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Pandemia de desigualdades I

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Los efectos de la pandemia que asuela al mundo ya se sienten aquí. No sólo en las calles semi vacías, en los restaurantes y fondas cerrados o por cerrar, en la ansiedad de quienes viven del trabajo en la calle y dejan sus puestos por falta de clientes, en la angustia de quienes ven llegar la crisis económica y humanitaria detrás del virus. Se sienten también en las casas donde debemos quedarnos para no dañar a otras personas y cuidarnos de la amenaza invisible.

En esas casas que no son siempre refugio sino espacios cerrados, estrechos, tensos o violentos.  Para muchas mujeres, niñas y niños, para personas mayores o que viven con discapacidad, este periodo de encierro, total o relativo, representa un riesgo tan serio como contagiarse y enfrentar la enfermedad.

La falta de visión del gobierno actual en materia de política pública y sus extrañas prioridades agudizan la preocupación ante esta crisis que, más allá de contagio y muerte, puede tener efectos catastróficos en la salud mental, el bienestar y la integridad de muchas personas, mujeres y niñas en particular.

Si las calles dejaron de ser seguras hace tiempo, las casas siguen siendo un lugar peligroso para la mitad de la población. La normalización de la violencia generalizada nos ha acostumbrado a vivir con miedo o “tomando precauciones” y ha contribuido a minimizar tanto el feminicidio o la desaparición como la violencia psicológica, que destruye en vida, la violencia económica y patrimonial que limita la movilidad y el desarrollo, y la violencia sexual al interior de la familia, acallada e impune.

Agravada por la sobrecarga en mujeres y niñas del trabajo doméstico y de cuidados, que en estos tiempos puede volverse brutal, la amenaza de un incremento de la violencia en espacios confinados, y, peor, hacinados, exige un giro inmediato en la política pública. 

Las autoridades sin embargo siguen pasmadas o en la inercia negligente. Así, en vez de proponer ya medidas concretas, el Consejo Consultivo de Inmujeres apeló a tomar medidas de apoyo y prevención, cuando ya las escuelas estaban por cerrar;  días después el Instituto publicó un listado de lugares comunes para explicar la pandemia “con perspectiva de género”, sin propuesta alguna.  Para entonces, la Red Nacional de Refugios ya había difundido ampliamente sus teléfonos de atención para mujeres violentadas y esta semana ha difundido diversos consejos y apelado a la solidaridad para intervenir en casos de violencia si es necesario.

Por loable que sea el liderazgo de la sociedad civil, prevenir los efectos catastróficos de la pandemia viral y de la invisibilizada pandemia de violencia machista, le corresponde a las autoridades.

Son ellas quienes deben primero planear, prever y prevenir y actuar con responsabilidad ante la probable agudización de éste y otros problemas sociales.

Para prevenir mayor violencia doméstica, por ejemplo, ya deberían haberse ampliado tanto líneas de emergencia con personal capacitado como el presupuesto para los refugios existentes, golpeados por la frivolidad del gobierno actual. En España esto ya se está haciendo y el problema es tal que se prevé crear en algunas regiones espacios especiales para acoger a quienes tengan que huir de su maltratador. Por otra parte, dadas las características de esta violencia, se requieren alternativas al uso del teléfono puesto que los maltratadores suelen limitar la comunicación.  Si bien este asunto es complicado, en muchos casos, la solidaridad ciudadana será crucial para impedir mayor violencia, como lo sugiere la RNR en una de sus comunicaciones virtuales.

El problema va sin duda más allá de la amenaza feminicida. La desigualdad de cargas de trabajo ya se ha agudizado con niños, niñas y jóvenes confinados en casa, situación aún más seria en condiciones de precariedad. ¿Dónde están los apoyos para mujeres trabajadoras que deben quedarse en casa o para las que deben salir a buscar el sustento diario? ¿Cómo se garantizará el abasto de agua donde es irregular o inexistente?  ¿Dónde están los fondos para garantizar la alimentación para familias y personas sin recursos o en condición de calle? ¿Dónde la renta básica para los millones que viven en pobreza y precariedad? ¿Qué medidas de emergencia se tomarán para que la plaga viral no arrastre más hambre y mayor violencia social?

Otros países han ideado ya políticas públicas para paliar los daños sociales en esta crisis, desde transferencias monetarias generales o renta básica temporal hasta medidas específicas como apoyo para padres y madres que deben cuidar a sus hijos e hijas, alimentos para estudiantes, alimentación y productos de higiene o espacios de resguardo para personas que viven en la calle. Estos programas son públicos y bien podría el gobierno mexicano analizarlos.

Seguir como hasta ahora con banalidades o sueños de opio sólo agudizará el sufrimiento de toda la población.

20/LMP/LGL

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