En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno.
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
CONVENIO 189, CRUCIAL
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU, promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar.
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.
NIÑAS Y ADOLESCENTES
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos.
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores.
TIBIOS AVANCES
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
17/RED/GG
marzo 2017
Periodistas de Puebla y Veracruz se manifiestan por Miroslava Breach
Para exigir un alto a la violencia y esclarecer el homicidio cometido en días pasados contra la corresponsal de la Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, periodistas de Puebla protestaron ayer en esa entidad y hoy lo hicieron las y los periodistas de Veracruz en su estado.
Las y los periodistas se sumaron así a la Movilización Escalonada de Protesta convocada por la organización “Periodistas de a Pie”
Este es el testimonio fotográfico recogido en ambas manifestaciones por las periodistas Alejandra Corona y Ana Alicia Osorio, integrantes de la Red Nacional de Periodistas:
17/RED
Hacen estudios, lamentan nuestra situación, pero no firman el Convenio 189
Han pasado más de 5 años desde que el Estado mexicano se comprometió a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el fin de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo dicho proceso no ha sucedido, y no se vislumbra esfuerzo alguno o fecha próxima por asentar las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para lograrlo.
Este 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y como cada año las empleadas del hogar esperan el pronunciamiento del Gobierno mexicano para el avance del Convenio 189, pues sin el apoyo del Estado y las reformas a las leyes necesarias, es imposible que las 2.5 millones de empleadas del hogar en el país -según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 2016- gocen del derecho a la seguridad social, días de descanso, prestaciones sociales, salario digno, y además, de un empleo libre de discriminación y violencia.
El Convenio 189 de la OIT, que garantiza un trabajo digno y mejores condiciones laborales para las trabajadoras del hogar, fue adoptado por México en junio de 2011, pero los años han pasado y sigue sin ratificarse.
Dos años después, el 5 de septiembre de 2013, el instrumento internacional entró en vigor a escala internacional y, con ello, una vez más la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a enviar el documento para su estudio y ratificación al Senado de la República, dicho proceso sigue sin cumplirse.
ANTE INCUMPLIMIENTO, ORGANIZACIÓN
Las trabajadoras del hogar en México han tenido que organizarse en el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) creado en 2016, para garantizar y exigir sus derechos y su trabajo sea reconocido por el Estado y la misma sociedad. La ratificación del Convenio 189 representa para las trabajadoras del hogar el instrumento internacional necesario que les permitiría acceder a ellos, desde los marcos normativos hasta la práctica.
Pero la falta de voluntad política de las autoridades mexicanas hace que la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar avance a pasos lentos, aseveró en entrevista con Cimacnoticias la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Marcelina Bautista Bautista: “salen estudios sobre el trabajo del hogar, hablan de nuestras condiciones y dicen que no puede ser posible cómo vivimos, pero no pasa nada.”
Organizaciones como el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH), Hogar Justo Hogar, y el Sinactraho han enviado diversos exhortos al Senado de la República para la firma del Convenio 189, pero las respuestas han sido insuficientes, sólo han logrado la atención de la Cámara de Diputados y de algunas senadoras, pero el Estado sigue sin consultarlas sobre las políticas que necesitan, informó Bautista Bautista.
Si se tomara en cuenta esta legislación internacional se podría impulsar un marco de derechos humanos, dar mejores condiciones de vida a las trabajadoras y sus familias, y reconocer al trabajo del hogar como un empleo como cualquier otro, añadió la también integrante del Sinactraho, Marcelina Bautista Bautista.
LEY MEXICANA, LEJOS DE CONVENIO
De acuerdo con la investigación “El trabajo del hogar: Convenio 189 de la OIT y la legislatura en México” de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la LFT en el capítulo XIII, título sexto Trabajos Especiales, dedicado a las personas trabajadoras del hogar, se establece una serie de artículos discriminatorios contra ellas.
El Artículo 334 reconoce que hasta el 50 por ciento de las retribuciones del trabajo puede ser en especie (alimentación o habitación) lo que resulta excesivo en términos de la OIT, quien recomienda sea hasta máximo 33 por ciento; además, se establece una jornada diaria que puede llegar hasta las 12 horas (Artículo 333).
