Las nueve recomendaciones que hizo el grupo de trabajo encargado de revisar la petición de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Zacatecas no incluyen los temas por las que fue solicitada, como la desaparición de mujeres y niñas, y medidas de emergencia ante la violencia feminicida.
Así lo denunció en entrevista telefónica, la directora ejecutiva de la organización civil, Centro las Libres, Verónica Cruz Sánchez, una de las solicitantes de la AVG para Zacatecas, quien dijo que las medidas “son estructurales” pero “no suficientes y urgentes para resolver la violencia contra las mujeres”.
La solicitud de AVG la presentó el 20 de enero la Coordinación Feminista Olimpia Gouges y el Centro Las Libres, ante la Secretaria Ejecutiva. Para febrero, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó a la Secretaría la admisión de la solicitud y conformó el grupo de trabajo.
La AVG se solicitó para los municipios Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jalpa, Juan Aldama, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Sombrerete y Zacatecas.
Es casi un hecho que el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el priista Alejandro Tello Cristerna, asuma las recomendaciones, cuyo plazo de aceptación es el 26 de mayo. De ser así en los próximos días dará la respuesta y enviará la propuesta de calendario de cumplimiento, como lo señaló en un comunicado de prensa, donde asegura que, por el momento, ya están implementando acciones.
Sin embargo, Verónica Cruz asegura que, en contraste con lo que dice el gobierno zacatecano, “hay una desorganización para atender la violencia contra las mujeres pero, sobre todo, no era una prioridad del actual gobierno”.
FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN DE MUJERES
El informe emitido por el grupo de investigación indica que la demanda de la AVG por parte de las agrupaciones deviene del “creciente número de muertes violentas de mujeres” en Zacatecas, aunado a la “poca importancia ante las denuncias por violencia de género, que se traducen en omisiones, negligencia y la deficiente integración de las carpetas de investigación”.
De acuerdo con las solicitantes, en el informe se especifica que, de 2013 a mayo del 2016, se contaron 51 muertes violentas de mujeres en la entidad, y señalan que varías víctimas habían denunciado violencia de género, sin embargo “el sistema de justicia fue incapaz de garantizarles la vida y la integridad física”.
NO RECOMIENDAN SOBRE DESAPARICIÓN
Respecto a la desaparición de mujeres, el reporte, consultado por esta agencia, indica que la autoridad local registró 101 desapariciones de mujeres y niñas en el mismo periodo. El grupo de trabajo observa que existe “una falta de celeridad y preparación en la actuación de las autoridades al momento de atender los reportes de desaparición de mujeres”.
A pesar de ello, “no se recogió la problemática de desaparición de mujeres”, advirtió Cruz Sánchez, por lo cual en los próximos meses tendrán que presionar al gobierno de Zacatecas para que incluya dentro de sus acciones este problema.
Los datos que dio el gobierno local para el informe, reportan que de 2013 a 2016 se abrieron 28 carpetas de investigación por feminicidio, y 140 por el delito de homicidio doloso de mujeres. El reporte arroja que 64 por ciento de los casos de feminicidio se dieron en 2016 (18 en total), un incremento considerable en comparación con los años anteriores; en 2013 se registraron 4, para 2014 y 2015 sumaron 6.
“El gobierno no tiene opción tienen que cumplir con estas recomendaciones tan básicas, para poder hacer una política pública efectiva en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres; feminicidio y desaparición deben ser el centro”, indicó la directora del Centro Las Libres.
Y comentó que, a pesar del proceso, la AVG se debe decretar en los 11 municipios donde se pidió (Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jalpa, Juan Aldama, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Sombrerete y Zacatecas) porque cumplen con todas las condiciones.
LAS RECOMENDACIONES
Las 9 recomendaciones que dio el grupo de trabajo para el gobierno de Zacatecas son:
1) Designar recursos suficientes a los programas y acciones encaminadas a la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación la violencia de género, así como fortalecer las instancias de las mujeres en los municipios donde se solicitó la AVG.
2) Crear un sistema o banco estatal –y garantizar su funcionamiento- para el registro sistemático y confiable sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad.
3) Ante la inexistencia de protocolos de actuación en violencia contra las mujeres, se ordenó al gobierno estatal, elaborar, publicar y difundir los protocolos de actuación e investigación aplicables a todos los delitos por razones de género, además capacitar autoridades públicas y generar mecanismos de monitoreo y evaluación de los mismos.
4) Sensibilizar, capacitar y profesionalizar continuamente al personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
5) Para el personal de salud pública, se pide capacitarlo en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 para interrumpir un embarazo producto de una violación, apegado a los Derechos Humanos (DH) de las usuarias y enfoque en perspectiva de género.
