La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) se pronunció y adhirió a la campaña “Ni Una Menos”, y reconoció la importancia del derecho de las niñas y mujeres a tener una vida libre de violencia para lograr su autonomía, igualdad y desarrollo, así como la responsabilidad de generar un ambiente seguro y el acceso a la justicia.
El panel sobre “El derecho a vivir una vida libre de violencia” tuvo la participación de Yassmín Barrios, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala quien dio seguimiento al caso de las 11 mujeres mayas q'eqchie's de Sepur Zarco en Guatemala, población en la que el Ejército Guatemalteco ejerció violencia sexual durante 40 años, como una estrategia de exterminio para los habitantes, entre 1962 a 1983.
La jueza explicó que este caso paradigmático cerró el 26 de febrero del 2016 con una sentencia de 30 años de prisión en contra del general Esteelmer Francisco Reyes Girón y otros elementos del Ejército de Guatemala.
“El cuerpo de la mujer representa el cuerpo del Estado, si se les ataca, se les humilla, se les vulnera, se vulnera también a todo ser humano y a toda la humanidad” dijo Yassmín Barrios, después señaló que con la experiencia que le dejó este caso que involucra delitos de esclavitud sexual, desapariciones, asesinatos y tortura, recomienda a todos los países asegurar el acceso a la justicia de las mujeres.
En su participación, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres Argentina, Fabiana Tuñez, habló del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 y dijo que los registros de feminicidio en ese país indican que una mujer es asesinada por violencia de género cada 33 horas.
Cabe mencionar que en Argentina surgió el movimiento feminista que llamó a las mujeres a realizar un paro de labores y una manifestación en espacios públicos para exigir que se atiendan los casos de feminicidio como una emergencia nacional el pasado 19 de octubre, bajo el lema “Ni Una Menos”.
El informe de la Cepal 2014, ubica al país de Argentina en el cuarto lugar de una lista de 15 países de Latinoamérica y El Caribe, con más asesinatos cometidos contra mujeres, después de Honduras, Brasil y México.
Sobre los programas de Ciudades Seguras, implementados por la Organización de las Naciones Unidas, la integrante de la Red Mujer de Argentina, Ana Falú, habló en nombre de la sociedad civil y señaló que las mujeres deben tener autonomía de sus cuerpos pero también “ciudades seguras” en donde sean libres de acoso callejero y se les brinde seguridad en todos los ámbitos (social, político, comunitario y familiar).
El documento “Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible” de la Cepal indica que las niñas y mujeres son las principales víctimas de violencia en los espacios públicos, como ejemplo cita que en las ciudades de Bogotá y la Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público.
Las representantes de la sociedad civil de Uruguay, Nicaragua y Guatemala se hicieron presentes en este panel y pidieron que se incluya la despenalización del aborto como una de las recomendaciones para reducir la violencia y persecución hacia las mujeres.
16/GVV/LGL
octubre 2016
Si el Estado normaliza la “prostitución” como un “trabajo” significaría derribar los límites que las feministas han construido para acceder al cuerpo de las mujeres, así lo afirmó la investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, en España, Ana de Miguel Álvarez.
Al impartir la conferencia sobre “Neoliberalismo sexual” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la investigadora de Filosofía moral y Política, advirtió que reconocer la “prostitución” como “trabajo sexual” sería una forma de difundir la idea de que las mujeres son cuerpos que están para el placer de los hombres que pueden pagar por ellos.
La autora del libro “Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección” expuso que la idea de legalizar y reconocer el “trabajo sexual” surge en el contexto del neoliberalismo, ideología que afirma que todo se puede comprar y vender, que el mercado no tiene por qué tener límites y que la única condición es el consentimiento de las personas libres e individuales.
Así –dijo la académica– uno de los argumentos de quienes están a favor de reconocer, normalizar y legalizar la oferta de “servicios sexuales” como un “empleo”, es que se trata de una actividad de libre consentimiento entre quien ofrece “el servicio” y quien paga por él; por eso, esta postura sostiene que quienes se oponen “son puritanos”, afirmó.
