La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como, un aspecto central de toda persona, a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
“Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, la sexualidad está influida por la interacción de factores: biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”.**
Hoy me enfocaré en el tema de la sexualidad femenina, independientemente de la orientación sexual, afectiva y/o erótica que tengamos como mujeres.
Aún en nuestros días son pocas las mujeres que experimentan su sexualidad como propia y placentera, es decir, sintiendo que se apropian de su cuerpo, de su placer y de su sexualidad.
Gracias a mi labor de 31 años como psicoterapeuta, he tenido el privilegio de escuchar todo tipo de experiencias en las voces de diferentes mujeres, experiencias muchas de ellas que rompen con algunos de los mitos sobre la sexualidad femenina.
Cuando las mujeres hablamos sobre sexualidad, hablamos así, sobre sexualidad, y poco acerca de nuestra sexualidad.
Muy pocas mujeres la relacionan con momentos y sensaciones agradables y placenteras, la mayoría, la relacionan con sentimientos de frustración e insatisfacción, y más allá, en ocasiones está vinculada a momentos violentos y de abuso, que vivieron.
Son voces de mujeres que “apropiadas” o “desapropiadas” de su sexualidad, las he escuchado, a aquellas que se ubican a sí mismas como mujeres de distintas generaciones, desde las más jóvenes hasta las de mayor edad.
Algunas viven su sexualidad en el matrimonio o con su pareja, otras la viven sin tener una pareja fija, unas más apegadas a sus creencias religiosas, otras obligadas a vender sus cuerpos, aquellas que son heterosexuales, lésbicas o bisexuales, transexuales y transgénero.
En un encuentro sincero, de confianza, respeto y confidencialidad, he analizado y reflexionado con muchas mujeres, sobre las diferentes formas en que socializamos la sexualidad femenina, profundizamos juntas en los modelos de educación que hemos tenido, desde los más conservadores y tradicionales, hasta los más modernos y progresistas.
Cuando las mujeres revisamos la manera en que conocimos nuestra sexualidad, en cómo nos fue presentada por la vida, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones derivadas de la forma en que vivimos ese primer encuentro con nuestra sexualidad, como: los embarazos tanto deseados como no deseados, las interrupciones de esos embarazos si las hubo, los partos, los dolorosos y los que fueron gozosos, nuestras infecciones de transmisión sexual, nuestras menstruaciones con dolor o sin dolor, con conocimiento de la etapa o no.
Al compartir sentimientos y reflexiones de nuestras vivencias sexuales, es decir, si hubieron o no: caricias, abrazos, sueños eróticos, fantasías sexuales, orgasmos vaginales y clitorianos; al igual que las profundas heridas que han dejado en muchas mujeres: las relaciones sexuales impuestas, los abusos sexuales, la prostitución, la pornografía, la trata; los acosos, las culpas, los dolores, las represiones, las insatisfacciones, y las negaciones internalizadas del placer.
Tantos mundos, tanta diversidad, tantas experiencias, que nos llevan a reconocer finalmente un común denominador de las diferentes vivencias de nuestra sexualidad como mujeres, que es el hecho de que hemos sido no solo educadas sino convocadas, para ser para los otros o las otras, y la sexualidad no es la excepción.
Es por ello importante como mujeres reflexionar en un espacio psicoterapéutico sobre uno de los grandes temas tabú de la humanidad, para liberar todo tipo de emociones, y darnos cuenta de nuestra existencia a través de la importancia que demos a nuestra sexualidad.
Porque nuestra sexualidad somos nosotras mismas, la llevamos con nosotras, la portamos a diario y al vivirla solo así, podremos convertimos en dueñas únicas de nuestra sexualidad.
**OMS (Organización Mundial de la Salud)
*Directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género. Twitter: @terapiaygenero
*Directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, y especialista en Estudios de Género.
