En el estado de Guerrero son madres casi 12 mil adolescentes, se informó este lunes durante la instalación y toma de protesta del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), que preside Mercedes Calvo Elizundia.
El GEPEA tiene como fin coordinar esfuerzos de diferentes instancias estatales y municipales, para abatir el índice de embarazos tempranos que hoy se encuentra en 18 municipios de la entidad por arriba de la media nacional, con cifras de 85.5 gestaciones por cada mil adolescentes.
El Grupo es presidido por Mercedes Calvo Elizundia, y la secretaria estatal de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, fungirá como secretaria técnica, mientras que Norma Elena Sáenz Galicia coordinará al grupo.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta a las y los integrantes del GEPEA, se congratuló por la instalación del mecanismo con el que –dijo– se permitirá atender a las adolescentes en edad reproductiva y que necesitan de información para prevenir embarazos prematuros.
Mercedes Calvo reafirmó el compromiso de poner en marcha la estrategia nacional para la prevención de embarazos en adolescentes, ya que necesita del trabajo conjunto para cumplir con la meta de reducir al 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes de entre 15 y 19 años de edad para el año 2030, y erradicar las gestaciones en niñas de 14 años o menos.
El secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, aseguró que el embarazo prematuro representa un problema social que muchas veces interrumpe proyectos de vida de las jóvenes, aunado a las complicaciones en la salud y riesgos en embarazos en las menores de edad, por lo que se debe atender de manera integral y urgente.
Agregó que es preocupante que las y los adolescentes inicien su vida sexual sin la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) o de los embarazos, y que pueden pasar hasta cinco años entre la primera relación sexual y el uso del primer anticonceptivo, lapso en el que se registra el mayor número de gestaciones tempranas, en especial en las regiones Costa Chica, Montaña y Centro.
Norma Elena Sáenz, secretaria técnica del GEPEA, indicó que según datos del Consejo Nacional de Población, en Guerrero residen 750 mil adolescentes que representan 21 por ciento de la población, y con base en la encuesta del Inegi 2015, se registraron 11 mil 972 nacimientos en madres adolescentes, además de que 18 municipios se caracterizan por su alto nivel de marginación y la tasa de embarazos tempranos está por arriba de la media nacional.
Por ello –precisó– es necesario atender la salud sexual y reproductiva como un derecho de las y los jóvenes, garantizándoles acceso universal a una salud sexual y reproductiva más sana a través de la prevención de embarazos no deseados y de ITS.
16/RGO/RMB
junio 2016
Grupos civiles e instancias académicas preparan un “informe sombra” sobre el cumplimiento de México de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el cual presentarán ante el Comité de expertas que evalúa el acatamiento del instrumento internacional y que también recibirá el informe oficial del Estado mexicano.
El objetivo del documento ciudadano es aportar información veraz y actualizada sobre la situación de los derechos de las mexicanas, además de incluir el grado de avance del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de la CEDAW le hizo en 2012, así como las de años anteriores y las que se hicieron a partir de otros mecanismos de Derechos Humanos, como el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.
Así lo informaron hoy la académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández; la directora de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta; y Rosy Laura Castellanos, presidenta del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), quienes participaron en el “Seminario de organizaciones civiles para la elaboración del informe sombra CEDAW 2016”, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la máxima casa de estudios.
Gloria Ramírez explicó que en julio próximo el Estado mexicano debe enviar al Comité de la CEDAW (conformado por 23 expertas internacionales) su informe oficial sobre la situación de la población femenina en diferentes ámbitos, para lo cual el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ya empezó a coordinar reuniones y foros con organismos civiles.
El Estado está obligado por la CEDAW –instrumento internacional vinculante al que México se adhirió en 1981– a rendir cada cuatro años un informe sobre la situación de las mujeres; sin embargo, el gobierno federal ha omitido esta obligación en años anteriores, y el último informe que presentó fue en 2012, por lo que todo debía estar listo con antelación para que este 2016 rindiera su noveno reporte.
No obstante, la académica detalló que será hasta julio próximo cuando el Estado envíe su informe y lo haga público, por lo que su sesión ante el Comité de la CEDAW (que también revisa informes de otros países) se podría posponer hasta 2018 debido a su retraso en el envío del reporte.
