América Latina (AL) es una de las regiones con las leyes más restrictivas en materia de aborto, lo que conduce a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de manera involuntaria–, mueran por abortos inseguros, y que incluso grupos civiles que defienden el derecho a decidir sean perseguidos y desprestigiados.
Los países de AL que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia son Honduras, El Salvador (desde 1998), Nicaragua (desde 2006), República Dominicana, y Chile (desde 1989), según un recuento elaborado por Cimacnoticias con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemoró este lunes 28 de septiembre.
En Honduras, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), a pesar de su prohibición, el aborto ha sido, durante décadas, la segunda causa de egresos hospitalarios en el país centroamericano.
Aunque no hay datos oficiales totalmente confiables, activistas hacen estimaciones a partir de los registros hospitalarios de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En 2013 egresaron de los hospitales públicos 11 mil 354 mujeres con diagnóstico de aborto, y otras 2 mil 338 lo hicieron de los hospitales del IHSS.
Casi la mitad de los egresos por aborto ocurren en mujeres de 15 a 24 años de edad; en ese mismo año 102 niñas menores de 15 años egresaron debido a un aborto. Según el CDM, detrás de estas intervenciones hay violencia sexual que no fue investigada.
De acuerdo con el Código Penal hondureño, el aborto es “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, y las penas van de tres a 10 años de reclusión
En los últimos cinco años, 14 expedientes ingresaron a los juzgados de lo penal y se han dictado tres sentencias, una de ellas condenatoria por el delito de aborto.
CRIMINALIZACIÓN SIN MIRAMIENTOS
La criminalización más severa en contra de las mujeres que abortan se registra en El Salvador, donde antes de 1997 si bien se permitía interrumpir un embarazo por algunas causales, no existía un procedimiento claro para acceder a ellas.
Por ello, durante la reforma al Código Penal salvadoreño el movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados para acceder a las causales legales de aborto.
No obstante, las activistas fueron amenazadas con ser denunciadas por el delito de “instigación y ayuda al aborto”, contó a esta agencia Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la defensora de los derechos de las mujeres–, se agudizó la criminalización contra quienes interrumpen su embarazo.
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra hospitalarios o problemas obstétricos, y carecieron de asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas por el delito de “homicidio agravado”.
En dos años de litigio y exigencia ciudadana –que ha generado un nuevo contexto de persecución para las defensoras– apenas se pudo obtener la libertad para dos mujeres, mientras que otra de ellas salió de prisión por haber cumplido su condena.
MUERTE SEGURA
En Nicaragua, de acuerdo con Patricia Orozco, coordinadora del movimiento Petateras, si bien en el país centroamericano de 1837 a 2006 el aborto terapéutico estaba permitido, las mujeres no podían acceder a él por presiones religiosas, y prejuicios e ignorancia del personal de salud que negaba el servicio.
Entre julio de 1985 y agosto de 1988, relató a Cimacnoticias, murieron en el Hospital de la Mujer Bertha Calderón 37 mujeres por complicaciones de aborto inseguro, es decir, una por mes.
Casi en los mismos años –en una revisión de las actividades del Comité de Interrupción del Embarazo– ingresaron al hospital por aborto 18 mil 178 mujeres, y se atendieron por aborto terapéutico 509 mujeres, o sea 2.8 por ciento del total.
“Las actas del Comité demuestran que a pesar de las favorables condiciones del entorno político y de los servicios, existían otras poderosas razones por las cuales el aborto terapéutico ni era aplicado ni era realmente aceptado como un procedimiento para salvar vidas, o evitar complicaciones de salud en las embarazadas”, observó Orozco.
Del total de solicitudes de aborto presentadas, 40.3 por ciento eran rechazadas y la mayoría de las mujeres se veía obligada a realizarse un procedimiento inseguro. “Cuando regresaban con graves complicaciones, ahora sí se podían atender, pero cuando pudieron evitarse los daños, les respondieron que no”, criticó Patricia Orozco.
En 2006 y luego en 2007, cuando la ex guerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder, el derecho al aborto terapéutico fue eliminado retrocediendo así 170 años, y dejando a las nicaragüenses “completamente abandonadas a su suerte”.
Recientemente, República Dominicana cuenta con un nuevo Código Penal que despenaliza el aborto bajo tres causales, pero de acuerdo con el movimiento feminista del país caribeño, aún no se crean los protocolos necesarios para acceder a ellas, y por tanto a las mujeres se les niega este derecho.
En paralelo, grupos conservadores presentaron ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal y están a la espera de su resolución.
En Chile, se prevé en breve la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del proyecto de ley para despenalizar el aborto bajo tres causales, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet.
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septiembre 2015
Las adolescentes que viven en países en desarrollo tienen limitado o nulo acceso a la anticoncepción, lo que resulta en maternidad temprana, infecciones de transmisión sexual (ITS) y hasta la muerte; tan sólo en 2008, 3.2 millones de mujeres adolescentes en estas naciones murieron por abortos inseguros.
En su reporte “La necesidad y el uso de servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres adolescentes en países en desarrollo”, el Instituto Guttmacher reveló que las mujeres de entre 15 y 19 años de edad suelen ser presionadas socialmente para casarse con parejas mayores y tener hijos.
De acuerdo con el instituto, el país africano con mayor índice de mujeres adolescentes casadas es Níger, con 63 por ciento. En el caso de Asia, Bangladesh tiene una tasa de 46 por ciento.
Respecto al uso de métodos anticonceptivos, Suazilandia (país del sur de África) tiene un mayor porcentaje en el uso de métodos modernos, con 43 por ciento; Mongolia (en Asia) registra 52 por ciento de usuarias, mientras que en América Latina (AL) y el Caribe el porcentaje más alto lo alcanzó Cuba, con 67 por ciento de adolescentes casadas usando algún método moderno de control natal.
