El 27 de mayo de 2015, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas amenazó con una pistola a Xochitl, quien salía de su escuela en Ixtlahuaca, la obligó a subir a una camioneta, abusó sexualmente de ella e intentó ahorcarla. Ella logró escapar, denunció y lo encarcelaron, pero el pasado 5 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo dejó en libertad.
Ante esto, el próximo primero de marzo, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), que acompaña a Xochitl, apelará la liberación del potencial feminicida y agresor sexual, ante la Sala Colegiada Penal de Toluca, para que el caso vuelva a revisarse, ya la joven está nuevamente en riesgo, con su agresor en la calle.
La Procuraduría mexiquense nunca le avisó que liberarían al agresor y fue hasta el 9 de enero de 2017 cuando Xochitl se enteró, pues ante la falta de noticias sobre el caso, acudió al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca. Le dijeron que la liberación se dio por “no existir pruebas suficientes, ni pertinentes para condenarlo”.
Ante ello, el Gadh a través de la plataforma change.org, publicó una carta que será entregada una vez que se recaben las firmas, al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, al procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y al presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura mexiquense, Sergio Javier Medina Peñaloza, a quienes piden la revisión de la sentencia en el juicio de amparo que será presentado el próximo primero de marzo.
En ella se exige que la Sala Colegiada Penal de Toluca emita la revocación de la sentencia absolutoria, una investigación que incluya la perspectiva de género como lo ordena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los casos de violencia hacia las mujeres, y una resolución que garantice el acceso a la justicia y la reparación de daños a la víctima.
LOS HECHOS
El 27 de mayo de 2015, Xochitl, estudiante de 24 años de edad, salía de su escuela, en el municipio de Ixtlahuaca, Edomex, rumbo a su casa. En la parada del transporte, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas de 22 años de edad, se acercó a ella en una camioneta apuntándole con un arma de fuego y la obligó a subir, ahí la violó y golpeó mientras amenazaba con asesinarla.
Xochitl logró escapar de la camioneta en un descuido de su agresor, al salir gritó pidiendo ayuda y corrió hacía el negocio donde trabajaba una profesora de ella, quien la ayudó junto con otros vecinos. En ese momento, Gabriel Reyes logró escapar.
La acompañaron al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca, donde presentó una denuncia y proporcionó las placas de la camioneta, pero las autoridades descartaron su declaración porque “los hechos y tiempos no cuadraban” y les pareció “sospechoso” que no conociera al agresor. Este le había confesado a Xochitl que la vigiló por varios días y notó que siempre viajaba sola.
Xochitl fue remitida al hospital general de la zona, tenía dos costillas rotas y lesiones en el cuello por intento de ahorcamiento, además de múltiples golpes en la cara. El personal médico no quiso atenderla porque “era muy tarde” y le pidieron regresara al día siguiente.
MP DESECHÓ EVIDENCIAS
El agresor de Xochitl fue detenido e identificado por la víctima en junio de 2016. Durante el proceso, Xochitl nunca recibió los citatorios para acudir al MP y continuar con la denuncia. Las dos abogadas de oficio que le fueron asignadas no le informaron el proceso judicial a seguir y una de ellas, la licenciada Mónica Doraly, nunca la atendió. La buscó, pero las autoridades del Ministerio le aseguraron que no la conocían.
Al revisar su expediente, Xochitl notó que varias evidencias se habían desechado y su segunda abogada le explicó que no lograron revisar y tomar en cuenta la camioneta para la acusación porque el agresor la vendió días antes de ser detenido. De la misma forma, se concluyó que las pruebas de esperma eran muy pocas para concluir la pertenencia al agresor.
El 5 de enero de 2017, Gabriel Reyes Balderas fue puesto en libertad por una sentencia absolutoria, dictada por la jueza María Ledit Becerril García, bajo el argumento de la supuesta falta de pruebas para condenar al agresor por violación e intento de homicidio.
Al conocer la sentencia, Xochitl decidió pedir ayuda de organizaciones de Derechos Humanos (DH) y atención a mujeres. La Gadh –organización que lleva el caso- pidió a las autoridades medidas cautelares para la víctima; lograron que una patrulla del municipio diera rondines por su casa.
CONTINÚAN LOS HOSTIGAMIENTOS
Un día después de contar con medidas cautelares, alrededor de las 10 de la noche, un hombre y una mujer intentaron entrar a la casa de Xochitl. Llamó a los números de atención que le proporcionaron para emergencias pero nadie le respondió.
Después de 40 minutos, una patrulla llegó al domicilio de Xochitl, pero en respuesta a las llamadas que hizo el Gadh para que atendieran a la víctima. Los policías sólo le pidieron que se resguardara en su casa.
Xochitl se vio obligada a dejar su casa y su familia e irse a resguardarse a un lugar seguro. Tiene desconfianza del Ministerio Público de Ixtlahuaca, por lo que presentarán la apelación de forma independiente en la Sala Colegiada Penal de Toluca.
“Este caso, señala la organización en un comunicado, no puede quedar en la impunidad, el Poder Judicial tiene que corregir la sentencia de la Jueza y asegurar un castigo para este violador y potencial feminicida”.