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17/ABL
agosto 2017
El Tribunal Constitucional de Chile (TC) determinó que el personal médico y las instancias de salud pueden abstenerse de practicar un aborto si previamente externan no estar de acuerdo al titular de la institución y que sólo estarán obligados a realizarlo cuando la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo.
Ayer el TC publicó un fallo donde expuso que la objeción de conciencia, es decir la libertad de decidir si interrumpen o no un embarazo (el personal médico), se extenderá a las instancias de salud. El proyecto de ley originalmente contemplaba solo al personal que labora en el “pabellón quirúrgico durante la intervención”.
Lo anterior tras la discusión desde el pasado 16 de agosto de dos recursos de impugnación interpuestos por senadores de la coalición política Chile Vamos donde calificaban de “anticonstitucional” el proyecto de ley propuesto por la presidenta Michel Bachelet en 2015, y solicitaban analizar la objeción de conciencia.
El TC rechazó que fuera “anticonstitucional” la ley que considera legal el aborto por tres causales: cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada, por la actividad fetal incompatible con la vida; y cuando el embarazo sea producto de una violación sexual.
Aún cuando el proyecto establece que el centro de salud está obligado a reasignar a la paciente con personal que no haya objetado, incluso cuando no se encuentre dentro de la instancia médica, falta que el Ministerio de Salud chileno publique los protocolos específicos para que el principio de objeción de conciencia se aplique.
Solo se estipula que habrá excepciones en la aplicación de la objeción de conciencia cuando la mujer embarazada “requiera atención médica inmediata e impostergable” por riesgo de vida cuando no exista otro médico para atenderlas.
Antes del fallo, el proyecto de ley contemplaba como obligatorio que aún cuando el médico hubiera externado su objeción de conciencia y en caso de no existir otro médico para atenderla, las mujeres podrían acceder al aborto antes de las 12 semanas de gestación, y en el caso de las niñas, hasta las 14 semanas, siempre y cuando el embarazo fuera producto de una violación; sin embargo esta excepción quedó fuera del proyecto.
Cifras de Poder Judicial de 2016 de aquél país, revelaron que 66 por ciento de los embarazos producto de una violación fueron presentados por niñas menores de 18 años.
El fallo del Tribunal también plantea que las instancias médicas decidirán si mantienen dentro de su plantilla laboral a personal que no comparta la objeción de conciencia.
Organizaciones chilenas se han pronunciado en cuanto al principio de objeción de conciencia. Días antes del fallo la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, externó en una columna “Entonces, el personal de salud puede tener objeción de conciencia respecto de hacer un procedimiento, pero las mujeres no podemos tener el mismo nivel de conciencia a efectos de poder tomar una decisión tan determinante para nuestras vidas”.
Y en entrevista con esta agencia, la defensora destacó que si bien la despenalización del aborto “significa un avance para el derecho a decidir de las mujeres en su cuerpo”, la ley aún es restrictiva porque no contempla que las mujeres “puedan decidir libremente” acceder a un aborto.
Una de las limitantes del proyecto de ley es, por ejemplo, que aún y cuando las mujeres cumplan una de las tres causales, deberán manifestar previamente por escrito que es su voluntad interrumpir el embarazo, con excepción de las que lleguen por emergencia para su salud.
17/MMAE
En cinco años, 2.9 millones de mexicanas vivieron violencia obstétrica
En los últimos cinco años en México 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, reportó la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en las Relaciones sobre los Hogares 2016 (Endireh).
Por primera vez, la encuesta quinquenal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó la violencia obstétrica (abusos de los médicos de servicios sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio) como parte de los indicadores de las formas de violencia contra de las mujeres donde destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con más incidencia de casos.
El Edomex fue el que registró más número de nacimientos y denuncias de maltrato en la atención obstétrica. De los más de un millón de mujeres que tuvieron un parto de 2011 a 2016; 39.5 por ciento denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud.
En el país las embarazadas en labor de parto fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante el parto: 21.5 por ciento del total, indica la Endireh.
