El proceso electoral de 2018 será la segunda gran elección federal en México donde se aplicará el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas por lo que una de las preocupaciones de las autoridades electorales es que los partidos cumplan con esta obligación.
Así lo consideró la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams Salazar, tras participar en la asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) que se realizó la semana pasada durante el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee).
El próximo año habrá elección federal para renovar la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 28 senadurías y además se realizarán 30 elecciones locales por lo que las integrantes de AMCEE expusieron los retos de los organismos locales electorales de cara a los próximos comicios.
La consejera Williams Salazar destacó que uno de los retos será la violencia política de género que no está legislada a nivel federal y por tanto no es un delito electoral así como el cumplimiento de la paridad de género, en particular en los estados donde exista una confrontación con el mecanismo de reelección.
Ante estos retos, la consejera electoral señaló la necesidad de diseñar una estrategia entre los institutos electorales para observar las acciones que cada institución está haciendo para dar seguimiento a las obligaciones de los partidos políticos, en particular la de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres.
Uno de los temas que llama la atención de las consejeras es que en otros comicios las candidatas que resultan triunfadoras no siempre ejercen el cargo. “Nos dimos cuenta que existen candidaturas de personas que han accedido al cargo pero quienes toman las decisiones son otras personas, hombres. Ese tipo de seguimiento no se está dando por autoridades locales ni nacionales”, dijo.
Aun no hay una estrategia definida por la AMCEE en el proceso electoral, que comienza el 8 de septiembre, pero la mayoría de las integrantes considera que tendrán que vigilar el cumplimiento de la paridad y los partidos políticos deberán plantear sus reglas internas para que este principio no se contraponga con la reelección para diputaciones o ayuntamientos.
Asimismo, expuso la consejera Williams Salazar, preocupa que todavía haya casos en donde los partidos no postulan a militantes por lo que esperan que para 2018 haya liderazgos femeninos quienes ocupen las postulaciones y los escaños ya que en la Ciudad de México los partidos deben destinar 5 por ciento de su financiamiento para capacitar y fortalecer a las mujeres políticas.
VIOLENCIA POLÍTICA
El pasado 17 de agosto el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establecía las causales de nulidad de una elección, entre ellas la violencia política de género.
Al respecto la consejera Gabriela Williams dijo que el Instituto Electoral local planteó a los partidos políticos de la capital la necesidad de que normen de manera interna la violencia política como una forma de prevención y porque este fenómeno se da principalmente al interior de las agrupaciones políticas.
“Lo ideal es que los partidos también empiecen a ejercer conciencia de incorporar a las mujeres en puestos decisión clave porque si no es complicado que las mujeres estén empoderadas”, concluyó.
17/AGM/
agosto 2017
Pese a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establecen como prioridad que los servicios de salud detecten si las niñas que atiende fueron víctimas de violación sexual para que las instancias judiciales puedan investigar el delito, en la práctica esto no ocurre.
Si las niñas no cuentan con actas de referencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de agencias del Ministerio Público o si no muestran lesiones físicas que comprueben que la violación ocurrió recientemente, sus casos no son registrados, no se informa al Ministerio Público y el delito queda impune.
El tema de violación sexual en menores de edad es difícil de denunciar porque los agresores suelen ser personas cercanas a la víctima como familiares y conocidos, explicó en entrevista la coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social que trabaja por los derechos de la infancia, Nashieli Ramírez Hernández.
Categórica, afirmó que hay una “laguna enorme” en cuanto a los datos, por lo que urgió a que el gobierno federal y los locales, articulen datos y piensen en otros indicadores como monitoreos y encuestas que permitan conocer “el verdadero contexto de la violencia sexual hacia las niñas”.
A la fecha, no existe ningún cuestionario que se aplique en las instancias de salud específico para detectar violencia sexual. Lo que hay es un cuestionario general de salud, para identificar entre otras cosas rasgos de violencia familiar, pero los reactivos son generales y no están especializados en la infancia, lo que dificulta tener un diagnóstico y registro certero de este tipo de violencia en niñas.
El único dato que se conoce específicamente es el de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), que de 2005 a 2012 registró 57 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años que sí fueron producto de violencia sexual.
Estos casos pudieron registrarse como tal, porque fueron referenciados del DIF y de otras instancias de justicia, de otra forma, el Inper no detecta si los embarazos que atiende en niñas de este rango de edad fue producto de violación.
La experta en ginecología y obstetricia Josefina Lira Plascencia y el psicólogo de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescente, Edgar Díaz Franco, explicaron en entrevista que cuando una paciente llega al Inper se le aplica un cuestionario para ver indicadores de ansiedad o depresión que de ser positivos posteriormente se tratan en consultas psicológicas, pero los resultados no han arrojado casos de violación sexual, afirmaron.
“No hacemos búsquedas específicas de esta violencia, nos enfocamos en atender la parte clínica, lo legal corresponde a otras instancias”, afirma la doctora Lira Plascencia, pese a que la LGDNNA establece que los servicios de salud deben detectar y atender de manera especial estos casos en pro del derecho a la protección de la salud de las menores de edad.
Algo similar sucede con los casos de niñas víctimas de violación que acuden a consultas en otras instancias médicas por urgencias, no hay un conteo específico de los casos y si las pacientes dejan el hospital no pueden comprobar que el ministerio público continuará la investigación.
Laura Ramírez, una trabajadora social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que actualmente labora en el Hospital General de Zona «Venados” del IMSS dijo a Cimacnoticias que es común que los familiares de las pacientes las den de alta voluntariamente cuando se les informa que llamarán al ministerio público.
Explicó que cuando una niña menor de 14 años de edad llega a los servicios de salud con signos de violencia, el personal médico que tiene el primer contacto con ella registra las lesiones que presenta en un formato que la subdirección médica entrega a los ministerios públicos luego de que el área de trabajo social entreviste a la familia de la menor de edad.
La trabajadora social dijo que la detección de violencia sexual sólo puede hacerla el doctor en la primera consulta, de urgencia. Si la paciente no presenta síntomas de agresiones recientes “es muy raro que continúe el proceso (registro)”, mencionó.
También atienden a menores de edad que presentan embarazos de más de 12 semanas los cuales, sospechan, fueron productos de una violación, pero el registro y posterior aviso al ministerio público no procede.
