De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo.
La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.
En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.
El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.
Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.
España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.
CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO
En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.
La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).
Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.
SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS
En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.
Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.
La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.
Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.
ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad, no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.
En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.
En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.
El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.
El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.
17/GL/GG
febrero 2017
Mujeres en el mundo denuncian acoso callejero y violencia sexual en la web
El acoso callejero es una realidad cada vez más denunciada en todas partes del mundo. En ciudades como Egipto, más del 90 por ciento de las mujeres lo han experimentado alguna vez en lugares públicos, y casi el 50 por ciento reconoce sufrir violencia de su día a día en el ámbito familiar.
La Ciudad de México, por ejemplo, reportaba que, en el último año, las experiencias de acoso o abuso en el transporte público alcanzaron a 8 de cada 10 mujeres, de las cuales el 43 por ciento aseguraba haber padecido al menos cuatro experiencias de violencia durante ese año.
ONU Mujeres afirma que 1 de cada 3 mujeres se enfrentan a algún tipo de agresión sexual al menos una vez en su vida. En la India una mujer es violada cada 20 minutos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y niñas no hablan de este abuso por múltiples razones: el miedo a la sociedad, la cultura, la culpabilidad de las víctimas, miedo a la policía, a los procedimientos formales, etc. El autor se vuelve más audaz con el tiempo y lo aceptamos como parte de nuestra rutina diaria.
Para denunciar e intentar frenar esta violencia se están desarrollando proyectos en la red. Algunas de las iniciativas son estas.
SAFE CITY, EN INDIA
Safecity es un recurso digital que cuenta con historias personales de acoso sexual y abuso en espacios públicos. Estos datos anónimos se agregan como puntos calientes en un mapa que indica las tendencias a nivel local. La idea es hacer que estos datos sean útiles para las personas individualmente pero también para las comunidades locales y la administración local para identificar los factores que causan conductas que conducen a la violencia y trabajar en estrategias de solución.
Desde su lanzamiento en diciembre de 2012, han recopilado más de 10 mil historias de más de 50 ciudades en India, Kenia, Camerún y Nepal.
Safecity tiene como objetivo hacer las ciudades más seguras al fomentar la igualdad de acceso a los espacios públicos para todos, especialmente las mujeres, a través del uso de datos y tecnología de fuentes orales y mapeado.
WOMEN UNDER SIEGE, EN SIRIA
Women’s Under Siege se centra en Siria y en la población refugiada para denunciar la violencia sexual que se expande a medida que la crisis se despliega. Piden la colaboración de todo el mundo para que denuncien, de forma anónima, agresiones sexuales y violaciones, ya que con estas denuncias pueden exigir responsabilidades y respuestas a la comunidad internacional.
“Estas pruebas pueden utilizarse para ayudar a la comunidad internacional a comprender la urgencia de lo que está sucediendo en Siria y pueden servir de base para posibles enjuiciamientos futuros. Nuestro objetivo es hacer que estas atrocidades sean visibles, y reunir evidencias para que un día haya justicia”.
Además, han desarrollado un mapeo de agresiones sexuales y puntos calientes de riesgo para las mujeres. “La violencia sexual está presente en cualquier conflicto y muchas veces esto se silencia. Es muy importante contar qué ha ocurrido para prevenir futuros ataques y para reparar a las víctimas”.
HARASSTRACKER, EN LÍBANO
Se trata de un proyecto que busca eliminar la aceptación habitual y social del fenómeno del acoso sexual y asalto en el Líbano. El grupo está formado por personas de el Líbano y Francia, que trabajan para lograr un enfoque integrador que combina tecnología, informes y campañas en los medios digitales.
En el proyecto han creado un mapa con datos compilados a través de relatos, denuncias e informes con el fin de hacer campañas concretas que protejan a mujeres y otros grupos vulnerables en las calles, y hacer frente al acoso de todo tipo.
Desde el principio se plantearon transformar la percepción del acoso y hacer ver que este acoso callejero es un delito. “Hacerles conscientes de que es un delito creemos que disuade a los acosadores”.