Para la profesora la definición de “prostitución” como “el intercambio de dinero por servicios sexuales” es una falacia porque si se analiza desde las teorías feminista y de género, en realidad se definiría como “una institución por la que la sociedad ofrece a los hombres, mujeres de libre acceso a sus cuerpos por un precio variable”.
Para De Miguel Álvarez, analizar el tema de la “prostitución” desde la teoría feminista implica que no puede verse como un fenómeno alejado de la sociedad porque es un tema donde se juzga quiénes somos y qué podemos hacer para ganarnos la vida.
El feminismo, dijo, analiza estructuras de poder, no preferencias de individuos, por eso cuando esta teoría estudió el derecho a votar no se enfocó en quiénes querían ejercer el sufragio y quiénes decidieron no hacerlo, sino en las estructuras de poder y las razones de por qué hay poblaciones que decidían “sacar brillo a sus cadenas”.
Al hablar sobre la idea de la “libre elección”, la académica señaló que esta idea no se puede ver de manera aislada porque de ser así quienes tienen poder podrían aplastar a los otros. Por ejemplo, si una persona decide pagar tres euros por un trabajo sin ningún derecho y otra decide aceptarlo, esto generaría una explotación laboral sin que el Estado intervenga, dijo.
Abundó que desde la teoría de género “la prostitución” se considera una institución como muchas otras –la Universidad, la sanidad pública, las bibliotecas– porque responde a una necesidad humana, incluso para grandes pensadores la “prostitución” es un “mal menor” porque remedia un mal peor: que un hombre no pueda acceder al cuerpo de una mujer cuando quiera.
Por tanto, para la especialista que actualmente dirige un proyecto de investigación sobre “los debates teóricos en torno a la prostitución de las mujeres”, detalló que decir “trabajo sexual” tampoco es transgresor ni nuevo, porque ha existido siempre y en todas las sociedades, pero no como un trabajo de “libre elección” sino como una decisión de los hombres de pagar por usar los cuerpos de las mujeres.
Con este argumento dijo que estos encuentros sexuales no son decisión de las mujeres que actúan en un acto de libertad porque –mencionó– aunque todas dijeran “me quiero prostituir” al final la decisión será de los hombres con dinero. La prostitución comienza con hombres con dinero que tienen voluntad de pagar, en ese momento ellos convierte una mujer en “prostituta”, dijo.
En sus reflexiones la académica aseguró que bajo la apariencia de que las personas son libres para venderse, muchas mujeres que no quieran ejercer esta actividad van a perder el derecho de decir no, porque en la sociedad se va a difundir la idea de que la “prostitución” es tan normal, que quienes no lo hagan serán puritanas.
Es decir, lo que estaremos normalizando, dijo, es que las chicas de las clases sociales con más bajos recursos económicos no tengan de “dónde agarrarse” para decir “no me quiero prostituir”.
De Miguel Álvarez concluyó al afirmar que en tiempos de la igualdad de género, cuando los Estados tienen leyes y políticas a favor de la igualad, cualquier joven podrá salir de la escuela, ver la “prostitución” y darse cuenta que la igualdad es que pueda pagar dinero para acceder al cuerpo de una chica.
“¿Esto no corrompe la igualdad?” se preguntó.
16/AGM/LGL
Según el último Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial, la igualdad económica entre sexos podría tardar unos 170 años en producirse de continuar con el ritmo actual y advierte de un drástico rezago en los avances de los últimos años.
“El mundo se enfrenta a un desperdicio del talento al no actuar con rapidez para frenar la desigualdad de género. Esto podría poner el crecimiento económico en riesgo y privar a las economías de la oportunidad de desarrollarse. Esta ralentización se debe en parte a los desequilibrios crónicos en los salarios y en la participación en el mercado de trabajo, pese al hecho de que en 95 países, el número de mujeres universitarias es igual o mayor que el de hombres”, señala el estudio.
El Foro Económico es contundente en su análisis tras realizar la comparación anual de la desigualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos educativos, de salud y supervivencia, de oportunidades económicas y empoderamiento político.
