Pese a que uno de los objetivos del gobierno federal es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizar su acceso a la justicia -según el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018- el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 prevé recortes a programas en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Para cumplir este objetivo el PPEF incluye en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un apartado que contiene montos específicos para este objetivo.
Entre las instancias que reciben recursos para erradicar la violencia de género están la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de la Segob, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR.
Para 2017 el PPEF contempla una reducción para los recursos del programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, de la Conavim, toda vez que planea otorgarle 143 millones 844 mil 21 pesos, mientras que en 2016 recibió 204 millones 370 mil 290 pesos.
Con los recursos de este programa la Comisión realiza diversas acciones, por ejemplo, diseña e instrumenta la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres y construye y equipa los Centros de Justicia para las Mujeres.
A la fecha existen 29 Centros de este tipo que están en funcionamiento, 27 de los cuales atendieron a un total de 17 mil 13 mujeres víctimas de violencia durante los primeros tres meses de 2016, según informó la Conavim a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su primer informe trimestral sobre avances financieros.
En una reunión con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Alejandra Negrete Morayta, titular de esta instancia, informó que estos centros están equipados para atender a las mujeres, cuentan con Ministerio Publico, salas de juicios orales y ludoteca para las hijas e hijos de las víctimas.
De acuerdo con la funcionaria este año se invirtieron 51 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia para las Mujeres y hasta ahora sólo falta que Tlaxcala tenga uno de estos complejos arquitectónicos.
La Segob también es la encargada de operar el “Programa de Derechos Humanos” el cual está en manos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de esta dependencia, el cual funcionará con menos recursos el siguiente año; este año recibió 37 millones 205 mil 286 pesos; para 2017 obtendrá 19 millones 76 mil 260 pesos.
Estos recursos son para acciones específicas para mujeres en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y la Protección de Víctimas de estos Delitos.
Parte de esta bolsa también se usa para operar y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
En materia de delitos la PGR también recibe recursos para atender la violencia de género a través de la Fevimtra, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. El PPEF también reduce los recursos destinados a esta instancia.
Por ejemplo, el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, pasaría de tener 66 millones 179 mil 517 pesos, a 52 millones 271 mil 350 pesos.
La SEIDO utiliza estos recursos para acciones como capacitar al personal en temas de sensibilización de género y para realizar investigaciones como lo mandan las Leyes Generales para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Otro programa que opera la PGR es el de Promoción del respeto a los Derechos Humanos y atención a víctimas del delito – a cargo de Fevimtra– a través del cual se realizan investigaciones acordes con las leyes para erradicar la trata de personas y la violencia de género el cual tuvo este año 4 millones 76 mil 570 pesos y para 2017 recibirá 3 millones 694 mil 582 pesos.
Actualmente la Cámara de Diputados está en análisis del PPEF 2017 para que las y los diputados eventualmente hagan modificaciones para aprobarlo en noviembre próximo, en este proceso la Comisión de Igualdad de Género puede proponer adecuaciones a fin de no reducir los recursos para hacer frente la violencia de género.
16/AGM/LGL
septiembre 2016
Penalizar aborto y negar servicios de salud, grave violación a DH
Tras considerar que la penalización del aborto y la denegación de proporcionar un acceso adecuado a servicios para la interrupción del embarazo, son formas de discriminación basadas en el sexo y una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, Relatores de Naciones Unidas exhortaron a los Estados del mundo, a derogar las leyes restrictivas que penalizan el aborto y eliminar las barreras para acceder a servicios de salud reproductiva.
En el contexto del 28 de septiembre, “ Día Internacional del Aborto Seguro”, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, Alda Facio; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, Dainius Pūras; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Simonovic, expresaron su apoyo para considerar el 28 de septiembre, como el Día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo.
En un comunicado emitido a propósito de la efeméride, las y los expertos recordaron que en pleno siglo XXI el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que cada año se realizan alrededor de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, mientras que 47 mil mujeres mueren por complicaciones derivadas de prácticas inseguras en la interrupción del embarazo.
El equipo de especialistas señaló que la prohibición del aborto tiene un impacto negativo en la salud pública y que lejos de reducirlo incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y niñas que buscan servicios ilegales e inseguros.
Por ello también hicieron un llamado a los gobiernos para que niñas y adolescentes tengan acceso a la interrupción de embarazos no deseados, “los cuales si se llevasen a término, las exponen a un mayor riesgo para su salud y su vida, además de impedir concluir con su educación y educación y obstaculizar el desarrollo de sus posibilidades económicas y sociales”.
