Aprobados 20 millones de pesos para la construcción del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia en la ciudad de Xalapa, dentro del Presupuesto de Egresos 2016, las y los diputados locales deberán verificar la correcta aplicación de recursos, afirmó la legisladora local, Ana Cristina Ledezma López.
Ledezma López, secretaria de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura local, se comprometió a vigilar que lo asignado a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se utilice durante el próximo año para la construcción de dicho refugio, que ya es una necesidad impostergable, dada el alza de los casos de mujeres que son violentadas en sus derechos.
Ledezma dijo que en 2012 se aprobó el Cupón Cero, que contemplaba la edificación de refugios en diversos municipios de la entidad, lo cual, sin embargo, no se concretó y sólo espera la construcción de un “espacio digno” en Xalapa para albergar a las mujeres víctimas de violencia y garantizarles un debido proceso.
La diputada manifestó su preocupación por el alza en el número de casos de violencia contra las mujeres, que en muchos casos ocurren en el seno familiar, y se pronunció por el fortalecimiento de las políticas públicas que garanticen la integridad de las veracruzanas.
Pidió mayor trabajo y compromiso de los distintos órdenes y niveles de gobierno, porque, señaló, de nada servirá que el Poder Legislativo de Veracruz etiquete recursos para construir obras si las instancias correspondientes no las realizan o no cumplen con su labor.
Para tales fines, consideró necesaria una mayor coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y dijo que buscará el apoyo de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Legislatura local, Mónica Robles Barajas, para exigir el cumplimiento de esta obra en 2016.
15/RED/GGQ
diciembre 2015
Castigo a Murillo Karam, piden madres de normalistas de Ayotzinapa
Las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente hace más de un año en Iguala, Guerrero, exigen que se castigue e investigue a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, y a todos los políticos que participaron en la presunta “verdad histórica”.
Este sábado 26 de diciembre, madres y familiares de los normalistas protestaron nuevamente en la Ciudad de México en una marcha que fue del Zócalo capitalino a la Basílica de Guadalupe.
Y es que a más de un año de los hechos criminales ocurridos en Iguala, no parece haber ninguna información certera sobre el paradero de los estudiantes, señaló Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, en entrevista con esta agencia de noticias.
La ahora activista –quien todo el año participó en decenas de protestas en México y otros países- precisó que tras las reuniones que las familias han tenido durante los días recientes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se dijo que presuntamente en enero próximo se reactivará la búsqueda de los normalistas.
DEUDAS EN EL CASO AYOTZINAPA
Bautista Salvador informó que si bien la principal exigencia de todos los meses sigue siendo que el gobierno federal regrese a los estudiantes con vida, este diciembre se suma el reclamo de que se castigue e investigue a diversos funcionarios, principalmente a Jesús Murillo Karam por presuntamente haber mentido a las familias sobre el destino final de sus hijos.
¿Cómo es posible que fuera a decir que nuestros hijos fueron calcinados en ese basurero de Cocula cuando no tenía pruebas científicas (…), que nos haya mentido así?, cuestionó Bautista refiriéndose a la conferencia de prensa que dio en enero pasado Murillo Karam, entonces procurador General de la República, para asegurar que las investigaciones del caso Ayotzinapa habían derivado en la “verdad histórica” de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados en un basurero, y cuyos restos fueron arrojados al Río San Juan.
“Que se investiguen a todos los políticos que nos han dicho mentiras, Murillo Karam y Peña Nieto, que se han burlado de nosotros (…) No queremos más mentiras”, aseveró la mujer, quien aprendió a hablar español en el trajín de sus reclamos.
RECOMENDACIÓN SIN ECO
El mismo llamado que hace Bautista Salvador, a nombre de las otras madres de Ayotzinapa (campesinas, algunas indígenas o madres solteras), forma parte de la lista de recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre pasado, tras presentar su informe final del caso y concluir que no existían pruebas científicas que respaldaran la versión oficial, y que, por el contrario, se encontraron anomalías y graves omisiones del Estado en las investigaciones.
Si bien Murillo Karam ya había sido sustituido por Arely Gómez González como procurador cuando el GIEI presentó su informe, el funcionario encabezaba entonces la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y meses después salió del gabinete del Ejecutivo federal sin ser investigado ni juzgado.
Tras el informe del GIEI, las autoridades mexicanas insistieron en realizar nuevos peritajes en el basurero de Cocula, e incluso volvieron a asegurar–sin contar con suficientes bases científicas- que habían encontrado los restos de un segundo normalista.
Al conmemorar un año de la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes, las madres y padres iniciaron un ayuno en plena plancha del Zócalo y luego se reunieron –por segunda vez desde que sucedieron los hechos criminales- con Enrique Peña Nieto.
AVANCES TARDÍOS
El 19 de octubre de este 2015, el GIEI presentó sus recomendaciones ante la CIDH, donde los representantes del Estado mexicano, entre ellos Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, firmaron 10 acuerdos concretos para supuestamente avanzar en el caso.
No obstante, fue hasta finales de noviembre –y tras un plantón de cuatro días de las familias de Ayotzinapa en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos- cuando el gobierno mexicano decidió que el caso sería trasladó de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a una Unidad de investigación especializada, y prometió iniciar nuevas pesquisas.