6) Instalar albergues y refugios para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, e impulsar los albergues para mujeres a cargo del DIF local. Además de fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres de la entidad para ofrecer servicios integrales a las víctimas.
7) Expedir los reglamentos correspondientes a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación, la Ley para Erradicar la Trata de Personas, y el reglamento del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas local.
8) Generar material estatal en promoción de los DH de las mujeres con alcance en todo Zacatecas.
9) Y adoptar un “Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección” a víctimas de violencia de género.
17/HZM/GG
mayo 2017
El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
RECURSOS EN CONTRA
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
CARTA DE DERECHOS
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
17/AGM/GG
PGJDF niega expediente a familia de Lesvy porque “lo revisa la PGR”
La Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, de la Procuraduría capitalina, entregó ayer solo copias de los primeros testimonios recolectados sobre el caso de Lesvy, quien fue hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, material insuficiente para saber si el caso se está investigando como feminicidio, como ordena la ley.
Así lo informó a Cimacnoticias la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román, quien agregó “Nos dijeron que se está investigando como feminicidio, sin embargo en los encabezados de las copias que tenemos se lee por ‘homicidio culposo’; aunque nos digan que un Ministerio Público está investigando como feminicidio la realidad es que la carpeta dice eso”.
Les informaron también –sin documento alguno que lo compruebe- que la carpeta está siendo estudiada técnicamente por la Procuraduría General de la República (PGR), sin especificarles qué oficina o qué subprocuraduría lo tiene. No descartó, por tanto, que “podrían haber hecho esta afirmación para justificar que no podamos tener acceso a la carpeta”.
Ante estas respuestas de la PGJDF, ayer la abogada solicitó un amparo a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, “para corroborar que lo que nos dijo la PGJDF es verdad, porque no sabemos si lo que nos dicen es cierto o que lo dicen para no mostrarnos la carpeta”.
La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria recalcó que al no mostrar la carpeta completa del caso la PGJDF “impide el trabajo de defensa de las víctimas y violenta los Derechos básicos de la familia de Lesvy”.
Herrera Román detalló que tras ser atendidas por el secretario particular del fiscal Central para la Investigación de Homicidios, José Luis Romero, se les entregó 51 hojas con las primeras declaraciones de familiares y de quien fuera la pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Dichos testimonios fueron recolectados por personal de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán-1, la primera en atraer el caso.
Señaló la abogada que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) las convocó con el fin de mostrarles la carpeta de investigación luego de que el pasado 18 de mayo la madre de Lesvy, Araceli Osorio, y ella denunciaron en una velada y acto político efectuado en CU la negativa de la dependencia a mostrarles la carpeta de investigación.
PETICIÓN DE VIDEOS
Señaló la abogada que también solicitaron las copias de los videos que la Universidad Nacional Autónoma de México entregó a la Procuraduría, así como las fotografías a color y de calidad tomadas al cuerpo. “Así podríamos hacer una revisión técnica de la averiguación”, explicó.
“La omisión de las autoridades nos preocupa porque sabemos que en nuestro país se construyen hipótesis, líneas de investigación que se dan por supuestas como verdades históricas y que difícilmente después se rebaten”, señaló Herrera Román.
La abogada añadió que a la familia de Lesvy le inquieta que “la PGJDF diga a los medios de comunicación, como lo ha hecho, al margen de las víctimas, lo que pasó y lo instituya como una verdad sin darnos oportunidad de corroborar lo que dice”.
17/MMAE/GG
Marchan OSC de Chiapas en apoyo a enfermeras en huelga de hambre
Esta mañana, organizaciones civiles, gremiales y personal de salud del Hospital de la Mujer “Rafael Pascasio Gamboa” marcharon en apoyo a las cinco enfermeras que mantienen la huelga de hambre iniciada hace 23 días, en demanda de medicinas y materiales hospitalarios y para que cesen las irregularidades administrativas, mientras continúa hospitalizada Cielo Gramajo Cundapadi, la enfermera con más horas de ayuno.
Gritando ¡No están solas!, ¡La salud no se vende, la salud se defiende con mucha dignidad!, la marcha partió del campamento que levantaron hace una semana organizaciones civiles y sindicales, frente al Hospital de la Mujer, en apoyo al movimiento, rumbo al parque Central de Tuxtla Gutiérrez.
Al frente del contingente, un grupo de enfermaras llevaron los carteles con las imágenes de las ayunantes, que les fueron donados por la organización Mujeres Sindicalistas de México AC. Entre los contingentes participantes estuvo el movimiento magisterial.