Según el estudio, los costos elevados, la falta de abasto y los estigmas sociales son los principales retos que enfrentan las adolescentes para acceder a anticonceptivos modernos y a información al respecto.
La maternidad temprana está asociada con bajos índices de escolaridad y el impacto de la condición socioeconómica de las madres y los hijos.
Los índices de maternidad en adolescentes en varios países en desarrollo son elevados. En África alcanzó 49 por ciento en República Centroafricana. En Asia, el índice más elevado corresponde a Bangladesh, donde 30 por ciento de adolescentes son madres. En AL y el Caribe las cifras alcanzaron hasta 24 por ciento en Honduras.
El riesgo de contraer VIH/Sida es más alto para las adolescentes de entre 15 y 24 años de edad. En Suazilandia, por ejemplo, 20 por ciento de quienes tienen VIH son adolescentes. Asia, AL y el Caribe registran que menos de 1 por ciento de su población femenina en ese rango edad tiene VIH.
El reporte propone medidas y programas a implementar por las instancias correspondientes en cada país en desarrollo. Destaca reformar los programas de educación sexual, y utilizar las nuevas tecnologías para brindar información sobre el embarazo, anticonceptivos y su obtención; promover el uso del condón femenino o masculino para prevenir el VIH, y brindar tratamientos accesibles y adecuados para quienes ya tienen el virus; informar a las adolescentes sobre aborto; ofrecer cuidados posteriores a éste, y proteger su privacidad.
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Abogados de oficio extorsionan y hunden en prisión a mujeres
Sandra y Gabriela son dos de las mujeres que viven en el Centro de Reinserción Social de Tanivet; ambas son indígenas y están presas desde hace casi tres años.
Sólo unas cuantas celdas las separan, además del delito. Sandra fue sentenciada por el de homicidio simple en grado de tentativa y lesiones y pronto saldrá libre, mientras que a Gabriela le faltan siete años de condena al ser acusada de delitos contra la salud en modalidad de transporte.
Las dos mujeres son madres de familia. El destino de pobreza y desigualdad, aunado a la falta de una política pública para mejorar las condiciones de vida de las indígenas, las orilló a soportar violencia desde su infancia, y posteriormente en su adolescencia.
Apenas con tres décadas de edad, su vida se ha transformado y han experimentado lo que un 90 por ciento de las internas vive en Tanivet: soledad, angustia, desesperación y abandono.
Sandra se casó a los 14 años de edad, tuvo tres hijos, uno de ellos, el mayor, falleció el año pasado, y los demás viven con su madre, quien es la única que la visita semanalmente.
Esta mujer vivió violencia de parte de su esposo durante más de una década; golpes e insultos eran su pan de cada día, pero jamás denunció por miedo y desconfianza hacia las autoridades. Cuando finalmente quiso hacer justicia, su premio fue llegar a Tanivet.
Fue una tarde de mayo cuando descubrió a su pareja con otra mujer; su coraje la llevó a golpear e insultar. Al día siguiente recibió la notificación judicial de que era acusada de “intento de homicidio”. La falta de dinero, la pobreza y de un abogado derivaron en su internamiento.
“Sólo fueron golpes e insultos; como mujer una hace este tipo de acciones. Es el coraje del momento, jamás pasó por mi mente asesinarlo como indica la sentencia. El abogado de oficio –que según me representó– nunca hizo nada, nada más quería dinero y dinero, pero ¿de dónde lo sacaré si sólo me dedico a tejer bolsas?”.
“DEBÍA PAGAR ESTUDIOS MÉDICOS DE MI HIJO”
Gabriela apenas habla castellano, pero la misma necesidad de comunicarse y a falta de una traductora en lengua zapoteca, tuvo la necesidad y lo aprendió en Tanivet, con el único objetivo de apelar su sentencia de 10 años de prisión. Añora salir libre para cuidar a sus hijos.
“Mi hija mayor está en una casa hogar; el segundo vive conmigo; tiene parálisis cerebral y ha sido una vida muy difícil. Pero no hay de otra, el juez en mi segunda apelación tajantemente me dijo que los hijos no importan y la sentencia se cumple, y mi tercer hijo es un bebé de apenas 20 días de nacido”, narró.
Entre lágrimas, Gabriela abunda: “Mi madre y mi hermana también están aquí por el mismo delito. La pobreza nos llevó a esto; es duro decirlo pero la necesidad de una tortilla y de un pan nos ha privado de la libertad. Trabajar más de ocho horas y que te paguen 60 pesos no resolvió la necesidad de los estudios médicos de mi hijo que costaban más de 5 mil pesos.
“Lo que más anhelo es salir libre; temo por mi hija, vive sola, tiene apenas ocho años y está en una casa hogar. Me visita cuando puede; tengo dos hermanos menores de edad, tampoco sabemos de su destino. Desconocemos si también tomarán los mismos rumbos que nosotras y que pronto nos digan que también están encarcelados”.
Ellas, las mujeres de Tanivet viven estresadas, angustiadas y dolidas. El 90 por ciento no recibe visitas de sus parejas, están abandonadas y muchas de ellas lejos de sus familias.
Se quejan de los abogados, algunas aseguran que los defensores de oficio tienen mucha carga de trabajo y apenas si les alcanza cubrir con todas. Otras en cambio aseguran que se les ha ido el poco dinero que tienen en pagar a sus abogados, pero nada se ha logrado.
Las mujeres ven pasar lentamente los días, horas, minutos y segundos, algunas estudian su primaria y secundaria, pero anhelan concluir la preparatoria y la licenciatura. Otras más lo que desean es salir pronto para abrazar a sus hijos y remediar estos años de encierro.
