Ninguna ley en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua sobre reclutamiento para trabajo en el extranjero protege los derechos de las mujeres que emigran temporalmente, mucho menos si son indígenas o de algún grupo vulnerable.
Así lo señala el informe “Reglas de reclutamiento: países de origen”, que realizó la Global Workers Justice Alliance y la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (Inilab), conformada por organizaciones civiles, entre ellas el Centro de los Derechos del Migrante y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Andrea Gálvez González, enlace para México de la UFCW Nuestra Voz en el Trabajo, detalló que al no contar con visas legales de tránsito, las mujeres buscan a través de “coyotes” (traficantes de personas) rutas no habituales o de agencias fraudulentas (empresas dedicadas exclusivamente al reclutamiento de personal para que labore en el exterior), que las someten a abusos como cobros excesivos por los traslados o hasta extorsiones.
Por ello, la activista propuso que las plazas vacantes de los programas federales de trabajo para migrantes sean distribuidas por igual entre mujeres y hombres.
REGLAS INSUFICIENTES
De acuerdo con las y los expertos, destaca que en ninguno de los documentos oficiales que consultaron se encontró referencia a la protección especial para mujeres y población indígena, quienes, por ejemplo, batallan con la falta de contratos en su lengua originaria.
Además, a excepción de México y Honduras, el resto de los países no cuentan con regulaciones específicas de reclutamiento, pese a que cada año más de 176 mil personas mexicanas y centroamericanas viajan a Canadá, y otras 100 mil a Estados Unidos, para ocuparse en la agricultura y el sector servicios con visas de trabajo temporal.
Las organizaciones detectaron que no existe en ningún país de la región mesoamericana un programa de empleo temporal que formalice la movilidad laboral y que establezca normas de corresponsabilidad legal entre empresas y gobiernos, ni del papel que podrían jugar las embajadas de los países de empleo en las naciones de origen.
Además no hay un control institucional efectivo sobre las actividades de las llamadas agencias de reclutamiento, lo que permite que éstas cobren por traslados, hospedajes y alimentos hasta 80 por ciento de las ganancias totales de una persona trabajadora.
Entre los abusos más frecuentes de los que son víctimas las personas migrantes están los cobros ilegales en el proceso de reclutamiento, ofertas de visas falsas, retención de documentos, amenazas y represalias por denunciar.
De acuerdo con las y los activistas, hay más de nueve mil personas defraudadas con el ofrecimiento de empleo en más de 15 estados del país. Las organizaciones dijeron no contar con el dato desagregado por sexo.
DISCRIMINACIÓN
Los grupos civiles también alertaron que por discriminación en las empresas que demandan mano de obra migrante, el gobierno mexicano limita el acceso a visas temporales de trabajo para las mujeres que viajan cada año a EU y Canadá para emplearse en el agro o el sector servicios.
Durante la presentación del informe en esta ciudad, Gálvez González, explicó que las mujeres representan sólo 3 por ciento de las casi 20 mil personas que se benefician cada año del Programa Temporal de Trabajo Agrícola en Canadá (PTAT) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México.
No obstante, ese porcentaje contrasta con que en los campos agrícolas del país del norte la población femenina representa la mitad o hasta 60 por ciento de la mano de obra, observó.
Además, la activista dijo que la demanda laboral al menos en México para ir a trabajar en el exterior es exponencialmente mayor que la que logra hacerlo a través de visas temporales, y entre el grupo con deseos de emplearse en el extranjero hay el mismo número de mujeres y hombres.
A decir de Gálvez, el problema central inicia con los empleadores, a quienes el gobierno federal ha permitido año con año establecer como condición que la mano de obra que se solicite sea sólo masculina, lo que disminuye las oportunidades de las mujeres a acceder a visas de trabajo para emplearse de manera regular en los campos agrícolas.
Lo anterior a pesar de que otras normas, tanto de los países de destino como de origen, como la Ley Federal del Trabajo –en el caso de México–, no permiten la discriminación por motivos de género en el ámbito laboral.
16/AJSE/RMB
febrero 2016
Arrestan y criminalizan a defensora del derecho a la educación
Rangún, Myanmar.- La defensora de Derechos Humanos (DH) Nila Thein fue arrestada por la policía bajo el cargo de participar en una supuesta protesta ilegal en esta ciudad del sudeste asiático, y apoyar a estudiantes que pedían una revisión a la Ley Nacional de Educación.
Thein es parte de la Generación del 88, grupo que apoyó las protestas estudiantiles en contra del controversial proyecto educativo de 2015.
La organización Front Line Defenders condenó la detención de la activista, quien ha defendido los DH de las y los estudiantes de forma legítima y pacífica.
Repudia RIPVG eliminación de notas de género en portal argentino
Buenos Aires, Arg.- La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) en el país sudamericano manifestó su preocupación, luego de que la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus Noticias) eliminó 11 mil 700 artículos de los cuales, 445 notas abordan la trata de personas y 415 la violencia contra las mujeres, además de 49 publicaciones del seguimiento de las movilización #NiUnaMenos.
