Ciudad de México. Después de un año y tres meses desde que se solicitó la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG), esta vez por agravio comparado en el estado de Guerrero, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la declaró.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa virtual este 11 de junio las organizaciones peticionarias Justicia Derechos Humanos y Género, el Observatorio de Violencia de Género en Guerrero, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quienes pidieron a la Conavim informe sobre el mecanismo con el que se evaluará el cumplimiento de estas medida,s y que les permita a las organizaciones civiles participar en este proceso.
La declaratoria de la nueva AVG se hizo el pasado 5 de junio y sería la segunda que se declara para esta entidad, la primera se declaró en 2017 por feminicidio para ocho municipios. También sería la segunda Alerta por agravio comparado en el país, esto es porque un ordenamiento jurídico vigente o una política pública transgrede los Derechos Humanos de las mujeres.
En el caso de Guerrero, el agravio comparado existe porque su artículo 159 del Código Penal, sobre las causales en caso de aborto, establece que cuando el embarazo es resultado de una violación el Ministerio Público debe comprobar los hechos para autorizar su práctica. Esto va en contra de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre criterios para la atención para víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que señala que este documento no es necesario. La segunda AVG para Guerrero –tercera decretada en esta administración– derivó en nueve medidas de prevención, tres de seguridad y una de justicia.
“Finalmente Conavim y el Grupo de Trabajo que resuelve este dictamen y la propia Segob nos dan la razón de los reclamos que nosotras hemos tenido desde hace más de tres, cuatro, años que iniciamos los procesos de Alerta para Guerrero. Que hoy tengamos una segunda Alerta para Guerrero reafirma que Guerrero tiene un contexto de violencia muy grave para las mujeres y que hay un Estado que no está garantizando con cumplir los derechos de las mujeres”, expresó la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género en la entidad, Viridiana Gutiérrez.
Luego de solicitarse la AVG en 2019 y de que se emitieran recomendaciones para la entidad, hubo un plazo de 6 meses para que las diferentes autoridades locales cumplieran con las recomendaciones y evitaran la declaratoria. No obstante, el Grupo de Trabajo señaló que la entidad entregó un reporte de cumplimiento muy escueto y con acciones que no correspondían con lo recomendado, por lo que la declaratoria quiere decir que “en los 6 meses que le dieron, el estado no tuvo la capacidad para garantizar las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones que le hicieron”, explicó la defensora.
En concreto, el Congreso local no acató la recomendación de modificar el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción I, para adecuarlo a La Ley General de Víctimas, la Norma Oficial Mexicana-046 (sobre atención a víctimas de violencia) y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, para que se garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura; según el dictamen del Grupo de Trabajo, tampoco se cumplió al 100 por ciento con la capacitación y certificación en la NOM-046 del personal médico que atiende a las mujeres en situación de violencia sexual en la entidad, que debía cumplir la Secretaría de Salud del estado.
Entre quienes hubo menos avances, de acuerdo con el dictamen revisado por Gutiérrez, fue la Fiscalía General de Justicia de la entidad porque no revisaron las carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, no se capacitó a su personal para la atención de víctimas de violencia sexual ni designó a personal para que fuera a los hospitales a recibir las denuncias de las mujeres.
También se identificó que a pesar de que se recomendó, durante este tiempo no hubo coadyuvancia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de la entidad para dar cumplimiento a las recomendaciones, toda vez que se tiene registrado que sólo hubo una reunión entre ambos poderes, la cual fue para sensibilizar y no para preparar una iniciativa para reformar el Código Penal.
Guerrero tiene un plazo de 18 meses para cumplir con las medidas concretas que se derivaron de la AVG, no obstante, para Gutiérrez hay medidas que pudieran resolverse mañana mismo si hubiera voluntad política para hacerlo.
Las organizaciones civiles peticionarias criticaron que la Conavim haya incumplido la normatividad de la AVG al notificarles hace dos días, y no el 5 de junio, sobre la declaratoria de la AVG; y que se pidiera al Poder Ejecutivo informar sobre las medidas derivadas de la declaratoria al resto de los Poderes, ya que ésta es una tarea de la dependencia federal.
Al respecto, el abogado de Justicia DH y Género, Rodolfo Rodríguez, señaló que lo que sigue es que la Conavim coordine un mecanismo de evaluación que permita dar seguimiento a las acciones de la entidad, pero pidió garantizar en él la participación de la sociedad civil. Para asegurar esto, las organizaciones peticionarias enviaron este día un oficio a la Conavim para que se informe sobre el mecanismo de seguimiento y acepté la participación de las organizaciones peticionarias, como lo establecen instrumentos internacionales.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril de 2020 se registraron en la entidad 314 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias de aborto.
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