Las y los manifestantes portaron cientos de pancartas con reclamos al Gobierno del estado, encabezado por Manuel Velasco, entre ellos “Confiamos en su palabra y no cumplieron”, en alusión al incumplimiento de la autoridad de la minuta firmada por el gobierno estatal el 12 de abril, en donde se comprometieron a dar respuesta positiva a las demandas de las enfermeras, si las trabajadoras finalizaban su huelga de hambre.
AÑOS SIN SOLUCIÓN
En forma paralela a la marcha, en San Cristóbal de las Casas, la vocera del movimiento, María de Jesús Espinosa de los Monteros, presente en una conferencia de prensa sobre feminicidio, en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, recordó que en 2011 fue cuando se percataron de que sus aportaciones eran retenidas, por lo que al año siguiente demandaron que se depositara ese recurso a las instituciones correspondientes.
Sin embargo, para 2013 continuaban de manera irregular los depósitos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al Fondo para la Vivienda de los trabajadores del Estado (Fovissste), a aseguradoras y para empresas crediticias, En 2014 continuaron las irregularidades y, para 2015, “no solo era nuestro dinero que no nos entregaban, sino que al interior de hospitales había desabasto de medicamentos y de material.
En 2016 insistieron en el pago, “tocamos la vía legal y no caminó”. Más de 150 trabajadoras y trabajadores acordaron insistir y, a la par, hacer la denuncia pública, “no solo con moños rojinegros y botones en la ropa”, como lo venían haciendo y trabajando baja protesta y con carteles pegados en la pared, diciendo que no había material.
“En 2016 era más evidente el desabasto, de testigos están los familiares, ya que es con ellos con quien tenemos el contacto para decirles que los atienden pero que traigan medicamento”. Incluso ni batas había, por lo que tenían que darles pedazos de sábana a los pacientes. Ese año “sacábamos de nuestras bolsas para apoyar a los familiares de los enfermos con dinero para el pasaje”.
Decidieron entonces que esa vía significaba ser cómplices de las autoridades y en 2017 decidieron denunciar públicamente. El 24 de enero hicieron documento con peticiones al gobierno, con copia al Congreso local, a la Comisión de Derechos Humanos del estado. Dos meses pasaron sin que hubiera acercamiento del gobierno, “que ni nos escuchó ni oyó”.
En marzo de este año “empezó represión a cuatro trabajadores, se les dio “seguimiento” a nueve”, incluidos dos médico de otros hospitales, todo por haber hecho la denuncia. Se convencieron entonces de que el gobierno no se quería responsabilizar de la crisis e iniciaron con la logística para la huella de hambre, en que ella participó durante 11 días.
Al cuarto día hubo acercamiento del gobierno. Se realizaron siete mesas de diálogo para dar solución. El 12 de abril firmaron minuta, “dieron su palabra de que se solucionaría el desabasto de medicamento y material, así como el pago retenido de trabajadores. En la minuta está plasmado el reconocimiento de que ellos cometieron el error en no administrar los recursos de salud adecuadamente”.
DESVÍO DE RECURSOS
La vocera recordó también que “el Secretario de Salud de la entidad dijo en una de las mesas que había desviado recursos, de manera técnica, pero había desviado recursos. De ello tuvo conocimiento el gobernador porque en 2016 también lo hizo público”. Se levantó así la huelga de hambre y se quedó el campamento en resistencia. Quedaron que el 21 de abril cumplirían los compromisos, pero no sucedió. “Nos sentimos burladas como trabajadoras y con dolor por el pueblo de Chiapas”, pueblo pobre en un estado con riquezas.
Afirmó que el Gobierno del estado mintió también al Congreso de la Unión, ya que, sin que ellas se dieran cuenta, ante un exhorto del legislativo para dar solución y ellos respondieron que estaba listo el abasto y los pagos. “Era mentira”.
En este momento, señaló la vocera, “me atrevo a decir que hicieron depósito de 18 millones de pesos, correspondiente a 2015. Un depósito de 51 millones 700 mil pesos para pago de Fovissste, pagado hasta el 30 de marzo, no incluidos los intereses. Y la deuda que tiene el Gobierno del estado con los trabajadores asciende a más de 700 millones de pesos.
LA SALUD DE LAS ENFERMERAS
Informó la vocera que cuatro de sus compañeras llevan 33 días de ayuno y dos han sido hospitalizadas por el desgaste severo que provoca la huelga: ayer fue ingresada a terapia intensiva María Cielo Gramajo Cundapi y está siendo atendida. Denunció que el director del Hospital de la Mujer no autorizó que se le diera una camilla para trasladarla.