La violencia obstétrica también contempla como abuso a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, aplicar anticonceptivos o esterilización sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con Inegi, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para ya no tener más hijos o hijas.
De los abusos reportados por las 2.9 millones de mujeres, 40.8 por ciento indicó que se cometieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 38.7 por ciento en clínicas públicas locales y un 29.8 por ciento en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Esto, a pesar de que desde 2016 se reformó la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y obliga al personal médico a atenderlas con un sentido ético, de calidad y respeto a sus DH, así como tener el consentimiento informado de las mujeres.
Sin embargo a lo largo de la República sólo 11 de las 32 entidades federativas cuenta en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la definición de la violencia obstétrica como delito (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México).
CÉSAREAS INNECESARIAS Y FORZADAS
La Endireh 2016 destaca que en cinco años, a 43 de cada 100 mujeres les fue practicada una cesárea, situación que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15 por ciento) porque en comparación con un parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran, se enfermen o que el producto tenga problemas respiratorios al nacer.
La preocupación radica también, que al 10 por ciento de las 3.7 millones mujeres que tuvieron un parto por cesáreas no les fue informada la razón médica por las que fue practicada, y a 9 de cada 100 mujeres ni siquiera les pudieron su autorización para realizarla.
17/HZM
Feministas y académicas en defensa de la Constitución Política de la CDMX
Académicas y defensoras de Derechos Humanos feministas, participantes en el proceso público de la Constituyente, presentan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae con el objeto de sumarse a la defensa integral del texto completo del Decreto de Constitución Política de la Ciudad de México y de aportar argumentos en torno a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), en particular en dos de los conceptos de invalidez presentados por esta institución, el quinto y séptimo, en los que se argumenta explícitamente una afectación a los derechos de las mujeres. Lo que este grupo de especialistas feministas analiza y argumenta, es que no existe tal afectación.
En lo que refiere al quinto, la PGR se manifiesta en contra de todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos, lo que el grupo de expertas considera una vulneración a los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1 de la Constitución.
En lo referente al séptimo, la PGR se manifiesta en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que constituye una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.
En el Amicus Curiae, el grupo de especialistas evidencian que no existe una afectación de la Constitución de la Ciudad de México a los Derechos Humanos de las mujeres ni a la igualdad de género, y que no existe contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sería el requisito para que procediera la declaratoria de invalidez de cualquier norma de carácter general.
*Académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
17/AVM
Suele ocurrir que cuando se dan a conocer los datos sobre violencia contra las mujeres el foco se centre en ellas: las víctimas de la violencia machista y los estragos que ésta provoca en sus vidas. Si bien es necesario seguir insistiendo en ello, me parece también importante detenernos en los agresores, que básicamente son los mismos desde hace milenios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) –que ya habría que cambiarle el nombre– los agresores de las mujeres son hombres conocidos por ellas, hombres en los que ellas confiaban y/o amaban, son novios, parejas, maridos, compañeros de trabajo o de escuela, hombres que ejercen la brutalidad para intimidar, controlar, atemorizar o subyugar a las mujeres cercanas.
De acuerdo con la encuesta presentada en la segunda quincena de agosto, 30.7 millones de mujeres que viven en México de más de 15 años ha sido violentada en algún momento de su vida; es decir, hay por lo menos 30.7 millones de agresores que han violentado a una mujer por lo menos una vez en su vida.
¿Cuántos de estos son agresores permanentes, hombres que gozan con hacerles daño a las mujeres, hombres de todas las profesiones, estratos sociales, religiones? Muchos de ellos hasta se han vuelto “expertos en género” y han encontrado en ello una forma de vida, desplazando a feministas y académicas. Hombres que se apropian del conocimiento femenino, por ejemplo, sin darles crédito siquiera.
El hecho de que 99 por ciento de los terroristas sean varones, debería hacernos reflexionar sobre cómo se les educa en la ecuación virilidad=violencia, señalaba en días pasados la escritora española Laura Freixas, a propósito de los atentados en la Rambla de Barcelona.