La vida en Tanivet es gris, hasta el color de las celdas y del penal lo reflejan. Los verdaderos sentimientos lo plasman por las noches: algunas leen la Biblia, otras lloran, y muchas lo único que desean es un abrazo.
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El derecho a decidir de las mujeres indígenas y afromexicanas, quienes enfrentan severos obstáculos para acceder a servicios de salud y educación, también pasa por el respeto a su cosmovisión y sus ideas en torno al aborto, por lo que las intervenciones que se planteen desde políticas públicas deben tomar en cuenta estas diferencias culturales.
En el tercer webinar que la Coalición por la Salud de las Mujeres realizó como parte del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemoró este lunes 28 de septiembre, Libertad Enríquez Abad, coordinadora del Programa de Jóvenes de Salud Integral para la Mujer (Sipam), destacó las diferencias culturales que viven las indígenas y afromexicanas, y que tienen un impacto directo en su acceso al aborto seguro.
Mediante la conferencia virtual “Interculturalidad, retos pendientes”, la especialista –quien también participó en nombre de la organización Kinal Antzetik-DF– enfatizó que la visión occidental y de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el aborto son distintas, y por lo tanto no se pueden emprender acciones generales para asegurar el acceso al aborto.
Dijo que a raíz de las experiencias que han compartido jóvenes indígenas de diferentes estados del país, como Puebla o Oaxaca, se sabe que en estas comunidades el acceso al aborto está mediado por mujeres parteras, curanderas o “chamanas”, que son quienes poseen conocimientos suficientes para garantizar un procedimiento seguro.
Pero que al mismo tiempo se ven limitadas a hacerlo debido a las ideas que rodean la práctica, como el cuestionamiento que se hace de las jóvenes que buscan interrumpir su embarazo, por lo que generalmente las que presentan embarazos en comunidades indígenas y rurales deben llevar a término la gestación.
Esto se da en un contexto en el que las mujeres pobres y con menos recursos son las que enfrentan mayores obstáculos, para acceder a servicios de salud y educación, lo que al mismo tiempo representan factores de riesgo para morir por causas relacionadas con el embarazo.
Según estimaciones oficiales, las mujeres con menor acceso a la educación tienen nueve veces más posibilidades de un aborto inseguro que las mujeres con recursos económicos; al mismo tiempo que tienen menos posibilidades de acceder a anticonceptivos.
De acuerdo con Libertad Enríquez –quien no precisó las cifras–, en estas comunidades los abortos espontáneos superan a los abortos provocados, lo que se debe, principalmente, a las condiciones de marginalidad y falta de acceso a servicios de salud.
Esta falta de acceso a servicios también se traduce en que entre 900 y mil mujeres indígenas mueren cada año por condiciones prevenibles durante su embarazo, parto o puerperio.
Finalmente, la activista señaló que en la información estadística que se genera en temas de salud sexual es muy difícil identificar la etnia de las personas, lo que impide conocer la situación en la que viven estas mujeres.
“Hay retos muy importantes que atender en materia de políticas públicas, en las que el abordaje tiene que ser distinto en materia de salud sexual, pues se debe considerar la pertenencia étnica y brindar la posibilidad de decidir a las mujeres si desean acceder a servicios de salud brindados por el Estado, o si pueden ir a centros de medicina tradicional”, destacó.
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Este fin de semana, durante la “Cumbre de Desarrollo Sostenible” –realizada como parte de la 70 Asamblea General de Naciones Unidas– se aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y en la que sólo uno de sus 17 objetivos tiene como fin la igualdad entre mujeres y hombres.
El viernes 25 de septiembre, los jefes de Estado avalaron la Agenda Post 2015 que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y comprende 160 metas específicas, con lo que se sustituye a los compromisos asumidos por las naciones en el año 2000, cuando fueron aprobados los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que no todos los países pudieron dar cumplimiento, entre ellos México.
Para el cumplimiento de los ODS, las naciones deben adaptar los Indicadores de Cumplimiento a las realidades de sus propios países, y a partir de ellos realizar una evaluación del cumplimiento cada cinco años.
ONU-Mujeres llamó a los Estados a incorporar a esos indicadores la perspectiva de género, pues señaló que independientemente de que el Objetivo 5 marque expresamente “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, cada uno de los 17 ODS afecta de manera específica a las mujeres, y sólo se les podrá dar cumplimiento si se incorporan las necesidades y la participación de la mitad de la población.
El ODS 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” enfatiza que la pobreza y la discriminación traen consigo severos riesgos para las mujeres, por ejemplo, las niñas pobres tienen dos veces más posibilidades de casarse en su infancia, por lo que en consecuencia afrontan riesgos que ponen en peligro su vida, como el embarazo precoz, y a menudo no pueden aspirar a tener una educación y mejores ingresos.
Para lograr ese objetivo será fundamental cumplir con el derecho de las mujeres a un acceso igualitario a todas las vías que permitan poner fin a la pobreza, desde las redes de seguridad de protección social hasta el uso de la tecnología más reciente.
El segundo ODS busca “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, por lo que se recuerda que las mujeres son las encargadas de preparar hasta el 90 por ciento de las comidas en los hogares, al mismo tiempo que es posible que los hogares encabezados por mujeres no se alimenten suficientemente bien, “simplemente porque sus salarios son más bajos”.
En tercer lugar, las naciones se comprometieron a “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades”, ya que hasta el momento ha habido muchas carencias que han retrasado el acceso de las personas a servicios de salud sexual.
Más de 225 millones de mujeres necesitan anticonceptivos, y en las regiones en desarrollo, donde los índices de muerte materna (MM) son 14 veces más altos que en las regiones desarrolladas, sólo la mitad de las mujeres embarazadas recibe el estándar mínimo de atención prenatal.
