El Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó ayer el Reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en la capital, que elaboró con el apoyo de organizaciones civiles expertas en el tema.
Tras seis meses de trabajo de quienes conforman la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas –10 instancias gubernamentales y al menos dos grupos ciudadanos–, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento de la norma en materia de trata de personas que se decretó desde marzo de 2014.
El documento estipula, entre otras acciones, políticas de prevención del delito de trata, y la creación de un Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
Además señala cada una de las atribuciones y competencias de la Secretaría de Gobierno y de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), para prevenir la trata de personas y atender de manera integral a las víctimas.
Al respecto, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), celebró el nuevo reglamento porque recoge varias de las principales preocupaciones de las activistas, aseguró en entrevista.
Hay que destacar que este documento –precisó Ulloa– se logró con el esfuerzo de las organizaciones civiles que integran la Comisión Interinstitucional, entre ellas CATWLAC y el Colectivo Contra la Trata de Personas (Colectivo TDP), y con la apertura que mostró el GDF para recibir las propuestas.
La también activista con más de 20 años de trayectoria en la atención y exigencia de derechos para las víctimas de trata expresó que pese a este esfuerzo prevalecen pendientes del gobierno capitalino para erradicar la trata de personas, entre ellos la creación de un refugio público que reciba y brinde apoyo integral a las niñas y mujeres.
Asimismo, se está a la espera de que la PGJDF garantice el acceso a la justicia para todas las víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el DF, acusado de encabezar una red de explotación sexual.
De acuerdo con el “Informe Mundial sobre Trata de Personas 2014”, de la ONU, esta capital es una de las principales zonas en todo México donde se comete con más frecuencia el delito la trata. Igualmente, el Instituto de las Mujeres del DF ha reportado que en esta ciudad a diario desaparecen dos menores de edad (entre niñas y niños).
15/AJSE/RMB
noviembre 2015
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la próxima elaboración del Protocolo de Atención Consular para Víctimas de Violencia basada en Género, que implementará para apoyar a las mexicanas que residen en el extranjero.
La canciller, Claudia Ruiz Massieu, firmó ayer un convenio de colaboración con ONU-Mujeres, instancia con la que acordó elaborar tal instrumento a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el acto, la secretaria dijo que el protocolo servirá para mejorar la atención consular de la SRE, y puso como ejemplo que cada año la instancia atiende a más de dos millones de personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos, de las cuales 42 por ciento son mujeres.
Ruiz Massieu explicó que el proyecto se sumará al programa piloto de ventanilla de atención integral para mujeres, a los instrumentos para atender a mujeres en reclusión o que van a ser deportadas, y para atender a las mexicanas víctimas de maltrato o trata de personas.
También destacó que 39 por ciento del personal del servicio exterior son mujeres; de ellas, 26 por ciento tiene rango de embajadora, y actualmente hay 26 titulares de representación en el exterior: 14 embajadoras, siete cónsules generales y cinco cónsules de carrera.
A su vez Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, dijo que el protocolo ampliará el trabajo de consulados y embajadas a favor de las migrantes mexicanas, y servirá para estandarizar la primera respuesta que dan las oficinas de México en el exterior.
Declaró también que el proyecto servirá para ampliar el sistema de protección a favor de las mujeres, a la vez que reconoció el trabajo de las instituciones mexicanas para avanzar hacia la igualdad y unirse a las campañas de Naciones Unidas en contra de la violencia de género, en particular hacia las niñas.
Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y quien fuera testigo de honor de la firma de convenio, señaló que las mujeres enfrentan violencia extrema en diferentes contextos, uno de ellos la migración, donde también se da la trata de personas.
“Las fronteras ofrecen poca protección a las mujeres indocumentadas (sic), que las cruzan por la escasez de oportunidad, por la necesidad de reunirse con su familia o por la expulsión, directa o sopesada, que viven en sus lugares de origen”, observó.
Por ello acotó que las políticas públicas deben contemplar las necesidades de las mexicanas que radican en otros países, donde se siguen reproduciendo los patrones de desigualdad, discriminación y violencia.
A decir de la titular del Inmujeres, un protocolo de actuación es un primer paso para consolidar un modelo de atención integral para las víctimas de violencia, y construir un proceso para responder a las situaciones que ponen en riesgo a las mujeres, sus hijas e hijos.
