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Avanza “Ley Olimpia” en Sonora

Por Silvia Núñez Esquer
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CIMACFoto: César Martínez López

El estado de Sonora fue uno de los primeros que armonizó la legislación sobre derechos de las mujeres en la década de los noventas, en el primer gran impulso de la Plataforma de Acción de Beijing ´95, y a principios del siglo que corre.

Sin embargo, se estancó esa armonización cuando los grupos reaccionarios y contrarios a la apropiación del cuerpo de las mujeres para sí mismas antes que para los demás, tomaron protagonismo. En 2008 se visualizó la posibilidad de que se reformaran algunas normas, entre ellas las Constituciones locales y los Códigos penales, para dejar de considerar el aborto como delito en los mismos términos que el entonces Distrito Federal.

A partir de ahí, dichos grupos no han hecho otra cosa que bloquear cualquier iniciativa que tenga que ver con el progreso del ejercicio de derechos tanto de las mujeres, como de adolescentes, personas de la comunidad LGBTTTIQA+, y todo intento de avance democrático sobre esos temas.

El primer gran golpe fue la reforma que hicieron al Artículo Primero de la Constitución de Sonora para reconocer al producto de la fecundación, a la que erróneamente le llamaron “concepción”, retomando el término religioso, para blindar la carta magna de una posible reforma que abriera a las mujeres la posibilidad de ejercer plenamente sus Derechos Humanos.

Después siguieron otros bloqueos al avance en reformas, particularmente sobre derechos de las mujeres en el ámbito familiar reforzando el sistema patriarcal a través del Código de Familia, logrando uno de los más machistas del país.

El matrimonio igualitario ha sido uno de los temas que sistemáticamente se estrella en el mismo lugar, las comisiones del Congreso, atendiendo a las peticiones de los grupos que insisten en imponer su modelo de familia patriarcal, apoyados por personajes políticos locales y nacionales.

El perdón y la conciliación, contrarias a las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, se priorizaron sobre otras formas de procesar el delito de violencia familiar.

Hoy mismo en Sonora existe la posibilidad de que a alguna mujer que denuncie a su agresor por violencia familiar de género la presionen para que otorgue el perdón, que sea sometida a un proceso de mediación y de alguna manera dé el permiso para que la sigan violentando y hasta la priven de la vida.

El tipo penal de feminicidio como delito autónomo también se incluyó en el Código Penal de Sonora, como uno de los últimos estados en incluirlo, después de una lucha ardua.

El proceso de la “Ley Olimpia” cumple ese patrón que ha tenido el estado al ser uno de los últimos que todavía faltan de reformar el paquete legislativo que pueda reconocer y sancionar la violencia digital en todos los tipos en su ley local y en los códigos correspondientes.

En marzo pasado, en el marco del Día internacional de las mujeres, la gobernadora del estado de Sonora Claudia Pavlovich presentó una iniciativa llamada “Ley Olimpia” que consistía básicamente en incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta fue muy bien vista pues propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código penal, Código civil, Ley estatal de responsabilidades y Ley de Acceso estatal.

Y aunque la definición de violencia digital vendría a fortalecer la legislación, ésta tiene dos aspectos que son cuestionables. El primero es que la violencia digital se incorpora como un tipo de violencia y no como una modalidad, que es el apartado de los ámbitos en donde se cometen los tipos de violencia.

El otro inconveniente es que refuerza la sanción para el sexting que está contemplado como un delito en el Código Penal.

Además de criminalizar el sexting, hoy reconocido como un derecho sexual, lo ubica en el capítulo de la “exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas y sexting”. Por sí misma, esta reforma podría ser contraproducente para las mujeres, por lo que habría que reformar, pero para incluir la violencia digital como delito, no el sexting.

En el pasado parlamento de mujeres convocado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Sonora, participamos con una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el estado de Sonora.

La reforma era puntual para que se incluyera la violencia digital en los mismos términos de la Ley General de Acceso que define la violencia digital como uno de los tipos de violencia en la fracción octava. En la reforma de septiembre de 2019, se incluyó la Violencia digital como:

“… aquellos actos de violencia de género cometidos en parte o totalmente, cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto o llamadas vía teléfono celular, que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la participación en la vida pública o privada  de la víctima o puedan conducir a formas de violencia sexual o física”.

Sin embargo, esta adolece del mismo problema que la iniciativa de la gobernadora, pues no es un tipo de violencia, sino una modalidad.

En estos días, como ha sucedido en otros estados, Olimpia Coral Melo quien inspiró esa ley por un caso personal de violencia digital, convocó a las mujeres, organizaciones y legisladoras de Sonora, para hacer un gran frente para analizar, presentar observaciones, y respaldar el proceso de concreción de la “Ley Olimpia” en la entidad. En ese momento crucial se encuentra.

Las legisladoras de varios partidos la han abrazado para llevarla a un buen término y que la tengamos como tantos otros estados, incluso algunos hace años. Los colectivos de mujeres, jóvenes en la mayoría, ven con muy buenos ojos que al fin se pueda contar con una herramienta para denunciar y sancionar la Violencia digital de género.

Ojalá que a la iniciativa se le hagan las adecuaciones necesarias, sobre todo en lo que se refiere al sexting pues no tendría sentido, dados los retrasos que ha tenido la legislación de Derechos Humanos de las mujeres, dejarla a medias y tener que reformarla en el futuro.

20/SNE/LGL

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