17/RED/GG
febrero 2017
Solo una empresa tiene registro sanitario para copa menstrual: Cofepris
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó a la Cámara de Diputados que en México sólo hay una empresa con registro sanitario para vender copas menstruales y que, para catalogarlas, se solicitará analizar si se trata de un dispositivo médico y de qué clase.
El 3 de febrero de 2016, la Cofepris emitió una alerta sanitaria para recomendar no adquirir ni utilizar las copas menstruales –una alternativa para las toallas sanitarias y los tampones– porque ninguno de estos productos, considerados dispositivos médicos, contaba con registro sanitario vigente.
A un año de esta alerta, el pasado 11 de enero, la Comisión Permanente del Congreso exhortó al organismo encargado del control sanitario realizar una investigación científica sobre estos productos sin registro y de su entrada al país, toda vez que se venden principalmente a través de internet.
En respuesta a este llamado, el organismo informó que a la fecha sólo la marca The Diva Cup, de la empresa Emergo, cuenta con registro sanitario para vender la copa menstrual y que se solicitará a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que establezcan los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia del producto, lo que estará listo en próximos meses.
De igual forma, la Cofepris dijo que propondrá solicitar al Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea que analice si se trata de un dispositivo médico y de qué clase porque, de clasificarse como un dispositivo médico, se deberá detallar sus especificaciones.
ALTERNATIVA
En diciembre pasado, la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, dijo que la alerta de la Cofepris sólo causaba la “estigmatización” de productos alternativos a las toallas sanitarias y a los tampones, ya que estos productos cuentan con certificaciones sanitarias en sus países de origen como la Food and Drug Administration en Estados Unidos.
La diputada, quien originalmente propuso a la Cofepris promover una campaña para el registro de estos productos e informar sobre sus beneficios, indicó que las copas menstruales son una alternativa más económica y compatible con el ambiente y con mejores beneficios higiénicos para la salud de las mujeres.
En un documento que presentó al Congreso, la diputada recordó que este tipo de productos alternativos, que se fabrican generalmente con silicón quirúrgico, puede tener un precio entre los 400 hasta los 700 pesos, y puede durar hasta diez años, mientras que una mujer adquiere, de los 13 hasta los 50 años de edad unas 13 mil toallas sanitarias o tampones desechables, por más de 26 mil pesos (dos pesos por unidad, en promedio)
Sobre este tema en abril de 2016 la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, pidió que se exhortara al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desgravar las toallas sanitarias y tampones, y reconoció que las copas menstruales eran una alternativa amigable con el medio ambiente.
17/AGM/GG
Volantes que anuncian prostitución en parabrisas ocultan explotación sexual
Los cada vez más habituales flyers (volantes) que anuncian prostitución y que se sitúan en los limpiaparabrisas o por el suelo de las calles de Madrid han sido sometidos a un estudio para analizar su contenido. Lo han hecho profesionales de la investigación y docencia de la Universidad de Comillas ICAI-ICADE, Carmen Meneses, Jorge Uroz y Antonio Rúa.
Entre los datos revelados sorprende que los mensajes “ofrecen una visión de la prostitución libre, voluntaria e independiente” que es contraria a la realidad de la prostitución. Este estudio forma parte de uno mayor sobre prostitución y trata llevado a cabo dentro del marco del proyecto I+D+I “Visibilizando a las víctimas de trata: actuando contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual”.
En Sexo por anuncios: Análisis de los flyers de servicios sexuales en Madrid han analizado 107 flyers recogidos en la vía pública de la ciudad, mediante un análisis del discurso y de contenido, complementado con un análisis cuantitativo de las variables principales.
El análisis ha permitido señalar que los destinatarios de estos anuncios son principalmente varones, casi en exclusividad. Sólo unos pocos incluían a parejas, y solo uno prestaba servicios a mujeres.
EURO, PALABRA MÁS REPETIDA
Facilitado por el programa Nvivo, se profundizó en la frecuencia de las palabras contenidas en los anuncios o flyers. La palabra “euro” es la que destaca en todos los flyers analizados; se encuentra en prácticamente todos los anuncios, lo que apunta a mostrar la prostitución como un producto más en la sociedad de consumo y que el dinero es la principal razón para ejercer la prostitución.
Tras “euro”, las palabras más repetidas son “años”, “discreta”, “discreción”, “chicas”, “copa gratis”, “nuevas” y “zona”.
VOLUMINOSA Y LATINA O ANIÑADAS Y ASIÁTICAS
El estudio analiza también cómo se presentan las imágenes de estos flyers. Se trata, generalmente, de una iconografía e imágenes provocadoras, con una carga erótica importante, resaltando aquellos atributos corporales femeninos que más puedan atraer sexualmente a los varones: el pecho y las nalgas.
Distinguen tres iconografías femeninas: 1. La mujer voluminosa, representada en su mayoría por las mujeres latinoamericanas. 2. Las mujeres asiáticas, con rostro aniñado. 3. La figura delgada y esbelta propia de la imagen femenina de la moda y la estética publicitaria seductora y provocadora.
NORMALIZAN EXPLOTACIÓN SEXUAL
El estudio concluye que la imagen que transmiten estos flyers, con “una mujer diferente, independiente y liberal que utiliza su cuerpo para obtener beneficios económicos” se aleja de la realidad que existe detrás.
Se enmascara la explotación sexual de estas mujeres y se normaliza la prostitución.
