tanto, la delegación sigue sin dar un solo peso a otro grupo de profesionistas que prestaron sus servicios para combatir adicciones entre la población tlalpense.
Anabel Donají Santaella, promotora de la actividad institucional “Sonríe, Desarrollo Social está contigo 2015”, aseguró en entrevista que el pasado 20 de julio ella y otras 127 personas finalmente recibieron el “apoyo económico” correspondiente a los meses de marzo y abril de 2015 (un millón 796 mil 348 pesos), que se les debía por promover dicha acción institucional.
El pago se suma al monto por la misma cantidad que recibieron el pasado 5 de junio por los meses de enero y febrero de 2015; pero la demarcación aún les adeuda el apoyo económico correspondiente a mayo, junio y julio (2 millones 694 mil 522 pesos), meses en los que tuvieron que realizar actividades de limpieza y de oficina debido a la “veda electoral” (los días previos a la elección local del 7 de junio en los que no se podía hacer proselitismo), precisó Santaella.
Las promotoras dijeron no tener certeza de cuándo recibirán el resto del dinero que les debe la delegación Tlalpan, ni si se normalizará el suministro de este apoyo económico durante los meses siguientes y hasta noviembre próximo, cuando debería concluir el programa.
DEUDA MILLONARIA CON PROFESIONISTAS
A esa deuda, la delegación suma otras con personas promotoras de una actividad institucional y dos programas sociales, la mayoría mujeres y algunas profesionistas.
Este es el caso, por ejemplo, de las personas que prestaron servicios profesionales para la actividad institucional “Con apoyo a la Salud, Tlalpan Sonríe al Futuro”, que incluye las acciones “Sonrisa de Mujer” (servicios dentales), “Clínica Veterinaria”, y el “Centro de Control de Adicciones (CIELO)” (con servicios terapéuticos).
Al respecto, Patricia Espinoza, terapeuta familiar de la acción CIELO, señaló en entrevista con Cimacnoticias que para esta actividad participaban 13 personas (12 mujeres y la mayoría profesionistas o con carreras técnicas), que atendían semanalmente a 15 familias, de cuatro o cinco integrantes cada una.
No obstante, desde el pasado mes de enero laboraban sin el apoyo económico que deben recibir de la delegación y en abril se les pidió suspender la actividad institucional, ya que “no se identificaron recursos para el pago de sus apoyos”.
De acuerdo con Espinoza, las y los profesionistas –la mayoría psicólogas– advirtieron a las autoridades de la delegación que no podían interrumpir la atención que estaban dando a las familias, por lo que antes de “despedirlos” las y los funcionarios les recomendaron cobrar 30 pesos por sesión.
Ante la negativa de las y los profesionistas, la terapeuta dijo que autoridades de la delegación señalaron que se podrían seguir prestando servicios a la población de Tlalpan con tan sólo tres psicólogos que son de planta, lo que lo llevaría a brindar 300 sesiones semanales.
En total, la delegación debía pagar a 38 profesionistas (beneficiarios de “Con apoyo a la Salud, Tlalpan Sonríe al Futuro”) 3 millones 593 mil 868 pesos por trabajar de enero a noviembre.
Al respecto, Comunicación Social de la demarcación informó a esta agencia que solicitó –sin precisar fecha– a la Secretaría de Finanzas del DF una partida presupuestal, para solventar la entrega de apoyos económicos debido a que “la pasada administración publicó reglas de operación sin contar con fondos económicos”.
Y agregó que ya había solicitado 38 plazas de “Nómina 8” a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del DF “con el fin de ofrecer estabilidad en esos espacios”.
No obstante, según Patricia Espinoza, la semana pasada las y los beneficiarios acudieron a la delegación a preguntar sobre su apoyo económico, pero les informaron que la partida presupuestal había sido rechazada y que se había presentado otra solicitud que aún no se respondía.
15/AJSE/RMB
Junto al agresor hay un aliado. Junto al perpetrador de la violencia un sistema de justicia que violenta a la mujer que se atreve a denunciar.
Junto al que comete el feminicidio o la tortura, un medio que le da cobertura; la mayoría de las veces desde y con un discurso cuyo efecto es sembrar el terror en otras mujeres. Aleccionar a través de las coberturas periodísticas y multiplicar su efecto a través de las redes sociales.
La violencia de género tiene brazos y manos, tan sólo uno de ellos es el terrorismo contra las mujeres en los medios/redes con su efecto multiplicador, estructura y elementos de reproducción-continuación.
Cierto es que las mujeres nos hemos apropiado de las redes, pero el patriarcado no se amedrentó y se vale de múltiples recursos como discursos patriarcales sexistas, misóginos, criminalizadores con violencia gráfica, apoyados por otros elementos; pero por sí mismo el terrorismo sexista de los medios implica un intricado sistema que necesita ser visibilizado para empezar a ser desarmado.
En ese juego, el papel que desempeñan los medios de comunicación no es pasivo ni inocente; desarticular sus estrategias nos da también la posibilidad de apostar a un cambio de fondo.
Ese terrorismo sexista de los medios se manifiesta de cuatro formas (aunque no es una revisión cerrada). Por un lado está lo que Rita Segato ha llamado “pedagogía de la crueldad”; una segunda forma es la criminalización de las identidades femeninas manifiesta en las coberturas periodísticas; una tercera es la reproducción de los discursos patriarcales de control –especialmente sobre el cuerpo de las mujeres–; y una cuarta es la propaganda-proclama de los hechos violentos que se cometen contra el cuerpo de las mujeres.