El informe estima que la brecha de género se sitúa en 59 por ciento, la mayor tasa de desigualdad desde 2008. El empeoramiento de la situación de las mujeres se debe al aumento de la desigualdad salarial. “Las mujeres ganan de media poco más de la mitad de lo que ganan los hombres, a pesar de que en general trabajan más horas (teniendo en cuenta tanto el trabajo remunerado como el no remunerado)”, sostiene el documento, que también alerta sobre el estancamiento de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la escasa representación en puestos de responsabilidad.
La conclusión ante el nulo avance del último año es que el Fondo Económico estima que la igualdad económica entre mujeres y hombres tardará 58 años en alcanzarse.
MAYOR RIESGO PARA LAS MUJERES
"El lento avance hacia la igualdad de género, especialmente en el ámbito económico, supone un riesgo especial teniendo en cuenta que es posible que muchos trabajos que emplean a una mayoría de mujeres sean los más afectados proporcionalmente por la era de la disrupción tecnológica", alerta el documento.
Un informe de la OCDE asegura que en promedio 9 por ciento de las personas trabajadoras de los países desarrollados "están en riesgo" por la llegada de la inteligencia artificial, drones, impresoras 3D y otros avances tecnológicos. Otro informe del Foro Económico Mundial de Davos concluyó que hasta 2020 se perderán unos cinco millones de puestos de trabajo en todo el mundo por la "cuarta revolución industrial".
"Mujeres y hombres deben actuar como socios a la hora de gestionar los retos a los que se enfrenta el mundo en el que vivimos… y también a la hora de aprovechar las oportunidades. Ambas voces son fundamentales para garantizar que la Cuarta Revolución Industrial cumpla las promesas realizadas a la sociedad", afirma Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
ESPAÑA REZAGADA
España no permanece ajena a este fenómeno. Nuestro país no ocupa un puesto muy digno en la clasificación del informe Global de la brecha de género 2016 que elabora el Foro Económico Mundial (se sitúa en el lugar 29 de 144 países) sobre todo si se compara con la posición (11) que ocupaba hace 10 años. Respecto al año pasado, España retrocede cuatro puestos.
En la clasificación que el Foro Económico Mundial elabora tienen en cuenta la participación y oportunidades económicas, en el que España cae a la posición 72, cinco menos que el año pasado. En nivel de educación, asciende al puesto 43 desde el 47 de 2015. Y en representación política, se sitúa en el 26, la misma posición del año pasado.
16/RED/LGL
AI pide liberación de escritora iraní
Madrid, Esp.- Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades iraníes liberar de inmediato y sin condiciones a la escritora y defensora en derechos humanos, Golrokh Ebrahimi Iraee, detenida el 24 de octubre de 2016.
Golrokh Ebrahimi fue detenida en su domicilio y trasladada a la prisión de Evín, en Teherán, acusada por “insultar símbolos sagrados del islam”. Lo anterior debido a la redacción de un relato ficticio inédito que denunciaba la práctica de lapidación (ejecutar reos lanzado piedras) en Irán.
La escritora fue condenada a 6 años de prisión por un Tribunal Revolucionario de Teherán, donde no contó con asistencia jurídica, denunció AI.
Invitan al Coloquio Internacional de Estudios de Género
Ciudad de México.- El Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invita al XXIII Coloquio Internacional de Estudios de Género, el 3 y 4 de noviembre.
El coloquio de la edición 2016 tendrá como tema la relación entre sexualidad y Estado. ¿Qué promesas, limitaciones y desafíos plantea el panorama de los derechos reproductivos en el siglo XXI? ¿Qué papel juegan las instituciones formales del Estado (especialmente sistemas educativos, de salud y justicia)? Y ¿Cómo se puede pensar la relación entre sexualidad y Estado más allá de estas instituciones? Son algunas de las preguntas a debatir.
La cita es en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, en el auditorio Mario de la Cueva, piso 14, en la Torre II de Humanidades.
Celebran participación de las mujeres en el mantenimiento de la paz
Nueva York, EU.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró el 16º aniversario de la adopción de la resolución 1325, relativo a la participación de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la prevención de conflictos.