En ese sentido, cumplir el derecho a la salud exige sistemas sanitarios totalmente adaptados a las mujeres y las niñas, que ofrezcan servicios de mayor calidad, más integrales y fácilmente accesibles.
“Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos”, constituye el ODS 4. De acuerdo con ONU-Mujeres, los esfuerzos para poner fin a los estereotipos de género deben abordar aquellos que limitan la escolarización o que orientan a las mujeres y las niñas hacia ámbitos de estudio o trabajo “aceptables”.
Para las mujeres, los suministros de agua inadecuada suponen cargas adicionales, por ejemplo en un solo día en 25 países de África subsahariana, ellas pasan 16 millones de horas recogiendo agua, a menudo en detrimento de la escolarización o el trabajo remunerado, y con posibles riesgos para la salud derivados de transportar cargas pesadas y a través de largas distancias.
Por lo que es fundamental incluir las necesidades de las mujeres en el ODS 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos”.
Con respecto al octavo compromiso “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos”, se enfatiza que en una economía inclusiva el trabajo decente significa un salario digno, seguridad en el puesto de trabajo y protección contra la discriminación, lo que contrasta con que actualmente sólo 48 por ciento de las mujeres reciben una paga por su trabajo.
Para “Reducir la desigualdad en y entre los países” (ODS 10) las naciones deben tener en cuenta que la discriminación por motivos de género hace que las mujeres sean propensas a sufrir disparidades más acentuadas.
ONU-Mujeres convocó a que las mujeres en la producción y el consumo tengan un acceso igualitario a medios como la tierra y la tecnología, que pueden impulsar su nivel de vida, para así dar cumplimiento al ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.
Finalmente, para el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, y el ODS 17 “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, la instancia señaló que se debe propiciar la participación de las mujeres en los procesos de paz, y asegurar recursos para lograr que los beneficios de las metas lleguen a la mitad de la población.
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El derecho a decidir de las mujeres, condenado en Guerrero
Ayer lunes se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y el pasado 26 de septiembre fue el Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
Tras el proceso que vivió Guerrero en 2014 con la iniciativa de reformas para ampliar las causales de aborto, denominada “Por una maternidad libre y segura”, que el 5 de mayo de ese año el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, presentó al Congreso local, consideramos pertinente reflexionar sobre la situación de acceso al aborto legal en la entidad.
A nivel nacional hay ocho causales para la interrupción legal del embarazo (ILE); de éstas, el Código Penal de Guerrero en su artículo 159 contempla cuatro excluyentes de responsabilidad: I. Violación o inseminación artificial no consentida; II. Peligro de afectación grave a la salud de la mujer; III. Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, y IV. Por una conducta culposa de la mujer.
La causal salud fue incorporada recientemente y publicada en el Periódico Oficial del gobierno de Guerrero el 1 de agosto de 2014, producto de las exigencias de organizaciones sociales y feministas de la entidad, ya que el aborto se considera la segunda causa específica de hospitalización y la cuarta causa de muerte materna.
Las causales de aborto que no incluye Guerrero son: peligro de muerte de la mujer; causas económicas graves, y por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación; éstas tienen mayor incidencia en la vida y la libertad de las mujeres.
Para el acceso a la ILE, en septiembre de 2010 se aprobaron los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud Relacionados con la ILE, pero el acceso al aborto legal sigue siendo letra muerta.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar –en respuesta a la solicitud de información número 00103315– , de 2011 hasta la fecha, ocho mujeres solicitaron una ILE, y sólo a seis se les autorizó interrumpir su embarazo. La mitad fueron autorizadas este año y 67 por ciento, es decir cuatro, eran niñas de entre 12 y 14 años de edad.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 19.9 por ciento de los nacimientos registrados son de adolescentes; por ello, en 2013 Guerrero ocupó el sexto lugar nacional, sin embargo en niñas menores a 15 años esta posición se incrementa.
Estas cifras son alarmantes, pues detrás de estos embarazos en niñas y adolescentes hay una serie de abusos y violaciones a sus Derechos Humanos, las cuales en su mayoría quedan impunes.
Para el acceso efectivo a los servicios de aborto legal y seguro existen barreras sociales, culturales, económicas y estructurales; entre éstas destacan: la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos, la baja autoestima, miedos, estigmas, roles y estereotipos alrededor del ejercicio de su sexualidad, la violencia intrafamiliar; la falta de perspectiva de género y Derechos Humanos de servidores públicos, de funcionarios que impulsan los programas y servicios públicos, y de diputados que tendrían que estar legislando a favor de los derechos ya ganados, y a la intromisión de la Iglesia en decisiones públicas y privadas.
Aunado a ello, la criminalización del aborto, que contempla una sentencia de uno a tres años de prisión. No obstante, varias mujeres que son encarceladas por abortos espontáneos (no se trata de un delito) son procesadas por homicidios en razón de parentesco, con sentencias de hasta 32 años de prisión.
Los casos de criminalización por aborto más recientes y conocidos públicamente por la intervención de grupos de Derechos Humanos son los de Adriana, Claudia, Virginia y Miriam.
Adriana estuvo casi ocho años en prisión, su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que determinó que su proceso estuvo plagado de irregularidades y resolvió su inmediata liberación.
Claudia pudo quedar libre el mismo año que la detuvieron; Virginia estuvo cerca de cinco años en la cárcel y Miriam, de acuerdo con el comunicado emitido el pasado 17 de septiembre por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, lleva siete años y 10 meses en prisión.
Cabe mencionar que las cuatro mujeres criminalizadas por aborto espontáneo tienen en común el hecho de ser mujeres, jóvenes, pobres, ser indígenas y/o monololingües en el momento que fueron detenidas.