Es decir, los agresores de las mujeres son obedientes hijos del patriarcado, lo digan o no, lo crean o no, son los terroristas de la población femenina, pues como señala la antropóloga feminista, Marcela Lagarde, el asesinato de una mujer aterroriza a todas.
Los datos que arroja la Endireh debe interpelar a los hombres para romper con la complicidad de sus pares y de sí mismos, quienes suelen ser violentos con las mujeres no sólo en lo privado también en lo público, a la vista de otros que con el silencio y la inacción avalan la violencia contra las mujeres.
Es precisamente el espacio público, según la Encuesta, el que ocupa el segundo lugar en la incidencia de violencia masculina. La calle, los parques y el transporte son espacios donde las mujeres son violentadas por hombres desconocidos, hombres que las violentan sexualmente a través del acoso, el abuso o la violación.
Muchos de ellos son choferes identificados por las autoridades por prestar un servicio público ya sea en taxis, autobuses, microbuses, metrobús u otros transportes.
Estar en el trabajo o en la escuela no es garantía de que las mujeres vivan libres de violencia, sólo recordemos a Lesvy, asesinada el 3 de mayo cerca del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria, el espacio de nuestra máxima casa de estudios. Caso indignante por el desaseo en la investigación.
Son los compañeros de trabajo o de la escuela los principales agresores de las mujeres en estos ámbitos. Cómo avanzar en los trabajos cuando la violencia es lo cotidiano, cuando la violencia sexual, la discriminación por ser mujer o por ejercer el derecho a la maternidad se vuelven en contra de las mujeres, quienes por un lado son alentadas socialmente a ser madres y por el otro lado son violentadas dentro del trabajo por estar embarazadas.
Lo sorprendente en el ámbito escolar es que las jóvenes pese a la violencia física y sexual que enfrentan por parte de compañeros y maestros obtengan las calificaciones más altas al concluir sus estudios, según estudios de la OCDE. Si no enfrentaran esa violencia seguramente tendríamos más mujeres genias.
Si hay un delito que tiene la mayor radiografía de dónde están los agresores y cuáles son los motivos de las agresiones, es precisamente el de la violencia contra las mujeres. La Endireh tiene 11 años realizándose, ofreciendo información a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto, que no es sólo hacer campañas, sino irse a lo estructural, transformar las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
Los hombres son aquí los interpelados, ellos no pueden seguir responsabilizando a sus madres por haberles educado en el patriarcado. Ahora resulta que en esto sí, son obedientes, en este caso la obediencia es acomodaticia.
Tendrán que dejar la obediencia a un lado y asumir, como adultos, la decisión de dejar de ser violentos, dejar de usurpar los espacios de las mujeres y en los hechos dejar de ser obedientes con el patriarcado.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
17/LLH
Denuncian incumplimiento en medidas por AVG en Chiapas
El Observatorio Feminista de Chiapas lanzó un llamado de emergencia a las autoridades estatales por el aumento de violencia feminicida en este octavo mes del 2017, por lo que denunciaron el incumplimiento de lo que mandata la Alerta por Violencia de Género (AVG) declarada para siete municipios de Chiapas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Denunciaron ayer en un pronunciamiento que desde que la Segob emitió la AVG en noviembre del año pasado, en Chiapas se han registrado al menos 178 muertes de mujeres víctimas de feminicidio, tan sólo 11 de ellos registrados en el último mes. Cuatro mujeres más, sobrevivieron del ataque perpetrado por sus victimarios.
Señalaron que a pocos días de inicio de la jornada electoral, estas muertes quedarán silenciadas para atender lo que el poder político considera urgente y que no habrá justicia para ellas.
“El poder ejecutivo del estado de Chiapas representado legalmente por el gobernador Manuel Velasco Coello, ha manifestado su desinterés sobre la problemática de la violencia contra las mujeres al ignorar uno de los pasos centrales en la implementación de la Alerta de Género (AVG) enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia a las múltiples formas de violencias contra las mujeres, para realizar este acto contaba con diez días desde que la Secretaría de Gobernación emitió la AVG para Chiapas”, dice el pronunciamiento.