Asimismo, el Artículo 13 de la Ley de Seguro Social define como voluntaria la inscripción al mismo de las personas trabajadoras del hogar. Para quienes tienen la oportunidad de ser inscritas en este esquema voluntario estarán cubiertas en temas de riesgos de trabajo, enfermedades, permiso de maternidad, retiro o invalidez, puntualiza el documento.
Sin embargo, quedan excluidas otras prestaciones como el acceso a Servicios de guarderías del Seguro Social y el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Marcelina Bautista añadió que entre los pretextos que señalan las autoridades mexicanas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ratificar el Convenio 189, está principalmente la imposibilidad de asegurar a las 2.5 millones de trabajadoras del hogar “porque no se cuenta con la infraestructura necesaria”, pero a su parecer, es una cuestión de falta de voluntad política y discriminación.
SI SE FIRMA…
Los Estados firmantes del Convenio están obligados mejorar sus leyes para proveer de un marco normativo de derechos laborales para las trabajadoras del hogar, tales como: acceso a seguridad social, condiciones de trabajo establecidas en un contrato, erradicación del trabajo en la niñez, jornadas laborales de máximo 8 horas, regulación del salario en base a las tareas realizadas, garantizar entornos de trabajo seguro, salubres y libres de discriminación y violencia.
Una vez que México firme el Convenio 189 supondría de manera inmediata la regulación del trabajo del hogar en los términos que establece la OIT, los cuales contienen mayores protecciones en materia de Derechos Humanos -por lo tanto laborales- que las que recogen las actuales legislaturas como la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley de Seguro Social, indicó Marcelina Bautista.
La directora de CACEH señaló que para su implementación será necesario que el gobierno armonice la legislatura mexicana con el dicho instrumento internacional, pues aún existen severas deficiencias y retrasos en la inclusión y regulación de este colectivo laboral en las leyes del país.
POR IGUALES DERECHOS
México cuenta así con una las legislaciones más atrasadas en los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, el Convenio 189 está en vigor y ha sido ratificado en países de América Latina como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Jamaica y Uruguay.
La asesora en género para Centroamérica de la OIT, María José Chamorro, comentó a Cimacnoticias que, al adoptar este instrumento, los países han mostrado mejorías en las condiciones en las que se desarrollan las trabajadoras del hogar: los índices de acceso a seguridad social aumentan y se generan mecanismo de protección para las trabajadoras.
“Una vez que se asumen los mismo derechos que el resto, y como sociedad se asume el respeto hacia el sector, sufren menos abuso y discriminación pero son procesos largos donde la OIT acompaña de manera técnica a los países para su implementación”, comentó José Chamorro.
La asesora de la OIT explicó que el Convenio 189 tienen un objetivo muy sencillo, pero a la vez complejo de lograr: equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar con el resto de los sectores laborales: “Es un proceso complejo porque el trabajo del hogar por razones históricas en la mayor parte de América Latina ha sido una labor invisible y discriminada”.
Las razones son múltiples, continuó, “es un empleo que se realiza en la casa del empleador, lo que brinda un lugar donde se posibilita el lucro”, por lo que una de las principales tareas al momento de promover el Convenio 189 “es reconocer que el hogar del empleador o empleadora, en el momento que se contrata una persona para realizar las tareas de limpieza de manera remunerada, se convierte en un centro de trabajo”, indicó María José Chamorro.
Además, una vez establecidas las reformas a la ley, en coordinación con el Convenio, las trabajadoras están protegidas por la Ley Federal del Trabajo, dijo la asesora de género de la OIT. “Esa conversión del hogar en centro de trabajo es un cambio, y es el primero para reconocer todo el trabajo de las empleadas del hogar".
EN ESPERA…
María José Chamorro agregó que están trabajando en el país para su implementación. “Nosotros ya trabajamos con las instituciones públicas, de empleadores, con organizaciones sindicales para apoyar los procesos nacionales y adaptar las legislaciones. Cada país tiene un ritmo distinto, decide hacerlo de una u otra manera, y el rol de la OIT es acompañarlos para que las decisiones”.
