En lo que va del año, unas 644 mil personas refugiadas e inmigrantes han llegado a Europa por mar. De ellas, 34 por ciento (cerca de 219 mil) son mujeres, niñas y niños.
Además de los peligros y abusos que tienen que afrontar en su viaje hasta alcanzar las costas europeas, estas mujeres y niñas se ven expuestas a numerosos riesgos en su desplazamiento posterior a través del continente.
“Las y los menores de edad refugiados e inmigrantes que se desplazan por Europa corren un riesgo más elevado de sufrir violencia y abusos, incluyendo agresiones sexuales, especialmente en albergues atestados, o en otros muchos lugares donde los refugiados e inmigrantes se congregan, como parques, estaciones de tren o carreteras”, dijo Melissa Fleming, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.
“Según testimonios e informes recibidos por ACNUR, se han producido casos de menores de edad que han tenido que recurrir al ‘sexo de supervivencia’ para pagar a traficantes y proseguir su viaje, bien porque se habían quedado sin dinero o porque habían sido atracados”, añadió Fleming.
Las y los niños no acompañados pueden ser particularmente vulnerables, ya que carecen de la protección y cuidado de una persona adulta. Pueden incluso ser internados en centros de detención en algunos países, en las mismas dependencias que las personas adultas, lo que supone un alto riesgo.
Las mujeres refugiadas e inmigrantes que viajan solas también afrontan peligros en su recorrido por Europa, a veces durante la noche, atravesando rutas inseguras o quedándose en lugares que carecen de seguridad mínima.
Muchos centros de recepción están saturados y no cuentan con la iluminación adecuada o espacios separados para mujeres solas y familias con hijos.
ACNUR apela a las autoridades nacionales de todos los países afectados en Europa a adoptar medidas que aseguren la protección de mujeres y niñas, entre las que se incluyan el establecimiento de instalaciones de recepción adecuadas y seguras.
La Agencia de la ONU para los Refugiados también pide a las autoridades, de forma urgente, que encuentren alternativas a la detención de niñas y niños.
ACNUR y sus socios están trabajando para prevenir y abordar de manera inmediata la separación de las familias, ya que las mujeres y niñas solas afrontan mayores riesgos.
Las organizaciones civiles están trabajando con las autoridades para garantizar el acceso a la información, la identificación de personas con necesidades especiales –incluidas las y los menores de edad no acompañadas–, su derivación a los servicios apropiados, la prestación de apoyo psicosocial, y la mejora de las zonas de recepción, incluyendo la provisión de lugares seguros.
15/RED/RMB
octubre 2015
Desacata Veracruz orden judicial para atender AVG en la entidad
El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, podrían ser destituidos de sus cargos por desacatar una orden del Poder Judicial de la Federación (PJF) para detener la violencia feminicida que azota a la entidad.
El pasado 21 de octubre, el Juzgado Quinto de Distrito del estado de Veracruz dio un plazo de tres días a ambos funcionarios, para que respondan a la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz, presentada hace seis meses por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales.
Y es que ante la falta de respuesta de la Secretaría de Gobierno a su petición, el Instituto Municipal de las Mujeres acudió en su momento ante la justicia federal para interponer un juicio de amparo por la inacción de las autoridades ante el clima de violencia y recrudecimiento del feminicidio en el estado de Veracruz.
La solicitud fue respaldada por el Movimiento Amplio de Mujeres de la zona Veracruz-Boca del Río, así como por la Red Cívica de Mujeres.
Incluso –ante la omisión del gobierno veracruzano– organizaciones civiles presentaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud de AVG para la entidad desde hace varias semanas.
Así, en respuesta al juicio de amparo indirecto número 622/2015–II concedido a Gamboa Torales, el Juzgado Quinto de Distrito estableció: “requiérase a la autoridad responsable, secretario de Gobierno del estado de Veracruz (…) para que en el término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado en este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de 100 a mil días de salario mínimo (…) y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y ser consignado ante la autoridad competente”.
La sentencia de juicio de amparo indirecto requiere de la misma forma y en los mismos términos al gobernador Javier Duarte “para que dé puntual respuesta a la solicitud enviada por el Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río”.
La solicitud de AVG presentada por el Instituto Municipal se basa en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual señala que, presentada la petición de alerta, se deberá convocar a una sesión extraordinaria del Sistema Estatal a fin de resolver la aceptación o no de la solicitud en un plazo no mayor de cinco días hábiles; con la obligación de informar a la persona solicitante sobre esta resolución en un término que no excederá de tres días hábiles.