“Esta acción demuestra la inobservancia e incumplimiento de lo que mandata la Alerta.
Mientras el gobierno del estado no se pronuncie, no encabece las acciones necesarias que buscan contribuir a la disminución del conflicto social, no se va a motivar a los diversos órganos de gobierno, autoridades estatales y sobre todo a los gobiernos municipales a realizar el trabajo que es necesario para detener la problemática de la violencia feminicida”, dice el documento enviado esta noche a los medios de comunicación.
Ante este escenario demandaron urgentemente la implementación de todos los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para dar cumplimiento cabal de los procedimientos de la Alerta de Género en Chiapas para disminuir la violencia contra las mujeres en el estado.
Apenas el jueves pasado, se registró el feminicidio en Tapachula de una mujer de nombre Estela “N”, de aproximadamente 42 años, quien fue asesinada a orillas del Río Coatán.
Un día después, el viernes una mujer no identificada de al menos 32 años de edad fue ultrajada y estrangulada en la misma ciudad fronteriza de Tapachula.
El sábado se reportó el feminicidio de Jhoana “N” de 27 años quien fue asesinada por sus hermanos en el municipio de Reforma. De acuerdo al Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, a cuatro días de cerrar el mes de agosto: cinco casos de feminicidio en la región Soconusco se han registrado en el mes.
Esta denuncia fue hecha justo este lunes cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong estuvo en Chiapas para entregar 220 patrullas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) junto al gobernador Manuel Velasco. Ahí ambos hablaron de su preocupación sobre la violencia que viven las mujeres en esta región del país.
17/IM
Para defender los logros alcanzados en favor de la participación política de las mujeres es necesario conocer cuáles son sus derechos, cómo se pueden defender, en dónde están consagrados y además conocer las atribuciones de las instituciones en la materia.
Es por ello que las senadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez; de Acción Nacional (PAN), Pilar Ortega Martínez; y del Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo llamaron a las mujeres a conocer y ejercer sus derecho político-electorales.
Durante el seminario “Ruta al 2018: paridad de género y metodología de bloques”, que hoy se realizó en la antigua sede del Senado, las legisladoras coincidieron en que las militantes deben conocer los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el principio de paridad y combatir la violencia política.
A menos de dos semanas de que inicie el proceso electoral de 2018, el próximo 8 de septiembre, las senadoras señalaron que en estos comicios los partidos políticos y sus dirigencias deberán corregir las inequidades y desigualdades del pasado.
La senadora Pilar Ortega dijo que es necesario que todas las fuerzas políticas y los órganos electorales generen los criterios que garanticen la plena igualdad de las mujeres en los comicios de 2018, esto a fin de garantizar y fortalecer la democracia mexicana.
A su vez la senadora Angélica de la Peña, dijo que más allá de cara a la jornada electoral del próximo año, la primera alianza es entre mujeres para evitar que los partidos políticos las vean desunidas y aprovechen para vulnerar sus derechos en el terreno político.
Por su parte la senadora Diva Hadamira Gastélum, dijo que las mujeres no son sólo números y destacó que es hora de que participen las jóvenes y entre el relevo generacional y trabajar juntas para que no se sigan regateando los derechos de las mujeres.
La también senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, explicó que la finalidad de que 50 por ciento de las candidaturas sean para las mujeres es que haya más participación femenina en el ámbito público y privado donde se toman las decisiones fundamentales.
En el seminario también participaron funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República.
17/AGM/
Caso de mujeres choles y chontales llega a Oficina del Alto Comisionado de la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México buscará dar solución a las violaciones a los Derechos de las mujeres choles y chontales del municipio de Macuspana, Tabasco quienes, desde 2011, aspiran ser dueñas de una maquila para generar empleos en su comunidad.