“A veces tienen miedo de decirnos que el agresor fue un familiar, pero ya no podemos hacer nada, los doctores tampoco porque muchas veces dicen ‘si las pacientes no hablaron antes, cuando todavía se podía interrumpir el embarazo lo que sigue es la parte médica nada más”, mencionó la trabajadora social con más de 15 años de experiencia laboral.
LABOR GUBERNAMENTAL
Los servicios de salud, al igual que las escuelas y el DIF tendrían que generar el registro de los casos de violación sexual a las niñas según estipula el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), creado en 2015 como un mecanismo para que instancias federales y locales se coordinen y realicen políticas públicas enfocadas en la infancia.
Sin embargo, expuso Nashieli Ramírez, que como cabeza de su organización forma parte del consejo consultivo del SIPINNA capitalino, el discurso político que establece el funcionamiento de la SIPINNA no se concretará hasta que los organismos federales “trabajen de forma transversal”.
En el ámbito de la salud resulta importante señalar los cambios físicos, psicológicos y sociales que enfrentan las niñas madres, para quienes, aseguró Nashieli Ramírez, si el gobierno falló en la prevención de la violencia sexual está obligado con mucha más razón a restituirles sus derechos como víctimas”.
En ese sentido en la próxima entrega abordaremos los cambios en la salud y las vidas de las niñas víctimas de violaciones sexuales, una violencia que el gobierno federal se comprometió a erradicar e identificar con más rigor en los servicios médicos durante lo que resta del año y el próximo 2018, según consta en el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, publicado este mes.
17/MMAE
Mujeres zoques: por el derecho a la tierra y en defensa del territorio
A lo largo de 25 años, las mujeres indígenas zoques han luchado por incidir en el derecho que tienen a la tierras, en la defensa del territorio y los recursos naturales, por eso ahora son las más férreas defensoras ante los megaproyectos mineros y petroleros que amenazan nuestra región, dijo la abogada y defensora del territorio en la zona zoque de Chiapas, María Sánchez, quien es habitante de Chapultenango.
Invitada para el conversatorio “La lucha del pueblo zoque frente a los proyectos de despojo”, organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra, la mujer indígena y activista, tiene clara la lucha que han librado desde 1992 que con la reforma salinista al artículo 27 constitucional, marginó el derecho de las mujeres a la tierra.
Al hablar sobre la participación de las mujeres zoques en el actual movimiento en defensa del territorio zoque en Chiapas. María dice que para muchos no parece muy “normal” que las mujeres estén en la lucha y los movimientos sociales.
Señala que en tiempos ancestrales, cada familia tenía cierto territorio que le correspondía y allí trabajaba junto con sus hijos. Se dedicaban únicamente a la agricultura porque la visión de sus ancestros es que el creador los hizo de barro, de tierra, y que ellos no pueden ni deben estar lejos de la tierra.
“Hay esa doble dependencia: la dependencia del ser humano a la tierra y de la tierra al ser humano”, dijo.
Explicó que bajo esa visión, las mujeres zoques legalmente nunca han tenido un papel que diga “que la tierra es nuestra”; pero por muchos años, antes del 1992, tenían la libertad de andar en todo el ejido buscando leña, quelites, y todo lo que hay en las montañas, para hacer sus alimentos.
Pero fue en el 1992, con la reforma salinista del artículo 27 de la Constitución, cuando se inician los parcelamientos de los ejidos y esta acción del Estado mexicano vulneró los derechos a la propiedad de las zoques.
“Para nosotras, legitimó y naturalizó la dependencia patrimonial y económica de las mujeres hacia los hombres. Se empezó a invisibilizar el trabajo y la contribución que hacían las mujeres zoques en la producción y la explotación de la tierra y sus recursos”, dijo María.
Indicó que al otorgarle la titularidad de la tierra solo a los varones, se excluyó a las mujeres no sólo de la tenencia de la tierra, sino también de la vida comunitaria y de los espacios donde antes podían opinar sobre lo que veían bien o mal dentro de la vida comunitaria.
“Pero con la reforma agraria, ya las mujeres no podíamos estar en estas asambleas porque el reglamento decía que en las asambleas ejidales o comunitarias solo podían asistir los que tenían derecho a la tierra, es decir en mayoría hombres. Muy pocas viudas podían estar, en caso de no tener hijo varón”, mencionó.
Agrega que ante esta vulnerabilidad, empezaron a reunirse y que que en 1993, se les consultó sobre cómo querían estar en la comunidad.
Muchas expusieron que querían estar nuevamente muy involucradas en los asuntos de las comunidades y en la toma de decisiones, que querían ser tomadas en cuenta, que su palabra se escuchara y que sus propuestas se analizaran a profundidad para seguir viviendo en comunidad.
Y fue así que comenzaron a participar en la lucha por la recuperación de tierras que inició después del 1994. Muchas empezaron a ser ejidatarias, a participar e incidir en las asambleas y a estar en organizaciones.
Muy sigilosamente se involucraron en trabajar en la reivindicación de sus derechos. Querían ejercerlos como ciudadanas, heredar la tierra, tener el patrimonio familiar, la salud, decidir libremente cómo ejercer la maternidad.
“Queríamos sobre todo tener acceso a la educación, porque al aprender a leer y entender el español nos permitía comunicarnos con las demás compañeras mujeres que estaban en otras regiones”, dijo María Sánchez en el Conversatorio organizado por Otros Mundos, AC, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Recuerda que empezaron a incidir y a ocupar puestos comunitarios. Primero los de servicios, como en los comités de salud y de madres de familia. Entonces, al darse cuenta que podían ocupar y ejercer estos espacios con eficiencia, entonces ya estaban listas y habían demostrado a los hombres que las mujeres también podían buscar y aspirar a otros espacios políticos y comunitarios.
Dice que en 1997 ya querían ser agentes municipales en Chapultenango; y que en el 2009, ya había cinco compañeras agentes municipales. Luego se contó con una regidora propietaria que incluyeron en el Ayuntamiento.
Trabajaron con ella. “Empezamos la difusión de los derechos”. El tema que más se tocaba era el derecho de las mujeres a acceder a la propiedad de la tierra.
“Ahora, las mujeres, aunque no estemos reconocidas por la reforma agraria, en las asambleas ya se nos reconoce el solar y ya podemos usar las parcelas para sembrar. Cuando una mujer está sola, se le presta una parcela para que siembre maíz y frijol. Y cuando pierde a su esposo, la mujer queda con la casa. Logramos estos pequeños avances”, dice María.