NO TE DA VERGÜENZA, EN CHILE
Con un video que muestra cómo el tráfico de imágenes sexuales por chats y redes sociales, el acoso callejero y la violación son parte de un continuo de violencia, el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) de Chile y EME Masculinidades lanzaron la campaña #NoTeDaVergüenza, que busca sensibilizar a la comunidad masculina sobre la violencia sexual que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres.
“¿No te da vergüenza ser parte de esto? Si no hay consentimiento, es violencia sexual”, narran en un vídeo; además, la campaña recomienda acciones para que los hombres se involucren en la prevención de la violencia sexual. “Nunca culpes a la víctima” y “Reacciona cuando seas testigo de un caso”, son algunas de ellas.
*Este artículo fue retomado de la revista digital feminista Tribuna Feminista.
17/RED/GG
Exigen investigar amenazas contra periodista Denisse Romero
El Congreso del Estado exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría estatal a investigar y consignar a quien resulte responsable por las amenazas que se hicieron en redes sociales contra la vida e integridad física de la periodista de Multimedios Televisión Denisse Giovana Romero Maldonado, los días 5 y 6 de febrero.
La conductora del noticiero Telediario de Tamaulipas presentó por estos hechos una denuncia ante la Procuraduría estatal el pasado 7 de febrero. Señala la periodista en su querella que “actualmente vive en la zozobra y con el temor de que se cumplan las amenazas en su contra”.
El acuerdo de la legislatura para esclarecer las amenazas, promovido por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluye también un exhorto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Seguridad Pública local, para que la autora de la columna “Desde mi perspectiva” cuente con las condiciones adecuadas que le permitan desempeñar normalmente su profesión.
El Congreso tamaulipeco hizo apenas el 18 de enero pasado un exhorto similar, dirigido a las mismas autoridades, recordó el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano, para investigar y castigar al o los responsables de las amenazas en contra de una familia de periodistas tamaulipecos, integrada por Francisco Cuellar Cardona, Rosa María Rodríguez Quintanilla e Ilich Cuéllar.
No descartó que existan más casos de amenazas y que no hayan sido denunciados por temor, por lo que consideró que no deben permitir que sigan creciendo ni queden impunes, “lo que pondría en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, columna vertebral de toda sociedad democrática”.
En eso coincidió el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Carlos García, quien aseguró que la denuncia está siendo investigada y destacó “la importancia que reviste la figura de las y los periodistas y la disposición del Congreso local con todos los trabajadores de los medios de comunicación para contribuir a que no se afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta en Tamaulipas”.
17/RED/GG
Desaparición de mujeres de 15 a 17 años subió 974 por ciento en cuatro años
La desaparición de mujeres adolescentes, de 15 a 17 años de edad en el país, es hoy un severo problema: los casos aumentaron 974 por ciento de 2010 a 2014, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
Así, de las 57 desapariciones de mujeres entre 15 a 17 años de edad registrados en 2010, se pasó a 612 casos el año 2014, pero ante esto, “el Estado mexicano sigue siendo omiso y negligente frente a este crimen de lesa humanidad”, afirmó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, al participar en el Webinar “Niñez Desaparecida” organizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
“En el caso de mujeres adolescentes, estamos hablando de grupos criminales vinculados a grupos de trata para explotación sexual comercial”, señaló Pérez García, y eso puede explicar que, de 2006 a 2014, de los 2 mil 506 casos de adolescentes, entre 15 a 17 años de edad, reportados como desaparecidos, 7 de cada 10 eran mujeres, convirtiéndose en el grupo más afectado, dijo Pérez García
De acuerdo con datos de la Red, durante 2006-2014 las entidades que presentaron el mayor número de casos de mujeres desaparecidas menores de 17 años son: Tamaulipas con un registro de 609 casos; Estado de México; 386 casos, y Guanajuato con 263 casos.
Asimismo, los casos no son menores en otras entidades, por ejemplo, en Baja California se registraron 257 adolescentes desaparecidas, en Puebla 236 y en Coahuila 193.
Para atacar esta situación, Juan Martín Pérez informó que la Red ha solicitado al Estado mexicano desarrollar, dentro de la nueva Ley General de Personas Desaparecidas, un capítulo específico sobre la niñez y juventud desaparecida, que permita reconocer su impacto, generar una base de datos oficial, así como crear un protocolo único de búsqueda a nivel nacional para localizar de manera eficiente a las víctimas.