A dos días de concluir el año, las autoridades siguen negándose a que el GIEI entreviste directamente a los integrantes del 27 Batallón de Infantería –que presuntamente presenciaron los hechos- y no ha emitido ninguna declaración sobre si habrá responsables por haber presentado una investigación que ha sido en más de una oportunidad refutada.
15/AJSE/GGQ
“Cómo no ser feminista, si defiendo los intereses de la madre tierra”
“¿Y cómo no voy a ser feminista si defiendo los intereses de la madre tierra?”. La activista indígena Jazmín Romero Epiayú denuncia el impacto de las multinacionales en su comunidad, La Guajira, en Colombia, que presume de matrilineal, a la vez que obstaculiza la participación pública a las mujeres. La entrevistamos en la Cumbre del Clima de París.
Nada es demasiado obvio. Los hilos e hilos que tejen las mujeres de la comunidad wayúu no es solo una labor de indígenas, es más que una red de historias, un entrelazado de reivindicaciones y derechos. Es el sustento de una identidad y de transmisión de sabidurías.
Las wayúu son mujeres “revolucionarias y de armas tomar”. Así lo susurran entre los hombres de esta comunidad que advierten del cuidado de plantarles cara e, incluso, tildan de rebeldes a todas las que se atreven y se levantan ante quienes las tenían por menos.
El feminismo occidental es considerado por los hombres ‘wayúu’ como una amenaza, porque aseguran que “hace a las mujeres desobedientes”
Jazmín Romero Epiayú sabe muy bien lo que es esto. Como todos los y las wayúu, reside en La Guajira, un departamento al norte de Colombia. Nació en el seno de una familia activista y forma parte del movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu. En su comunidad es temida y señalada por los hombres que la tachan de feminista, pero es algo de lo que Jazmín se siente orgullosa. “Yo soy feminista. ¿Y cómo no voy a ser feminista si defiendo los intereses de la madre tierra? ¿Quién no es feminista? En el feminismo defendemos los intereses colectivos, aunque en los movimientos indígenas aún prevalece el machismo”, recalca.
A pesar de todo, las y los wayúu no reconocen su faceta machista y patriarcal. Presumen de vivir en una comunidad matrilineal, donde la mujer y su papel de lideresa se imponen a todo lo demás. “La indígena también es una cultura muy machista. Escritos y antropólogos venden que somos matriliniales, pero eso no es verdad. Simplemente porque nuestros hijos heredan nuestra sangre, el eirruku (así es como lo denominan), y hasta ahí”, se opone Jazmín Romero a las premisas que incluso mujeres de su comunidad defienden.
FEMINISMO INDÍGENA, TRANSFORMACIÓN COLECIVA
El feminismo indígena anda de forma paralela al feminismo de Occidente, pero con pilares fundamentales muy parecidos. El primero parte de la transformación colectiva de la discriminación hacia las mujeres; mientras que el segundo “trabaja en la individualización que excluye”, según Mercedes Olivera, pensadora feminista indígena, que desde sus comisuras explica que “no se trata de anular el individuo, sino que se reconozca que el colectivo está hecho de diferentes personas. La ‘individuación’ [su teoría sobre el feminismo occidental] implica este reconocimiento colectivo de la existencia de lo individual. No se pueden hacer colectivos si no hay este reconocimiento”.
Sin embargo, el feminismo occidental es considerado por los hombres wayúu como una amenaza, porque aseguran que “hace de las mujeres desobedientes, no hacen los quehaceres en la casa y se quieren mandar a ellas solas”. Pero Jazmín Romero lo tiene muy claro: “Es el argumento más mediocre que he escuchado. Yo puedo hacer los quehaceres de la casa, pero no es mi obligación. Las mujeres no somos esclavas de la casa, ni de buscar agua durante horas y cortar leña, ¿por qué el hombre no lo puede hacer? Somos una amenaza porque despertamos a las mujeres. De 2 mil 700 personas que hay en nuestra comunidad, más de 200 mujeres se han unido ya”.
Las desigualdades de género en la comunidad indígena no son el único problema. Con la invasión del colonialismo, los pueblos quedaron sometidos a otras culturas y normas, que les hicieron perder su identidad y las mujeres fueron víctimas del acoso, no solo sexual, sino también patriarcal. La imposición de la religión católica acabó con las lideresas espirituales y relegó a las mujeres al último plano. Pero según Jazmín Romero, eso también está cambiando y cada vez son más las mujeres organizadas en movimientos de base.
LA MADRE TIERRA VS NEOLIBERALISMO
Pero si hay algo que lleva por bandera el feminismo indígena son los principios de la madre tierra. Sin embargo, con la llegada de un Gobierno neoliberal a Colombia, el 67 por ciento del territorio de La Guajira está en concesión a empresas privadas que mal explotan los recursos y derechos medioambientales, según la explica esta mujer wayúu. Desde hace más de 30 años, la empresa transnacional Cerrejón está devastando la territorialidad ancestral del pueblo wayúu dejando unas consecuencias muy negativas en la salud de los pueblos indígenas y también en la contaminación de ríos, como el Ranchería que defienden a capa y a espada.
