Ciudad de México.- “Muchas cosas pasan por mi mente cada que tomo esa ruta. Comienzo a pensar: ¿Y si me vuelvo a topar al agresor?, ¿Ahora sí voy a poder gritar para pedir ayuda?¿Y si no? ¿Y si a la próxima me pasa algo peor?”, libro Acosadores a Bordo, Diana Infante Vargas, 2021.
En México, el acoso sexual en el transporte público contra las mujeres es una realidad que no ha cesado pese a la constante visibilización entorno a dicha violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el segundo semestre del 2020 el porcentaje reportado de mujeres que han vivido acoso en los espacios públicos fue del 21 por ciento mientras que para los hombres fue del cinco por ciento.
Tan sólo en la Ciudad de México, durante 2018, el 96 por ciento de las mujeres fueron víctimas de algún acto de violencia en el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución, en 9 de cada 10 casos los atacantes fueron hombres.
Delitos sexuales provocan cambios en la movilidad de las mujeres
En México, 93 por ciento de las víctimas de delitos sexuales en el transporte son mujeres, señalan los Lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público colectivo, desarrollados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Lo anterior provoca que las mujeres cambien sus patrones de viaje, su comportamiento en la calle o la generación de estrategias para procurar su seguridad, lo que dificulta aún más su capacidad de movimiento, provocando incluso que decidan abstenerse de hacer trayectos que en muchas ocasiones son necesarios para su desarrollo personal o profesional.
El acoso sexual en los sistemas de transporte público puede clasificarse considerando el nivel de impacto en la víctima y el nivel de agresión, de la siguiente manera:
Para las mujeres, acudir ante las autoridades a denunciar este tipo de violencia representa temor, pues la mayoría de ellas consideran que seguir este proceso “no servirá para nada”.
Entre los motivos por los que las mujeres no denunciaron o acudieron ante las autoridades cuando fueron víctimas de algún acto de violencia sexual, el más frecuente es que no confían en las autoridades (20.3 por ciento), seguido de que no sabían que podían denunciar (15.6 por ciento) y que consideraban que no tenía importancia (15.2 por ciento), una cifra menor señaló que “no tenían tiempo para hacerlo” (15 por ciento).
¿Cómo viajan las mujeres en México?
De acuerdo con los Lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte público colectivo, las diferencias de movilidad entre hombres y mujeres comienza a verse en los viajes al trabajo.
Es en esta etapa cuando las mujeres se mueven más en transporte público y caminando, casi 10 por ciento más que los hombres, quienes acceden más rápido a vehículos particulares, transporte de personal o incluso el uso de la bicicleta..
Los análisis estadísticos de la movilidad que se muestran en el documento, detallan que son las mujeres quienes realizan más viajes “no productivos”, es decir, aquellos que no tienen relación con acudir a la escuela o trabajar de manera remunerada, pero si con la movilidad del cuidado.
En ese sentido, la arquitecta urbanista, Inés Sánchez de Madariaga, aseguró que se debe “reconocer, medir, atajar y hacer visible la movilidad diaria asociada al trabajo de cuidado”.
“Para los viajes de cuidado no hay horarios definidos por lo que las curvas de demanda varían. Una constante es la participación más activa de las mujeres en las actividades de cuidado, acompañando personas o llevando carga ligera, lo cual puede complicar su flexibilidad de movimiento colocándolas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por sus patrones de movilidad, las mujeres usan más el espacio público y los medios de transporte, lugares donde también hay una alta incidencia delictiva”, señaló el informe.
Ante este panorama, es importante señalar que el Banco Mundial ha expresado que los gobiernos tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles y etapas de planificación y diseño de la movilidad. Para así asegurar un transporte público seguro para las mujeres y niñas, más allá de sólo establecer “espacios exclusivos” para ellas.