EDOMEX, 400 DESAPARECIDAS
El director de la Redim destacó que el Estado de México (Edomex) es una entidad emblemática de este problema y en el año 2014 se contabilizaron 400 adolescentes desaparecidas, de las cuales existe la posibilidad que varios de esos casos hayan terminado en feminicidio.
En esta entidad, dijo, “se puede observar la omisión de las autoridades para la investigación de estos hechos, son pocos los casos de éxito donde las adolescentes son encontradas”.
Juan Martín Pérez declaró que, ante ineficiencia de los sistemas mexicanos de justicia, la Red ha recurrido a organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y recordó que en una audiencia ante ese organismo, en abril de 2016, la Redim destacó la crisis de derechos humanos que vive México y la “desaparición de la niñas, niños y adolescentes”,
17/HZM/GG
Gobierno redujo 45 por ciento presupuesto para prevenir embarazo adolescente
El Gobierno federal redujo 45 por ciento el presupuesto de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y omitió campañas enfocadas a niñas de 10 a 12 años, revelaron hoy el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), y las organizaciones Controla tu Gobierno y Fundar.
La ENAPEA fue aprobada en 2015 por Enrique Peña Nieto, en un contexto en el que, de acuerdo a datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud de 2014, cada día ocurren 997 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.
La Estrategia recibió en 2015 una asignación de 23 millones de pesos, para ser aplicados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Secretaría de Salud (SS).
Sin embargo, para 2016 y 2017 el presupuesto de la ENAPEA se redujo a 12 millones y se le quitaron las facultades de incidencia al Inmujeres.
Estos datos son resultado de una investigación realizada por mujeres indígenas y jóvenes en compañía del ISLB, las cuales, a través de 129 solicitudes de acceso a la información y 63 recursos de revisión, consultaron cómo se distribuyeron los recursos del programa.
NIÑEZ SIN CAMPAÑAS
Durante la presentación de los resultados, la coordinadora del Programa Mujeres Indígenas (Promui), Zenaida Pérez Gutiérrez, denunció que la ENAPEA no considera explícitamente en su programa de comunicación social realizar campañas para las y los niños de 10 a 12 años de edad. “La información no se difunde, además no hay datos que indiquen cuántos y cuáles métodos llegan a las comunidades más pobres, eso hace más vulnerable a las niñas y adolescentes”.
Pérez Gutiérrez aseguró que el embarazo en niñas de comunidades indígenas del país es “reflejo de la violencia estructural, que impacta en ellas de mayor manera porque viven en zonas rurales y en condiciones precarias”.
¿DESVÍO DE RECURSOS?
Por otra parte, el integrante del ILSB, Javier Garduño, indicó que, a través de la investigación, identificaron que durante 2016, el Instituto Nacional de la Salud Pública utilizó más de 40 por ciento en rubros que no están relacionados directamente con las líneas de acción de la ENAPEA, entre ellos la renta de maquinaria pesada.
En el próximo mes, el ILSB presentará en su sitio Web una segunda parte de la investigación, la cual contiene información específica sobre entidades particulares.
En entrevista para Cimacnoticias, la integrante de la organización Controla tu Gobierno, Maylí Sepúlveda, comentó que durante 2017, junto con Fundar y el ILSB, presentarán los resultados obtenidos al Gobierno federal.
Y comentó “urge que den respuesta, porque, algo notorio es que no hay un registro específico de cómo se distribuyen el presupuesto en otras instancias de salud pública que implementan la ENAPEA, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por ello, Controla tu Gobierno y Fundar acompañarán al ILSB durante este año para “presionar a las instituciones para que al menos se informe en qué se emplea el dinero y podamos saber si la estrategia es eficaz o no”, añadió Maylí Sepúlveda.
17/MAE/GG
“Siete años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio”, dijo en entrevista la parlamentaria finlandesa Satu Hassi a propósito del aniversario del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras iban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, en el estado de Oaxaca.
