Los instrumentos legales que tiene México para castigar la violencia de género, los abusos y la discriminación, no han sido suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres en el trabajo.
Así lo observó la abogada Andrea Medina Rosas al participar ayer en el Conversatorio sobre Derechos Laborales de las Mujeres en México, que se lleva a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La experta –con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres– aclaró no obstante que haber conseguido leyes generales, federales y estatales para brindar garantías a las mujeres fue el resultado de un trabajo muy arduo por parte de la sociedad.
De la misma manera, reconocer y nombrar que existe discriminación y violencia laboral han sido aportes recientes, señaló Medina Rosas.
Sin embargo, indicó que la jurisprudencia en el ámbito laboral que ya existe no incluye completamente un enfoque de Derechos Humanos (DH) ni se trabaja coordinadamente con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se suma que existe una profunda desigualdad económica desde el mundo del trabajo, donde además no existe una profunda comprensión de qué es la discriminación contra las mujeres, ya que –aseguró– el “eje central” de los derechos laborales sigue siendo el varón.
“No hay un movimiento por la defensa de los derechos laborales desde el nuevo marco de los DH”, precisó la experta que ha litigado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ejemplo, la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que penaliza el acoso sexual laboral no ha mostrado grandes resultados, porque las personas encargadas de operar esta norma desconocen la discriminación de género, y porque no se han terminado de desarrollar e instaurar los mecanismos y las estructuras (como protocolos y comisiones) que tengan como tarea principal investigar y castigar este delito, explicó la activista en breve entrevista para esta agencia.
Se añade que las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los sindicatos no están recibiendo las capacitaciones necesarias sobre DH y derechos de las mujeres en el ámbito laboral, lo que hace que los litigios las revictimicen.
Medina Rosas detalló que a nivel internacional México tiene importantes referentes para desarrollar leyes y otros instrumentos para garantizar los DH de las mujeres en el ámbito laboral, como son los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No obstante, el Estado se resiste a ratificar varios convenios de la OIT sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque –consideró la experta– ratificarlos significa que hay que cumplirlos, pero aún existe discriminación y menosprecio hacia las mujeres.
La abogada precisó que es parte del “autocuidado” de las mujeres, como sujetas de derechos, conocer los mecanismos que tienen a su alcance (como leyes y autoridades) para proteger su vida y su bienestar, así como también es su tarea dar continuidad y revisar que las medidas que instaure el gobierno en la materia funcionen, sobre todo porque las actividades económicas y sus características están cambiando y podrían no ajustarse a las necesidades actuales de la población femenina trabajadora.
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octubre 2015
Las mujeres con discapacidad auditiva enfrentan diversos tipos de violencia que pocas veces llegan a ser visibilizados, al tiempo que cuando buscan justicia se topan con la inexistencia de protocolos de atención adecuados a sus necesidades, así como a la falta de capacitación del personal que debe atenderlas.
Ayer en el edificio Revolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) se presentó el cortometraje “Acceso a la justicia para mujeres con discapacidad auditiva: romper el silencio y vivir sin violencia”, en el que se denuncia la realidad que enfrentan estas mexicanas.
Organizado por la Escuela Judicial de la Judicatura Federal, la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Asociación Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, la proyección contó con la presencia de personas con discapacidad auditiva, así como con representantes del Consejo de la Judicatura Federal que buscan acercarse a este tipo de formación.
La directora de la Asociación Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, Nadia Arroyo Estrada, explicó antes de la presentación del cortometraje que mediante el trabajo que realiza su organización se ha podido conocer la serie de vulnerabilidades y desafíos que enfrentan las mujeres con discapacidad auditiva, y que van desde violencia física hasta dejarlas incomunicadas.
Dijo que muchas veces la pareja de las personas es quien ejerce la violencia, y de manera frecuente se cometen agresiones como dañar o arrancar sus aparatos auditivos, o dañarles la visión o las manos, que son los elementos con los que ellas compensan su discapacidad auditiva y les permiten comunicarse.
A lo que se suma que en algunas ocasiones sus parejas les gritan o hacen ruidos muy fuertes, y “cuando se tiene un aparato auditivo es como si te gritaran con un micrófono en el oído”.
Actualmente –agregó Arroyo– las redes sociales permiten tener acceso a la comunicación, porque hay una serie de aplicaciones que ellas pueden utilizar para ponerse en contacto con otras personas, en ese sentido –resaltó– una de las formas de agresión más comunes contra estas mujeres es cortarles el internet, romper o quitarles los teléfonos.
Al dar a conocer estas formas de violencia específica, la activista dijo que es indispensable que cuando una mujer con discapacidad auditiva acuda a denunciar violencia se indague en este tipo de agresiones, y que generalmente no son visibilizadas por las y los servidores públicos.
A decir de la defensora de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la PGJDF cuentan con un solo intérprete, lo que ha derivado en que incluso se pida a las mujeres que vuelvan en dos semanas para levantar la denuncia.
Arroyo Estrada señaló que cuando ellas acuden a denunciar violencia familiar o de pareja se enfrentan a “demasiadas trabas” para acceder a la justicia, pues generalmente en los ministerios públicos y agencias se carece de intérpretes.
“Tenemos mujeres que han esperado hasta 16 horas por un intérprete para nosotras, eso es revictimización institucional”, advirtió.
Agregó que la mayoría de las personas con discapacidad auditiva son analfabetas del español, pues cuando no se puede oír las letras carecen de todo sentido, y el sistema educativo en México no está respondiendo a estas necesidades específicas.
Lo que significa una gran barrera para ellas, pues generalmente se piensa que pueden leer y se les brinda por escrito la información acerca de los trámites que deben de seguir o los citatorios, pero es muy difícil que tengan comprensión de lo que se les ha dado y no pueden seguir su procedimiento.
Nadia Arroyo explicó además que esta comunidad es muy pequeña en México y generalmente las personas se conocen entre sí, lo que amplía las posibilidades de que la pareja (en caso de que sea la agresora) se entere de que está siendo denunciado, y pueda volver a agredir a la víctima.