Apuntan también a que “El alto contenido erótico que muestran y el fácil acceso a los menores, para los que supone un juego de colección de cromos, y que ha hecho que Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) denuncien la situación al Ayuntamiento y éste determine la regulación de este tipo de anuncios por los mensajes que transmite a la población adolescente”.
PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO
Para completar el estudio, llamaron a más de cien número de teléfono que aparecían en los flyers, de los cuales sólo respondieron 58.
Al contrastar la información que proporciona el flyer con la que encontraron en foros de internet donde “valoran” a las mujeres prostituidas, encontraron prácticas sexuales de riesgo como felaciones sin preservativo (si se paga un precio mayor) o penetración sin preservativo, especialmente entre las asiáticas prostituidas.
*Artículo retomado del portal Tribuna Feminista
17/RED/GG
La cooperativa que hila historias en Cuetzalan hacia una vida digna
En la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, desde hace 31 años se practica la sororidad, tal cual la define Marcela Lagarde: una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política. Se practicaba sin saber siquiera qué es ese concepto, sin saber de feminismo, ni de teoría, sólo con la intención de caminar hacia una vida digna.
Hace 31 años surgió la cooperativa Maseual Siuamej Mosenyolchicauanij (Mujeres Indígenas que se Apoyan) con el objetivo de buscar alternativas productivas ante el declive del campo en la región y también de dignificar la vida de las mujeres, que entonces sólo se dedicaban a labores del hogar.
Al inicio, las integrantes se organizaron para vender sus productos: el tejido en telar de cintura, el bordado a mano y la cestería de jonote, un árbol cuya corteza se transforma en fibra vegetal. Pero el proyecto creció más allá de lo económico y ahora tienen el hotel Taselotzin, un local, varias tortillerías y una farmacia tradicional. Las mujeres encontraron una voz, un espacio para ayudarse y transformar su comunidad.
Las integrantes del colectivo Maseual Siuamej se volvieron promotoras de derechos humanos y de la Casa de la Mujer Indígena; participan en una red contra la violencia doméstica; difunden y protegen su cultura a través de la herbolaria y medicina tradicional; y forman parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y del Comité de Enlace Continental de Mujeres Indígenas.
En sus proyectos más recientes, la organización busca difundir su trayectoria, su lucha y su ideología, por ello desde 2015 se organizó el Encuentro Tikijkiti Tonemilis (Tejiendo Nuestras Vidas), donde por una semana las integrantes reciben a personas en sus casas para intercambiar experiencias y conozcan su forma de vida. También se publicó un libro: “Hilando nuestras historias. Camino recorrido hacia una vida digna”.
CONTAR NUESTRA HISTORIA
El libro Hilando nuestras historias… fue presentado por primera vez en Puebla el 23 de febrero en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y la Librería Etcétera.
Rufina Villa Hernández, integrante Maseual Siuamej, contó a LADO B vía telefónica que fue en el primer Encuentro Tikijkiti Tonemilis que nació la idea de escribir un libro.
“No había nada escrito de la organización Maseual Siuamej, dijo Rufina, llevamos ya varios años de estar organizadas pero nunca habíamos escrito sobre nuestra historia, sobre nuestras vivencias.
Se eligieron compañeras de las siete comunidades que conforman el colectivo: San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Cuauhtamazaco, Pepextla, Xiloxochico y Chicueyaco, para que contaran la experiencia de la organización en 31 años de trabajo”.
La publicación Hilando nuestras historias… se financió con recursos del colectivo y se concretó gracias a la colaboración de Margarita Tovar, Cecilia Ramón, Evelyn Rodríguez, Emmanuel Álvarez, Eduardo Martínez, Maribel Ramiro y Aída Maltrana. La mayoría de colaboradores participaron en el Encuentro Tikijkiti Tonemilis.
En el libro se narran cómo sus esposos no las dejaban ir a las juntas, cómo en el pueblo las criticaron por “abandonar” sus hogares para salir a vender o cuando el Ayuntamiento quitó parte del material de construcción para el hotel porque los vecinos estaban inconformes, en parte porque eran mujeres.
Sin embargo la perseverancia y la sororidad les ayudaron a concretar todos sus proyectos, a acceder a una vida digna y hasta cambiar su entorno, como refirió doña Rufina.
El libro “creo que tiene un valor porque nuestro trabajo no es reciente sino de años atrás y, sobre todo, por lo que hemos ido cambiando en nuestra familia, en nuestra propia comunidad. Entonces creo que todo esto para nosotras es muy importante porque redunda en mayores beneficios para todas nuestras compañeras”.
*Este artículo fue retomado del portal de ladobe.com.mx
17/SP/GG
Si me viera forzada a utilizar una sola palabra para definir el ambiente cuando hablamos de política, corrupción en impunidad, sin duda el vocablo elegido sería frustración. En redes sociales, medios y redes, manifestaciones, reuniones de activistas, artistas, colectivos ciudadanos, reuniones familiares y cantinas, indefectiblemente alguien dice que vamos en camino a la irremediable perdición.
Sabemos que las estructuras de poder, tal como las conocemos, no funcionan. Que los políticos y sus empresas denominadas partidos, representan los intereses de una forma de liderazgo vertical desgastado, inoperante, destructivo, egoísta y violento: ese liderazgo patriarcal, conservador narcisista, al que juegan y perpetúan hombres y mujeres por igual, no importa si de izquierda, demócratas, conservadores, liberales, progres o anarquistas.