Las ‘wayúu’ denuncian los estragos de las grandes multinacionales en un territorio que sigue contando con presencia paramilitar
Mientras “para ellos (los extractivistas) es un recurso económico, para nosotros es un bien público ancestral y sagrado. No somos mujeres que buscamos recursos, sino el levantamiento de un pueblo ante estas multinacionales que están destruyendo nuestro territorio e igual que nosotras damos vidas, ellos deberían aprender de nuestro ejemplo y ser responsables para generar vidas. Sin esto no podemos hablar de políticas medioambientales, ni de desarrollo sostenible”, argumenta. Desde Colombia hasta París, con motivo de la XXI Cumbre del Clima, esta mujer wayúu viaja para poner en manifiesto la obligación de los gobiernos de comprometerse con los territorios indígenas que están sufriendo los estragos y los impactos de las grandes multinacionales.
PARAMILITARES VS MUJERES WANYÚU
El movimiento Fuerza de Mujeres Wanyúu también se enfrenta al paramilitarismo colombiano que aún tienen presencia en su territorio. Uno de los peores momentos ocurrió en 2004, con la masacre en Bahía Portete: seis personas fueron asesinadas, entre ellas cuatro mujeres. “La mujer no se mata. Si nos tocan rompen con el tejido social y espiritual y los hombres también sufren”. Pero esto no les importó a los más de 50 paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llegaron a la comunidad y arrasaron con ella, dejando además tres mujeres desaparecidas y entre 600 y 800 desplazadas internamente. “Fue degradante y terrible llorar a nuestras mujeres”, recuerda.
Las mujeres wayúu parten de una tradición de poder y liderazgo. Con ella talan la barrera del silencio que intenta mantener una autoridad patriarcal férrea.
*Este artículo fue retomado del portal de Pikara Magazine
15/LM/GGQ
Despido por embarazo, principal causa de discriminación contra capitalinas
Durante 2015, el despido por embarazo fue la principal causa de discriminación que padecieron las habitantes de la Ciudad de México, ya que ocupó 41.6 por ciento del total de mil 177 casos atendidos por el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (Copred).
De acuerdo con lo que ha señalado el Copred, esta discriminación representa un delito penal sancionado con uno a tres años de prisión, con 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y una multa de 50 hasta 200 días de salarios mínimos.
Sin embargo, ninguna empresa que ha incurrido en este delito, como Coppel, Casa Ávila, Grupo Cometa, entre otras, ha sido castigada penalmente.
El Consejo precisó que el espacio de trabajo es uno de los principales lugares donde se generaron conductas discriminatorias en el año que cierra, y que las mujeres representaron 72.6 por ciento de quienes denuncian actos de discriminación ante el Consejo.
A esto se suma que el género ocupa el quinto lugar en la tabla de motivos de discriminación de Copred; y que el derecho al trabajo y a la igualdad fueron las dos garantías más vulneradas para la población del DF.
ACCIONES DE GOBIERNO INOPERANTES
Desde agosto de este año esta instancia local ya había alertado al Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre esta problemática que durante dos años afectó a 163 mujeres.
En ese entonces, Jacqueline L’ Hoist Tapia, directora de Copred, presentó el primer informe “Discriminación Laboral hacia la Mujer, Despido por Embarazo”, en presencia de Amalia García Medina, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF.
En el acto, las funcionarias se limitaron a lamentar la ocurrencia de este delito y se congratularon por haber emprendido acciones para frenar esta forma de violencia contra la población femenina.
Entre las acciones gubernamentales que enumeraron –y que supuestamente ya estaban en acción- estaban el seguro de desempleo para las víctimas y las dos juntas especiales de la JLCA a las que se dirigen los juicios laborales vinculados con “grupos vulnerables”.
Ambas titulares aseguraron que con aquellas acciones la discriminación por razones de maternidad y todas aquellas vinculadas al género de las mujeres irían a la baja.
15/AJSE/GGQ
Crece publicidad sexista y racista en Cuba por negocios privados
El fragmento de un escote, los glúteos en primer plano o el cuerpo semidesnudo de una mujer en la playa son imágenes que abundan en la publicidad cubana. Aunque de apariencia inofensiva, este tipo de representaciones termina sustentando una ideología machista en la cual las mujeres resultan el blanco de la violencia simbólica.
Así lo denuncian desde hace años activistas e investigadoras feministas en la isla, entre ellas Danae C. Diéguez, quien se ha especializado en estudios de género y audiovisual. Para la profesora universitaria, superar el sexismo que abunda en el espacio público es urgente, sobre todo si se quiere prevenir el maltrato machista. Esta responsabilidad, asegura, no puede dejársele al tiempo; requiere de políticas públicas que velen por la equidad de género en los medios.
-Helen Hernández Hormilla (HHH): ¿Cómo se reproduce en la incipiente publicidad de Cuba la violencia simbólica machista?
-Danae C. Diéguez (DCD): Ya sabemos que la violencia simbólica está asumida y naturalizada en muchos espacios de las industrias culturales y, por tanto, su anclaje visual es un correlato del sexismo trepidante, muchas veces inoculado. La publicidad es uno de esos espacios de visualidad, ya sea la imagen fija o el audiovisual, que reproducen el sexismo.
“Lo que me parece llamativo es que hay propuestas con verdadera calidad estética que camuflan la arbitrariedad de la representación y que, precisamente por calificar por su calidad, llevan el código sexista apuntalado con la sutileza misma que convierte a la obra en ‘buena’, ‘artística’ u otros adjetivos que sustenten su efectividad visual.