Sin embargo, durante el evento realizado en Rusia, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mencionó que las mujeres continúan excluídas de los procesos de paz y programas humanitarios, y que éstos no satisfacen sus necesidades, ni protegen sus derechos. (Con información de la ONU)
Invitan a Foro Contra las Violencias de Género
Madrid, Esp.- Bajo el lema “Actuemos contra los feminicidios”, la Plataforma Unitària Contra las Violencias de Género y Feminicidios.net, organizará el 17, 18 y 19 de noviembre de 2016 en Barcelona, el XII Foro Contra las Violencias de Género.
Se debatirán temas como feminicidio global y local, medios de comunicación, masculinidades, refugiadas, empoderamiento de las mujeres, entre otros temas. Para consultar el programa completo ir a http://feminicidio.net/articulo/xii-f%C3%B2rum-contra-les-viol%C3%A8ncies-g%C3%A8nere-%C2%A1actuemos-contra-los-feminicidios
16/HZM/LGL
La paz y la igualdad de género, indispensables para una plena ciudadanía
Mujeres reunidas en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se realiza en Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de octubre, firmaron la Declaración sobre el Acuerdo de Paz en Colombia para expresar su apoyo a las colombianas que han luchado por alcanzarla tras más de 50 años de conflicto armado.
Después de observar con asombro el triunfo del “no” en el plebiscito del pasado 2 de octubre cuando el pueblo colombiano votó para ratificar o rechazar los Acuerdos de Paz, las mujeres dijeron en su documento que la paz y la igualdad de género son requisitos imprescindibles para el pleno ejercicio de la ciudadanía.
En el documento elaborado durante la Conferencia Regional que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres expresaron su respaldo a quienes están comprometidas con el logro de un acuerdo que les permita transitar a la construcción de la paz y a la consolidación de la democracia.
La guerra produce situaciones devastadoras para cualquier proyecto democrático: el enorme gasto público militar en detrimento de las políticas sociales, la violencia, el miedo, la profundización de las desigualdades, los crímenes de lesa humanidad, los delitos atroces, las vidas sacrificadas, los sueños truncos”, se lee en el pronunciamiento.
En este momento, aseguraron las feministas, son dos los imperativos: que se firme ahora un nuevo acuerdo, y que no se desaproveche la oportunidad política para que el acuerdo logrado contenga los más elevados estándares posibles de verdad y justicia.
En su posicionamiento, las organizaciones explican que quienes lideraron el “no” al Acuerdo de Paz y en especial algunos de sus líderes incluyendo a la Iglesia y especialmente los pastores evangélicos, tienen otros intereses y que su voto ha puesto en riesgo el anhelo de una paz estable y duradera.
Desde estos grupos “conservadores y antiderechos” se ha iniciado una cruzada contra toda forma de igualdad para las mujeres, contra el respeto a toda diferencia, contra la no discriminación y contra la diversidad, por lo que las firmantes afirmaron que la población femenina también debe ser protagonista de este proceso.
Desde América Latina y el Caribe, dijeron las agrupaciones, estarán atentas para impedir que se utilice el desacuerdo frente a lo negociado por el gobierno colombiano y las FARC-EP, para conminar a las mujeres y a la población lésbico, gay, transexual, intersexual y transgenérico al lugar de la subordinación, la marginalidad y la exclusión.
16/AGM/LGL
Cada día 4 niñas son víctimas de violencia sexual en Nicaragua
En Nicaragua, al menos 4 niñas son víctimas de abuso sexual cada día, reveló el estudio “Embarazo impuesto por violación: niñas- madres de 14 años”, realizado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y el organismo IPAS Centroamérica.
De acuerdo al documento, en este país en los últimos 10 años, unas 16 mil niñas menores de 14 años fueron violadas y presentaron embarazos sin que alguna institución del Estado se ocupara de ellas, únicamente fueron atendidas en el control prenatal y el parto.
“Los hallazgos realmente son preocupantes, encontramos que todas las niñas no querían asumir la maternidad y que los funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Familia, las tuvieron que convencer que ya no eran niñas que eran madres y que tenían que asumir su maternidad”, dijo Martha María Blandón, directora de IPAS.
La gran mayoría de los agresores pertenecían al entorno familiar, el vecindario y la escuela, por lo que era fácil identificarlos y procesarlos, pero no todos están presos ni han sido juzgados, relató Blandón.