Cuántas veces escuchamos la frase “ya no quiero leer ni escuchar las noticias, me enferman”. Lo que nos enferma no es conocer la verdad, sino documentar y procesar intelectual y emocionalmente las historias de impunidad anunciada. No importa el grado educativo y cultural de quien lo dice: si ya sabíamos que_______ (aquí ponga el nombre del mafio-político de su propio estado o comunidad), había cometido todos estos ilícitos y violaciones a los derechos humanos. Ya conocíamos con datos duros y evidencia obtenida a pulso la demostración formal, tanto jurídica como periodística (que ha costado la vida, la integridad o la libertad de activistas y periodistas), que esta persona pudo haber sido cesada y juzgada mientras cometía dichos crímenes contra la sociedad. La frustración es un síntoma del entrampamiento ideológico en que nos encontramos.
Recientemente, durante un evento organizado para expresar el país que queremos e imaginamos, vi la muestra patente de ese ejercicio de poder de máscaras, que es mensajero y reproductor del patriarcado. El político Porfirio Muñoz Ledo, desesperado por arrebatar el micrófono mientras hablaba un joven activista, no miró ni escuchó a los y las jóvenes que dialogaban desde el público, cuyo llamado a reinventar el liderazgo político fue lo más sano, honesto y útil del evento. Él quería subir al podio, aleccionarnos como el patriarca tradicional; se robó el tiempo de los otros y las otras (como suelen hacer siempre los que deliran omnipotencia).
No fue a escuchar, ni a aprender, fue a buscar los resquicios de un poder añejo de una izquierda que hace años está muerta, o al menos en coma inducido por la hipocresía y el falso monopolio de la alternativa. Como él, en todo el país, los demagogos de la crisis hablan sinsentidos, porque su modelo de liderazgo está también a punto de perecer. No creo que ya las nuevas generaciones tengan la respuesta, aunque hay excepciones como Pedro Kumamoto, tenemos evidencia con Velazco en Chiapas y Remberto Estrada en Quintana Roo, que miles de jóvenes se suman a las filas de las empresas partidistas para proteger y reproducir el modelo de liderazgo convencional que favorece la cultura de la corrupción e impunidad del “o conmigo o abandonados a su suerte”.
Desde hace décadas, las filósofas feministas demostraron que, si no entendemos el origen y método del liderazgo, es imposible transformar las estructuras de poder. De allí la insistencia de mujeres y hombres feministas por deconstruir las formas tradicionales de liderazgo para crear un ejercicio de gobierno ético que actúe mientras las y los funcionarios violan la ley, y no una vez que han logrado destruir economías, vidas y ecosistemas.
Observante me encuentro en reuniones a hombres y mujeres que salivan frente al hueso potencial, que se enmascaran en el teatro del absurdo interminable. Queremos líderes que transformen colectivamente, no que destruyan al adversario. La educación para el liderazgo no es un arma, sino una herramienta. Nuestra frustración tiene razón de ser; sólo nos queda el largo camino de inventar liderazgos nuevos, ajenos a la estructura y a los chapulines, que se hacen llamar independientes, pero aman el poder tradicional. Habrá que tener paciencia y persistir, aunque no vivamos para atestiguar el cambio.
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
17/LCR/GG
Llegamos de nuevo al 8 de marzo. Una vez más, las rosas rojas cubrirán los escritorios de las mujeres que trabajan en oficinas, los medios de comunicación harán despliegues de sensiblería ignorante en torno a “La mujer” y en la radio sonará ese himno del mansplaining que canta “si yo fuera mujer, si fuera mujer…”. Como cada año, el mundo se desquiciará en debates en torno a la igualdad y el backlash antifeminista hará gala de sus prejuicios violentos.
Las luchas de las mujeres por mejores condiciones y una posición igualitaria en la sociedad tienen momentos históricos específicos, coyunturas donde mujeres organizadas en diversos países lograron conseguir derechos para sí mismas y para quienes habitamos el mundo ahora. Teorizaron sobre ello, hicieron política. La conmemoración del 8 de marzo se inscribe en esta genealogía y sin embargo, la crítica propuesta por el pensamiento feminista siempre corre el riesgo de ser utilizada por la ideología dominante para perpetuarse.
Los ejemplos van del machismo progresista a los discursos neoliberales de un supuesto feminismo que brilla por ser blanquizado o burgués.
Dicho lo anterior, aclaro que mi opinión no tratará de juzgar qué mujeres pueden o no ser feministas o cómo deberían manifestarlo. Sostengo que cuando hablamos de lo personal-político no hacemos apología de los chismes ni situamos nuestras opiniones personales sobre otras mujeres como argumentos políticos; decir que lo personal es político es asumir una praxis, feminista y dialógica, que nos libere también de las opresiones que vivimos en la esfera de lo privado.
Lo que sí intento enunciar es que en los tiempos del capitalismo más voraz, el neoliberalismo, se hace fundamental revisar la historia de los feminismos y reconocerles una tradición llena de fuentes conceptuales, momentos históricos precisos, signos de identidad teóricos, reivindicaciones interseccionales y, por supuesto, mujeres que hicieron historia y nos heredaron derechos.