“Están las otras propuestas en las que no median calidades estéticas y en las que el mensaje llega a ser muy agresivo. La publicidad de algunas cervezas, la Bucanero por ejemplo, o la publicidad para invitar a visitar Cuba, están revestidas de sexismo y racismo. Estoy convencida de la existencia de algunas buenas prácticas y de la voluntad de muchas personas por cambiar y denunciar esto. Sin embargo, son realidades que están ahí, sobre todo para avisarnos que el camino es largo aún…”
PUBLICIDAD Y NEGOCIOS PRIVADOS
HHH: ¿Crees que el sexismo y la agresividad de ese tipo de productos se hayan intensificado con la llegada de los negocios privados?
DCD: Los negocios privados reproducen acríticamente mucha publicidad estandarizada y mayormente sexista. En el caso cubano, llama la atención que muchos de esos negocios se afianzan sobre la imagen de mujeres que están dentro del canon de belleza que los medios intencionan, en detrimento de las diversidades de mujeres existentes. Ya sabemos que el canon de belleza amputa, cercena y discrimina. El canon es una construcción cultural que beneficia a un veedor masculino y heteronormativo.
“Como no existe una legislación que delimite cuándo se estimula y refuerza la violencia simbólica machista, las muestras de sexismo y racismo en la publicidad de algunos negocios privados va in crescendo y, en muchos casos, es realmente cuestionable. Ni siquiera existe la intención de no hacerlo porque es ‘políticamente incorrecto’. Aunque no esté de acuerdo con ella, valdría la pena si esa fuera una opción para detener tanta imagen castradora de diversidades y de empoderamiento femenino”.
CONSECUENCIAS
HHH: ¿Qué consecuencias sociales acarrea que los mensajes publicitarios refuercen el sexismo y la violencia de género?
DCD: Las consecuencias están en que las audiencias son acríticas y los medios tienen un verdadero impacto a la hora de modelar el imaginario simbólico de las relaciones de género. ¿Qué sucede entonces? Un criterio, una imagen de la verdad que se basan en el machismo; mujeres como objetos, convertidas en partes; un patrón de éxito de mujeres y hombres que jerarquiza y vuelve a fomentar las relaciones de poder entre los géneros, siempre en función de esa heteronormatividad y masculinidad hegemónica que perpetúan la discriminación, la sumisión y la objetivación por encima de la equidad, la diversidad y las subjetividades.
“Resultado: naturalización y normalización de la violencia de género, de la violencia simbólica machista y de la posición de mujeres y hombres en función de esas estructuras de poder que legitiman a unos por encima de unas. Otro resultado: refuerzo de las inequidades”.
FALTA LEY DE MEDIOS
HHH: ¿Consideras que se deban regular los contenidos de la publicidad y los mensajes de bien público en cuanto a su tratamiento del género?
DCD: Creo que debe legislarse, que debe existir una ley de medios con perspectiva de género. Esa es mi propuesta. Ahora, quienes se dediquen a pensar, argumentar y llevar a cabo esas medidas deben saber sobre género. Cualquiera no se puede atribuir decisiones asociadas a la equidad y su representación. Se necesita compromiso, ética, sensibilidad y, sobre todo, conocimiento.
15/HHH/GGQ
Doris Zabala se acurruca sudorosa en medio de un sembradío de rábanos mientras arranca los tubérculos del suelo, una actividad que la mantiene activa y alejada del ocio y el desaliento que persistente en muchas cárceles de El Salvador.
“La cosecha ha estado bonita, rábanos bien rojos y grandes”, enfatiza en diálogo con Cimacnoticias/IPS, Zabala, una de las 210 internas del Centro Penitenciario para Mujeres Granja Izalco, ubicada en el municipio con ese nombre, en el occidental departamento de Sonsonate.
La granja-prisión es exclusiva para mujeres en fase de confianza, cuando se les permite visitar a sus familias los fines de semana.
De las 210 convictas, 80 se dedican a actividades agrícolas, el resto ocupa su tiempo en otras áreas, como en cocina o en el cuidado de hijas e hijos de las internas.
En las 26 hectáreas de terreno, las presas utilizan técnicas agroecológicas para producir, además de rábanos, ajonjolí, tomate, maíz y papaya, entre otros. También comenzó a funcionar una pequeña granja de pollos y se espera que pronto le siga una de tilapias.
“En mi casa hay terreno para sembrar, así que, al salir libre, pretendo continuar produciendo porque me gusta”, comentó Cecilia Méndez, de 32 años de edad, seis de los cuales los pasó dentro del reclusorio. Le faltan ocho meses para obtener su libertad, contó a Cimacnoticias/IPS.
La granja se inauguró en enero de 2011 como parte de los esfuerzos gubernamentales por ofrecer alternativas ocupacionales en las sobrepobladas cárceles salvadoreñas y, de ese modo, superar poco a poco el ocio, el hacinamiento y el crimen que reina desde hace décadas.
Con capacidad para a ocho mil 100 reos, los 21 reclusorios de ese país cuadruplicaron su población y llegaron a albergar 32 mil 300 personas presas, según cifras oficiales.