Según Ramírez Hernández, la elaboración de un “informe sombra” es importante porque la CEDAW es un órgano internacional en el que la sociedad civil debe dar su punto de vista, ya que tiene legitimidad ante Naciones Unidas para ser escuchada y para que sus informes sean recibidos.
Además, la participación efectiva de la sociedad civil es la consolidación y el significado de la democracia; y porque en este país la igualdad es todavía una asignatura pendiente, detalló.
La también doctora en Ciencias Sociales adelantó que para este año se prepararán informes sobre derechos políticos, migración, Alerta de Violencia de Género, Ciudad Juárez y otros, pero cuyas recomendaciones particulares quedarán unificadas en un solo informe.
Al mismo tiempo, el documento contendrá evaluaciones en el avance de las recomendaciones que la CEDAW hizo desde 2012, por ejemplo, en el tema de derechos políticos de las mujeres y en el de acceso al aborto, que en algunos casos se han cumplido parcialmente y en otros más bien muestran retrocesos, explicó la también defensora de los DH de las mujeres.
Por su parte, Lucía Lagunes dijo que es importante que para este nuevo reporte la sociedad civil rinda información sustentada porque, recordó, en 2012 los 22 “informes sombra” (13 del ámbito nacional) que presentó la sociedad civil hicieron un contrapeso importante respecto a la participación de la delegación oficial mexicana, que no pudo responder a varias de las preguntas que le hizo el Comité de la CEDAW.
Para la creación de este informe, las seis organizaciones e instancias académicas convocantes (entre ellas la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y la Red Mesa de Mujeres) llamaron a que se sumen más organismos civiles, a fin de visibilizar la condición de las mujeres en todos los ámbitos y llevar un documento con recomendaciones claras y unificadas.
También informaron que el próximo 25, 26 y 27 de agosto presentarán los primeros avances de este “informe sombra”.
16/AJSE/RMB
Redes de periodistas exigieron a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJ) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), que garanticen la seguridad de Gloria Ruíz García, reportera del periódico Sin Censura.
Desde marzo pasado, Ruíz García ha recibido amenazas en sus redes sociales por parte de Edgar Puente Sánchez y Raúl Villarreal Cervantes, ex dirigentes del estatal Partido Joven; las amenazas fueron después de que la comunicadora publicara información sobre la venta de placas falsas para vehículos ilegales.
La denuncia periodística mostraba la presunta colusión de los dos políticos. Apenas la madrugada del pasado 25 de junio, un colaborador de la reportera, Jorge Vitales, recibió llamadas y mensajes de texto amenazantes y dirigidos contra Ruíz García.
Ante las amenazas anteriores, desde el 23 de marzo la periodista interpuso una denuncia ante la PGJ con número de expediente 00111/ACU/UAI/2016, pero como resultado sólo se le asignó vigilancia, misma que se le retiró sin previo aviso el pasado 25 de mayo.
Aunado a esto, la investigación no ha presentado avances y no se le ha brindado ningún tipo de información sobre el proceso.
De acuerdo con las redes de periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), se negó a atraer el caso alegando que las amenazas no fueron recibidas en el celular de la periodista, sino de su compañero.
La Red Nacional de Periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) llamaron a las autoridades a garantizar que la reportera acceda a la justicia y se le brinden medidas de protección.
16/AGM/RMB
Reprueba Congreso violencia política contra ex edil de Chenalhó
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó la violencia contra las mujeres que acceden a puestos de decisión, y en particular la violencia contra la ex alcaldesa del municipio chiapaneco de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar con base en los “usos y costumbres” del pueblo tzotzil.
La Comisión Permanente solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas que investigue y deslinde responsabilidades frente a la posible comisión de delitos, en contra de Rosa Pérez, quien duró en el cargo por sólo nueve meses.
En mayo pasado, la ex edil de Chenalhó presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días habitantes de la localidad tzotzil mantuvieron tomada la alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena, en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió”.
A decir del Congreso federal, es claro que la demanda de la población estuvo sustentada en los “usos y costumbres” que relegan a las mujeres por el simple hecho de serlo.
La alcaldesa vivió amenazada durante los meses que duró su mandato y fue obligada a renunciar con métodos violentos; el pasado 25 de mayo sus opositores irrumpieron en el Congreso de Chiapas y retuvieron a los diputados Eduardo Ramírez y Carlos Penagos, éste último coordinador del Partido Verde Ecologista de México.