LUCHA, NO CELEBRACIÓN
Una de esas mujeres fue Clara Eissner, quien propuso durante el II Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, llevado a cabo en Dinamarca en 1910, que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es 2017 y los colectivos feministas de más de 30 países han convocado a un paro internacional de mujeres para este día que nos remite a una huelga que en 1857* iniciaran las obreras de la textilera Cotton en Nueva York para lograr su reivindicación salarial y una regulación de las jornadas de trabajo.
¿Por qué importa tanto decir que el #8M es una conmemoración que invita a luchar y no una celebración? Porque las condiciones impuestas desde las políticas públicas del Estado neoliberal nos obligan a vivir en condiciones similares a las de esas mujeres en cuyo honor se estableció el 8 de marzo como Día de la mujer: feminización de la pobreza, violencia y despojo patrimonial, precarización laboral, dobles o triples jornadas de trabajo, trata, feminicidio y la eterna discriminación familiar, escolar, laboral y comunitaria.
No hablamos de cosas menores; cumplimos aún una función central en el proceso de acumulación capitalista porque nuestra fuerza de trabajo no se remunera o se remunera mal y encima no tenemos tierra, patrimonio ni derechos. Es por eso que el paro internacional del próximo 8 de marzo importa tanto. Cuando decimos que “Si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras” hacemos una clara enunciación: la importancia de nuestras vidas está en diálogo con la de nuestra fuerza de trabajo y es fundamental visibilizar todas las formas en las que somos explotadas, desde la cama hasta los centros donde laboramos.
Las raíces de la explotación social y económica de las mujeres no se encuentran en el patriarcado como un sistema aislado del capitalismo. Por el contrario, clase raza y género son sistemas de opresión que se interseccionan para despojarnos y obstaculizar el ejercicio nuestros derechos. El capitalismo nunca fue amigo del feminismo porque fundó muchas de las raíces del patriarcado que criticamos.
Si reconocemos esto, podemos notar que los discursos neoliberales que utilizan la teoría de género para legitimarse y producir mayor explotación de las mujeres son trampas evidentes. El paro internacional #8M se presenta como un gran momento para comenzar a explicarnos qué función tenemos en el capitalismo y cómo la pérdida de derechos laborales nos afecta a todas.
El paro es un gran pretexto para reflexionar sobre los servicios que brindamos sin ser remuneradas: ¿cómo servimos y sostenemos una casa, un partido, un movimiento político, una relación amorosa?, ¿cuántas veces a la semana somos libres de descansar, de tirarnos a la cama y leer un poco?, ¿qué tan cansadas están nuestras madres, las sabias, las abuelas?, ¿qué tan cansadas estamos nosotras y cuánta culpa sentimos por ello?
Nuestra explotación es doméstica, emocional, laboral, sexual y afectiva. Eso también es lo personal-político. Sobre esta explotación se sostiene el capitalismo heteropatriarcal y es ante ello que la organización se hace necesaria. Es momento de parar la maquinaria que sostenemos para poder parar nosotras mismas, para poder pensar fuera del engranaje y observar cómo funciona la fábrica y cuánto en ella nos ha sido arrebatado.
Porque vivas y libres nos queremos.
*Existen referencias distintas al año de esta huelga, María Esther Aguirre Lora escribe en Imágenes en torno a la mujer que fue el 8 de marzo de 1857. Otros textos hablan de 1908 o 1909.
**Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
17/CHJ/GG
La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial; y va en aumento, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.
Tan sólo en cuatro años, de los 57 casos registrados en 2010 se pasó a 612 casos para 2014, lo que representa un aumento de 974 por ciento, informó el director de la Redim, Juan Martín Pérez García en el Webinar “Niñez Desaparecida” hecho por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
La organización ha documentado que las adolescentes entre 15 y 17 años de edad son el principal perfil de ataque contemplado por las redes criminales de trata de personas: 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres. Martín Pérez señaló que se tiene identificado un patrón común de edad, rasgos y zonas geográficas donde ocurren los hechos.
Las entidades donde sucede este crimen de lesa humanidad tienen una correspondencia con las regiones perpetradas por el crimen organizado y grupos criminales, de acuerdo a los datos recabados por la Redim.
En la frontera norte, Tamaulipas registró de 2006 a 2014 la desaparición de mil 629 niñas y adolescentes menores de 17 años, la entidad con mayor número de casos; le sigue Baja California con 257 casos y Coahuila con 193 adolescentes desaparecidas.
En Nuevo León se contabilizaron 114 casos y en Chihuahua hubo en el mismo periodo 108 adolescentes desaparecidas.
El centro del país es otro de los focos rojos ubicados por la Redim. El Estado de México -que en los últimos años se ha representado como un caso paradigmático, indicó García- registró 386 casos, es la segunda entidad con mayor reporte de adolescentes desaparecidas.
En Guanajuato se contaron 263 casos, en Puebla 236, la Ciudad de México tuvo 169 desapariciones, Jalisco 139 y Michoacán 123.
NIÑOS, ADOPCIÓN ILEGAL Y VENTA
Este vínculo delictivo también ha correspondido con otro sector de la niñez: niños varones menores de 4 años. En el mismo periodo, 2006 a 2014, mil 902 niños desaparecieron “lo que nos da cuenta es que la desaparición de niños pequeños está asociada a adopción ilegal y venta de niños”, dijo García.