Por el hacinamiento y la precariedad, las cárceles salvadoreñas “dejan al descubierto la enorme crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario”, señaló el informe “El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones”, publicado en noviembre de 2015 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), bajo los auspicios de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
La granja de Izalco es parte del programa gubernamental “Yo Cambio”, oficializado en diciembre de 2014 para intentar cambiar, junto a otras medidas, esa realidad.
Se trata de brindar ocupaciones que ayuden a las y los reos a superar la inactividad y a capacitarlas para que se inserten en la sociedad con mejores destrezas, una vez cumplidas sus penas. También hay proyectos específicos para ampliar y construir nuevos reclusorios y mermar el hacinamiento.
“Todos piensan que no hacemos nada, que pasamos pensando cosas que no debemos, pero en realidad pasamos ocupadas”, acotó Méndez, mientras caminaba entre un sembradío de cebollines.
El uso de técnicas agrícolas amigables con el ambiente, como la fertilización con abonos orgánicos, es clave en el proceso.
“Se trata de enseñarles nuevas prácticas a las privadas de libertad”, explicó a Cimacnoticias/IPS el administrador de la granja, Óscar Menéndez.
“Al que le gusta trabajar, aquí se mantiene ocupado”, opinó María Cristina Vásquez, de 53 años, encargada del cultivo de papayas y del pequeño corral con 100 polluelos que llegaron hace poco y que ella cuida con dedicación.
La producción de la granja es para consumo interno y el resto se distribuye entre los otros centros penales del país.
El 22 de diciembre, el gobierno de El Salvador suscribió un contrato por 4.2 millones de dólares con una empresa constructora para readecuar la infraestructura en Izalco (municipio), y de ese modo ofrecer mejores condiciones.
Otra granja similar, de 50 manzanas de extensión, se localiza en las inmediaciones de la ciudad de Santa Ana, en el departamento de mismo nombre, en el occidente del país.
Pero el programa no se limita sólo a granjas, ya que incluye otras actividades laborales, en otros reclusorios, como carpintería y zapatería. El programa se completa con otras actividades como deporte, educación, salud, religión y arte y cultura.
Pero no todas las personas encarceladas gozan de esas ventajas.
De los 32 mil 300 presos del sistema carcelario (entre mujeres y hombres), solo un tercio cuentan con los beneficios del proyecto, en 12 reclusorios a nivel nacional, informó Orlando Elías Molina, subdirector de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), al ser consultado por IPS.
En la principal cárcel del país, La Esperanza, localizada al norte de San Salvador, las autoridades intentaron a mediados de 2015 iniciar algunas actividades del programa, pero las bandas criminales que controlan el recinto frustraron el esfuerzo, agregó.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
15/EA/GGQ
En las discusiones sobre el matrimonio infantil, donde puede haber coincidencias y desacuerdos, es necesario plantear un hecho grave: que estas uniones forzadas son una realidad “normalizada” en nuestro país, tanto que en muchas partes del país, cuando una niña cumple 12 años, se dice que “ya es una mujer”, lo que “justifica” que pueda ser entregada “en matrimonio”, para disminuir la carga económica de una familia en miseria económica.
México no destina recursos específicos para eliminar esta problemática de las niñas entregadas en matrimonio y detrás de ella están las deficiencias del Estado mexicano para garantizar, proteger y defender la vida de las niñas.
La edad temprana de los matrimonios en México debe ser tema de revisión. En Campeche, por ejemplo, el dato de un colega periodista señala que existe alta incidencia de divorcios entre jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, lo que hace presumir que se casaron a una edad temprana, como para que concluyan en divorcio siendo aún tan jóvenes.
Peor aún es el caso, de extrema gravedad, de las niñas cuyas familias las entregan en matrimonio, alegando la pobreza, su incapacidad para sostenerlas. Se trata de una entrega que más bien tiene visos de “venta” y anula los derechos de la niña y las somete a una vida de violencia.
Algunos hombres mayores, incluso, en un ejercicio extremo de poder, entregan regalos a la niña para lograr que se vaya con él, muchas veces bajo la aceptación o la resignación de la familia, que lo ve incluso como una suerte para lograr salir de la miseria, como en la historia de violencia que narra Inés Arredondo, “Sombra entre sombras”:
“Ermilo Paredes tenía cuarenta y siete años cuando yo cumplí los quince. Entonces comenzó a cortejarme, pero, como era natural, a quien cortejó fue a mi madre.
A base de halagos, días de campo de una esplendidez regia, de regalos de granos, frutas, carnes, embutidos y hasta una alhaja valiosa por el día de su cumpleaños, fue minando la resistencia de mi madre para que me casara con él. Tenía fama de sátiro y depravado”
Las mujeres que trabajan en áreas de protección a la infancia tienen argumentos sólidos y no han dejado de hacer llamados a las autoridades para lograr la eliminación del matrimonio infantil. El tema es claro: necesitamos que las autoridades ejidales, comisarios, presidentes municipales y gobernadores se involucren, lo asuman como una responsabilidad añadida, aunque no explícita, en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
El camino no es fácil, porque incluso cuando las titulares de los sistemas DIF municipales se toman en serio su trabajo y acuden a denunciar los hechos ante los ministerios públicos, éstos resuelven de forma misógina y patriarcal y son ellos –educados en ese sistema y producto de él- quienes deciden si hay o no delito qué perseguir.