“Hemos tenido dificultades para proteger a las mujeres, porque en los refugios tampoco hay intérpretes que hablen lenguaje de señas”, acotó.
Recomendó otras formas de comunicación con estas mujeres, como la utilización de dibujos o mímica, así como utilizar lenguaje sencillo y hablar de manera pausada, en caso de que ellas puedan leer los labios.
La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña llamó a sus compañeras y compañeros a pensar en estrategias que permitan atender a este tipo de población durante la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya que los juicios orales podrían revictimizar aún más a las mujeres con discapacidad auditiva.
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“¿A qué teme el gobierno mexicano?”, increpan madres de los 43
Tras los 10 compromisos que el gobierno mexicano aceptó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Ayotzinapa, las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, aseguraron que no estarán satisfechas hasta que se permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del Batallón 27 de Infantería.
Ayer se cumplieron 13 meses desde que estudiantes normalistas de Guerrero fueron agredidos y desaparecidos forzadamente durante un operativo policial el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que estuvieron implicados diversos agentes del Estado y presuntos grupos criminales.
Como cada mes, las madres de los normalistas marcharon en esta capital desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez –bajo un cielo plagado de grises–, para protestar porque aún no hay indicios sobre el paradero de sus hijos, pero también porque gracias a la intervención del GIEI –como ellas afirman– se está comprobando que el gobierno mexicano fabricó “mentiras” sobre el caso.
María Elena Guerrero, madre del desaparecido Giovanni Galindes Guerrero, criticó que durante la audiencia el pasado 20 de octubre del Estado mexicano ante la CIDH (como parte del 156 periodo de sesiones que se celebró en Washington) las y los representantes del gobierno –entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián– evadieron algunas preguntas vinculadas con los resultados que el GIEI presentó como parte de la investigación que realiza en México por estas desapariciones forzadas.
Durante la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a cumplir 10 acuerdos básicos que exigió el GIEI, entre ellos el de expulsar de la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO); que el tercer peritaje en el basurero de Cocula se realice conjuntamente con las y los expertos; se planifique una nueva investigación, y se establezca una nueva estrategia de búsqueda de los normalistas.
Al respecto, María Elena Guerrero observó: “Eso de que no dejan entrevistar a los militares… ¿a qué le temen? Si se supone que ya fueron 50 a declarar en la PGR, por qué no declarar con la CIDH. ¿A qué le tiene miedo el gobierno mexicano?”, expresó.
La mujer celebró la disposición del investigador peruano José Torero –que contribuyó en las investigaciones del GIEI para corroborar la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República–, para venir a México a participar en la realización de un tercer peritaje en Cocula.
La mujer insistió en que el Ejército sea investigado por el GIEI y que la búsqueda en vida de los normalistas apunte hacia los militares, toda vez que –recalcó– “sabemos que el narcotráfico opera en fosas, pero nosotros sabemos que participaron los cuatro niveles de gobierno; y si hubo presencia de militares, sabemos que hay cárceles clandestinas. ¿El Ejército a qué le tiene miedo? Que se deje investigar”, detalló.
Hilda Legideño Vargas, madre del desaparecido José Antonio Tizapa, expresó que confía plenamente en el GIEI y respalda sus acciones, pero principalmente se alegró de que se destacara en los compromisos el de buscar a los estudiantes con tecnología de punta.
“Es lo que más me importa, que los busquen vivos (…); la delincuencia organizada no se tienta el corazón, ellos cuando quieren matar en ese momento matan y ahí lo dejan, pero aquí hubo participación del Ejército; nosotros continuamos con la fe y con la esperanza de encontrar a nuestros hijos vivos”, sostuvo.
Y criticó que ya son seis peticiones que le hace el GIEI al gobierno mexicano para que le permita interrogar al 27 Batallón de Infantería sin lograr resultados.
“¿Qué esconde el Ejército? ¿Por qué no quieren que los interroguen o que revisen los cuarteles? No sabemos lo que quieren esconder”, increpó.
Hilda Legideño repudió que el gobierno les haya “cerrado sus puertas” al no informarles antes que a los medios de comunicación sobre algún posible hallazgo, pero se dijo satisfecha de que si hay un motivo por el cual quieran tener una reunión con el Ejecutivo federal se la van a exigir como un derecho, ya que eso fue otro de los compromisos que aceptó el Estado mexicano.
Por su parte, Blanca Luz Nava Vélez, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, dijo que “ojalá el acuerdo que hicieron los expertos con el gobierno que se cumpla, es lo que queremos como madres, que cumplan lo que dice (el gobierno mexicano)”.
Blanca criticó que en una entrevista que dio a Televisa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se haya negado a que entrevisten a quien llamó “sus soldados”, ya que Enrique Peña Nieto –observó– tiene la facultad de pedir que se entreviste a los militares.
Natalia de la Cruz, madre del desaparecido Emiliano Alen de la Cruz, coincidió con las otras madres en que seguirán exigiendo que se entreviste a los soldados del 27 Batallón de Infantería, a fin de contar con más información para dar con el paradero de los estudiantes.
Precisó la necesidad de que se busque a los normalistas con vida en los cuarteles militares, y no en las fosas, como se hizo al principio.
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Cinthia Padilla tiene 16 años y hace cuatro aprendió computación para enseñar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en esta aislada comunidad pesquera del norte de Honduras cómo usar la tecnología para mejorar sus vidas.
Ahora, ella aplica sus conocimientos en una plataforma de educación y capacitación en línea (e-learning), para disminuir el embarazo en adolescentes en su aislada aldea y en caseríos vecinos.
Su padre, Óscar Padilla, es el dirigente comunal que revolucionó Plan Grande al llevarle la electricidad permanente a base de energía hidráulica, así como un plan de conservación y protección de la microcuenca del río Matías. Su hija aprendió mucho acompañándole desde niña a las reuniones.
“Mi papá me decía: ‘¡quédate cipota (niña)! ¿Qué haces aquí?’. Pero yo no le hacía caso, me gustaba escuchar a los adultos. Así fue como aprendí, con un proyecto de computación que vino a la comunidad y hoy enseño a los niños y adultos, en mis horas libres, cómo usar programas de Word, Excel y otros que les ayuden en su trabajo y estudios”, explicó a IPS la adolescente.