La vocera en género de la OIT, indicó que se han sentado con instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría de Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el mismo Sinactraho para la ratificación del Convenio 189, pues la coordinación de las empleadas del hogar en organizaciones sindicales es fundamental para apoyar el proceso.
17/HZM/GG
[[nid:74795]]
Consejo de la Judicatura Federal suspende a Juez González Hemadi
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió suspender e investigar al titular del Juzgado Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en el estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien otorgó un amparo para dejar en libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro acusados de la violación sexual a Daphne Fernández, en enero de 2015.
El CJF informó en un comunicado que este 29 de marzo tras una sesión privada, decidió iniciar un procedimiento de investigación administrativa en relación con la actuación de González Hemadi como juez de Distrito. La suspensión, anunció, es por el tiempo necesario para realizar dicha indagatoria, la cual incluirá una visita extraordinaria al órgano jurisdiccional.
Respecto al caso de Diego Cruz Alonso –extraditado de España para enfrentar la acusación por pederastia tumultuaria en el caso de Daphne– el cuerpo colegiado subrayó que la resolución dictada en el amparo 159/2017 aún puede ser sujeta de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implica la libertad del solicitante de amparo.
La suspensión se dio luego de que se diera a conocer que el juez resolvió otorgar un amparo a favor del inculpado porque, según la resolución González Hemadi, la Fiscalía de Veracruz no acreditó el delito de pederastia, “que hubiera indefensión de la víctima, el abuso sexual, ni que los tocamientos a la niña fueron con intención lasciva de satisfacer un apetito sexual”.
La resolución del juez apuntaba a revocar el auto de formal prisión dictada el 23 de enero en contra del Diego Cruz, aunque el CJF aclaró que no tiene como efecto inmediato la libertad del presunto agresor porque aún puede ser impugnada.
Las explicaciones por las que González Hemadi otorgó el amparo causaron revuelo en redes sociales donde circuló su fotografía con las frases “#JuezPorky”, “imagen de la injusticia” o “roce incidental con la justicia” en franca crítica al dicho del juez de que no fue lascivo tocar a una niña de 17 años.
Horas antes de que el CJF diera a conocer su resolución, el juez González Hemadi, informó a los medios y en redes sociales que solicitó dejar de conocer el caso de Enrique Capitaine (que también le fue asignado) – acusado de la violación sexual de Daphne– quien promovió un amparo (272/2017) contra el auto de formal prisión.
“Diversos medios de comunicación y en redes sociales, han hecho una exposición masiva, no solo de mi persona, sino también hacía mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”, señaló González Hemadi.
17/AGM/LGL
“Todo crimen contra una mujer debe analizarse con perspectiva de género”
El deber de las autoridades de investigar el asesinato de una mujer adquiere mayor relevancia cuando el delito se comete en medio de un contexto de violencia de género, afirmó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
En un homenaje que recibió por parte de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero dijo que en los crímenes contra las mujeres las autoridades investigadoras “deben explorar todas las líneas de investigación posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido”.
La constitucionalista dijo que en casos como el de Daphne, víctima de violencia sexual en Veracruz por cuatro jóvenes, en enero de 2015, y en el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, amenazada por su ex pareja y asesinada el 27 de marzo pasado, la autoridad debe actuar con perspectiva de género.
Señaló que todos los casos de asesinatos de mujeres, desde los que parecieran crímenes, suicidios y hasta algunos accidentes deben analizarse con perspectiva de género para determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.
SIN MIEDO
La ministra en retiro también habló de cómo las mujeres han desterrado sus miedos; de la dignidad femenina; de la lucha por enaltecer el honor de las mujeres; y de la necesidad de tender redes de colaboración y ser solidarias con quienes son humilladas, maltratadas o violadas.
“La contribución de toda mujer en el mundo debe ser la de ser puente, la de buscar por todos los medios a su alcance servir de enlace, servir de unión entre las orillas. A las mujeres mexicanas nos es urgente la complicidad entre nosotras”, señaló en el discurso que pronunció en el Salón Protocolo de San Lázaro.