Actualmente, son 24 mujeres las que están encarceladas por un delito de homicidio en razón de parentesco y de éstas, nueve son menores a 30 años de edad y 10 están en proceso de sentencia (solicitud número 00074715).
Aunque todavía no sabemos cuántas fueron acusadas por aborto espontáneo, deducimos que también un porcentaje alto fueron víctimas de violencia intrafamiliar, ya que por razones de género una mujer llega a cometer este tipo de delito en defensa propia o de forma accidental. Son en realidad una tragedia social por razones de género, edad, raza y clase.
Asimismo, a partir del proceso para ampliar las causales de ILE en Guerrero, además de protestas y declaraciones de grupos opositores, la Iglesia católica conformó “comités parroquiales en defensa de la vida del no nacido”, y el último jueves de cada mes realizan misas por “los bebés por nacer, los papás, la familia y la vida”.
Igualmente, durante el pasado proceso electoral llamaron a sus feligreses a votar por quienes sigan esos preceptos. Si bien existe una ley que ampara la libertad de creencia y organización, ésta debe basarse en el principio de no discriminación, ya sea por género, edad, condición social, religión, opiniones, de laicidad y del principio pro persona, que tiene que ver con la garantía del más alto nivel de protección de derechos, incluso si dicho derecho está más protegido por los pactos internacionales.
Cabe agregar que a principios de este mes, el Papa Francisco –a través de una carta– facultaba a todos los sacerdotes a otorgar el perdón a mujeres arrepentidas que aborten; ello representó un gran revuelo que puede verse como un avance, pero nuevamente son discursos que pretenden condenar a las mujeres y mantener el orden patriarcal de la jerarquía católica, por lo que una de las tareas y retos pendientes que tenemos como sociedad civil es desmontar estigmas y tabús alrededor de las mujeres que abortan, y promover mecanismos de participación que faciliten el ejercicio pleno del derecho a decidir.
De lo contrario se generará mayor violencia y restricción del ejercicio de los derechos de las mujeres, lo que se traducirá en brechas de género y desigualdad social.
También un elemento jurídico que nos queda, además de los amparos para tener acceso a las ocho causales, es la denuncia, sanción y mecanismos de no repetición por las violaciones de derechos, de lo contrario, el derecho a decidir seguirá siendo letra muerta en Guerrero y varias entidades del país.
*Integrante de la asociación civil Comunidad Raíz Zubia, en el estado de Guerrero.
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El pasado 1 de septiembre inició la 63 Legislatura federal: 500 nuevos diputados y continuidad de 128 integrantes en el Senado.
Por la reforma constitucional de 2014, que incluyó la paridad de género en elecciones a nivel federal (y local), la Cámara de Diputados cuenta ahora con 211 mujeres (42.4 por ciento). El Senado reinicia con 44 mujeres (34.3 por ciento).
Esos datos resultan relevantes, pues si bien las mujeres de ambas cámaras del Congreso de la Unión representan a los diferentes partidos políticos y su trabajo legislativo estará en consonancia, sobre todo, con los principios de éstos, también es cierto que existe una mayor posibilidad de que más mujeres se involucren y trabajen a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, aunque tengan que persuadir a las élites parlamentarias, aún en manos de varones, de los beneficios de legislar con perspectiva de género.
En general, las y los mexicanos confiamos muy poco en el trabajo de diputados y senadores. De acuerdo con la encuesta Mitofsky (febrero de 2014), el nivel de confianza es de 5.4 y 5.7 respectivamente, lo cual está dentro del rango de confianza baja del sondeo.
La pregunta es: ¿Por qué las organizaciones que formamos la Coalición por la Salud de las Mujeres nos empeñamos en trabajar con el Poder Legislativo federal? Principalmente la Cámara de Diputados.
La respuesta no es sencilla, pero estamos convencidas de que éste es un espacio de deliberación pública en el que se tratan asuntos trascendentales para la vida y la salud de las mujeres, y que debemos llevar a estos espacios la voz de la ciudadanía organizada.
No tenemos espacio para comentar sobre el resultado del trabajo total de la anterior Legislatura, pero podemos señalar que en el último periodo ordinario (febrero a abril de 2015), en la Cámara baja se presentaron 384 iniciativas y 338 puntos de acuerdo. De éstos, se aprobaron dos y 74 asuntos respectivamente.
Las dos reformas aprobadas se refieren a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Las organizaciones de la Coalición tenemos bien definidas nuestras áreas de interés: la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en adolescentes, el acceso a anticonceptivos, las mujeres y el VIH, la muerte materna, las mujeres indígenas y la salud reproductiva, el aborto seguro, la educación sexual integral, y todo ello, asociado a la vigilancia de las políticas públicas vigentes, y a la asignación y ejercicio del presupuesto público.
Éste se concentra en un instrumento denominado “Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, mismo que será discutido en las siguientes semanas como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF).
Y más allá del Anexo de Igualdad, debemos opinar sobre la distribución de recursos al Ramo 12 “Salud”, y los dineros y mecanismos de transparencia para el Seguro Popular (SP).
Sabemos que son pocas las propuestas legislativas que logran trascender el proceso legislativo y convertirse en ley; las que lo logran responden en gran medida a las preocupaciones de las cúpulas partidarias y están asociados a temas nacionales de coyuntura y acuerdos políticos previos.
Si revisamos las agendas que los diferentes grupos parlamentarios presentaron como sus prioridades al inicio de esta 63 Legislatura encontramos: temas de seguridad, justicia, finanzas públicas, lavado de dinero, derechos de víctimas, reforma fiscal, zonas económicas especiales y leyes secundarias de las llamadas reformas estructurales.
No obstante, es de llamar la atención que, en los hechos, hay ciertos temas que se han colocado en la discusión legislativa.