Infojus Noticias depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, y es un portal periodístico con una agenda temática de género desde una perspectiva de Derechos Humanos. Tras eliminar las notas, la agencia despidió a varios periodistas.
La RIPVG repudió los hechos y solicitó al ministro de Justicia, Carlos Garavano, que vuelva a poner en la red todas la notas que dejaron de ser accesibles en la web.
Taller para que las niñas dejen de esperar al “príncipe azul”
Iquique, Chile.- La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) del municipio de Iquique desarrolló el taller de verano “Des-princesamiento”, dirigido a niñas de entre nueve y 15 años de edad.
El objetivo era “fortalecer en las menores de edad el valor del crecer libres de los prejuicios y estereotipos asociados al género, como, para el caso de las princesas, es esperar al ‘príncipe azul’”.
Impulsa Colmex edición y redacción con lenguaje incluyente
México, DF.- El Colegio de México (Colmex) invita a la mesa de discusión “Edición, traducción y redacción con lenguaje incluyente. Los desafíos desde los estudios de género”, a realizarse el próximo lunes 7 de marzo a las 10:00 horas en la Sala Alfonso Reyes del Colmex.
Participarán la profesora-investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colmex, Rebeca Barriga, así como la directora de Publicaciones del Programa Universitario de Estudios de Género, Cecilia Olivares. Para mayor información, visitar la página http://difusion.colmex.mx/images/incluyente.pdf.
16/PMG/RMB
Excluidas las españolas de altos cargos en el Poder Judicial
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Gloria Poyatos, aseguró que en la cultura y la sociedad del país ibérico aún existe una desigualdad entre los sexos que debería tenerse en cuenta en los procesos judiciales.
“Escuchen bien, porque van a oír hablar mucho de ello, vamos a trabajar para exigir que se juzgue con perspectiva de género”, convocó el pasado viernes en la presentación de la jornada “No hay Justicia sin Igualdad”.
Poyatos presentó a la AMJE ante un salón abarrotado en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: “Formamos parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), que cuenta con más de cuatro mil socias en 75 países. Entre sus objetivos, que son también los nuestros, está la defensa de la mujer, no solo de la mujer jueza, sino la defensa de la mujer a un nivel global e internacional. La discriminación hacia la mujer no es monopolio de un país, la única diferencia es la virulencia con la que se expresa”.
En un plano más “doméstico”, la jueza explicó que “la carrera judicial española dispone de su propio ‘techo de cristal’”, basado fundamentalmente en las trabas a la conciliación.
Eso es así porque “muchas mujeres juezas, al igual que el resto de las carreras y profesiones, administramos nuestro tiempo con unos valores: el de los cuidados”. Esto se convierte en una desventaja a la hora de acceder a los cargos discrecionales, donde sólo se tienen en cuenta ciertos méritos formativos, dijo Poyatos.
La presidenta de la AMJE recordó que “aunque tenemos una carrera mayoritariamente femenina, en la que cerca de 52 por ciento son mujeres”, lo cierto es que “la cúpula judicial está ocupada en monopolio por el sexo masculino”.
Eso demuestran los datos: el Tribunal Supremo apenas llega a 13 por ciento de mujeres, y sólo una de las 17 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA tiene nombre de mujer (la valenciana).
Para que esta situación anacrónica e injusta cambie, desde la asociación que se presentó el viernes proponen que se tenga en cuenta el cuidado a familiares como un tiempo efectivo de formación del juez y la jueza, pues es una experiencia que aporta mucha capacidad a la hora de ejercer la profesión.
“Queremos conseguir la representación femenina, tan necesaria, en las jerarquías jurisdiccionales y gubernativas de la carrera judicial”.
Gloria Poyatos afirmó que la asociación tiene como objetivo defender la igualdad, más allá de la carrera judicial. “Queremos trabajar por los Derechos Humanos de mujeres y niñas de un modo transversal”.
Para ello, aportaron “12 pasos de justicia hacia la igualdad”, entre los que aparecen propuestas concretas para luchar contra las distintas formas de discriminación.
La jueza recordó que la “cara más feroz” de la discriminación a las mujeres es la violencia de género, frente a la que ha exigido a todos los grupos políticos “aunar esfuerzos” para lograr un pacto de Estado a la que le deben dedicar todos los medios humanos y materiales que hagan falta.
La presidenta de la AMJE estuvo acompañada por Victoria Ortega, la primera mujer presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Clara Martínez de Careaga, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Adela Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional; la anfitriona Pilar Becerril, y la cineasta Isabel Coixet, quien envió un mensaje en video.
Ortega señaló que en su reciente toma de posesión dijo “que cuando no sea noticia que una mujer acceda a la presidencia de la Abogacía o a la presidencia del Supremo, del Constitucional o a cualquier cargo político, seguramente estaremos más cerca de haber conseguido esa igualdad que la mujeres nos hemos ganado hace mucho tiempo y que la sociedad necesita”.