Pero ahora que se les vino “encima” la licitación de los pozos petroleros de la Ronda 2.2, que conllevaría al despojo de unas 84 mil 500 hectáreas en la zona zoque de Chiapas, ellas fueron las primeras en protestar.
Dice que en la región se pretende abrir 12 pozos petroleros que van a afectar a nueve municipios: Francisco León, Tecpatán y Ostuacan, Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Pichucalco y Sunuapa, y que eso va a cambiar completamente el ecosistema.
“No estamos de acuerdo con estos megaproyectos: aunque nos digan que nos van a dar todo, sabemos que no es cierto”, dice María.
Agregó que cuando hicieron las asambleas, las mujeres dijeron que no estaban de acuerdo, entonces los hombres agarraron el valor de decir: “No, tenemos que pensar primero en la familia”.
“Lo que más nos mueve es que sin tierra, no tenemos vida. Mientras el territorio siga siendo de la comunidad y tenga ríos y agua, nosotras tenemos suficiente para vivir: si la tierra nos regala nuestro producto y nos da la cosecha, podemos comer y no necesitamos el efectivo”, dice la activista.
Comentó que ahora están dispuestas a caminar con los hombres en esta lucha social contra el despojo.
“Pero bajo esta constancia de que también nosotras somos parte de este territorio y que queremos también el uso y el disfruto de esa riqueza natural que nuestra Madre Tierra nos dio. Las mujeres que participamos en el movimiento, muchas nos fuimos sumando por voluntad propia porque creemos que la lucha tiene una causa justa, que es defender la vida por nuestros hijos y por el futuro de todos”, concluyó María.
17/IM
La justicia argentina absolvió a la médica acusada por el delito de aborto consentido seguido de muerte pero la condenó a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitaciones por ser autora penalmente responsable de lesiones culposas.
Según el juez José Colabelli, no se pudo comprobar que hubiera un “embarazo en el vientre materno” de la adolescente pero sí que la médica tuvo responsabilidad en la muerte. El mensaje disciplinador no avala la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo ni resuelve por qué murió Maira.
En la lectura de la sentencia, Colabelli dijo: “No se veía feto ni saco ni embrion. Está duda no fue zanjada por ninguna de las partes. Al no tener la certeza de que hubiera un embrión, consideré que no había delito y por lo tanto la absolución”.
Y agregó: “Había pus en el útero. Fue producido en un aborto que quedó incompleto y esto produjo casi seguro la muerte de Maira. Abril (la médica que hizo el procedimiento) tuvo intervención pero no la vinculo directo en la muerte: Maira sale del quirófano y no va a Unidad de Cuidados Intensivos sino a sala general. Ahí se produjo un desequilibrio que llevó a la muerte. Durante el debate no fue aclarado si cuando fue derivada al otro hospital la situación era irreversible. Pero si hubo impericia en el deterioro de la salud por no haber producido las actuaciones diligentes”.
Como no leyó los fundamentos, no quedó explicado entonces por qué Abril tuvo “impericia en su proceder”. Y no se resolvió por qué falleció Maira. Ahora la defensa de la médica apelará la condena.
Colabelli es un juez polémico. En 2004 le iniciaron juicio político, lo destituyeron y en 2010 logró volver al cargo. Lo acusaban por su actuación en el episodio “Vuelta al Río”, en el que ordenó desalojar a comunidades mapuches.
LA HISTORIA
Maira tenía 17 años y estaba embarazada de siete semanas. Los últimos días de noviembre de 2015, tomó valor y se acercó al Hospital Sub-Zonal de El Maitén, acompañada por su prima. Fue hasta allí a pedir la interrupción legal de su embarazo. Sabía que su pedido está contemplado por los Códigos Civil y Penal de la Nación, por las leyes provinciales y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo.
En el hospital la escucharon. Una trabajadora social y un equipo de médicos evaluaron su caso. Maira estaba segura de que no quería seguir adelante: “si no me ayudan a abortar, me mato”. Abril, una de las doctoras residentes del hospital, apoyada por el equipo médico y siguiendo el marco legal y el protocolo, le suministró misoprostol. El consentimiento de Maira, que quedó por escrito en la historia clínica, y las causas que la llevaron a esa tomar esa decisión, no figuran en la causa porque se perdieron.
Cinco días después, Maira comenzó a sentirse mal y fue al Hospital de Esquel. Los médicos le hicieron dos cirugías y constataron que su útero estaba completamente sano y que no tenía ninguna infección. Pero a las pocas horas de salir por última vez del quirófano, Maira se desestabilizó y murió. Fue entonces cuando los papás se enteraron de que la chica había abortado y el caso se judicializó.
La Fiscalía de Esquel determinó, a partir del certificado de defunción, que la muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del aborto “al no haber retirado los restos del embarazo del útero que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven”.
Sin embargo, los médicos de El Maitén no encuentran ninguna causa que conecte la práctica del aborto con la muerte de Maira. “Es muy grave que no se sepa de qué murió. La Fiscalía no indagó, se basó en el único antecedente que fue el aborto y en medio de la investigación cambiaron un peritaje”, dijo a Cosecha Roja Julieta Galván, de la Multisectorial de Esquel y de la Colectiva Mujeres por el derecho a decidir. “Se está intentando acusar a la práctica y a la médica para que cada vez haya más objetores de conciencia”.
Desde el comienzo del juicio, la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pidieron la absolución de la médica y denunciaron persecución “por parte del juez machista”.
La perito Stella Manzano, quien cuestionó el certificado de defunción de Maira, dijo: “Este caso me recuerda mucho al de la joven que estuvo presa en Tucumán, de Belén donde salieron a la luz de todas las irregularidades judiciales que jueces y fiscales permitieron. Hay un fin disciplinador y machista”.
Como en el caso de Belén, tanto el nombre de la adolescente como el de la médica fueron cambiados para proteger sus identidades. Sin embargo, la antiabortista Mariana Rodriguez Varela, famosa por la campaña del “bebito” en el balcón, difundió el caso con los nombres y apellidos reales y publicó un video en el que habla la mamá de Maira. La Fundación Provida, que asesora a la familia de la adolescente, presentó dos amicus curiae: Nutrir y Más Vida, dos fundaciones que hicieron circular un video que criminaliza el aborto.
*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja.
17/RED
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció nuevas amenazas en contra de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México, y llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que a través del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de los Derechos Humanos y periodistas, salvaguarden la vida de la defensora.
En un comunicado, el OCNF, también pidió al gobierno del Estado de México (Edomex), que realice las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de las agresiones contra Irinea Buendía y los integrantes de su familia.