Acompañada por su familia, por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, y por diputadas que integran la Comisión Especial de Delitos cometidos por Razones de Género, la notaria, constitucionalista y ex diputada constituyente de la Ciudad de México aseguró que las mujeres se han enfrentado al miedo a la igualdad, incapacidad y al fracaso.
Destacó que la dignificación de las mujeres ha sido una conquista de todas, “nos ha llevado a la erradicación de nuestros más ancestrales miedos, hemos demostrado valentía, entereza, carácter, determinación ante los cada vez mayores retos que se nos presentan en nuestro tiempo”.
Sánchez Cordero agregó que las mujeres no quieren seguir siendo una minoría que sólo confronta paradigmas, “queremos ser la que lo trastoque, la que los rompe, porque somos una mayoría que acompaña y que construye, queremos incorporar lo femenino en los social”.
17/AGM/GG
No hay ningún dato que permita identificar a la niña de aproximadamente 5 años de edad cuyo cuerpo, con signos de violencia, fue dejado por desconocidos en un lote baldío en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyot, en donde vecinas lo encontraron el pasado 18 de marzo.
Eso respondió la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México cuando, este lunes, activistas de la organización “Nosotras” se manifestaron frente a esa institución para exigir información sobre el caso, ante la posibilidad de que suceda lo mismo que con la niña hallada en 2015 en la colonia Juárez de la capital, dentro de una maleta, con signos de violencia sexual y que tuvo que ser enterrada sin identificación.
Nada, no saben nada, dijeron a Cimacnoticias las activistas, tras una reunión con funcionarios de la Fiscalía: sigue sin saberse el nombre de la niña, de dónde viene, quiénes son sus familiares, cuáles las causas de su muerte. Además, nadie ha reclamado el cuerpo.
Señalaron las autoridades que tampoco había cámaras de seguridad en el lugar que pudieran revelar pistas sobre los responsables. Sin embargo, les dijeron a las activistas, las autoridades “están realizando inspecciones en las escuelas de Nezahualcóyotl para saber si la conocen” y aún están revisando en los registros de personas desaparecidas.
Las activistas fueron recibidas por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, a quien le entregaron un documento dirigido a la Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia García Espinoza de los Monteros, donde exigen que Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lleve una debida investigación y active los protocolos especializados para atender a las víctimas de feminicidio e identifique la identidad de la niña.
El subsecretario de la Fiscalía se comprometió con las activistas a entregar el documento a la Subprocuradora y reportó que el cuerpo de la niña aún permanece en los Servicios Médicos Forenses, donde puede permanecer hasta 15 días para su investigación y después será enviado a la fosa común.
¿UNA MÁS A LA FOSA COMÚN?
Las activistas acusaron que no hay ninguna institución de gobierno, persona u organización que acompañe el caso, que vigile la debida investigación y garantice el acceso a la justicia para la víctima de feminicidio infantil.
Por eso temen que el cuerpo de niña sea enviado a la fosa común, como sucedió con la niña, de entre 18 y 24 meses de edad, dejada dentro de una maleta en la calle Berlín de la capital, en marzo de 2015, y quien fue sepultada el 25 de abril del año pasado, el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, por decisión de las autoridades, “como recordatorio de la persistencia de ese flagelo”, como afirmaron las autoridades capitalinas en esa ocasión.
El posible envío de la “Niña de Neza” -como le llaman las activistas- a una fosa común les preocupó, por lo que acordaron con el subsecretario realizar una sepultura que respete la dignidad de la niña en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Edomex.
FEMINICIDIO INFANTIL
Las activistas temen también que el caso de la niña hallada en Nezahualcóyotl no se investigue bajo el tipo penal de feminicidio infantil, ante la falta de familiares u organizaciones que vigilen el proceso. Y esto, advirtieron a Cimacnoticias, podría derivar, incluso, en la impunidad y libertad de los responsables, que pudieran ser localizados.
Pero el caso de la niña de Neza no es el único, la desaparición de niñas en el Estado de México cada día se vuelve en un hecho más común, niñas de las que no se tienen rastro, no se sabe dónde están, y en algunos casos sólo se encuentran sus cuerpos abonados sin vida en lugares desérticos; rasgos pertenecientes al feminicidio infantil como lo categoriza la socióloga y experta en el tema, Julia Monárrez.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim) de 2006 a 2014 tan sólo en el territorio mexiquense se tiene un registro de 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl.