María Cielo, quien presenta dolor abdominal intenso, bradicardia, hipotensión y desgaste agravado, así como pérdida del equilibrio y síncope, es la enfermera que más horas de ayuno ha tenido, tanto en la primera huelga de hambre, realizada del 3 al 14 de abril, como en la segunda que cumplió hoy 23 días, señalaron las huelguistas en su página de Facebook.
Ayer por la mañana, Gabriela Mayanin López fue dada de alta, tras superar su gravedad que le ocasionó el ayuno.
El deterioro paulatino de la salud de las huelguistas de hambre, incluida la de María Cielo, había sido ya advertido hace unas horas por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), que calificó como crítico su estado.
En un comunicado, informó que las enfermeras “presentan deshidratación severa y, a estas alturas, sus organismos empiezan a rechazar la ingesta oral de líquidos”. Sin embargo, como cada día al dar su reporte, las enfermeras insisten en que levantarán la huelga sólo si el Gobierno estatal “cumple con el dinero desviado de los trabajadores y con todo el material y medicamento para todos los hospitales”.
APOYO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
La vocera del movimiento de enfermeras reconoció y agradeció el apoyo que han tenido de organismos civiles y no gubernamentales, nacionales e internacionales.
Informó que “hemos tocado hasta la puerta de las Naciones Unidas (ONU), a través de un diputado”. Elaboraron para ello una relatoría entregada hace dos semanas para que la reciba el Alto Comisionado de la ONU para los Pueblos Indígenas.
¿Qué más puertas vamos a tocar para que el Gobierno se responsabilice de los daños a la salud de mujeres y hombres trabajadores? preguntó, y responsabilizó al gobierno de Manuel Velasco por los daños irreversibles de las huelguistas de hambre.
Pidió también al obispo Raúl Vera López, como presidente del Centro Frayba, su apoyo y solidaridad con su lucha. Agradeció asimismo al pueblo organizado y no organizado su solidaridad, apoyo económico y presencia, que las alienta y motiva.
17GG
Posible, acabar con embarazo forzado en niñas y adolescentes
Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
17/RHA/GG
En Iowa, Planned Parenthood cerrará cuatro centros de salud para mujeres
La aprobación de una nueva ley en Iowa, firmada por el gobernador Terry Branstad, ha supuesto que la organización en salud reproductiva Planned Parenthood of the Heartland, se vea obligada a cerrar cuatro centros de salud, dejando a más de 14 mil 600 mujeres sin estos servicios, en Quad Cities, Burlington, Keokuk y Sioux City.
La ley de Iowa es similar a la legislación federal que aprobó la Cámara a principios de este mes de mayo y ahora está siendo examinada por el Senado. Incluida en la Ley Americana de Cuidado de la Salud, impedirá a los pacientes de Medicaid (más de la mitad acuden a Planned Parenthood cada año) tener acceso a servicios de detección de cáncer, controles rutinarios, chequeos anuales, pruebas y tratamientos de ETS, así como acceso a anticonceptivos y aborto.
Suzanna de Baca, Presidenta y CEO de Planned Parenthood, ha declarado que la ley “traerá consecuencias devastadoras”. “Estamos ante un caso peculiar, con los políticos de Iowa decidiendo qué es lo mejor para las mujeres, sin preguntarles a las que acuden a estos servicios”. Ha asegurado también que harán “todo lo posible por seguir atendiendo al mayor número posible de pacientes” aunque la realidad es que, a pesar de los esfuerzos de la organización, muchas mujeres perderán el acceso a programadas de salud con esta nueva legislación.
El director Médico de la Federación de Planificación de la Familia de América, doctor Raegan McDonald-Mosley, ha señalado que “Hemos visto lo que sucede en estados como Texas, y ahora en Iowa, cuando los políticos atacan el acceso a la atención en Planned Parenthood. Es devastador, y a veces mortal, para las mujeres que se quedan sin ninguna posibilidad de atención y cuidados en salud”.
Sin Planned Parenthood, muchos pacientes no tendrán ningún otro lugar donde acudir para recibir atención. En 2015, los centros de salud de Planned Parenthood en Iowa proporcionaron información y medidas anticonceptivas a casi la mitad de todas las pacientes que acceden a centros de salud.
En tres de los cuatro condados donde cerrarán los centros de salud, Planned Parenthood atendió al 80 por ciento o más de las mujeres a la anticoncepción en un centro de salud financiado con fondos públicos (Burlington, 96 por ciento, Keokuk, 92 por ciento y Sioux City, 80 por ciento).