Este terrorismo sexista está construido desde y con los medios/redes y tiene varios efectos: es aleccionador, reforzador de estereotipos/roles, perpetrador en sí mismo de violencia, y constituye por sí mismo y sus coberturas-enfoque-lenguaje, distintas formas de una violencia extensiva en el abanico de formas de violencia contra la mujer de efectos naturalizados en la sociedad.
Si partimos de que el terrorismo es “la dominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo, busca coaccionar y presionar para imponer sus reclamos y proclamas”, comprendemos que la violencia contra las mujeres constituye una forma de terrorismo del Estado Patriarcal, y construyendo sus propios códigos, sus mensajes y por supuesto sus ataques.
Es un aliado, pero también es extensión del discurso de control sobre la vida y cuerpo de las mujeres.
¿Cómo se manifiesta? En los dos últimos casos (Discursos Patriarcales y como Propaganda-Proclama), este terrorismo sexista en los medios está construyéndose, enunciándose y reforzándose todos los días a través de mensajes mediáticos que son colocados, reproducidos, y que dan argumentos para proclamar y ejecutar más violencia. Es decir, es una violencia “per se” que justifica y construye argumentos violentos.
La violencia contra las mujeres es por sí misma una forma de terrorismo que golpea a diario la vida de millones de mujeres, y dispone de un sistema ideológico difundiendo, propagando y proclamando violencia de género, y en este trabajo entra la reproducción de esos argumentos a través de palabras e imágenes.
Esas proclamas son evidentes en redes sociales, en noticias con fotografías de mujeres violadas y mutiladas, arrojadas en espacios públicos. (El que perpetúa la violencia sabe que contará con ese sistema de difusión ideológico que bajo coberturas mezquinas hará extensivo el horror del hecho violento contra el cuerpo de las mujeres).
Es también “aleccionador” y un ejemplo reciente está en Colombia. En respuesta a una violación cometida contra la conductora de un colectivo, los medios exhortaron a quitar a las mujeres conductoras de los horarios nocturnos y zonas peligrosas.
Esta “solución” refuerza y normaliza la violencia, además de que justifica la discriminación por motivos de género; en México se apostaba a “espacios seguros para las mujeres”. Así las áreas seguras se convierten en “confinamientos” restrictivos por tu propia seguridad.
Hace algunos años en el asesinato de una turista en Turquía se cuestionaba: “¿Qué hacía ella viajando sola por el mundo?”. Y eso justamente muestra que pretende “aleccionar”, recordar a otras mujeres que no deben transgredir los espacios públicos, las conmina a permanecer en los privados, o buscar la tutela de una figura masculina cuando sale.
En las coberturas se acompañan argumentos que dejan en claro cuando las víctimas de la violencia merecen el castigo por ser infieles, por trabajar en un cabaret, por vivir en la calle.
Recordemos el desafortunado reportaje de “El joven que tocaba el piano (y descuartizó a su novia)”, en el que se ponderaron las virtudes académicas del agresor frente a la víctima presentada como “nini”.
Cuando la violencia sea evidente se construyen argumentos como “muere” mujer… en vez de enunciar que fue asesinada. En casos de violencia en el hogar: “Cae por la ventana en discusión/riña con su pareja”, en vez de señalar la violencia familiar.
(En agresiones sexuales las coberturas periodísticas hacen énfasis en el lugar, la hora y en algunos casos la actividad de la víctima. Algunas notas sobre casos de feminicidio se centran en lo que la víctima hizo para enojar al agresor).
Por último, los efectos de ese terrorismo en el ánimo de las lectoras/usuarias de redes merecen también ser analizados a partir de la recepción y su alcance.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
15/AC/RMB
De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud (Ss), en México cada año hay más de 2 millones de embarazos, de los cuales entre 15 y 20 por ciento desarrollará alguna complicación pese a un adecuado control prenatal, es decir, alrededor de 300 mil anuales, dejando a 30 mil mujeres con secuelas obstétricas que les provocarán alguna discapacidad.
En promedio, mil mujeres fallecen cada año y tres mil niñas y niños quedan huérfanos.
De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, durante 2013 ocurrieron 861 muertes maternas (MM), de las que sólo 86 por ciento contó con asistencia médica prenatal y 13 por ciento no tuvo control prenatal. Es importante destacar que, de las mujeres fallecidas, 12.7 por ciento no tenía seguridad social ni protección a la salud. ¿Qué se ha hecho para enfrentar este problema?
A partir de los años 90 cambió el paradigma de la atención materna, centrada en la atención prenatal, a la priorización de la atención oportuna de las emergencias obstétricas (AEO), cuyo propósito es que las mujeres tengan acceso de manera segura a un sistema de atención de emergencias las 24 horas del día los siete días de la semana.
La emergencia obstétrica (EO) se define como aquel estado de salud que pone en peligro la vida de la mujer y/o al producto y que además requiere de atención médica y/o quirúrgica de manera inmediata.
Las EO en México son resultado principalmente de cinco causas: hemorragia obstétrica o sangrado durante el embarazo, parto o después del parto, trastornos hipertensivos, infecciones, parto obstruido o parto prolongado y aborto, que se manifiesta por sangrado en el primer trimestre del embarazo.
Se estima que el tiempo promedio para que se produzca la muerte a partir del inicio de la EO es de dos horas en el caso de una hemorragia postparto; dos días para la eclampsia y el parto obstruido, así como seis días en caso de algún proceso infeccioso.