Ambos políticos fueron llevados a la plaza central de Chenalhó, donde permanecieron 18 horas en una especie de juicio popular indígena, que incluyó la humillación tzotzil de vestir de mujer al diputado Ramírez, “por no cumplir su palabra”.
Horas después se realizó una votación sustentada en los “usos y costumbres”, de la cual resultó electo como presidente sustituto el síndico Miguel Santiz Álvarez.
En ese contexto, “obligar a que las mujeres renuncien a los cargos adquiridos por vía de la democracia, es una afrenta al Estado de Derecho que no debe ser permitida”, dijo la Comisión Permanente, que además advirtió que es necesario reconocer la existencia de la violencia política contra las mujeres.
Es por ello que las y los legisladores federales exhortaron al gobierno de Chiapas a garantizar los Derechos Humanos y políticos de las mujeres que ocupan algún cargo de elección popular.
La Permanente también pidió al Congreso de Chiapas adoptar medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o designación.
El punto de acuerdo aprobado indica que el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.
Además destacó que las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones civiles, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, para senadores y diputados federales persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.
El acuerdo también precisa que la violencia política impacta en el derecho a votar y ser electas en los procesos electorales; y afecta el desarrollo de las mujeres en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos, aspirantes a cargos públicos o al interior de sus partidos.
Asimismo, muestra que la violencia repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos en las mesas directivas de casilla.
16/AGM/RMB
Estrategia de Felipe Calderón elevó tortura sexual contra mujeres
La tortura sexual, física y psicológica contra las mujeres detenidas por soldados, marinos y policías es generalizada, ya que de 100 casos documentados desde 2011, en 72 por ciento se perpetró este delito, concluyó Amnistía Internacional (AI).
En el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, AI aseguró que, a menudo, las fuerzas de seguridad torturan y violentan sexualmente a las mujeres detenidas.
Al presentar la investigación en conferencia de prensa en esta ciudad, la directora regional de AI, Erika Guevara-Rosas, y la coordinadora del análisis, Madeleine Penman, expusieron que para este informe entrevistaron a 100 mujeres recluidas en prisiones federales, que dijeron ser víctimas de tortura o violencia física y psicológica.
Los datos indican que en medio de la estrategia de seguridad pública implementada de 2006 a 2012 por el entonces titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, fue frecuente el arresto de mujeres como una forma de incrementar las cifras de detenciones de integrantes del crimen organizado.
Las denuncias documentadas por AI fueron en 19 estados y 82 por ciento de las entrevistas fueron de mujeres detenidas a partir de 2011.
De las entrevistadas, 72 dijeron ser víctimas de abuso sexual durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 denunciaron haber sido violadas; del total, 66 contaron que denunciaron ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se abrieron pesquisas para esclarecer y castigar a los culpables de los maltratos.
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, dijo Erika Guevara-Rosas.
A decir de la defensora, AI ha documentado casos de denuncia de tortura sexual, pero no habían profundizado en los casos de las mujeres porque creía que se trataba de casos excepcionales, y quizás las detenidas no pasaban por los mismos sufrimientos, ni se les infringían los mismos tratos.
AI documentó que la cultura de violencia contra las mujeres que impera en el país también se traslada a la esfera de los crímenes cometidos por el Estado, como la tortura, y es que los casos revisados indican que la práctica preferida de las fuerzas de seguridad es la violencia sexual desde la penetración hasta los tocamientos del cuerpo.
Entre los casos que se documentaron, está el de Mónica Esparza Castro, mujer de 26 años, violada por seis agentes de la policía y torturada con descargas eléctricas, asfixia e intento de ahogamiento en la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, el 12 de febrero de 2013.
También presentaron el caso de Verónica Razo Casales, detenida en la Ciudad de México el 8 de junio de 2011, y quien fue violada sexualmente, torturada con descargas eléctricas, golpeada por policías federales y acusada de secuestro. Otro caso es el de Claudia Medina Tamariz, también detenida y torturada sexualmente por marinos en Veracruz el 7 de agosto de 2012.
Ante estos hechos, AI llamó a las autoridades mexicanas a adoptar medidas urgentes para abordar y prevenir la violencia sexual y la tortura de mujeres, y es que aseguró que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, adscrito a la Secretaría de Gobernación, aún no funciona.