La presidenta de la Abogacía Española reconoció que estas limitaciones que encuentran las mujeres a la hora de desarrollar su carrera son comunes en la mayoría de los ámbitos. “Cuanto más arriba, más barreras”, dijo.
Ortega abogó porque “el acceso de las mujeres a la justicia se haga en condiciones de igualdad, algo que no se hace en este momento”. Y para “ello tenemos que caminar juntas”.
La experta abundó que la Abogacía lleva tiempo trabajando en dos campos: el de las personas refugiadas y el de la trata. “Sólo si acabamos con las guerras acabaremos con lo que hoy es una tragedia inconmensurable”, advirtió, pero “no acoger a estas personas es una vergüenza”.
Clara Martínez de Careaga afirmó que “la humanidad posee dos alas, una es el hombre y otra es la mujer, mientras no consigamos que las dos alas sean iguales, la humanidad no podrá volar”. Y por eso, “luchar por la igualdad es luchar por la libertad y el futuro de nuestra sociedad”.
Resaltó que estaba en la inauguración como presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que es “la que tiene la responsabilidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todo el ámbito del Poder Judicial. Lo que es lo mismo, luchar por la libertad y el futuro de una sociedad igualitaria”.
Denunció que a pesar de que las juezas son mayoría en la carrera judicial, si “miramos al Tribunal Supremo nos encontramos que más de 85 por ciento de los magistrados son varones”. Y “más de 80 por ciento de los presidentes de las Audiencias Provinciales también son hombres”.
Y no es que no existan candidatas idóneas para esos puestos. “Contamos con muchas mujeres expertas, competentes, inteligentes y valientes que, sin embargo, y aunque hoy en día nos pueda parecer increíble, siguen compitiendo en condiciones de desigualdad por trasladar a esos puestos su capacidad y su liderazgo”.
Martínez de Careaga añadió, entre otros ejemplos, que “en estos momentos una jueza sigue peleando en el Tribunal Supremo por revocar una decisión del CGPJ que asignó una presidencia de un Tribunal Superior de Justicia a un varón situado a más de mil puestos por debajo de ella en el escalafón”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad concluyó que “la igualdad no es el fruto de la inercia o del curso lineal de la historia”. Revertir esta situación “requiere de nuestro trabajo” y necesitamos “el clamor y la rebeldía de las mujeres”; “son las personas las que hacen la historia”.
Adela Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, sostuvo que “esa formal consagración de la igualdad de derechos en la Constitución comienza a progresar hacia la igualdad material, hacia la igualdad real en nuestro país”. “Hemos venido para quedarnos”, advirtió Asúa.
“Estas jornadas rinden homenaje, necesariamente, a mujeres que fueron pioneras y por las que estamos aquí: María de Maeztu, Victoria Kent, Clara Campoamor, María Telo, Emilia Pardo Bazán, y otras tantas”, destacó.
Asúa enfatizó que la Asociación Internacional de Mujeres, de la que es integrante, “sitúa como objetivo fundamental el empoderamiento de las mujeres para acceder a la judicatura y para acceder a puestos de responsabilidad en tribunales internacionales”.
La experta felicitó a las impulsoras de AMJE, “agradeciendo su dedicación, su esfuerzo y su impulso, su liderazgo demostrado, su pasión y su decisión para asumir este reto sin recato”.
La anfitriona Pilar Becerril, presidenta de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, recordó que ella también es la primera mujer que accedió a la presidencia de esta sociedad.
En la jornada “No hay Justicia sin Igualdad”, magistradas expertas analizaron las principales discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral.
Se abordó la brecha salarial, la conciliación de la vida laboral y familiar, los derechos sociales de la víctima de violencia de género, la feminización profesional, el “techo de cristal” y el acoso sexual ocupacional. También se debatió en torno a las violencias de género y otras discriminaciones sociales.
16/GL/RMB
Ante la presunta intención del gobierno federal de poner todavía más trabas a las declaratorias de Alerta de Violencia de Género, activistas llamaron a defender la AVG como un mecanismo útil a favor de las mujeres al que se debe mejorar y no entorpecer su aplicación.
“Por eso debemos estar atentas y no decir ‘no sirve’ (la AVG), porque es lo que quieren (las autoridades) para desaparecer este mecanismo que ha sido útil. Lo que falla es que no se aplica correctamente”, advirtió la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza.
La defensora de Derechos Humanos (DH) insistió que la AVG se creó como un mecanismo de protección para las mujeres, y para que el Estado integre todas sus capacidades en aquellos lugares del país donde se ha detectado la existencia de violencia feminicida, es decir, todas aquellas violencias que en conjunto ponen en peligro la integridad y vida de las mexicanas o que culminan con su asesinato.