El numeral 66 del mismo reglamento estipula que la declaratoria de AVG será emitida por la Secretaría de Gobierno del estado en los casos previstos en la ley, a solicitud del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de los ayuntamientos, de organismos de Derechos Humanos o de organismos de la sociedad civil.
Y MIENTRAS, ASESINATOS CONTINÚAN
A más de una semana de emitido el amparo indirecto, las autoridades locales no responden y la violencia feminicida en Veracruz no cesa: el pasado fin de semana una joven embarazada en el puerto de Veracruz fue ejecutada a tiros en su propio domicilio.
En los recientes ocho años, 857 mujeres han sido asesinadas por razones de género en la entidad, según cifras oficiales; sin embargo la realidad es peor, ya que tan sólo en dos años, mil 831 mujeres fueron víctimas de feminicidio, pero sus muertes se registraron como homicidios dolosos.
Este 2015, en dos ocasiones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) visitaron el estado.
Según el más reciente reporte del OCNF, entre 2012 y 2013 en Veracruz cuatro mil 610 mujeres fueron ingresadas a un hospital por lesiones o agresiones; 769 murieron a causa de esta violencia, y nadie investigó ni castigó a los responsables.
En tanto, mil 347 veracruzanas más sufrieron abuso sexual; cifras escalofriantes que no producen ninguna reacción de las autoridades impartidoras de justicia, ni en la prevención del delito.
15/SS/RMB
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) finalmente aceptó revisar las múltiples discriminaciones y violaciones a las garantías fundamentales de las que fue víctima Irene Cruz Zúñiga, mujer de origen mixteco que debido a la violencia obstétrica que padeció en un hospital oaxaqueño en 2001, permanece postrada en una cama.
La CNDH emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
En la recomendación 32/2015, la CNDH pide a José Antonio González Anaya, director del IMSS, realizar las acciones correspondientes para reparar los daños ocasionados a Irene y su familia, pues determinó que fueron derivados de la responsabilidad institucional y violencia obstétrica en que incurrió el personal del Hospital Rural Solidaridad Número 34, ubicado en Tlaxiaco, Oaxaca, así como realizar acciones para evitar la repetición de los hechos.
Al mismo tiempo solicita a Gabino Cué instruir a quien corresponda, para que se tomen las medidas necesarias para otorgar la indemnización o compensación correspondiente en los términos señalados en la Ley General de Víctimas, y crear un fideicomiso a fin de que el hijo de Irene –quien sobrevivió a la mala atención– cuente con los recursos necesarios y suficientes para realizar y concluir sus estudios.
El 20 de junio de 2001, cuando Irene tenía 26 años de edad y cursaba un embarazo de 40 semanas de gestación, inició labor de parto y fue atendida en un primer momento por una partera de su comunidad, quien determinó que no podía atender el nacimiento.
Luego fue trasladada al Centro de Salud de la comunidad de Morelos, donde los doctores la revisaron y se decidió que la trasladarían a Tlaxiaco por si el parto se complicaba, ante la carencia de servicios médicos de calidad.
Un día después, fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital Rural Solidaridad Número 34 del IMSS, en Tlaxiaco, Oaxaca, donde de acuerdo con lo determinado por la CNDH se cometieron omisiones graves por parte del personal de salud que la atendió.
Y es que en ese nosocomio Irene fue víctima de una mala aplicación de la anestesia, lo que la dejó inmóvil hasta la fecha.
Es de recordar que en diciembre de 2013 el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez emitió un acuerdo judicial para el caso de Irene, que señala que aunque el delito penal (lesiones culposas) prescribió y es imposible sancionar a una persona de manera penal, los daños sufridos por Irene y su familia persisten y las violaciones a Derechos Humanos ocurrieron, por lo que es necesaria la reparación integral del daño.
Entre las dependencias que deben reparar el daño –a solicitud del magistrado– estaba la CNDH, pero en marzo de 2014 la dependencia informó a Ruiz Pérez “que no puede conocer resoluciones de carácter jurisdiccional”, es decir sobre casos ya resueltos judicialmente.
La reciente recomendación es producto de la insistencia de la representación legal de Irene y su familia, así como de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que envió el caso a la CNDH, según se relata en la recomendación.