“La posibilidad de acceder a un aborto seguro sigue siendo esencial: los embarazos no deseados no pueden prevenirse totalmente, dado que ningún método anticonceptivo es eficaz al 100 por ciento, y que las mujeres pueden estar expuestas a la violencia sexual”, puntualizó el comunicado de las Naciones Unidas.
Las y los especialistas recomendaron invertir en una educación sexual integral, basada en la información y el acceso a métodos anticonceptivos para reducir la incidencia de embarazos no deseados, y por lo tanto, reducir el número de abortos.
Asimismo pidieron seguir las buenas prácticas realizadas en muchos países donde el aborto es legal hasta la tercera semana de gestación, por lo que nuevamente llamaron para conforme a los instrumentos internacionales las mujeres puedan acceder al aborto cuando “su salud o su vida esté en riesgo, incluida la salud mental, el incesto, la violación, y el impedimento irreversible del feto durante el primer trimestre o después, si es necesario”.
En el comunicado, las y los expertos manifestaron su preocupación por el sometimiento a procesos judiciales y encarcelamiento que sufren las mujeres que buscan servicios de salud relacionados con el aborto.
“No podemos tolerar la grave violación de los Derechos Humanos de la mujer en base a su sexo y las diferencias biológicas. No podemos tolerar la alta incidencia de las muertes evitables de mujeres y niñas que resultan de cuestiones relacionadas con la maternidad, incluido el aborto inseguro”, reafirmaron en el comunicado.
16/HZM/LGL
De 2005 a 2016, 19 de los 21 Centros de Readaptación Social de Puebla acumularon 51 quejas formuladas por mujeres en reclusión ante la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDH), de las cuales sólo una ha terminado en recomendación, cinco están en proceso y el resto fue desechada.
Esta cifra apenas representa 15 por ciento de las 336 quejas presentadas en los penales de Puebla en el mismo periodo por internos varones, lo cual obedece a la intimidación que reciben las mujeres por parte del personal penitenciario si denuncian por los maltratos que reciben al interior de los penales.
Además de que la población femenil es infinitamente menor en comparación con la varonil. En 19 penales hay 589 mujeres, que representan 7 por ciento de los 8 mil 305 varones internados en los penales de Puebla.
En 2012, el informe “Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?” elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla y la organización no gubernamental Asilegal, reveló que 7 de cada 10 mujeres en las cárceles sufren agresiones por parte de las mismas autoridades.
Miedo a las represalias impiden quejas
A pesar de que existe un Programa Penitenciario de la CDH, formular una queja para denunciar violaciones a Derechos Humanos (DH) no es fácil para las mujeres en situación de reclusión.
De acuerdo con la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Galilea Cariño Cepeda, la constante intimidación y hostigamiento por parte de custodias y personal penitenciario hacia las internas, inhibe la denuncia de abusos, pues existen testimonios de internas que aseguran que cuando intentan llamar al personal de DH las amenazan diciéndoles que quedará señalado en su expediente y tendrán problemas para alcanzar la preliberación.
Esto inhibe la queja, afirma Cariño Cepeda y lejos de favorecer la denuncia, la inhibe, y es una situación que no se evidencia en los expedientes.
El programa Penitenciario adscrito a la Primera Visitadora General de la CDH establece que para formular una queja desde un centro penitenciario puede hacerse de manera telefónica o por medio de familiares; sin embargo, de acuerdo con la especialista, la mayoría de las internas no recibe visitas o no tiene acceso al teléfono público.
Sumado a ello, en los penales de Puebla no hay módulos del personal de la Comisión de Derechos Humanos y las visitas de supervisión son escasas.
En los últimos 11 años, en la Comisión estatal de Derechos Humanos se iniciaron sólo 51 quejas de mujeres en reclusión de 19 penales, de las cuales el Cereso de San Pedro Cholula y Puebla, acumulan el mayor número.
La prisión de Cholula, cuya población femenil es de 44, tiene iniciadas apenas 11 quejas en un periodo de 11 años (2005 a 2016) por maltratos físicos, amenazas, vejaciones, prostitución forzada y falta de atención médica.
Cinco de estos procedimientos fueron presentados por mujeres en reclusión embarazadas que sufrieron un aborto espontáneo en el interior del penal debido a la falta de atención médica, malos procedimientos médicos, maltrato físico y trabajos forzados impuestos por el personal de seguridad.
De acuerdo con el Informe Especial de Mujeres en Reclusión, en este penal la atención médica es deficiente, no hay ginecólogos, medicamentos, anticonceptivos, ni campañas preventivas contra el cáncer de mama, el cérvico-uterino y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Además las instalaciones son deficientes, carecen de mantenimiento, hay insalubridad, faltan espacios dignos para la alimentación, el trabajo, el descanso o el esparcimiento de los internos.