Otros de los sectores a los que pertenecían son Toluca (5 casos), Tlalnepantla (3 casos); Villa del Carbón contó con 2 casos; Amecameca, Tultitlán, Tianguistenco, Texcoco, Tenancingo, Cuautitlán, Zinacantepec y Lerma, cuentan con un caso; y cuatro se encuentran en calidad de desconocido.
Asimismo la Redim ha insistido en la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas en México; no se activan la Alerta Amber necesarias para la identificación de las niñas y adolescentes.
Los familiares tienen que esperar 72 horas para iniciar el proceso, aun cuando el Protocolo Alba obliga a los tres niveles de gobierno a buscar mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar la denuncia. Estos factores ha puntualizado la organización pone en riesgo la vida de las mujeres.
“No se está dando la atención requerida, no se están implementando los protocolos y medidas necesarias porque siguen ocurriendo situaciones tan preocupantes como está”, concluyó la activista de Nosotras.
17/HZM/GG
Periodistas oaxaqueñas participaron en una manifestación como parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización civil "Periodistas de a Pie" para exigir justicia por el asesinato de su colega chihuahuense, Miroslava Breach, ocurrido el pasado 24 de marzo.
Durante la marcha, pidieron el cese de agresiones y asesinatos contra periodistas en el país.
La Movilización Escalonada de Protesta ya fue realizada en días pasados en la Ciudad de México y en Jalisco, hoy se efectúa en Puebla, mañana jueves será en Sinaloa, el viernes en Chiapas y el sábado en Chihuahua.
A continuación se muestra el trabajo fotográfico de la periodista Citlalli López Velázquez, integrante de la Red Nacional de Periodistas.
17/RED
[[nid:74780]]Integrantes del Colectivo de mujeres “Nosotras” acudieron el pasado lunes a la Fiscalía Especializada de Feminicidios en el Estado de México, ubicada en Tlalnepantla, para conocer el curso de las investigaciones en el caso de la niña que fue encontrada asesinada en un lote baldío en el municipio de Nezahualcóyotl hace 11 días, y que hasta el momento no ha sido identificada.
[[nid:74781]]Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 2006 a 2014 en el Estado de México se registraron 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas vivían en el municipio de Nezahualcóyotl.
[[nid:74782]]Antes de solicitar una reunión con la Fiscal, las activistas realizaron un mitin frente a las instalaciones. En todo momento fueron fotografiadas por trabajadores de la dependencia, con el argumento de “tener un registro de quienes acuden a la Fiscalía”, a pesar de que solicitaron no ser fotografiadas.
[[nid:74783]]El Colectivo de Mujeres entregó un documento dirigido a la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya García Espinoza de los Monteros, el cual fue recibido por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz.
El día del hallazgo de la niña en el lote baldío de la colonia Las Virgencitas, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar, junto con activistas, levantaron un altar en su memoria e hicieron un homenaje unidas por las manos. También acudieron ante las autoridades del municipio, para exigir la acción de la justicia y que el feminicidio infantil no quede impune.
[[nid:74784]]De acuerdo con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en su Artículo 21 menciona como Violencia Feminicida “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”
17/CML/GG
La agrupación Mujeres en Movimiento exigió al Estado Mexicano, a través de una petición de change org, justicia ante el asesinato de Emma Gabriela Molina, cometido el lunes 27 de marzo en Yucatán, frente a sus hijas e hijo.
Emma, quien luchó durante 2 años por recuperar a sus tres hijos, secuestrados por su padre, Alberto Medina (ex funcionario de Tabasco), fue injustamente secuestrada y encarcelada, dice la petición. Sin embargo, logró demostrar su inocencia y recuperar su libertad, acompañada de diputadas federales y locales de Movimiento Ciudadano desde el inicio, tanto en Tabasco como en Jalisco.
Señala Mujeres en Movimiento que “indigna y preocupa que en un estado donde la impunidad y la violencia contra las mujeres va en franco incremento, el gobierno no brinde la seguridad que requiere un caso tan delicado como fue el de Emma, donde claramente se cometieron muchos errores e injusticias”.
