Ante el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de esta capital del estado de Veracruz, se duplicaron en un año las denuncias interpuestas por algún tipo de violencia de género al interior de los hogares.
El número de denuncias ante ese mecanismo municipal pasó de 250 en 2014 a más de 500 denuncias en este año, informó la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yadira Hidalgo, como parte de las actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hidalgo precisó que las denuncias no fueron sólo en demanda del pago de pensión alimenticia por parte de sus ex parejas varones, sino también incluyen “todos los tipos y modalidades violencia”.
El mayor número de quejas es porque los varones se niegan a dar pensión alimenticia para las y los hijos, y le siguen las denuncias de que los esposos las obligan a darles sus salarios íntegros a fin de que ellos los administren.
“Lo que más llega al Instituto es la denuncia principalmente de la falta de cumplimiento de pensión alimenticia; la otra es el tema de la custodia de hijos e hijas; y el acoso también lo atendemos, pero no tanto como la violencia económica”, precisó la funcionaria.
La violencia económica es el incumplimiento de pensión alimenticia para los hijos, pero también consiste cuando el varón le quita a la mujer la oportunidad de ejercer este bien después de haberlo ganado con su trabajo.
Yadira Hidalgo anunció que como parte del programa municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para una Vida Libre de Violencia, el IMM contará con un sistema para tener las estadísticas precisas sobre este flagelo en Xalapa.
15/VH/RMB
noviembre 2015
Subcomité de ONU contra la tortura visitará México
Ginebra, Suiza.- Integrantes del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitará México en la segunda mitad de 2016.
Los miembros del Subcomité de la ONU tendrán facultades para realizar visitas no anunciadas a lugares donde haya personas privadas de su libertad, como prisiones, estaciones de policía y hospitales psiquiátricos. A su vez trabajará, asistirá y brindará sugerencias a los órganos de gobierno correspondientes.
Ineficiente difusión de información sobre violencia de género
Washington, EU.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”.
En el reporte, la CIDH observó que en algunos Estados en los que se tienen mecanismos para la recopilación y procesamiento de la información sobre la violencia contra las mujeres, la difusión de la misma es ineficiente.
Invitan a sumarse a campaña fotográfica por el 25 de noviembre
México, DF.- Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el colectivo Red de Acción Fotográfica (RAF) propuso iniciar una campaña para visualizar este flagelo.
“Vamos a ponerle caras y nombres a la violencia que se sufre a diario, desde las más obvias, a las redes de trata, desde las más sutiles como el acoso callejero, a los mecanismos simbólicos con los que las mujeres somos puestas en lugares de objeto para consumo masculino”, remarcó RAF en su convocatoria.
Para participar en la iniciativa, registra tu caso y súmalo a la campaña enviando un correo a [email protected].
Sesiones contra abuso sexual en Museo Memoria y Tolerancia
México, DF.- El Museo Memoria y Tolerancia, en esta ciudad, invitó a las sesiones “Hablemos de sexualidad para prevenir el maltrato y abuso sexual infantil.”
Las sesiones inician los próximos 5 y 12 de diciembre, de 12:30 a 14:30 horas. Para más información, ir a la página http://www.myt.org.mx/museo/centro-educativo/talleres/2015/diciembre/sexualidad-para-prevenir-el-maltrato-y-abuso-sexual-infantil/.
15/PMG/RMB
Marchan nicaragüenses contra violencia; Parlamento las ignora
Más de dos mil personas convocadas por el movimiento amplio de mujeres de Nicaragua se movilizaron por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El único incidente que se denunció ocurrió en la ciudad de Somoto, al norte del país, donde la policía impidió el paso de un vehículo que transportaba a unas 12 mujeres que se dirigían a la marcha en la capital del país centroamericano.
Bertha Inés Cabrales denunció que la policía les obstaculizó el paso de manera arbitraria reteniendo al vehículo y luego también les ordenaron a los autobuses de transporte colectivo no permitir que las mujeres abordaran el servicio, lo que es una violación al derecho de las nicaragüenses a movilizarse libremente por el país.