En entidades donde aún existe la figura legal del estupro –que no es sino la validación de la violencia sexual contra las niñas por el Estado—existe una resistencia arraigada a impedir matrimonios infantiles, bajo argumentos absurdos como el “gusto de las niñas”, “sabían lo que hacían” o “ya están en edad”.
Lo que sigue a estas falsas justificaciones está una realidad cruel para las niñas: hospitales que se niegan a la interrupción del embarazo, servicios médicos que se niegan o piden el permiso al “marido” para la salpingoclasia (método de anticoncepción quirúrgico), ministerios públicos que le dan una segunda y tercera oportunidad a hombres acusados por estupro con distintas niñas, en menos de un año, con un claro perfil de agresor, escuelas que expulsan a las niñas si presentan embarazos y negativa al acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual.
En suma, una vida de violencia que concluye con mujeres, aún jóvenes, enfermas, cansadas, desgastadas física y emocionalmente, condenadas a una vida de humillaciones, maltrato y abandono. Eso y mucho más hay detrás del matrimonio infantil.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
15/AC/GGQ
Al menos tres son los temas que destacaron durante el 2015 para las mujeres en Sonora. Uno de los que más se habló fue la violencia feminicida, luego de que mujeres organizadas de Ciudad Obregón, ubicado al sur del estado, solicitaran la Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme.
El feminicidio en la entidad se disparó en 2015 con respecto al año pasado, al igual que sucedió en el año 2009 con respecto al 2008.
Ambos años electorales dejaron en la indefensión a las mujeres que sufren violencia extrema por parte de sus parejas, ex parejas, o algún otro integrante de la familia y que, al no ser atendidas de acuerdo al elevado riesgo, murieron asesinadas por sus verdugos.
Estas pérdidas de la vida siguen perpetrándose principalmente en el ámbito familiar en hasta 60 por ciento y el lugar de los hechos es su domicilio, en la mayoría de los casos. Las jóvenes siguen siendo las más afectadas y es el arma de fuego, seguida por la asfixia por estrangulamiento, la más utilizada para asesinar a las mujeres.
Sin embargo, en la serie de actos violentos, es decir aquellos que se infligen para hacer sufrir a la víctima sin que necesariamente le produzcan la muerte, van desde los golpes con algún objeto contundente, heridas con arma punzo cortante, golpes varios, patadas, quemadas, y otras.
Al panorama de violencia feminicida en Sonora, que aumentó en 27 por ciento con respecto al año 2014, se agrega la desaparición, que es previa al feminicidio. Ésta es una circunstancia que no se había establecido con tanta claridad como en este año, constituyendo 23 por ciento del total de los casos del 2015.
PENDIENTE, UNA POLÍTICA CONTRA LA VIOLENCIA
Ante esto hay varios pendientes que se vienen arrastrando desde la anterior administración. Uno de ellos es una política pública bien definida para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y de género. La perspectiva de Derechos Humanos (DH) no ha llegado a quienes toman las decisiones. El destino de la mujer agredida se define dependiendo de quién la atienda, pues se utiliza el criterio personal, mismo que no siempre se apega a los derechos de la víctima.
El otro gran pendiente no resuelto es la creación y operación de un protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género. Además de no contar con el protocolo, la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora no se ha modificado para incluir la obligatoriedad de contar con un protocolo especializado para investigar el feminicidio, lo cual tampoco se ha incluido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como debería haberse hecho desde hace tiempo.
EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES
Otro tema que afecta a las mujeres en Sonora es el embarazo en niñas y adolescentes, donde son estas últimas las que más casos registran. No existe información sistematizada sobre la relación entre el embarazo adolescente y la violencia sexual, pero lo que se sabe es que ésta ha ido en ascenso. En 2014, la Procuraduría reportó 272 casos de violencia sexual, mientras que para octubre de 2015 se tenían registrados 164. ¿Cuántos casos de este tipo de agresiones produjeron un embarazo no deseado? Ese es un dato desconocido.
Por otra parte, la Ley de protección a niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora en su Artículo 25, fracción 8 estipula, que en materia de educación, cultura y recreación de las niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación y Cultura, los gobiernos municipales y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) procurarán proporcionar información, educación y orientación sexual.
No obstante, no se han modificado planes de estudio. Los libros de texto siguen sin incluir educación básica sexual que ayude a promover nuevas formas de relacionarse entre las y los jóvenes, desde la perspectiva de DH, con una visión de autocuidado y empoderamiento para la toma de decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por una parte están los embarazos de adolescentes que fueron violentadas sexualmente, y por otro, las adolescentes que decidieron iniciar sus relaciones sexuales “a ciegas”, pues no recibieron información científica, completa que les permitiera tomar decisiones en libertad y con seguridad.
PARIDAD, UNA GOBERNADORA
El otro gran tema que permeó a las mujeres en Sonora fue la paridad electoral. 2015 fue año de elecciones y por primera vez, después de una lucha de al menos veinte años, una mujer accedió a la gubernatura del estado.
El congreso local, por votación, tendría una representación paritaria entre mujeres y hombres. Sin embargo, impugnaciones posteriores a los comicios y la determinación de autoridades judiciales reasignaron tres de las curules de las mujeres, para otros tantos varones.