Luz Estrada consideró que pese a sus deficiencias, la AVG ha sido un mecanismo útil aun cuando las fallas reales están en su aplicación, y en la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la problemática, ya que prevalece la preocupación por la imagen (del estado) o la ignorancia hacia el umbral de la violencia feminicida y sus consecuencias para la sociedad.
“Nos han dicho las mismas autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) que ahora todo mundo está pidiendo la alerta y que hay organizaciones que piden y que no están argumentando debidamente. Yo lo que les contesté es que como autoridad es su trabajo investigar, pero no se pueden cerrar o condicionar los criterios para pedir la AVG.
“Ellos ya no quieren investigar y el Congreso de la Unión, a través del Senado, está volviendo a llamar a mesas para discutir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Entonces es un riesgo que tenemos porque quieren poner ‘candados’ a la alerta, como mecanismo que está evidenciando la gravedad del feminicidio y las desapariciones de mujeres en México”, criticó la coordinadora del OCNF.
La AVG se ha solicitado desde 2008 para entidades como Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Baja California, Michoacán, Colima, Sonora, Morelos, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Desde entonces sólo se han obtenido tres declaratorias. Uno de los casos más complicados fue el del Estado de México, donde finalmente se decretó el 30 de julio de 2015. También se declaró en Morelos y recientemente en Jalisco.
El Reglamento de la LGAMVLV posibilita que, antes de que se declare la AVG, se emita una recomendación a los estados, opción que ha suplido a la alerta como tal, replicando la simulación para atender la problemática, observó Estrada.
Una vez que se solicita la AVG, se conforma un Grupo de Trabajo coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres, e integrado por instancias federales y estatales, y especialistas de instituciones académicas a nivel nacional y local.
Después de un mes de investigaciones, el grupo rinde un informe que debe ser publicado. Emite recomendaciones al gobierno estatal y le da un plazo de seis meses para aplicar programas o acciones de combate a la violencia contra las mujeres.
Si se cumplen las recomendaciones, lo más probable es que no se declare la AVG. Si el estado rechaza el informe y sus recomendaciones, o pese a aceptarlo incumple con sus preceptos durante los seis meses de plazo, se declarará la alerta.
“Para mí ese es el mayor obstáculo, porque en el momento en que se emiten las recomendaciones se debe declarar la AVG. De lo contrario, pasan los seis meses y las autoridades locales siguen investigando mal, sin protocolos, siguen simulando que atacan el problema cuando en realidad no hacen nada, o todo lo siguen haciendo igual de mal, mientras a las mujeres las siguen matando”, apuntó la activista.
16/AF/RMB
“Yo no me iré tranquila hasta que se haga justicia, sólo entonces podré descansar”
Doña Demesia, sobreviviente de Sepur Zarco
El pasado viernes 26 de febrero, en la sesión número 20 del juicio de Sepur Zarco, se dio por cerrado el debate y se dio lectura a los resolutivos de una sentencia emblemática para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, así como para la justicia y memoria histórica de Guatemala.
A las 4 de la tarde, ante una sala repleta, la presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, la juez Yassmín Barrios, dictó sentencia condenatoria en contra del teniente del Ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig.
Este juicio y su sentencia pasará a la historia por varias razones: por ser la primera ocasión en la que se enjuicia a militares por esclavitud sexual en un Tribunal nacional; y fundamentalmente, porque 15 mujeres lograron romper el silencio y contar sus historias, porque estas valientes mujeres lograron colocar la vergüenza donde debe de estar: del lado de los perpetradores, de los violadores.
Sepur Zarco es una comunidad ubicada entre los departamentos (estados) de Izabal y Alta Verapaz, entre los municipios de Panzós y El Estor; ahí, en 1982, se instaló un destacamento militar cuyos soldados cometieron graves violaciones a los DH de la población indígena q’eqchi’. A los hombres los desaparecieron y asesinaron; a las mujeres las obligaron a lavar la ropa y cocinar, además de esclavizarlas sexualmente.
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los enfermeros del destacamento se encargaban de inyectarles anticonceptivos o administrarles pastillas para no presentar embarazos. Las víctimas también narraron que debían alimentar a los militares, mientras veían a sus hijos morir por falta de alimento y medicamentos.
La historia de violencia sufrida por las mujeres en Sepur Zarco fue conocida por primera ocasión en el Tribunal de Conciencia en marzo de 2010 en Guatemala.
En aquel tribunal, el Estado guatemalteco fue juzgado de forma simbólica por la utilización de la violencia sexual como un arma de guerra en contra de las mujeres indígenas, y como parte de la política genocida del ex dictador Efraín Ríos Montt.
A partir del acto simbólico que implicó la sentencia emitida por el Tribunal de Conciencia en 2010, organizaciones civiles integradas en la Alianza contra la Impunidad trabajaron junto con las mujeres y lograron conjuntar los elementos necesarios para en 2012 presentar una querella en contra de los perpetradores.