El protocolo, próximo a realizarse, incluirá definiciones operativas, mecanismos de atención con perspectiva de género, y prevé además la elaboración de un manual y la capacitación del personal consular en estos temas.
15/AGM/RMB
María Fernanda López Muciño, hija de Nadia Alejandra Muciño Márquez –joven asesinada por su pareja en febrero de 2004 y cuyo crimen constituye uno de los casos más emblemáticos de la omisión e impunidad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en el Estado de México– desapareció ayer, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero.
Tras la desaparición de la adolescente de 14 años, su familia acudió a las autoridades locales para que iniciaran las labores de búsqueda, y por la tarde se activó la Alerta Amber como mecanismo de apoyo para localizar a María Fernanda.
Fernanda, como la llama su familia, salió de su casa (en Nicolás Romero) minutos después de las 8 de la mañana para ir a la secundaria donde estudia. Se le vio llegar a la esquina de su calle, contó a Cimacnoticias Viviana Muciño Márquez, tía de la adolescente.
Pero ella no regresó a su casa al mediodía como siempre lo hace, por lo que María Antonia Márquez, quien desde el asesinato de su hija se convirtió en una férrea activista en el Edomex en la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio y asumió el cuidado de sus tres nietos, acudió a la secundaria donde estudia la joven. Ahí le informaron que Fernanda no había llegado a clases.
María Antonia pidió información a las amigas cercanas de la adolescente sin que nadie pudiera dar información sobre su paradero. Tras entrevistar a todas las personas que pudieran saber algo, la familia fue informada sobre un supuesto novio de Fernanda. “Nosotras no lo conocemos y no sabemos qué tipo de relación tenía con ella”, contó la tía.
Luego de comunicarse con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se obtuvo el apoyo de un comandante que acompañó a María Antonia a la escuela y el domicilio del supuesto novio de Fernanda, cuyo nombre se reserva por temor a represalias.
La familia de la adolescente pudo entrevistarse con el joven y con algunos integrantes de su familia, quienes se han contradicho en las versiones que han ofrecido, pues en un primer momento él aseguró que Fernanda estaba con un amigo de él, luego que la había visto a las 9 de la mañana, y finalmente que no tuvo contacto con ella.
Por la desaparición de Fernanda se interpuso ante el Ministerio Público de Nicolás Romero una denuncia de hechos, y se pidió en redes sociales la solidaridad de personas defensoras y activistas.
Cabe recordar que Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada en 2004 en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, a manos de su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y de su cuñado, Isidro López Gutiérrez “El Matute”.
A 11 años del asesinato, el crimen sigue impune al no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del daño a la que se comprometió el gobierno del Edomex en 2011, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal.
Es de mencionar que María Antonia Márquez, mamá de Nadia, se ha visto obligada a cambiar tres veces de domicilio, porque –según contó– ha recibido amenazas por parte de la familia de Bernardo, el presunto feminicida de su hija.
15/AZM/RMB
Dan a Gloria Morales Premio Nacional de Derechos Humanos
México, DF.- La fundadora y directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Gloria Consuelo Morales, ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, anunció hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Este reconocimiento es para las familias que diariamente superan el dolor, se arman de amor y de valor para continuar la búsqueda de verdad y de justicia. No sólo a las familias de personas desaparecidas, sino a todas esas víctimas que se atreven a alzar la voz para denunciar injusticias”, expresó Morales en la página web de CADHAC.
Es oriunda de Monterrey, Nuevo León, y desde hace 22 años trabaja en la defensa de los Derechos Humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas.
Renuevan Consejo Consultivo de Mecanismo de Protección
México, DF.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –de la Secretaría de Gobernación– fue conformado con nuevos integrantes para un periodo de cuatro años.
Se trata de los periodistas Aracely Domínguez, de Baja California, y Víctor Ruíz Arrazola, integrante de la Casa de los Periodistas; y los defensores Alejandra Nuño, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, y Alberto Xicoténcatl, director ejecutivo de la Casa del Migrante de Saltillo.
También se sumaron los especialistas en libertad de expresión Pilar Tavera, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Omar Rábago, director del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Presentan en Argentina monitoreo “Ellas tienen derechos”
Buenos Aires, Arg.- El próximo 30 de noviembre en esta capital argentina, la asociación civil Comunicación para la Igualdad presentará el monitoreo “Ellas tienen derechos”.