“Empecé con una computadora usada que me regaló una empresaria de la capital hace cuatro años. Hoy he capacitado a más de 60 niños y varios adultos, no fue fácil porque ¿quién iba a creer en una chigüina (niña)?”, acota sonriendo Cinthia, que estudia el primer año de educación secundaria.
Gracias a los conocimientos de la joven que sueña con ser ingeniera de sistemas para ayudar en el desarrollo de su comunidad y aplicar el uso de la tecnología a la protección del ambiente, los 500 habitantes de Plan Grande descubrieron las ventajas del internet y de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Los pescadores han aprendido a hacer mejor sus cuentas de venta de mariscos, compra de productos y cobros por las enseñanzas de Cinthia.
Además, ella puso en marcha la plataforma e-learning para educar a los y las adolescentes en la prevención de los embarazos tempranos, con el apoyo de la Red de Desarrollo Sostenible, una organización civil que apoya el uso de las tecnologías en comunidades de este país centroamericano de 8.8 millones de personas.
APOYO DE LA ONU
El éxito de las iniciativas de Cinthia despertó el interés de Noel Ruíz, el alcalde de Santa Fe, el municipio al que pertenece Plan Grande, y del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con el apoyo de 50 mil dólares del PPD, hace tres meses arrancó un proyecto de aprendizaje en línea en todo el municipio de Santa Fe y el vecino de Balfate, que comenzará a aplicarse en 2016, y que tendrá como usuarios a estudiantes y docentes.
En Plan Grande, que opera como experiencia piloto, los maestros están entusiasmados porque los embarazos en adolescentes son frecuentes en esta región garífuna, uno de los siete grupos originarios de Honduras, que representa 10 por ciento de la población y surgió del mestizaje entre indígenas caribeños y esclavos africanos.
“Esto permitirá a los niños abrir sus mentes y no cometer el error de embarazarse por no tener conocimientos de educación sexual”, dijo a Cimacnoticias/IPS la docente Julissa Esther Pacheco, de la comunidad Punta Frijol, un caserío perteneciente a Plan Grande.
“Nos han entrenado en cómo usarla, aunque no tengamos internet, pues se han creado programas interactivos y educativos que ayudarán a los menores de edad a conocer y estudiar su cuerpo”, explicó.
Punta Frijol está a más de tres kilómetros del centro de Plan Grande y cuenta con una escuela rural con 22 niños que atiende Pacheco, quien ejerce la unidocencia al atender los seis grados básicos de educación primaria en forma simultánea. Divide a las y los jóvenes por su grado y mientras unos hacen tareas, otros reciben clases y va rotando.
La maestra relata que la receptividad con que las y los niños han recibido la propuesta de la plataforma es “muy buena, están motivados porque saben que la vida no es color rosa”.
“Yo estoy en cuarto grado y me gusta esta idea porque vamos a aprender con juegos y así las niñas no van a salir embarazadas tan temprano, ni tampoco se van enamorar tan rápido”, expresó Javier Alexander Ramos, de ocho años, durante un encuentro en la escuela de Punta Frijol.
Su comentario causó la risa de sus compañeros y los padres que se congregaron en la escuela para contar a IPS sus expectativas con el proyecto, en una muestra de la importancia que sus pobladores dan a comunicar su historia y su apoyo a la iniciativa.
Javier dice que sueña con un país “más educado, en paz y seguro, así como Plan Grande. Me gustaría ser diputado cuando crezca para ayudar aquí en tantas cosas y por eso me gusta estudiar, eso de la computación me gusta, pues aunque no tenemos computadora propia aprendemos con las que hay y así compartimos todos”.
Por la ubicación geográfica de Plan Grande, a unos 400 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, sobre el mar Caribe y a la que sólo se llega por mar, las oportunidades educativas son pocas, muchos de sus habitantes se dedican a la pesca o la agricultura, mientras otros emigran.
De ahí que el embarazo en adolescentes es frecuente en el municipio de Santa Fe, que con sus tres aldeas y nueve caseríos busca promover un programa de educación sexual reproductiva que permita reducir la incidencia de embarazos en adolescentes.
ALTAS TASAS DE EMBARAZOS
Honduras, de acuerdo con cifras de la ONU y la Secretaría (ministerio) de Salud, tiene una de las más altas tasas de embarazos en adolescentes en América Latina. Una de cada cuatro mujeres entre 15 y 19 años ha dado a luz a un bebé.
La tasa de nacimientos es de 108 por cada mil mujeres entre esas edades, según los datos oficiales.
Para apoyar toda la transformación que Cinthia originó, el alcalde Ruíz puso en septiembre la primera piedra en Plan Grande de un aula virtual exclusiva para la plataforma e-learning, que estará operativa desde enero de 2016.
“Estas son comunidades muy postergadas, pero lo que están haciendo en Plan Grande vale la pena apoyarlo e impulsarlo; el aula didáctica funcionará con internet y otras tecnologías apropiadas porque queremos que las adolescentes un día digan: ‘hoy sí estoy preparada para ser mamá’”, comentó Ruíz a Cimacnoticias/IPS.
Es que aquí, las y los jóvenes “estamos perdiendo el miedo a expresarnos y con esta plataforma vamos a enseñarles cómo cuidarse, cómo usar incluso las redes sociales”, interrumpió Cinthia.
“Cuando el PPD nos propuso esta idea, fui la primera en decir: sí, porque ellos nos ayudaron antes a traer la electricidad, nos enseñaron la importancia de la naturaleza y ahora nos van ayudar a educar al pueblo para que nuestros sueños como jóvenes no se trunquen tan temprano”, argumentó.
Es la comunidad de Plan Grande, incrustada en la costa atlántica de Honduras, sus pobladores, humildes familias de pescadores, se convirtieron en un referente en manejo de energía limpia, comunitaria y auto sostenible.