Así, gracias al trabajo de litigio estratégico, el pasado 1 de febrero, después de vencer varios obstáculos legales, inició el juicio en contra de Reyes Girón y Valdez Asig, acusados por los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual contra 11 mujeres, el asesinato de dos mujeres y dos niñas, así como la desaparición forzada de seis hombres.
En su fallo, el Tribunal determinó que la violencia ejercida en contra de las mujeres se produjo en el contexto del conflicto armado, y específicamente en un despojo de tierras a personas indígenas q’eqchi’ por parte de un grupo de la élite guatemalteca.
Ante el reclamo de restitución de sus tierras por parte de la comunidad de Sepur Zarco, el Ejército, en alianza con los terratenientes, señaló a la población como colaboradores de la guerrilla y los ubicó como enemigos internos para acusarlos ante los tribunales militares.
Heriberto Valdez Asig, quien se desempeñaba como comisionado militar, fue el encargado de señalar a los supuestos colaboradores de la guerrilla y participó en sus detenciones. Por su lado, Esteelmer Reyes Girón –quien era teniente del Ejército y fungió como el jefe del destacamento– tuvo conocimiento pleno de todo lo que ocurría.
El Tribunal dio por acreditado el patrón de desaparición y asesinato de los hombres y la posterior violación de las mujeres, a quienes además se les quitaron sus propiedades y fueron esclavizadas. Todo esto propició que la población huyera a la montaña, donde murieron de hambre y frío.
Consideró además, que al violar a las mujeres, los militares buscaron su destrucción humana y cultural. La violación sexual no se realizó en calidad de botín de guerra, sino como una estrategia para destruir no sólo el cuerpo de las mujeres, sino al enemigo. Es así como la violencia sexual se convirtió en un instrumento de guerra.
El pasado 26 de febrero, tras 20 sesiones, el desahogo de 26 peritajes, 34 testimoniales, 16 pruebas documentales relacionadas con el teniente y nueve con el ex comisionado militar, se sentenció a Esteelmer Reyes Girón a 120 años de cárcel por su autoría en la comisión de los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual, cometido en contra de 11 mujeres y el asesinato de una mujer y dos niñas.
Y a Heriberto Valdez Asig se le condenó a 210 años de cárcel por su autoría en la comisión de los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual contra 11 mujeres y la desaparición forzada de seis hombres.
Este caso es un triunfo para los DH: la verdad histórica de la violencia cometida en contra de las mujeres es una verdad legal.
Con Sepur Zarco se inicia un proceso que debe continuar; todos los perpetradores de la violencia sexual que sufrieron miles de mujeres durante el conflicto armado en Guatemala deben ser juzgados y sancionados, solo así aseguraremos que estos crímenes nunca más vuelvan a cometerse.
*Abogada feminista
16/KMS/RMB
Con 35 años de carrera como profesora, investigadora y estudiante, la doctora Tessy López Goerne ha ganado múltiples reconocimientos, y el honor de ser considerada una de las mujeres que debería ser nominada al Premio Nobel de Química, según la organización británica The Council for Parity Democracy.
Oficialmente, las nominaciones al Nobel son confidenciales, pero hasta ahora López Goerne ha sido laureada con diversos galardones. Este año recibió el Premio TWAS, que otorga The World Academy Of Sciences, mismo que ha sido entregado a varios Nobel de la época moderna.
A propósito de que el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, estipulado por la UNESCO, Cimacnoticias conversó con la doctora en Química.
PASIÓN POR LA CIENCIA
Cada vez hay más mujeres que se inscriben en la Universidad, pero aún son pocas las que continúan una carrera en la investigación, y quienes lo hacen se concentran en las Ciencias Sociales y no en la ingeniería y la tecnología, dice el estudio “Mujeres en la ciencia”, elaborado por la UNESCO.
En México, del total de estudiantes de doctorado, el 47 por ciento son mujeres y del total de investigadores, 32 por ciento son de sexo femenino.
Además, las que llegan a ser investigadoras tienden a trabajar en el sector académico (35 por ciento) y de gobierno (30 por ciento), mientras que los varones dominan el sector de la investigación privada, que ofrece mejores salarios y oportunidades de crecimiento profesional.
La doctora López Goerne –de 55 años de edad y semiparalizada del cuerpo debido a un infarto cerebral en 2010– es una de las mujeres que ha conseguido escalar todos estos niveles. Realizó estudios de licenciatura en Fisicoquímica, una maestría en Estado Sólido, y un doctorado en Ciencia de Materiales por la UAM, pero además ha sido profesora-investigadora.
Su principal aporte a la ciencia es en el estudio de las nanoparticulas (partículas microscópicas), con lo cual ha trabajado en la petroquímica, para erradicar la contaminación del agua y el aire, y tratar enfermedades como el pie diabético, la epilepsia, el Parkinson, el cáncer, y la enfermedad de EPOC en los pulmones.
