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Corrupción, falta de coordinación, desconocimiento de impacto, limitan AVG

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ciudad de México. Corrupción, falta de coordinación federal, ausencia de una evaluación de impacto, exclusión de las organizaciones de la sociedad civil e incumplimiento de las declaratorias, son los principales factores que limitan la efectividad de las Alertas de Violencia de Género en el país.

Dos hechos recientes –el intento de recortar los recursos federales para los proyectos de coadyuvancia y el no reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estos mecanismos como vinculante— centraron nuevamente el debate en el funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género. 

No obstante, diversas expertas en derechos de las mujeres y solicitantes de la AVG defienden la existencia de este mecanismo pero advierten fallas en su funcionamiento. 

90 por ciento de las medidas no se cumplen y no se evalúa el impacto 

Noventa por ciento de las medidas de prevención, justicia y seguridad que han derivado de las declaratorias de AVG en las entidades no se han cumplido, advirtió Gabriela Rivero Díaz, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio —solicitante de AVG en 11 entidades— al participar en el seminario permanente “Diálogos del Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género” que organiza la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México. 

Las medidas, que son de obligatorio cumplimiento para las autoridades estatales y municipales a quienes se señala en las respectivas declaratorias de la AVG, no se cumplen, entre otras cosas, por falta de asignación de presupuesto así como por falta de claridad en el etiquetado y procedencia de este recurso.

A esto se suma que, observó, no existe un acompañamiento adecuado por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que —por ley— debería ser el ente rector que asesore y oriente a las autoridades estatales y municipales en el cumplimiento de estas responsabilidades. 

Además, no existen indicadores que permitan evaluar las medidas que derivan de las declaratorias, por lo que no es posible saber si son las idóneas o deben redireccionarse, y sólo algunas entidades con AVG han diseñado mecanismos para garantizar la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de las medidas derivadas de la declaratoria. 

También, dijo Rivero Díaz, el cumplimiento de éstas depende de la voluntad política de las autoridades a cargo. “Sabemos de Alertas que se declaran con un gobierno, luego hay elecciones, cambio de gobierno y sí hay cambios, porque no hay una adopción de este mecanismo”, precisó. 

A esto se suma, dijo la experta, que se requiere de mayor coordinación entre los municipios y los estados, así como de los poderes judiciales y legislativos. En Veracruz, por ejemplo, el congreso del estado cuestionó ante la SCJN si tenía o no obligación de cumplir las medidas que derivaron de la AVG que se le dictó en 2016 por agravio comparado, así como de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de las mujeres. 

Otro ejemplo es el de Guerrero donde, de acuerdo con la directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las Mujeres y solicitante de la AVG en esa entidad, Marina Reyna Aguilar, la mayoría de las 21 medidas que se declararon en 2016 no se han cumplido y otras “se medio cumplen”, sin que nadie evalúe el cumplimiento ni el impacto y sin que se haga caso a la sociedad civil en su exigencia de integrar mesas de trabajo para revisar cada medida. 

Pese a ese contexto, este 2020 la Conavim declaró una segunda AVG para la entidad guerrerenses por agravio comparado al no garantizar abortos seguros y legales para víctimas de violencia sexual. 

Al respecto, la integrante de la Red Nacional de Alertistas, Mayela Ruiz Madrazo, explicó que, en su experiencia, las AVG son un mecanismo que contribuye a que México cumpla las recomendaciones que le han hecho organismos internacionales para erradicar la violencia feminicida, pero lo que hace que no funcionen en la práctica, es la simulación de actuaciones, abuso de poder, tráfico de influencia, corrupción, desviación de recursos, incompetencia de autoridades y grupos de choque que operan a nivel estatal en contra del funcionamiento de este mecanismo. 

Urge revisar metodología de asignación de recursos 

Las AVG son un mecanismo de prevención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres creado en 2015 y establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento. Actualmente hay 21 alertas declaradas en 18 entidades del país, la mayoría por aumento en casos de feminicidio y desaparición de mujeres. 

Para su cumplimiento, las entidades y municipios deben garantizar recursos propios suficientes, sin embargo, desde 2017 el gobierno federal coadyuva con las entidades a través de transferencias económicas a las cuales se accede por medio de una convocatoria en la que concursan las dependencias locales a través de proyectos elaborados por ellas. 

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación aprobaron un recorte del 33 por ciento al presupuesto federal asignado para coadyuvar con los estados y municipios con AVG. Este recorte afectó a siete entidades, las que tienen mayores índices de violencia, como el Estado de México, Veracruz y Nuevo León, como dio a conocer Cimacnoticias con base en oficios, informes y explicaciones de la Conavim consultadas por esta agencia. 

Si bien la Segob negó los recortes frente a la opinión pública, no ha podido explicar por qué envió oficios a la Conavim y a las entidades afectadas en los que les informa la cancelación por insuficiencia presupuestaria de sus proyectos aprobados para las AVG. 

Para la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, además del recorte, el problema con esta asignación de recursos federales para las Alertas es que es confusa, pone a competir a las entidades por recurso, no se verifica que los proyectos estén vinculados con las respectivas declaratorias de las entidades y se enfoca en que los proyectos contribuyan a cumplir los objetivos generales de la Conavim. 

“Las autoridades federales deben reconocer la gravedad del abandono de las Alertas. El problema es que seguimos sin criterios claros de qué va pasar con las alertas, sus seguimientos y evaluación. Y se suma a que los recursos a los estados siguen con malos proyectos que no fortalecen políticas de prevención del delito”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres a Cimacnoticias.

Tras una evaluación de la metodología de 2020 para la asignación de recursos para las AVG, el Observatorio observó que, de inicio, la fundamentación legal está equivocada toda vez que señala al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Viga Libre de Violencia, el cual indica que corresponde a la Segob declarar la AVGM y notificarla al gobierno estatal; no obstante, el artículo correcto es el 23, el cual determina el proceso de declaratoria, específicamente el lineamiento cuarto: IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de AVGM.

“La metodología no es clara, pues da pie a una competencia por los recursos por parte de las entidades, concentrándose en apoyar proyectos que no necesariamente responden a las características específicas de la problemática detectada en cada una de ellas”, explicó el Observatorio. 

Además, por sus objetivos, la metodología para la asignación de recursos condiciona el apoyo de proyectos a las metas propias de la Conavim, por ejemplo el que para 2021 a nivel nacional 500 municipios cuenten con cuerpos especializados en casos de violencia contra las mujeres.

“Esa metodología bien podría propiciar un reparto inequitativo de los recursos para las 18 entidades, mismos que cuentan con sus propios programas ya autorizados por la autoridad” expresó.

María de la Luz Estrada señaló que en el caso de los recortes por insuficiencia presupuestal el problema es mayor, pues hasta ahora no se ha explicado cuáles han sido los criterios para cancelar el apoyo a proyectos ya aprobados en algunas entidades, y por qué en otras las afectaciones han sido menores o de plano no han sufrido recortes.

20/AGSE/ LGL

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