Ciudad de México. La propuesta de Ley de Amnistía que se discute en el Congreso del Estado de México va más allá de la legislación federal porque preve liberar a mujeres que fueron acusadas de defender su tierra y territorio o cometieron un delito con exceso de legítima defensa, pero especialistas advirtieron que no debe ser un listado de indultos que se queden en el papel.
Durante una reunión que se realizó este lunes 3 de agosto entre las comisiones de Procuración y Administración de Justicia; y de Derechos Humanos del Congreso mexiquense, encargadas de dictaminar la iniciativa presentada por diputadas y diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otras tres propuestas, abogados defensores expusieron que se deben revisar las inconsistencias de los proyectos.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno estatal, Rodrigo Espeleta Aladro, dijo que la amnistía no debe buscar corregir los errores del sistema de administración y procuración de justicia, por ejemplo que una persona pase 18 años en prisión preventiva y sin sentencia, porque esto se debe revisar en otros momentos del proceso penal.
El funcionario señaló que una Ley de Amnistía no deroga tipos penales, no debe ser permanente, no pueden regular supuestos que no se han cometido y tampoco debe ser una extensión de la acción penal o una sanción.
La iniciativa de Morena, presentada en mayo, dice que se otorgará la libertad a adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación; o por pertenecer a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, a pueblos y comunidades equiparables y aquellas o que sean campesinas o campesinos.
También considera a las personas en prisión que tengan una discapacidad permanente, padezcan alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, sean mayores de 65 años o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubino o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, así como quien haya sido obligado a cometerlo por grupos de la delincuencia organizada.
Rodrigo Espeleta llamó a las y los legisladores a no confundir los supuestos que debe contener una amnistía con la preliberación, que ya está regulada en la Ley de Ejecución Penal. Por ejemplo, ya está regulada la libertad a personas adultas mayores. Además, agregó que el Congreso debe considerar que crear una comisión que procese las solicitudes de amnistía es darle facultades para que determine si se violó el debido proceso, aunque ello corresponde a instancias judiciales o a un Ministerio Público.
Expuso que la propuesta incluye otorgar la libertad a personas en prisión que cumplan ciertas características, una de ellas es vivir en extrema pobreza, por lo que consideró que estos casos hay que que estudiarlos para saber si una persona sería beneficiada o no; pero en otros como aquellos por el delito de aborto, no hay que acreditar nada, solo saber que se abrió la carpeta de investigación por aborto para poner a las mujeres en libertad.
En la reunión virtual, el abogado y director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Leonel Rivero Rodríguez, quien llevó la defensa de presos políticos y detenidos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, aseguró que existen deficiencias en el ámbito político, social e institucional para aplicar la justicia, lo que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el Poder Judicial federal y estatal.
Desde el punto de vista del defensor, a quien menos beneficia la ley federal es a los presos políticos y aunque la propuesta a nivel estatal incluye a mujeres, indígenas y personas en situaciones de vulnerabilidad, esa ley se ve como el punto de llegada y no de inicio.
Rivero expuso que las legislaturas estatales pueden ampliar el catálogo de delitos que acrediten amnistía, pero algunos se pueden corregir por el Poder Judicial. También consideró peligroso que una instancia distinta a la judicial determine si hubo o no violaciones al debido proceso o a Derechos Humanos porque significa que una persona fue juzgada, sentenciada y agotó todos sus recursos, sin que ninguna instancia viera las violaciones.
Mencionó que ante el alto nivel de corrupción en el Poder Judicial de la federación y de los estados para criminalizar la pobreza, es importante crear una comisión para aplicar la Ley de Amnistía estatal para que no quede como una ley de indultos o de conmutación de penas que solo está en el papel. Agregó que sería difícil que el juez de la causa o el magistrado reconozca que hubo errores y corrija el proceso.
En el encuentro, el representante de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Octavio Amezcua Noriega, apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley federal de Amnistía, pero consideró que el Legislativo debe revisar las limitantes en la aplicación de la norma.
El defensor explicó que la propuesta de ley establece 14 supuestos para otorgar la amnistía, pero también considera muchas excepciones. Por ejemplo, si el delito se cometió con cualquier agravante, la persona ya no puede ser beneficiada por la libertad; tampoco si el delito se cometió con violencia, y aunque esto parece positivo también puede generar interpretaciones que limiten la ley de amnistía.
Para Octavio Amezcua es interesante que la propuesta de ley diga que se creará una comisión para dar trámite a las solicitudes de libertad; sin embargo, señaló que las peticiones deben ser resueltas en una comisión judicial, no en el Ejecutivo, y asegurando que las personas peticionarias tengan asistencia jurídica o representación legal. También, dijo, se podría garantizar la intervención de la Defensora Pública para promover las solicitudes ante los jueces, algo que la ley debe prever.
Amezcua señaló que en caso de que las solicitudes sigan una vía judicial sería importante contemplar un recurso judicial ante la eventual negativa y no considerar cláusulas que eximan al Estado de toda responsabilidad con quienes fueron liberados. Las personas, en su opinión, deben tener la posibilidad de continuar procesos por violaciones a Derechos Humanos, por ejemplo, durante su detención, aún si fueron beneficiarias de la amnistía.
Los defensores llamaron al Congreso a dictaminar un ley que se pueda aplicar y que no ocurra lo que sucedió con la Ley de Amnistía federal, publicada en abril pasado, que no ha servido para liberar personas durante la contingencia sanitaria por COVID-19.
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