Lejos de los reflectores, estigmatizada y olvidada aun antes de que la OMS declarara la emergencia sanitaria, la población migrante en México y Estados Unidos vive en condiciones que demuestran la profundidad de la crisis humanitaria y ética a la que nos confrontan la pandemia y el confinamiento. Si ya antes se estigmatizaba a quienes cruzaban sin documentos la frontera norte o sur, hoy se les invisibiliza e ignora, como si sus vidas no importaran o porque, para los gobiernos y las élites en realidad esas vidas (como las de la población encarcela) valen menos que las suyas, o nada.
La degradación de las condiciones de vida de la población migrante en Estados Unidos no es nueva. Las redadas y deportaciones que han pautado y amenazado la vida de muchas comunidades desde hace años aumentaron bajo el actual gobierno, proclive al racismo, la xenofobia y la transgresión de Derechos Humanos. Desde hace 2 años por lo menos, la agudización de una política contraria a la ética, que recurrió a la separación de familias, la deportación indiscriminada y el encarcelamiento arbitrario de personas sin documentos, solicitantes de asilo, recién llegadas o asentadas de tiempo atrás, desató la indignación de personas y organizaciones de la sociedad civil a ambos lados de la frontera.
Hoy, la violación del derecho internacional, y de la más básica consideración humana en el contexto de la pandemia, pone en peligro el bienestar y la vida de las miles de personas todavía encerradas en estaciones migratorias y cárceles hacinadas, carentes de jabón, medidas mínimas de higiene, servicios médicos especializados, y simplemente espacio para mantener “la sana distancia”. Pone también en peligro a familias enteras y personas deportadas día y noche a México, sea o no su país de origen, donde no encuentran tampoco condiciones de vida dignas ni protección alguna contra la enfermedad, y están expuestas en cambio a la amenaza del crimen organizado que ya, desde antes, secuestraba impunemente a más de una víctimas del programa “Quédate en México”.
El silencio del México oficial ante esta grave crisis humanitaria, agudizada por el cierre fronterizo de Estados Unidos desde el 20 de marzo, no es sólo la aceptación de una política que condena a la abyección a miles de personas (connacionales o no) sino también evidencia de la complicidad criminal en que incurren autoridades migratorias y gubernamentales que aceptan calladas las deportaciones, que no han buscado apoyo humanitario internacional para ofrecer al menos espacios de refugio decentes, y que, en el sur sobre todo, mantienen una política de detención y encarcelamiento similar a la de Trump, con consecuencias igualmente nefastas.
No es extraño entonces que tanto en Estados Unidos como en México la gravedad de esta emergencia para la población migrante pueda ilustrarse con motines en cárceles y estaciones migratorias, en Louisiana, Tenosique y Villahermosa, como actos desesperados de seres humanos atrapados en espacios estrechos donde el brote viral ya existente o latente representa una condena a muerte.
Como han señalado organizaciones que trabajan por los derechos de migrantes en Estados Unidos y Mesoamérica (como el National Immigrant Justice Center, o Women in Migration Network, Humand Rights Watch), y la CIDH, entre otras, deportar arbitrariamente a menores o familias enteras sin considerar su bienestar y su salud; o mantener confinadas en espacios estrechos o insalubres a personas que no representan un peligro para nadie, a las que se les ha negado el derecho a migrar y el derecho de asilo, que han huido de la miseria o la violencia, es una violación de sus Derechos Humanos básicos, que pone en riesgo incluso la salud del personal carcelario o migratorio. De ahí la urgencia de liberar a estas personas y ofrecerles alternativas seguras, o, mejor, regularizarlas temporalmente (como en Portugal) y garantizarles el derecho a la salud y a la vida, incluso con un ingreso básico – que debería otorgarse a toda la población que lo requiera.
Mantener esta política migratoria criminal sólo agravará la pandemia y la degradación social en México. ¿Qué esperan las autoridades para cambiar el rumbo y evitar mayores daños?
20/LMP/LGL