Tal mecanismo agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, AI destacó que en los nueve meses transcurridos desde su creación ha estado inactivo, y no hay avance alguno en los tres únicos casos que se han presentado ante la instancia.
Por otra parte, se prevé que este año el Senado discuta un proyecto de Ley General sobre la Tortura, por lo que las representantes de AI llamaron a las y los legisladores a garantizar que tenga perspectiva de género, y que todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos sean excluidas de los procesos penales.
16/AGM/RMB
Organizaciones feministas y mujeres políticas de Estados Unidos celebraron la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia del país vecino, que ayer declaró inconstitucional la ley de Texas conocida como “House Bill 2” (HB2), que pretendía eliminar la mayoría de clínicas para interrumpir embarazos en el sureño estado.
La ex senadora por Texas Wendy Davis, quien en 2013 habló durante 11 horas ante el Congreso estatal para obstruir la aprobación de esa ley antiaborto, expresó en declaraciones a la revista Rolling Stone, que la decisión del máximo tribunal reivindica el derecho de las estadounidenses a decidir sobre sus cuerpos.
“Lo que esta decisión significa para las mujeres de Texas es que sus derechos constitucionales han sido protegidos; significa que han sido escuchadas, y significa que los legisladores serán considerablemente desafiados si continúan intentando cerrar el acceso seguro y legal al aborto en este estado y en este país”, abundó Davis.
El daño que la ley –anulada por la Corte Suprema– infligió al estado no será muy fácil de sanar, dijo en su oportunidad la directora de pólizas de la Unión de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés), Rebecca Robertson.
La activista y defensora de Derechos Humanos agregó ayer en conferencia de prensa que “cuando la ley pasó, las clínicas de aborto se redujeron de 42 a 19, y a pesar de esta victoria, algunas de ellas no volverán a abrir. A veces toma años reconstruir el acceso que teníamos antes que leyes como ésta fueran aprobadas”.
Avalada en 2013, la Ley HB2 exigía que las clínicas de aborto en Texas cumplieran con dos requisitos: primero, que tuvieran una infraestructura igual a la de los centros quirúrgicos ambulatorios, y segundo, que el personal médico reuniera una serie de requerimientos administrativos para poder realizar las intervenciones.
Ambas disposiciones fueron consideradas médicamente innecesarias por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organización que inició la demanda jurídica contra la Ley HB2 en abril de 2014 ante una Corte federal.
“Establecimos la demanda para prevenir que el segundo estado más grande de la nación regrese a millones de mujeres a esos tiempos oscuros y peligrosos de abortos ilegales que el juicio ‘Row contra Wade’ supuso detener”, dijo la presidenta del CDR, Nancy Northup, en un comunicado el 2 de abril de 2014.
Según documentos en línea de la Corte Suprema de EU, el juicio “Row contra Wade” reconoció en 1973 el derecho constitucional de las mujeres a tener un aborto seguro.
Northup insistió en que la gran mayoría de mujeres ni siquiera requieren hospitalización después de abortar, y muchas interrupciones del embarazo requieren sólo un par de píldoras.
“No hay duda de que los políticos aprobaron esta ley como un golpe final en su asalto contra el derecho constitucional de las mujeres a tener un aborto legal y seguro”, expresó la presidenta del CDR en el mismo comunicado de 2014.
Tras dos años de batallas legales y apelaciones, la Corte Suprema confirmó lo que Nancy Northup y muchas otras organizaciones civiles ya habían dicho sobre lo estipulado en la Ley HB2.
Stephen G. Breyer, uno de los cinco jueces que votó contra la norma, sostuvo que “ninguna de esas disposiciones ofrece beneficios médicos suficientes para justificar los requisitos para el acceso (al aborto). Son un obstáculo importante en el camino de las mujeres que buscan un aborto antes de la viabilidad (…), y cada una (de las disposiciones) viola la Constitución federal”.
Con cinco votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley HB2 y puso en duda normas similares en 12 estados de EU (Dakota del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Kansas, Misuri, Oklahoma, Misisipi, Alabama, Luisiana, Tennessee y Virginia), de acuerdo con un recuento de la televisora NBC News.
“Estamos muy satisfechas con la decisión de la Corte Suprema. Pero la lucha para proteger el acceso al aborto no ha terminado”, manifestó en un comunicado la directora ejecutiva de ACLU en Texas, Terri Burke.