Con apoyo de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC, por sus siglas en inglés), el trabajo muestra la forma en que 11 medios de comunicación argentinos cubrieron los casos de feminicidio de tres adolescentes.
OPS lanza campaña #CeroMuertesMaternas
Nueva York, EU.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio a conocer la campaña #CeroMuertesMaternas, a fin de que los países de América reduzcan los decesos de mujeres por hemorragias postparto.
La iniciativa busca que los gobiernos del hemisferio brinden a las mujeres una atención adecuada, oportuna, respetuosa y de calidad durante el embarazo y parto; capacite al personal de salud en emergencias obstétricas; tengan el material necesario, y faciliten el traslado de pacientes con complicaciones.
15/GMV/RMB
El gobierno del estado de Yucatán es responsable de la muerte materna (MM) de María Ligia, indígena maya de 41 años que falleció tras una serie de omisiones y deficiencias del sistema de salud local, en enero de 2014, así como de los cientos de decesos de mujeres por causas relacionadas con la maternidad que pudieron haberse evitado, dijo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización civil defensora de los derechos reproductivos de las mujeres inició la campaña “María Ligia, Yucatán la dejó morir”, para exigir justicia para esta indígena maya que dejó a cinco hijos huérfanos.
Mediante una plataforma en línea, GIRE busca visibilizar que la MM es una de las expresiones más graves y violentas contra las mujeres, y busca sumar a la ciudadanía a la exigencia al gobierno de Yucatán para que cumpla su responsabilidad por el deceso de María Ligia, y repare de manera integral las violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
Ligia vivía en Chacsinkín, municipio al surponiente de Mérida (la capital yucateca). De acuerdo con el relato de la organización, ella trabajaba en casa y estaba al cuidado de sus cinco hijos; era apoyada por su madre “doña Margarita”, mientras que Eutiquio, el padre de sus hijos, trabajaba en Cancún, en el vecino estado de Quintana Roo, casi toda la semana.
En Chacsinkín hay dos casas de salud para atender a poco más de 2 mil 800 habitantes. María acudía a una de ellas con regularidad, pero la última vez que fue a solicitar algún método anticonceptivo, se lo negaron y le advirtieron que si se quejaba podían afectarla en su acceso a los programas sociales con los que se ayudaba para mantener a sus hijos.
La negación en el acceso a anticonceptivos derivó en que su último embarazo, gemelar, no fuera planeado, a lo que se sumó que no se le ofreció la posibilidad de interrumpir la gestación al representar un riesgo para su salud.
La noche del 25 de enero de 2014, María Ligia empezó a sentir fuertes dolores en el vientre. Cursaba la semana 21 de su embarazo y su madre decidió llevarla al Hospital Comunitario de Peto, dependiente de la Secretaría de Salud de Yucatán, a casi media hora de distancia de su casa.
Tras revisarla, los médicos dijeron a doña Margarita que su hija sería sometida a una cesárea para salvarle la vida, pues había amenaza de aborto.
Su esposo pudo conversar con ella y dieron el consentimiento para extraer a los productos y salvar la vida de María. Al día siguiente, su esposo fue notificado por una enfermera de que la cesárea ya no se realizaría porque María se encontraba estable, por lo que él regresó a trabajar a Cancún.
Sin embargo, cuando doña Margarita llegó a visitar a su hija le informaron que el estado de María Ligia se había complicado de nuevo. Tenía septicemia y anemia, y necesitaba sangre, pero no tenían en su banco.
Había que trasladarla al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, pero tampoco había ambulancia, así que su madre tuvo que conseguir el auto de traslados que el municipio usa para esos casos.
En el colmo, ante la carencia de una camilla la mujer tuvo que viajar en el regazo de su madre, y recorrer así los 139 kilómetros de distancia hacia la capital yucateca.
Tras su ingreso al hospital, la información que recibió la familia sobre los procedimientos realizados a María y sus productos fue “confusa”, pues no se tuvo claridad de lo que ocurrió. Según el parte médico, la mujer falleció a las 21:30 horas del lunes 27 de enero de 2014.