La severidad de las complicaciones dependerá de varios factores como son: las condiciones previas de salud de la embarazada, la oportunidad de la atención de la emergencia, el manejo competente o no de la emergencia al contacto con los servicios de salud, es decir, el adecuado diagnóstico y tratamiento.
La estrategia para la AEO fue impulsada por organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Averting Maternal Death and Disability (AMDD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2006 la Ss incluye la AEO como una estrategia para disminuir la MM y en 2009 las principales instituciones públicas de salud firmaron el “Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas” (en adelante Convenio), el cual constituye una estrategia pionera encaminada al acceso universal de la mujer cuando padece una EO, y asegurar su atención oportuna e inmediata cuando así lo amerite, sin importar si cuenta o no con afiliación en alguna institución de seguridad social.
La atención universal durante el embarazo y la AEO serían los dos elementos fundamentales para disminuir la MM en México.
El Convenio no contempla la participación de los consultorios o clínicas de primer contacto ni de los hospitales de alta especialidad.
Una EO amerita forzosamente el traslado de las mujeres a hospitales con capacidad de resolver el problema. Por ello estas unidades de primer contacto deberían considerarse como un elemento fundamental para ofrecer los primeros cuidados a fin de que la mujer sobreviva al traslado.
Sin embargo, el personal médico del primer nivel no cuenta con medicamentos, habilidades para este cuidado y no todas las unidades están dotadas con ambulancias.
El Convenio sólo incluye establecimientos hospitalarios denominados de segundo nivel con servicios de ginecoobstetricia principalmente y, en menor proporción, establecimientos del tercer nivel con subespecialidades médicas como neurología o nefrología.
No todos los establecimientos que participan en el Convenio disponen de total capacidad resolutiva para la AEO integral, es decir, no cuentan con una unidad de cuidados intensivos para adultos o para neonatos, y para los casos severos se pueden requerir servicios médicos altamente especializados de un tercer nivel (por ejemplo de neurocirugía en caso de una hemorragia cerebral secundaria o eclampsia).
Actualmente México cuenta con mil 329 establecimientos con hospitalización a nivel nacional, y sólo participan 463 en el Convenio, lo que representa menos de la tercera parte de los espacios que disponen de infraestructura para otorgar la AEO; de éstos, 160 se consideran de alta resolutividad porque tienen unidades de cuidados intensivos para personas adultas y/o menores de edad, y 31 pertenecen al tercer nivel de atención.
Cuando se amerita el apoyo de otro establecimiento para casos de AEO que requieren de alta especialidad, los hospitales cuentan con la opción de realizar la referencia.
Los hospitales de alta especialidad no están incluidos en el Convenio, con excepción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, perteneciente a los Servicios Estatales de Salud de Tamaulipas.
A pesar de que se esperan 300 mil complicaciones obstétricas cada año y con distintos grados de gravedad, el manejo de la AEO se considera de competencia exclusiva del segundo nivel de atención sin involucrar al resto (primer y tercer niveles).
Pese a que el objetivo del Convenio es asegurar el acceso universal ante la EO, su campo de acción se reduce al limitar su operación en un acotado número de establecimientos; un desafío es ampliar la cobertura institucional y fortalecer la infraestructura instalada para la AEO, así como incluir el primer nivel de atención.
Desafíos y retos pendientes en la AEO en México:
1. Ampliar la cobertura de instituciones y establecimientos participantes al Convenio. Por ejemplo incluir a la Sedena, Semar y Pemex.
2. Fortalecer el primer nivel de atención para la AEO básica.
3. Capacitar al personal de salud en la AEO, así como dotar de recursos físicos e insumos necesarios para la estabilización de pacientes, previa referencia a un hospital con la suficiente resolutividad para su atención.
4. Difundir la estrategia del Convenio entre usuarias y proveedores de servicios de salud como estrategia de AEO universal, para reducir demoras en la atención a través del conocimiento de la estrategia, donde además de informar sobre los datos de alarma a la mujer, se especifique que puede acudir a cualquier establecimiento de salud ante una EO.
*Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México.
**Secretaría Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México y profesora-investigadora del CIESAS-Sureste.
***El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
15/GRR/GFE/RMB
La semana pasada estuve revisando los días de vacaciones para organizarme un poco hasta el final del año. Y ya reservé algunas fechas fuera del periodo estival. Y, como no podía ser de otro modo, una de las seleccionadas fue el 6 de noviembre. Quiero estar fresca para el día importante.
A iniciativa de la Coordinadora Feminista de Valencia y en concordancia con otras muchas asociaciones, plataformas y mujeres, se está organizando para el 7 de noviembre la que se ha denominado como “LA MARCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS”.
La necesidad de esta marcha radica en la urgencia de que se tome consciencia de que nos están asesinando por ser mujeres. Que el feminicidio que estamos viviendo se está obviando por parte de quienes nos gobiernan.
Que este tema, el del terrorismo machista, ha de estar en primera plana de las agendas políticas de todos los partidos y con medidas claras y concretas para erradicar este terrorismo que se lleva por delante la vida de tantas mujeres y niñas cada año.
En las últimas semanas he visto los informativos convencionales de radio y televisión. Aparte de que se dedica mucho más tiempo a la información deportiva que a los asesinatos de mujeres, está surgiendo otro fenómeno que me preocupa. Y es el de la defensa de de los derechos de los animales.
