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Negar violencia contra mujeres durante pandemia agudizará problemática, advierten OSC

Ciudad de México. Decenas de organizaciones civiles y feministas desmintieron con datos oficiales las declaraciones del Presidente de México respecto al no incremento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por COVID-19,y advirtieron que la omisión e inoperancia de instituciones federales, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para frenar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas, podría agudizar esta problemática durante la pandemia.

En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) conformado por 44 organizaciones civiles, criticó las declaraciones que hizo Andrés Manuel López el pasado 6 de mayo al rechazar que la violencia contra las mujeres haya aumentado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

“No ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, habría declarado el Presidente a pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales solo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.

Al respecto, el Observatorio dijo que es intolerable la negación, invisibilización e inacción frente a la violencia feminicida en México, ya que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas. El Observatorio advirtió que tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67 mil 81 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres: 19 mil 183 en enero; 21 mil 727 en febrero y 26 mil 171 en marzo, es decir: 56 por ciento más que en el primer trimestre de 2019, en el que se registraron 42 mil 896. Es decir, un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. 

“Este número refleja solamente a las mujeres víctimas de violencia que pudieron hacer una llamada (pues están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono). Las llamadas fueron confirmadas por el SESNSP como reales y son relacionadas con violencia familiar, violencia de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual”, precisó el Observatorio. 

A esto se suma que, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C. “los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se han proporcionado recursos extraordinarios para que hagan frente a la contingencia sanitaria”. En el caso del feminicidio, el promedio de mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año es de 10.54 mujeres al día. 

En paralelo, más de 40 feministas circularon un video llamado “Nosotras tenemos otros datos”, en el que destacaron algunas cifras de fuentes oficiales: 10 casos de feminicidio al día; 155 llamadas al día al 911 por violencia familiar; más de 20 mil denuncias durante el confinamiento por violencia familiar, de las que 90 por ciento quedan impunes.
“Señor Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños, al negar e ignorar el peligro que viven en los hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños, y a instrumentalizar medias efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección de las víctimas”, expresaron las mujeres.

Omisión e inoperancia de la CONAVIM y otras dependencias

La red nacional del Observatorio, conformada por organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 24 estados de la República, analizó que al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, falta de empleo, falta de alimentos, economías precarias, etc. lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida. 

Pero a este contexto se añade la imposibilidad de que las mujeres denuncien las agresiones en su contra, y quienes se atreven enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia, señaló la red de organizaciones. De acuerdo con sus datos, han documentado el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores.

A pesar de este contexto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) prevalece ausente, insensible e inoperante, calificó el Observatorio, ya que en lugar de acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido información que fomenta y reduce a las mujeres a la realización de acciones que reproducen los estereotipos de género, como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, entre otras. 

Otra prueba de estas omisiones por parte de las autoridades de gobierno, criticó el Observatorio, es que desde inicios de este año, diferentes actores políticos como el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, o el Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Gerardo Laveaga Rendón, han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición. 

Acciones urgentes

Por ello, el Observatorio exigió al gobierno federal una serie de acciones para prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia, entre ellas que generen mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mexicanas e impulsen medidas urgentes y extraordinarias para que ellas, sus hijas e hijos, prevalezcan en sus casas mientras que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia. 

Asimismo pidieron hacer rondines constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres con órdenes de protección, y difundan de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres. 

Urgió a que se etiqueten presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres y niñez, y dijo que reprueba cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia, como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020. 

El Observatorio exhortó en concreto a los operadores de justicia a continuar las audiencias, aunque sea de manera virtual, pues lo que estamos viviendo no es un periodo vacacional, y exigió a la Conavim a hacer público el plan de acción que emprenderá para atender a las mujeres en el contexto de la pandemia del Coronavirus. 

También pidieron que a la brevedad, Conavim informe el estado actual de la implementación de las 20 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 6 que están pendientes, y exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas atiendan de manera prioritaria a las víctimas, y se garantice el acceso a la Norma 046 para que el derecho a decidir de las mujeres sea una realidad . 

El Observatorio hizo un llamado particular a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República para que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos. 

“Asegurar que ‘hay mucha fraternidad familiar’ significa mitificar la violencia y reproduce estereotipos de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones que las autoridades implementen pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y las/los servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente”.

20/AJSE/LGL

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