En abril se cumplirán siete años del crimen pero, a la fecha, de 13 presuntos responsables, uno ya murió, ocho están en libertad y cinco están en prisión sin sentencia; dos de las testigos claves que presenciaron los hechos son amenazadas; y como, complemento de las irregularidades, el abogado de los acusados es también el intérprete de las familias de las víctimas.
“Esto hace que crezca la desconfianza en la voluntad de las autoridades. Luego de tantos años la resolución del caso es una idea muy remota”, expuso la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Finlandia y ex integrante del Parlamento Europeo, quien desde 2011 participa en la misión de trabajo que cada año viene a México a conocer los avances del caso.
Satu Hassi, quien visitará Oaxaca junto con sus compatriotas, los parlamentarios Ska Keller y Josep-María Terricabras, señaló que en Finlandia –país de donde era originario el activista Jyri Jaakkola– hay una preocupación porque han pasado muchos años y todavía no hay un juicio y el hecho de que cada año se postergue la investigación hace más difícil tener justicia.
¿AUTORIDADES BUSCAN SOLUCIÓN?
“Nuestro mensaje a las autoridades federales y de Oaxaca es la misma demanda: que el caso sea llevado a la justicia”, dijo la finlandesa, antes de reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Justicia estatal; además se prevé que tenga una audiencia con el gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016.
Ante los funcionarios explicará su postura sobre la investigación, por ejemplo que cada detenido esté en un proceso penal por separado, a pesar de que se trata del mismo delito y de las mismas evidencias, y testigos para cada sospechoso. Sobre esto dijo que la pregunta es si realmente quieren resolver el caso, porque esta situación hace mucho más difícil y lento esclarecer el crimen.
“¿Por qué obligar a los testigos a venir cinco veces a decir lo mismo, o trece veces si se detiene a los trece?, uno sólo puede preguntarse cuál sería la motivación de actuar de esa manera”, señaló.
Aunado a esto, el abogado de los acusados funge como intérprete de las familias de las víctimas para traducir sus declaraciones del triqui al español, lo que indica que no hay imparcialidad y objetividad; hay evidencias que, sin motivo fundado, han sido rechazadas; y el caso se realiza en Huajuapan en la región triqui, un lugar inseguro para los testigos.
“Mi idea es que se ha usado cualquier tipo de complejidades jurídicas y legal, por el estado y por el gobierno federal, para no enjuiciar a los sospechosos”, expuso la parlamentaria.
Satu Hassi declaró que este caso se ha llevado hasta la oficina del Primer Ministro de Finlandia y al Parlamento Europeo pero hasta ahora no hay respuesta del Gobierno mexicano. Sin embargo, consideró que seguirán insistiendo porque creen firmemente que el deber de un Estado es proteger a su ciudadanía y pedir justicia para ella.
17/AGM/GG
Entre banderas blancas y negras, negras y rojas y también turquesas, cientos de mujeres de las diferentes organizaciones, Movimiento Evita, Movimiento Popular La Dignidad, Seamos Libres, Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT), entre otros, que conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se reunieron en Asamblea al costado del Obelisco para organizar su participación en el Paro Nacional de Mujeres del 8 de marzo.
María José y Mónica tienen remeras rojas que fabricaron y estamparon ellas mismas. Las dos llegaron desde Quilmes. “Venimos para que de una vez se respete a las mujeres. Para que no haya más femicidio y también por los derechos de las trabajadoras” dijeron a Cosecha Roja. María José es madre de tres niños y enseña costura en una textil. Mónica, entrerriana y arquitecta y madre de dos jóvenes, es responsable técnica del Movimiento Evita Quilmes y dentro del Plan de actividades, que es una nueva herramienta de trabajo que consiguió la CTEP, hacemos actividades adentro de los barrios con las compañeras de las cooperativas de Argentina Trabaja.
“Hay más mujeres que se animan a salir de sus casas y entienden que ellas pueden progresar y hacer sus propias producciones y que atender a su marido no sea su única responsabilidad”, contó María José. “Cada mujer se lleva lo que hace a las ferias y vende todo lo que hace”.