Asimismo, exigió implementar de manera cabal, la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que Mariana Lima, Irinea Buendía y su familia pueden acceder a la justicia.
Irinea Buendía Cortés, logró, apoyada por el OCNF, que el caso de su hija Mariana Lima, asesinada el 28 de junio de 2010 por su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Edomex, llegara a la SCJN, quien en un fallo histórico a través de la sentencia 554/2013 ordenó reabrir el caso e investigarlo como feminicidio.
Irinea cobró reconocimiento nacional e internacional por su búsqueda de justicia y denuncia de la impunidad, desde entonces, apoya a otras madres y familias que como ella, han perdido a sus hijas en el Estado de México, víctimas de feminicidio.
Recientemente, el feminicida de su hija, aprehendido el 23 de junio del 2016, Julio César Hernández Ballinas fue trasladado al Centro Penitenciario Neza-Bordo en el Estado de México, y es bajo este contexto, dice el Observatorio, en el que se han perpetrado nuevas agresiones contra la familia de Irinea Buendía.
De acuerdo con el comunicado, el pasado 12 de agosto, el hijo de Irinea, Aurelio Michel Buendía, fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba a su casa. Lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, y mientras lo agredían le advirtieron: “Deja tu pinche juicio pendejo contra Ballinas”.
En ocasiones anteriores, Aurelio Michel Buendía ha sido acusado y detenido arbitrariamente por la supuesta portación de armas y por circular en vehículos reportados como robados. Dichas detenciones fueron realizadas sin ninguna orden de aprehensión, lo que evidencia la criminalización y persecución de las que son objetos las familias que buscan acceder a la justicia.
Actualmente el juicio contra Julio César Hernández Ballinas se encuentra en desahogo de pruebas y en espera del desarrollo de audiencia y de la sentencia condenatoria. En ese contexto el hostigamiento y amenazas contra Irinea Buendía y su familia se han hecho presentes.
En su búsqueda de justicia, Irinea ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia, ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.
17/LGL
México con cifras de violencia contra las mujeres iguales que las de Afganistán
La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo para implementar medidas urgentes en cuestión de meses y no para que se quede eternamente, consideró la investigadora, ex diputada constituyente de la Ciudad de México e impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, Marcela Lagarde y de los Ríos,
La investigadora ofreció una conferencia magistral como parte de Foro “Ciudades Seguras para Niñas y Mujeres” organizado por la Secretaría Municipal de la Mujer y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que se realizó este miércoles 23 de Agosto en la biblioteca central universitaria.
Durante su conferencia, Marcela Lagarde habló sobre la AVG y dijo que los gobiernos locales deben de reconocer este mecanismo como una oportunidad de unir esfuerzos en contra de la violencia feminicida.
Señaló que los índices de feminicidio han aumentado no solo en Chiapas, sino en todo el país y que México tiene cifras similares en violencia contra mujeres que países como Afganistán, un lugar en guerra.
Un estudio publicado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en 2008, destaca que 87.2 por ciento de las 4 mil 700 mujeres afganas encuestadas habían experimentado por lo menos una forma de violencia física, sexual o sicológica, incluyendo el matrimonio forzado y los «asesinatos de honor».
En México, según datos de la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), señala que 66 por ciento de las mexicanas, ha vivido violencia.
En Chiapas, en noviembre del año pasado se declaró la Alerta de Género para siete municipios de la entidad: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Así también se ordenó que se implementen acciones específicas que atiendan la violencia de género contra las mujeres indígenas que viven en la región Altos del estado.
En la declaratoria, se le ordena al estado, una serie de medidas para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en la entidad, entre ellas:
Resolver los casos de violencia contra las mujeres y casos de feminicidio; determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por los casos de feminicidio; acatar la Norma Oficial Mexicana 046, sobre la violencia familiar, sexual contra las mujeres; fortalecer el Centro de Justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem).
También se le ordenó generar campañas en contra de la violencia machista; capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud.
La impulsora de la Ley General y de la tipificación del feminicidio, dijo que es necesario que los gobernantes locales reconozcan de manera pública la declaratoria y expliquen por qué se hizo así, también deben de hacer públicas todas las acciones que se están realizando como parte de esta medida.
Marcela Lagarde y de los Ríos también habló durante su intervención sobre la construcción de ciudades donde exista igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y sobre la importancia de que se no se aborde el tema de género desde una perspectiva aislada, sino integral.
Por la tarde la investigadora se reunió con integrantes de diferentes organizaciones civiles con quienes habló de su libro: “el feminismo en mi vida”.
17/SS
ONU nombra a defensora de víctimas de violación sexual de cascos azules
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignó a la directora de Leyes y Política de Amnistía Internacional en Ginebra, Jane Connors, el cargo de primera defensora de los Derechos Humanos de las víctimas de violencia sexual (en su mayoría mujeres y niñas) cometida por los cascos azules.
Esto informó la ONU ayer a través de un comunicado y lo confirmó el Secretario General, António Guterres, en su cuenta de Twitter quien aseguró que tendrán “tolerancia cero” contra los agresores.
La medida responde a las denuncias que desde 2013 han hecho personas víctimas de abuso y violación sexual, violencia cometida particularmente por personal militar que trabaja con la ONU para el mantenimiento de la paz de la ONU en distintos países -conocidos como cascos azules por el color de su uniforme-.
Tan solo en 2013 la ONU registró 66 casos y en 2014, de acuerdo al informe del secretario general, “Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales”, se presentaron 51 denuncias, 75 por ciento de ellas fueron durante tres misiones de mantenimiento de la paz, en 14 estaban implicados funcionarios o voluntarios de la ONU, en 24 fueron personas de los contingentes militares y en 13 miembros de la policía de la ONU.
Mientras que en años más recientes la ONU registró 69 casos cometidos principalmente en la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, ambos países africanos, y para 2016 fueron 145 casos. De las víctimas registradas en estos años se sabe que de 311 personas 309 fueron mujeres y niñas.
En conferencia de prensa ayer en Nueva York, Estados Unidos, el vocero del secretario General, Stephan Dujarric, explicó que Jane Connors trabajará coordinadamente con las áreas del organismo defensor de derechos donde se asiste a las víctimas, así como con instituciones gubernamentales, de sociedad civil y organizaciones nacionales y legales de Derechos Humanos “para construir redes de apoyo y ayudar a garantizar que se cumplan las leyes locales, al igual que los remedios para las víctimas”.
