Ciudad de México.- Por primera vez en México, un fiscal en funciones es aprehendido por presuntamente entorpecer la investigación y el acceso a la justicia en un caso de feminicidio; se trata de Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía de Morelos, señalado por revictimizar e intentar ocultar el asesintato de Ariadna Fernanda perpetrado en octubre de 2022.
La detención “constituye un precedente de cero impunidad para quienes, por acción u omisión, atenten contra la vida y los derechos de las mujeres”, señalaron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
“El acceso expedito a la justicia debe volverse un principio, para que las víctimas de cualquier delito por razones de género accedan a la justicia a través de la acción de las instituciones del Estado”, expresaron las instituciones por medio de un comunicado.
Tras darse a conocer la detención del fiscal, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) refirió que, si bien, la acción constituye un avance, «aún existen grandes desafíos».
«Es importante que las Fiscalías garanticen el acceso a la justicia con perspectiva de género y que no sigan cometiendo violencia institucional por acción y omisión. Para alcanzar realmente la justicia, se necesitan fiscalías autónomas que cuenten con procedimientos que permitan tener una mayor vigilancia de su desempeño», aseguró María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF.
Por ello, Estrada pidió a las fiscalías estatales coordinarse y dejar «de retardar las investigaciones de los casos de violencia feminicida, además de ya no poner resistencias para realizar las investigaciones con perspectiva de género».
Cabe recordar que, tras darse a conocer la localización de Ariadna Fernanda en la carretera La Pera Cuautla -luego de que desapareciera en la Ciudad de México- el fiscal de Morelos emitió un mensaje revictimizante al asegurar que la causa de la muerte de la joven había sido “broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica”, aún cuando el cuerpo de la joven presentaba lesiones. Sin embargo, la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) rebatió la versión de su homóloga morelense, asegurando que Ariadna sí fue víctima de feminicidio.
Noviembre 2022. Fiscalía de Morelos declinó investigación por feminicidio
La Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos declinó la investigación por el feminicidio de Ariadna Fernanda a las autoridades de la Ciudad de México y justificó sus deficientes y revictimizantes diligencias asegurando que “había discrepancias” entre ambas fiscalías al no contar “con un tipo penal de feminicidio homologado” a nivel nacional, aún cuando el Código Penal Federal en su artículo 325 especifica las razones de género a tener en cuenta para tipificar de manera correcta los asesinatos violentos de mujeres.
Y es que, mientras por un lado la Fiscalía de Morelos culpó a Ariadna de su muerte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó una autopsia en la que determinó que la joven falleció como consecuencia de un “traumatismo múltiple”.
“Es un feminicidio, no tenemos duda. Aplicamos el protocolo de investigación de feminicidio, se hizo un análisis con perspectiva de género. Con información de videos, sus amigas, nosotros imputamos el delito de feminicidio y solicitamos al Tribunal de Justicia de la CDMX que librara órdenes de aprehensión”, detalló Sayuri Herrera Román, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Es decir, la Fiscalía de Morelos no consideraba como feminicidio el caso de Ariadna, aún cuando este delito fue tipificado desde el año 2012 en el Código Penal Federal, el cual se define como “el asesinato violento de una mujer por razones de género”.
Entre estas razones se tienen que:
- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
De las anteriores, en el caso de Arianda se pueden identificar al menos tres razones de género: que la víctima sufrió lesiones, la existencia de una relación de confianza entre Ariadna y sus victimarios y que su cuerpo fue expuesto en un lugar público.
Con ello, la Fiscalía General de Morelos tenía los elementos suficientes para determinar que se había perpetrado el delito de feminicidio contra Ariadna. Sin embargo, optaron por revictimizarla afirmando que su estilo de vida había sido el causante de su muerte, tal como ha ocurrido en casos donde se asegura que las mujeres se suicidan o caen “accidentalmente” en cisternas, tal como se dijo de Debanhi Escobar Bazaldúa, víctima de feminicidio en Nuevo León.
Además de lo anterior, es importante determinar que Arianda Fernanda se encontraba en el domicilio de Rautel ‘N’ y Vanessa ‘N’ el día de su desaparición. La FGR destaca que su muerte se puede ubicar cronológicamente entre las 22:00 horas del 30 de octubre y las 01:00 horas del 31 de octubre de 2022.
Con ello, la Fiscalía General de Morelos tenía los elementos suficientes para determinar que se había perpetrado el delito de feminicidio contra Ariadna. Sin embargo, optaron por revictimizarla afirmando que su estilo de vida había sido el causante de su muerte.
