Ciudad de México.- La Ley de Amnistía que se debate en las Comisiones de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados permitirá a 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentencias por delitos contra la salud, salir de prisión, pero falta que se garantice una política de reinserción social.
De acuerdo con la organización Equis Justicia para las Mujeres, la guerra contra las drogas implementadas desde 2016 y la política punitiva favorecida por México desde hace 20 años ha afectado principalmente a las mujeres porque provocó su encarcelamiento.
Ahora, la Ley de Amnistía, anunciada el 15 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recibida en la Cámara de Diputados el 18 del mismo mes, propone liberar a las personas indiciadas por los delitos contra la salud estipulados en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud.
En este contexto, la oficial de Políticas Públicas de Equis, Justicia para las Mujeres, Ángela Guerrero, expuso en la Cámara de Diputados que esta iniciativa es el principio de un largo camino por recorrer en favor de las mujeres.
En el foro de parlamento abierto sobre esta iniciativa presidencial que se realizó este lunes 14, la defensora señaló que en esta propuesta y en las políticas de drogas se deben considerar los supuestos de vulnerabilidad en los que viven las mujeres.
Por ejemplo, explicó que en la propuesta de ley es necesario tomar en cuenta a las mujeres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas, a quienes son madres de menores de edad y a quienes están prisión preventiva por delitos contra la salud, personas que con la actual propuesta no podrían salir de prisión.
Ángela Guerrero señaló que, aunque la ley ya es un esfuerzo, las y los diputados deben señalar cuál será la ruta de reinserción para las personas que salgan de la cárcel, una tarea que consideró debe asumir la Secretaría de Gobernación.
Otra inconsistencia, puntualizó, es que en la propuesta de López Obrador se dice que va a desaparecer la acción penal ejercida contra las personas, pero no los antecedentes penales, algo que para la defensora es un “embudo” para quienes sean beneficiadas por la amnistía.
En México, de acuerdo con datos de Equis, Justicia para las mujeres, existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, cifra que además indica que de 2016 a 2018 el número de mujeres en reclusión por estos delitos aumentó 103 por ciento en el fuero común.
Las mujeres que se podrían beneficiar de esta Ley de Amnistía son las que estén procesadas por: 1.- Producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar gratuitamente o prescribir algún narcótico, sin autorización de la Ley General de Salud a) Por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico b) Por comerciar se entiende: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico c) Por suministrar se entiende: transmitir material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos 2.- Por introducir o extraer del país algún narcótico 3.- Por poseer narcóticos 4.- Por sembrar, cultivar o cosechar mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o similares
La iniciativa con carácter de preferente fue turnada a las Comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Población, además la Comisión de Igualdad de Género tiene la facultad de emitir una opinión debido a que la propuesta podía beneficiar a mujeres acusadas del delito de aborto o de delitos menores relacionados con drogas.
La propuesta de amnistía indica que en casos de drogas se podrá liberar a quienes hayan cometido los delitos porque se encontraban en una situación de pobreza, vulnerabilidad, al tener una discapacidad permanente, o cuando el ilícito fue cometido obligado por el cónyuge, concubino, pareja sentimental o pariente.
La amnistía también beneficiará a personas que incurrieron en estás prácticas por temor fundado, al ser obligadas por grupos de la delincuencia organizada; o bien, si se trata de personas de grupos étnicos o consumidoras de narcóticos.
Natacha Lopvet, una mujer encarcelada durante 10 años por delitos contra la salud en modalidad de introducción al país, y quien actualmente es Oficial de Proyectos en Equis, Justicia para las Mujeres, también habló ante la Cámara de Diputados, donde aseguró que esta iniciativa es parte de un proyecto de paz pero aclaró que si se garantizara el debido proceso quizás 99 por ciento de las mujeres en prisión estarían en libertad.
La defensora, quien lleva dos años en libertad, mencionó que si las mujeres son encarceladas por condiciones de vulnerabilidad, entonces, son víctimas de un sistema que no garantiza sus derechos. Aclaró que las ciudadanas acusadas por estos delitos contra la salud no hay victimas directas y aún así se puede ver tras las rejas a adultas mayores o personas que no son acusadas o reconocidas por ninguna persona.
Lopve, quien es de nacionalidad francesa, declaró que la amnistía debe ir acompañada de la reinserción porque otro objetivo debe ser tener un cambio de conducta de la gente encarcelada. Atrás de cada mujer hay una historia de por qué entró en prisión, aseguró.
19/AGM/LGL