La australiana con experiencia en el trabajo por la defensa de los Derechos Humanos -antes de este cargo se desempeñó como directora de la División de Investigación y Derecho al Desarrollo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU- asumirá funciones como parte de lo planteado en la estrategia “para combatir el abuso y la explotación sexual en todas sus formas por parte del personal de la Organización”, publicada por la ONU el pasado 9 de marzo.
La estrategia plantea que el organismo defensor de los Derechos Humanos investigará a su personal involucrado en las agresiones sexuales; también propone reducir los fondos otorgados a los países miembros que no investiguen las denuncias y en su lugar destinar el dinero a programas que atiendan a las víctimas y la creación de un protocolo para prevenir estos delitos que deberá cumplir el personal de la ONU.
Durante lo que resta del año António Guterres tendrá que informar la situación de los procesos judiciales iniciados en contra del personal de la ONU acusado de abuso y violación sexual, como consta en la estrategia.
17/MMAE
Lucrecia iba caminando sobre la calle Camino Real en Cholula rumbo a su casa; acababa de salir de clases en la Universidad de las Américas Puebla. Cuando cruzaba la calle un sujeto le aventó la motocicleta. Después de la conmoción se dio cuenta de que era su ex novio.
Él estudiaba la misma carrera, ahí se conocieron. Una tarde, durante su noviazgo, ella se encontraba en un salón de clases escribiendo en su celular. Él, con tal de saber con quién hablaba, intentó quitárselo a la fuerza. Ella se lo arrebató y forcejearon. Su ahora ex novio le apretó la mano hasta lastimarla y lograr que soltara el teléfono. Una semana después, y tras hablar con sus padres, Lucrecia terminó con él.
Luego comenzó el acoso que duró un año y aunque lo buscó, Lucrecia encontró poco apoyo en su universidad.
FALTA DISCIPLINARIA
Para la mayoría de las universidades poblanas un caso de acoso u hostigamiento sexual es sólo una falta disciplinaria.
Únicamente dos de las siete instituciones revisadas por LADO B, entre las que se incluyen las más prestigiadas a nivel local, cuentan con protocolos específicos para la atención de estos delitos: BUAP e Ibero, aunque ello no garantiza su correcta aplicación.
El acoso y el hostigamiento sexuales son delitos contemplados en el Código Penal del estado de Puebla en los artículos 278 bis y ter.
El acoso se refiere a conductas verbales, físicas o ambas, que pongan en riesgo, causen daño o sufrimiento psicoemocional a cualquier persona.
El hostigamiento, por otro lado, se da cuando alguien se vale de su jerarquía laboral, docente, doméstica o de cualquier otro tipo para asediar, hacer propuestas, utilizar lenguaje lascivo o solicitar cualquier acto de naturaleza sexual.
El director de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho, Roberto Mendoza Zárate, explicó a LADO B que para que el delito se configure no es necesario que haya tocamientos en los genitales, sino que puede ser a través de palabras, miradas o aproximaciones que pongan en riesgo la estabilidad psicoemocional de la persona.
En el estudio “La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación superior”, de Claudia Alejandra Hernández, Martha Jiménez y Eduardo Guadarrama, se plantea que si las universidades no dan un tratamiento adecuado del acoso sexual, los casos pueden incrementarse, además de generar un ambiente hostil que limite la capacidad de los y las estudiantes.
Tras revisar los protocolos y reglamentos de siete universidades poblanas, así como entrevistar a sus respectivas autoridades, la constante encontrada es que el acoso y el hostigamiento no son conductas específicas susceptibles de sanción incluidas en los reglamentos internos, sino que las instituciones atienden los casos como faltas disciplinarias, es decir, como cualquier falta a la sana convivencia.
El acoso y hostigamiento sexuales son delitos que van a la alza en Puebla: de 2011 a 2015 se triplicó el primero, y el segundo subió 137 por ciento, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal.
El problema se agrava al considerar que, de acuerdo con Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Ibero Puebla, la cifra negra -es decir los delitos que no se denuncian- ronda el 94 por ciento.
Como contexto, el estado destaca por violencia en el ámbito escolar a nivel nacional. La CEAV refirió en su informe de 2016 que las Secretarías de Educación Pública federal y estatales reportaron 616 casos de violencia sexual contra mujeres, 106 de los cuales tuvieron lugar de 2010 a septiembre de 2015 en Puebla, el estado con más incidentes.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indica que en Puebla 24.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia en el ámbito escolar; de ellas una de cada diez sufrió violencia de tipo sexual.
Y sólo uno de cada diez casos de violencia sexual que se denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, de enero de 2010 a junio de 2015 llegaron a los tribunales, es decir, que en nueve de cada diez casos la investigación no prosperó, de acuerdo con el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, que dio a conocer Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
LUCRECIA: ACOSO DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA
Durante los últimos meses del semestre, el ex novio de Lucrecia la seguía por la universidad y hablaba con sus amigos para que la convencieran de regresar con él. Una tarde al llegar a su casa se dio cuenta de que la había seguido; en ese momento le pidió que la dejara en paz. Pero el acoso continuó. Ella ya no quería ni salir de su cuarto.
Cuando empezó a sentirse sobrepasada por la situación, debido a que él la seguía todo el tiempo, Lucrecia -cuyo nombre real fue cambiado para mantener el anonimato- habló con profesores y con su Decano, quienes le recomendaron mandar una carta al Consejo estudiantil (CE-Udlap), de la cual no obtuvo respuesta.
El Decano también se reunió con ella, sus padres y su ex novio para que cesara el acoso. Aunque el joven prometió dejar de molestarla, todo el verano le escribió mensajes, hablaba mal de ella, de su familia y de sus amigas. La chantajeaba constantemente, diciendo que si no regresaba con él la acusaría con su familia de cosas que eran mentira o amenazando con demandar a su padre.
La estudiante decidió entonces denunciarlo por acoso y agresión física, pero el Ministerio Público no quiso levantar la denuncia porque desde su perspectiva no se configuraban los delitos. Por eso tampoco logró conseguir una orden de protección para que su ex novio dejara de perseguirla.
Pidió entonces ayuda al Jefe de Departamento, quien le prometió presionar a la vicerrectora para que hiciera algo, y envió otra carta al CE-Udlap. Lucrecia se quedó de nuevo sin respuesta, aunque después de su caso Apoyo Estudiantil ha intentado prevenir situaciones de violencia a través de videos y charlas.