Tras analizar el expediente, el organismo encontró que “se acreditan transgresiones a los Derechos Humanos a la protección de la salud, a la integridad personal, a una vida libre de violencia, que derivó en el daño al proyecto de vida” de Irene y su hijo, y que son atribuibles a la médica que en el momento de los hechos estaba adscrita al Hospital Rural Solidaridad Número 34 del IMSS.
Del mismo modo, se cuenta con evidencias que acreditan la violación a la debida procuración de justicia cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJ).
Por tal motivo, la CNDH recomienda al IMSS realizar 12 acciones, entre las que se encuentra reparar los daños ocasionados y que esto comprenda una indemnización o compensación; así como que le proporcione a Irene rehabilitación periódica, constante y permanente, y de ser posible atención psicológica y tanatológica, previo consentimiento informado de sus familiares.
También pide diseñar e impartir en las clínicas y hospitales del IMSS en el estado de Oaxaca un curso integral de capacitación y formación, dirigido a todo el personal médico, en el que se incluyan temas de Derechos Humanos con perspectiva de género y grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, que se capacite sobre las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, en particular las relativas a la práctica de la anestesiología, expediente clínico y servicios de planificación familiar, para que el personal médico cuente con los conocimientos que les permitan desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva.
Igualmente, la CNDH solicita emitir una circular en la que se instruya al personal médico se abstenga de imponer el uso de algún método anticonceptivo, y supervisar y verificar si todos los hospitales y clínicas del IMSS de Oaxaca cuentan con el equipo médico y quirúrgico necesario, para la atención de partos y realización de cesáreas, en particular el equipo que debe usar el personal con especialidad en anestesiología y de no ser así, realizar las acciones correspondientes para su equipamiento.
En tanto, al gobernador de Oaxaca lo exhorta a tomar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados, crear un fideicomiso para que el hijo de Irene cuente con los recursos necesarios y suficientes para realizar y concluir sus estudios.
La CNDH le pide al mandatario estatal diseñar y realizar un curso integral de capacitación y formación, dirigido a todo el personal de la PGJ de Oaxaca, principalmente a los agentes del Ministerio Público, en el que se incluyan temas relativos a los Derechos Humanos de las mujeres y grupos vulnerables, y la adecuada procuración de justicia.
15/AZM/RMB
Despiden a 20 jornaleras en represalia por movilizaciones en BC
Los acuerdos que en mayo pasado firmaron funcionarios federales con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas de todo el país ni para las de la región; al contrario, trajeron despidos contra quienes se manifestaron y abusos para la población más vulnerable.
Margarita Nemecio Nemesio, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, consideró lo anterior al participar en el seminario “Mujeres y migración. El caso de las mujeres migrantes en la Sierra de Guerrero”, que se realizó hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La defensora –que ha participado en diversas investigaciones sobre jornaleras migrantes– señaló que se esperaba que el movimiento laboral que iniciaron las y los jornaleros en Ensenada, BC, en marzo pasado tuviera un efecto en el trabajo agrícola en todo el país.
No obstante, tras un sondeo reciente la activista tuvo conocimiento de al menos 20 casos de mujeres jornaleras provenientes de los estados de Guerrero y Oaxaca, que fueron despedidas en represalia por participar en el movimiento, y quienes presentaron denuncias (algunas anónimas para evitar represalias) ante las instancias laborales del Valle de San Quintín.
Nemecio Nemesio informó que la mayoría de las mujeres afectadas con el despido masivo buscaron otra fuente de ingresos y algunas regresaron a sus entidades de origen.
Expresó que los acuerdos del gobierno federal sólo quedaron en el papel, porque el salario precario se mantuvo, además de que los empresarios empezaron a ofrecer trabajo –a través de las redes de contratación a nivel nacional y con técnicas de “enganchamiento fraudulentas”– a otra población del sur del país, que desconoce sus derechos o que es más vulnerable.
CORRUPCIÓN LIMITA DERECHOS
La también experta en temas agrarios y Derechos Humanos (DH) explicó que prácticamente sólo un programa federal, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, concentra todo el apoyo gubernamental para este sector laboral.
No obstante, el presupuesto de ese programa –que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– ha disminuido año con año porque los gobiernos no lo consideran prioritario, y aunque ha cambiado varias veces sus reglas de operación para incorporar talleres y capacitación en DH, la encuesta en la que está basado su diagnóstico es de 2009.