Patricia es técnica en jardinería y da capacitaciones en huerta. La acompañan a la Asamblea su compañero y su hija de cinco años. “Ella está muy acostumbrada a las marchas. Estaba en la panza cuando se murió Néstor (Kirchner) así que te imaginás”, contó a Cosecha Roja. Patricia viene de Tigre. “En la CTEP somos mayoría de mujeres.
Vamos a marchar el 7 con el paro de la CGT y también el 8 de cara al Paro Nacional de Mujeres”, dijo. Ella da clases a dos cooperativas y a algunos alumnos “sueltos”. “Desde octubre, que llegaron los recursos, nos pusimos a trabajar en parcelas de dos por dos. Hasta hace poco nos comimos lo que hicimos pero ahora ya estamos pudiendo preparar bolsones para vender”. La tierra que usa Patricia es una parcela lindera a una capilla. A cambio, los miembros de la cooperativa le construyeron dos bañitos.
Milca fue al Obelisco para visibilizar una problemática que atraviesa a todas las mujeres del sector de la economía popular. “En nuestro caso es la cuestión gremial la que nos unifica y nuestro reclamo no tiene que ver directamente con una política de género sino que planteamos que el ajuste de este gobierno genera violencia, exclusión y hambre. Todas esas situaciones profundizan la violencia patriarcal hacia adentro del hogar”, explicó a Cosecha Roja.
Milca es responsable del Movimiento Evita en Tigre y trabaja con las cooperativas. “Vivo con mi hijo de 19 años. Somos nosotros dos y aun así nos cuesta llegar a fin de mes. Él está terminando el secundario y está a mi cargo. Veníamos de años de construir nuestra casa pero ahora se paró. Siempre digo que antes entrabas a un barrio un fin de semana y sentías el olor a asado. Eso no existe más. Ni el asado ni las changas (trabajo eventual)” contó. “En las cooperativas de trabajo la mayoría son mujeres. Hacen su trabajo y van a la casa y siguen trabajando pero casi todas han perdido su changa. Las costureras y ni te digo las que lavaban para la gente de los barrios privados. Eso mermó. La crisis afecta a todas las clases sociales”.
“Soy de la CTEP San Martín y estoy acá para hablar sobre el 8 de Marzo y para decir que el ajuste es violencia hacia las mujeres. Nosotras salimos a bancar la olla”, dijo a Cosecha Roja Zulma Duette, concejal por el Movimiento Evita. “Yo era una trabajadora de la economía popular y presidenta de una Cooperativa de Argentina Trabaja. Hacía trabajo social con módulos de trabajo. Es muy desesperante ver que todos los días se cierra una fábrica. Esa es nuestra lucha”.
Zulma vive en un asentamiento, en el barrio 9 de Julio. Su familia está formada por sus tres hijos, la hija y la nieta de su marido. “Mi situación económica cambió porque pude acceder a ser concejal pero no me olvido de dónde vengo y mi lucha está acá, con estas mujeres. Mi asentamiento mejoró un montón. El intendente le puso asfalto pero las casas son precarias y las familias viven amontonadas. Igual yo, aunque sea presidenta me pienso morir en mi asentamiento. Nunca me voy a ir de ahí”.
*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja.
17/RED/GG
Españolas vs la violencia machista: 14 días en huelga de hambre
“De mayor quiero estar viva”, dice la camiseta de una de las cinco mujeres que lleva 14 días en c en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia de género. Ayer, a su protesta se unieron centenares de personas, en un día en el que se confirmaban dos nuevas asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y mientras la ministra respondía en el Congreso con generalidades a una pregunta oral en el Pleno sobre el descenso presupuestario en esta materia.
El pasado 8 de febrero, ocho mujeres de la Asociación Ve la luz se instalaron en la puerta del Sol y comenzaron una huelga de hambre para protestar contra la violencia machista. Tres de ellas se han visto obligadas a abandonar por motivos personales. Una de esas 5 activistas se encuentra hospitalizada por problemas pulmonares.
Ayer, las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirmaban que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas se incrementaban de 11 a 15. Este miércoles se conocía el asesinato de una mujer en la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda y el de otra en Villanueva del Fresno (Badajoz), apuñalada el pasado domingo por su marido.