Cuando el centro de salud Keokuk Planned Parenthood en el condado rural de Lee cierre, los y las pacientes se verán obligados a conducir casi una hora al siguiente proveedor de planificación familiar de seguridad. Cada uno de esos tres centros de salud (Burlington, Keokuk y Sioux City) también está ubicado en condados que se encuentran entre los 10 primeros en clamidia en comparación con otros condados de Iowa.
CONSECUENCIAS, COMO EN TEXAS
En 2011, el estado de Texas hizo lo mismo y dejó sin fondos a Planned Parenthood. Dos años más tarde, y como resultado, cerca de 30 mil mujeres dejaron de recibir controles de natalidad, exámenes de cáncer y otros cuidados. También hubo un aumento de 27 por ciento en los nacimientos entre las mujeres que perdieron el acceso a la anticoncepción. La tasa de mortalidad materna en Texas se ha duplicado desde 2010, coincidiendo con los rigurosos recortes de fondos para el cuidado de la salud de las mujeres. Aún más alarmante, estas tasas son desproporcionadamente altas entre las mujeres afroamericanas.
Además de ser devastador, esto no es lo que la ciudadanía de Iowa quiere. El 77 por ciento de las personas encuestadas por el Registro de Des Moines (incluyendo el 62 por ciento de los republicanos de Iowa) apoyan el mantenimiento del acceso de pacientes a la atención de Planned Parenthood. En el resto de Estados Unidos, el 75 por ciento de personas apoya a Planned Parenthood y se opone a los esfuerzos para dejar sin fondos y cortar la atención en sus centros de salud.
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
17/RED/GG
PGJ Tlaxcala continúa simulación en caso de niñas desaparecidas
A dos meses de que el procurador General de Justicia de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda, se comprometió con familiares de niñas desaparecidas y víctimas de violencia sexual del municipio de San Pablo del Monte a revisar personalmente los casos, las acciones de la Procuraduría siguen siendo “simuladas”, con lo que se obstaculiza el acceso a la justicia de mujeres y niñas en esta situación.
Eso denunció en entrevista la abogada de las organizaciones Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C, Miriam Pascual Jiménez, quien desde marzo pasado expuso en conferencia las irregularidades que enfrentan los familiares de niñas desaparecidas y agredidas sexualmente al denunciar en los ministerios públicos, así como la omisión de funcionarios de la entidad.
Miriam Pascual informó que tras una reunión efectuada la última semana de marzo entre la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de violación, representantes de las organizaciones acompañantes y el procurador Cervantes Zepeda este último se comprometió a investigar hasta obtener justicia cada uno de los siete casos de desapariciones de niñas y tres mayores de edad registrados por las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
Sin embargo, aseguró Miriam Pascual, “ante las denuncias, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJ) solo ha tomado medidas simuladas”. Incluso se niega a aceptar que existan otros casos además de los sólo ocho reportes de mujeres desaparecidas que la instancia reportó de 2012 a 2016, de los cuales sólo tres corresponden a menores de edad. “Los califican como casos aislados”, dijo.
SIN RESPUESTAS
Miriam Pascual señaló que la indiferencia de las autoridades ante las desapariciones de mujeres se refleja en la falta de voluntad del gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, por conversar con las familias. “Antes de reunirnos pusimos como requisito la presencia del Gobernador, sin embargo, él no se presentó ni se ha comunicado con la familia, al igual que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Benito Cano Coyotl”, aseguró.
Además, la abogada expuso que el argumento otorgado por la secretaria de Gobierno de Tlaxcala para explicar el retraso en la resolución de los casos es el desconocimiento de estos, porque las exigencias de justicia fueron atendidas, primero, por la administración anterior del estado encabezada por Mariano González Zarur. “Es mentira ese desconocimiento, dijo la abogada, ya que Anabel Alvarado trabajaba como secretaria particular con el Gobernador anterior cuando denunciamos las desapariciones constantes en la zona”, explicó.
SIGUEN INTIMIDACIONES Y OMISIONES
Señala la abogada que la PGJ continuó con las agresiones a las familias que denunciaron en marzo pasado omisiones de la autoridad, como falta de activación de la Alerta AMBER, retraso en la recolección de pruebas a tiempo y trato revictimizante. Se trata de las familias de Karla Romero Tezmol, desaparecida en San Pablo del Monte desde enero de 2016, y de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violencia sexual,
“La PGJ habló con los familiares y los buscó en sus domicilios para presionarlos con el argumento de que si no se presentaban a ampliar su declaración las iban a meter a la cárcel”, se trató, afirmó Miriam Pascual de hostigarlos y sancionarlos ante la denuncia pública que hicieron las familias”.