A esto se suma que ninguna otra estrategia de atención a jornaleras y jornaleros cuenta con enfoque de género, no son nacionales ni integrales.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) está enfocada en certificar la mano de obra agrícola, para que sea contratada por empresas que dicen cumplir los estándares en la protección de derechos.
No obstante, la STyPS no verifica que estas certificaciones sean verdaderas o que no hayan sido adquiridas por medio de estrategias fraudulentas, observó Margarita Nemecio.
Se agrega que la dependencia sigue dando subsidios a agricultores o empresas sin verificar que realmente otorguen garantías a su personal, ya que cuando hay inspecciones en los centros de trabajo se avisa a los empresarios para que simulen que cumplen con estándares mínimos o simplemente no se realiza la revisión.
Por otra parte, la población jornalera –observó Nemecio– no tendría por qué certificar su fuerza de trabajo en condiciones de explotación laboral y de “esclavitud moderna” en la que se encuentran en los campos agrícolas, principalmente de Sonora, donde se utilizan contratos internos que desglosan más obligaciones para la y el trabajador que para la empresa.
La experta llamó al gobierno a articularse más con las propuestas de los grupos civiles, específicamente en el tema de guarderías, a ser más transparente en la asignación de certificaciones y subsidios, y a sancionar no sólo administrativa o económicamente a las empresas que incurran en abusos.
De acuerdo con Tlachinollan, las mujeres jornaleras de La Montaña de Guerrero son principalmente indígenas monolingües, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, con desnutrición, bajos índices de desarrollo humano, y a que además afrontan distintas formas de explotación, discriminación y violencia.
15/AJSE/RMB
Ciclo de directoras españolas en la Cineteca Nacional
México.- A partir de hoy y hasta el domingo 1 de noviembre, la asociación civil Mujeres en el Cine y la Televisión presentará en la Sala 9 Alejandro Galindo de la Cineteca Nacional, el ciclo “Cineastas Españolas en la Mira”.
A las 19:30 horas se proyectará el documental “Yo decido. El tren de la Libertad”. Para más información sobre las películas a proyectarse, ir a www.mujerescineytv.org.
Impide Egipto capacitación sobre igualdad de género
Dublín.- El pasado 20 de octubre, agentes de seguridad del Estado egipcio prohibieron al Centro de la Mujer de Orientación y Conciencia Legal (WCGLA, por sus siglas en inglés) y a la organización internacional Igualdad Confianza Derechos, llevar a cabo una capacitación sobre igualdad de género, denunció Front Line Defenders en su portal.
La actividad que se desarrollaría en un hotel y a la que asistirían capacitadores de distintas provincias del país árabe fue cancelada sin dar mayores informes. Incluso un día antes, a los facilitadores de Igualdad Confianza Derechos al llegar al Aeropuerto Internacional de El Cairo se les impidió la entrada y fueron interrogados por funcionarios de seguridad.
15/GMV/RMB
Viven afrobrasileñas bajo la violencia de un Estado racista
La reciente divulgación del Ministerio de Justicia de Brasil sobre datos de homicidios y muertes de mujeres por agresión fortalece el peso social de una de las principales demandas presentadas en el manifiesto nacional de la “Marcha de las Mujeres Negras 2015”.
Es la primera movilización nacional efectuada por brasileñas afrodescendientes; la marcha se realizará el próximo 18 de noviembre en Brasilia, capital del país sudamericano, destacando la necesidad de que el Estado desarrolle políticas efectivas para enfrentar el feminicidio contra esta población.
El índice de muertes violentas de mujeres representa cerca de 10 por ciento de todos los asesinatos, según el “Diagnóstico de los homicidios en Brasil”, elaborado por la investigadora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), Estela Meneghel.
Sin embargo, cuando el análisis se enfoca en los asesinatos de afrobrasileñas se reproduce un perfil calificado en el informe como “la continuidad de las características presentadas en los (asesinatos de) hombres”.
Ellas son 68.8 por ciento de las víctimas. La tasa de asesinatos de mujeres afrodescendientes sigue representando el doble de la tasa de homicidios de las caucásicas por cada 100 mil habitantes.
En la población femenina de entre 15 y 29 años de edad, la diferencia es aún mayor. Mientras que entre las jóvenes caucásicas la tasa es de 4.6 por cada 100 mil habitantes, entre las jóvenes afro la tasa asciende a 11.5 por cada 100 mil, según el sistema de datos del Ministerio de Salud.