El segundo penal que contabiliza el mayor número de quejas es el de Puebla, conocido como San Miguel. En este lugar hay 325 mujeres, de ellas 180 están procesadas y 145 sentenciadas, sus edades oscilan entre 20 a 60 años. El robo, homicidio y secuestro, son los delitos más comunes de su detención.
Aquí pese a que las mujeres denunciaron el maltrato por parte de los custodios que las obligan a desnudarse y hacer sentadillas, las segregan sin procedimiento, las obligan a prostituirse, hay vejaciones y tocamientos de parte de las custodias, entre otros abusos, únicamente se han formulado siete quejas en más de una década.
Se emitió una solicitud de información a la CDH de la entidad con número 00090216, para conocer si había emitido alguna recomendación por estas violaciones a DH y la respuesta fue que no existe ninguna recomendación al respecto.
La cárcel de Izúcar de Matamoros es otro lugar donde más se cometen abusos. Con 15 mujeres en reclusión, de 2011 a 2014 se acumularon ocho quejas, de las cuales tres fueron por discriminación por preferencia sexual y cinco más por propuestas indecorosas de custodios, acoso sexual, intimidación, maltrato y amenazas.
Solamente se emitió una recomendación por estas quejas relacionada con el caso de una interna que denunció al comandante del Centro, quien le pidió sostener una relación sentimental con él a cambio de beneficios, como ella se negó, éste tomó represalias contra ella.
Penales de Puebla, sin derecho a la salud y al trabajo
En Puebla no hay penitenciarias femeniles, todos los espacios son mixtos, lo que agudiza las malas condiciones de vida y trato digno de las mujeres, señaló el Informe Especial de 2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.
El documento reconoce que las mujeres en presidio son más vulnerables que los hombres, pues prevalecen en condiciones de desigualdad, no hay programas, ni campañas de salud preventiva y las instalaciones penitenciarias no están adaptadas a ellas.
Revela que hay una inadecuada separación y clasificación de las mujeres en prisión, lo que propicia el hacinamiento, hay irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, segregación en celdas de castigo e incomunicación con el exterior.
Galilea Cariño Cepeda, afirmó que las condiciones de vida de las mujeres recluidas en los penales de Puebla son graves y preocupantes, sobre todo porque existe una diferencia abismal con relación a los varones internos.
“Las mujeres en prisión son abandonadas, no tienen recursos para que sus hijos o familiares las visiten. Lo que obtienen trabajando, lo destinan para el cuidado de su familia, alimentación, útiles escolares, etcétera. Mientras que en el caso de los varones, regularmente son visitados y ayudados por las mujeres de la familia”.
Además aunque las mujeres están en prisión, esto no las exime de continuar siendo las proveedoras y aún en estas condiciones, buscan ganar unos pesos, tejiendo, cosiendo o realizando labores de limpieza y así contribuir a la economía familiar.
Añade que en las cárceles poblanas no hay programas que ayuden a superar sus condiciones económicas, pues en la mayoría de estos centros no hay fuentes de empleo digno, bien remunerado o programas de formación laboral que las prepare para cuando recuperen su libertad.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx
16/SDA/LG
Natalia Toledo, la poeta oaxaqueña más leída en el extranjero
Natalia Toledo es de las poetas mexicanas más leídas en el extranjero. Ha erigido impresionantes murales de letras a un tiempo impenetrables y claros como el agua; poesía misteriosa que rescata la esencia del México remoto y mágico tan oculto a ojos de aquellos para quienes fue hecho.
Su más reciente libro, El dorso del cangrejo (Deche bitoope, en zapoteco) es un impresionante despliegue de recursos poéticos, pero también una reescritura de esa cosmovisión que llega a resultarnos casi extranjera por nuestro ensimismamiento en la tecnología y la ultramodernidad.
Ser indígena
Natalia siempre escribe dos versiones: primero en juchiteco e inmediatamente después traduce al español: “A veces inicio en español, pero por lo general el proceso es como hacer una fotografía: la tomo en zapoteco y la revelo en español”, asegura.
“No siempre me pregunté qué representaba ser indígena. Empecé a hacerme esa pregunta hace muchos años, cuando lo del movimiento zapatista, y vi todos esos rostros cubiertos ascendiendo una montaña y la gente empezó a preguntarme qué tan distinta me siento por ser indígena. Tuvieron que pasar muchas cosas para sentirme autorizada a responder: ser indígena es poseer un universo y nunca renunciar a él”, apunta Natalia, que a los 8 años de edad se vio forzada a abandonar su natal Juchitán para radicar en la Ciudad de México.