Me parece fantástico que se avance en la defensa de los derechos animales y es una causa en la que me encontrarán, pero en los medios de comunicación generalistas aparece como más importante, por ejemplo, el seguimiento de la adopción de los cachorros “Chapa” y “Pote” después de haber sido rescatados de una muerte segura por parte de una asociación protectora de animales que les limpió del chapapote del que estaban impregnados, que el seguimiento de los temas resultantes del terrorismo machista.
Con carácter general, no se elaboran noticias con contenidos pedagógicos para prevenir. No se realizan seguimientos de las condenas de los asesinos. No se elaboran contenidos justos para las mujeres asesinadas o agredidas. Se limitan a una cuestión de maquillaje en los términos y ya. Cambian el término violencia de género por violencia machista y ahí se quedan los cambios.
Cada vez que una mujer es asesinada por terrorismo machista, el sistema patriarcal refuerza su papel en el ámbito simbólico. Y esto es mucho más peligroso de lo que pueda parecer en principio.
Y si quienes ostentan el poder público a todos los niveles no actúan de inmediato y con contundencia, se alían con el patriarcado más feroz que refuerza su poder y su presencia, llegando a justificar al asesino o maltratador con mensajes claros o subliminales. Y este aspecto conlleva en sí mismo el que todo vale para que el orden establecido, el patriarcado, perviva y se refuerce.
Son muchos los elementos que han permitido que estos asesinatos de mujeres pasen desapercibidos o no se les dé la importancia que realmente tienen. Entre ellos las nefastas por inexistentes políticas de sensibilización y prevención que, desde los ministerios afectados, no se han llevado a cabo.
Pero por el contrario acaban de presentar con bombo y platillo sin la presencia del ministro Alonso un informe con una muestra de 40 mujeres víctimas sobre los motivos que las llevan a NO DENUNCIAR A SUS AGRESORES.
¡¡¡Tócate las narices!!! ¿Pero cómo es posible que se destine dinero público a este tipo de manipulaciones para incriminar a las mujeres en su propio ciclo de violencia, e incluso volverlas a culpabilizar de su propia situación? Es, al menos para mí, totalmente inconcebible.
Es tal la estafa, que mediante este tipo de estudios (insisto que pagados con fondos públicos), que llegan a dejarme casi sin aliento. Y que conste que he dicho “casi” porque de inmediato lo recupero para escupirles en la cara lo inconscientes que son al justificar que las mujeres no denuncien para elevar a culpa de ellas mismas el origen de su sufrimiento por no denunciar. Son terriblemente perversos los mensajes de esta gentuza.
No hay dinero para prevenir ni para sensibilizar. Eliminan la asignatura de educación para la ciudadanía del currículum escolar en la que se podía trabajar este tipo de temas. Imponen la asignatura de religión que predica sumisión de las mujeres y subsidiariedad de las mismas a los hombres. Eliminan recursos para las víctimas dejándolas en situaciones de total desamparo, pero mantienen cursos de reciclaje para reinserción de maltratadores.
Eliminan la formación para profesionales implicados por falta de recursos, así como también justifican la falta de recursos para que las mujeres puedan exigir los derechos contemplados en la actual y vigente legislación. Y no actúan con la contundencia necesaria para apartar a quienes no cumplan con sus obligaciones de aplicar correctamente las normas competentes para castigar a los agresores.
Porque todo eso y mucho más han permitido quienes nos siguen desgobernando, consiguiendo con sus medidas y sus silencios cómplices que los asesinos pierdan el respeto a las normas y el patriarcado se ha envalentonado para imponer su terror contra las mujeres, para en definitiva domesticarlas a su antojo y volverlas a convertir en siervas y no en compañeras.
Por eso es necesaria la marcha del 7 de noviembre, para denunciar todos estos atropellos políticos y sociales, al tiempo que cada partido político se retrate en la elaboración de medidas concretas para llevar esta situación insostenible a un gran pacto de Estado, y hacer recular al patriarcado que nos asesina y maltrata por haber nacido mujeres.
No es permisible que una de las legislaciones pioneras de prevención y atención a las víctimas de este tipo de terrorismo machista que, aunque no siempre mata, deja centenares de miles de víctimas, sea abandonada en la cuneta permitiendo además que se vuelva a culpar a las mujeres de su situación por no denunciar.
Tampoco es de recibo que hasta la ONU haya llamado la atención al gobierno actual por la situación generada ante el incumplimiento de la legislación y su falta de implementación.
Es necesario que marchemos por Madrid el 7 de noviembre para exigir nuestros derechos a una vida libre de terrorismo machista, a una vida digna y plena.
Es necesario que marchemos sobre Madrid para redignificar la memoria de las mujeres asesinadas por terrorismo machista y ser sus voces clamando justicia social.
Es necesario que marchemos el 7 de noviembre para exigir que se respeten los derechos de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y exigimos una vida sin violencias de ningún tipo.
Es necesario que marchemos el 7 de noviembre sobre Madrid, porque las caperucitas le enseñarán los dientes al lobo patriarcal.
Las mujeres queremos, mejor dicho exigimos, que el patriarcado sea combatido también desde las instituciones. Somos muchas y cada día son más los compañeros de viaje que se suman a la denuncia de la situación en la que estamos.