Desde el fallecimiento de María, su familia no ha recibido los apoyos económicos de programas sociales como Prospera, toda vez que ella era la encargada de los trámites.
GIRE sostuvo que el deceso “fue producto de un entramado de omisiones y deficiencias del sistema de salud, combinado con la discriminación que sufren las mujeres indígenas”.
Por ello, la agrupación –junto con la Red de Abogadas por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°)– acompaña y representa legalmente a la familia, y elaboró una propuesta de indemnización que se envió al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata.
Asimismo, GIRE da seguimiento a una queja iniciada de oficio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos como representante de las víctimas. El 17 de junio de 2014, la CNDH emitió finalmente una recomendación sobre el caso, a la que el organismo no ha dado seguimiento, aseguraron las organizaciones.
A pesar de que las autoridades yucatecas aceptaron en su totalidad la recomendación, el gobierno estatal, en particular la Secretaría de Salud, no ha dado muestras de voluntad política para darle cumplimiento.
Ante tal situación, GIRE presentó ayer un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se reconozca la responsabilidad del Estado en el caso.
Yucatán es una de las entidades con mayor Razón de Muerte Materna (50.8 por cada 100 mil nacidos vivos), mientras que la media nacional es de 38.2. Después de la muerte de María Ligia, ha fallecido cada mes al menos una mujer en ese estado por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio.
15/AZM/RMB
México está en alerta debido a la violencia de género: las mujeres enfrentan graves formas de violencia, generalmente ignoradas, normalizadas y durante todas las etapas de su vida, tales como la violencia obstétrica, las agresiones sexuales en el hogar, los atentados a su libertad de expresión, y el riesgo de ser desaparecidas o asesinadas.
Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, grupos civiles por los derechos de las mexicanas hicieron un llamado enérgico a las autoridades y la clase política, para implementar políticas públicas y leyes eficientes que garanticen a la población femenina su derecho a vivir sin violencia.
En rueda de prensa en esta ciudad, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) evidenciaron las múltiples formas en las que las mexicanas son violentadas, y anunciaron “La Marcha de las Cruces”, como un acto simbólico para exigir al Estado acciones concretas contra la violencia.
Regina Tamés Noriega, directora de GIRE, lamentó que en México aún exista violencia grave contra las mujeres, pues desde hace 15 años el Estado se colocó en el ojo público internacional por la grave situación de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y no ha logrado garantizar una vida libre de violencia.
Desde GIRE –dijo– se hace un llamado enérgico para erradicar la violencia obstétrica que se ha llegado a considerar como algo “normal”, que deben enfrentar las mujeres durante la atención del embarazo y parto, y no ha tenido alguna medida para evitarla o garantizar el acceso a la justicia, toda vez que este tipo de agresión deriva en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Aunque no hay datos oficiales sobre la violencia obstétrica, GIRE ha documentado que en los últimos dos años se han presentado más de 500 quejas de mujeres que han sido maltratadas en los servicios de salud, la mayor parte en los estados de Oaxaca, Puebla, Durango, México y Sinaloa.
Tonatiuh Mago, representante de Redim y de World Vision, aseguró que México es un país que “violenta a las mujeres de manera estructural y desde la niñez”.
De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, y de los casos reportados el 70 por ciento son de niñas, la mayoría agredidas en sus hogares.
Mago señaló que con la exclusión del sexo femenino desde la primera infancia se crea un contexto cultural que “normaliza” y sostiene la violencia, por lo que es indispensable comenzar a trabajar desde la niñez con programas educativos.
Fabiola González Barrera, responsable del programa de Libertad de Expresión de CIMAC, denunció que las mujeres son “sancionadas” cuando quieren hacer uso de su libertad de expresión y comunicación.
Desde el año 2000 –advirtió– México vive una grave situación en contra la libertad de expresión, pues desde entonces hasta 2014 se registraron 252 casos de violencia contra mujeres periodistas, entre los que destacan 13 casos de feminicidio, dos de los cuales ocurrieron el año pasado.
Las entidades más violentas para las periodistas son el Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, aunque hay estados como Tamaulipas, donde las mujeres no se atreven a denunciar las agresiones, contexto que ocurre ante la negativa oficial para incorporar la perspectiva de género en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Las organizaciones elaboraron un decálogo por una vida libre de violencia, en el que exigen al Estado mexicano ratificar y dar seguimiento y cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos para las mujeres.