La marcha en Managua inició a las 9 de la mañana en los semáforos del barrio Jonathan González, en la avenida Bolívar, con dirección a las instalaciones del Parlamento nacional en el centro de la capital nicaragüense, donde concluyó al mediodía con la lectura de un pronunciamiento.
Mirna Blandón, del Movimiento Feminista Nicaragüense, dijo que además de la movilización de Managua se realizaron simultáneamente otras caminatas en Bilwi, región Caribe norte; en Granada, al oriente del país, y en León, al occidente.
En esta nueva movilización fue notoria la participación de jóvenes especialmente varones y adultos mayores que manifestaron su rechazo a la violencia de género.
Juan Carlos Rosales, un joven que llegó desde Chinandega junto a otras 60 personas, dijo que era importante que los hombres se involucren en la lucha por los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, sea intrafamiliar o institucional.
Una de las principales demandas que salió a relucir de nuevo en esta protesta fue la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (mejor conocida como Ley 779), como lo señaló Johana Arce, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Otras demandas fueron que se apliquen medidas preventivas, que se haga justicia, y que se cambien los patrones culturales, señaló Arce, quien agregó que lamentablemente la violencia sexual y las agresiones hacia las niñas y adolescentes han aumentado en el país.
Durante la movilización se hizo el llamado al Estado nicaragüense y a la sociedad para respetar y promover los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente educación y prevención, tomando en cuenta que en el país centroamericano en los últimos cuatro años se han reportado 6 mil 404 niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad embarazadas producto de violación, y en lo que va de 2015 se registran 51 casos de feminicidio.
La movilización concluyó frente a la sede del Parlamento nacional donde ningún diputado salió a recibirlas. “Era de esperarse porque ellos se deben sentir corresponsables de la violencia hacia las mujeres”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien participó de la marcha.
15/NR/RMB
Madres resistirán al frío y mantendrán plantón por los 43
En el mes 14 de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, sus madres y familiares marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón indefinido en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos, para exigir que se conforme ya el nuevo grupo técnico que estará a cargo de la búsqueda de los normalistas.
A las 4 de la tarde de ayer en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, las madres de los 43 caminaron en sentido contrario a como siempre lo han hecho, pues en esta ocasión, en lugar de ir al Zócalo, marcharon directamente hacia Los Pinos.
Las madres iban determinadas a iniciar un plantón por los días que fueran necesarios afuera de la casa de Enrique Peña Nieto, quien no ha cumplido ninguno de los 20 compromisos que firmó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace más de un mes, recordó Hilda Leguireño Vargas, madre del desaparecido Jorge Antonio Atizapa.
La mujer, cuya voz estaba afectada por una fuerte infección en la garganta, expresó que entre los compromisos incumplidos, los más urgentes son que la investigación del caso, que llevaba la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pase a manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
También –insistió la mujer– que se reactive cuanto antes la búsqueda de sus hijos desaparecidos porque –consideró– el gobierno federal está retrasando el cumplimiento de cada punto a fin de agotar el tiempo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de la CIDH, que estará en México hasta abril de 2016.
Por varios minutos durante la marcha, el micrófono lo llevó María de Jesús Tlatempa Bello, madre del desaparecido Eduardo Bartolo Tlatempa, que alzó la voz por todas las mujeres presentes y narró a gritos las infamias del gobierno en contra de los estudiantes.
También hablaron dos jóvenes mujeres, ambas estudiantes de una Normal del estado de Morelos, que pidieron el cese de la represión contra sus compañeros normalistas de Ayotzinapa.
Las madres, con su acostumbrado paso seguro y la mirada al cielo, caminaron hasta donde la horda de granaderos que las esperaban en las inmediaciones de Los Pinos les permitió el paso.