Se buscó al CE-Udlap para saber su versión sobre el caso de Lucrecia, pero la respuesta fue que los integrantes del consejo habían cambiado y que no podían saber con certeza si habían llegado las cartas referidas, ni tampoco cuál había sido la respuesta.
Poco después, en un proyecto universitario sobre violencia de género del área de Apoyo Estudiantil, ella presentó su caso. Los encargados del proyecto le dijeron que podían comunicarlo a sus superiores pero no iban a hacer nada, porque era una situación muy fuerte.
Lo último que hizo su ex novio fue demandar al papá de Lucrecia, alegando falsamente que habían trabajado juntos y le debía dinero. La demanda no procedió pero el acoso continúa. La única solución para Lucrecia fueron las redes sociales:
—Al ver que nadie me hacía caso, si me mandaba un correo o mensaje, todo lo subía a Facebook. Si la gente no sabe lo que te está pasando y quieres ayuda pues ¿qué haces?
RUBÍ: ORGANIZACIÓN VS EL HOSTIGAMIENTO
Cuando Rubí Cervantes estudiaba los primeros cuatrimestres en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue víctima de hostigamiento por parte de un profesor que además era su tutor, esa figura institucional a la que los estudiantes se acercan en caso de tener algún problema.
“Él se llama Rafael Aluni Montes, y por lo que sé, lleva muchísimo tiempo en la Facultad. Tomé una clase con él y había miradas muy incómodas, cuando me lo encontraba en los pasillos, me invadía. Me decía que nos viéramos a solas, que (fuera) a conocer su clínica y me decía ‘pero que no venga nadie, que no vengan tus amigas’. Procuraba que yo estuviera sola. Fui a donde estaba su clínica, me la enseñó y se me empezó a insinuar, (a sugerir) que si teníamos algo.
Yo le dije que no y le hablé a una amiga, a la que le había dicho que iría, (para pedirle) ‘sácame de aquí’. Después hubo constantes insinuaciones, me seguía invadiendo, esperaba espacios como que estuviera sola para volvérseme a insinuar, y miradas lascivas. Me generó mucha ansiedad, yo no podía estar tranquila en la Universidad. En ese momento yo no sabía que estaba siendo acosada, no lo distinguía, me sentía muy incómoda con la situación”.
El asedio duró meses: mientras era su alumna e incluso después. Con el paso del tiempo Rubí se enteró de que no había sido la única víctima de ese profesor, y además se enteró de que no era el único profesor que hostigaba a las alumnas.
El colectivo “Hablemos de Género y Algo Más” resultó del interés de las estudiantes de Psicología por denunciar y emprender acciones contra las violencias de género. En marzo de este año, el colectivo realizó un escrache, una acción para denunciar y visibilizar el acoso y hostigamiento en la Universidad. En un cartel, además de estudiantes de Psicología, escribieron sus relatos alumnas de Sociología, Derecho, Administración de Empresas, Veterinaria y Antropología.
Antes del escrache, las estudiantes de “Hablemos de Género y Algo Más” fueron a la Secretaría Académica de su Facultad para preguntar cómo podían denunciar a los profesores que habían acosado a estudiantes; ahí les dijeron que debían escribir en un oficio sus nombres, matrículas, los hechos, el nombre del profesor, además de recabar y anexar toda prueba que sustentara su dicho. El procedimiento terminaría con citar al profesor acusado para hablar con él y luego a las jóvenes víctimas de su acoso.
A Rubí le dijeron que debido a la antigüedad de su caso y el de sus compañeras, era preferente que encontraran a una joven que recientemente hubiera sufrido hostigamiento por el mismo profesor y que quisiera denunciar, para que ellas se sumaran a la denuncia.
Así, decidieron difundir la información y aunque recibieron testimonios recientes, ninguna de las que se acercaron al colectivo quiso denunciar formalmente a su profesor.
El Procedimiento para la Atención de Denuncias sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en la BUAP, como protocolo para estos casos, implica presentar una denuncia (escrito libre, por web o de forma oral) ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde se señale: nombre, edad y domicilio tanto de la víctima como del victimario; la descripción de la relación académica, el relato detallado de los hechos, las pruebas, firma, lugar y fecha de denuncia.
LADO B entrevistó a la Defensora de los Derechos Universitarios, Miriam Olga Ponce Gómez, quien explicó que en la mayoría de los casos “lo que hacemos es conciliar; cuando la situación es muy grave la abogada general es la que conoce el procedimiento, cuando el caso amerita una sanción, la abogada es la única que puede sancionar. Nosotros somos como una institución conciliadora y de buena fe. Llamamos a las partes, platicamos con ellas. Incluso a las compañeras las mandamos a apoyo psicológico”.
En el procedimiento se establece que la Defensoría es la encargada de documentar la versión de los acusados para turnar los asuntos al Despacho de la abogada general para resolverlos y sancionarlos.
—Nosotros desde un principio vamos a las unidades académicas y lo que hacemos es prevención. Este programa de Cuenta Conmigo llevó a las unidades académicas un violentómetro –dice la Defensora de los Derechos Universitarios.
—La universidad nunca nos dijo: esto es acoso y esto se tiene que hacer, todo lo tuvimos que descubrir nosotras. Nadie nos lo dijo. Este procedimiento ni siquiera es algo preciso, porque una oficina dice una cosa distinta a lo que dice la otra ¿cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? es muy confuso. No hay un protocolo, no existe un protocolo, o al menos no que sea visible –asegura Rubí Cervantes.
Mediante una solicitud de información se sabe que en 2014 hubo siete denuncias: cuatro de alumnas de la Facultad de Medicina, una de Cultura Física, una de Derecho y Ciencias Sociales, y una del Instituto de Física. En 2015 hubo una denuncia de una alumna en el Hospital Universitario. En 2016, otra, de la Facultad de Ingeniería, y en 2017 una de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales.
En la misma solicitud de información se preguntó cómo se había sancionado a los profesores señalados como acosadores, pero la respuesta no ofreció ningún dato al respecto.
A finales de 2016 la Universidad lanzó su campaña “Cuenta conmigo”, entre cuyos objetivos se estableció el “educar en condiciones de igualdad fomentando la equidad”.
Con base en ello se le solicitó a la BUAP información sobre las fechas marcadas en su metodología para capacitar con perspectiva de género a los docentes. ¿La respuesta? Un foro, un conversatorio y cuatro ciclos de conferencias abiertos a todo público, que se llevarán a cabo entre agosto del 2017 y enero del 2018. Ninguna acción específica.
