Hace 40 años México firmó su adhesión a la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, mejor conocida como CEDAW. Uno de los instrumentos internacionales más efectivos para promover la igualdad y no discriminación de mujeres y niñas. Esta convención y su protocolo facultativo cuentan con un Comité de expertas que evalúa el cumplimiento de los Estados parte y hace recomendaciones puntuales a los informes periódicos que éstos presentan.
Este año, el gobierno deberá informar sobre los avances parciales respecto a las recomendaciones de 2018. Si ya antes, los informes oficiales mostraban amplias brechas entre “leyes de avanzada” y políticas públicas deficientes, este gobierno nada podrá presumir. La “Ley Olimpia” o la tipificación de la violencia política de género, obra del Congreso, son otros avances legales. En los hechos, el gobierno “paritario”, ha dado la espalda a las mexicanas.
El panorama para mujeres y niñas es, en efecto, desesperanzador. Por sólo referirnos al 2020, según datos oficiales, en junio el feminicidio y los homicidios dolosos de mujeres siguieron aumentando; la terrible cifra de 11 mujeres asesinadas al día es ya una dolorosa e indignante realidad. A la violencia machista en casas y calles, se suman la desprotección y desprecio hacia mujeres periodistas y defensoras, la dilación de justicia a madres de víctimas de feminicidio y desaparición que siguen en busca de verdad. Se suman también la violencia institucional que representan la falta de presupuesto para refugios y CAMI, el retraso de la justicia para mujeres agredidas so pretexto de la pandemia, y el vaciamiento de instituciones creadas gracias a la sociedad civil, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim).
Esta acumulación de agravios no se debe sólo a la pandemia y cuarentena. Desde 2018 el presupuesto efectivo para mujeres y niñas se ha reducido y, lejos de impulsar políticas públicas integrales, las funcionarias responsables, que deben conocer la CEDAW, han aceptado lineamientos contrarios a ella. ¿Qué podrán argumentar ahora que deban reportar qué medidas se han tomado para armonizar la tipificación del feminicidio en el país, garantizar la efectividad de la alerta de violencia de género, fortalecer la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, o resolver el caso de Pilar Argüello, joven veracruzana asesinada en 2012 cuyo feminicida sigue libre? ¿Qué informará este gobierno en 2022 acerca del combate a los estereotipos de género que favorecen la discriminación y la desigualdad? ¿cómo explicará que, en vez de aumentar los recursos al Inmujeres y “fortalecer su capacidad de aplicar políticas de igualdad de género”, la haya desmantelado o que, en vez de aprovechar la experiencia de las ONG, las haya descalificado y marginado?
¿Responderá que su estrategia “para superar la cultura machista y los estereotipos sobre funciones y responsabilidades de mujeres y hombres” se reduce a una paridad decorativa, socavada por la exaltación de la cartilla moral y “la familia fraterna”? ¿Argumentará, como lo ha hecho ante la sociedad mexicana, que el tipo penal de feminicidio es tan complicado que no se puede aplicar, aunque otros países lo copien y adapten? ¿Explicará que “las leyes penales que restringen el acceso al aborto legal” y la falta de aplicación de la NOM-046 en los estados persistirán porque el partido en el poder se alió con fuerzas confesionales? ¿Eludirá que, en vez de fortalecer “su estrategia nacional de reducción de la pobreza” femenina, ha dejado sin recursos a la mayoría de las mujeres pobres?
Como afirma la abogada e investigadora Ydalia Pérez Fernández Ceja, la CEDAW “debería estudiarse en las escuelas”, y en la universidad. En ella se define con claridad lo que es la discriminación y cómo eliminarla para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto lo saben bien las organizaciones que hoy preparan ya un informe sombra en que sin duda el Comité CEDAW verá cómo en año y medio se han destruido logros que costaron décadas de trabajo y luchas feministas.
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