Exótica Textiles es una cooperativa integrada por más de 50 mujeres costureras de comunidades choles y chontales de Macuspana, un municipio caracterizado por altos índices de pobreza. El gobierno de Tabasco aprobó desde 2012 que serían dueñas de una maquila ha dilatado la construcción de la misma y encabezado agresiones en contra de las defensoras, las más recientes fueron las amenazas del alcalde municipal, Eduardo Rovirosa Ramírez para que desistieran de su lucha.
Durante la primera semana de septiembre funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Magdalena Mayorga, ahí expondrán, junto con otros temas relacionados a la violación de Derechos Humanos de personas indígenas, el tema de las mujeres de la cooperativa Exótica Textiles y propondrán acciones para poner fin a las constantes agresiones que enfrentan.
A esto se comprometió el observador de la Unidad de Observación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Tom Haeck, el pasado 24 de agosto cuando las mujeres acudieron a la sede del organismo para que solicite al Estado mexicano cumplir con los tratados internacionales ratificados por el país en pro de las personas indígenas y que, afirmó en entrevista la coordinadora de Exótica Textiles, Alicia Jiménez Hernández, ha violado al no garantizarles oportunidades de trabajo y condiciones dignas de vida.
El compromiso resulta importante ya que tendrá lugar en el marco de la visita a México de la relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, del 8 al 17 de noviembre, donde discutirá con funcionarios públicos del país las distintas dificultades que enfrentan las personas indígenas
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL
La semana pasada las defensoras recorrieron las sedes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para solicitar a través de escritos que entregaron a los dirigentes que obliguen a los senadores y diputados de Tabasco de esas fuerzas partidistas para que se pronuncien, “tomen en sus manos el proyecto y ayuden a cristalizarlo”, informó Alicia Jiménez.
En entrevista el representante legal de la cooperativa, Julio César Álvarez Santos, destacó que el llamado es hacia los partidos políticos “porque son representas del pueblo y su deber es ver por las personas”.
Esta no es la primera vez que las defensoras de los derechos laborales buscan el apoyo de representantes de los partidos políticos. Alicia Jiménez recordó que en 2015 se reunieron en Villahermosa, Tabasco con el ex dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruíz, y la ex diputada de Macuspana también del PRD, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, quienes aceptaron aportar 2 millones de pesos para la construcción de la maquila, sin embargo, esto no sucedió.
“Queremos una respuesta de los partidos nacionales porque su silencio los hace cómplices de las violaciones a nuestros Derechos Humanos”.
Esta semana las trabajadoras de Exótica Textiles recorrerán 20 comunidades indígenas de Macuspana para informar sobre los avances y trabas en la búsqueda de la construcción de la maquila, después de recolectar opiniones de los habitantes, informó Alicia Jiménez, decidirán en dónde continuarán protestando.
Actualmente las costureras son dueñas de un predio donado por el gobierno de Tabasco para su maquila, pero no cuentan con los recursos para iniciar su construcción, por ello buscan garantizar que esto no se prolongue más.
17/MMAE
Presión arterial alta (preeclampsia), infecciones en vías urinarias y dificultades en el desarrollo del feto, son las principales secuelas de los embarazos de niñas mayores a 13 años de edad que registró el Instituto Nacional de Perinatología (Inper) durante 2016.
Lo anterior se desprende del reporte que realizó y publicó en junio de 2017 el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sobre la Clínica para la Atención de la Paciente Adolescente del Inper, donde se indica que la unidad dio tan sólo el año pasado atención prenatal y de parto a 358 mujeres embarazadas entre 13 y 17 años de edad; 41 por ciento eran menores de 15 años (es decir, 149 niñas en total).
De estas niñas que se convirtieron en madres, 16 niñas tenían 13 años (4 por ciento), 43 eran niñas de 14 años (12 por ciento), mientras fueron 90 las que apenas alcanzaban los 15 años de edad (25 por ciento), según las entrevistas que ha realizado Cimacnoticias al personal médico del Inper, al tratarse de embarazos infantiles se presume que pueden ser producto de violencia sexual.