Y calificó a estas acciones de innecesarias: “Lo hicieron para aparentar que se están trabajando, pero no se está investigando para dar con los agresores”. Muestra de ello es que recientemente la Red Retoño tuvo conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala constó en un escrito que el sistema de C4, el sistema público de cámaras de la zona donde se han registrado desapariciones, no está funcionando.
Además, informó, vecinos de la zona con negocios ya fueron advertidos por personal policial para no mostrar los videos captados por sus cámaras. “Un policía le hizo firmar al dueño de una tienda ubicada en la ruta donde han desaparecido varias menores un documento donde decía que él no podía dar información a nadie”, comentó.
Miriam Pascual comentó que ese tipo de acciones son ejemplo de las prácticas constantes de obstaculización de las autoridades, pero dijo que, junto con familiares de las víctimas desde la Red Retoño, el Grupo de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social mantienen las exigencias porque se inicien averiguaciones previas en todos los casos de desaparición y que no se pierdan pruebas esenciales en los delitos de violación como las muestras de semen.
De acuerdo a datos de la Red Retoño en Tlaxcala, la desaparición de Karla Romero Tezmol es la única contabilizada porque sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por delitos relacionados con su desaparición.
Las desapariciones de niñas y mujeres ocurren en un contexto donde organizaciones civiles de Tlaxcala emitieron en agosto de 2016 la primera solicitud para la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el pasado 30 de agosto, por el delito de explotación sexual comercial de mujeres.
17/MMAE/GG
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Estado de México (Ddeser Edomex) hizo un llamado a los y las candidatas que se disputan la gubernatura en la entidad para que garanticen y protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mexiquenses, sobre todo en la despenalización del aborto.
El Estado de México es la entidad con el índice más alto a nivel nacional de embarazos en adolescentes, además, más de 44 mil mexiquenses asistieron a la Ciudad de México en los últimos 10 años para interrumpir un embarazo, pero sus derechos reproductivos podrían verse obstaculizados, sobre todo para las mujeres que buscan un aborto legal, aseguró la promotora de la Red en la entidad, Adriana Cristina Vega Soriano.
En entrevista, Vega recordó las propuestas que se tienen hasta el momento: la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota asegura que de ganar, buscará “proteger la vida desde la concepción” con la modificación al Artículo 4 de la Constitución local; del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfredo del Mazo Maza, ha expresado en entrevistas su negativa ante la despenalización del aborto.
A favor se han pronunciado del PRD, Juan Zepeda Hernández, y Delfina Gómez Álvarez de Morena, pero lo cierto es que las mexiquenses, aún con las causales que se tienen para acceder al aborto y la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para las víctimas de violación, siguen sin poder ejercer sus derechos, aseguró Vega Soriano.
A partir del acompañamiento que da la organización a mujeres que buscan interrumpir un embarazo, Adriana Vega expuso que la mayoría son adolescentes que “por su condición enfrentan mayores riesgos de salud de continuar con un embarazo”, o bien, víctimas de violación.
En el caso de las víctimas de violación, la Red ha detectado que al acudir a las clínicas de salud para acceder al aborto, tal como lo establece la causal del Código Penal local y la NOM 046, se les niega el servicio, “el personal desconoce de este procedimiento, los médicos se niegan a atenderlas”, asimismo han registrado que les piden a las mujeres presentar una denuncia u orden para interrumpir un embarazo, a pesar de que la norma no pide este requisito.
“Somos el estado con mayor número de embarazos en adolescentes del país, la segunda entidad que accede al aborto voluntario en la capital, y un alto número de violaciones, estos deberían de ser datos suficientes para que las autoridades piensen en políticas públicas y despenalicen el aborto”, afirmó Vega.
SALUD REPRODUCTIVA, LEJANA PARA MEXIQUENSES
Para las mexiquenses, indicó la promotora de derechos sexuales, las condiciones para el acceso a servicios de salud reproductiva son completamente adversas, “las mujeres en el Estado de México vivimos en condiciones de pobreza y marginación, las que tienen recursos podrán acceder a un aborto seguro en la ciudad o métodos anticonceptivos, pero la mayoría no puede trasladarse o no tiene información”, dijo.
De acuerdo con el quinto informe del actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, en su mandato el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) distribuyó 41 millones de métodos anticonceptivos, y brindó servicios de atención y orientación en materia de salud sexual y reproductiva a 2 millones de adolescentes.
Pero en la práctica las integrantes de Ddeser Edomex, encuentran falta de abastecimiento de métodos anticonceptivos en las clínicas y centros de salud públicos, “se niegan a dar servicios a adolescentes si no las acompaña un tutor; en otros casos, como en Ecatepec, mujeres denunciaron ante la organización que se les entrega anticonceptivos caducos”.