Pero, ¿hasta qué punto Natalia es la misma en este nuevo título que en sus obras previas?
“Sigo siendo esa misma que de niña se preguntaba, al asomarse en la tinaja de agua y ver reflejado su rostro, quién era esa niña —responde sonriente— Con el tiempo esa niña creció y vivió una serie de hechos muy importantes que hicieron de ella una poeta pues necesitaba explicar su vida, poner sobre el papel lo que esa niña dejó y tanto extrañaba al salir de Juchitán. La diferencia es que el tiempo me ha vuelto más consciente de otros idiomas, como el zapoteco, y escribirlo lo mejor posible para que los niños lo lean sin problemas. Me interesa recuperar algunas cosas que tienen que ver con ser zapoteca y compartirlas con los que hablan español, y sepan de esta cultura tan bella y tan única y que todos los mexicanos tenemos derecho a conocer”.
Infancia y erotismo
“La infancia es muy erótica —señala Natalia—. Es la etapa del descubrimiento del cuerpo; cuando cada cosa se vive a flor de piel. En Juchitán nadie tiene, contradiciendo a Virginia Woolf, “una habitación propia”; todos vivimos en espacios reducidos, aunque tengamos patios y corredores… pero todo mundo convive y suda con los otros. De niña me tocó ver jóvenes recién casados haciendo el amor, imposible no darse cuenta. A eso le llamaba “gente amándose””.
“Las mujeres juchitecas —agrega Natalia— somos muy eróticas al hablar; siempre estamos haciendo alusión a la sexualidad de las mujeres, muy abiertas en ese sentido. No sé qué les parezca a otras personas esta erotización de la infancia, pero para otras culturas existe libertad en el habla y en el proceder, y nosotras somos como nuestro clima: habitadas por el sol, donde todo el tiempo estamos jugando, y el erotismo es parte de ese juego de palabras”.
¿A qué te refieres —pregunto a Natalia— cuando te declaras como “tu única hija” en otro de tus poemas?
“Me pensé como un invento mío aunque, por supuesto, soy el invento de mucha más gente. Es una especie de reafirmación. Escribí ese poema durante una residencia en Australia como una forma de acompañarme, de decirme que no necesitaba una mamá —que recientemente falleció, por cierto— que yo podía ser esa madre pues soy la única que me acompaña a todas partes”, ríe la poeta.
Retornando la infancia, momento clave de muchos de estos poemas, Natalia rememora también su estancia en un internado de monjas a los 11 años.
“Estuve en un internado en Valle de Bravo. Ya había sido movida de Juchitán para venir a la Ciudad de México. Luego de un año interna aprendí a querer y abrazar tanto a mis compañeras como a las religiosas. Todo lo que viví ahí me marcó, especialmente los juegos. Las monjas realmente querían hacer su papel de mamás. Naturalmente solo convivía con mujeres. Esta experiencia me enseñó, entre otras cosas, a ser solidaria. Mis padres creyeron que Dios les haría el milagro y me convertiría en alguien mejor”, ríe de nuevo Natalia.
La muerte en zapoteca
¿Se considera Natalia Toledo “una feminista”?, le pregunto.
“La verdad es que no termino de entender en todo el término. Tengo amigas feministas a las que adoro, que me han hecho consciente de muchas cosas; me han enseñado del lenguaje de la auto agresión contra las mujeres, por ejemplo, y defiendo lo que defienden ellas. También considero, como mis amigas, que no es válida la agresión contra nadie. Se trata de una lucha por la equidad de la justicia”.
Natalia señala que su educación fue marcada por los trovadores del Istmo, que cantan en zapoteco, y la misma importancia tuvieron las historias provenientes de la oralidad y los cómics que su padre le mandaba desde varias partes del mundo, en muchos idiomas.
“Más tarde —dice— empecé a leer a la gente que escribía en zapoteco, o sobre los zapotecos, y leí a los juchitecos. En la adolescencia comencé a leer a los románticos, a Luis Urbina; no sé cómo fui a dar ahí, siendo joven, sin saber amar ni sufrir. Amo mucho la poesía de Olga Orozco. Me sigue invitando y hasta me hace escribir. También Ungaretti, Saint John Perse y T.S. Eliot. En cuanto a la narrativa me gustan mucho Chejov, Gogol, Milton, y tantas lecturas que he hecho que no tienen orden”.
Actualmente, Natalia escribe sobre la muerte desde el punto de vista zapoteca tras haber sufrido la pérdida de su madre: “me puso en el estado de querer entender más sobre ese tema”.
Natalia Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967, y su poemario El dorso del cangrejo (Deche bitoope) lo publicó Almadía, México, 2016.