Ahora también lo quieren ser en la prevención de embarazos en adolescentes de la mano de una joven de 16 años que ha lanzado también una campaña para que donen a su pueblo computadoras sin importar su estado, porque también aprendió a repararlas.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
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Los tiempos en México son críticos. El Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo: “Hago un llamado urgente a ofrecer mayor protección a los defensores de Derechos Humanos y a periodistas. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”.
Y esa frase nos pone en contexto de la gravedad de las violaciones a los derechos de las personas en este país. Especialmente de las y los periodistas.
El Estado avanza en sus formas de criminalización de la protesta, pero también de quienes cubren las protestas, de periodistas, fotógrafos y por supuesto de las defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) que son por excelencia población “incómoda” para el régimen totalitario que se posiciona en la medida en la que se restringen los derechos.
Hace unos días se registró un caso que poco llamó la atención, aunque de fondo entraña una situación de gravedad para la libertad de expresión y que evidencia el afán de criminalizar a periodistas, en tanto que a los protagonistas de los partidos que son señalados constantemente por realizar actos de proselitismo fuera de los calendarios electorales, no sólo no los tocan ni con el pétalo de una rosa, sino que podrían ser considerados para el gabinete si el color de su partido es bien visto en el gobierno federal, como es el caso del ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar.
Escobar llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob) con una larga lista de antecedentes y señalamientos respecto a actos ilícitos durante las campañas, notas al por mayor lo vinculan con diversas violaciones a las leyes electorales, pero nada sucedió.
En cambio sí sucedió cuando de periodistas se trató. Ahí sí se ejecutó acción rauda y veloz por parte de las autoridades responsables que actuaron de inmediato y continúan en el proceso.
Se dio inicio a procesos penales en contra de periodistas por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, acusados de delitos electorales como la publicación de encuestas durante la llamada “veda electoral”.
Artículo 19, organización que defiende el trabajo de las y los periodistas, ha retomado el caso en el que se ha involucrado a informadores de varios estados del país, especialmente cuatro del estado de Campeche.
Lo que hizo la FEPADE fue, justamente, hacer lo que se le demandaba que hiciera en contra de políticos que se han enriquecido gracias a la impunidad con la que se mueven y cometen actos que claramente violan el Estado de Derecho.
“La FEPADE inició los procesos para la aplicación del artículo 403 fracción XIII del Código Penal Federal, con lo cual se iniciaron acciones penales contra periodistas presuntamente por difundir encuestas en un diario local, donde se desempeñó como editor sin que en realidad tuviera capacidad de decidir la línea o política editorial”, señala Artículo 19.
Personalmente conozco a los periodistas involucrados, al que menciona Artículo 19 especialmente: Joaquín Vargas, compañero de trabajo desde hace varios años, es lo que se conoce como un “periodista de a pie”, el que talachea diariamente en busca de la información y que en su paso por espacios de redacción trabaja hasta las horas de cierre.
Un obrero de la comunicación contra quien el Estado a través de sus fuerzas policiales inició acciones, al parecer igual que contra otros periodistas de otras entidades que aún están resolviendo estas situaciones.
Lo que hay detrás de este hecho es lo que debe preocuparnos, la criminalización de la actividad periodística que arrastra a quienes tienen la tarea diaria de informar y que es contra quienes el Estado ha puesto su fuerza a través de la FEPADE y la PGR.
¿Por qué el Estado ha sido omiso para actuar en contra de Escobedo, flamante funcionario de la Segob, contra quien la sociedad civil ha manifestado y reiterado que no es un interlocutor adecuado, además de no tener ninguna credibilidad por sus antecedentes partidistas gansteriles?
Es de preocuparse que la fuerza del Estado se centre en contra de periodistas y no en contra de los personajes que desde la política violan descaradamente el Estado de Derecho.
Retomando lo que dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “no maten al mensajero”, y esto aplica para las y los periodistas que sólo tienen por delante señalar las cosas que se están haciendo mal y muy mal en el país.
Las y los periodistas no son quienes están haciendo las cosas mal, sólo nos toca escribirlo, aunque crean que callando a quienes escriben es como mejorarán la realidad. Pero ésta seguirá ahí para cuando abran los ojos, empeorando, si no asumen que las cosas andan muy mal.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), independientemente del espacio geográfico que cubra su margen de acción o de la causa que enarbolen, llevan sobre sí una enorme responsabilidad.
En tiempos actuales en los que la mayoría de los distintos regímenes a nivel mundial han dado más de una razón para que la ciudadanía se sienta inconforme, las OSC hemos cobrado relevancia como canalizadoras de demandas civiles y visibilizadoras de problemas sociales que los gobiernos no han querido resolver.
El caso que ahora nos ocupa tiene que ver con la reciente protesta global que un sinnúmero de OSC realizamos en contra de una política que pretende adoptar Amnistía Internacional (AI).
Se trata de un caso prácticamente inédito en el que pretendemos no sólo establecer un debate abierto con una de las organizaciones de mayor prestigio a nivel mundial, sino impedir que ésta adopte una postura totalmente contraria al derecho internacional en materia de Derechos Humanos (DH).
Por diversas razones, las organizaciones y personas de distintos ámbitos a nivel mundial que firmamos un manifiesto público, pensamos que AI llegó tarde a la defensa de los DH de las mujeres y las niñas.
Lo que se encuentra en juego actualmente es la adopción de una línea de acción que ellos han llamado “Política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los Derechos Humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual”.
Visto de lejos, parecería loable que AI defienda DH de personas, pero no es tan sencillo. Quienes nos dedicamos al tema sabemos que la industria del sexo es, sin temor a equivocarnos, una de las más lucrativas del orbe. No obstante, lo que se encuentra detrás es un amplio espectro de delitos cuyas víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres en distintos grados de rezago social y/o económico.
El manifiesto que ha logrado la adhesión de más de 25 mil firmas alrededor del mundo es claro en señalar que estamos de acuerdo con AI en que las personas prostituidas no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción.
Sus vidas son devastadas por el severo estigma social y las graves violaciones a los DH inherentes a la prostitución, incluyendo violencia, acoso sexual, violación, deshumanización, degradación, tortura e incluso la muerte, a manos de los prostituyentes –que pagan por prostituirlas–, proxenetas, tratantes y actores estatales y no estatales.