—No pasa nada, no se están sancionando esas conductas y no se está haciendo nada para evitarlas. La Facultad, la Universidad tiene cosas muy buenas, finalmente mi formación ha sido ahí, pero también tiene que ser criticada y juzgada bajo un enfoque que no se tiene –dice Rubí.
ALEXANDRA: ACOSO SISTEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA
El viernes 5 de mayo de 2017 Alexandra García Perrusquía tuvo el día libre en el trabajo, por lo que decidió pasar la mañana y la tarde leyendo en la biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), como cuando era estudiante. Estaba en los cubículos individuales, ubicados en el segundo piso, cuando a eso de las cinco y media de la tarde un joven delgado tocó la puerta. Este le propuso contestar una encuesta, y Alexandra accedió, así que el joven se sentó en la silla de enfrente.
No llevaba hojas ni nada en qué anotar; sólo le pidió el pie a Alexandra. Le dijo que estudiaba Fisioterapia y necesitaba revisarla. Ella, un poco extrañada, se descalzó y le dio el pie.
Las primeras preguntas no le parecieron extrañas a Alexandra: ¿Te duele alguna parte? ¿Haces ejercicio? ¿Caminas mucho? Ella respondía mientras él masajeaba su pie.
Luego le pidió permiso para quitarle la calceta; Alexandra se sintió un poco incómoda pero le dio permiso. Él siguió con las preguntas: ¿Usas algún aparato ortopédico? ¿Tienes alguna molestia? Ella le dijo que ninguna, que lo único es que estaban un poco resecos.
Entonces las preguntas cambiaron de tono: el joven le dijo que si había escuchado sobre prácticas fetichistas, porque el semen era muy bueno para hidratar la piel. Alexandra intentó quitar el pie, pero él lo sostuvo y mirándola a los ojos le dijo: ¿Lo has probado? ¿Te gustaría probarlo? Estaba impactada y alcanzó a decir “no” varias veces, mientras quitaba el pie para ponerse rápidamente la calceta. El joven se paró, le dijo que tenía unos pies muy bonitos y se fue, dejándola congelada en la silla.
Después de diez minutos sin saber qué hacer, Alexandra bajó corriendo las escaleras de la biblioteca y pidió ayuda al personal de seguridad, quien revisó las cámaras para identificar al joven delgado y lo rastreó al poco tiempo: aún estaba dentro de la Udlap. Mientras intentaban calmar a Alexandra diciendo que nunca había pasado algo así en la institución, los guardias de seguridad sacaron al joven y prometieron que nunca más entraría. Alexandra habría preferido que llamaran a la policía, pero nunca le preguntaron si quería proceder y el joven simplemente se fue.
Al día siguiente Alexandra quiso levantar una denuncia por acoso sexual, pero la ministerio público que la atendió, Elizabeth Contreras García, le dijo que no procedía ya que el joven no la violó y no le tocó sus “partes íntimas”, además de que ella accedió a darle el pie.
El código penal de Puebla establece que el acoso puede consistir en palabras, actos o ambos relacionados con la sexualidad, pero no menciona que sea necesario tocar los genitales o ciertas partes del cuerpo para que se configure el delito.
Alexandra le contestó que sí accedió a darle el pie, pero no con intenciones eróticas. Contreras sólo levantó un registro de atención con el número 762/2017/CHOLULA y le dio un documento dirigido a Juan Luis Galán Ruiz, director de la Policía Ministerial, pidiéndole que investigara los hechos, que entrevistara a testigos y demás datos útiles para esclarecer el caso.
La semana siguiente Alexandra llevó el documento a las oficinas centrales de la Fiscalía, ubicadas sobre el bulevar 5 de Mayo, y hasta allí quedó el asunto penal.
De acuerdo con el Artículo 278 del Código penal del estado de Puebla, el delito de acoso sexual se persigue de oficio en caso de que la víctima sea menor de edad o estuviera privada de razón, y en los demás casos “se procederá contra el responsable a petición de parte ofendida”.
El mismo día que Alexandra sufrió la agresión escribió lo que le había pasado en su muro de Facebook; en las horas y días subsecuentes la joven recibió quince mensajes de mujeres contando que el mismo joven las había abordado y de personas diciendo que a una mujer cercana –novia o amiga- también le pasó un incidente similar. Casi todas las víctimas estaban dentro de las instalaciones de la Udlap cuando las acosó el joven delgado, la mayoría se encontraba sola en los cubículos –como Alexandra- y a algunas les tomó fotografías de los pies.
Las historias de acoso que le escribieron a Alexandra transcurrieron durante finales de 2016, pero sobre todo en fechas próximas a vacaciones de semana Santa de 2017 y algunas, incluso, días antes del incidente de Alexandra. Ninguna de las chicas a las que el joven acosó antes que Alexandra denunció, muchas de ellas sintieron vergüenza, no supieron qué hacer o no le dieron importancia debido a que no las tocó, aunque se sintieron incómodas con la propuesta de masajear sus pies y la insistencia del joven.
LADO B buscó a las autoridades de la Udlap para conocer su versión sobre el caso. El director de Comunicación, Izraim Marrufo Fernández, respondió por medio de un correo electrónico que no hay casos de acoso sexual en la universidad y que en el caso de Alexandra el implicado era un externo y no un estudiante, además se le ofreció “denunciar con acompañamiento legal, pero Alexandra decidió en ese momento no ir a denunciar”, aunque en el momento en que ella lo desee se le brindaría el apoyo y acompañamiento legal.
La joven sí denunció la agresión, pero la universidad nunca le brindó la asesoría legal y hasta el momento no le han ofrecido acompañamiento de ninguna clase.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
17/SP/RL/KT
Más de 100 jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California Sur se reunieron este fin de semana para conversar y proponer soluciones para terminar con la violencia familiar y laboral que viven cotidianamente.
Durante el Primer Encuentro de Mujeres Jornaleras efectuado este fin de semana organizado por el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) las trabajadoras expusieron que por su género, las principales problemáticas a las que se enfrentan son la violencia en sus hogares, agresiones sexuales de sus jefes y la doble jornada de trabajo que implica el cuidado de sus hijos y trabajos de limpieza en el hogar, lo que se suma a las malas condiciones en las que laboran ellas y los hombres en el campo con jornadas de más de 12 horas.