Porque no sobramos ninguna. Porque nos faltan muchas, demasiadas. Porque exigimos un Pacto de Estado para erradicar este terrorismo silencioso y permanente. Porque nuestras vidas tienen el mismo valor que la de los hombres. Porque tenemos derecho a una vida libre de violencias de todo tipo.
Y porque queremos defendernos juntas del patriarcado que nos asesina con el silencio cómplice de la política, de los credos religiosos, de la judicatura, de los medios de comunicación, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demasiada gente más.
Y sobre todo porque nuestros Derechos Humanos no se tocan. Por todo esto y mucho más es necesaria la presencia masiva de gente que cree que otro tipo de sociedad sin terrorismo machista es posible el próximo día 7 de noviembre en Madrid.
Yo ya pedí mi día de vacaciones para no faltar a una cita de las más importantes de mi vida. La que espero que sea la gran #MarchaContraViolenciasMachistas.
Y gritaré alto y claro que el #MachismoMata, que nuestras vidas son #CuestiondeEstado y que exijo un gran #PactodeEstado porque #NosFaltanTodas, y exijo que no haya #NiUnaMenos. Nos vemos el #7Noviembre en #Madrid.
[email protected]
*Corresponsal en España. Periodista de Ontiyent.
15/TMC/RMB
Las palabras reflejan ideas que traen aparejadas consecuencias. Por eso, ante un acuerdo, la redacción se prepara con antelación, y no pocas veces la esgrima es campal por una sola palabra. Así que, cuando se hace necesario, hay que poner los puntos sobre las íes.
El pasado viernes 24 de julio se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo, el segundo “Foro de expresión ciudadana: reforma político-electoral 2015”.
Convocaron el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Congreso del estado y todos los partidos políticos con registro nacional. Y establecieron que las ponencias debían versar sobre uno de 13 temas.
Ahí me tiene buscando en cuál cabía mi reflexión sobre la paridad. Y el que más se ajustaba era “Equidad de género y jóvenes”. Ahí comenzó mi preocupación. Parte de lo que escribo lo dije en voz alta durante el foro.
A menudo igualdad y equidad se usan, indebidamente, como sinónimos.
La confusión, dice Alda Facio, proviene de los meses previos a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, en los que hubo acaloradas discusiones por los conceptos de igualdad y equidad; entre otras razones, porque El Vaticano quería sustituir “igualdad” entre mujeres y hombres, por “equidad” entre mujeres y hombres.
Finalmente, en la Plataforma de Acción de Beijing prevaleció, en casi todo el documento, el término igualdad. Pero en América Latina se adoptó el término “equidad” y se fue quedando.
El concepto de igualdad paulatinamente ha recuperado su relevancia, y la distinción conceptual se ha hecho cada vez más necesaria y frecuente.
La equidad hace referencia a medidas de buena voluntad, a dar a cada quien lo que le corresponde. Pero, ¿con que vara se mide? Además, no exige la no discriminación ni la eliminación de las desigualdades provocadas por la discriminación.
La igualdad, en cambio, es un Derecho Humano. Y ésas son palabras mayores, porque el Estado está obligado legalmente a garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos.
Eso implica que el Estado debe implementar acciones para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (se encuentren en leyes, costumbres, comportamientos), y al mismo tiempo tomar las medidas necesarias para corregir las desigualdades debido a su discriminación histórica (lo mismo vale, claro, para grupos específicos discriminados).
De modo que el tema para este foro debió llamarse “Igualdad entre mujeres y hombres”. Porque llamarlo “Equidad” significa que quienes convocan suponen que en la reforma electoral lo que les concierne es dar a las mujeres lo que tengan a bien decidir que nos corresponde.
Por otro lado, no entiendo por qué unieron “Equidad de género y jóvenes”. Me preocupa que se parta del supuesto de que las mujeres somos un sector de la población. La juventud es un sector de la población. Las personas adultas mayores, con discapacidad, etcétera, son sectores de la población.
Las mujeres no somos un sector. Somos la mitad de la población, distribuidas, al igual que la otra mitad, los hombres, en distintos sectores.
Y me parece fundamental tener claridad porque para esta reforma se debe partir de la base de que las mujeres somos la mitad de la población, y nuestro derecho a la igualdad es vulnerado porque somos discriminadas para ejercer a plenitud nuestros derechos políticos.
Eso significa que quienes representan a las instituciones convocantes tienen el papel histórico de brindar el andamiaje legal necesario, para que deje de discriminarse a las mujeres en el ámbito político, y mujeres y hombres compartan, en paridad, todos los cargos de toma de decisiones.
Pronto sabremos si estuvieron a la altura.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
15/CL/RMB
Ocho días después de las elecciones locales en Chiapas para renovar el Congreso local (41 curules) y las presidencias municipales (122) –el pasado 19 de julio– ya tenemos los resultados casi en su totalidad.
Una de las elecciones más disputadas es por la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde el Partido Acción Nacional (PAN) y la coalición de los partidos Verde Ecologista de México-Revolucionario Institucional-Nueva Alianza-Chiapas Unido (PVEM-PRI-Panal-PCU).
En la madrugada de este lunes 27 de julio, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPCC) le dio la constancia de mayoría a Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato por la alianza PVEM-PRI-Panal-PCU.
¿Irregularidades? Sí. Durante el proceso y durante la jornada electoral. Fui testigo directo del robo de la urna del Parque Bicentenario.