Por eso, la organización política apela “a que en su papel de salva guarda de la seguridad de las mujeres, y en el entendido de que se crearon leyes que nos protegen como ciudadanas, sea desde las instancias correspondientes que se haga justica a Emma Gabriela Molina Canto, quien lamentablemente ya no está con nosotros”.
E invita la organización Mujeres en Movimiento “a la sociedad civil a hacer de manifiesto su repudio ante este fatal acto, y que la muerte de Emma no sea en vano. Basta de pagar con la vida. Basta de tanta violencia feminicida ante la mirada impávida del estado”.
17/RED
Orden de liberar a pederasta de Veracruz revela corrupción e impunidad
La decisión del juez Anuar González Hemadi de ordenar la liberación de Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria en contra de la menor de edad Daphne, en Veracruz, fue calificado como un “absurdo jurídico”, que muestra el nivel de corrupción e impunidad en contra de las adolescentes en México, así como la complicidad del Estado con los agresores, a quienes se premia y ampara.
En eso coincidieron la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever), la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que emitieron sendos comunicados en rechazo a la decisión del juez, dada a conocer el martes pasado.
El Inmujeres solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la revisión inmediata del fallo del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz y, en coincidencia, en la sección Trascendió del diario Milenio se asegura hoy que la decisión del juez “encendió los focos rojos del Poder Judicial de la Federación,” por lo que ese órgano judicial “sesionará hoy mismo para revisar el fallo”.
Redim explicó en su comunicado que los argumentos presentados por el Juez son “insostenibles” por lo que es urgente realizar un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables: Diego Cruz, Jorge Cotaita, Enrique Capitaine y Gerardo Rodríguez.
¿Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, consideraron que ordenar la liberación de Diego Cruz es de suma gravedad, ya que en el estado está vigente la Alerta de Violencia de Género, lo que envía un mensaje de impunidad y vulneración de los derechos y la vida de las mujeres: “Se puede violar, matar y agredir a las mujeres con el apoyo y respaldo de la autoridad competente”. Aquellas que aún son menores de edad han perdido absoluta garantía de sus derechos, señalan.
En el mismo sentido, una petición en change org, dirigida al Ejecutivo federal, al gobernador Miguel Ángel Yunes y al ministro Luis María Aguilar, señala que una decisión así revela que el estado de Veracruz es cómplice de pederastia.
TIPO PENAL
Redim consideró que el juez desvirtuó el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular”, lo que representa “un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.
Sobre el tipo penal, Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, detallaron que este debe valorarse dentro de un contexto, no solo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino a la luz de la perspectiva de género, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del 15 de abril de 2016.
Critican que el juez dio prevalencia a la presunción de inocencia por encima del principio de igualdad, enfoque previsto en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas y los Derechos Humanos de las víctimas a nivel internacional.
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
Recordó Redim que el Estado está obligado a proteger los derechos de niñas y niños víctimas, y que esta justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Las organizaciones veracruzanas señalaron también que en la decisión del liberar al agresor de Daphne no se consideraron criterios internacionales y nacionales respecto a la violencia sexual. La decisión, dicen, se justificó en una tesis jurisprudencial del año 2006, antes de que se diera “reconocimiento de la violencia hacia las mujeres a partir de Tratados Internacionales vinculantes para México”.
EXIGENCIAS
Redim, Remufever, la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Inmujeres, exigieron a la Fiscalía veracruzana interponer un recurso de revisión de la decisión del juez Anuar González Hemadi, investigar su capacidad jurídica e independencia, que quedan en duda ante este tipo de sentencias.
También, que el Tribunal Colegiado haga un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
Y al gobierno de Veracruz que desarrolle inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, así como dar acceso inmediato a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
Estamos, dice el comunicado de Inmujeres, “en un momento crucial en el que ya no hay marcha atrás para exigir una justicia ágil, imparcial y transparente. Las y los operadores de la procuración y administración de justicia cuentan hoy con normas, herramientas y mecanismos suficientes, con estándares internacionales que deben aplicar en sus resoluciones, y que en este amparo fueron omitidos flagrantemente”.
17/RED/RED