Sin embargo, ¿qué delitos están involucrados en lo que AI pretende defender? El sistema de explotación sexual está basado en historias de opresión patriarcal, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio y naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra mujeres, que son, en su inmensa mayoría, de color, en situación de pobreza, sin posibilidad de elegir y que han sufrido violencia sexual y económica, incesto, violaciones seriales, tortura, falta de vivienda y marginación socio-cultural.
Lo que AI pretende obtener con esta política es, según lo que ha expresado públicamente, “proteger” a quienes se dedican al “trabajo sexual”.
Empezando por ese último término, podemos decir que ni la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la ONU misma –o sus tratados internacionales, como la CEDAW– reconocen a la prostitución como un trabajo.
La prostitución no es ni “sexo” ni “trabajo”, sino violencia y discriminación perpetuadas por los intereses multimillonarios de las redes del crimen trasnacional organizado y sostenidas por los prostituyentes.
Peor aún es el hecho de que, con la adopción de esta política, lo que AI sí lograría es despenalizar a quienes hacen posible la industria del sexo, no solamente a quienes se prostituyen, sino a dueños de burdeles, proxenetas y prostituyentes.
En otras palabras, AI haría un llamado a los gobiernos a permitir la explotación sexual a través de la despenalización generalizada que beneficiaría también a los perpetradores de delitos tan graves como la trata o cualquiera de las formas contemporáneas de esclavitud.
La protesta global culminó el pasado 23 de octubre con la clausura simbólica de las oficinas de AI en las principales ciudades del mundo.
En lo que se refiere a México, estuvimos presentes de manera pacífica y fuimos recibidas en la puerta con la promesa de reunirnos esta misma semana para dialogar, lo cual interpretamos de manera positiva, aún a pesar de que meses atrás, mediante una reunión concertada con el titular de AI-México, no obtuvimos respuesta clara.
El viernes 23 de octubre, la representante de AI que nos recibió en las oficinas de la colonia Del Valle reconoció los tratados internacionales, y particularmente la CEDAW, como un piso básico de derechos que AI apoya.
De ser esto cierto, y ya que a decir de ella misma “no es una decisión tomada”, la política que pretende despenalizar a tratantes, prostituyentes y proxenetas sería revertida sin miramientos y a la brevedad.
Por ello, seguiremos insistiendo para que AI adopte una resolución que inste a los Estados a invertir en la igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres y aprobar leyes que despenalicen únicamente a las personas prostituidas. ¿No sería esto un acto de congruencia a la altura de Amnistía Internacional?
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
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En México se acaba de realizar la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en la cual de nueva cuenta se pone al centro el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que reposiciona en el marco regional los derechos sexuales y los derechos reproductivos establecidos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en octubre de 1995.
El Consenso se ha impulsado desde la Cepal, uno de los más altos niveles de articulación en América Latina (AL) y el Caribe, y México no sólo ratifica su firma, sino que se propuso para la segunda reunión regional para su seguimiento.
A lo largo del acuerdo se señala el compromiso de los países para establecer recursos orientados a una serie de acciones de política pública nacional en salud sexual y reproductiva.
Por ejemplo se acuerda: garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
Tal compromiso se articula con los principios de la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales —pacto signado por el país— particularmente con que el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud está sujeto a la realización progresiva (del derecho) y a la disponibilidad de recursos.
De igual manera se vincula con otros elementos fundamentales de los Derechos Humanos (DH), como la igualdad y la no discriminación en el acceso a la salud (incluyendo la atención al VIH, a las poblaciones indígenas y migrantes, y a las personas con discapacidad).
Estos marcos normativos internacionales señalan no sólo obligaciones, sino rutas del para qué y en qué se asignan los presupuestos en salud y en salud sexual y reproductiva en particular, acciones básicas como disponibilidad de recursos humanos capacitados en el marco de lineamientos clínicos y derechos sexuales y reproductivos, infraestructura sanitaria suficiente para cubrir las necesidades en salud de la población y con espacios habilitados culturalmente, abasto de métodos anticonceptivos y antiretrovirales, medicamentos para atención de embarazo y parto, recursos para estrategias comunitarias, y para asegurar el traslado de la población, efectivos sistemas de referencia y contra referencia, recursos para mejorar los registros y para la investigación, con el fin de mejorar la calidad de la atención considerando la diversidad poblacional y determinantes sociales.
Con todas estas consideraciones y directrices sobre la mesa, no queda sino exigir que el gobierno mexicano las realice, pero además con una implementación transparente, apegada a la rendición de cuenta permanente y procesos participativos.
Al revisar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), las promesas del discurso gubernamental de garantizar derechos en salud, y en salud sexual y reproductiva prácticamente se van al suelo.
Si el Sistema de Protección Social en Salud —a su haber, la principal fuente de financiamiento para los 32 servicios estatales de salud— presenta una reducción de -5.43 por ciento con respecto al 2015 y el gasto etiquetado en salud materna, sexual y reproductiva una tasa de decrecimiento de -7.41 por ciento en relación al mismo año, igualmente el presupuesto del Ramo 12 Salud presenta una tasa de decrecimiento de -6.73 por ciento.
De la misma forma, la fusión de los programas en salud reproductiva con el de salud materna en una sola categoría en el Proyecto del PEF 2016 atenta contra los planteamientos del propio Consenso de Montevideo, en cuanto a abordar y desarrollar acciones públicas diferenciadas por cada temática en salud reproductiva.
Es de recordar que los derechos reproductivos, por ejemplo, contienen la autonomía en diversos temas como es la decisión de tener o no hijas o hijos; sólo este planteamiento requiere de acciones en salud diferenciadas y con recursos específicos.
A la par, recursos agregados conducen a opacidad en la transparencia y a una corta rendición de cuentas, contraria a cualquier gobierno que se diga democrático.
Por último, estos recortes presupuestales evidentemente profundizarán la insuficiencia presupuestaria para el desarrollo real de los seis programas de política pública en salud reproductiva e igualdad de género, y de las estrategias dirigidas al VIH en mujeres.