En conferencia de prensa, el IEPCC aceptó el robo de cuatro urnas “en La Hacienda”, sin precisar la anterior. Me explicaron que un hombre llegó con normalidad, pidió su boleta mostrando su credencial para votar, votó y nada más lo hizo se llevó la urna consigo; alguien salió detrás de él, pero dos hombres armados ya lo esperaban. Y huyeron con la urna.
No me detengo, sin embargo, en esta fuerte disputa por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, las anomalías y el movimiento social generado en torno a los dos candidatos, ni en el desánimo que cunde entre los seguidores del PAN y su candidato Francisco Rojas.
Desánimo que se extiende a ciudadanas y ciudadanos sin partido, pero deseosos de una democracia real en la que el voto se respete, el voto cuente y se cuente bien.
En este difícil contexto político resalta el fenómeno de más mujeres presidentas municipales.
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) había contabilizado 38 presidencias municipales ganadas con base en los resultados del Programa de Resultados Preliminares (PREP). Sin embargo, el PREP dejó de funcionar casi inmediatamente después de la jornada electoral.
Los conflictos postelectorales se presentaron en varios municipios y, al parecer, esto influyó en aquel retraso.
Podríamos abundar en una comparación entre el trabajo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales locales desde la perspectiva del profesionalismo, y el cumplimiento efectivo de los principios rectores de la legalidad, la máxima publicidad, la certeza, la objetividad, la independencia y la imparcialidad, con base en los procesos federal y local, respectivamente, pero tampoco es el interés de esta aportación analítica.
Se presentaron conflictos y las rivalidades entre los partidos políticos se recrudecen, quizá particularmente entre PRI y PVEM.
Uno de esos municipios donde el conflicto estuvo muy fuerte fue Chanal, una localidad indígena. Muchas horas pasaron sin saber qué ocurría con la ganadora por el PRI, Olga Gómez López.
Al parecer había el riesgo incluso de no ser reconocida, pero finalmente el pasado sábado por la noche se le entregó su constancia de mayoría.
Otras 35 mujeres habían recibido también su constancia, según la contabilización de la feminista y periodista Candelaria Rodríguez. Con el triunfo de una ganadora más en Chilón sumarían 37 alcaldesas en total.
Mientras tanto, en tres municipios se realizarán elecciones extraordinarias: Tapilula, Nicolás Ruiz y Belisario Domínguez. En este último el conflicto territorial por los Chimalapas que se mantiene con Oaxaca impidió la instalación de casillas.
En Nicolás Ruiz no se instalaron tampoco las cuatro casillas correspondientes porque, previamente, la planilla del PVEM no fue registrada en el IEPCC debido a que no cumplía con la paridad de género. Los comuneros que apoyan al PVEM decidieron no instalar las casillas.
Adicionalmente, 13 diputadas por mayoría relativa serán parte del Congreso local. Y hoy se definen las diputaciones de representación proporcional.
Los resultados no son nada desalentadores desde la perspectiva de la paridad. Y esto es motivo de celebración. Sin embargo, la meta de la paridad efectiva no termina aquí.
En diversos foros hablamos de la paridad efectiva en todos los ámbitos de la vida pública. La paridad no es una acción afirmativa ni es una medida temporal. Es un mandato constitucional que llegó para quedarse y, por qué no, para ser llevada hasta sus últimas consecuencias por todas las mujeres y los hombres que creemos en una sociedad justa, por todas y todos quienes abogamos por la igualdad sustantiva en todos los órdenes.
Y, quién sabe, todo ello sería el trasfondo de la igualdad en la esfera privada. Sin ésta, seguirá siendo difícil que las mujeres incursionemos, permanezcamos y ascendamos en la esfera pública.
Un arcoíris se dibuja en el horizonte. No lo dejemos difuminarse.
*Investigadora titular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
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Durante 2012-2014 y según información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), creció la pobreza moderada (5.0 por ciento) y la alimentaria aumentó 2.3 por ciento, la más radical de las pobrezas. ¿Dónde quedó la Cruzada Nacional contra el Hambre?
Los peores resultados están en la población vulnerable por ingresos, ésta aumentó un significativo 17.2 por ciento, al pasar de 7.2 a 8.5 millones de personas en esta condición.
VER GRÁFICA AQUÍ
En términos generales, el número de pobres se incrementó en 2 millones de personas, un crecimiento del 3.7 por ciento, pasando de 53.3 a 55.3 millones de personas. Son los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
También crece la desigualdad. El Coeficiente de Gini pasó de 0.498 a 0.503; mientras más cerca del 1, mayor desigualdad.
¡ES URGENTE AUMENTAR LOS SALARIOS!
Sin duda este crecimiento tan grave de la desigualdad con pobreza –sobre todo la derivada de los ingresos– obedece a la política de contención salarial que mantiene a los ingresos del país como los más bajos de América Latina.
Y se demuestra con la evolución de la pobreza en los últimos seis años, tomando como referente 2008, donde son constantes los incrementos en sus niveles para la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar y la pobreza moderada, población que ante cualquier acontecimiento como enfermedad o desempleo puede caer en pobreza extrema.
En la vulnerabilidad por ingresos los resultados son terribles, ésta aumentó escandalosamente en 62.0 puntos porcentuales, implicó un crecimiento de 3.2 millones de personas en esta situación, y pasó de representar 4.7 en 2008 a 7.1 por ciento para 2014 (Véase gráfica).
Coneval define como vulnerabilidad por ingresos aquella población que no presenta carencias sociales, pero su ingreso es inferior a la línea de bienestar, es decir que no puede alcanzar el valor monetario de una canasta de bienes y servicios básicos.