Nota completa: http://www.siempre.com.mx/2016/09/la-mujer-juchiteca-es-muy-erotica-al-hablar/
16/RED/LGL
Reconocer el aborto como un tema de Derechos Humanos, pide Fondo María
La coordinadora del Fondo María, Sofía Garduño Huerta, dijo que el acceso a un aborto debe garantizarse en condiciones seguras para las mujeres y que debe dejar de mirarse este evento como una situación negativa, pues cuando las mujeres tienen garantizado este derecho, pueden ejercer su salud sexual y reproductiva.
Durante su participación en el Webinar organizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) a propósito del 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, la representante del Fondo María dijo que las mujeres deben tener información y acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.
Se estima que en América Latina y el Caribe ocurrieron entre 2010 y 2014, 6.5 millones de abortos inducidos al año y cerca de 760 mil mujeres de la región son tratadas anualmente por complicaciones derivadas del aborto inseguro, según datos del Instituto Guttmacher.
En su exposición sobre “El Aborto Seguro es Bienestar: impactos positivos del aborto seguro”, Garduño se refirió a la necesidad de generar un discurso positivo en torno al aborto que discuta los proyectos de vida de las mujeres, temáticas de salud pública y sobre todo la defensa de sus derechos.
La coordinadora de la organización reconoció que aún se mantienen mitos e información errónea acerca del aborto, lo que provoca que las mujeres desistan al tomar esta decisión, por lo que señaló que es muy importante “romper con la idea de que el aborto es una experiencia que marca de por vida, lo que marca son los prejuicio y estigmas, todas las mentiras que se promueven con el fin de controlar a las mujeres y sus vidas”.
El Fondo María llamó al Estado mexicano a brindar condiciones seguras para abortar respetando un elemento básico como es el derecho a decidir de las mujeres. Destacó que la despenalización del aborto puede disminuir las prácticas inseguras de éste y por tanto, el riesgo de muerte.
Cabe recordar que de acuerdo con información de la organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Ipas México, en 2015 el aborto fue la quinta causa de muerte materna en el país.
Si bien el Código Penal de la Ciudad de México permite la interrupción legal del embarazo (ILE) por voluntad de la mujer hasta la semana 12 de gestación, en el resto de las entidades federativas sólo se permite el acceso legal al aborto por distintas causales, por lo cual Sofía Garduño pidió reconocer el acceso al aborto como un tema de Derechos Humanos.
La especialista indicó que también es necesario dar la misma atención a abortos inducidos y espontáneos, y dejar de criminalizar para que las mujeres se acerquen a las instituciones de salud médica en condiciones dignas y seguras.
La coordinadora de la organización invitó a generar redes de apoyo entre mujeres y organizaciones para brindar información asertiva entorno al aborto. Como parte de estas acciones, el fondo cuenta con un blog en línea llamado “Yo aborto”, donde distintas mujeres que recurrieron a ILE presentan su testimonio.
El Fondo María también pidió apoyar su campaña “Invierte en aborto, invierte en justicia”, la cual tiene como objetivo apoyar a 200 mujeres en el país para que puedan acceder a abortos seguros, bridando apoyo financiero, logístico y emocional.
La organización es el primer fondo de aborto en América Latina, es integrante de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos (NNAF), del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) y el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres.
El fondo surgió el 28 de mayo de 2009 a partir de la legislación del aborto en la Ciudad de México. Desde su establecimiento hasta 2015 han atendido 5 mil 500 mujeres de toda la república.
16/HZM/LGL
Gloria Castillo Torres es madre soltera. En el 2013 su familia estaba conformada por sus tres hijas y la abuela de las niñas. Trabajaba en el municipio de Axtla de Terrazas-ubicado en San Luis Potosí- para el gobierno del estado; mientras sus hijas se quedaban bajo el cuidado de su abuela materna, María Guadalupe Mora Torres, en el municipio de Tamuín.
Itzel Romani Castillo Torres, estudiaba el sexto año de primaria y soñaba con ser policía, le gustaba hacer manualidades y vendía boletos de la quiniela de “bolitas” para ayudar en los gastos de su casa. Asistía a clases de catecismo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en donde también acudía cada jueves a la misa de la “hora santa”.
El 24 de enero del 2013, dos días antes de su cumpleaños número 12, Itzel Romani fue a vender números para la quiniela y a las 5:00 de la tarde se fue a la iglesia con una amiga para escuchar la “hora santa”.
La amiga le pidió que la acompañara a su casa, un poco antes de que terminara la misa, Itzel la acompañó y le dijo a su amiga que regresaría a la iglesia para ir con su abuela y regresar juntas a su casa.