“Tengo 35 años en la UAM. Estuve 25 en Iztapalapa y los últimos 10 en Xochimilco. Decidí ir a la UAM por azares del destino. Soy guanajuatense, y mi papá quería que yo estudiara en la UNAM, sin embargo estaba en huelga y entré a la UAM a finales del 78.
“Empecé mi carrera ahí, hice la licenciatura, la maestría y el doctorado en Ciencias Exactas. Había muy pocas mujeres y una gran cantidad de hombres. Se llamaba la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Terminé siendo casi la única mujer siempre”.
–Anayeli García Martínez (AGM): Pareciera que la ciencia es un área tan complicada que incluso dialogar con científicos se torna difícil.
–Tessy López Goerne (TLG): Depende de la persona, creo que conmigo no es tan difícil dialogar; mis hermanos y mis amigos no se quejan. No hablo de ciencia nunca, cada vez que estoy con alguien que no es científico no hablo de ciencia.
“Dentro del campo científico y tecnológico entonces sí, ahí la pelea es muy dura para una mujer. Haciendo un cálculo tiene que hacer 10 veces más el trabajo que un hombre para que le den el mismo reconocimiento y las que estamos en un buen nivel hemos trabajado mucho. Toda nuestra vida”.
Ser una mujer casada y madre de dos hijos no le impidió a Tessy López seguir su trayectoria profesional. Incluso su primer hijo lo tuvo a los 24 años y asegura que las labores domésticas siempre las compartió con su pareja, que además también es científico.
“Empecé a trabajar mis nanomateriales. Como son átomos y enlaces, pensemos en un rompecabezas; las piezas son esos átomos y esos enlaces, y hay que unirlos de tal manera que se forme la molécula que necesitamos. Así que hay que conocer muy bien las propiedades físicas y químicas de esos átomos y de esos enlaces, y los problemas que se quieren resolver”.
CURA AL PIE DIÁBETICO
En México, desde el año 2000 la diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
La doctora López Goerne sabe lo que es esa enfermedad, pues una de sus hermanas murió de diabetes infantil, y porque ahora es una de sus líneas de investigación.
“Primero había que ver qué pasa con el pie diabético: es un pie que está lleno de bacterias de diferentes especies y todas ellas conviven entre sí y cada vez van carcomiendo más y más al pie hasta que llega un momento en que el pie es insalvable, y lo que hacen los médicos es cortar primero hasta la rodilla y luego la pierna, posteriormente sigue la otra.
“Ahora que tenemos gente que acude con nosotros, que está todo el tiempo atendiéndose y que sigue las reglas que nosotros les decimos: que sean constantes, que no dejen su tratamiento, etcétera, todo se curan”.
La doctora explica que ha usado las nanoparticulas para hacer un gel con el que se trata el pie diabético, para curar las heridas fáciles de cerrar que después provocan la amputación.
–AGM: Teniendo estas pruebas sobre el tratamiento del pie diabético, ¿la han llamado de alguna institución para apoyarla?
–TLG: Sí, tres o cuatro, el problema es la gente que no viene. Le hablo de 300 pacientes curados, pero no es nada para la cantidad de diabéticos que hay México.
“Si somos el primer país del mundo en diabéticos no son suficientes, son muy pocos y por otro lado, si usted me pregunta si el gobierno nos ha apoyado: no, el gobierno no nos ha apoyado.
“El gobierno federal nos ignora porque no confía en la investigación mexicana, así que si nuestro propio gobierno no confía en la investigación mexicana.
“Tengo trabajo de investigación, de difusión de la cultura, doy clase, así que ya no era posible. Tengo que bajar el ritmo de mis actividades y me quedé con el trabajo donde tenía más experiencia”.
–AGM: ¿Cómo se financia el laboratorio que dirige?
–TLG: El laboratorio es de la UAM, yo lo monté con el dinero de la Comunidad Europea y trabajamos en él dos profesores contratados y todos los demás son alumnos. No tengo apoyo en nuevo personal.
“La universidad no tiene dinero para darnos para investigación, gasta casi todo en sueldos. La universidad no es la culpable, es el gobierno que le da poco dinero para que nos dé para la investigación”.
INVERSIÓN EN CONOCIMIENTO
–AGM: Tiene un campo de investigación muy amplio, ¿ha recibido apoyo de instancias gubernamentales para desarrollarlas?
–TLG: No. Tuve un proyecto de la Comunidad Europea; me dieron 2 millones de euros; estuve bastante tranquila con eso porque pude comprar varias cosas para mi laboratorio, que eran necesarias y que siempre pedíamos prestado o regalado, y equipos.
“Se han graduado conmigo 68 alumnos, es decir, alumnos que han hecho investigación y la tesis. La UAM tiene un plan trimestral; yo cada trimestre empecé con 100 alumnos dando clases en el primer trimestre, después pasé al segundo y al tercero donde ya eran 50 y 30 al menos, posteriormente impartí el laboratorio de física y química que tiene 30 alumnos, pero (lo di) durante 30 años.