Por eso los constantes incrementos en el rango de “población con un ingreso inferior a la línea de bienestar”
La única razón por la que disminuyó la pobreza extrema en los dos años que cubre el informe es por los programas de la política social. Para empezar, en los hogares más pobres un tercio de sus ingresos proviene de estos programas (ENIGH 2014). De ahí que resulte catastrófica una reducción del gasto social como la que se prevé para 2016.
Aunque estos programas siguen siendo insuficientes o están mal aplicados, de otra manera no se explica que en los primeros niveles de ingreso (los hogares más pobres) todas las carencias se redujeron excepto la carencia por acceso a la alimentación, a pesar de que existe un programa exprofeso.
De hecho, Coneval afirma que de cada 100 mexicanos, 79.5 viven en situación de pobreza y vulnerabilidad; sólo 20 no es pobre y tampoco están en la línea de vulnerabilidad.
MAPA DE LA POBREZA
Las cifras sobre pobreza regional superan con mucho la media nacional. Para el periodo que cubre el informe de Coneval, el estado de Morelos registra en crecimiento en pobreza más alto, del orden de 17.8 por ciento, una cifra muy preocupante sobre todo si se considera que tan sólo son dos años.
De hecho son seis las entidades con el mayor crecimiento en pobreza: Morelos, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Sinaloa.
El mayor volumen de población en pobreza lo aporta el Edomex. Entre Morelos y el Estado de México se está construyendo un cinturón de miseria que presiona fuertemente a la Ciudad de México.
La disminución de población en pobreza correspondió a Nayarit, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Guerrero.
SIN MUJERES NO HAY DESARROLLO POSIBLE
Tanto el informe de pobreza, como la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2014), ignoraron olímpicamente a la mitad de la población del país, a las mujeres, al no desagregar la información por sexo, a pesar de contar con esta información. Hasta en pobreza son invisibles las mujeres, un error imperdonable.
Así como construir políticas públicas para la equidad de género, y sin mujeres no hay desarrollo posible.
No obstante la carencia de datos duros, es posible inferir la alta afectación que tienen las mujeres por la pobreza debido a dos razones importantes: su mayor volumen en el desempleo y su sobrerrepresentación en los niveles salariales más bajos, además de que son más vulnerables a carencias sociales como la falta de seguridad social.
Aquí es indispensable recordar que según la propia ENIGH 2014, de cada 10 pesos que ingresan a los hogares 6.9 provienen del ingreso laboral (salarios); por tanto, a menor salario mayor pobreza.
No es casual que en el informe de Coneval correspondiente a 2010-2012 –en el que sí se desagregó la información por sexo–, en 11 de los 16 indicadores las mujeres resultan más afectadas por la pobreza.
La brecha de género más alta correspondió justamente a la población vulnerable por ingresos, con un altísimo 18.1 por ciento, precisamente por las condiciones en que se encuentran las mujeres en el mercado laboral y que se refirieron anteriormente.
Cabe recordar que en el informe de 2014 el crecimiento de pobreza más alto se registra esencialmente en la vulnerabilidad por ingresos.
Para 2012 y por su importancia resaltan los siguientes indicadores, donde es más alta la pobreza femenina: población en situación de pobreza y pobreza extrema; vulnerable por ingresos; por acceso a la alimentación; población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y con ingreso inferior a la línea de bienestar.
Desgraciadamente no hay razones fundamentadas para pensar que esta situación cambió radicalmente; posiblemente en alguno de estos indicadores mencionados mejoró el nivel de pobreza femenina, pero es casi seguro que siguen siendo las primeras en pobreza multidimensional. Bien se puede afirmar –con mucha preocupación– que en el país sigue feminizada la pobreza.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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Reportaje – Inoperante fondo de protección a víctimas de trata
En México, más de 30 mil personas –en su mayoría mujeres– caen en las redes de este delito, y quienes son rescatadas carecen de apoyo federal para que se les repare el daño.
Pese a la existencia de un Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, creado por ley en 2012, la Cámara de Diputados no ha etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para su operación, dijeron expertas en este delito a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que la ONU conmemora cada 30 de julio.
Con este Fondo se deberían pagar los gastos de recuperación por las crisis, estrés postraumáticos, síndrome de Estocolmo, y otros padecimientos psicológicos entre las sobrevivientes de trata, los cuales les lleva hasta 15 años poder superarlos.
Se suman los graves daños físicos, como la destrucción total de los órganos reproductivos, cáncer cérvico uterino, quemaduras, mutilaciones y otras lesiones derivadas de la violencia en su contra.
Este Fondo para víctimas se contempló desde 2012 en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas (mejor conocida como Ley de Trata), a fin de garantizar el resarcimiento, la reparación integral del daño, y la protección de las víctimas de este delito y sus familias, quienes necesitan atención psicológica, cambio de identidad, así como tratamientos e intervenciones médicas.
LARGA ESPERA
Actualmente la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) litiga el caso de una mujer centroamericana de 33 años de edad, que fue explotada sexualmente durante ocho años por narcotraficantes en México.
Su caso está consignado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR, y por su seguridad se reservan sus datos personales y los del expediente.
La mujer –narró Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la CATWLAC– trabajaba en una maquila en su tierra natal, hasta que fue engañada junto con otras mujeres para llevarlas al norte de su país, de donde fueron traídas por la fuerza a México para ser explotadas sexualmente en un centro nocturno.