Pero la institución sólo cuenta este tipo de violencia si las niñas son referidas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o de agencias del Ministerio Público. En este reporte de Inmujeres no incluye esta variante, solo se da el número de embarazos en niñas atendidos.
El documento elaborado con datos de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescente del Inper, sostiene que todas las niñas recibieron atención especializada durante el embarazo, la atención del parto y puerperio, sin registrarse algún caso de muerte materna o infantil.
Sin embargo, por su corta edad y características físicas y biológicas, los riesgos a la salud de las niñas que presentan un embarazo son mayores, muestra de ello es que de las 358 pacientes atendidas en el Inper en 2016, un 6.5 por ciento presentó como consecuencia del embarazo preeclampsia (23 pacientes), y 28 fueron diagnosticadas con infecciones en las vías urinarias (8 por ciento).
Otro de los padecimientos frecuentes que representó un 2 por ciento del total, es la restricción del crecimiento intrauterino (rciu), lo que significa que el feto no puede crecer y desarrollarse debido a que las niñas no están preparadas físicamente para desarrollarlo, lo que a futuro puede repercutir en las habilidades cognitivas y capacidad de aprendizaje del producto.
De las niñas embarazas que atendió el Inper en 2016, 73 por ciento cursaba los estudios de secundaria, 261 niñas del total. En tanto 28 apenas se encontraban en la primaria, lo que también podría significar repercusiones en su planeación de vida e incluso la deserción escolar.
Si bien el reporte realizado por Inmujeres incluye no sólo niñas sino también adolescentes entre 16 y 17 años de edad, de las pacientes atendidas 96 por ciento dijo no había planeado el embarazo por lo que la institución otorgó al 80 por ciento algún método anticonceptivo señala el reporte.
17/HZM
A pesar de que la violencia contra las mujeres en Tlaxcala creció en los ámbitos comunitario, escolar y laboral de 2011 a 2016, el gobierno federal decidió no decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ese estado.
De acuerdo con un comparativo entre la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011 y la de 2016, en Tlaxcala hubo un incremento de 531 por ciento en la violencia contra las mujeres en las escuelas, así como un alza de 14.4 por ciento en la violencia comunitaria y 5.8 por ciento en la violencia laboral.
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada Mendoza, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, no decretó la Alerta en Tlaxcala porque el gobierno estatal se comprometió a cumplir las recomendaciones, aunque en términos reales la violencia contra las mujeres aumentó.
A su vez organizaciones de la sociedad civil de Tlaxcala denunciaron en un comunicado de prensa deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo, en la campaña de comunicación social, en las capacitaciones y en la construcción de los Centros de Justicia para Mujeres; por lo que solicitaron al gobierno estatal subsanar todos los señalamientos del grupo de trabajo y demostrar el impacto de cada una de sus acciones.
Si bien la AVG en la entidad se solicitó por violencia sexual y trata de personas, el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que se declarará el mecanismo cuando los delitos del orden común atenten contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres, así como exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.
La ley también estipula que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida por los individuos o por la propia comunidad, y en ese sentido el objetivo de la AVG es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades.
AUMENTA LA VIOLENCIA
Según los resultados de la Endireh 2016, dados a conocer el 18 de agosto, en Tlaxcala seis de cada diez mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia, emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.
De igual forma el estudio -elaborado por el Instituto Nacional Estadística y Geografía (Inegi)- apuntó que dos de cada cinco mujeres padecieron violencia por parte de su pareja, tres de cada diez fueron violentadas en el ámbito comunitario, dos de cada diez sufrieron violencia en sus escuelas y una de cada cuatro en su trabajo.
En comparación con la Endireh 2011, en 2016 la violencia en el ámbito escolar aumentó cinco veces. Las agresiones en el ámbito comunitario subieron 14.4 por ciento y en el trabajo, 5.8 por ciento. Sólo la violencia por parte de la pareja disminuyó 6.6 por ciento.