Por ello las mujeres se quedaron con 39 por ciento de las diputaciones. De cualquier forma obtuvieron un avance significativo, pues nunca se había podido superar la cifra de 6 curules (18 por ciento) como máximo para las mujeres.
También por primera vez también, en las planillas de todos los partidos para los 72 municipios la lista se componía de mitad hombres y mitad mujeres, pero en forma vertical, encabezadas en su mayoría por varones. Aunque no se logró que presentaran la paridad horizontal y sólo la paridad vertical, por primera ocasión las mujeres accedieron a 63 sindicaturas y la mitad de las regidurías.
URGE PERSPECTIVA DE DH
No son todos los temas que afectan a las mujeres, pero sí son los tres que implican retos muy precisos y que tienen algo en común: la perspectiva de DH. No se podrá bajar el índice de embrazo adolescente mientras a las niñas y jóvenes se les vea como seres sin derechos. Seguirán experimentando a ciegas, y otras siendo víctimas de los depredadores que además de abusar sexualmente de ellas, las obligan a ser madres, sin que ellas puedan tomar decisiones al respecto.
Lograr erradicar la violencia intrafamiliar y reconocerla como potencial de feminicidio requiere la perspectiva de DH. Implica atender las recomendaciones y la sentencia sobre el tema, dictada al Estado mexicano.
Reconocer como DH de las mujeres la participación profesional y política. El reto es elevar la igualdad a eje transversal de las políticas públicas, no sólo en el ámbito electoral a través de la paridad, sino también en la administración pública en los altos niveles, en cumplimiento a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en particular el número 5 referente a la igualdad de género, compromiso signado recientemente por el gobierno mexicano.
Pero nada de lo anterior será posible sin antes tomar la medida decisiva de etiquetar presupuesto para operar las leyes que tutelan y protegen los DH de las mujeres. Sin ésta cualquier oferta para las mujeres es como un mero propósito de Año Nuevo que, como muchos, corre el riesgo de desvanecerse.
Feliz 2016.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
15/SNE/GGQ
2015: un millón de desempleadas, 11 millones en la informalidad y bajos salarios
Producto de la reforma laboral aplicada desde 2012, empeora la calidad de vida de las trabajadoras y de su familia, y se aleja su posibilidad de una pensión.
En 2012, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder Ejecutivo, se aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, dentro de las llamadas “reformas estructurales”, las cuales fueron casi de inmediato aplicadas para iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto. Sus resultados a tres años de administración, muestran un panorama desolador para las trabajadoras mexicanas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el gobierno federal debe garantizar a las mujeres un salario digno que alcance para el gasto familiar y al mismo tiempo sea un piso económico firme que les permita tomar decisiones con miras a prosperar en ámbitos educativos, políticos, artísticos y otros.
Pero lejos de eso, más de 11 millones de mexicanas mantuvieron durante este año de 2015 condiciones informales de empleo, una cifra que es superior por un millón de mujeres respecto de 2014.
Por otro lado, dentro de este grupo, la tasa de ocupación femenina en el sector informal es casi del tres por ciento y es superior a la de los varones.
SALARIOS… NI PARA LA CANASTA BÁSICA
En términos generales, las mexicanas recibieron por su trabajo, en promedio, hasta dos salarios mínimos –poco más de cuatro mil pesos al mes-, lo que impide que una jefa de familia, de las más de cuatro millones que existen en México, logre cubrir el precio de la canasta básica alimentaria, cuyo costo es de mil 247 pesos mensuales por persona, según cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política (Coneval) a noviembre de 2015.
Si se multiplica esta cifra por el promedio de hijos que tiene cada trabajadora, que es entre uno y dos, resulta que cada jefa de hogar requiere de un ingreso mínimo de tres mil setecientos pesos, sólo para costear lo básico en alimentos para su familia, sin contar ropa, artículos de higiene, transporte y otros gastos.
Esta condición de informalidad obligó a que en 2015 hubiera más de un millón 400 mil mujeres, la mayoría con uno o dos hijos y 400 de ellas jefas de hogar, sub-ocupadas; es decir, con disposición y necesidad de trabajar más horas.
Y por eso, más de tres millones de mujeres laboraron más de 48 horas a la semana, lo que rebasa una jornada de ocho horas diarias con dos días de descanso.
Por otro lado, al cierre de septiembre de 2015, ingresaron a un empleo aproximadamente 600 mil mujeres más que en 2014.
Sin embargo, de las que ingresaron a trabajar o trabajaron más horas, prácticamente un millón quedó desempleada, porque la mayoría renunció, perdió su empleo o tuvo dificultades para ingresar a su primer empleo.
Según el Inegi, más de 100 mil trabajadoras le revelaron que se sentían insatisfechas con el empleo que tenían. Se trata de mujeres en su mayoría jóvenes, solteras, con menos de dos hijos o sin hijos, y con un nivel de instrucción más alto.
SIN SEGURIDAD SOCIAL NI PENSIONES
Los datos más recientes sobre cobertura de salud muestran que apenas siete millones de trabajadoras de las más de 19 millones que hay en el mercado de trabajo tuvieron acceso a una institución de salud. La cifra es prácticamente exacta en el mismo periodo pero de 2014.