La mayoría de las muertes están relacionadas con la violencia intrafamiliar y los autores son, en general, sus parejas o ex parejas.
“A menudo camuflamos esta realidad, porque hablamos más de las muertes de los niños, jóvenes y hombres afrodescendientes, que siempre enlutan a mujeres, hermanas, madres, hijas. Pero esto es sólo una dimensión de cómo la violencia afecta las vidas de las mujeres afro, que a veces oculta las otras formas de violencia que ellas sufren directamente”, dice la abogada Sylvia Oliveira, presidenta de Geledés-Instituto de la Mujer Negra.
Al igual que en otros estudios, en el “Diagnóstico de los homicidios en Brasil”, la población afro aparece como la más victimizada y vulnerable a la violencia. Representando 50.7 por ciento de la población brasileña, sumaron 72 por ciento de las personas asesinadas en 2013, sobre un total de 50 mil 715 muertes registradas en las que fue marcado el dato de “raza/color”.
Hay 7 por ciento de víctimas de asesinato en los que no fue marcado el espacio referido a la condición racial.
RACISMO PATRIARCAL
En un seminario organizado por el Centro de Formación de Servicio Social de Comercio (SESC) de Sao Paulo, el pasado 15 de octubre, antes de la publicación del diagnóstico, Lucía Xavier, coordinadora de la organización civil Criola, de Río de Janeiro, recordó que “hay datos encubiertos, que no nos permiten conocer cuál es efectivamente la realidad de la violencia sufrida por estas mujeres. En qué condiciones de violencia doméstica y sexual están sumergidas las mujeres afro.
“¿Por qué hay en este proceso características tan especiales? ¿Por qué entre nosotros la violencia es parte del proceso de la opresión y la invisibilidad?”, cuestionó.
Asistente social y miembro del Comité Técnico de Salud para la Población Negra del Ministerio de Salud, Lucía Xavier señaló que “la esclavitud marca una experiencia en nuestra sociedad, estableciendo los lugares donde vivimos hasta hoy en día, lo que constituye un elemento de la ideología, que refuerza los roles sociales que tenemos, e inscribe en la sociedad brasileña un ‘modus operandi’ de justicia, de derecho, una forma de vida, ayudando a perpetuar una jerarquía”.
Como ejemplo de esta realidad, Lucía observó que las trabajadoras del hogar sólo conquistaron plenamente sus derechos laborales en 2015. En 2012, según la PNAD/IBGE, 63.4 por ciento de las trabajadoras del hogar se declararon afrodescendientes.
“Esta dimensión histórica no sólo trajo como consecuencia la opresión que vivimos hoy en día, sino que también permite a la violencia establecer las relaciones de la pobreza, que no es sólo un fenómeno económico, también está asociada a las condiciones de género, la raza y generación en las que vivimos.
“Nos niega el acceso a bienes y servicios de todos los órdenes, facilita y ayuda a violar derechos, precariza y paga muy mal por su trabajo realizado, o nos deja sin trabajo. Además de establecer para nosotras los niveles inicuos de morbilidad y mortalidad”, señaló.
“Actualmente llamamos a este racismo, racismo patriarcal porque entendemos que en el caso de las mujeres afro estas dimensiones se combinan en esta opresión”, señaló Lucía en el seminario, subrayando que el genocidio de la juventud no sólo afecta a los hombres.
“Las afrobrasileñas mueren en el parto como palomitas. Es evidente que hay un Estado racista. Y un Estado racista propicia acciones racistas y la ideología no está formada sólo por consensos. No basta hacer creer a una persona que tiene un defecto, es necesario aplicar una dimensión de fuerza para mostrar cuál es su lugar y su posición en la sociedad. Esta dimensión de fuerza se expresa en la mortalidad”, enfatizó.
DETONANTES DE VIOLENCIA
El “Diagnóstico de los homicidios en Brasil” apunta categóricamente a la cultura patriarcal y a la falta de redes de protección, como factores de riesgo para la victimización de las mujeres a través de la violencia en el hogar, que puede llevar al feminicidio.
El abuso sexual y las agresiones en el entorno familiar también se mencionan como elementos que pueden influir en la “búsqueda por parte de los jóvenes de pertenecer a grupos como las pandillas y a las facciones del narcotráfico, además de tener un comportamiento agresivo”, según el informe.