Además, la mayoría de niñas fueron obligadas a amamantar a pesar de que ellas se resistían, precisamente porque son niñas, denunció la activista.
Hay muchas barreras para que las niñas puedan acceder a la justicia: la falta de educación, de orientación, muchas viven lejos de los centros urbanos, la pobreza, aunado a que los procesos judiciales son constantemente cambiados de fecha, por diferentes razones, señala el estudio.
Las 15 niñas entrevistadas para el estudio, manifestaron no querer continuar con el embarazo, pero esto no fue posible porque la ley en Nicaragua penaliza todo tipo de aborto, tampoco les permitieron dar a sus hijos en adopción, ningún funcionario les habló de esta alternativa.
“Se aplicó una herramienta para conocer la parte sicológica y emocional, los hallazgos son muy preocupantes, las niñas, 15 en total que participaron del estudio mostraron niveles graves de depresión, ideas suicidas y una desvalorización de ellas mismas”, explicó Blandón.
“Cuando él me violó, apenas tenía 12 años. Me sentía morir, no tenía ganas de seguir viviendo y mi mamá no sabía nada”… relató una de las niñas entrevistadas para el estudio, víctima de violencia sexual.
La activista agregó que en el estudio las niñas mostraron preocupación por su futuro, el cual lo describieron como incierto. Al respecto, la investigación indica que ninguna institución del Estado las está atendiendo por las secuelas del parto, en ninguno de los casos existe resarcimiento de los daños, ni económicos, ni psicológico, ni sociales.
El estudio recomienda al Ministerio de la Familia y a otras instituciones del Estado realizar acciones de prevención del embarazo y de atención después del daño a las víctimas de violencia sexual. Además instan a otras instituciones estatales a coordinar esfuerzos para prevenir el abuso sexual contra las niñas.
La niña que presenta un embarazo como resultado de una violación debería tener la oportunidad de decidir si quiere o no continuar el embarazo, pero esto no es posible porque en Nicaragua no se permite el aborto terapéutico ni por violación, denunció Mario Chamorro, director de la Federación de Organismos que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia (CODENI).
Chamorro señaló también que los agresores no son perseguidos por la justicia y muchos andan libres y continúan afectando la vida y el futuro de otras niñas y adolescentes.
Hay una intención del Estado de ocultar cifras exactas y no hay coordinación entre sus instituciones para atenderlas adecuadamente, por lo que al final se vuelve un problema de las familias sin ninguna atención gubernamental, insistió Chamorro.
El médico Leonel Arguello, dijo que no se ha logrado avanzar con esta problemática, que hay muchos retos y es fundamental que toda la sociedad nicaragüense se involucre, incluyendo al gremio médico para contrarrestar esta situación que afecta a la niñez nicaragüense.
El director del Instituto de Medicina Legal (IML) Zacarías Duarte, recientemente informó que anualmente atienden unos 6 mil casos de peritaje de violencia sexual que corresponden a niñas y adolescentes, por lo cual también mostró su preocupación por esta problemática.
El IML abrió hace unos 15 días una clínica infantil de atención integral a las niñas y adolescentes víctimas de violencia, lo que permitirá un abordaje más completo para ellas, de acuerdo a las autoridades.
16/NR/LGL
¿Cuántas niñas cumplirán 10 años hoy en nuestro país y cuántas de ellas estarán cursando el cuarto año de primaria y jugarán -espero- mientras crecen hasta llegar a la edad adulta?
Tener 10 años dirán, “es cosa común”. Que las niñas lleguen a la primera década de la vida no es nada del otro mundo; sin embargo, lo que pasa con estas niñas se reflejará en el futuro que nos forjemos porque el desarrollo de la humanidad depende de las condiciones que ellas tengan para salir adelante.
Y no es exageración. Ellas son la generación que puede hacer el cambio para nuestro mundo. Y miren porqué.
Hoy existen 60 millones de niñas en todo el planeta; 35 millones viven en países en desarrollo- como México- con graves problemas de desigualdad de género que las convierte en madres en plena infancia, cortando con ello un mejor futuro.