Los documentos internacionales de DH mencionados ubican a las niñas y mujeres como sujetas de derechos; lo que las vulneraría de manera importante son las políticas públicas económicas. La asignación y la estructura de presentación de los recursos en salud reproductiva y en salud en el Proyecto del PEF 2016, van en tal dirección.
Las organizaciones de la Coalición demandamos a la Cámara de Diputados revertir estos graves retrocesos y actúe conforme a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, y de modificación al Proyecto de Presupuesto.
Para lo cual se propone lo siguiente:
—Revertir la separación de los Programas Presupuestarios señalados.
—Recuperar la pérdida de -7.41 por ciento de decrecimiento en el presupuesto para el Programa Presupuestario P020 (Salud materna, sexual y reproductiva).
—Desglosar las acciones para el ejercicio del gasto de los programas presupuestarios P020 (Planificación familiar y anticoncepción, Salud Materna y Perinatal, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y control del cáncer de la mujer, Prevención, Igualdad de Género en Salud y Atención de la Violencia Familiar y de Género), y el P016 (Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS).
—Destinar recursos adicionales y específicos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH para acciones enfocadas a la prevención del VIH en mujeres.
—Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena.
—Fortalecer la homologación de indicadores en las distintas herramientas del PEF.
—Fortalecer en el decreto del PEF 2016 los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la Plataforma Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFASPE), mecanismo en el cual se registra el gasto etiquetado en salud sexual y reproductiva que se transfiere a las entidades federativas.
—Etiquetar recursos específicos para el levantamiento de una Encuesta de Análisis para la población de 10 a 15 años —hoy invisible—, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), único instrumento que permitirá evaluar la aplicación de esa política pública en ese grupo de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Por último, es necesario que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura considere la reinstalación del mecanismo “Mesas Interinstitucionales para la Discusión del Presupuesto para el Anexo de Igualdad”, en el que, además de las instituciones, puedan participar las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema.
*Daniela Díaz Echeverría es responsable del proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público, e investigadora en VIH en mujeres en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
15/DDE/RMB
La pequeña iba y venía. Llegaba hasta la puerta, se detenía y regresaba a los brazos amorosos de su abuelo, hasta que ese hombre le regaló unas palabras mágicas.
Yo esperaba una cita médica, y estaba a punto de sacar mi celular, cuando decidí recuperar la antigua y buena costumbre de conectarme con el mundo. Fue cuando vi a la niña.
Se trataba de una pequeña de unos ocho años. Delgada, morena, con unos ojos de esos que cantan. Su cola de caballo ondeaba cada vez que iba y regresaba con su impotencia a cuestas.
La pequeña quería hacer algo para lo cual necesitaba empujar la puerta y salir de la clínica. Nunca supe qué quería. Pero me quedaba clarísimo que no cruzaba el umbral porque tenía miedo. Y, eso lo sabe cualquiera, el miedo es un poderoso muro difícil de franquear.
El abuelo, un hombre delgado con más de 60 años a cuestas, la miraba ir y venir, le sonreía y la abrazaba en cada regreso. Pero ni una sola vez hizo el intento de pararse y abrir la puerta.
“Abuelo, ¡no puedo!”, le dijo la niña. Y fue cuando el abuelo le regaló el poderoso conjuro: “¡Sí puedes, y que nunca nadie te diga que no puedes!”.
Cuántas veces usted ha dicho que no puede. Cuántas veces hemos estado en el mismo lugar que esa pequeña, queriendo cruzar el umbral de una puerta, sin atrevernos.
Quizás no tuvimos la voz amorosa que nos dijera palabras como las que pronunció aquel abuelo. Quizás sí nos las dijeron y las olvidamos.
Por eso creo que esa pequeña recibió un enorme regalo. No sólo le dijeron que Sí podía, sino que no permitiera que nunca nadie le dijera que no podía. Todo un conjuro contra la derrota anticipada.
Recordé un documental que vi en la televisión sobre la vida de Quincy Jones, uno de los más grandes compositores, arreglistas y productores musicales de Estados Unidos. Tuvo una vida llena de obstáculos. Era un hombre afroamericano en plena época de segregación racial, así que vida fácil no tuvo.
Pero la anécdota la escuché referida a sus ideas musicales. Solía tener ideas que a más de uno le parecían absolutamente descabelladas. Y él contaba que cuando alguien le decía “no se puede”, siempre respondía: “¿en serio?”. Y, claro, fue él quien produjo uno de los discos más vendidos de los últimos tiempos: “Thriller”, de Michael Jackson.
También recordé a una terapeuta. Llegué a ella porque tenía oportunidad para escribir un libro que implicaba un enorme reto; pero, como sucedía con la pequeña, yo llegaba a la puerta y me regresaba.
“No puedo”, le dije. Y ella me respondió “aún”. “No puedo aún”, completó. Cada vez que pienses “No puedo”, agrega “aún”. Y entonces lo que sigue es encontrar el modo, dar los pasos para que sí puedas.
Fueron palabras mágicas. Desde luego escribí ese libro y un par más. A ese conjuro me aferro cada vez que necesito cruzar algún umbral. Y ese conjuro le regalo a mi hija y a mi hijo cada vez que quieren cruzar un umbral y se detienen en la puerta.
La pequeña fue y vino de esa puerta un par de veces más, hasta que las palabras del abuelo resonaron en su corazón. Abrió la puerta, salió y regresó de inmediato. Su cara era la viva expresión de la victoria.
Entró y salió tres veces más. Y a mí no me quedó duda de que esa pequeña lograría cada sueño. Le habían regalado el conjuro más poderoso que se le puede entregar a una niña.
Apreciaría sus comentarios: [email protected].
*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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El pasado 19 de octubre se celebró el “Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama”, con la intención de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de la autoexploración y la realización (de acuerdo con la edad y el riesgo) de diferentes estudios que permitan detectar oportunamente, más no prevenir el cáncer de mama.
Soy una mujer consciente y comprometida con otras mujeres que trabajamos con la intención de llevar a cabo acciones que contribuyan a crear una cultura de autocuidado, especialmente en la población femenina para evitar muertes por cáncer de mama por falta de una detección oportuna.