La policía se impuso con su clásica muralla de fierro, mientras las madres y familiares se instalaron de frente. En un mitin a la mitad de la calle expresaron al micrófono sus exigencias: que se nombre un nuevo fiscal para la investigación, que se conforme el grupo técnico que estará cargo, y se informen sobre las nuevas líneas de investigación y de búsqueda.
Si a las madres se les demuestra que cada uno de esos acuerdos ya está en marcha, entonces levantarán el plantón, aclaró Vidulfo Rosales, abogado de las familias, y añadió que luego de la audiencia en la CIDH el pasado 20 de octubre “las investigaciones se empantanaron. El avance para llegar al conocimiento de la verdad se encuentra estancado a pesar de que el gobierno mexicano se comprometió que a la semana siguiente se cumpliría la mayoría de los acuerdos”.
Durante el mitin –en el que se informó que cuatro policías comunitarios de Guerrero acababan de ser abatidos por agentes del Estado–, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, exigió que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Arely Gomez, procuradora general de la República, “den la cara”.
La mujer también llamó a las mamás de familiares desaparecidos que se sumen al plantón, donde estarán acompañadas de otras organizaciones civiles.
Mientras Cristina hablaba, un grupo de jóvenes acomodaba a sus pies una hilera de figuras de cartón con la cara de algunos normalistas y la forma de una tortuga. Las madres, formadas en media luna, rodearon en silencio la artesanía.
Al mismo tiempo, y mientras el cielo oscurecía, otros jóvenes con la cara cubierta y vestidos de negro se pasaron al frente del mitin e increparon a los granaderos.
Sin embargo, los jóvenes fueron llamados desde el micrófono para que contuvieran las agresiones, ya que si bien ellas no se asumen como pacifistas, “la lucha aún es larga”, les dijo Vidulfo Rosales. Fue así como la confrontación que se veía inminente derivó en un acuerdo entre las y los manifestantes.
Al final del mitin, las madres caminaron nuevamente en sentido contrario. Paseo de la Reforma –rodeado de policías de tránsito y granaderos– colapsó por algunos minutos, mientras que con una manta negra con letras de tela que decían “Ayotzinapa”, algunos jóvenes pedían tregua al tráfico vehicular.
A las 7 de la noche con 49 minutos, Rosales declaró iniciado el plantón. Frente a los ojos de transeúntes y medios de comunicación, las y los activistas se organizaron para instalar las carpas donde se instalarían las familias.
Las madres quedaron apenas cubiertas entre lonas blancas donde resistirán en la calle por tiempo indefinido las últimas noches de este noviembre que es cada vez más frío.
15/AJSE/RMB
María Fernanda López Muciño, hija de Nadia Alejandra Muciño Márquez –joven asesinada por su pareja en febrero de 2004– y que fue reportada como desaparecida este miércoles 25 de noviembre en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, ya se encuentra con su familia.
María Antonia Márquez, madre de Nadia y quien libra una batalla legal para acceder a la justicia por el feminicidio de su hija, informó a Cimacnoticias que la joven fue localizada la noche de ayer.
Márquez agradeció el apoyo de la sociedad civil y medios de comunicación, pues así fue posible impulsar las labores de búsqueda de su nieta, quien –precisó– está en buenas condiciones de salud.
El pasado miércoles, Fernanda –de 14 años de edad– fue reportada como desaparecida por sus familiares luego de que no volviera de la secundaria a la hora esperada.
Es de recordar que el asesinato de su madre, Nadia Alejandra Muciño Márquez, es uno de los casos más emblemáticos de la omisión e impunidad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en el Estado de México.
Tras la desaparición de la adolescente, su familia acudió a las autoridades locales para que iniciaran las labores de búsqueda, y por la tarde se activó la Alerta Amber como mecanismo de apoyo para localizar a María Fernanda.