En México, 48 por ciento de las niñas entre 10 y 14 años son casadas con hombres 10 años mayores que ellas, o a veces de más edad. Una de cada tres adolescentes entre 15 y 19 años abandona sus estudios porque se convirtió en madre-sin quererlo- o porque no hay posibilidades para seguir estudiando, según revela el Consejo Nacional de Población.
Y por si esto fuera poco, entre los años 2000 y 2004, 8 mil niñas se convirtieron en madres antes de cumplir los 14 años; hoy son mujeres de 25 años con dos o tres hijos a su cargo, la mayoría sin pareja, y con trabajos precarios.
Romper con esta realidad de violencia y precariedad es la meta para los próximos 15 años. Es decir, el objetivo en tres lustros, es lograr que las niñas que hoy tienen 10 años lleguen a los 25 con una escolaridad completa hasta lograr una profesión, que sin duda, les dará mejores condiciones laborales, podrán tener más herramientas para planear su vida y elegir si desean o no ser madres y en qué momento.
Estos 60 millones de niñas en todo el mundo son el indicador humano de los acuerdos internacionales planteados en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre ellas descansa un mejor futuro para la humanidad; los planes y programas de los gobiernos de hoy, se estarán midiendo conforme el avance de estas niñas.
JUSTICIA PARA MIRIAM
Y si en verdad la voluntad de la llamada clase política es cierta, y lo firmado en la Agenda 2030 es compromiso real, entonces no sólo garantizará un mejor futuro al proteger los Derechos Humanos de las niñas de 10 años, sino de todas las niñas para evitar que vivan violencia en cualquier lugar.
Le harán justicia a Miriam, niña guerrerense que a los 2 años 8 meses de edad vivió violencia sexual por parte de un hombre 11 años mayor que ella, Saúl Andoni Quintana Campo.
Miriam y su familia buscan justicia desde hace 3 años para que su agresor sea sancionado, pero Saúl Andoni Quintana Campos ha evitado durante todo ese tiempo enfrentar su delito con el apoyo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez, quien absolvió a Saúl de la agresión contra Miriam, al no aceptar los peritajes psicológicos, oficial e independiente, que corroboran el dicho de Miriam sobre el abuso sexual.
Las niñas deben ser escuchadas y su dicho debe ser creído por la autoridad cuando la violencia se ejerce sobre ellas, la obligación de las autoridades es proteger a la víctima no al agresor.
Garantizar los derechos de las niñas transformará a México y al mundo en un mejor planeta para la humanidad, porque ellas gozarán de todos sus derechos.
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
16/LLH/LGL
Que gobiernos cumplan los compromisos de Conferencias Regionales: feministas
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan retrocesos democráticos por el ascenso de gobiernos que profundizan y expanden modelos económicos extractivistas que causan pobreza y exclusión de las mujeres; y un auge de ideas fundamentalistas que aluden a una “ideología de género” para frenar las luchas feministas por la igualdad, coincidieron mujeres que participan en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Reunidas en un foro feminista en Montevideo, Uruguay, las mujeres firmaron la Declaración Política en la que exigen a los gobiernos de la región, cumplir sus compromisos en materia de igualdad sustantiva, democracia paritaria y justicia.
Señalaron que los retos que enfrenta en este momento el movimiento feminista se agudizan ante un contexto de desigualdad y crueldad, que se ejemplifica con una cultura permisiva con las distintas formas de violencias contra las mujeres, el aumento del embarazo y maternidad forzada en niñas, el feminicidio y los crímenes de odio.
Ante estas problemáticas las mujeres exigieron cumplir con los compromisos asumidos en las Conferencias Regionales para la igualdad sustantiva, la democracia paritaria y la justicia; que las leyes y políticas públicas reconozcan la identidad de género de las personas trans; y un alto a las violaciones “correctivas” a las mujeres con orientación sexual distinta a la heterosexual.
En materia de salud, pidieron que se reivindique el derecho a decidir sobre sus cuerpos, que se garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, a servicios de atención a la salud reproductiva, a métodos de reproducción asistida y anticonceptivos modernos, incluida la Anticoncepción de Emergencia, así como la implementación de leyes y políticas de educación integral de la sexualidad.