La organización trata de erradicar estas situaciones y como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) han implementado campañas en Toluca, Ecatepec, Chalco y Cuautitlán, como “Tú puedes elegir un aborto legal” o “50 acciones a favor del aborto legal”, pero el reto en salud reproductiva asegura Vega, está en el próximo gobierno.
“La persona que quede en realidad a cargo del Estado de México, debe favorecer, defender y garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, no se debe negar el aborto legal y seguro a las mujeres, ya debemos presentar avances en el tema”, concluyó Vega Soriano.
17/HZM/GG
“Una tiene sueños cuando es niña pero cuando va creciendo se va viendo que hay otra realidad y se va creyendo la otra realidad y se olvida el sueño que tenía antes. A mí me gustaría que las mujeres siguieran soñando con esa libertad y con esa alegría en su rostro de que se puede ser feliz en esta vida”.
Son las palabras de Isabel Dircio Chautla, mujer indígena originaria de Guerrero y presidenta de la organización Zihuame Xotlametzin, una agrupación que comenzó a gestarse hace más de 20 años y que en 2009 se constituyó oficialmente para promover los liderazgos femeninos, la salud de las mujeres y las alianzas entre indígenas.
Isabel, quien se convirtió en madre y esposa a los 15 años de edad, hoy trabaja para que otras mujeres de los municipios de Chilapa de Álvarez, Ahuacuotzingo y Zitlala, en el estado de Guerrero, no abandonen las ilusiones que tuvieron en la infancia, sepan que pueden trabajar, tener su propio negocio y tener una vida sin violencia.
“Muchas mujeres piensan que por el hecho de ser mujeres está prohíbo ser feliz, ser libre, hacer; se lo han creído, nos lo hemos creído porque así se ha inculcado”, dice.
Sin embargo asegura que las indígenas nahuas están convencidas de su fuerza interior y de cambio por eso las integrantes de Zihuame Xotlametzin –palabras que en náhuatl significa mujer luciérnaga– trabajan con la convicción de que pueden salir de la sombra del sistema patriarcal y de la cultura machista.
“Nuestra misión en la región es construir esos lazos y poder hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos, con los que nacemos todas las personas; poder, juntas, buscar estrategias que nos ayuden a salir de la problemática en la cual la mujer tiene una brecha de desigualdad bastante definida con los hombres”, explica.
Cuando Isabel comenzó a interesarse por los procesos organizativos, después de ver a su madre, Brigida Chautla Ramos, gestionar proyectos y servicios para su comunidad, observó que había mujeres como ella con la única diferencia de que las otras podían decir sin temor qué no es gustaba e ir y venir sin pedir el permiso de un hombre.
Una vez que entró por completo en la organización y ya como madre de dos hijos y una hija consideró que defender los derechos de las mujeres también era una forma de educar. “y si quería algo diferente para ellos tenía que mostrarles que había otro camino diferente y eso lo encontré estando con mujeres”.
LA CASA DE LA MUJER SANA Y VALIENTE
El primer camino para enfrentar la desigualdad es la reeducación, dice, cambiarse a sí mismas; por ello una de las líneas de acción es la formación integral para que las mujeres conozcan sus Derechos Humanos; talleres para la prevención de la violencia de género, además, promoción de la salud materna, la salud sexual y reproductiva y el rescate de la medicina tradicional.
[[nid:75177]]
Con esta experiencia y conociendo las necesidades de las mujeres de la región centro de la Montaña baja de Guerrero, recibieron apoyo gubernamental de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para abrir la Casa de la Mujer Indígena (Cami) de Chilapa, casa que lleva por nombre Zihuachikahuac (mujer sana, fuerte y valiente, en nahuatl).
En esta zona de alta marginación donde las personas a veces no tienen dinero para salir de sus comunidades y atenderse en un centro de salud, la Cami atiende a las mujeres embarazadas, les brinda la atención médica, el hospedaje y los alimentos en caso de ser necesario. “En eso estamos contribuyendo a mejorar la salud materna de las mujeres”, afirma Isabel.
El trabajo que realizan como organización ha tenido frutos, por ejemplo una mujer que compra un cerdo para alimentarlo, criarlo y después venderlo ahora sabe que tiene derechos sobre sus animales de crianza y que su marido no puede adueñarse de algo que es ingreso para ella y para la familia.