Además de las vejaciones sexuales, era obligada a beber 250 copas de alcohol por noche y, en estado etílico, le inyectaban cocaína para mantenerla en pie. Entre las secuelas de la explotación, ella tenía la mitad de la cara paralizada, “la matriz inversa”, la “vejiga caída”, perdió su dentadura a causa de los golpes, y presentaba otras lesiones graves.
Una vez que se le realicen las intervenciones médicas que requiere –abundó Ulloa– podrá reunirse con su familia, con la que sólo ha tenido comunicación telefónica. Sus cuatro hijos, que ignoran el delito del que su madre fue víctima, la creían muerta.
La mujer debe esperar al menos tres meses más para que el gobierno federal le proporcione las prótesis que requiere para que no pierda un ojo por los golpes que recibió.
NEGLIGENCIA
Teresa Ulloa criticó el desinterés de las y los diputados federales para asignar recursos al Fondo de Protección: “No les interesa, ni hay un compromiso político real, ni han entendido las dimensiones de este delito”.
La abogada aseguró que las víctimas requieren de cinco a 15 años en constante tratamiento y evaluación, dependiendo de su edad, tipo de explotación y otras condiciones, pero ninguna logra reintegrarse a su vida pasada por lo que ellas se deben plantear nuevos proyectos de vida.
“Nunca vuelven a ser las mismas porque primero pierden la apropiación de su cuerpo y luego su identidad. Hay que volverles a enseñar a confiar en sí mismas, a tener autoestima porque acaban aniquiladas”, observó Ulloa, con más de 20 años litigando casos de trata.
De acuerdo con CATWLAC, que al año atiende a más de 200 mujeres víctimas de este delito, estas mujeres enfrentan un cúmulo de obstáculos para reincorporarse con sus familias, retomar la escuela y tener un empleo.
La UNAM, por ejemplo, no destina un lugar para las víctimas que desean continuar sus estudios, pese a que –a decir de Teresa Ulloa– ellas no están en la misma condición de competir en un examen de admisión.
La Ley de Trata también obliga a las autoridades a “realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos”, así como a “proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para su recuperación”.
No obstante, grupos civiles como CATWLAC cubren las necesidades de alimento, vestido y alojamiento para estas mujeres gracias a financiamientos internacionales que recibe la organización.
Ulloa acotó que es muy difícil lograr que las atenciones médicas para las víctimas sean gratuitas, pues los hospitales –sobre todo los de especialidades– se niegan a brindar servicios bajo el argumento de que “tienen su propia normatividad y no la pueden violar”.
La experta explicó que permea una “confusión” entre la autoridad de salud y otras dependencias sobre sus atribuciones en la reparación del daño a las víctimas de trata, ya que cuando se requieren fondos señalan que “no saben por qué tienen que pagar ellos”, lo que obliga a las mujeres a esperar hasta un año por una prótesis o una operación.
Verónica Caporal, coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, señaló que la trata de personas es muy “compleja” porque suma otros delitos.
Detalló que el dinero que se designa para la atención de estas víctimas está distribuido en varias dependencias y órganos intersectoriales que no realizan un trabajo coordinado y que en delitos federales pierden competencia.
El problema es mayor en los estados –reconoció la académica–, ya que no homologan sus leyes con la norma federal, y porque algunas entidades consideradas focos de atención en la materia, como Tlaxcala, tampoco cuentan con un presupuesto claro.
Según el “Diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México”, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el “limitado” impacto de la Ley de Trata se explica por la ausencia de reformas integrales en los estados, por desconocimiento e insensibilidad de los operadores de la norma; corrupción y negligencia; y recursos humanos y presupuestales limitados.
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La organización defensora de los derechos femeninos, Equis Justicia para las Mujeres, denunció que entre los días 24 y 25 de julio sus oficinas en esta capital fueron allanadas, y derivado de ello fueron sustraídas computadoras que contenían información sensible y estratégica sobre su trabajo.
La mañana de hoy las integrantes de la organización llegaron a la oficina, donde se percataron de que las puertas habían sido forzadas y se dieron cuenta de que archiveros y escritorios fueron revisados con minuciosidad, además de que fueron saqueadas sus cuentas bancarias, toda vez que hubo robo de cheques.
En un comunicado, la organización –fundada en 2010 para contribuir al acceso a la justicia con perspectiva de género– aseguró que este hecho pone en situación de grave riesgo al personal que ahí labora, y el desempeño de su trabajo como defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
Cabe decir que Equis promueve los derechos de la población femenina a través del acceso a la justicia, la respuesta judicial y la reparación del daño, y entre sus objetivos está generar cambios estructurales y transformadores en políticas públicas e instituciones judiciales.
Actualmente Ana Pecova es la directora ejecutiva de esta agrupación, que a través de la transparencia judicial examina las sentencias e investiga el estado del acceso a la justicia para mujeres en reclusión por delitos de drogas, así como el funcionamiento en Centros de Justicia para las Mujeres y las Unidades de Género del Poder Judicial.
Equis Justicia para las Mujeres informó que tras el allanamiento se hizo la denuncia correspondiente, e indicó que hasta ahora no se descarta ninguna causa posible del robo, ya sea delincuencia común o un ataque derivado de su trabajo de defensa y promoción de los derechos femeninos.
La agrupación exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a las autoridades correspondientes realizar una investigación diligente y efectiva, que permita conocer el motivo del allanamiento y garantizar seguridad para las y los activistas.
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