Aunque destacan las entidades con cientos de casos, el Director de la Redim alertó que la desaparición de la juventud y niñez es una situación generalizada en todo el país. El organismo contó entre 2006 y 2014, 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, desaparecidos en todo el país.
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
Martín Pérez destacó que las acciones militares emplazadas por el Estado mexicano para abatir a estos grupos criminales no han logrado garantizar la seguridad de la niñez y juventud; por el contrario, han generado un miedo generalizado en el país.
El escenario se torna complicado debido a la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas. El especialista explicó que las entidades donde han desaparecido más mujeres son las que menos Alertas AMBER (sistema de uso para hacer anuncios de desapariciones) se han emitido.
Además, dijo, “organizaciones civiles han exigido por años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las acciones preventivas, para aquellos casos de víctimas de violencia y desaparición”, sin embargo su negación trae como consecuencia que las víctimas no logren ser localizadas o terminen siendo víctima de feminicidio, en la mayoría de los casos, afirmó Martín García.
“Estamos tratando que, a partir de que se denuncie la desaparición, sin que intervenga una denuncia penal, se inicie la búsqueda”, pues en la mayoría de las entidades se tiene que esperar 72 horas para la acción de búsqueda, “horas vitales para la vida de las adolescentes”, dijo el especialista.
PROTOCOLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Redim ha manifestado al Gobierno mexicano la necesidad incluir en la nueva Ley General de Personas Desaparecidas un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita generar un protocolo más eficiente de búsqueda con perspectiva de género. Para ello, dijo el especialista, se deben implementar sistemas de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemplen las particularidades de cada caso.
La agrupación pide también crear una base de datos oficial que contemple información desagregada, con el fin de reconocer la magnitud del problema, un marco normativo que dé sustento a la ley y acompañamiento a los familiares de víctimas desaparecidas.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es la instancia encargada de atender la problemática, pero no ha logrado establecerse, debido a la falta de voluntad de otras entidades, apuntó Juan Martín.
“El resultado es que hoy no tenemos prácticamente ninguna actuación, ni preventiva, ni de cambio en las normativas para que puedan esclarecerse los 6 mil 700 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos”, agregó el especialista.
ANTE IMPUNIDAD, INSTANCIAS INTERNACIONALES
La desaparición de mujeres adolescentes es poco visible, sobre todo al ser “intencionalmente opacada y ocultada” por el Gobierno mexicano, con el fin de no asumir su responsabilidad, no sólo a nivel nacional, sino con instancias internacionales, explicó Juan Martín.
El representante de Redim dijo que la mayoría de los casos se mantienen en la impunidad debido a la ausencia de las autoridades: “es imposible que un número tan alto de personas desparezca sin que ninguna autoridad pueda percatarse de ello, tenemos que tener claro es que el Estado mexicano no está respondiendo a la realidad”.
CRISIS HUMANITARIA
Esta situación, aseveró, ya ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales como un crimen de lesa humanidad que podría ser considerada como una crisis humanitaria y de Derechos Humanos (DH) en el país.
Ante la falta de acciones, el camino que han considerado las organizaciones y la sociedad civil es acudir a los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Redim ya tuvo una audiencia en abril de 2016. Ahí destacó la importancia de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la defensa de los DH y señaló al Estado mexicano la necesidad de generar acciones para la juventud y niñez.
17/HZM/GG
En un año, violencia contra mujeres costó 1.4 por ciento del PIB
En 2015, la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El estudio, titulado “El Costo de la Violencia contra las Mujeres en México”, explica por qué la violencia genera costos económicos: cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar o ir a terapia psicológica; deja de recibir sueldo por faltar al trabajo y gasta más en trasporte; mientras que el Estado invierte en programas de prevención, apoyos sociales, procesos jurídicos y en mantener a los culpables en prisión.
El estudio señala que la cifra obtenida corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los 12 meses de 2015, a los ingresos que dejaron de percibir por causa de un feminicidio (casos registrados en 2013), así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar.
La cifra también contempla el gasto de los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por ejercer violencia familiar en 2015 y los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
En esta suma de 2015 no se incluyen otras violencias contra las mujeres como la laboral, escolar, comunitaria e institucional, lo que elevaría sustancialmente el costo, señala el estudio del PUEG –ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)- a petición de la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El costo económico de la violencia contra las mujeres se elevaría aún más si todos los casos fueran denunciados, pero esto no se refleja ya que en el país existe un bajo nivel de denuncias y solo 13 por ciento de las mujeres violentadas lo hace.
PROBLEMA ECONÓMICO
Para calcular cuánto cuesta la violencia de género al Estado mexicano, el PUEG realizó una metodología que pudiera integrar todos los aspectos de la vida cotidiana que se modifican y causan gastos personales e institucionales ante esta situación, como los gastos en salud, justicia criminal y civil, bienestar social y servicios especiales gubernamentales.
A pesar de la falta de información, el estudio logró obtener un dato para aproximarse al costo de la violencia contra las mujeres y mostrar que es un problema que afecta la economía del país y el bolsillo de las mujeres.
VIOLENCIA Y PRESUPUESTO FEDERAL
En relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el costo de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el PUEG, representa el 5 por ciento del gasto total.
