Ciudad de México. En los últimos 7 años el gasto en infraestructura en México cayó 40 por ciento, lo que incide en la falta de bienestar de las mujeres, quienes son usarias de los servicios de salud, educación, transporte y telecomunicaciones, entre otros.
Este fue uno de los hallazgos de la investigación “Infraestructura en México: Prioridades y deficiencias del gasto público”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La investigación, presentada en junio, detalla que en la última década, de 2010 a 2020, los sectores de educación, vivienda, comunicación y transportes, educación y salud recibieron 82 por ciento del gasto en inversión, pero en todos los rubros disminuyó la inversión en infraestructura.
En este análisis se expone que si bien desde 2006 se reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir la perspectiva de género como criterio rector de la administración de los recursos públicos, esto no se tradujo en cambios en la estructura de la inversión pública entre 2006 y 2009 .
En particular, el CIEP expone que el gasto en infraestructura social permaneció rezagado, a pesar de que las mujeres son las principales usuarias de las instalaciones educativas y de salud.
Las y los investigadores destacaron en su estudio que la inversión en infraestructura beneficia a todas las personas, pero los impactos son diferenciados y en algunos casos son mayoritariamente positivos para las mujeres, por ejemplo, en la infraestructura energética, transporte público, vivienda y educación.
Los datos muestran que contar con infraestructura energética reduce el tiempo para realizar actividades no remuneradas. En el mundo, las mujeres dedican más tiempo a estos trabajos, con 4.4 horas diarias a estas actividades; mientras que los hombres solo 1.7 horas.
Si más mujeres cuentan con infraestructura eléctrica, podrían, por ejemplo, utilizar aparatos electrodomésticos, lo que reduciría el tiempo que invierten en tareas del hogar.
En el rubro del transporte, invertir en este sector podría hacer posible contar con transporte con horarios adaptados y rutas para recorrer los trayectos que realizan principalmente las mujeres. En el caso de la vivienda, no contar con inversión en infraestructura hace que tengan viviendas con espacios reducidos, lo que está relacionado con mayor violencia contra mujeres, niñas y niños.
Otro impacto diferenciado del presupuesto es la inversión en la infraestructura penitenciaria. En el país, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 73 de 77 centros de reclusión femeniles presentaron carencias en su infraestructura de atención a la salud, dificultando detectar enfermedades que afectan a las mujeres en reclusión.
En el caso de la inversión en salud, otro estudio encontró que en México 9.5 por ciento de las alumnas que desertaron de la escuela lo hicieron porque el plantel les quedaba lejos, mientras que esto ocurre sólo con 7.8 por ciento de los hombres que abandonan sus estudios.
Es por ello que el CIEP consideró que garantizar el gasto en infraestructura puede contribuir a la reducción las brechas de género a través de diversos mecanismos, por ejemplo, en el acceso a ciertos bienes y servicios.
Sin embargo, la inversión en obra pública ha ido a la baja. Por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, que entre sus tareas debe transferir recursos para la operación de refugios, ha tenido una reducción en su presupuesto. En cinco años, de 2015 a 2020, se le recortó el gasto 27.5 por ciento, en términos reales.
Entre las observaciones de la investigación del CIEP está revisar la importancia de que el desarrollo de proyectos de obra pública sea compatible con las metas de equidad de género y tomar en cuenta las necesidades específicas y roles de las mujeres.
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