Fernanda, como la llama su familia, salió de su casa (en Nicolás Romero) minutos después de las 8 de la mañana para ir a la secundaria donde estudia. Se le vio llegar a la esquina de su calle, contó a Cimacnoticias Viviana Muciño Márquez, tía de la joven.
Pero ella no regresó a su casa al mediodía como siempre lo hace, por lo que María Antonia Márquez, quien desde el asesinato de su hija se convirtió en una férrea activista en el Edomex en la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio y asumió el cuidado de sus tres nietos, acudió a la secundaria donde estudia la joven. Ahí le informaron que Fernanda no había llegado a clases.
Por la desaparición de la adolescente se interpuso ante el Ministerio Público de Nicolás Romero una denuncia de hechos, y se pidió en redes sociales la solidaridad de personas defensoras y activistas.
Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada en 2004 en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, a manos de su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y de su cuñado, Isidro López Gutiérrez “El Matute”.
A 11 años del asesinato, el crimen sigue impune al no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del daño a la que se comprometió el gobierno del Edomex en 2011, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal.
15/AZM/RMB
El Monumento al Ángel de la Independencia fue mudo testigo de la reyerta entre activistas y representantes de partidos políticos, que pretendían ocupar Paseo de la Reforma para hacer manifestaciones simultáneas pero no conjuntas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Y es que el día emblemático y en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana, fue disputado por quienes salieron a las calles a manifestar su rechazo a la violencia de género, y también por quienes utilizaron la jornada como plataforma política.
Según el testimonio de quienes acudieron a la protesta de ayer, en una de las “manifestaciones” estaba la actriz de telenovelas y diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carmen Salinas, quien regalaba playeras alusivas a “la conmemoración”.
En paralelo, al filo del mediodía, un grupo de jóvenes activistas colocó frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la céntrica colonia Doctores, “un tendedero” para exigir justicia por los casos de violencia que la autoridades capitalinas se niegan a investigar, o en los cuales realizan indagaciones “subjetivas” o “culpabilizan a las víctimas”.
Después, a las 4 de la tarde, las inmediaciones del Ángel de la Independencia fueron ocupadas por diferentes organizaciones, entre sindicatos, grupos socialistas y representaciones de partidos, así como ex legisladoras locales.
Entre las participantes ciudadanas estaba María Magdalena Velarde Tepoz, madre de una joven habitante de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y quien narró a Cimacnoticias que según las investigaciones judiciales su hija “se suicidó”, aunque hubo evidencias de violencia física por parte de su pareja y además muchas de las pruebas del caso “se perdieron”, agregó.
Como parte del contingente que marchó sobre Reforma hasta el Hemiciclo a Juárez, mujeres activistas portaban 32 cruces de metal de color rosa que simbolizaban la violencia que viven las mujeres en todas las entidades del país.
También desfilaron mujeres con cruces simbólicas de las agresiones más graves que viven las mexicanas, como la violencia obstétrica o la trata de personas con fines de explotación sexual; entre esas cruces había una en memoria de todas las periodistas que han perdido la vida, así como de las migrantes que fueron asesinadas en el territorio nacional.
El contingente llegó al Hemiciclo a Juárez donde los “Congresos Popular y Ciudadano” del Distrito Federal hicieron un llamado enérgico, para lograr un desarrollo urbano con perspectiva de género.
PROTESTA, SEÑAL DE HARTAZGO
Desde 1999, el 25 de noviembre es una jornada internacional para exigir un alto a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, agresiones que muchas veces son “normalizadas” y que no son atendidas de manera integral por las leyes y las políticas públicas.
De acuerdo con cifras oficiales y de grupos civiles, México es un país donde las mujeres no pueden acceder a su Derecho Humano a vivir libres de violencia, son violentadas en todas las etapas y ámbitos de sus vidas.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 63 de cada 100 mujeres de 15 años de edad y más han sido víctimas de algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona.
Entre 2013 y 2014, a diario fueron asesinadas siete mujeres. Las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y seis defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.