Unos minutos después de las 20:00 horas, un enorme círculo de personas rodeaba la carpa azul, en el centro de la plaza. En el centro del círculo varios carteles recuerdan los nombres de las asesinadas junto a decenas de zapatos tintados de rojo, una iniciativa que llegó hace un par de años a las ciudades españolas impulsada en Ciudad Juárez y que ha sido replicada en todo el mundo.
Las asistentes se han sentado para escuchar las proclamas feministas lanzadas por varias mujeres en apoyo a las huelguistas. “Nos hemos cansado de minutos de silencio, queremos mostrarles nuestra rabia y nuestra indignación porque el Gobierno no está reaccionando, se caracteriza por la inacción”.
Las ocho mujeres en huelga de hambre (Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia), enviaron a los principales partidos políticos un manifiesto, que recoge veinticinco medidas efectivas para mejorar la protección de los derechos de estas mujeres y sus hijas e hijos en un pacto de Estado.
Entre ellas, se destaca impulsar una Ley Integral de violencia machista, en la que se contemple la figura de "feminicidio" y el reconocimiento de las victimas afectadas por violencia de género, para que se les presten las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas del terrorismo. Además, se deben de incluir "especialidades" dedicadas al maltrato de las parejas y ex parejas pero también otras sobre la trata y la explotación sexual de las mujeres.
Ese pacto de Estado es el objetivo de la subcomisión de violencia de género promovida en el Congreso y que está recibiendo los aportes de expertas y organizaciones. “En ella deberían tener representación las propias víctimas de violencia de género”, sostiene la portavoz de la presidenta de la Asociación Ve la luz.
La Plataforma 7N apoyará a estas mujeres este viernes, tras el acto que celebrará en el Congreso, bajo el título “Compromisos Políticos e Institucionales Contra la Violencia hacia las MUJERES”. El objetivo es iniciar una campaña, a lo largo del primer semestre de 2017, de sensibilización e incidencia de la Plataforma 7N y el conjunto del Movimiento Feminista en el Pacto de Estado a desarrollar por la Subcomisión de Violencia de Género creada en el Congreso de los Diputados y por el Gobierno.
17/GL/GG
Malawi prohíbe que las niñas se casen, aunque padres aprueben
Malawi ha hecho una enmienda histórica a su Constitución para prohibir totalmente el matrimonio infantil, tras una campaña de un año de duración por parte de grupos y organizaciones de ese país.
La enmienda para prohibir totalmente el matrimonio infantil en Malawi fue votada por el Parlamento el pasado 14 de febrero. Elimina una laguna legal que ha permitido que niñas de entre 15 y 18 años se pudieran casar. Las y los parlamentarios de Malawi votaron 131 frente a 2, en favor de la eliminación de esta disposición.
CAMPAÑA DIRIGIDA POR JÓVENES
Memoria Banda, de 20 años, una de las jóvenes que ha dirigido la campaña, afirma: “Cuando mi hermana pequeña tenía sólo 11 años, la obligaron a casarse porque presentó un embarazo. En ese momento, yo era muy joven y pensaba que era normal. Pero rápidamente me di cuenta del impacto devastador que tuvo sobre ella, sufrió abusos constantes en el matrimonio. Cuando llegó a casa, vi que la persona que había sido mi hermana pequeña ya no era mi hermana pequeña.
Ahora, dice, junto con un equipo de jóvenes activistas apoyados por Plan International, hemos trabajado con el gobierno para enmendar la Constitución de nuestro país para ayudar a terminar con el matrimonio infantil de una vez por todas “.
En 2015 Malawi tenía la novena tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo (el 46 por ciento de las niñas se casa antes de los 18 años). La práctica está técnicamente prohibida por la ley en Malawi, habiendo sido prohibida en 2015 con la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares, que aumentó la edad mínima de matrimonio de 15 a 18. Pero a pesar de este importante paso, la Constitución contenía una laguna legal que todavía permitía que niños y niñas entre 15 y 18 años se casaran con el consentimiento de los padres.