Al igual que en el caso del PIB, cuando se observan los costos de la violencia en relación con al PEF, la cifra es baja, si se considera la baja denuncia, lo que significa que no utilizan los bienes y servicios que las instituciones de Gobierno deben ofrecer para garantizar justicia y reparación del daño, por lo que el Estado ahorra lo que 87 por ciento de las mujeres no demandan en estos bienes y servicios.
17/AGM/GG
Defensoras de derechos humanos, académicas, organizaciones de la sociedad civil y feministas integrantes de la organización latinoamericana Ni Una Menos convocaron a las mexicanas para que durante el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se manifiesten en contra de los distintos tipos de violencia a los que se enfrentan diariamente.
Como parte del movimiento Paro Internacional de Mujeres (PIM), creado en octubre de 2016 para responder a los tipos de violencia que experimentan las mujeres, en México se espera que se manifiesten en contra de los casos de feminicidio, por la garantía de la seguridad de las defensoras de derechos humanos y el derecho a decidir libremente el ejercicio de la sexualidad, exigencia que integra el derecho al aborto legal, gratuito y seguro, comentó la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daptnhe Cuevas.
Daptnhe Cuevas dijo para entrevista con Cimacnoticias que al movimiento, también conocido como Paro 8M, se convoca para realizarse en todo el país porque las mujeres “estamos convencidas de que las leyes y políticas públicas que defienden nuestros derechos no han sido suficientes, porque lo que se necesita es un cambio cultural”.
La Integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Atziri Ávila, describió en una entrevista con Cimacnoticias al Paro 8M, como “un llamado a que las mujeres en todo el país manifiesten en los distintos espacios en los que están presentes su rechazo a todos los tipos de violencia que viven”.
Para eso, dijo, de no poder reunirse en lugares públicos, hay otras acciones con las que pueden sumarse, por ejemplo frenar actividades laborales durante 30 minutos, difundir los distintos actos públicos que se realicen en el país durante ese día y manifestarse a través de sus redes sociales.
Académicas y defensoras de derechos humanos estarán en constante comunicación para compartir carteles, audiovisuales y los distintos materiales que surjan de las organizaciones ese día, porque se busca que “resuene en todos lados las exigencias que estamos haciendo”, comentó Daptnhe Cuevas.
La defensora de los derechos de las mujeres Daptnhe Cuevas recalcó la importancia de resaltar lo esencial que es la unión de las mujeres para exigir el
respeto de sus derechos. “Si un movimiento ha demostrado que la unión es importante para incidir en la creación de políticas públicas y la exigencia en el respeto de los derechos humanos, es el movimiento feminista. Sabemos que la fuerza está en el colectivo, así denunciaremos a través de acciones coordinadas”, dijo.
En la Ciudad de México, organizaciones como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, así como otras 17 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres convocan a sumarse al mitin en el Ángel de la Independencia a las 14:00 horas para realizar una valla humana.
A la par, las defensoras de todo el país que forman parte de la red Ni Una Menos organizarán talleres, conferencias y actos públicos, en donde exigirán el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Bajo la exigencia “Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!”, el PIM ha convocado en 23 países a que las mujeres frenen sus actividades laborales.
Los países que sumarán son: Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Escocia, España, Honduras, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Suecia, Turquía y Uruguay.
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La desigual batalla de Francisca Ramírez frente al gobierno de Ortega
La desigual batalla de la campesina Francisca Ramírez frente al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha trascendido hasta el punto que desde el corazón político de Europa se aboga por su seguridad y sus derechos.
¿Quién es ella y por qué el Parlamento Europeo demandó a Nicaragua el 16 de febrero que proteja su vida y sus derechos junto a los de miles de campesinas y campesinos de comunidades rurales del centro-sur de este país centroamericano?
Ramírez es una agricultora de ascendencia indígena, de 40 años, que ha vivido toda su vida en las entrañas del municipio agrícola de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur, a unos 280 kilómetros de la capital.
Ella narró a IPS en una entrevista que su familia ha vivido siempre en esa localidad rural, escenario de cruentos combates en la guerra civil de los años 80.
A los 8 años su padre los abandonó y su madre debió emplearse como jornalera, mientras Ramírez se hacía cargo de sus cinco hermanos menores.
Tras sobrevivir a la guerra impulsada desde Estados Unidos contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), Ramírez aprendió las labores agrícolas, se casó a los 18 años, tuvo cinco años, y con el esfuerzo de todos, la familia adquirió algunas tierras y mejoró sus condiciones de vida.
Ortega, quien gobernó el país en ese periodo, tras el derrocamiento de la dictadura dinástica de Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y en enero inició un tercer mandato consecutivo, tras ganar unos cuestionados comicios, donde la oposición fue excluida, apoyado en una alianza cívico-militar que controla todos los poderes.
EL GRAN CANAL
Ramírez era feliz con su vida hasta 2013. “Nos avisan por la radio que se va construir un canal y a mí me pareció bien importante porque decían que todos íbamos a dejar de ser pobres”, relató.
Luego, poco a poco, las noticias fueron cambiando su percepción sobre el proyecto de construir el interoceánico Gran Canal de Nicaragua, entregado en concesión al grupo chino HKND en 2014, y comenzó a hacer preguntas que nadie le respondía.