“He recibido muchas mujeres (para tesis), pero también hombres; doy mucha preferencia a las mujeres”.
En 2010 la doctora López Goerne estuvo tres meses en coma, pero tras recuperarse entró en una fase de rehabilitación. Aunque no se podía mover dice que su mente estaba totalmente clara y escribió un libro: “Introducción a la nanotecnología y la nanomedicina”, y al segundo año escribió “Nanomedicina y cáncer”.
“Mi vida fue la misma, claro que cambia un poco, ahora soy paralítica y no lo era. Muchas actividades que hacía antes no las puedo hacer, pero todo lo intelectual, lo que se hace con la mente, no cambió nada”.
Ahora su más reciente libro es “Nanomedicina y epilepsia”, acaba de terminarlo y está en proceso de revisión para ser publicado.
16/AGM/RMB
Cientos de personas realizaron una caminata silenciosa en esta capital de estado de Puebla, para exigir justicia por los casos de feminicidio y desaparición de mujeres en la entidad en meses recientes.
Encabezado por las familias de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, marchó un consternado contingente de más de 500 personas, conformado por mujeres y hombres vestidos de negro de todas las edades y condición social.
Con pancartas en las que se leía “Ni una menos”, “Ni una poblana más”, “El feminicidio es responsabilidad del homicida, nunca de la víctima”, y “Macho hipócrita, defiendes al no nacido y matas a las nacidas”, entre otras consignas, el contingente recorrió desde el Paseo Bravo, por la calle principal de Reforma, hasta llegar al Zócalo poblano y realizar un emotivo mitin.
En la entidad, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) registró, mediante un seguimiento hemerográfico, 145 casos de asesinatos violentos de mujeres desde 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio, de los cuales sólo 17 han sido consignados por este crimen. El Odesyr reporta 16 casos en apenas dos meses de 2016.
María del Carmen González Hernández, originaria del municipio de Cholula y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), acudió a la marcha acompañado de su hijo de dos años de edad.
“Pienso que todas corremos el mismo riesgo, por eso estoy aquí; vienen las familias, pero también están las mujeres que nadie está buscando, las que nadie nombra, las que encuentran muertas en la periferia y ni siquiera sabíamos cuál era su nombre verdadero”, dijo al referirse a los dos cuerpos de mujeres hallados en las localidades de San Gregorio Zacapechpan, San Pedro Cholula y San Jerónimo Caleras, y que están en calidad de “desconocidas”.
En el corazón del Centro Histórico poblano, las familiares de mujeres desaparecidas denunciaron que la Fiscalía General del estado, encabezada por Víctor Carrancá Bourguet, no ha dado respuesta a la petición de buscar a sus hijas, y que por el contrario, les sugiere que “se fueron con el novio” y que “pronto regresarán”.
Rocío Limón Alvarado, madre de Paulina Camargo Limón, joven de 19 años, recordó que hace seis meses su hija desapareció y que presentaba un embarazo de 18 semanas. Contó que su asesino confeso, su ex pareja José María Sosa Álvarez, lleno de ira mató a Paulina de forma violenta.
La mujer instó a la sociedad poblana para que despierte y exija justicia, y deseó que ninguna familia sea tocada por este dolor.
María Montes denunció que su hija María Fernanda Montes, de 14 años, desaparecida el 28 de noviembre de 2013, fue asesinada por su novio, y a pesar de poner la denuncia correspondiente, el responsable sigue prófugo. “Voy a la fiscalía y me dicen lo mismo: que la investigación sigue abierta”, acusó.
Argelia Romero, madre de Olga Nayeli Sosa Romero, estudiante de la BUAP asesinada por su pareja, el médico Moisés Torres López, rompió en llanto al denunciar que la custodia de su nieto la tiene compartida con los padres del asesino de su hija, quien también fue cómplice en ocultamiento de pruebas.
Carmen Paredes también tomó el micrófono durante el mitin y dijo que su hija Blanca Estela Solar Paredes, de 16 años, desapareció el pasado 12 de enero presuntamente “enganchada” por su novio Valentín Santiago Juárez, de 21 años y originario del municipio de Zacatlán de las Manzanas.
La mujer acudió al Ministerio Público porque sospecha que su hija puede ser víctima de redes de trata de personas, pero las autoridades le dijeron que ella misma investigue y encuentre a la joven.
Una adulta mayor también subió al escenario y llamó a la sociedad a organizarse: “Así nos tratan porque ven que no estamos organizados. Estos gobernantes sólo quieren una Puebla bonita de hoteles para que vengan los turistas. Ya ven, ni un voto al PAN”.
A lo que la gente congregada en la plaza exclamó: “¡Ni al PRI!”.