ACABAR CON EL MATRIMONIO INFANTIL
La ONG Plan Internacional es una de las que ha estado apoyando a las organizaciones de Malawi para cambiar esta ley. Lilly Omondi, directora de Plan International Malawi, afirma: “Este es un cambio trascendental para las futuras generaciones de Malawi, y estamos muy contentas de que la juventud haya jugado un papel importante en este éxito. Para los ministros pertinentes y otros encargados de la toma de decisiones, escuchar a los propios jóvenes fue crucial para el proceso. Al asegurarse de que se han escuchado sus voces, estos jóvenes han ayudado a asegurar la salud y la felicidad de millones de jóvenes malawianas que vienen”.
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
17/RED/GG
Colombia: el destino de las combatientes de las FARC-EP
Colombia: escenario de una de los enfrentamientos armados más largos de la historia del planeta. Durante este, las mujeres han sido una presencia importante, pero también la población más castigada: sometidas a esclavitud sexual, amenazas, abortos forzados, violaciones, desapariciones y asesinatos.
Hoy en día, después de los acuerdos de paz, el destino de las combatientes es incierto.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han tenido una actitud ambigua con respecto a las políticas de género. Por un lado, reglamentando internamente los aspectos relativos a la igualdad entre los militantes, por ejemplo, mediante la regulación del uso de alcohol y drogas -una de las causas de la violencia de género – por otro lado, imponiendo prácticas autoritarias como el aborto forzado.
La fuerte presencia de las mujeres en la guerrilla se debe en parte a la garantía de libertad que ha permitido a algunas escapar de la violencia doméstica o a la trata de personas. Igualmente, desde el año 2002 casi ocho mil mujeres han decidido abandonar la lucha armada.
María Emma Wills, quien dirige el Centro Nacional de la Memoria, subraya la existencia de grandes diferencias entre las distintas partes del conflicto: “el papel de las mujeres en los grupos paramilitares y en las FARC-EP es muy diferente, incluso numéricamente. De hecho, en el primer caso representan el ocho por ciento, mientras que en este último llegan al 40 por ciento. Las mujeres de los sindicatos paramilitares, como Rocío Alias, Neila Alfredina Soto y Eleonora Pineda, tenían la tarea de tejer relaciones públicas y de conectar a la política oficial con el paramilitarismo.
Mientras el papel de la mujer en la vida cotidiana dentro del ejército paramilitar fue siempre explícitamente despreciado: reclutadas para el trabajo doméstico, a menudo objetos de abuso sexual. En cambio, dentro de la FARC-EP existía un proyecto ideológico y consecuentemente una diferencia. Muchas chicas que vivían situaciones de profunda violencia doméstica, expulsadas emocionalmente por sus propios familiares, encontraron en las FARC un trato igualitario”.
En el último discurso del presidente Santos, después de la firma de los nuevos acuerdos de la Habana el tema de “la ideología de género” ha sido uno de los puntos más controvertidos. Las partes que defendieron el NO en el plebiscito por la paz y la Iglesia Católica se han lanzado en defensa de los valores tradicionales de la familia.
“Hay que tener en cuenta nuestra situación como mujeres. Algunas tenemos hijos que además crecieron en contextos difíciles. Hace meses sufro de insomnio, casi no puedo comer”, dice una ex guerrillera, que entró a las filas de las FARC-EP a los 13 años y ahora tiene 29.
LAS MUJERES EN LOS ACUERDOS
Adriana Benjumea, directora de la asociación Humanas, que participó en los acuerdos de la Habana, se muestra contenta: “se han incorporado en los acuerdos algunas propuestas clave como la inclusión en el Tribunal Especial para la Paz de un comité específico para hacer frente a la cuestión de la violencia de género durante el conflicto”.
No comparte esta idea Edilia Mendoza, integrante de Mujeres Rurales Colombianas: “Las compañeras que han luchado por sus tierras no fueron escuchadas. Hay varias formas de violencia contra la mujer, no sólo la sexual. La injusticia en el reparto de la tierra, la difícil situación alimentaria. Se habla de más de 5 millones de agricultoras que han sido abandonadas o que han quedado viudas”.