Pero la abuela María Guadalupe regresó sola porque ya no vio a su nieta en la parroquia, por lo que empezó a preguntar por ella. Fue en ese momento que decidió llamarle a Gloria para que supiera que su hija Itzel no había regresado a casa.
La abuela ya había reportado la desaparición a la policía municipal y a sus vecinas, la mayoría profesoras, porque vive en una colonia habitada por trabajadoras del magisterio. Entre las autoridades y la comunidad, iniciaron la búsqueda de Itzel esa misma noche.
A las 10:00 horas del día siguiente, Gloria Castillo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de su hija y las acciones de búsqueda se intensificaron con el apoyo de los policías ministeriales y elementos del Ejército Mexicano.
“Buscamos en todos los municipios de San Luis y en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León y no la encontramos”, dijo Gloria Castillo a Cimacnoticias. A un año 5 meses de que iniciaron las averiguaciones previas, encontraron el cuerpo de la niña Itzel Romani en el cañaveral de “Puntilla”, junto a un árbol de guásimas y a un arroyo, envuelta en una sábana.
El hallazgo del cadáver no fue gracias a las investigaciones del Ministerio Público, sino a la declaración que el feminicida Filiberto Hernández Martínez, hizo ante las autoridades que lo habían aprehendido por portar una pistola perteneciente al Ejército, sin contar con la licencia correspondiente.
Filiberto Hernández Martínez, coordinaba las actividades de catequesis en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo a la madre de Itzel, el agresor declaró que la interceptó antes de que entrara a la iglesia y la subió a su camioneta, para después estrangularla y asesinarla.
Él dio el lugar en el que dejó envuelto el cuerpo de la niña Itzel Romani. A la madre de la niña, le llevaron fotografías de la osamenta y objetos, para que hiciera el reconocimiento de su hija. Pese a que Gloria Castillo reconoció los objetos (ropa y zapatos), las autoridades nunca le devolvieron ninguna pertenencia, por lo que desconoce si están bajo resguardo para ampliar las investigaciones.
El caso de Itzel Romani tiene el número de expediente 126/2014 y se encuentra en el Juzgado Segundo de Ciudad Valle. Los representantes legales del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, dicen que también hay anomalías, puesto que se basaron sólo en la declaración de
Filiberto Hernández Martínez, cuando tenían más elementos y pruebas que incorporar a la investigación del delito.
Con el antecedente de exoneración para el agresor en el caso de la niña Adriana Martínez Campuzano, tras haber alegado tortura, se corre el riesgo de que también suceda en el caso de la niña Itzel Romani, por lo que solicitarán que se integren más pruebas y se aplique protocolo Estambul.
16/GVV/LGL
Exigen educación laica y científica y no criminalizar a mujeres que abortan
La agrupación Académicas en Acción Crítica llamó a los gobiernos estatales a dejar de usar la figura de “homicidio por grado de parentesco”, para criminalizar a las mujeres que tienen abortos espontáneos y a garantizar el “aborto seguro” bajo las causales legales, en particular la de violación.
El pasado 28 de septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Silvia Solís, dijo que el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no se difunde como derecho de las víctimas de violación, es decir tanto personal de los Ministerios Públicos y Secretaría de Salud, omiten ofrecer orientación a las niñas y mujeres que denuncian ese delito sexual.
Las Académicas en Acción Crítica- un grupo de Académicas e investigadoras de diferentes de Universidades- señalan que garantizar la ILE bajo la causal de violación y dejar de criminalizar a las mujeres que tienen abortos espontáneos, acusándolas de “homicidio por grado de parentesco”, son dos acciones que tienen que emprender los gobiernos estatales en armonización y respeto de los derechos reproductivos y sexuales de las niñas y mujeres.
En su pronunciamiento a propósito de la efeméride, las académicas denunciaron el “ataque continuo a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres por parte de partidos conservadores y de la Iglesia”, por lo que exhortaron a las y los legisladores a respetar el principio de laicidad y a garantizar la igualdad de mujeres y niñas establecida en la Constitución Mexicana.
También indicaron que la educación debe abordar los temas de sexualidad, sustentada en información científica y laica, porque es derecho de las niñas, niños y adolescentes, contar con orientación sobre sus derechos reproductivos y sexuales, así como el respeto a su integridad física.
El miércoles 28, las agrupaciones feministas que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, hicieron un acto cultural de protesta contra los partidos políticos y la Iglesia, por las iniciativas de reforma al Artículo 4 de la Constitución Mexicana que pretende “proteger la vida desde la fecundación”.