Claudia Sheimbaum acusó por encubrimiento al Fiscal de Morelos
Durante la conferencia de prensa realizada el pasado 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum hizo una breve reconstrucción del feminicidio. En ella mostró imágenes de Ratuel “N”, presunto implicado en el caso, cargando el cuerpo inconsciente de Ariadna y metiéndolo a un vehículo para después trasladarlo al estado de Morelos.
De acuerdo con la jefa de gobierno, el presunto feminicida decidió llevar a la víctima a esta entidad por sus supuestos nexos con el fiscal Uriel Carmona, los cuales lo hubieran mantenido en impunidad.
Cabe recordar que Rautel “N” se entregó voluntariamente a las autoridades de Nuevo León asegurando ser consciente de lo que se le acusa y calificándose como “inocente”. El presunto feminicida ya fue trasladado al Reclusorio Oriente de la CDMX desde donde continuará su proceso. Por este caso también se detuvo a Vanessa “N”, mujer que habría sido cómplice para esconder el cuerpo de Ariadna.
Enero 2023. FGR también contradijo a Fiscalía de Morelos y confirmó feminicidio de Ariadna Fernanda
En enero del 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) también confirmó que Ariadna Fernanda no murió como consecuencia de una broncoaspiración por consumo de alcohol, como señaló la Fiscalía General del Estado de Morelos; sino a causa de lesiones craneoencefálicas producidas por un objeto, es decir, fue asesinada.
A través de un comunicado, la FGR recordó la discrepancia entre las Fiscalías de la Ciudad de México y la de Morelos, por lo que la dependencia federal analizó cronológicamente las pruebas periciales que se aportaron sobre el caso para de esta forma reiterar que Ariadna fue víctima de feminicidio.
“El área pericial de la Fiscalía General de la República, después de haber analizado cronológicamente todas las pruebas ya señaladas, concluye que las heridas craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima”, destacó la FGR en un comunicado.
Deficientes investigaciones: la constante de la Fiscalía de Morelos
En Morelos, previo al feminicidio de Ariadna Fernanda, tan solo de enero a septiembre de 2022, se habían registrado 92 asesinatos con violencia hacia mujeres, de los cuales únicamente 26 se investigaron como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo anterior debido a la nula capacidad de las autoridades para tipificar los casos.
Lo anterior no solo se exhibe en el caso de Ariadna, sino en el de otras mujeres que fueron revictimizadas y no han alcanzado la justicia, tal es el caso de Alondra, una joven de 16 años de edad que a inicios del 2022 fue localizada sin vida al interior de un motel; sin embargo, la Fiscalía aseguró que una úlcera gástrica provocó su muerte, por lo que el hombre que ingresó con ella al establecimiento, quedó exonerado de toda acusación.
“Si no pueden esclarecer los delitos contra las mujeres, entonces que se pida la renuncia de los funcionarios que están incurriendo en omisiones en su labor, que se vayan porque lo que queremos es acceso a la justicia”, expresó Andrea Acevedo, integrante del Frente de Colectivas de Morelos durante una protesta realizada en la entidad.
Avanzan propuestas para sancionar a funcionarios
Recientemente Irinea Buendía, madre de Mariana Lima -una joven abogada que fue asesinada en 2010 en Chimalhuacán, Estado de México- dio a conocer que buscará modificar las leyes nacionales para sancionar a funcionarios públicos que obstruyan investigaciones en casos de feminicidio.
Con la iniciativa “Ley Mariana Lima” se busca modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir como obligación del Ministerio Público, de la policía, jueces y magistrados, que se “investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”, tal como lo ordena la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A nivel federal también se espera añadir el delito que permita sancionar a servidores públicos a través del Código Penal:
Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, los siguientes:
XXXVIII. Estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.
A quien lo cometa se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.
Estas modificaciones también incorporarían a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de la Fiscalía General de la República de “Investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres” e informar anualmente al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sobre los programas y cursos permanentes de capacitación a agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a víctimas, en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.
Las omisiones y deficiencias institucionales han sido una constante en México, incluso en la sentencia Campo Algodonero -en la que Corte IDH condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez- se evidenciaron las omisiones de los funcionarios y que ninguno de ellos fue sancionado por la serie de graves irregularidades en la primera etapa de la investigación en estos casos.
Desde entonces hasta ahora, las negligencias de las autoridades son visibles ya que, tan solo de enero a junio de 2023, se han registrado mil 716 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 426 se investigan como feminicidio, de acuerdo con datos del SESNSP.