“No hay ninguna razón para creer que van a dejar de tratar de negar el acceso al aborto a las mujeres. Pero hoy y en el futuro vamos a seguir la lucha para asegurar que este derecho siga protegido”, abundó.
Según el departamento de Servicios de Salud de Texas, en 2013 el número total de abortos ascendió a 63 mil 849, de los que 46 mil 826 se realizaron en una clínica especializada.
16/CAR/RMB
Guerrero, donde más asesinan a mujeres de entre 15 y 30 años
De 2003 a 2015 se han registrado 2 mil 774 casos de asesinatos de mujeres en ocho municipios del estado de Guerrero, aseguraron integrantes de la Alianza Feminista, quienes confiaron en que esta cifra sea suficiente para que el Ejecutivo federal emita la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
En conferencia de prensa, representantes populares y de organizaciones civiles, académicas, investigadoras y activistas lamentaron que se registren altos índices de asesinatos de mujeres, pero consideraron más grave la impunidad con que se cometen, ya que muy pocos casos han sido castigados.
Ayer, representantes de la Alianza Feminista entregaron al Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) la solicitud de AVG para Guerrero, la cual se analizará y en próximos días la instancia informará si procede o no.
De acuerdo con las activistas, es en el puerto de Acapulco donde se han registrado más homicidios de mujeres, y en ese orden le siguen Chilpancingo, Iguala, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
Otra cifra que expusieron fue que el estado ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres entre los 15 y 30 años de edad a nivel nacional.
Desde diciembre pasado, en el Congreso local legisladores de Movimiento Ciudadano propusieron que se solicitara la AVG, pero la iniciativa no fue apoyada por el resto de las bancadas bajo el argumento de la proximidad de las vacaciones y que afectaría los destinos turísticos.
Además –dijeron las fracciones contrarias a la propuesta– no había una petición formal por parte de organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres.
Las activistas confiaron en que si el Ejecutivo federal emite la AVG para Guerrero se podrá contar con los recursos económicos y estrategias coordinadas entre los tres niveles de gobierno, para abatir el índice de homicidios contra las guerrerenses.
Por normatividad, el Inmujeres cuenta con tres días hábiles para revisar que la solicitud de AVG cumpla con los requisitos enmarcados en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Después será enviada a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Alianza Feminista aglutina a diversas organizaciones civiles, como la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad y Autonomía en Movimiento; Comunidad Raíz Zubia; y la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas, entre otras.
Para apoyar la solicitud de AVG en Guerrero, los grupos ciudadanos llamaron a juntar firmas a través de la plataforma Avaaz.
Concebida desde la LGAMVLV (promulgada en 2007), la AVG es un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres. La alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
16/RGO/RMB
Se declaró la cuarta Alerta de Violencia de Género (AVG) en México. En el estado de Michoacán las agrupaciones feministas celebraron el decreto –logrado por su impulso y movilización social– y ahora esperan que se garanticen la protección, seguridad y derechos de las mujeres en la entidad.
Este lunes 27 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la AVG en 14 municipios michoacanos: Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.
En el estado se han registrado 892 casos de feminicidio de 2006 a 2016, que la organización civil Humanas Sin Violencia monitoreó y dio seguimiento para solicitar la AVG el 19 de diciembre de 2014.
Se confirmó que en Michoacán existen varios tipos de violencia de género –documentados por Humanas sin Violencia–: feminicidio, violencia sexual, violencia institucional y desplazamiento forzado por conflicto armado.
En entrevista telefónica, la directora de Humanas Sin Violencia, Lucero Circe López, dijo a Cimacnoticias que se sienten “satisfechas con la respuesta de los gobiernos estatal y federal. Que declaren la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Michoacán respalda nuestro trabajo y lo que hemos denunciado desde 2006, que sí existe un alto índice de feminicidio en este estado”.
Acotó, no obstante, que declarar la alerta no significa que las mujeres ya no vayan a ser víctimas de violencia, por lo que confió en que se establezcan medidas de protección, seguridad y el respeto a los derechos de las michoacanas.
La víspera, la AVG para Michoacán se declaró formalmente en un evento oficial encabezado por el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, así como representantes de las instituciones de salud, educación y procuración de Justicia a nivel estatal y federal.
