Alicia Esmeralda Islas Montiel fue víctima de feminicidio tras desaparecer el 4 de mayo en Puebla. La Fiscalía General del Estado ya detuvo a su expareja por este delito; sin embargo, fue revictimizada públicamente por el titular de dicha dependencia, Gilberto Higuera Bernal, al asegurar que el hombre le quitó la vida “por celos”.
Fue a inicios de este mes cuando se dio a conocer la desaparición de Alicia Esmeralda Islas, una mujer de 30 años que era exalumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) y trabajadora en un laboratorio clínico.
Dos días después, el 6 de mayo, Esmeralda fue localizada sin vida. Desde entonces su familia inició la búsqueda de justicia luego de que se diera a conocer que su expareja René ‘N’ fue quien perpetró el feminicidio.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de René ‘N’, quien confesó haber secuestrado y posteriormente asesinado a Esmeralda. En este informe el titular de la dependencia revictimizó a la mujer al asegurar que “los celos” provocaron el feminicidio.
Entre risas, Gilberto Higuera Bernal aseguró que a Esmeralda “la mataron por celos, como dice la canción”. Invisibilizado así la violencia machista y la impunidad que impera en el estado la cual, tan solo en lo que va de 2023, le ha arrebatado la vida a 26 de mujeres, de cuyos casos únicamente seis se investigan como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En un estado que, además, cuenta con una Alerta por Violencia de Género (AVG) desde 2019, cuya declaratoria fue dictada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) debido a los altos índices de violencia feminicida.
La revictimización de las autoridades y la “justificación” ante un feminicidio
Desde la sentencia “Campo Algodonero”: Caso González y otras vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso en evidencia que a través de sus declaraciones, las autoridades minimizaban la violencia contra las mujeres, estos dichos constituían una “forma de menosprecio sexista” al responsabilizar a las víctimas de sus asesinatos o al buscar justificar el feminicidio por la hora en que transitaban por las calles, el lugar donde estaban o la forma en que ellas vestían o vivían.
Así llegamos al día de hoy, en el que para las autoridades el responsable de un feminicidio no es un hombre ni la violencia machista, sino los “celos” provocados por lo que una mujer hace, dice o expresa.
De esta forma, el fiscal Gilberto Higuera Bernal decidió ignorar el contexto de impunidad que permite que un hombre asesine a sabiendas de que las autoridades no sancionarán como es debido.
También decidió invisibilizar las denuncias que día a día mujeres realizan para visibilizar la violencia que, de ignorarse, puede alcanzar niveles extremos, como lo es el feminicidio.
Lo anterior aún cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), destaca la obligación que tienen las autoridades de investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género.
Es decir, examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan en las condiciones históricas generadas por las prácticas sociales de cada país.
“Abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial sino como un crimen sistemático, cuya investigación requiere de la debida diligencia de las instituciones del Estado. Ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos individuales, naturalizados o en patologías que usualmente tienden a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “celosos”, o a concebir estas muertes como el resultado de ‘crímenes pasionales’, ‘asuntos de cama’ o ‘líos de faldas’”, destaca el protocolo.
Pese a ello, autoridades como el fiscal de Puebla borran un contexto que provocó el feminicidio de Esmeralda Islas, violando así normativas internacionales que dictan su obligación de brindar justicia a la víctima desde una perspectiva que la priorice.