Elementos como el alcohol y las drogas son referidos como potenciadores de la violencia, especialmente en el hogar, pero no como una causa primaria. El reporte señala que varios estudios anteriores sobre este tema no permiten la inferencia de una relación causal entre las sustancias psicoactivas y la agresión.
El fácil acceso a las armas de fuego en una sociedad violenta como la brasileña, la acumulación de vulnerabilidades sociales y las condiciones de educación, salud e ingresos, también son señalados como factores transversales que contribuyen al aumento de las tasas de homicidio.
OMISIÓN Y COMPLICIDAD
“Atribuyo a este proceso de la violencia contra las mujeres, en cierto modo, una ‘autorización’ de la sociedad, cuando ella no rechaza vehementemente esas prácticas. Las mismas objeciones a la Ley Maria da Penha, de que habría excesos en la ley, el haber sido necesario que estos cuestionamientos llegaran hasta el Supremo Tribunal Federal, para que fuera definida de hecho como una ley justa, habla un poco acerca de esta cultura de que la violencia contra las mujeres sería un mal menor”, dijo Lucía.
La especialista advirtió también que las muertes de las mujeres de alguna manera nos victimizan a todas, porque “todas estamos en el blanco de esa sociabilidad violenta (naturalizada), que va desde el acoso sexual en el transporte público, pasando por la violencia intrafamiliar, llegando hasta la muerte”, dijo.
Y en el caso de las mujeres afro, se agrega una representación (social) negativa, de que ellas “no sirven”, “son lascivas”, “afectas a una sexualidad exacerbada”, son “objetos”.
Esta visión sigue siendo muy fuerte en la sociedad brasileña, a tal punto que se puede ver este tipo de situaciones reflejadas en diferentes contextos. Lucía también apuntó el hecho de que la violencia contra las mujeres aún es clasificada como un dato de “la esfera de las discordias, celos, locura, alcoholismo”, muchas veces hace que incluso los agentes del Estado, especialmente las policías, aborden simplistamente una situación tan grave.
“Falta una respuesta a la altura. Y no basta decir que el tipo al final va a la cárcel. Es necesario reconocer este comportamiento como un crimen que la sociedad no tolera, como algo que no puede seguir ocurriendo”, demandó.
*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias Adital.
15/LA/RMB
La ola de asesinatos de mujeres que desde 2014 se registra en esta playa del Caribe mexicano desató la indignación ciudadana, además de que las autoridades judiciales se niegan a investigar los crímenes como feminicidio.
En uno de los casos más recientes, el cuerpo de Karen C.C., estudiante de la carrera de Turismo en la Universidad del Caribe (Unicaribe), fue localizado ayer en el área verde de una zona popular de esta ciudad, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Quintana Roo (QR).
La PGJ abrió una investigación para determinar las causas del asesinato de la estudiante de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida.
Karen C.C. fue vista por última vez la tarde del pasado lunes, afuera de la institución educativa. Ella esperaba el autobús.
Sus padres dieron aviso sobre su desaparición y en redes sociales comenzó a circular su fotografía, con la solicitud de comunicar cualquier noticia sobre su paradero al número de emergencia 066 y a un número celular.
Este martes 27 de octubre, alrededor de las 13:30 horas, se recibió un reporte sobre el hallazgo de un cadáver abandonado entre las avenidas Chacmool y Niños Héroes.
Agentes llegaron al sitio y encontraron que el cuerpo presentaba lesiones no especificadas según un reporte preliminar emitido por la Procuraduría. La prensa local consignó que la víctima sufrió un ataque sexual, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
La madre de Karen había presentado una queja por la desaparición de la joven. Después de reportado el hallazgo, la mujer identificó el cadáver de su hija.
La PGJ abrió la averiguación previa 6580/2015, por el delito de homicidio en agravio de la joven. La necropsia determinará el tipo de lesiones que sufrió.
Pese a las quejas de activistas de la entidad, la Procuraduría estatal cataloga como “homicidios violentos” los crímenes cometidos en contra de mujeres. No les da el tratamiento de feminicidio.
Hasta ahora, la PGJ ha reconocido sólo cinco “homicidios violentos” en contra de mujeres, en lo que va de 2015. En esta cifra está incluida Karen.
La mañana del pasado 18 de octubre también se encontró el cuerpo de una joven de entre 22 y 25 años de edad, semidesnuda, con muestras de violencia extrema, en el fraccionamiento “Paseos del Mar”, en la Región 251 de la ciudad.