“Con estos procesos de formación de mujeres, muchas están viendo que se puede cambiar, es posible cambiarlo y nosotros lo hemos visto con las compañeras. Cuando se les ha preguntado cómo ha sido su vida antes y después de entrar, hay comentarios que pueden ser como insignificantes pero para nosotros son de mucho valor”.
Isabel reflexiona y asegura que “para estar bien” hay que conocer a otras mujeres, “que nos compartan cosas, sueños, y también soñar. Estar en una asociación de mujeres te ayuda, y a mí en lo personal me ha ayudado a encontrarme, a saber que todo aquello que se sueña, que se piensa, hay mujeres que piensan, que piensa que la mujer puede ser autosuficiente, autónoma libre, feliz”.
17/GGG/AGM/GG
A 22 días del inicio de su huelga de hambre, las enfermeras del Hospital Hospital de la Mujer “Rafael Pascasio Gamboa”– quienes exigen medicamentos y equipo para las instituciones de salud de la entidad, acabar con irregularidades administrativas y pago de salarios retenidos desde 2011– reiteraron su decisión de continuar con su ayuno hasta que no se cumpla la minuta firmada por el gobierno estatal el 12 de abril y anunciaron que la huelguista Gabriela Mayanin López fue dada de alta, tras superar su gravedad.
En su informe diario a los medios, realizado en el campamento levantado hace ocho días por organizaciones civiles junto a las ayunantes, frente al Hospital de la Mujer, la vocera en turno informó que Mayanin decidirá si se queda en el campamento para su recuperación o se va con su familia.
Son seis las trabajadoras del Hospital de la Mujer en la huelga de hambre: Emma Escobar López, María Cielo Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, Rosy Eroyda Pérez Lázaro, Claudia Lizeth Martínez Camacho, Verónica Zenteno Pérez.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), con presencia en 23 estados del país e integrada por 222 defensoras y periodistas, y que está en Chiapas para conocer la problemática de las enfermeras en huelga de hambre, informó en un comunicado que la salud de las seis enfermeras “es crítico”.
Sin embargo, aunque “presentan deshidratación severa y, a estas alturas, sus organismos empiezan a rechazar la ingesta oral de líquidos”, comprobaron que las seis, cuatro de las cuales participaron en la primera huelga de hambre del 3 al 14 de abril, siguen en convicción firme.
OBISPO NOS OFENDE, DICEN
La vocera de las enfermeras anunció asimismo que realizarán mañana una marcha, que partirá del campamento hasta el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, convocada por organizaciones, sociedad civil, y que estas anunciarán también otras acciones en apoyo a su movimiento. Las enfermeras agradecieron también la participación en el ayuno de personas de la sociedad civil.
Sobre lo dicho ayer por el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, de que las enfermeras son usadas como “carne de cañón” y que la huelga de hambre “no es la forma correcta de exigir”, por lo que llamó a los “líderes del movimiento” a “no usarlas”, la vocera de las ayunantes dijo que el obispo “desconoce la razón por la que inició este movimiento.
“Las enfermeras son pensantes, tienen dignidad” y el obispo comete una “falta de respeto que no se merece nadie, mucho menos las enfermeras”, señaló la trabajadora de la salud.
SIN AVANCES
El grupo de enfermeras se mantiene firme, señaló la vocera, y levantarán la huelga sólo si el Gobierno estatal “cumple con el dinero desviado de los trabajadores y con todo el material y medicamento para todos los hospitales”, porque “el acuerdo (firmado por el secretario general de Gobierno Juan Carlos Gómez) se había firmado y el 21 de abril, fecha límite para que sucediera, no llegó el dinero”.
Recordó que el material y medicamentos que exigen para todas las instituciones de salud de Chiapas “son las herramientas con las que damos atención y trabajamos, y esto hace que se le dé la atención para el pueblo”. Por eso, dijo “de manea incansable se le ha pedido al pueblo que se anexe a la lucha”.
SOLIDARIDAD
En el campamento fueron colocados carteles con el rostro de las ayunantes, donados por la Red de Mujeres Sindicalistas de México AC, y entregados por tres de sus integrantes y de la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas al grupo de ayunantes.
Las enfermeras agradecieron también la solidaridad de integrantes de la organización Frente Popular Revolucionario de Suchiapa y del diputado federal Jorge Álvarez Maynez.
En tanto, la Asamblea Permanente y Consejo de la Subsección 09 de Palenque “por la Salud y los Derechos Laborales” publicó un pronunciamiento en donde pide la intervención urgente del secretario de Salud, José Narro Robles, quien estuvo en Chiapas el de mayo para inaugurar un hospital que sigue sin equipamiento, gira que realizó “ignorando la protesta de las compañeras en huelga de hambre”.
17/GGQ