Asimismo, debe informar públicamente del seguimiento de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Las activistas también demandaron no más criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo, y la libertad inmediata para la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.
Anunciaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en la que las feministas llevarán 32 cruces rosas que simbolizan las diferentes formas de violencia que enfrentan las mexicanas en todo el país.
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La violencia política de género también se refleja al postular a las candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a la postulación, negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas, o agredirlas de forma verbal.
En política, sostienen académicas y activistas, las mujeres también corren el riesgo de ser víctimas de violencia de género, una forma de agresión que va desde comentarios sexistas y discriminatorios hasta acoso, ataques físicos, violencia sexual, e incluso asesinato.
A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cada vez se habla más de la violencia política, un flagelo que según ONU-Mujeres puede explicar el estancamiento de la participación política femenina en espacios de toma de decisión.
“La violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas”, señala el organismo de Naciones Unidas.
En el libro “La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano”, de ONU-Mujeres, se señala que Bolivia fue el primer país que aprobó la Ley 243/12 “Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, tras el asesinato de una concejala.
De acuerdo con la publicación, el proceso no fue fácil porque las denuncias de violencia contra las mujeres que accedían a cargos de elección popular en las esferas locales desataron un debate fuerte en el país sudamericano, y al mismo tiempo una respuesta contundente del movimiento de mujeres.
Tras una lucha de 12 años, bajo el liderazgo de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia se demandó, elaboró y obtuvo la sanción en ley. No obstante, las políticas y feministas mexicanas aseguran que la violencia política no sólo es el homicidio.
MÉXICO, EN PAÑALES
En nuestro país apenas está la discusión para incluir el concepto en la ley. En noviembre de 2012, la senadora por el PRI Lucero Saldaña Pérez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que fue aprobada por el Senado en marzo de 2013, pero no fue avalada por la Cámara de Diputados.
En su momento, Saldaña hizo mención de la violencia contra Elvia Carrillo Puerto, primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán en 1923, mujer que al desempeñar su cargo, durante dos años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió.
También el caso de las diputadas electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar a su cargo para dejarlo a los suplentes varones; y la violencia contra la indígena oaxaqueña Eufrosina Cruz, quien ganó la elección por una alcaldía, sin embargo en ese municipio no se aceptó su nombramiento “por ser mujer”.
La primera propuesta de la senadora Saldaña advertía la importancia de no confundir la violencia política de género con otro tipo de difamación, ya que la primera ocurría para evitar que una mujer accediera a un cargo, lo ejerciera o ampliara sus funciones, o para obligarla a tomar decisiones en contra de su voluntad.
Hoy en el Senado siguen pendientes tres iniciativas de ley para establecer este concepto: una de senadoras del Partido Acción Nacional (PAN), otra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra más con senadoras de PRI, PAN y PRD.
La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, dice que en México se puede tomar una definición de acuerdo con los estándares internacionales y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con esa interpretación, la magistrada señala que la violencia política hacia las mujeres comprende “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Así por ejemplo, la violencia política de género sería que los partidos no ejercieran los 117 millones 286 mil 374 pesos para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgos femeninos que por ley recibieron este 2015, como lo hicieron en años anteriores cuando usaron los montos para comprar materiales promocionales o pagar la luz de las oficinas.
La definición de la magistrada también establece que este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política; además puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica, y puede efectuarse por medio de las tecnologías de la información o en redes sociales.
Indica además que esta violencia puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, por el Estado o sus agentes, por partidos o por representantes de los mismos, por medios de comunicación o por sus integrantes.
Por esta razón es que las activistas mexicanas aseguran que todavía falta que haya igualdad de oportunidades para acceder a un cargo de elección aunque hay un aumento sostenido en la representación femenina en el Poder Legislativo, gracias a que en 2002 se implementó la cuota a nivel federal del 70/30; en 2008 subió a 60/40, y en 2014 llegó la paridad como principio constitucional (50 por ciento de candidaturas para las mujeres).
CASOS PARA LA IGNOMINIA
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), en este año se presentaron 40 denuncias de violencia política de género que ocurrieron durante el pasado proceso electoral.