Les cuento que es así, que como organización (**) colaboramos en tres ocasiones en el proyecto creado por la psicóloga Esther Casanova Padilla, directora de la Clínica CIMAS, al cual llamó “Círculo de Mujeres por la Salud de nuestros Senos”, realizado con el apoyo del Departamento de Cultura de la Embajada de Estados Unidos y del Gobierno del Distrito Federal.
Fueron tres años consecutivos, dos de ellos en la explanada del Parque México y el último en la Plaza de Coyoacán. Cada uno de ellos generaba la sensación de una gran sororidad (***) entre las más de 700 mujeres ahí reunidas, con el propósito de informarse sobre la enfermedad, conocer qué estudios son los indicados de acuerdo con la edad, y sobre todo aprender a realizarse la autoexploración mamaria con la guía de una médica especialista integrante de la Clínica CIMAS.
Ese espacio se convertía en una gran oportunidad en la que a través de la sensibilización de sus cuerpos con yoga de la risa, del ejercicio con una clase de zumba y la información médica, como de sus derechos a una atención de calidad, respeto y digna, las mujeres de forma lúdica lograban interesarse por el cuidado de su salud, y nosotras contribuir políticamente a crear una cultura de autocuidado inexistente en nuestro país.
Desafortunadamente, ya no ha sido posible realizar este evento, sin embargo, aprovechamos cada oportunidad que se nos presenta o buscamos para participar en diferentes foros donde transmitimos a las mujeres la información necesaria, adecuada, ética y seria, sobre las implicaciones físicas, emocionales y sociales que genera en una mujer padecer cáncer de mama.
Así como nosotras, existen afortunadamente otras organizaciones e instituciones como el IPN, a través del Torneo de Futbol Femenil que la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género organiza este mes de octubre, titulado “Gánale al Cáncer de Mama, Jugando por tu Salud”, con el mismo compromiso social, político y emocional que tenemos con cada mujer.
Sin embargo, también hay quienes lucran sutilmente con la enfermedad, por lo que existe otra cara de la moneda en cuanto al cáncer de mama se refiere, y es precisamente la que pretendo visibilizar en esta columna.
Es aquella cara que muestra la forma en la que “en nombre de la concientización del cáncer de mama”, se contribuye a la causa comprando camisetas, lazos y todo tipo de productos rosas y/o participando en un sinfín de eventos a beneficio de ciertas organizaciones, más que de las mismas mujeres.
Es cuando nos preguntamos: ¿Sabemos en qué tipo de investigaciones se está invirtiendo el dinero generado con la compra de los diferentes artículos alusivos al “Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama”? ¿Cuánto dinero se recauda con el “movimiento rosa”? ¿A dónde se va? ¿A quién beneficia?
¿Sabemos cuál es el impacto económico, físico, emocional, social del diagnóstico y tratamiento del cáncer?
Estoy de acuerdo en que la información incluya sugerir a las mujeres realizarnos mastografías, ultrasonidos de acuerdo con la edad y el riesgo, así como la propuesta de llevar un estilo de vida más sano.
Es conveniente que la información para las mujeres no esté atravesada por el mandato de género y la carga de culpa que nos responsabiliza de algo de lo que no somos responsables, ya que muchas veces esta tendencia bien podría traducirse en “yo tenía que saber cómo evitar esto”, cuando no es así.
Por otro lado, tristemente existen otros cánceres que nos afectan a las mujeres, como el cérvico uterino y el de ovario, que dicho sea de paso, es uno de los más silenciosos y de los menos atendidos.
Para los anteriores cánceres no existen los mismos tipos de campañas, ni se invierten las mismas cantidades de dinero en sensibilizar y concientizar a la población femenina, como en el caso del cáncer de mama, ¿o sí?
¿Acaso hemos visto el mismo tipo de respuesta mercadotécnica “rosa”, de campañas de concientización, en lo que a cáncer de ovario o cérvico uterino se refiere?
Es posible que esto tenga origen en la forma de abordar el cáncer de mama, que tiene que ver con la tendencia médica a infantilizar a las mujeres con la promoción de “objetos rosas” (baterías de cocina, etcétera), que terminan por transmitir el mensaje subjetivo a las mujeres de que son “como niñas”, sin permiso de cuestionar, aceptando cualquier medida del personal médico, como si fueran la madre o el padre “sustitutas y sustitutos” (****).
Se cree que el cáncer de ovario o el cérvico uterino tienen que ver más con el ejercicio libre de la sexualidad femenina, y por tanto, de estos tipos de cáncer casi no se habla y si se hace, se imprime una fuerte carga de culpa hacia la mujer por vivir, disfrutar su sexualidad –y según desde una óptica conservadora e inquisidora– “sin responsabilidad”.
Importante es no abusar del uso del color rosa y de todo lo que comercial y médicamente existe alrededor del cáncer de mama, para evitar la trivialización y comercialización de la enfermedad.
Imprimiéndole una “falsa sensación de festividad, que suaviza el verdadero impacto del cáncer, y que subjetivamente minimiza el dolor físico y el miedo ante la muerte”, a decir de las investigadoras Sulik, Love y Ehrenreich, con quienes coincido.
Esta minimización del impacto que el cáncer de mama tiene en las mujeres y en la sociedad es peligrosa porque termina por invisibilizar las profundas heridas emocionales, físicas, económicas y sociales a corto, mediano y largo plazo, que este padecimiento deja en quien lo vive, sin que esto quiera decir que muchas mujeres no logren salir victoriosas de la enfermedad (*****).
Con toda esta reflexión no sugiero que adoptemos una postura catastrófica ni pesimista ante la enfermedad, tampoco niego los grandes beneficios de tener una actitud positiva no sólo ante la enfermedad sino ante la vida.
Simplemente quiero hacer énfasis en que una “concientización crítica”, concepto que tiene su origen en el feminismo de los años 70, requiere de un realismo, entendido según el “Breast Cancer Consortium”, como “la actitud o práctica de aceptar una situación tal y como es, y de estar preparada para ocuparse, lidiar y enfrentarse a ella como corresponde”.