Estas condiciones siguen sin ser resueltas por el gobierno estatal y federal aunque han pasado más de dos años desde que, el 17 de marzo de 2015, miles de jornaleros de San Quintín comenzaran protestas para exigir condiciones laborales dignas e invitaran a más trabajadores del campo a sumarse a sus exigencias.
Para hacer frente a ello, expuso durante el encuentro la secretaria de equidad de género del SINDJA, Abelina Ramírez Ruíz, buscan reforzar la unión entre las trabajadoras para “hacer valer sus Derechos Humanos considerados en la Constitución mexicana”.
CONTINÚAN EXIGENCIAS
En entrevista con Cimacnoticias, el secretario general SINDJA, Lorenzo Rodríguez Jiménez, dijo que ante la indiferencia de las autoridades, ya que solo les ofrecen mesas de trabajo donde “no hay más allá de un discurso político”, las y los jornaleros planean seguir exigiendo, pero buscan hacerlo con más mujeres integrantes del movimiento que sean voceras y tengan cargos en el SINDJA.
“Queremos que la próxima secretaria general del SINDJA sea una mujer y que la participación de las mujeres en las próximas elecciones del comité ejecutivo nacional de 2019 represente 50 por ciento”, informó el secretario general
Respecto a la cantidad de jornaleras reunidas Abelina Ramírez expuso el día del evento “al organizarnos estamos rompiendo muros” para lograr, dijo, que sus vidas, su salud y bienestar social “sean tomados en serio por las autoridades”.
SIN RESPUESTAS
Tras las exigencias de las personas jornaleras sus jefes han aumentado los salarios tan solo en 15 pesos, pero lo compensan al exigirles más trabajo, “esto no impacta en la economía de las personas”, denunció Lorenzo Rodríguez.
Además, recientemente el delegado de Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Francisco Iván Beltrones Burgos, informó al SINDJA que afiliaron a 26 mil personas jornaleras –una de las exigencias de las y los trabajadores- pero el secretario general calificó esto como “una simulación porque si bien les dan el servicio de salud, no pueden cotizar para que pueda pensionarse y no tenga que trabajar hasta el último de su vidas”.
Las personas jornaleras de San Quintín ya organizan un segundo encuentro con mujeres trabajadoras del campo de todo el país que esperan se lleve a cabo en este año, afirmó Lorenzo Rodríguez.
17/MMAE/
El Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó y presentó un archivo en línea que contiene documentos feministas titulado «Archivos Históricos del Feminismo», cuya finalidad es dar visibilidad a las primeras mujeres del movimiento feminista en México.
El proyecto fue presentado la mañana de ayer por el coordinador general del archivo, Félix Martínez Barrientos, quien conjuntamente con su equipo en su gran mayoría conformado por mujeres, digitalizó y catalogó artículos de los periódicos «La Revuelta» y «CIHUAT», y las revistas “Fem”, “La Boletina” y «La Correa Feminista».
En total se digitalizaron y catalogaron 9 periódicos de La Revuelta; 261 números de Fem; 6 periódicos de CIHUAT; 8 números de La Boletina y 21 números de La Correa feminista; en conjunto suman un total de 283 ejemplares y 5891 artículos.
PUBLICACIONES FEMINISTAS
“La Revuelta” nació en 1975 como una escisión del Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM), compuesto por un grupo de jóvenes feministas. Su intención era generar una conciencia social sobre la situación de las mujeres en el capitalismo.
«Fem» es la primera revista feminista de América Latina. La idea fue concebida en 1975 durante una conferencia en Morelia, Michoacán, y se estableció en el año siguiente. La revista se centró en temas sociales y políticos, arte y cine y contenía noticias, poesías y otros trabajos creativos.
«La Correa Feminista» se inició en 1993 y hacía una crítica y reflexión feminista en 20 números trimestrales. Su intención era transmitir la información del movimiento feminista entre la provincia y el centro de la República Mexicana.
“CIHUAT” es una de las voces impresas de la historia del movimiento feminista de la segunda ola del feminismo mexicano de finales de la década de los setenta que responde a las necesidades del movimiento feminista de aquel momento; en sus páginas se define como vehículo para el intercambio de información entre mujeres.
“La Boletina” desde 1991 se enfocó en dar a conocer y divulgar una visión feminista sobre la salud integral de las mujeres y sobre las consecuencias que provocan los mandatos sociales impuestos a las mujeres.
El archivo tiene como objetivo hacer que esta información sea gratuita para cualquier persona de todo el mundo. «Se busca hacer accesible estos artículos para el uso de investigaciones en México y el mundo, en un formato abierto”, dijo Félix Martínez Barrientos.
Durante más de año y medio el equipo analizó más de 5 mil artículos y colaboraciones de 305 ejemplares de las cinco publicaciones que daba a las mujeres información sobre temas como educación, política, salud reproductiva y sexual.
Durante la presentación, la integrante del equipo Cindy Martínez, mostró a la audiencia lo fácil que es navegar por el archivo.
«Se puede recuperar por autor, tema o título de la revista, si ingresa a la búsqueda de Marta Lamas, por ejemplo, encontrará la cantidad de artículos de ella en estas cinco publicaciones», dijo Martínez.
Después de un tutorial general de cómo usar el archivo, algunas de las feministas que escribieron para estas publicaciones, como Berta Hiriat, Carmen Lugo y Ximena Bedregal, hablaron sobre sus experiencias con el feminismo y porqué este archivo es importante.
“No solo es un proyecto de preservación de la lucha de las mujeres mexicanas por sus derechos, también es para que las y los jóvenes de hoy continúen estos esfuerzos”, dijo la escritora del periódico “La Revuelta”, Berta Hiriart, quien es una feminista narradora, dramaturga, ensayista, coordinadora de talleres literarios y directora de teatro, quien quiere alentar a la juventud de hoy a seguir trabajando por la igualdad de género.
La cofundadora de «Fem», la abogada e historiadora Carmen Lugo, coincidió en la importancia de mantener estos artículos en un archivo. «La historia nos borra», dijo Lugo sobre cómo las mujeres rara vez son representadas en la historia de México.
La editora de «La Correa Feminista», Ximena Bedregal, una arquitecta, escritora, profesora, lesbiana feminista y fundadora del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) agregó:
“Estamos hablando de nuestra historia porque a veces, no, no a veces, siempre nuestra historia está cortada. El punto de esto es dar voz a estas mujeres que lucharon por nuestros derechos y para seguir en esta lucha juntos y juntas”.
Los artículos se pueden encontrar a través del http://archivos-feministas.cieg.unam.mx
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