La FEPADE conoce casos de agresiones físicas, como el asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía del municipio de Reforma, en Chiapas, y a la panista Yesenia Alamilla Vicente; y la agresión sexual y física contra la consejera electoral Lorena Nava Cervantes, en Oaxaca.
La violencia política también ocurre cuando se obliga a una mujer a realizar tareas distintas a las de la representación política; se le impide o restringe la reincorporación al cargo cuando haga uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad; cuando sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, o se revele o difunda su información personal y privada para menoscabarla.
En el pasado proceso electoral, un caso en el que se trató de impedir la participación de las mujeres ocurrió en el estado de Morelos. Maricela de la Paz Cuevas y Claudia Jaqueline Ordoñez Jiménez denunciaron que el entonces candidato a diputado Francisco Moreno Merino buscó que sus compañeras no obtuvieran una diputación plurinominal, lo que finalmente consiguió.
Otro acto que ocurrió en los comicios de 2015 fue documentado por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repara), que denunció que los partidos en esa entidad no cumplieron con la ley electoral, porque no dieron a las mujeres la mitad de las candidaturas para diputaciones y ayuntamientos, caso que llegó hasta el TEPJF.
Para Paula Soto, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), un claro caso de violencia política fue la propuesta de reforma en Quintana Roo que impedía la paridad “horizontal” (postular a las mujeres para presidentas municipales), y sólo reconocía el derecho de las mujeres a ser suplentes de los candidatos varones.
Un ejemplo más discriminación fue la declaración hace unas semanas de Alberto Silva Ramos, líder del PRI en Veracruz, que afirmó que de cara a las elecciones de 2016 el partido aplicaría “pruebas antiembarazo a las aspirantes a una candidatura”, aunque después se retractó y señaló que su dicho fue un error gramatical.
En tanto, las propuestas de reforma a las leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Partidos Políticos; de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en Materia de Delitos Electorales siguen en espera de aprobación en el Senado.
15/AGM/RMB
Cuba: falta de agua potable afecta en mayor medida a las mujeres
Denia Arrascaeta sufre casi a diario la falta de agua en su barrio de esta capital cubana.
“A veces no tengo ni para beber”, relata a Cimacnoticias/IPS. En casa de su abuela el suministro es algo mejor y cuando la crisis se agrava, llena varios botellones y camina con ellos ocho cuadras hasta su hogar.
Esta contadora de 39 años de edad vive en un barrio del oeste de la capital, donde el suministro de agua es muy irregular. “En ocasiones, mi abuela tampoco recibe agua desde la red y tenemos que esperar la pipa”, añadió en referencia al camión cisterna que auxilia a los sectores con total carencia del recurso.
Para Arrascaeta, lo peor es el estrés permanente que le provoca este problema, que en esta isla caribeña tiene causas estructurales, vinculadas a la falta de modernización del sistema de distribución y suministro, que este año se agravaron por una sequía de niveles históricos.
En La Habana Vieja, en el corazón de la capital cubana, la situación no es mejor, según cuenta Yaritsa Oliveros, residente en Jesús María, uno de los barrios de ese centro histórico y que a los 25 años sustenta a su madre y a su hija de cuatro años con su trabajo como limpiadora de una oficina municipal.
“Pasamos varios días sin el servicio y de repente llega agua de madrugada al edificio. Juntamos en vasijas todo lo que podemos, porque no sabemos cuándo entrará de nuevo”, relató a Cimacnoticias/IPS.
Su barrio fue hace tres años objeto de un estudio académico que abarcó 166 hogares, compuestos por un total de 528 personas, de los que 56.1 por ciento eran mujeres y 43.9 por ciento varones. De la muestra, además, 57 por ciento de las familias tenían al frente una mujer, con diferentes niveles educativos.
La mayoría de las personas entrevistadas afirmaron que casi todos los días, o cada dos o tres días, debían cargar agua hasta sus viviendas y las peores dificultades de acceso al líquido y saneamiento se vivían en hogares encabezados por mujeres.
“Mi madre se queja de dolor en la columna por tanta cargadera”, comentó Oliveros, quien desconoce si su hogar figuró en la encuesta.
