La pandemia nos ha confrontado a una situación inédita que ninguna proliferación de pantallas puede paliar. Por más que una minoría logremos trabajar desde casa o nos comuniquemos en un instante al otro lado del mundo, la falta de agencia sobre el futuro nos instala en un presente continuo, en una sucesión de días apenas pautada por exigencias laborales, demandas de cuidado y limpieza o rutinas tambaleantes. Quienes salen a la calle a buscarse la vida, por las exigencias del trabajo informal o formal, quizá preserven un símil de rutina pero ni el ritmo del entorno ni el ambiente son los habituales.
Como una nube invisible, la incertidumbre clausura la idea de futuro. Intentamos prever la duración del confinamiento o imaginar las consecuencias de la pandemia, el encierro y la crisis económica – que quizá ya estamos viviendo-. Podemos coincidir o no con las pre-visiones, mesuradas o catastrofistas, de pensadores instantáneos o prestigiados. Pero el futuro – o el futuro pre-visible – se nos escapa.
La incertidumbre, continua en esta pausa impuesta, favorece el miedo y la desconfianza. A la vez, inspira la necesidad de crearse o encontrar algún tipo de certeza, de confianza o hasta de esperanza.
En este contexto, la calidad de la comunicación que recibimos puede tranquilizarnos, agudizar los temores, ahondar la frustración o disparar la rabia y el resentimiento.
De ahí la importancia de la transparencia en la información oficial y del sentido ético en los medios de comunicación. Así como la mentira en la política enturbia el discurso público, manipula la opinión pública y sesga el debate de problemas sociales, así la desinformación y la mentira en y desde los medios confunden, degradan la conversación pública y pueden fomentar conductas dañinas para la convivencia social.
Sin caer en juicios moralistas, no es exagerado plantear que la televisión mexicana a través de sus programas de entretenimiento y de la publicidad ha tendido a reproducir estereotipos clasistas, sexistas y racistas, que degradan a la mayoría de la población.
Éstos y otros medios, al filtrar sin ningún contrapeso, las versiones de procuradurías sobre masacres o casos de feminicidio, por ejemplo, han faltado al derecho a la verdad y violado el derecho a la dignidad y privacidad de las víctimas. El gobierno a su vez ha sido omiso en su deber de regular – que no censurar- a esos medios conforme a la ley y, por negligencia, ha sido cómplice de la reproducción y hasta exaltación de la violencia y la discriminación.
De ahí, por ejemplo, la acumulación de recomendaciones de la CEDAW al Estado mexicano sobre la necesidad de impulsar un cambio cultural y educativo para prevenir la violencia machista.
Desde esta perspectiva, la reciente transgresión del derecho a la verdad y a la información desde un medio televisivo y la tibia respuesta oficial parece corresponder a un patrón que, por la normalización de la violencia machista, se ha pasado por alto. En este caso, sin embargo, se trata de una violación al artículo sexto constitucional en medio de una emergencia sanitaria, como señala la AMEDI. Se da además cuando la prolongación del confinamiento y los signos de una honda crisis económica tensan los nervios.
Si lo que importa es salvar vidas y superar esta doble o triple crisis con el menor daño para la mayoría, no bastará con una sanción (todavía inexistente): hace falta preguntarnos como sociedad por qué toleramos medios carentes de ética que han contribuido a agudizar la discriminación y la exclusión, que hoy atentan contra el derecho a la verdad y contra la salud.
Volver a pensar (en) el futuro, intentar re- imaginarlo, implicará repensar la relación entre la sociedad y la información, en particular con los medios de difusión masiva, en las redes y nuestra participación en ellas. No podemos seguir siendo público pasivo ni cómplices de la desinformación mediática u oficial ni de la negligencia gubernamental ante ella.
20/LMP/LGL