Declarativamente, incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha colocado entre sus prioridades de agenda legislativa, para este periodo que inicia, a la salud reproductiva, el VPH, la reproducción asistida, los sistemas de registro electrónico para la salud; así como el fortalecimiento a programas de apoyo a madres adolescentes y la problemática del embarazo temprano.
En efecto, esto no es gratuito, el embarazo en adolescentes apareció de manera constante durante la pasada Legislatura. Su planteamiento incluyó el acceso a educación sexual, anticoncepción, anticoncepción de emergencia, acceso a servicios de salud y educación, prevención de VIH y embarazo, asuntos en los que es necesario reforzar su abordaje desde la progresividad de los Derechos Humanos de las y los adolescentes, y como un asunto de salud pública y educación y, sobre todo, que avance del planteamiento político a la concreción en la legislación nacional.
En febrero pasado entró en escena la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescente (ENAPEA), impulsada desde el Ejecutivo federal. Entre sus metas se encuentra que para 2030 se reduzca 50 por ciento la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.
Éste y los otros temas de interés de la Coalición también forman parte tanto de la agenda internacional como regional que se discute en este momento.
Por una parte, este septiembre se adopta la Agenda de Desarrollo Post 2015 que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se plantean alcanzar en 2030. Incluye tres esferas del desarrollo: social, económico y ambiental, y será el paradigma que sustituya a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
A nivel regional tenemos el Consenso de Montevideo (septiembre de 2013), y este año en México, durante la II Conferencia Regional de Población y Desarrollo, se aprobará la Guía Operativa que ayudará a los países latinoamericanos a dar seguimiento de los avances ahí comprometidos.
Incluye temas de población y desarrollo: derechos y demandas de niñas, niños y adolescentes, envejecimiento y desafíos sociales de protección y cuidado, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración y Derechos Humanos, territorio, movilidad, pueblos indígenas, interculturalidad, afrodescendientes y combate al racismo.
Ambos instrumentos políticos son guías fundamentales para el progreso de políticas públicas y legislativas asociadas al desarrollo integral bajo el énfasis de Derechos Humanos.
Desde la Coalición por la Salud de las Mujeres insistiremos en dialogar y proponer a los nuevos legisladores, a las comisiones de Igualdad y de Presupuesto y Cuenta Pública (cuya integración se realizará este 30 de septiembre), que se establezca el diálogo entre dependencias de gobierno, Poder Legislativo y ciudadanía sobre el Proyecto de PEF 2016, en materia de salud sexual y reproductiva.
Para esta tarea, las y los diputados cuentan con el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sobre el Anexo de Igualdad. Al momento de discutir el PEF, sería conveniente tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por este Consejo.
Por tanto, buscaremos que los diputados, mujeres y hombres, recién llegados, realicen la evaluación de la política pública vigente.
Asimismo, invitamos a las y los diputados de la 63 Legislatura a trabajar de manera cercana con las organizaciones y la academia. Éstas cuentan con insumos y evidencia que puede enriquecer las discusiones parlamentarias.
Si deseamos mejorar la democracia en nuestro país, y si las y los legisladores buscaran mejorar su valoración social, la participación de la ciudadanía en estas tareas es una buena vía para lograrlo.
*Martha Juárez Pérez es enlace con el Poder Legislativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
**Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Una premisa que debe mover a la sociedad es entender que sólo mediante el acceso a la justicia se contribuye a la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres.
Frente a la violencia de género, fundada en una sólida violencia y desigualdad estructural, el papel que las y los actores del sistema de justicia en el país y su capacidad para juzgar con la consciencia de las desigualdades históricas de género puede hacer esa diferencia.
No sólo están pendientes las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con la entrada a un nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el que se heredan los escenarios de “justicia” para las mujeres prejuiciada y sin perspectiva de género.
Algunos datos son para preocuparse, de acuerdo con Equis Justicia, 66 por ciento de las juezas y jueces en 15 tribunales superiores “desconocen las leyes nacionales y locales en materia de Derechos Humanos de las mujeres, además de que 30 por ciento de los jueces y juezas incrementaba la condena cuando las mujeres privan de la vida a sus parejas frente a hombres que cometían los mismos delitos”.
Esta es la herencia del sistema inquisitorio al nuevo Sistema Penal, en el que persiste la falta de acceso a la justicia para las mujeres y que es una forma de discriminación que limita su ciudadanía, y es por sí misma otra forma de violencia.
En los estados donde ya se ha puesto en marcha el SPA, en el fuero común, hay problemas que empiezan a dar muestra de esa herencia, y que amerita que especialistas, jueces-juezas, magistradas y magistrados, y otros actores pongan atención y hagan un esfuerzo para prevenir y corregir las fallas que persisten, y los nuevos que se presentan en los procesos que ya están implementándose, además de evitar los errores constantes que afectan a las víctimas, tales como la dilación de justicia y respuesta.
Hay tres aspectos constantes en los que se presentan estos momentos en los que las mujeres afrontan las falencias del Sistema Penal, uno de ellos es en la configuración del delito por parte de los ministerios públicos (MP), cuyo papel ha sido por un lado un arma de doble filo a favor si es bien hecho, o en perjuicio de la víctima si no se asume con responsabilidad y con perspectiva de género, dejando fuera aspectos fundamentales y necesarios para llevar a los juicios.
Hay deficiencias en la tipificación de los delitos y con ello en la pena que se alcanza a la sanción del delito siempre que se logre probar ante el juez con el trabajo hecho; son escasas las posibilidades en las que el juez/jueza supla las carencias de los MP para reclasificar el delito en una perspectiva de protección a los derechos de las víctimas.