La autoridad abrió la averiguación previa 6355/2015 por el delito de homicidio en agravio de la mujer de identidad desconocida. Su cuerpo presentaba moretones. Los vecinos del lugar dijeron no haber visto nada, pero sí haber escuchado a una pareja pelear en la calle.
El pasado 19 de abril, jóvenes, mujeres dedicadas al hogar, activistas, estudiantes y ciudadanía en general marcharon en contra del feminicidio en esta ciudad, a propósito del asesinato de María Fernanda, una adolescente de 13 años que fue abusada sexualmente antes de que le arrebataran la vida.
En 2014 se registraron varios casos graves de violencia feminicida. Entre ellos, el de Laura Jovita, de 26 años. La joven fue asesinada en su departamento el 24 de junio del año pasado, en Cancún.
El 3 de noviembre de 2014 Gloria, de 19 años, fue asesinada a golpes. Tenía ocho meses de embarazo. Como presunto responsable se ubicó a su pareja sentimental, un joven llamado Pablo G. Los vecinos escucharon la pelea, pero nadie pidió auxilio, ni fue en su ayuda.
Un caso más fue el de cuatro mujeres en condición de explotación sexual comercial. Sicarios atacaron el establecimiento en donde ellas eran explotadas, le prendieron fuego y huyeron.
15/AF/RMB
Lograr que las mujeres accedan al trabajo decente e incrementen su nivel de bienestar depende, en parte, de cómo se realice la medición estadística de la participación de las personas en todas las formas de trabajo y en todos los sectores de la economía.
Durante la 19 Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo (CIET) –grupo integrado por especialistas en empleo que formulan recomendaciones a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se aprobó modificar el concepto de trabajo, a fin de que las naciones puedan generar estadísticas para medir los subconjuntos de actividades productivas (formas de trabajo), las clasificaciones de la población según su situación laboral y su forma de trabajo principal, así como la subutilización de la fuerza de trabajo.
En ese tenor, se realizó hoy en El Colegio de México (Colmex) el seminario “No todo el trabajo es empleo: cambios en el concepto y la medición del trabajo en México”, donde especialistas en demografía debatieron la forma en la que en nuestro país se deben integrar estos nuevos conceptos a las encuestas.
En México, las estadísticas sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas que permitan profundizar el análisis de los aspectos laborales, se obtienen con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuyos resultados se presentan de forma trimestral.
Organizado por el Grupo Científico sobre Mercados Laborales de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), en el evento participaron Luis Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales; Carlos Echarri, presidente de la Somede, y Thomas Wissing, director adjunto de la oficina de países de la OIT para México y Cuba.
En sus intervenciones coincidieron en que la conceptualización actual invisibiliza muchas de las formas de trabajo, generalmente el realizado por mujeres de sectores rurales, personas adultas mayores, o de quienes se dedican a la producción de autoconsumo, por lo que un replanteamiento adecuado del concepto permitiría abarcar todas las formas de trabajo.
Señalaron que es indispensable adecuar cada subconcepto para su contribución a la medición del trabajo decente y del nivel de bienestar de los hogares y de la sociedad en general, apoyando y facilitando de esta manera la implementación de la Agenda de Desarrollo post 2015, así como para lograr la justicia de género.
Integrantes del Grupo Científico sobre Mercados Laborales de la Somede presentaron la forma en la que se tendrían que estar midiendo las diversas formas de trabajo propuestas por la OIT, como el trabajo de producción para el autoconsumo, la ocupación, el trabajo en formación no remunerado, el trabajo voluntario, la subutilización del trabajo, la subocupación, la desocupación, y la población excluida de la fuerza de trabajo.
De acuerdo con la resolución de la CIET, el trabajo comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad a fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para uso final propio, y se define independientemente de la legalidad de la actividad y de su carácter formal o informal.
Asimismo excluye las actividades que no entrañan la producción de bienes o servicios (por ejemplo la mendicidad y el robo), las actividades de cuidado personal (por ejemplo la higiene y el aseo personales), y las actividades que no pueden ser realizadas por terceros para el beneficio de una persona (por ejemplo dormir, aprender y las actividades para el entretenimiento propio).
15/AZM/RMB
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, prolongará seis meses más su estancia de trabajo en México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que decidió extender el mandato del GIEI en México hasta el 30 de abril de 2016 (contando a partir de este 31 de octubre), tras haber escuchado las conclusiones del caso el pasado 19 de octubre durante el 156 periodo de sesiones en Washington.