Por otra parte, diversas reformas a otras legislaciones –como la reciente a la Ley del ISSSTE-, eliminan la oportunidad de que las pocas trabajadoras afiliadas a una institución de salud cuenten con un sistema de pensiones auspiciado por el Estado.
En este contexto, para que una joven de 25 años de edad, que no cotiza en ninguna institución de salud y que acaba de ingresar al mercado del trabajo, pueda tener acceso a una pensión para su vejez, debe trabajar hasta los 65 años de edad y reservar al menos la mitad de su salario para vivir con cinco mil pesos mensuales. Así lo indica un simulador de pensiones del Instituto de Seguridad y Seguros Sociales de los Trabajadores del Estado.
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO
La “reforma laboral” incluyó prohibir el hostigamiento y acoso sexual, hasta ahora las instituciones públicas sólo han presentado protocolos de intervención que no han conseguido que las denuncias por este delito se resuelvan de manera expedita.
Como botón de muestra, durante 2015 Cimacnoticias documentó al menos dos testimonios de dos trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad y una del el Instituto Nacional Electoral que presentaron denuncias por hostigamiento sexual.
Se hicieron investigaciones, algunas con cuestionamientos intimidatorios por parte de los encargados de impartir justicia, que no concluyeron en una resolución favorable y mucho menos en sanciones contra los agresores.
Sin embargo, la administración peñista presume que este año creó la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI. 2015 sobre igualdad laboral y no discriminación.
Se trata de un certificado que elaboró el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y que pueden adquirir los centros de trabajo de manera “opcional”, si desean ser “modelos” en materia de equidad.
Además, el Gobierno federal no ha logrado cumplir su meta de incluir más mujeres en el mercado de trabajo, ya que en la actualidad menos de la mitad de las mayores de 15 años de edad trabaja o está en disposición de hacerlo, principalmente porque no tienen tiempo, ya que se dedican al cuidado del hogar, sin salario, y eso les implica hasta ocho horas diarias de actividad.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en 2015 la población femenina económicamente activa (PEA) sólo sumó 616 mil 653 trabajadoras más a las que había en 2014, mientras que en general la población femenina en edad de trabajar creció casi un millón de un año a otro.
15/AJSE/GGQ
A la mentira la derrota la Verdad, la Memoria y la Justicia, advierte Abuelas de Plaza de Mayo
La Plata, Argentina.- Dos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confirmaron que no existe ningún nexo genético entre Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y la persona que alegaba ser su nieta, quien presentó estudios de un laboratorio privado, por lo que continúa la búsqueda de Clara Anahí Mariani, iniciada hace 38 años.
El supuesto encuentro entre Mariani con su nieta fue difundido ampliamente en redes sociales el 24 de diciembre y retomado por agencias internacionales como Notimex. La abuela se presentó al día siguiente para corroborar la información, que resultó falsa, además de que la falsa nieta sabía que no existía ningún vínculo desde el 13 de marzo pasado, como le informó el Banco.
Ante ello, Abuelas de Plaza de Mayo advierte en un comunicado el día de hoy: “Sepan aquellos que pretenden desvirtuar y echar sombra sobre nuestra lucha de 38 años que el amor triunfa sobre el odio y que la mentira la derrota la Verdad, la Memoria y la Justicia”.
Agendas locales de Género “Mujer y Ciudad, del 18 al 21 de enero
Santiago de Chile, Chile.- La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) junto con la alcaldesa de Santiago de Chile, Carolina Montserrat Tohá, invita a la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Mujer y Ciudad”, que se llevará a cabo del 18 al 21 de enero de 2016.
En la Cumbre se pondrá sobre la mesa el tema del desarrollo de las ciudades desde el enfoque de la igualdad de género, de justicia social del ámbito local, para lo cual se escucharán voces de mujeres y hombres que se sumen a reflexionar y avanzar en el pacto social entre los mismos.
A través de la Cumbre se busca compartir con personas de todo el mundo reflexiones, vivencias, preguntas, logros, frustraciones y obstáculos en torno a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Para mayor información visitar la página: https://www.eventosuim.org/
Recrudece acoso contra Las Abejas, a 18 años de la masacre de Acteal
Acteal, Chiapas.- Un día después de conmemorar 18 años de la masacre de Acteal, el gobierno de Chiapas cortó la luz eléctrica del hogar de tres familias de la comunidad de Kexaluk´um, que forman parte de la Organización Civil Las Abejas de Acteal.
Las familias consideran que esto es en represalia por sus actos de resistencia civil y pacífica, entre ellos dar mantenimiento a las instalaciones de luz y cableado en su comunidad y entregar un aporte económico al patronato de luz. También por negarse al pago de las altas tarifas de energía eléctrica, aunque les siguen llegando recibos de luz a su nombre.
El 11 de diciembre, acompañadas por integrantes de la comunidad, las familias demandaron ante la Comisión Federal de Electricidad la cancelación de envió de recibos, y días después, el 23 de diciembre, personal de CFE cortó la luz, acompañados de autoridades locales, quienes en torno de burla les dijeron “ya se hizo justicia”, lo que nos recuerda, dicen Las Abejas, la actitud que tomaron los paramilitares en 1997.
15/PMG/GGQ