En su Declaratoria también exigieron que niñas, adolescentes y jóvenes, sean reconocidas como sujetas de derecho, que se promueva y garantice su participación política y social; medidas para erradicar la discriminación, marginación y exclusión que enfrentan las mujeres con discapacidad; el fin a la trata y garantías para el “trabajo sexual”.
Sobre la injerencia religiosa en el Estado y en las políticas públicas las firmantes señalaron que la laicidad debe ser un principio rector de las democracias; pidieron que se reconozca la desigualdad estructural, que la política fiscal tenga un enfoque de género y que se escuche el llamado urgente a tomar acciones para erradicar las violencias contra las mujeres.
“Es hora de garantizar nuestras vidas, de evitar que continúen asesinándonos en todo el continente. Nuestras voces seguirán clamando #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos”, dice la Declaratoria.
Finalmente las feministas de la región expresaron su solidaridad con las mujeres, niñas y adolescentes colombianas así como con toda una nación que lucha por alcanzar la paz tras más de 50 años de conflicto armado.
16/AGM/LGL
Mujeres de AL y el Caribe realizan entre 71 y 86 por ciento del trabajo no remunerado
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) recomendó reducir los horarios laborales y crear políticas públicas en donde el Estado asuma responsabilidades de cuidados de menores de edad y adultos mayores, para ayudar a reducir esa tarea que se le asigna a las mujeres.
Durante el Panel “Cuidar y ser cuidado en igualdad: la división sexual del trabajo en entredicho” realizado durante la XIII Conferencia Regional de la Mujer, en Montevideo, personas expertas en el tema hablaron sobre la medición de la economía del cuidado y de la división del trabajo en el hogar de acuerdo al sexo y género.
En el panel, la ministra de la Mujer de República Dominicana, Janet Camilo, recordó que durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe efectuada en Quito en 2007, los gobiernos de la región acordaron “formular y aplicar políticas de Estado que favorecieran la responsabilidad compartida y equitativa entre mujeres y hombres en el trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo”.
La especialista en Economía y asistente del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, Nathalie Lamaute-Brisson, dijo que “reconocer, reducir, redistribuir y remunerar el cuidado”, son puntos clave para incluir en las políticas públicas de los países latinoamericanos y para incorporarlos a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En tanto, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Mauricio Perfetti, dijo que las encuestas que miden el uso del tiempo dedicado al cuidado de otros y al trabajo no remunerado, deben ser utilizadas como base para los programas que promuevan la igualdad y reducir la división sexual del trabajo en el hogar.
Un ejemplo de política pública encaminada a involucrar al Estado en las responsabilidades de cuidado de otros, es el Sistema de Cuidados (SNIC) de Uruguay, aprobado en noviembre del 2015.
Sobre eso habló la Secretaria Nacional de Cuidados de ese país, Patricia Cossani, quien explicó que esa política pública contempla la ampliación de los servicios de escuelas y guarderías, la regulación laboral para ajustar las jornadas de trabajo, para de esa manera asegurar que las niñas y niños estén bajo el cuidado de instituciones y reducir la carga de este trabajo, regularmente asignado a las mujeres.
En el documento de posición “Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible” emitido por la Cepal, se muestra que las mujeres de los países de América Latina y El Caribe, realizan entre 71 y 86 por ciento del total de trabajo no remunerado que demandan los hogares.
Destaca que entre mayor es el nivel socioeconómico de las mujeres menor el tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidados de otros; por ejemplo de la población de mujeres mexicanas de 20 a 59 años de edad de hogares considerados no pobres, dedicaron un promedio de 73.3 horas semanales al trabajo no remunerado durante el 2014, mientras que las mujeres del mismo rango de edad de hogares considerados pobres le dedicaron 76.7 horas semanales a esas labores.
Lo anterior indica que las mujeres que tienen mayores ingresos pueden pagar servicios para el cuidado de otros, así como productos tecnológicos que les permitan realizar sus labores domésticas.
Respecto al trabajo remunerado, las mexicanas que se ubican en el rango de edad de 20 a 59 años de hogares no pobres, le dedicaron 36.2 horas semanales mientras que en las de hogares pobres -de la misma edad- registraron 23.8 horas semanales.