La presencia de los abogados victimales o el asistente técnico puede ayudar a las mujeres a acceder a la justicia, pero cada vez es más constante escuchar que son un bajo número y la demanda supera en cualquier parte sus posibilidades de trabajo.
En casos excepcionales el o la juez puede y decide corregir la acusación del MP y visibilizar aspectos que, por la falta de perspectiva de género, no valoró correctamente, como el contexto de desigualdad en las relaciones de poder entre el agresor y su víctima, reconocer a la presunta responsable de un delito como una víctima de violencia estructural y desigualdades históricas para juzgarla desde y con el reconocimiento a las Reglas de Brasilia.
En el peor de los casos, cuando el propio MP impulsa y promueve que la víctima resuelva mediante procesos abreviados estos mecanismos no necesariamente buscan reconocer el contexto en el que se comete el delito y hay reducción de penas.
Aún más grave son aquellos casos en los que el procedimiento se desarrolla con un trabajo deficiente del MP y el propio juez lo señala en su resolución, incluso hay situaciones en las que excluye pruebas o peritajes que son pruebas científicas valiosas en el nuevo sistema.
Una constante en el trato de las juezas y los jueces a las mujeres víctimas de violencia sexual, es que su testimonio es descalificado y no se considera entre los elementos de prueba; con ello se viola el principio de reconocer a la víctima como persona capaz de aportar al propio proceso.
Esto se recrudece cuando las víctimas son niñas y niños, y se vuelve un vicio evidente cuando se borra el testimonio de ellas y ellos como sujetos pasivos de la violencia de un docente, un familiar adulto o un vecino, y simplemente no se les concede personalidad dentro de sus propios procesos.
Con este escenario es como va andando el sistema penal en el que hasta ahora persisten los vicios y falta de perspectiva de género en los procesos.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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Mientras Enrique Peña Nieto desplegó un presupuesto millonario para publicitar su Tercer Informe de Gobierno, y luego de haber atendido al mensaje que dio a la opinión pública (en el marco de una recepción privada con invitados de lujo pagados con el erario), y haber leído las secciones relativas a los supuestos logros en materia de atención a víctimas (además del discurso a favor de la igualdad de género que acaba de pronunciar ante la ONU), consideramos de suma importancia hacer énfasis en el verdadero trato que éstas reciben.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas establece la existencia de dos fondos.
Uno para proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos, cubrir sus necesidades urgentes y subsidiariamente para la reparación del daño. Otro, para el cambio de identidad, reubicación nacional o internacional cuando se trata de víctimas, ofendidos o testigos de la delincuencia organizada.
También la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Secuestro establece un fondo de asistencia a las víctimas y ofendidos.
No obstante, ninguno de estos fondos ha recibido presupuesto, ni un solo peso, con el pretexto de que existiría un solo fondo para todas las víctimas.
Ese fondo es al que se refiere la Ley General de Víctimas, que resulta, en teoría, ser el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
Según dicha ley, el fondo se encuentra destinado a “brindar los recursos necesarios para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, lo cual tiene la intención de incluir también a las víctimas de delitos en materia de trata de personas y de secuestro, a pesar de lo que establecen las leyes generales respectivas.
Tal fondo está conformado, según la propia ley, por:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso.
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales (…).
III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad.
IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas.
V. Aportaciones altruistas.
VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo… entre otros.
En este orden, cabe señalar que Peña Nieto reportó la creación de dicho fondo multimillonario como un avance de su administración en 2014.
Desgraciadamente, la realidad apunta a una necedad de facto por querer desaparecer los fondos de tales leyes, ya que con la nula respuesta que ha ofrecido la CEAV a las víctimas de delitos en materia de trata de personas, el mensaje del presidente es que ellas no son de su interés… a pesar de lo que la ley dispone.
Los medios de comunicación han sido sumamente importantes para visibilizar las condiciones en que son rescatadas las víctimas de delitos en materia de trata y formas contemporáneas de esclavitud en este país. Producto de distintos intercambios entre los grupos del crimen organizado, estas mujeres, niñas y adolescentes padecen un sinfín de secuelas que pueden tardar muchos años en ser superadas.
Uno de los casos paradigmáticos que seguimos atendiendo en CATWLAC es el de “Paty”, una joven centroamericana que fue secuestrada y trasladada a México –en medio de incontables episodios de violencia–, hasta caer en manos de uno de los cárteles de la droga más poderosos, en cuyo poder permaneció cautiva y esclavizada por varios años en un “table dance”.
Al momento de ser rescatada, presentó diversos padecimientos físicos y sicológicos (parálisis facial, matriz inversa, vejiga caída, pérdida de dientes, trastorno de estrés postraumático severo, depresión, ataques de pánico); varios de ellos con secuelas permanentes.
Es en ese lapso que grupos civiles como CATWLAC, dedicados a apoyar a víctimas, nos topamos con pared. En vez de contar con el gobierno como aliado, generalmente parece el enemigo dedicado a obstaculizar la recuperación de las víctimas (véase especialmente la reglamentación burocrática que la CEAV impuso al fondo).
Los recursos que deberían ser específicamente asignados a las necesidades de las víctimas, se pierden en el desinterés y la burocracia para terminar en las arcas de la CEAV. Es probable que sean usados a espaldas de las víctimas con criterio discrecional. Es decir, sin transparencia.
Lo que ocurrió en el caso de “Paty” ejemplifica por qué pensamos así. A raíz de su parálisis facial solicitamos a la CEAV material quirúrgico para su operación (neurotrasmisor y balín de titanio y platino para que pudiera cerrar el ojo), por un monto de 10 mil pesos y, luego de diversas llamadas y trámites de nuestra parte, dicha instancia optó por obtenerlo de la Beneficencia Pública y no del fondo.