FALLAS EN LA ATENCIÓN
El número de casos reportados por Humanas sin Violencia es limitado, porque la realidad que viven las mujeres en la entidad ha reducido las posibilidades y condiciones para que denuncien ante las autoridades, abundó.
Lucero Circe López explicó que tan sólo de 2010 a 2015 el personal de salud en Michoacán atendió a 92 mil 730 mujeres, bajo la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres. Criterios para la prevención y atención, de las que sólo dos mil denunciaron violación.
Apuntó que las víctimas de violencia sexual que solicitan la atención de salud tienen que esperar más de cuatro horas, incluso trasladarse a zonas donde no les corresponde según la proximidad de su domicilio, por cuestiones de seguridad ante el control del narcotráfico en la entidad.
Los agresores de las mujeres no sólo son sus parejas, las michoacanas también son asesinadas o violadas por elementos del Ejército, la Policía Federal (PF) y del crimen organizado. Por lo tanto el miedo que las mujeres sienten hacia sus agresores se incrementa y se sienten más vulnerables, indicó la activista.
INCIDENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
“Observamos que los últimos cinco casos tienen características de ejecución. Es un fenómeno postguerrilla, porque muchos jóvenes que estaban en los grupos armados se volvieron sicarios”, afirmó Lucero Circe.
“Sabemos que la manera de actuar del crimen organizado es entrar y desestabilizar a través de los cuerpos de las mujeres. Y junto a una política pública que no pensó en un mecanismo de seguridad de la ciudadanía, la violencia hacia las mujeres se elevó”, alertó.
En 2006 el entonces titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, inició el “Operativo Michoacán”, que significó la llegada de 15 mil elementos del Ejército y PF al estado para combatir al crimen organizado.
En 2009 ocurrió “El Michoacanazo”, es decir la detención de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios de alto nivel y un juez por presuntos nexos con el narcotráfico.
A la convulsión social en la entidad se sumaron las llamadas “Autodefensas” formadas en 2013 por la propia ciudadanía cansada de la violencia, control y desplazamientos cometidos por los cárteles de la droga. Situación con efectos en particular contra las mujeres.
16/GVV/RMB
Ayer 27 de junio se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Michoacán. Es la tercera que activa la Secretaría de Gobernación (Segob), pues una cuarta declaratoria fue decretada por el propio gobernador (es el caso del estado de Jalisco).
El Estado de México, que si bien fue donde la Segob declaró la primera AVG en el país, se debió a la petición del mandatario local, pese a que años atrás ya la había solicitado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y en todo ese tiempo dio seguimiento e insistió en la necesidad de implementar el mecanismo por ser la entidad con mayor incidencia de feminicidio en México.
Hasta ahora se han presentado 15 solicitudes de AVG, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo de la Segob encargado de atender las solicitudes, y convocar a los grupos de trabajo para que investiguen y realicen los diagnósticos en los estados donde se pida la alerta, y funge como secretaría ejecutiva en el proceso para que se declare o no, tal y como estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en febrero de 2007.
Bajo lo establecido en el Reglamento de 2008 de la LGAMVLV, Nuevo León y Chiapas presentaron sus respectivas solicitudes. En la primera entidad, el 13 de enero de 2012 por parte de la organización civil Arthemisas por la Equidad. En la segunda, la petición se presentó el 25 de noviembre de 2013 por parte del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.
Según las normas del Reglamento vigente desde 2013, otros estados presentaron su solicitud de AVG.
Michoacán, el 19 de diciembre de 2014, por la organización civil Humanas Sin Violencia. Colima, el 22 de diciembre de 2014, por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fundación Ius Género. Baja California, el 27 de enero de 2015, por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Sonora, el 25 de mayo de 2015, por Manitas por la Equidad y No Violencia, y Alternativa Cultural por la Equidad de Género.
En Veracruz la solicitud de AVG se presentó el 9 de septiembre de 2015, por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres. En Querétaro, el 29 de octubre de 2015, por Salud y Género Querétaro y Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. En San Luis Potosí, el 23 de noviembre de 2015, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Veracruz es la entidad que más recientemente solicitó la AVG, en abril pasado, y fue por “agravio comparado”, modalidad contemplada en la LGAMVLV que es cuando alguna legislación local vulnera los derechos de las mujeres.