En cuanto a la violencia en la comunidad, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará1994) señala que ésta comprende entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
Mientras que la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que la violencia comunitaria contra las mujeres implicaría episodios de violencia sexual, lo cual limita el ejercicio de sus Derechos Humanos y el uso del espacio público por temor a ser víctimas de alguna agresión.
De igual forma la dependencia federal reconoce que el aumento de las actividades criminales en el país llevó a un alza en la violencia contra las mujeres en espacios públicos, en forma de trata, desapariciones, violaciones y feminicidios.
SIN ALERTA DE GÉNERO
Dos semanas antes de que se revelaran los datos de la Endireh 2016, la Conavim anunció que no decretaría la AVG en Tlaxcala debido a que el estado “se encuentra implementando adecuadamente sus propuestas” para “revertir las condiciones de violencia contra las mujeres”.
El 30 de agosto de 2016 la dependencia federal había admitido la solicitud de alerta de género interpuesta por la organización Todos para Todos.
Después de un mes de análisis, el grupo de especialistas que valoró la pertinencia de la alerta realizó nueve recomendaciones, entre las cuales se encuentran: elaborar un diagnóstico de las capacitaciones necesarias en perspectiva de género; crear una base de datos sobre la violencia contra las mujeres; capacitar al sector Salud para que alerte al Ministerio Público de casos de violencia familiar y sexual, y etiquetar presupuesto suficiente.
Sin embargo la mayoría de las recomendaciones no se cumplieron de forma cabal, ante lo cual la Conavim determinó ampliar el plazo para que el gobierno estatal solvente y dicte las medidas adicionales, como son la elaboración del diagnóstico, la implementación de políticas transversales y permanentes para erradicar la trata, a la par de elaborar un protocolo para identificar a las víctimas de trata y crear una fiscalía especializada que atienda este delito.
Al respecto María de la Luz Estrada refirió que la Conavim no debe hacer eso, porque las recomendaciones se cumplen o no se cumplen, ya que la pura intención de cumplimiento no se puede medir.
—Es realmente lamentable, no entiendo cómo no les decretaron (la Alerta), no solamente vale la buena voluntad (…), no presentaron mínimos resultados para decir que avanzaron en cada una de las recomendaciones (…). Hay muchas carencias de cómo se están haciendo los dictámenes, que nos permitan tener la claridad de cómo están avanzando las autoridades.
ORGANIZACIONES INCONFORMES
Mediante un comunicado de prensa las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y niñas manifestaron que la AVGM en Tlaxcala sí procedía, primero porque el estado es el primer lugar nacional en mujeres en situación de trata puesto que tiene una tasa de 24.4 víctimas por cada 100 habitantes.
Asimismo el mecanismo sería pertinente debido a que las acciones emprendidas tienen inconsistencias y el gobierno tlaxcalteca no cumplió con las recomendaciones del grupo de trabajo, entre ellas:
El diagnóstico “Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala una mirada integral”, no cuenta con los elementos para crear una política pública de gobierno, “de hecho no cumple con los referentes a la identificación de víctimas y victimarios”.
Los números reportados de las personas que asistieron a capacitación no coincide con las listas de asistencia. En uno de los indicadores reporta que asistieron 420 personas y en listas sólo aparecen 330.
No se conformaron lineamientos sobre la reglamentación y funcionamiento de los albergues y refugios.
Tampoco se realizaron evaluaciones semestrales de impacto para conocer el avance en el logro de los objetivos de las campañas.
Ni se integró una política educativa para el ciclo escolar 2018-2019, en materia de Derechos Humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas.
Quedó pendiente crear una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Ante esta situación las organizaciones pidieron que el gobierno estatal reconozca la problemática de la trata de personas, que transparente los informes entregados a la Conavim, cumpla con las recomendaciones y que se lleven a cabo cambios estructurales en la estrategia contra la trata, entre otros.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
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