El caso de la CEAV ilustra el grado de contradicción entre lo que informó Peña Nieto en su Tercer Informe y la revictimización a la que son sometidas las víctimas –valga la redundancia–, ante un Estado ineficaz.
No obstante, el orden federal no es el único que adolece de falta de interés en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debe existir en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal, y sin embargo, ninguno de ellos ha cumplido en la elaboración de su respectivo reglamento para definir y transparentar la distribución de los recursos.
El DF ha estado discutiendo el Reglamento de la Ley de Trata, dentro del cual sí se contempla un Fondo de Asistencia, Protección y Reparación del Daño.
En el tortuoso camino de las víctimas –que acompañamos las organizaciones civiles honestas–, estamos acostumbrados a lidiar con todo en contra. Lo que no vamos a permitir es que se digan mentiras en aras de quedar bien con la sociedad.
No podemos hablar de logros mientras se nos siga cerrando la puerta en la cara.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
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Importantes reducciones en el gasto para la igualdad entre mujeres y hombres
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 (PPEF) prevé un gasto de 25.6 mil millones de pesos (mdp) para la igualdad entre mujeres y hombres. Respecto al gasto aprobado en 2015 representa una disminución de 64.8 por ciento, son 16.6 mil mdp menos. Al igual que todo el proyecto de presupuesto, se propone al Congreso para su discusión y aprobación.
Más de la mitad (63 por ciento) de estos recursos están en: Educación, Salud y Desarrollo Social, todas áreas prioritarias.
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Para su desarrollo concurren 26 instituciones de la Administración Pública Federal (APF) más el Legislativo; en conjunto son 101 programas, 9.9 por ciento menos que en 2015, que contaba con 111 líneas programáticas.
En su exposición de motivos, la Secretaría de Hacienda señala como objetivo de este proyecto transversal de gasto público “garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el fin de llevar a México hacia su máximo potencial… las brechas en temas prioritarios como educación, salud, vivienda y derechos humanos, son aún evidentes”.
Justo desde esta perspectiva, los recursos previstos en 2016 para este importante proyecto son a todas luces insuficientes, por la sencilla razón de que las brechas y la desigualdad en que viven las mujeres son enormes.
Los incrementos más significativos corresponden a la Secretaría de la Defensa, Inegi (por las elecciones de 2016) y la Secretaría de Educación; excepto esta última, las demás no corresponden a las prioridades.
En Educación, la línea programática con el mayor volumen de recursos es el Programa Nacional de Becas, con 3.2 mil mdp y cubre parcialmente una necesidad muy importante; respecto a lo aprobado en 2015 representa un incremento de 28 por ciento.
Al abordar el tema de las reducciones en el PPEF se observa que éstas se concentran en: Poder Legislativo, Turismo, Marina, Economía y sobre todo Desarrollo Social, ya que en esta propuesta se quitan 35.7 mil mdp del programa Prospera, que estaban en lo aprobado en 2015, pese a que en el PPEF de esa entidad el citado programa tiene considerado un importante aumento.
De tal forma que para este año la dependencia tuvo aprobados 41.1 mil mdp, mientras que para el próximo año se proponen 6.6 mil mdp, una disminución de 34.5 mdp, 6.2 veces menos. Y política social sí es prioridad.
En la Secretaría de Economía, donde la mayoría de los programas contemplados en el proyecto transversal son para apoyo a las mujeres microempresarias (generadoras de empleo), la reducción propuesta es de 2.11 veces, ya que de un gasto autorizado en este año de 1.9 mil mdp pasa a 880.8 millones.
Para esta área se crea el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, resultado de compactarlo con el de Fondo Financiamiento a Mujeres Rurales, pero con recursos menores en 8.3 por ciento. Gajes del presupuesto “base cero”.
La otra disminución importante se ubica en el programa de Fomento a la Economía Social, que se sectorizo en Desarrollo Social nuevamente.
En esa misma línea destaca la reducción tan alta (-49.2 por ciento) que presenta “Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas”, mismo que se ilustra en la gráfica y que son importantes mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia.
En este tema, el rubro destinado a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres que lleva la Secretaría de Gobernación, muestra una reducción de 0.8 por ciento respecto a 2015.
Lo que es más grave, “atención a víctimas” se está convirtiendo en un pozo sin fondo, no hay recursos que alcancen, debido en gran medida a que los programas de profilaxis contra la violencia hacia las mujeres no están funcionando adecuadamente.
¿Cuándo se entenderá la importancia que revisten las políticas públicas para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres? Urge eficientarlas y darles más recursos, que se conviertan en una política de Estado.
Para el área de Salud hay que señalar el escasísimo incremento que se propone para el ISSSTE, apenas 0.9 por ciento, mientras que a Defensa se le dobla el presupuesto. A guarderías, tanto del IMSS como de Sedesol, se les proyecta reducidos aumentos; a Conacyt se le quiere asignar el mismo recurso que en 2015.
Es sabido y ampliamente conocido las enormes deficiencias que tiene la atención a la salud para las mujeres –y no sólo la salud reproductiva–, como también es de dominio público que las guarderías en este país son insuficientes, muy en particular las de Sedesol, ya que prácticamente no hay protección en seguridad social.
¿Dónde están las prioridades? Se suponía que la técnica de presupuesto “base cero” permitiría una mejor identificación de las mismas; por lo que se ve no fue así.
En síntesis, de las 26 instituciones que participan en el proyecto transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, 12 presentan reducciones respecto a los rubros aprobados en 2015; falta ver lo que discutan y aprueben en el Congreso.
Porque estos recortes al PPEF superan con mucho al propuesto para el total del gasto público. Tal parece que el hilo siempre se rompe por lo más delgado, en un momento crítico en el que son más necesarias las políticas públicas para cerrar brechas de género.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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