15/AZM/RMB
En el estado de Chiapas no sólo existe la violencia de género, sino también la institucional desde el momento en el que ministerios públicos (MP), agentes periciales y jueces, así como organismos oficiales de Derechos Humanos (DH), le dan la espalda a las mujeres que denuncian agravios en su contra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que si bien la violencia de género cada vez es más denunciada por mujeres que se atreven a romper el silencio, poco eco han encontrado en las instituciones de procuración de justicia.
La organización civil culpó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a sus instancias como el Centro de Justicia para la Mujeres (Cejum), y al Poder Judicial local (PJ), de ser “omisos y poco sensibles” ante los agravios hacia las chiapanecas.
El Frayba señaló que instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se han quedado en el discurso o la demagogia respecto a la defensa de los DH de las mujeres.
En lo que va del año, el Frayba ha atendido y asesorado 64 denuncias directas de algún tipo de violencia contra las mujeres: física (11), económica (cinco), psicológica (11), sexual (seis), patrimonial (ocho), institucional (10), familiar (11), y comunitaria (dos).
Los municipios donde se registraron los hechos son: San Cristóbal de Las Casas (43); Chamula y Teopisca (cuatro cada uno); Chalchihuitán (tres); Simojovel (dos), y Acala, El Bosque, Chilón, Las Margaritas, Huixtán, Yajalón, Ocosingo y La Trinitaria, con un caso cada uno.
El Frayba ha documentado que en las denuncias presentadas por las mujeres, tanto los jueces como el MP, al dictar sentencia o consignar, minimizan la violencia contra ellas, no lo consideran un tipo penal, no la tipifican adecuadamente, ni toman en cuenta los efectos que ésta causa, ni la reparación del daño.
Por otra parte, la agrupación dijo que la autoridad procuradora de justicia a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores. Cuando el perpetrador de la violencia es un servidor público se acentúan las omisiones.
Y es que –abundó– la ineficacia del sistema judicial, su inadecuada aplicación de los preceptos nacionales e internacionales, y la discriminación contra las mujeres constituyen violencia institucional. “La violencia es tolerada de una manera sistemática por los órganos del Estado”, advirtió.
El Centro de Derechos Humanos consideró que la violencia de género es una violación a los DH fundamentales consagrados en las normas internacionales, y que el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de las mujeres implica una necesaria transformación social y de las relaciones entre los sexos.
TIPIFICAR ACOSO SEXUAL
En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, el movimiento Iniciativas Feministas, encabezado por Selene Domínguez y Dianne Padilla, exigió al gobierno estatal y en particular a las y los 41 diputados locales, tipificar el delito de acoso sexual contra las mujeres.
Las activistas calificaron a Manuel Velasco como el gobernador “más desinteresado” en la atención a la situación de las chiapanecas. “Hemos salido en diversas ocasiones en contra de la violencia y en contra del feminicidio, y sin embargo nunca hemos tenido una respuesta, ni ha hecho suyo nuestro reclamo, ni ha planteado incluir nuestras demandas en su agenda como gobernante”, criticó Domínguez.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México son asesinadas siete mujeres al día, lo que constituye un patrón arraigado en la sociedad mexicana. La violencia contra las mujeres prevalece en todas sus formas y lugares en todo el país: desde la discriminación laboral hasta los asesinatos.
El 25 de noviembre de 1982 comenzó a conmemorarse el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero sólo hasta 1999 la ONU otorgó carácter oficial a la efeméride para reconocer que la violencia de género es un fenómeno universal que implica una violación a los DH.
15/RED/RMB
MP en Veracruz “disuade” a víctimas para no denunciar violencia
En las agencias del Ministerio Público (MP) y hospitales, personal judicial y sanitario “disuaden” a las mujeres para que no denuncien a sus victimarios en casos de violencia familiar o violación sexual, dijo la experta del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana (UV) Rocío Córdoba.