Según el Reglamento, a partir de la publicación del informe del Grupo de Trabajo que se haya conformado para investigar las solicitudes y en caso de ser aceptado por el Ejecutivo estatal, se da un plazo de seis meses para que éste diseñe estrategias e inicie la ejecución de medidas para cumplir con las recomendaciones emitidas, y combatir las problemáticas detectadas en el reporte.
En caso de que la o él titular del Ejecutivo estatal no acepte el informe o que en el plazo de seis meses no cumpla los compromisos, la Segob declara la AVG y determina las acciones de prevención, seguridad y justicia que sea necesario implementar.
Lo cierto es que con todo y las AVG –declaradas o no por la Segob o los gobernadores– a las mujeres las siguen asesinando en su casa, en la calle, en algún lugar desconocido, y después son arrastradas hacia algún camino, una laguna, algún canal, son tratadas como objetos tirados como si fueran desechos.
Aun así, habiendo disposiciones específicas en el Reglamento, el procedimiento de la AVG ha sido interpretado en las formas más inconcebibles, alejándola de su espíritu original. En algunos estados se emitió un informe de conclusiones y recomendaciones, que fueron aceptadas por los gobiernos locales y con ello concluyó el proceso.
En Jalisco se emitió un informe y el gobierno decidió declarar la AVG de “motu proprio” (voluntariamente). Otras entidades callaron durante varios años y de pronto deciden revivir el procedimiento, para reactivar la posibilidad de cumplimiento de las recomendaciones, como si los perpetradores de las muertes violentas de mujeres estuvieran dispuestos a dar tregua.
En algunos estados la solicitud se hizo para todo el territorio estatal, sin embargo se emitió sólo para algunos municipios considerados por el gobierno local como los que presentan violencia, dejando de lado los demás.
La AVG más reciente declarada por la Segob, la de Michoacán, es la tercera que emite la dependencia. La primera fue para el Estado de México, declarada el 28 de julio de 2015 en coordinación con el propio gobernador.
En el Edomex, la Segob declaró la AVG sólo para 11 municipios; para Michoacán la decretó en 14. A casi un año de la primera AVG declarada en México, son 14 las solicitudes interpuestas por las organizaciones civiles por feminicidio, y una en Veracruz por “agravio comparado”.
Sonora es uno de los estados que cumplió puntualmente con el compromiso de la titular del Ejecutivo local, Claudia Pavlovich, de solventar las 12 recomendaciones del Grupo de Trabajo en atención a la solicitud de AVG para el municipio de Cajeme, misma que se extendió a toda la entidad.
El gobierno de la entidad se comprometió a realizar acciones concretas e involucró a los secretarios y titulares de las dependencias responsables de llevarlas a cabo. Esto es inédito, según expresó la titular de Conavim, Alejandra Negrete, al recibir el informe de cumplimiento el pasado 1 de junio.
Sin embargo, las mujeres siguen siendo asesinadas cruelmente. Los recientes crímenes hablan de una indiferencia y hasta burla contra la AVG, que si bien no ha sido declarada en Sonora, se ha publicitado que el gobierno está realizando acciones para atender e intentar parar la violencia feminicida.
Los cuatro asesinatos más recientes han sido de crueldad contumaz, tres de ellos en público. Una golpeada en la cabeza con su hija de dos años en el lugar donde dormía; una más acuchillada; otra acribillada en la calle frente a su hija, y otra más apuñalada hasta morir, así como a sus dos niños que quedaron graves, son las formas en que Caborca, Soyopa, Obregón y Huásabas han conocido de cerca el feminicidio.
Pero para evitarlo no se han tomado medidas emergentes, de urgencia. Lo que hay en todos los informes sobre la AVG son una serie de llamadas de atención por no haber cumplido lo que se debe hacer cotidianamente, según la LGAMVLV.
Por ello el feminicidio no para. En 2015 documentamos 62 casos en Sonora, de los cuales sólo 25 fueron consignados como feminicidio. En 2016 tenemos 21 casos documentados y la crueldad tiene cara de impunidad. Por ello, no necesitamos que la Segob nos lo diga, es evidente: estamos en Alerta… Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora y todo México.