En un comunicado, la CIDH explicó que la decisión prolonga el acuerdo que firmó con el Estado mexicano y las familias de los estudiantes, en el que se estableció que el GIEI participaría en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un estudio del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante la primera etapa de su estancia, el GIEI encontró irregularidades y omisiones que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió en la investigación del caso, lo que oficialmente definió como “la verdad histórica”.
También informó que el Estado mexicano no cumplía al 100 por ciento las diligencias que le solicitaban para la adecuada investigación de los hechos, sobre todo entrevistar al personal del 27 Batallón de Infantería que –hasta donde el GIEI ha documentado– presenció pasivamente la agresión a los normalistas.
La Comisión también saludó el acuerdo que el Estado mexicano hizo con las y los expertos el pasado 19 de octubre, en el que se acordaron cambios en la investigación de la PGR, pero incluyendo el informe del GIEI a las pesquisas.
Recordó el acuerdo del gobierno de planificar de forma conjunta con el GIEI una nueva ruta de investigación, así como conformar un nuevo equipo de indagación que estará ahora en la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y contará con la confianza de la PGR y del GIEI, con acompañamiento de los representantes de las víctimas.
Las y los expertos que integran el GIEI son Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
La decisión de la CIDH –aclaró– está fundamentada en el artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 18 de su Estatuto; así como en el numeral 10 del Acuerdo de Asistencia Técnica firmado con el Estado mexicano y los representantes de las familias.
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Rechazan conciliación y exigen juicio a ex presidente Zedillo
En audiencia en Washington, sobrevivientes de Acteal, Chiapas, rechazaron una conciliación amistosa con el gobierno mexicano, y reiteraron su exigencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se lleve a juicio al ex presidente Ernesto Zedillo; al ex general de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo; y al ex gobernador del estado Julio César Ruiz Ferro, entre otros, por la muerte de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.
El pasado 21 de octubre, la CIDH recibió en audiencia a sobrevivientes de la masacre de Acteal, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representantes legales de los indígenas; y a los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la audiencia, las y los comisionados de la CIDH analizaron los argumentos presentados por los sobrevivientes de Acteal, quienes acusan al gobierno mexicano y al entonces presidente Ernesto Zedillo, de haber entrenado y armado a un grupo de indígenas de Chenalhó, quienes habrían masacrado a 45 personas, y dejado heridas de gravedad a 26 más.
Este caso, registrado como el 12 mil 790 ante la CIDH, analiza desde marzo de 2005 las pruebas presentadas por las y los sobrevivientes, quienes señalan que la masacre se enmarcó en la estrategia del gobierno mexicano para amedrentar a quienes consideraban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Durante la audiencia, las y los sobrevivientes presentaron como nuevas pruebas, análisis y peritajes físicos y psicosociales para intentar demostrar que la masacre se efectuó en el marco de un conflicto de guerra en el que el Estado mexicano los ubicaba como “potenciales enemigos”.
En su intervención, Campa Cifrián dijo que en la investigación que el gobierno mexicano realizó sobre los hechos, no se pudo documentar esa teoría, y sí una que apuntaba a la masacre como resultado de conflictos intercomunitarios entre indígenas de la zona.
El subsecretario lamentó que a pesar de haber detenido a 107 personas acusadas de perpetrar la masacre, ninguno de ellos está actualmente detenido, principalmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró que en los juicios en su contra hubo fallas al debido proceso.
“Lamentablemente no podemos volver a llevar a juicio a estas personas, la legislación no nos lo permite, pero lo que sí podemos hacer es llegar a un acuerdo de conciliación amistosa para indemnizar a las víctimas”, manifestó la delegación oficial, que enumeró diversas acciones como la creación de un fondo económico y servicios de salud para las y los sobrevivientes.
La respuesta de las víctimas la dio su representante en la audiencia, Juan Vázquez Luna, quien reiteró su rechazo a la conciliación amistosa, y en cambio exigió llevar a juicio a quienes ellos consideran los autores intelectuales de la masacre, como Ernesto Zedillo, el ex comandante militar Mario Renán Castillo, y el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros.
La CIDH deliberará sobre las pruebas y argumentos presentados, y posteriormente hará pública una posible recomendación. No hay fecha programada para ello.
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