En declaraciones a Cimacnoticias/IPS, la socióloga Reina Fleitas, investigadora y profesora de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana, explicó que ese estudio, único en su tipo realizado hasta ahora en Cuba, permitió constatar inclusive situaciones de violencia familiar y entre vecinos, generadas por las tensiones emanadas en torno al deficiente abastecimiento de agua.
SOBRECARGA DE TRABAJO
También se pudo comprobar que la mayor responsabilidad sobre la gestión y uso del recurso recae sobre las mujeres, que organizan y reorganizan su vida cotidiana dependiendo de su disponibilidad.
“Las jornadas domésticas se alargan y llegan tarde al trabajo, lo que genera incomprensiones. Es una cadena de afectaciones en su vida personal, con fuerte impacto en la salud corporal y mental”, comentó la especialista.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de Cuba publicados en la prensa oficial datan de 2014 e indican que aunque 73.5 por ciento de la población cubana tiene acceso al agua potable a través de la red de acueductos, aún un número importante de personas la reciben por otras vías.
Pero más de 50 por ciento del recurso se pierde en su recorrido por la vieja red de tuberías que la distribuye hasta los puntos de consumo.
El INRH dirige, ejecuta y controla la aplicación de la política del Estado en materia de recursos hidráulicos del país, lleva a cabo actualmente un programa que intenta solucionar gradualmente los problemas en el abastecimiento y saneamiento del agua.
“En mi barrio se ha agravado la falta de agua por los arreglos que se llevan a cabo, pero al menos es una esperanza de que algún día mejoremos. Aunque también dicen que por la sequía habrá más escasez”, comentó Oliveros.
Arrascaeta acotó que una de sus vecinas llama al INRH cada vez que la situación se vuelve crítica y recibe diferentes disculpas. “Ya no le creemos a nadie”, indicó.
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada en una cumbre mundial en septiembre, en la sede de la ONU en Nueva York, estableció como el seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible el “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”.
“Nuestros datos de 45 países en desarrollo muestran que en siete de cada 10 hogares, el peso de ir a buscar agua lo cargan las mujeres y las niñas, por lo que mejorar el acceso al recurso contribuirá a la igualdad de género”, aseguró en octubre Geeta Rao Gupta, subdirectora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En opinión de la profesora Fleitas, un enfoque diferencial del problema debe tener en cuenta que son las mujeres pobres, de etnias minoritarias y otros grupos vulnerables y discriminados de algunos países quienes experimentan los peores impactos de la escasez del agua, un problema en aumento a nivel planetario.
“La perspectiva social de la diferencia que busca igualdad de oportunidades, debería estar en el diagnóstico que se hace sobre el desarrollo territorial, en la planificación de la distribución de los recursos y en la evaluación de sus impactos. Muchos problemas de enfoque de política obedecen a una visión reducida de lo social, o muy técnico de la planificación territorial”, indicó.
En cuanto al recurso hídrico, Fleitas insistió en lo esencial que es su abastecimiento, particularmente en la vida de las mujeres.
“Define la organización de sus tiempos: ellas lavan, limpian, friegan, preparan los alimentos… son responsables en la formación de una cultura de la higiene en la infancia. Lamentamos que sean las mujeres las que lleven el peso de esa responsabilidad, pero no debemos ignorarlo cuando se toman decisiones políticas”, señaló.
La académica cubana recordó además que la escasez de agua no sólo se agrava debido al cambio climático. Detalló que se han acrecentado los conflictos bélicos en el mundo, que arrasan con las infraestructuras y dejan aguas contaminadas.
“Se prioriza la inversión para una carrera armamentista en vez de para el desarrollo de países con enormes desventajas en la construcción de servicios de agua”, lamentó.
Como país insular, Cuba depende mayoritariamente de las lluvias para abastecerse de agua y este año ha soportado una de las sequías históricas.
Al terminar la estación húmeda de mayo a octubre, sus 242 presas acopiaban 4 mil 555 millones de metros cúbicos de agua, apenas la mitad de su capacidad, lo que anticipa que las penurias hídricas persistirán.
Entre noviembre 2014 y octubre 2015, la sequía impactó a 68 por ciento de este territorio caribeño, pero resultó más acentuada en la porción occidental, que es polo de la producción de alimentos del país.
*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias IPS.