El pasado sábado fue encontrada asesinada Samaí Márquez Salgado, de 25 años de edad y con ocho semanas de embarazo. Fue ultimada presuntamente por su pareja sentimental, Rafael Portillo Abundis, quien se espera sea consignado por feminicidio. Este crimen indignó a la población y se inició la campaña #JusticiaparaSamai.
La Articulación Feminista Poblana leyó un pronunciamiento para exigir medidas urgentes al Ejecutivo estatal, entre ellas: la aplicación del Protocolo Alba para localizar a mujeres desaparecidas sin importar su edad; disposición de personal para la búsqueda inmediata, y la conformación de una comisión revisora de expertos de todos los casos calificados como homicidios dolosos de mujeres.
EXIGEN NUEVO PROTOCOLO
Este jueves 25 por la mañana, un contingente feminista protestó frente al Congreso local, donde comparecía el fiscal Carrancá Bourguet, para exigir un nuevo protocolo que reconozca todos los casos de feminicidio.
Con tambores y consignas como “Alerta vecina, feminicida en la esquina”, las decenas de activistas también se dirigieron a la Comisión de Derechos Humanos estatal para clausurarla simbólicamente, toda vez que se ha negado a solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) al gobierno poblano y las instancias correspondientes.
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Crecen las posibilidades para que la ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, en el estado de Guerrero, Nestora Salgado García –presa desde 2013– quede en libertad, luego de que la madrugada de hoy se repusiera una de las irregularidades en el juicio que enfrenta por el supuesto delito de secuestro.
Esta madrugada Nestora se presentó ante el Juzgado 67 Penal con sede en el reclusorio capitalino de Santa Martha Acatitla, donde debió rendir su declaración preparatoria como si fuera la primera vez que respondiera por las tres imputaciones de secuestro en su contra.
Lo anterior, luego de que este martes 23 de febrero los jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en el municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero –que llevan las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014 en contra de la ex comandanta–, ordenaran regularizar el procedimiento en las tres acusaciones, ya que –argumentaron– se violó su derecho a la asistencia consular.
A la también defensora de Derechos Humanos –de nacionalidad mexicana y estadounidense– se le acusa de secuestro, cuando en realidad actuó bajo el sistema de justicia comunitaria, reconocida por la ley estatal, y detuvo a varios adolescentes por supuesta distribución de drogas, así como al síndico municipal Armando Patrón Jiménez por la presunta manipulación de pruebas en la escena de un crimen.
En la audiencia, que inició poco minutos después de las 10 de la noche del jueves y concluyó cerca de las tres de la madrugada de hoy, Nestora, quien lleva dos años y seis meses en prisión (actualmente en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de esta ciudad), se reservó su derecho a declarar.
El abogado Sandino Rivero dijo a Cimacnoticias que hoy el Juzgado 67 Penal enviará el expediente a los juzgados de Tlapa, para que analicen el caso y decidan si a Nestora Salgado le dictan auto de formal prisión o un auto de libertad en el plazo de una semana.
Hace un semana, la defensa legal de la ex comandanta solicitó que “se repusieran” las tres acusaciones en su contra, argumentando que el proceso es irregular, ya que las autoridades mexicanas que la detuvieron no respetaron su derecho a la asistencia consular al ser ciudadana estadounidense.
El 21 de agosto de 2013, cuando Nestora fue detenida por un operativo de elementos federales y estatales en Guerrero, ella mostró su pasaporte, pero aun así la policía, el Ejército y la Marina no le garantizaron su derecho a tener asesoría de la embajada de Estados Unidos.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la violación del derecho a la asistencia consular tiene como resultado la reposición del procedimiento desde el momento en que se decrete la retención.
En la audiencia de hoy no estuvo ningún representante de la embajada de EU, pese a que fue notificada del proceso en contra de una ciudadana de aquel país. Aun así, esta vez se notificó a Nestora de su derecho a la asistencia consular, derecho que decidió no ejercer, ya que de aceptarlo el proceso se hubiera alargado más hasta que recibiera la asesoría de un funcionario estadounidense.
Sobre ello, el abogado Rivero explicó que a partir de la negación del derecho a la asistencia consular en 2013, el Juzgado ordenó reponer los tres procedimientos, lo que significa que todo queda sin efecto hasta el acto en que la ex comandanta fue presentada ante los jueces.
Defensa Estratégica en Derechos Humanos, organización civil que litiga el caso, estimó que existen elementos suficientes para que la próxima semana los jueces puedan emitir autos de libertad en las tres causas penales, ya que a lo largo de los últimos 12 meses se han aportado pruebas de descargo.
Asimismo, los abogados señalaron que hay pruebas que no existían hace más de dos años cuando los jueces resolvieron por primera ocasión la situación jurídica de Nestora.
Precisaron que hay tres denuncias pendientes contra la activista, mismas que conocieron tras interponer un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión. Hasta ahora no se ha presentado la orden de arresto por tres acusaciones por los delitos de secuestro, homicidio, y una más por privación ilegal de la libertad y robo.
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