La investigadora explicó que de acuerdo con una tesis doctoral realizada por la académica Lourdes Guzmán, se pudo conocer por testimonios de mujeres sobre la atención que les dan los agentes del MP cuando acuden a denunciar a sus agresores.
Córdoba lamentó el caso de las mujeres víctimas de violencia en zonas marginadas o de comunidades indígenas, porque al llegar a denunciar ante el MP las autoridades carecen de conocimientos para atenderlas con perspectiva de género y sin entender su lengua.
“La situación de las mujeres indígenas es terrible, cuando ni siquiera manejan la lengua y no hay las condiciones para que ellas denuncien”, agregó la especialista.
Detalló que mientras las autoridades dificulten el acceso a la justicia, los agresores de mujeres continuarán en las calles sin recibir castigo.
“Es increíble que existan tantas dificultades para que las mujeres puedan lograr el acceso a la justicia, simplemente para que se les escuche y se les crea. En muchas ocasiones se les disuade de denunciar y esto es gravísimo, porque mientras no se castigue a los perpetradores de la violencia esto no va a cesar”, alertó Rocío Córdoba.
Consideró que aunque la academia y las organizaciones civiles se dediquen a investigar la violencia y a tratar de visibilizarla, mientras el Poder Judicial siga sin encarcelar a los feminicidas, no habrá disminución en los casos de mujeres agredidas.
“Se pueden dar muchas capacitaciones, se pueden escribir muchos libros, sin embargo si esto no tiene una sanción efectiva, simplemente no va a ocurrir a mi juicio nada”, lamentó la investigadora.
Finalmente indicó que apenas 10 por ciento de las mujeres que sufren violencia en México se atreven a denunciar ante el MP, y de ellas, apenas es el “mínimo” recibe justicia debido a que las autoridades insisten en calificar a los casos de feminicidio como “homicidios dolosos o culposos”.
“Lo vemos en el feminicidio: muchísimas veces, cuando un delito se puede tipificar como feminicidio, quizá de entrada sí se reciba, pero durante el proceso cambia el estatuto a homicidio doloso o culposo porque el feminicidio se castiga con 70 años y el homicidio tiene menor pena”, criticó.
15/VH/RMB
Inviable trabajo decente si persiste violencia contra las mujeres
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó a los Estados parte que garanticen a las mujeres trabajo en condiciones de libertad, dignidad y seguridad.
Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el director general de la OIT, Guy Ryder, envió un mensaje para expresar que “el trabajo decente no puede existir en un ambiente de violencia para las mujeres”.
Recordó que la creación de trabajos decentes es una meta incluida en el Programa para el Desarrollo Sostenible 2030, que pretende que mujeres y hombres estén en posibilidades de trabajar en condiciones de libertad, dignidad y seguridad.
El director de la OIT manifestó que la protección para evitar la violencia de género en el trabajo es una cuestión de derechos, bienestar y productividad; y observó que mientras exista la violencia de género, los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 no se cumplirán.
La OIT detalló que frecuentemente las mujeres son “desproporcionadamente” afectadas por la violencia laboral, lo que genera “fuertes” desigualdades, y socava el potencial de desarrollo de las personas.
Por eso, la instancia urgió a las y los actores del mundo del trabajo a hacer frente a la cultura de discriminación que solapa y hace persistir la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Los medios para combatir ese flagelo –expresó la OIT– ya existen y son los contratos colectivos, los marcos legales y las estadísticas desagregadas por sexo que prueban la incidencia de la violencia en el trabajo.
La violencia de género es una prioridad en la agenda laboral al grado de que en 2014 la OIT formuló la Iniciativa del Centenario sobre Mujeres en el Trabajo, con la que pretende que en 2016 se convoque a una reunión de trabajadoras y trabajadores, empleadoras y empleadores, gobiernos y especialistas en violencia, que sentará las bases para acciones futuras.