El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres de Oaxaca, Anabel Lopez Sánchez, dijo que iniciativas como la de Javier Duarte, actual gobernador de Veracruz, atentan contra los derechos de las veracruzanas al “proteger la vida desde el momento de la concepción” y las organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres no pueden permitir que otros estados o la federación legislen iniciativas retrógradas.
En el acto cultural y de protesta, efectuado en el Zócalo capitalino, participaron mujeres que provenían de Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Estado de México y de la Ciudad de México, en donde gritaban consignas como “Aborto legal derecho fundamental” y “hay que abortar a este sistema patriarcal”, para después difundir el pronunciamiento en relación a los derechos reproductivos de las mujeres.
16/GVV/LGL
Se incrementa participación política de mujeres en Tamaulipas
En Tamaulipas se incrementó la presencia de mujeres en el ámbito legislativo al pasar de 36.1 por ciento en el congreso local, a 44.5 por ciento, mientras que en presidencias municipales, la representación se incrementó en 23 por ciento, expuso la presidenta de la Comisión de Igualdad del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) María de los Ángeles Quintero Rentería.
Ante estudiantes de la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la consejera electoral agregó que en el caso de los Ayuntamientos de tener solamente 7 alcaldesas en los 43 municipios del estado, ahora serán 17 mujeres Presidentas Municipales, incremento de 16.2 a 39.5 por ciento.
Los ayuntamientos que serán encabezados por mujeres son Altamira, Antiguo Morelos, Guerrero, Hidalgo, Mainero, Méndez, Miguel Alemán, Reynosa, Villagrán, Abasolo, Camargo, Cruillas, Jiménez, Miquihuana, Palmillas, San Nicolás, y Tampico.
La consejera explicó que en el congreso local se eligieron 9 diputadas por el principio de mayoría relativa en 9 distritos electorales; y por el de representación proporcional 7.
Este avance pudo darse, sostuvo la consejera, debido a las normas y criterios que establecen la paridad. Recordó que en México desde el 2002 se estableció la primera cuota de género obligatoria para postular 30 y 70 por ciento de candidaturas propietarias de un mismo sexo; en el 2007 se amplió a un 40 y 60 por ciento, hasta llegar a la paridad 50 y 50 por ciento en el 2014.
En ese contexto, explicó la consejera electoral, el marco legal y constitucional de Tamaulipas se armonizó con el federal en junio del 2015 en materia de igualdad y alternancia de género, por lo que ya se refleja un avance en los resultados de los comicios locales del pasado 5 de junio.
Sobre las estrategias y acciones implementadas por primera vez en la historia electoral de Tamaulipas, Quintero Rentería mencionó que se llevó a cabo el fortalecimiento de vinculación interinstitucional con los entes públicos para dar seguimiento a los avances de la participación política y ciudadana en apego al principio de paridad y alternancia de género, así como el impulso de acciones de difusión, promoción y formación para la promoción de estos derechos.
16/RMRQ/LGL
Revés en caso Citlali, Supremo Tribunal de Justicia considera estupro y no violación
El Supremo Tribunal de Justicia de Sonora ratificó la decisión del juez sexto de primera instancia de lo penal Jesús Manuel Ibarra, de reclasificar el delito de violación a estupro en el caso la niña Citlali, víctima de violación sexual en la costa de Hermosillo, en mayo pasado.
La asesora de víctimas Noelia Escoboza Chan, informó que ya fueron notificados de la resolución del Supremo Tribunal, cuyo sentido es negativo para la niña ya que ratifica la reclasificación y con ello, avala la serie de irregularidades que se cometieron con el caso.
La abogada explicó que el Primer Tribunal analizó los elementos de la investigación casi en el mismo sentido que el juez, y finalmente decidió que éste tuvo la razón al reclasificar el delito de violación agravada a estupro.
Cabe recordar que el día de la agresión sexual contra Citlali-cometida por un compañero de trabajo de su padre–el Ministerio Público que recibió la denuncia, consignó por el delito de violación agravada, de acuerdo a las pruebas médicas y testimoniales; sin embargo, el juez de primera instancia resolvió reclasificar el delito pues consideró que hubo consentimiento de la víctima, pese a que se demostraron las lesiones y otros elementos que acreditaron la violación sexual.
La litigante Escoboza Chan, dijo que aunque de alguna manera esperaban esta resolución, interpondrán un amparo indirecto en contra de la misma, y esperan que al ser una instancia federal la que resuelva, lo haga con mayor objetividad y resuelva en otro sentido pues “no le rinden cuentas a las autoridades del estado de Sonora”, dijo.
“Es muy difícil esperar que el tribunal reconozca errores de sus jueces, ya que éstos pertenecen al mismo poder judicial y rinden cuentas al mismo estado, de entrada es difícil”, lamentó.