EMPODERAMIENTO
Victoria ingresó en las filas de las FARC-EP en 1993: “las mujeres eran un poco menos de la mitad del ejército. Entrar en la guerrilla es una forma de empoderamiento en un país machista como Colombia. Las mujeres se sienten reconocidas y capaces de tomar decisiones. Dentro de las FARC-EP no se tolera el acoso sexual, considerado uno de los crímenes más graves, que se castiga con la ejecución. Al mismo tiempo, estamos hablando de un ejército rural, heterosexuales, en donde la homosexualidad no está permitida: pena la expulsión”.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el 87 por ciento de las mujeres combatientes han tomado el fusil cuando no habían alcanzado la edad de dieciocho años. Muchas fueron reclutadas en las escuelas de pueblo, a través de un contacto con un miembro de la familia perteneciente a las guerrillas, o vinieron a defenderse de la violencia del tráfico de drogas, mientras que otras por convicción ideológica.
Es el caso de Myriam, del EPL, (Ejército Popular de Liberación), otro grupo rebelde armado: “Cuando me alisté yo era profesora en una escuela rural. A diario veía la injusticia. Sentí la necesidad de un cambio. Era 1984, y la violencia revolucionaria me parecía ser la única posibilidad. Ahora sólo espero que la paz sea el camino”.
MATERNIDADES
La ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración, es un organismo estatal que acompaña a estas mujeres hacia una nueva vida en la sociedad. Entre las normas internas de las FARC-EP la maternidad está explícitamente prohibida. María Emma Wills explica cómo “dentro de las FARC-EP muchas mujeres han huido a causa del autoritarismo que regulaba su vida sexual y reproductiva”.
Una guerrillera de Mapiripán, un municipio de Colombia, en el que en 1997 los paramilitares asesinaron a decenas de civiles, decidió huir: “con el primer embarazo no tuve otra opción y estuve obligadas a abortar. La segunda vez di a luz, pero después de un mes mi hijo fue llevado a un campamiento diferente. Ocho meses más tarde fui asignada al batallón donde estaba mi bebé, entonces decidí huir”.
Wendy tiene una historia similar, proviene de la región de Antioquia – una de las más afectadas por el conflicto: en 2010 tuvo un hijo, pero poco después del parto ha perdido su rastro. Desde entonces, lo está buscando. “Decidí junto con mi pareja de mantenerlo, pero sabía que si quería continuar mi vida como guerrillera tenía que dejarlo en la custodia de un miembro de la familia. He intentado hacerlo, pero mi hijo no terminó en las manos de los hombres de confianza que conocía”.
UN REINTEGRO QUE NO ES ROSA
Si la vida en la montaña no es fácil, ni siquiera el reintegro es todo color rosa. El estigma, el nuevo ritmo de la vida urbana y un pasado de violencia a menudo hacen difíciles los primeros pasos hacia la nueva cotidianidad de estas mujeres. Por otra parte, no todos los que trabajan con las víctimas tienen una adecuada percepción de lo que significa un apoyo psicológico integral: “Casi no puedo vestirme con cosas consideradas femeninas. He estado acostumbrada a portar el uniforme. Pero aquí me dicen que tengo que ponerme los tacones, usar maquillaje, y me siento incómoda, no puedo caminar, no puedo…”, cuenta una niña de rasgos afro-caribeños.
Precisamente por esto Myriam, con un pasado de guerrillera, está trabajando en el norte de la región del Cauca, en el suroeste del país, en la comunidad donde vive “para ayudar a las demás compañeras, recordándoles sus derechos si se encuentran en situaciones de violencia, especialmente la doméstica y económica”.
Durante el último congreso de la FARC-EP, en los llanos del Yarí en el sur del país, en septiembre pasado, un tema importante ha sido el de las cuotas de género. María Emma Wills comentó cómo la importante presencia numérica de las mujeres en la guerrilla no se ha traducido en una real representación durante los acuerdos de La Habana: “En la transición a la vida política, el riesgo es que, como en Nicaragua o El Salvador, las mujeres no están representadas ecuánimemente. Esto se aplica a las FARC-EP, y también a las partes institucionales que han negociado con las FARC-EP. El techo de cristal está siempre presente, adentro y afuera de la lucha armada”.
*Periodista italiana, investigadora con enfoque género.
17/VN/GG