De acuerdo con datos de la OIT, más de seis mil personas (entre mujeres y hombres) mueren a diario en todo el mundo como efecto del estrés, la sobrecarga de trabajo, la discriminación, el hostigamiento y el acoso sexual, y otras consecuencias derivadas de la violencia laboral.
Las mujeres –ha señalado la OIT este 2015– están más expuestas a riesgos psicosociales derivados de la violencia y la discriminación, principalmente las trabajadoras que se dedican a profesiones sanitarias, en las guarderías, las trabajadoras del hogar, en el sector turismo, la industria textil y manufacturera, las peluquerías y la agricultura.
A estos efectos se suma que a nivel mundial la tasa de participación femenina en la fuerza laboral es de 50 por ciento frente a 77 por ciento de los hombres, y que ellas ganan sólo 70 por ciento del salario total que perciben sus pares varones, según la OIT.
15/AJSE/RMB
Entregan firmas para exigir que opere Mecanismo de Protección
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Amnistía Internacional (AI) entregaron más de 10 mil firmas a la Secretaría de Gobernación (Segob), para exigir que tome todas las medidas necesarias para que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas funcione de forma eficaz.
Como parte de la campaña #HazQueSeVean, que difunde el trabajo de 40 personas defensoras de Derechos Humanos (DH), integrantes de la CMDPDH y AI se reunieron a puerta cerrada con Sara Irene Herrerías, titular del Mecanismo, para manifestarle las dificultades en la implementación de las medidas de protección y los retos que aún tiene esa instancia.
De acuerdo con ambas organizaciones, en México todos los días alguna persona es víctima de tortura, desaparición forzada, de la imposición de megaproyectos sin consentimiento previo, libre e informado, de los desastres ecológicos, de la discriminación o de la violencia de género. En este contexto, mujeres y hombres, ciudadanos de a pie, “se levantan contra la injusticia”, dijeron.
Como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los DH, las y los defensores son objeto de represalias, lo que hace que la labor de protección y defensa humanitaria sea difícil y, en muchos casos, riesgosa, abundaron los activistas.
Cabe recordar que desde 2012 existe una ley que establece un Mecanismo para proteger a defensores, defensoras y periodistas en riesgo. Sin embargo, la instancia no se ha implementado de forma eficaz, y hace falta que la voluntad política de las autoridades se refleje en acciones concretas, advirtieron las organizaciones.
Desde hace un año la CMDPDH, con la colaboración de AI, ha difundido la campaña #HazQueSeVean, para hacer visible la situación de riesgo de las personas defensoras y la cual concluye hoy con la inauguración de una exposición fotográfica en el Museo Memoria y Tolerancia en esta ciudad.
En ese sentido, las agrupaciones exigieron a la Segob que informe con regularidad y transparencia el desempeño y los resultados del Mecanismo; cumpla los tiempos de respuesta establecidos por la ley, y determine medidas de protección adecuadas según el sexo, la etnia o el carácter individual o colectivo, o cualquier otra particularidad, de la potencial persona beneficiaria.
Asimismo solicitaron que se brinde capacitación continua y sensibilización a los funcionarios, especialmente a los analistas, sobre la atención de las personas beneficiarias; se garantice el funcionamiento de la unidad de prevención; y se visibilice y respalde la legítima actividad de las personas defensoras de DH y periodistas.
En la entrega de firmas, los activistas Isabel Jiménez y Mariano López también llamaron a la sociedad y a la comunidad internacional a solidarizarse con las y los defensores que, en México, luchan para garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas.
El pasado 16 de noviembre se renovó el Consejo Consultivo del Mecanismo, por lo que se sumaron a la instancia Alejandra Nuño, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, y Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, ambos como defensores de DH.
Como periodistas ingresaron Víctor Ruiz, miembro de la Casa de los Periodistas, y Aracely Domínguez, comunicadora independiente de Baja California; mientras que como especialistas en libertad de expresión se incorporan Pilar Tavera, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Omar Rábago, titular del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
15/AGM/RMB