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Opacidad en criterios para retirar recursos para AVG en 7 estados

Ciudad de México. El recorte en el recurso federal que ya se había aprobado para las Alertas de Violencia de Género (AVG) en siete entidades, demuestra falta de estrategia, evaluación y seguimiento en el desempeño de este mecanismo y opacidad en los criterios para distribuir el dinero público, de acuerdo con organizaciones civiles.

En una nota del pasado 3 de julio, Cimacnoticias informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la cancelación del recurso federal para siete entidades a las cuales ya en marzo pasado se les había asignado dinero para desarrollar proyectos derivados de la AVG. Este recorte forma parte de los ajustes que el gobierno federal hizo a la partida 43801 “subsidios para estados y municipios” el 29 de junio de 2020.

No obstante, ninguno de los documentos consultados por esta agencia explican en qué consisten los proyectos aprobados inicialmente, bajo qué criterios se habrían aprobado, ni cómo se decidió las siete entidades a las que se les retiraría el dinero de último momento. 

La coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, que participa como solicitante y coadyuvante en diferentes procesos de AVG en el país, explicó a Cimacnoticias que por años la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha implementado criterios discrecionales y poco transparentes para la distribución de los recursos federales.

Luz Estrada participó en el Comité Evaluador para el otorgamiento de ese subsidio cuando la comisionada era Alejandra Negrete, en 2018. Este Comité estaba integrado por la Comisionada, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conavim, una persona de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y tres personas integrante de la sociedad civil con experiencia en los derechos de los mujeres, entre ellas el OCNF. 

En ese entonces, aseguró la defensora de los derechos de las mujeres, su participación (como representante de la sociedad civil) se utilizó sólo para legitimar el proceso, ya que nunca se les informó cuáles fueron los resultados de las entidades. 

“Yo nunca supe y nunca mostraron cuáles fueron los avances de aquel dinero que se dio. Nada más nos utilizaron a nosotras, porque revisamos quién cumple y quién no cumple con los criterios pero al final ya no pudimos saber qué pasó con el producto”, explicó la defensora. Por ejemplo, en ese entonces tuvo conocimiento que Nuevo León se comprometió a entregar un documento diagnóstico que nunca se entregó y por el cual se pagó hasta 4 millones de pesos. 

Lo mismo podría estar pasando ahora, explicó Luz Estrada, toda vez que llama la atención que se asignó millones de pesos a algunas entidades donde el problema de violencia contra las mujeres no es tan exacerbado como en otras que se quedaron sin recurso. 

Por ejemplo, cuando ella fue parte de este Comité Evaluador, se estableció que no se podía otorgar más de 8 millones de pesos a los proyectos y que el criterio a priorizar era que los éstos fortalecieran la procuración de justicia, pero este 2020 hay entidades a las que se les asignó hasta 20 millones de pesos y se aprobaron proyectos que no están vinculados con la procuración de justicia. 

De acuerdo con información obtenida por Cimacnoticias, uno de los proyectos que habían sido aprobados este 2020 sería para concientizar desde la perspectiva de género a la población adolescente del Estado de México y sus municipios, mediante un curso en línea.  Según fuentes consultadas por el Observatorio, otro de los proyectos sería para crear un “machometro”; en contraste, el Comité Evaluador de este año no le aprobó a la entidad un proyecto que sería para la creación de Unidades de Atención Especializadas y certificaciones para personas que brindan atención a víctimas.

Luz Estrada señaló que tampoco hay claridad en la distribución de los recursos para las entidades en las que no hubo ajustes. “Ve las cantidades desproporcionadas. A Chiapas se le vuelve a dar 10 millones de pesos y me sorprendo por qué se les dió tanto, cómo van a usarlo. ¿A dónde está la rigurosidad que tiene que haber? No es solamente aprobar proyectos, estos tienen que ser públicos (…) tendría que haber un equilibrio en decir que los estados con mayor violencia y que están más graves se tendrían que focalizar donde Conavim va a dar mayor seguimiento y evaluar el resultado. Aquí no hay transparencia, no hay estrategia, desconocemos los criterios ”, expresó la defensora. 

De acuerdo con Luz Estrada, la Segob debe aclarar también para qué será usado el dinero que se quitó a estos proyectos para las AVG, toda vez que por ley los recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres no puede ser recortado. “Recortar sí preocupa, porque si tú tienes un monto menor cómo lo vas a distribuir porque es real que esto es un subsidio. Si tienes menos debes saber cómo va a ser lo más acertado, bajo qué criterios, cuidadoso y equilibrado. No puedes darle a un estado mucho dinero y alguno no darlo si el estado sí lo solicitó”, observó. 

¿Cuáles fueron los criterios?

Cimacnoticias preguntó a la Conavim, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, cuáles fueron los criterios para la selección de proyectos aprobados en marzo pasado y cuáles fueron los criterios para el ajuste que se hizo el pasado 29 de junio. Al cierre de esta edición ninguna de las dependencias respondió.

No obstante, de acuerdo con lo que se dijo en febrero pasado en las sesiones explicativas para acceder al recurso, éste siempre estuvo en riesgo ya que la federación habría querido reducirlo para este año a la mitad de lo que se dió el año anterior: 101 millones de pesos, Fue luego de negociarlo con la SHCP cuando se aprobaron los 105 millones de pesos que se repartirían como parte de este subsidio, y que en junio pasado se redujo a 79 millones. 

Este último ajuste no estaba previsto. En febrero de 2020, la Conavim abrió su convocatoria a estados y municipios con AVG declarada para que presentaran proyectos y pudieran acceder a los subsidios destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alertas en Estados y Municipios para el ejercicio fiscal 2020.

El recurso, que se distribuye entre las entidades desde 2017, se usaría para financiar proyectos que proponen las entidades para llevar a cabo acciones preventivas de seguridad y justicia incluidas en sus respectivas declaratorias de las AVG. No pueden ejercerse para contratar servicios personales, inversión u obra pública, ni el pago de luz, agua, predio o de ese tipo, y no sustituye los recursos regulares que deben aportar los estados y los municipios dirigidos a este fin. 

Este año, el Comité Evaluador pasó de estar integrado por tres personas de la sociedad civil a solo una, cuyo nombre no es público. Sus criterios para aprobar los proyectos serían en términos generales la integralidad (cumplimiento de requisitos), competencia de los perfiles y calidad del proyecto, sin ningún otro lineamiento específico. El monto por proyecto lo pone cada entidad federativa, pero el Comité Evaluador establece la cantidad final que va otorgar. 

De acuerdo con la línea del tiempo de esta convocatoria, una vez aprobados los proyectos (lo que sucedió en marzo) éstos deberían ejecutarse y luego rendir sus informes de cumplimiento; sin embargo, en un hecho inédito en esta convocatoria, este año la federación echó atrás los proyectos de siete entidades y sólo distribuyó 79 millones sin razones claras: mientras a unas entidades les asignó 20 millones de pesos, hubo otras a las que dio sólo 700 mil pesos y siete a las que dejó sin recursos.

Al respecto de esto, la Red Nacional de Alertistas –integrada por organizaciones civiles de 15 entidades– pidió en un comunicado a la Secretaría de Gobernación que reintegre a las entidades los recursos federales para que el Estado mexicano pueda cumplir con su obligación de garantizar la vida y seguridad de las niñas y las mujeres La Red también pidió el uso “racional, eficiente, eficaz y con plena transparencia de los recursos públicos destinados a la emergencia de violencia contra las mujeres.

20/AJSE/LGL

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