¿Y cómo corresponde? Convertirnos realmente en protagonistas de nuestros procesos de salud y de enfermedad, y desde esta “concientización crítica promover la autonomía de las mujeres.
Bajo el principio básico de que la información que se nos ofrece a las mujeres necesariamente tiene que ser una información veraz, realista y precisa, no sólo sobre los estudios a realizarnos, sino sobre las intervenciones quirúrgicas y los diferentes tratamientos que existen”.
Es importante no permitir la violencia que implica maquillar cualquier tipo de enfermedad, y en especial el cáncer de mama, ni dejar que lo utilicen algunos grupos como medio para obtener ganancias económicas.
Y sobre todo de suma importancia es reconocer como sociedad que la desinformación, especialmente en el ámbito de la salud de las mujeres, es una de las más arraigadas formas de violencia de género.
www.saludmentalygenero.com.mx
Twitter:@terapiaygenero
**Centro de Salud Mental y Género (CENAPSIG).
***Sororidad: concepto creado por la antropóloga Marcela Lagarde para referirse a la unión y apoyo político y social entre mujeres.
****“Madre o padre sustituto” son las personas que no tienen un vínculo de sangre con las otras, pero que fungen como orientadores como lo haría una madre o un padre biológico.
*****Término utilizado por la psicóloga Esther Casanova Padilla para referirse al hecho de haber logrado superar el cáncer de mama.
*Directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, y especialista en Estudios de Género.
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Para mi socia de la vida, Georgina Rangel, amiga de largas travesías, cuyas manos y pensamiento alimentaron a CIMAC. Tuve la fortuna de compartir con ella la vida y construir un mundo más justo para la humanidad.
Ya no somos las mismas. La sociedad está cambiando y cada vez menos tolera situaciones de abuso contra las mujeres. Como marca la Ley de Telecomunicaciones, la comunicación es un bien público con una responsabilidad social.
Estos cambios sin duda se debe a un trabajo largo de periodistas y comunicadoras para construir contenidos respetuosos de la dignidad humana de las mujeres.
Nada justifica el acoso de un conductor, Enrique Tovar, hacia su compañera, Tania Reza. Nada justifica la presión que, sin duda, hizo la empresa para que la deslindaran aduciendo actuación.
Esta televisora en 90 por ciento de sus contenidos reproduce violencia contra las mujeres y estereotipos sexistas y misóginos.
El despido de ambos conductores victimiza doblemente a la conductora Tania Reza, quien fue objeto de violencia sexual y ahora de violencia laboral. Además esta acción no deslinda a la televisora de su responsabilidad.
Por suerte ya no somos la misma sociedad y las exigencias de no violencia contra las mujeres y el apoyo a la conductora Reza se han hecho patentes en las redes sociales, a tal grado que provocó la reacción de instituciones a todos los niveles, incluso de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución responsable de que las empresas mediáticas cumplan los preceptos legales.
La ley es muy clara: los medios de comunicación tienen responsabilidad de lo que transmiten, las empresas están haciendo uso de un bien público y tienen que actuar conforme a nuestras reglas.
Desde 2011 la Constitución mexicana es garante de Derechos Humanos. Vivir libre de violencia es un Derecho Humano de las mujeres y las empresas mediáticas se ven obligadas a acatarlo.
Como bien recuerda el boletín de Segob, esta secretaría es responsable de vigilar que no se fomente la violencia en contra de las mujeres y promover directrices para que los medios de comunicación erradiquen la violencia y fortalezcan la igualdad; cuando esto no ocurre, su responsabilidad es sancionar a los medios por su incumplimiento.
Lo que no dice el comunicado de Gobernación, que emitió el lunes, es qué va hacer con la responsabilidad de la empresa televisiva, si bien es deleznable la actitud de Enrique Tovar, la empresa que lo contrató, que permitió que se grabara el programa y se transmitiera, es responsable de esta violencia y tendría que comprometerse a reparar el daño a la conductora y eliminar de su transmisión todo contenido sexista, discriminatorio y misógino.
Cuando se discutió la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, las mujeres levantaron la voz para exigir su derecho al acceso a los medios de comunicación y poner fin a los estereotipos sexistas y misóginos que se transmiten día a día por los diversos canales, no sólo de Televisa, sino de otras televisoras y medios de comunicación impresos, radiales y digitales.
No hay que hacer mucha investigación, basta con pararse en cualquier puesto de periódicos, escuchar la radio, la televisión, los medios digitales y visitar las redes sociales, acercarse a los observatorios de medios que hacemos las organizaciones sociales.
El Estado mexicano asumió desde 1995 impulsar la transformación de los medios de comunicación para incorporar el respeto a la dignidad humana de las mujeres en los contenidos mediáticos, y garantizarles el acceso a los medios de comunicación.
La evaluación hecha tras 20 años de estos compromisos demuestra que poco, muy poco, se ha avanzado al respecto. Sobre todo por las resistencias de las empresas mediáticas y la debilidad de las autoridades ante ellas.
La indignación desatada en las redes sociales por el abuso sexual que comete el conductor Enrique Tovar no se borra con un video alterno que dice “fue actuado” y exculpando a la empresa, tampoco se resuelve con un boletín de prensa.
Todas las autoridades involucradas deben sumarse para cumplir y hacer cumplir las leyes y proteger a las víctimas.
Ayer mismo desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado se emitió un punto de acuerdo para sancionar al conductor Enrique Tovar, conductor de ATM, canal 2 de Televisa en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El punto de acuerdo presentado por la senadora Angélica de la Peña llama al Ifetel a tomar cartas en el asunto para hacer valer el derecho de las audiencias.
Las voces de mujeres y hombres en las redes sociales llaman a que la empresa Televisa asuma su responsabilidad y proteja a Tania Reza.
Por suerte ya no somos las mismas, y los medios de comunicación tienen que darse cuenta y al ver las barbas de su vecino cortar poner las suyas a remojar, incluyendo los principios de igualdad y no discriminación en todos sus contenidos y sus reglas laborales.
A partir de ahora Tolerancia Cero a la violencia mediática contra las mujeres.
Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.
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