16/GVV/LGL
En medio de confrontación, gritos y acusaciones, organizaciones civiles y activistas coincidieron en que la “trata de personas” es un delito que se debe combatir pero mantuvieron posiciones encontradas sobre la propuesta del Jefe de Gobierno de reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
En el segundo foro convocado por el diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo, para debatir la propuesta de derogar la prostitución como una infracción en la Ley de Cultura Cívica de la capital, las activistas se pronunciaron sobre el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce esta actividad como un trabajo.
Activistas como la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz y la integrante de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente, Mónica Soto Elizaga dijeron que reconocer el “trabajo sexual” serviría para afirmar que las víctimas de trata “hacen un trabajo voluntario”.
Al respecto, Soto Elizaga aseguró que todas las mujeres, incluyendo las que están en condiciones de prostitución, tienen derecho a la salud, trabajo, identidad sexual y vivienda, y por tanto no deben ser reprimidas ni criminalizadas pero dijo que hay que tomar en cuenta que hay niñas y mujeres que son obligadas a prostituirse.
La feminista expuso que la posición en contra de reconocer el “trabajo sexual” no es una ideología mojigata porque cada persona puede tener la vida sexual que quiera, sin embargo, señaló que con esta propuesta –que estará a debate en la Asamblea Constituyente– el Gobierno de la Ciudad de México normalizaría una actividad donde se explota el cuerpo de las mujeres.
En la misma posición, la activista Teresa Ulloa Ziáurriz dijo que es preocupante reconocerlo como un “trabajo” toda vez que en uno se garantizan los derechos laborales como aguinaldos y vacaciones, por lo que afirmó que en lugar de hablar de “trabajo sexual” las autoridades deberían ofrecer a las capitalinas oportunidades cuando quieran salir de contextos de prostitución.
En la parte opuesta, el coordinador de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que promueve derechos sexuales y reproductivos–, Alex Alí Méndez Díaz, aseguró que en este tema se deben considerar los tratados internacionales y el marco jurídico nacional y no sólo las posiciones ideológicas.
Recordó que en 2013 el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal emitió una resolución donde reconoció el “trabajo sexual” como una actividad laboral y por tanto aclaró que se debe partir de esta resolución. “Podemos criticarlo pero ya está la sentencia”, dijo.
Señaló también que el artículo 5 de la Constitución federal dice que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” por lo que aseguró que el problema técnico para legislar es la distinción entre el lenocinio, la trata y explotación porque el “trabajo sexual” “ya está protegido” por una jueza federal.
Durante el foro -que se presentó como una mesa de parlamento abierto- algunas de las personas asistentes aplaudieron a quienes apoyaban esta postura y gritaron consignas a quienes estaban en contra, refutaron datos e hicieron cuestionamientos a las personas oradoras. Así, tomó la palabra la activista de la organización “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, Elvira Madrid, quien lleva 27 años trabajando este tema.
De acuerdo con la activista, en las zonas donde las mujeres y personas trans o intersexuales realizan su “trabajo” también hay trata de personas, pero aclaró que ya existe una Ley para combatir este delito por lo que –advirtió– hay que “aprender a distinguir entre una actividad laboral y un delito”.
Elvira Madrid dijo que hay confusión para reconocer quién es víctima y quién trabaja por su cuenta; en este sentido pidió a la Asamblea Legislativa que haga un llamado a la Procuraduría de Justicia capitalina para que deje de criminalizar a las mujeres cuando hace operativos en las calles o centros nocturnos de la Ciudad.
Mencionó que entre las arbitrariedades que viven las trabajadoras es que si llevan condones se les acusa de lenocinio, las obligan a firmar declaraciones sin que las lean o a firmar hojas en blanco; y aseguró que “Brigada Callejera” no promueve la trata, por el contrario la denuncia.
En la mesa donde también participaron investigadoras; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suarez del Real y la antropóloga feminista Marta Lamas, ésta última señaló que hay posiciones encontradas y coincidencias, por lo que hizo un llamado a las organizaciones civiles a trabajar en lo que sí comparten.
16/AGM/LGL