Un día, delegaciones de funcionarios públicos que nunca habían visto en su comunidad, junto a policías y militares, acompañaban a delegaciones de chinos que hacían mediciones y cálculos sobre las propiedades campesinas.
“La ruta del canal pasa por su propiedad y todos ustedes van a ser trasladados a una ciudadela (asentamiento)”, le dijeron.
La Ley 840, que en 2013 dio vida al megaproyecto de más de 50 mil millones de dólares y que ella apenas logró entender con sus escasos tres años de escolaridad, no dejaba dudas: le pagarían por sus tierras un precio que el Estado considerara “adecuado”.
Y comenzó la resistencia. “Al inicio era alegría aquí, todos decíamos que al fin llegaría el progreso, pero cuando empezaron a venir los soldados y los policías prepotentes custodiando a los chinos, toda la comunidad se resistió a dejarlos pasar a sus casas y empezamos a protestar”, dijo.
Desde entonces, aseguró que la respuesta oficial fue la misma: represión, acoso, hostigamiento y amenazas a los campesinos que se oponen a entregar sus tierras.
Ramírez cuenta que se enlistó como activista en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, una iniciativa de la sociedad civil para organizar el movimiento campesino en defensa de sus tierras y derechos.
Comenzó marchando detrás de los líderes campesinos que encabezaban las primeras marchas con pancartas con mensajes contra el canal.
Luego esos líderes fueron siendo apresados, amenazados, intimidados y reprimidos por las fuerzas policiales y militares del gobierno, y Ramírez se vio de improviso al frente de las protestas en 2014.
Su liderazgo llamó la atención de los medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de la sociedad civil.
Pronto las marchas campesinas anticanal se convirtieron en símbolo de resistencia y sumaron más personas, transformando a ese movimiento en la fuerza social de resistencia más importante que enfrentó Ortega en sus 10 años de poder.
El movimiento campesino contra el canal “es la organización social más fuerte que existe actualmente en Nicaragua. Al interior de cada movimiento surge un liderazgo auténtico y genuino, eso es lo que representa la señora Ramírez. Es la oposición social más importante del país”, valoró a IPS el sociólogo Oscar René Vargas.
El presidente “tiene conciencia que es la fuerza social más importante que enfrenta su gobierno”, aseguró.
La admiración que despierta Ramírez, por su capacidad de organizar y encabezar más de 90 marchas en el país, ha desatado la irritación del poder.
Más de 200 campesinas y campesinos han sido arrestados, unos 100 fueron golpeados y heridos de bala y el gobierno ha convertido la zona en estado de sitio militar, sin financiar proyectos sociales, según datos del movimiento.
Retenes policiales en toda la ruta a Nueva Guinea y cercos militares en sus alrededores dan la impresión de que se está en una zona de guerra.
Ramírez no ha escapado de la violencia y el hostigamiento: su casa ha sido allanada sin órdenes judiciales, sus hijos y parientes perseguidos y amenazados por agentes de inteligencia y policías en uniforme; sus bienes y objetos de comercio, como alimentos e insumos, han sido incautados y dañados y ella ha sido acusada hasta de actividades terroristas.
El penúltimo episodio ocurrió en diciembre, durante una visita a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para dialogar con Ortega sobre las denuncias de atropello a la democracia.
Ramírez quiso reunirse con Almagro y para evitar convoyes policiales sitiaron la comunidad y reprimieron a miembros del movimiento, narró la lideresa campesina.
Además, semi destruyeron el puente principal para salir de la zona, mientras retenes militares retenían a cualquier presunto integrante del Consejo.
Los propios vehículos de trabajo de Ramírez fueron confiscados, usados para movilizar tropas y luego dañados, según aseguró Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos.
“El gobierno de Ortega ha tratado con saña a Francisca Ramírez y los campesinos que la siguen. A ella le han violado todos sus derechos, desde el derecho a la protesta hasta el derecho a la movilización y nosotros tememos que le violen el derecho más sagrado que tiene: la vida”, dijo Carrión a IPS.
En la oscuridad, por trochas y a pie, Ramírez cruzó un río profundo, donde casi se ahoga, para escapar del cerco y viajar disfrazada y oculta en un camión hasta Managua, donde logró reunirse el 1 de diciembre con Almagro y narrarle los atropellos de que ella y otros han sido víctimas por rechazar entregar sus tierras.
El 16 de febrero, el Parlamento Europeo emitió su resolución de condena por la falta de protección de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua, haciendo especial referencia al caso de Ramírez y lamentando el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.
Los eurodiputados instaron al gobierno a “abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”.
“Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”, denunció el Parlamento Europeo.
Mientras el gobierno guardó silencio sobre este pronunciamiento, para la activista social Mónica López, el hecho fue una victoria del movimiento campesino.
“Sin dudas algunas, el pronunciamiento es una victoria social y política para el movimiento campesino anticanal, una condena a Nicaragua y una alerta mundial sobre lo que ocurre contra los movimientos indígenas y campesinos en Nicaragua”, dijo López a IPS.
El gobierno reitera que el proyecto del canal sigue adelante, aunque lleva un año sin avances visibles, y defiende que está destinado a acabar con la pobreza que afecta a más de 40 por ciento de los 6,2 millones de habitantes de este país centroamericano.
*Este artículo fue publicado originalmente por el portal de noticias internacional IPS.
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