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Cada mes, en el estado de Veracruz, ocho mujeres son asesinadas y 13 desaparecen sin dejar rastro, cifras que se incrementan por la impunidad que priva en la entidad, dijeron organizaciones civiles e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en voz de Estela Casados, presidenta del Consejo Consultivo, señalaron que pese a los instrumentos y mecanismos jurídicos existentes en Veracruz, persiste la impunidad porque éstos no se cumplen ni se respetan.
En conferencia de prensa, refirieron que sólo este año 93 mujeres han sido asesinadas y 156 han desaparecido, cifra que rebasa los reportes de 2014.
“Los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres se incrementan de forma alarmante, sin que las autoridades estatales realicen acciones resolutivas y contundentes para frenar estos hechos”, abundó Casados.
Aunque hay instrumentos como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, éstas no se cumplen, lo que da como resultado impunidad y propicia la violencia feminicida en Veracruz.
“En 2015, 93 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio en 49 municipios del estado como Coatzitla, Cazones, Tempoal, Tantoyuca, Tihuatlán, entre otros”, dijo la presidenta del Consejo Consultivo.
Además señaló que en el 18 por ciento de los municipios de Veracruz se han reportado 154 desapariciones, lo que significa que tres mujeres desaparecen cada mes.
“Como Consejo Consultivo e integrantes de la sociedad civil exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los casos de feminicidio y desaparición forzada, que se apliquen de forma efectiva las sanciones a los responsables, y que la Fiscalía General del Estado proporcione las cifras oficiales sobre feminicidio y desapariciones”, precisó.
Exigieron a las autoridades realizar acciones urgentes y coordinadas entre los tres niveles de gobierno para proteger y salvaguardar la vida, la libertad y los Derechos Humanos de las mujeres, y se declare una Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz.
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Feminicidio: reacción patriarcal contra mujeres empoderadas
En México, como en otros países de América Latina (AL), han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres, tales como los asesinatos sin lógica ni sentido aparente que comenzaron a registrarse en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“La característica de México, Centroamérica y otros países de AL es que han surgido formas de violencia que no existían, como el feminicidio de Ciudad Juárez, asesinatos sin lógica ni sentido aparente”, expresó en entrevista la profesora de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña, España, Rosa Cobo Bedia.
“Asesinar, violar y torturar a una mujer que trabaja en una maquila y sembrarla en la puerta de la Asociación de Mujeres Maquiladoras era algo que no se había hecho. Que varios varones violen, torturen y maten a una mujer y la metan en cal son nuevas formas que no habían existido en el último siglo; son nuevas formas de violencia que están relacionadas con los nuevos procesos económicos neoliberales y la economía criminal”, consideró la académica, quien estuvo en esta capital estatal para impartir el seminario “Democracia, feminismo y práctica política”.
“Los hombres –a quienes llamo los nuevos bárbaros del patriarcado– consideran que tienen que ejercer violencia contra las mujeres, y lo escogen a través del lugar en donde están y el poder que tienen”, abundó.
Es este tipo de violencia, que en apariencia no tiene sentido, una violencia instrumental que está dirigida a que las mujeres vuelvan a los lugares patriarcalmente asignados, agregó Cobo Bedia.
“El telón de fondo de todos estos crímenes son mujeres que tienen mayor protagonismo social o que ocupan el espacio público que siempre ha sido masculino, y parte de la reacción patriarcal que en cada sociedad se revela de formas distintas”, sostuvo.
Desde su óptica de feminista militante y académica especialista en género, los cuerpos de las mujeres, así como su sexualidad y sus vidas, ponen a prueba la democracia, y son un elemento clave para evaluarla, lo que liga a los 450 asesinatos de mujeres que se han contabilizado en los últimos seis años en Oaxaca.
Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, de enero de 2010 al 31 de octubre de 2015 se registraron 521 casos de feminicidio, tipo penal que en la entidad existe desde agosto de 2012 y que alude al término acuñado por Diana Russel y Jane Caputi, que engloba el “asesinato de mujeres que realizan hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.
En el 2010 se registraron 71 casos de feminicidio, cifra que para 2011 aumentó a 84, y en 2012 disminuyó a 80, pero en 2013 volvió a aumentar a 84. Para 2014 la cifra creció hasta registrar 129 casos, y de enero hasta el 31 de octubre de este año se han registrado 73 asesinatos de mujeres por razón de género.
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