Twitter: @mujersonora
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
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El mayor obstáculo que afronta el discurso de las “nuevas masculinidades” impulsada desde algunas instituciones, es que se promueven sin partir del reconocimiento de que toda masculinidad por sí misma sólo conoce de hegemonía por ser una noción resultado de una imposición arbitraria, y como tal, busca su aceptación incorporando los “intereses” de la subalterna feminidad (excluida y subordinada).
Así, venimos escuchando informes en los que se aprovecha la moda por la violencia basada en género para enunciar que ésta también incluye a los hombres, pero sin aclarar por supuesto que es el mismo sistema que oprime a las mujeres, que las violenta, sin reconocer y sin incorporar que, en medio del incremento de la violencia, la que se ejerce contra las mujeres se adaptó y evolucionó.
Son incansables las explicaciones de por qué no se puede incluir a los hombres en las leyes de protección a la violencia basada en género, al menos no en tanto la realidad siga como hasta ahora en un contexto de control y sometimiento basado en el poder económico, en sólidas estructuras de género que se aplican sobre las figuras femeninas o las “identidades femeninas”, incluso sobre masculinidades feminizadas por la opresión misma o autoidentificadas con roles feminizados.
La promoción de las “nuevas masculinidades” supone que los hombres pueden continuar con sus relaciones con múltiples parejas que dan sustento y fundamento al mito-discurso hegemónico de la hombría a partir de las parejas y el sexo, añadiendo el enfoque de una nueva forma que únicamente muta y evoluciona hacia un “usar condón” y “proteger a su pareja”, así desde una posición superior de “cuidado” a un débil incapaz de decidir por sí mismo.
El discurso entraña por supuesto una forma de “alianza” o apoyo con la oprimida, con la subordinada que es la subalterna y sin la cual es imposible comprender la hegemonía de la masculinidad.
Pero, ¿realmente puede hablarse de una masculinidad que no va al fondo de la esencia misma, que ni siquiera supone un trastocar que lo femenino como lo masculino son una imposición arbitraria basada en una noción dicotómica del deber ser en relación con una genitalidad específica?
No, por supuesto.
Lo más fácil es pretender que la nueva masculinidad supone un enfoque en el que como cuando se construyen nuevas hegemonías incorporan las voces de las oprimidas, se concede, se actúa con anuencia y “cuidado” de ellas, porque una nueva hegemonía no basa el control en la violencia, sino en la mirada condescendiente.
No cuestiona la sexualidad ni la forma como la “masculinidad” percibe su propio goce y su propia aproximación a la sexualidad, la entiende y la promueve desde una masculinidad hegemónica dominante.
No hay mayor hipocresía que suponer una nueva masculinidad sin abordar, como sí se hace desde el feminismo, la deconstrucción de las nociones del poder, el control, desde un nuevo horizonte de poder de múltiples participaciones, y que la “masculinidad hegemónica” está imbricada en distintas esferas como lo es la política, cultural, económica, social y con ello, lo laboral, lo sexual y lo más íntimo.
De lo contrario seguimos bajo el supuesto de que el dominio y la libertad sexual de la masculinidad y su posición “protectora” sobre una débil feminidad, realmente constituye una pieza clave de la creencia que alimenta la “perversa división del trabajo” en el espacio privado.
Aún más, supone que la masculinidad hegemónica sigue basada en la fuerza y el ímpetu de la penetración subyugante frente a una persona penetrada subyugada, y es como lo personal, lo íntimo de la sexualidad se revela en un masculino dominante sobre un femenino subyugado latente en el discurso de que quien se abre, se vulnera. De ahí el símil expresivo entre un equipo ganador y uno perdedor como el que “coge y el que es cogido”.
Así y sólo así podemos entender la lucha y el afán por ganar, por imponer, por el liderazgo vertical y por supuesto por la incapacidad masculina de permitir que haya un participación femenina mayoritaria y liderando los cambios, y en cambio le apuestan a un liderazgo masculino de los feminismos. La hegemonía otra vez, la única y la que se resisten a cuestionar.
La fórmula, el camino no se los vamos a indicar, pero sí les decimos que no somos las subalternas que agradecen la concesión porque “incorporen las visiones de las mujeres”, lo que buscamos no es la permanencia ni la continuidad de intereses masculinos y femeninos basados en discursos hegemónicos, sino atrevernos a transitar hacia una sociedad sin violencia y opresión contra las mujeres, y en consecuencia contra el otro feminizado desde el suponerlo débil.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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