Escoboza Chan manifestó su preocupación de que si se resuelve que es estupro, al agresor se le revierte la prisión preventiva, y podrá pagar una fianza para salir en libertad.
Comentó que en sus antecedentes se encontró que “su actual pareja” tiene 16 años de edad y ha procreado dos hijos con ella, por lo que indica que su “relación” inició cuando ella tenía la edad de Citlali (13 años), mientras que él era ya un adulto, sostuvo la abogada.
Otra de las preocupaciones es que si sale libre, regrese al poblado y que intente algún tipo de represalia contra Citlali o contra su padre, quien la ha apoyado en todo momento.
La abogada expuso el caso en el contexto del 28 de noviembre, Día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito, durante su participación en la mesa de análisis: Violencia sexual en Sonora, las repercusiones del caso Citlali.
El foro realizado en El Colegio de Sonora, reunió a académicas y activistas que hablaron sobre Apropiación histórica del cuerpo de las mujeres; Violencia sexual en Sonora y Alerta de Género; las cifras de la violencia sexual en Sonora; y el análisis jurídico global ante los instrumentos internacionales, legislación nacional y local.
En ese contexto, las integrantes del Observatorio Feminista Clara Zetkin, entregaron un reconocimiento a la licenciada Noelia Escoboza Chan por “Su valentía, coraje y oportuno acompañamiento jurídico, valiosísimo para facilitar el ejercicio de los Derechos Humanos de la niñez en situación de vulnerabilidad, como ocurrió con la niña Citlali”.
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Ministra Norma Piña Hernández presidirá la Primera Sala de la SCJN
La ministra Norma Piña Hernández presidirá la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –órgano que resuelve los asuntos en materia civil y penal– a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre de 2018.
El pasado 28 de septiembre los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte, eligieron por unanimidad a la ministra como presidenta de este órgano colegiado.
Los ministros hicieron un amplio reconocimiento a la labor desempeñada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como presidente de la Primera Sala de la SCJN, durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de este año.
Piña Hernández, quien ha destacado por oponerse a temas como la interrupción del embarazo, ocupará el mismo cargo que de 2004 a 2005 ostentó la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, caracterizada por sus posturas a favor de los derechos de las mujeres.
Con Sánchez Cordero como presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte, esta instancia emitió sentencias de gran importancia para las mujeres como aquella donde sustentó que la violación sexual en la relación conyugal es un delito y no el ejercicio indebido de un derecho como antes se consideraba.
Otro caso relevante que resolvió este órgano fue en 2010 cuando Sánchez Cordero y sus pares ministros resolvieron revocar la sentencia dictada el 19 de febrero del 2010 contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes acusadas de “secuestrar” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
Antes de la salida de la actual diputada constituyente -en mayo de 2015- este órgano ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) volver a investigar el asesinato de la joven Mariana Lima Buendía –perpetrado en 2010–, a fin de resarcir todas las irregularidades en la indagación de este feminicidio.
En junio pasado la ministra Piña Hernández mostró su posición en torno al aborto cuando la Primera Sala analizó el amparo presentado por Margarita P, una mujer a quien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le negó el derecho a la interrupción del embarazo.
En esa ocasión el proyecto del ministro Zaldívar pretendía otorgar el amparo y declarar discriminatorios los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal (CPF), por considerar que criminalizan a las mujeres al negarles el derecho al aborto legal cuando su salud corre peligro; sin embargo, el proyecto fue desechado por mayoría de tres votos, de los ministros Piña Hernández, Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz.
Actualmente en la SCJN de los 11 ministros que la conforman, dos son mujeres, Piña Hernández y Margarita Luna Ramos, quien en días pasados durante su conferencia “Juzgar con Perspectiva de Género’, impartida a por lo menos 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de Guanajuato donde advirtió que no por ser mujer debe aplicarse la perspectiva de género al momento de juzgar.
"No por el hecho de ser mujer la que esté solicitando justicia, se aplica la perspectiva de género, le den la razón aunque no la tenga, eso es pecado mortal, porque no es la razón de ser, no es la razón de hacer justicia"
También se pronunció en contra de las cuotas de género.
“A mí las cuotas de género me caen gordísimas, porque eso significa que se discrimina al hombre y se pone a fuerzas a una mujer y no por la capacidad, es hasta indignante” y ejemplificó el caso de las “juanitas” (legisladoras que renunciaron para ceder su curul a sus pares varones) como un mal uso de las cuotas de género.
La ministra fue más allá al señalar que “si no hay más mujeres en cargos públicos es también por una cuestión cultural”.
16/AGM/LGL